Sentencia 2001-00244/38555 de octubre 24 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 63001-23-31-000-2001-00244-01 (38555)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: Gloria Beatriz López Valencia y otros

Demandado: Hospital San Vicente ESE Montenegro

Referencia: Acción de Reparación Directa

Temas: Acción de Reparación Directa - Falla del servicio médico asistencial / Falla probada del servicio. El régimen de responsabilidad aplicable es la falla probada del servicio bajo el cual es posible configurar la responsabilidad estatal por la actividad médica y hospitalaria, de suerte que, en términos generales, es carga del demandante acreditar la falla propiamente dicha, el daño antijurídico y el nexo de causalidad entre aquella y este. Responsabilidad del Estado por prestación del servicio médico de salud - Corresponde a la parte actora acreditar la falla en la prestación del servicio médico, el daño y la relación de causalidad / Responsabilidad del Estado por prestación del servicio médico de salud - Importancia de la prueba indiciaria / Testimonio - Valor probatorio.

Bogotá D.C., veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis

Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia proferida el once (11) de diciembre de dos mil nueve (2009)(1), por el Tribunal Administrativo del Quindío, mediante la cual se dispuso acceder a las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. La demanda

Mediante demanda presentada el 5 de marzo 2005(2), en ejercicio de la acción de reparación directa, se solicitó que se declarara administrativa y extracontractualmente responsable al Hospital San Vicente ESE Montenegro, Quindío, por los perjuicios causados a los demandantes, como consecuencia de la falla del servicio médico asistencial en que incurrió la entidad demandada, que dio lugar a la lesión parcial severa del nervio ciático izquierdo del menor de siete años Luis Miguel Muñoz López, en hechos ocurridos el 30 de mayo de 2000, cuando el personal paramédico de dicha Institución le aplicó una inyección intramuscular.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitaron que se condenara al demandado a pagar como indemnización por perjuicios inmateriales (perjuicio fisiológico) una suma de dinero equivalente a cuatro mil (4000) gramos oro para el menor Luis Miguel Muñoz López; por perjuicios inmateriales (perjuicio moral) para Luis Miguel Muñoz López (víctima), Gloria Beatriz López (madre) y Luis Eduardo Muñoz (padre) el equivalente a mil (1000) gramos oro para cada uno y para Beatriz Muñoz López (hermana) y Nilsa Valencia (abuela), el equivalente a quinientos (500) gramos oro para cada una. De igual forma solicitaron el pago de perjuicio sicológico para el menor Luis Miguel Muñoz López equivalente a mil (1000) gramos oro. Finalmente, se solicitó a título de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, el pago de $ 210.785.860.

2. Los hechos

En la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:

El menor Luis Miguel Muñoz López, el 30 de mayo de 2000 a las 7:35 de la noche, fue llevado por sus padres al Hospital San Vicente del municipio de Montenegro, Quindío, donde fue recibido con un diagnóstico de fiebre alta. Como tratamiento se le aplicó una ampolla de “diclofenaco” “I.M”, es decir, intramuscular.

Se indicó en la demanda que al momento de aplicar la inyección, el niño manifestó haber sentido un “corrientazo” en la pierna izquierda.

Sostienen los demandantes que el menor fue dejado en el servicio de urgencias hasta la madrugada, cuando se autorizó su salida, momento en el que presentó limitación en su pierna izquierda; como consecuencia, el médico tratante lo examinó nuevamente y le hizo flexiones y movimientos de la pierna; sin embargo, autorizó su salida.

El menor ingresó nuevamente al Hospital San Vicente 8 días después de la atención inicial, por cuanto continuaba con dificultad para caminar y apoyar la pierna, por esta razón el médico tratante le indicó verbalmente a la madre que el menor sería remitido a neurología, pero finalmente le dio una orden de atención en el servicio de fisiatría.

Los padres de Luis Miguel llevaron al menor a la Clínica Central del Quindío, por cuenta de la EPS Coomeva, donde fue atendido por el médico neurocirujano Iván Ujueta Diago, quien le formuló algunos medicamentos, pero no obtuvo ninguna mejoría. El menor fue valorado nuevamente por el neurocirujano dos días después en la misma clínica y en esta ocasión el niño fue trasladado en silla de ruedas, incapacitándolo por tres meses para que realizara cualquier ejercicio físico.

El menor fue examinado nuevamente el 19 de junio de 2000, ocasión en la cual el neurocirujano reportó que el niño “continúa con igual sintomatología”, y el 25 de julio siguiente le encontró “mejoría de la fuerza y capacidad de marcha” después de nueve sesiones de fisioterapia, pero persiste la “hiperpatía en planta izq”, mostró una “leve cojera”, “hace puntas con leve dificultad”, persistía la “asimetría izq”, “presenta una diferencia de ½ cm, a nivel de gastrenemias y de 1 cm a nivel del muslo” y “adelgazamiento del Ml/iz(3)”.

Practicada la electromiografía el 5 de agosto de 2000, el médico Luis Fernando Sabogal, especialista en medicina física y rehabilitación, anotó como cuadro clínico: “parestesias y debilidad del miembro izquierdo de 2 meses de evolución, la conclusión de este examen es: estudio compatible con lesión parcial de nervio ciático común izquierdo con importante compromiso axonal”.

Finalmente, los accionantes sostuvieron que a pesar de la aparente normalidad, el niño Luis Miguel continúa experimentando un dolor que se le originó en el glúteo, justo en el punto donde le fue aplicada la inyección que le ocasionó la lesión, extendiéndose el dolor a lo largo de la pierna izquierda, hasta la planta del pie.

3. La oposición.

3.1. Hospital San Vicente ESE Montenegro, Quindío.

El Hospital San Vicente ESE Montenegro, contestó la demanda y para oponerse a sus pretensiones indicó que los hechos narrados por los accionantes debían probarse, por lo que propuso como punto central de su defensa los comentarios de la madre del menor al momento de ingresar al servicio de urgencias, quien indicó que su hijo había recibido tratamiento de inyectología en el glúteo afectado el día anterior en una clínica de Armenia y durante ese día el menor no caminaba.

4. La sentencia apelada.

El 11 de diciembre de 2009, el Tribunal Administrativo del Quindío profirió sentencia en la cual accedió a las súplicas de la demanda.

Al analizar el fondo del asunto, el a quo indicó que, en efecto, se encontraba probado el daño antijurídico según el análisis de la historia clínica, los exámenes electromiográficos y velocidades de conducción de miembros inferiores que le realizaron al menor por autorización del médico particular al cual acudieron los padres de Luis Miguel Muñoz López en la Clínica Central del Quindío, los que arrojaron como resultado la lesión parcial del nervio ciático común izquierdo con importante compromiso axonal.

En este orden, adujo la existencia de la falla del servicio médico asistencial, fundamentando la existencia de responsabilidad en las siguientes razones:

(i) Fue deficiente y negligente el actuar del personal en la prestación de los servicios de salud del Hospital San Vicente, por cuanto se le aplicó al menor una inyección de diclofenaco en su glúteo izquierdo sin tener el mínimo cuidado ni la observación de los protocolos para esta clase de procedimientos.

(ii) Con posterioridad a la aplicación de la inyección, el menor presentó síntomas vinculados a la lesión del nervio ciático que fueron detectados de inmediato por los médicos que lo atendieron, quienes finalmente autorizaron la salida del servicio de urgencias.

(iii) Para el a quo constituye un hecho indicador y del cual hace mención la entidad demandada en la contestación de la demanda, la acción de tutela que interpuso la madre del menor con fallo de 7 de mayo de 2001, que protegió el derecho fundamental a la salud para que al menor fuera atendido por los especialistas del Hospital San Vicente.

(iv) Consideró que se evidenció la ocurrencia de un daño antijurídico y precisó que algunos de los perjuicios que se generaron fueron de orden temporal, conclusión que se extrae de los dictámenes de medicina legal y de la junta de calificación de invalidez de Caldas; en efecto, de tales dictámenes extrajo que el paciente evolucionó satisfactoriamente y que a la fecha del dictamen de la última entidad mencionada no se advirtió incapacidad laboral.

Como consecuencia, se condenó a la entidad demandada a pagar a título de perjuicio a la vida de relación el equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el menor Luis Miguel Muñoz López. A su vez, condenó a título de perjuicio moral para Luis Miguel Muñoz López y para sus padres Gloria Beatriz López Valencia y Luis Eduardo Muñoz Valencia el equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada uno y para Beatriz Muñoz López (hermana) y la señora Nilsa Valencia de López (abuela), el equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada una.

5. La impugnación.

La parte demandada interpuso recurso de apelación en contra del fallo de primera instancia dentro del término oportuno para ello, con el fin de que se revocara dicho proveído, bajo los siguientes argumentos:

(i) Indicó que la historia clínica demuestra que la atención, procedimientos, evolución y cuidado del paciente satisface las necesidades de registro de atención primaria (urgencias) y secundaria (evolución), cumpliendo con las expectativas básicas del historial de salud del paciente y, por ende, con apego a lo establecido por la “lex artis”, por parte del Hospital de Montenegro.

(ii) Adujó que se consignó en la historia clínica un dato importante que no fue tenido en cuenta por el a quo, referente al ingreso del menor Luis Miguel Muñoz al hospital en brazos de su madre (lo que implica que no lo hizo por sus propios medios) sin poder verificar si podía caminar o con qué grado de dificultad lo hacía.

(iii) Sostuvo que no se probó que el personal médico asistencial de la institución obrase con negligencia, error, impericia o falta de atención oportuna en la prestación del servicio. Así, indicó que el Tribunal resolvió declarar la falla del servicio por omisión de los procedimientos paramédicos, en especial los que deben seguirse al momento de la aplicación de inyecciones intramusculares, pero en ningún aparte se enunció la manera en la cual debía llevarse a cabo dicho procedimiento.

(iv) Indicó que el fallo desconoce los testimonios del personal médico asistencial de la institución, al considerar que aún siguen laborando allí y, por el contrario, únicamente se le otorgó valor a los testimonios aportados por la parte demandante, circunstancia que considera absurda y contraria a la igualdad probatoria de las partes.

(v) Por último, sostuvo que el personal del hospital demandado actuó de conformidad con su nivel de atención de complejidad, con diligencia y cuidado al brindar atención oportuna al paciente, de acuerdo con la patología y sintomatología que presentaba, manteniéndolo en observación hasta la madrugada, mientras el paciente mostraba mejoría en su condición de salud, para proceder a ordenar la salida.

6. Los alegatos de conclusión en segunda instancia.

El 10 de junio de 2010(4) se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. En el término otorgado, las partes guardaron silencio mientras que el agente del Ministerio Público presentó su concepto.

Indicó el señor agente del Ministerio Público que se encuentra prueba indiciaria sobre la ocurrencia del hecho dañino que da lugar a inferir el nexo causal entre el daño y la actividad de la administración; mientras que, para la parte recurrente no hay suficiente prueba para acreditar el daño antijurídico a ella asignado por el a quo en la sentencia de primera instancia.

Manifestó que, como en el caso en estudio, los litigios originados en los daños causados con ocasión de la prestación del servicio médico asistencial se exige a la entidad pública demandada la prueba de que dicho servicio fue prestado debidamente, para posibilitarles la exoneración de responsabilidad.

Al respecto, indicó que en el sub examine la forma como se probó el daño fue a través de la prueba indiciaria, motivo de inconformidad por la parte demandada para determinar que en efecto hubo una deficiente actividad de la Administración, consistente en el suministro del medicamento ordenado por el médico tratante en forma de inyección intramuscular.

Sin embargo, para el agente del Ministerio Público no se encuentra en discusión que el menor sufrió una lesión en el nervio ciático que le generó dolor, incapacidad para caminar y la necesidad de someterse a un tratamiento médico para recuperar la movilidad de la pierna izquierda, lo que se discute es la causa de dicho daño, en el entendido de que, para la parte demandada, la causa obedeció a una actividad de un particular ajeno a ella que también le suministró un medicamento inyectable el día anterior a su ingreso al hospital.

Sostuvo que contrario a la afirmación del demandado, la única prueba que obra en el proceso sobre el antecedente de la aplicación de una inyección intramuscular antes del ingreso del menor al hospital, es el testimonio de la funcionaria que prestó el servicio paramédico, pero no solicitó ni aportó elementos de convicción además del ya indicado para demostrar su argumento de defensa.

Como consecuencia, adujo que no obra prueba de alguna causal de exoneración de responsabilidad, obligación que recae únicamente en el hospital demandado, en la medida que le correspondía la carga de la prueba, pero omitió realizar las actividades necesarias para probar el hecho de un tercero.

II. Consideraciones

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia, para cuyo efecto se abordarán los siguientes temas: 1) La competencia funcional del Consejo de Estado para conocer del presente asunto; 2) La caducidad de la acción; 3) Legitimación en la causa; 4) Caso concreto: 4.1. El problema jurídico; 4.2. Hechos probados; 4.3. Régimen de imputación: Falla del servicio probado; 4.4. Del eventual nexo de causalidad: Indicios; 4.5. Testimonios de empleados de la entidad demandada.

1. Competencia.

Para que el asunto tenga vocación de doble instancia, la cuantía del proceso debe exceder de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes en el año 2001 —fecha de presentación de la demanda—, esto es, la suma de $ 143.000.000(5). Dado que, por concepto de lucro cesante los demandantes solicitaron una indemnización de $ 210.785.860(6), se impone concluir que esta corporación es competente para conocer, en segunda instancia, del recurso de apelación interpuesto.

2. La caducidad de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos.

En el presente caso, la demanda se originó en los perjuicios que habrían sufrido los accionantes como consecuencia de la lesión en la pierna izquierda del menor Luis Miguel Muñoz, el 30 de mayo de 2000, a causa de la aplicación de una inyección intramuscular efectuada por personal paramédico del Hospital San Vicente ESE, y la demanda se presentó el 05 de mayo de 2001, por lo que se concluye que su interposición se produjo en tiempo oportuno.

3. Legitimación en la causa.

La Sala encuentra que en el escrito introductorio los señores Gloria Beatriz López Valencia y Luis Eduardo Muñoz Valencia acuden en nombre propio y en representación de sus menores hijos Beatriz Muñoz López y Luis Miguel Muñoz López; igualmente, se presentó la señora Nilsa Valencia de López como abuela del menor, lo cual se encuentra acreditado con los registros civiles de nacimiento(7).

Por su parte, al Hospital San Vicente del municipio de Montenegro se le ha endilgado responsabilidad por falla en el servicio, por la lesión en la pierna izquierda del menor Luis Eduardo Muñoz Valencia, el 30 de mayo de 2000, cuando se le aplicó una inyección de diclofenaco intramuscular por parte del personal paramédico en el servicio de urgencias. En ese sentido, se observa que respecto de este ente público se ha efectuado una imputación fáctica y jurídica concreta y por tanto le asiste legitimación en la causa por pasiva.

4. Caso concreto.

4.1. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en efecto existe una responsabilidad médica asistencial del Hospital San Vicente ESE del municipio de Montenegro, Quindío, respecto del menor Luis Miguel Muñoz, toda vez que el argumento central de censura radica en el hecho de que el cuerpo médico de la ESE Hospital San Vicente prestó de manera oportuna y diligente el servicio de urgencias, en especial, al aplicarle en su glúteo una inyección intramuscular de diclofenaco.

Con el propósito de resolver los argumentos de la alzada, procede la Sala, a la luz de la historia clínica que obra en el plenario, del dictamen pericial efectuado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y de los testimonios, a realizar un recuento de lo ocurrido desde el ingreso del menor al servicio de urgencias de la ESE San Vicente hasta el día en que se le diagnosticó una “lesión parcial del nervio ciático común izquierdo con importante compromiso axonal”.

4.2. Hechos probados.

El menor de siete años Luis Miguel Muñoz López fue llevado al Hospital San Vicente de Paúl de Montenegro el 30 de mayo de 2000 a las 7:35 de la noche, donde recibió un diagnóstico de fiebre alta.

Para aliviar el malestar, el médico tratante le ordenó el suministro de diclofenaco intramuscular, medicamento que fue aplicado por el personal paramédico. El menor, además, fue dejado en observación hasta las 11:30 de la noche, hora en la que se autorizó la salida.

Para la Sala resulta importante resaltar unos apartes de la historia clínica No. 28678 emitida por Hospital San Vicente respecto del menor Luis Miguel Muñoz López, así:

“(…) Atención de urgencias. Llegada del paciente. Fecha: 30/05/00 19:35. ¿El paciente llega por sus propios medios? no. cuál: cargado. En qué estado llego el paciente. Consciente. d. anamnesis, examen físico y evolución T=39,5º C, P=23 Kg. MC: “fiebre” (…) Abdomen dolor epigástrico, tos, mialgia de pierna (…) Plan: diclofenaco. Ampo ½ IM. (…) 21+35 To 37º dolor en epigastrio. Salida del paciente 30 de mayo de 2000 23:30 (…)”(8) (Subrayas y negrillas propias).

Posteriormente, según orden emitida por la Clínica Central del Quindío S.A(9)., el 12 de junio de 2000, al menor Luis Miguel Muñoz lo incapacitaron para realizar ejercicios por tres meses por dolor en la pierna izquierda.

Luego, el 16 de julio de 2000 el menor fue atendido por la Clínica Central y según la historia clínica neurológica(10), presentaba cojera del miembro inferior izquierdo que se atribuye a la aplicación de inyección intramuscular con dolor constante que le impedía conciliar el sueño.

Seguidamente, según estudio electro diagnóstico clínico(11) efectuado el 05 de agosto de 2000, se encontró cuadro clínico de “parestesias y debilidad de M.I.IZQ de 2 meses de evolución”, en el examen de neuroconducciones se encontró: “la latencia motora del nervio Peroneo izquierdo está proporcionalmente prolongada con un potencial de acción compuesto de muy baja amplitud. La latencia del nervio tibial izquierdo está prolongada con un potencial normal. Las latencias y potenciales de los demás nervios son normales. La V y C motoras de todos los nervios son normales aunque se observa una disminución parcial el tibial izquierdo. El reflejo H del nervio tibial posterior izquierdo está prolongado y disperso”. Como conclusión consignó: “Estudio compatible con: lesión parcial del nervio ciático común izquierdo con importante compromiso axonal”.

4.3. Del título de imputación jurídica. Falla probada del servicio.

Respecto del régimen de responsabilidad aplicable en casos en que se discute la responsabilidad extracontractual del Estado por daños causados con ocasión de las actividades médico-sanitarias, la subsección ha afirmado:

“(…) Con fundamento en dicha consideración, se determinó que la demostración de la falla en la prestación del servicio médico asistencial corre por cuenta de la parte demandante(12), por manera que será el régimen de la falla probada del servicio, con las consecuencias probatorias que le son propias, aquél de conformidad con el cual deberá estructurarse la responsabilidad del Estado(13), con lo cual esta solamente podrá resultar comprometida como consecuencia del incumplimiento, por parte de la entidad demandada, de alguna obligación legal o reglamentaria, de suerte que sea dable sostener que la mencionada entidad cumplió insatisfactoria, tardía o ineficientemente con las funciones a su cargo o las inobservó de manera absoluta, título jurídico subjetivo de imputación cuyos elementos han sido descritos reiteradamente por esta Sala de la siguiente manera:

‘En cuanto tiene que ver con los elementos cuya acreditación resulta necesaria en el expediente para que proceda declarar la responsabilidad del Estado con base en el título jurídico subjetivo de imputación consistente en la falla en el servicio, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido reiterada y uniforme en el sentido de señalar que se precisa de la concurrencia de (i) un daño o lesión de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial, cierto y determinado o determinable, que se inflige a uno o varios individuos; (ii) una conducta activa u omisiva, jurídicamente imputable a una autoridad pública, con la cual se incumplen o desconocen las obligaciones a cargo de la autoridad respectiva, por haberle sido atribuidas las correspondientes funciones en las normas constitucionales, legales y/o reglamentarias en las cuales se especifique el contenido obligacional que a la mencionada autoridad se le encomienda y (iii) una relación o nexo de causalidad entre esta y aquél, vale decir, que el daño se produzca como consecuencia directa de la circunstancia consistente en que el servicio o la función pública de la cual se trate, no funcionó o lo hizo de manera irregular, ineficiente o tardía’(14)(15).

Al descender al caso concreto, y a pesar de que existe documentación sobre la aplicación de una ampolla de diclofenaco en el Hospital San Vicente(16), la parte actora elabora una inferencia que no se ciñe a la lógica, pues de ese hecho deriva de manera inmediata que la aplicación del medicamento fue equivocada; sin embargo, olvidó probar precisamente ese error.

Se pregunta la Sala, ¿si su teoría era la del error en la aplicación de un medicamento, por qué motivo la parte activa no probó ese hecho con la prueba técnica requerida?

Con la prueba arrimada al proceso, lo único que puede dar por sentado esta Corporación es que la inyección de la ampolla de diclofenaco se hizo el 30 de mayo de 2000; sin embargo, la Sala no tiene ninguna base probatoria para determinar si fue bien o mal puesta, en la medida en que dentro de esa misma foliatura, como era de esperarse, no se señala que dicho procedimiento fue erróneo.

Bajo tal grado de ascetismo probatorio, la Sala no puede dar por descontada la falla que según la teoría de la parte actora se asienta en la tesis de la aplicación equivocada del medicamento, justo cuando, se itera, el régimen de imputación dispuesto por la jurisprudencia de esta Sala acentúa el deber probatorio de ese defecto en el actor, bajo la vigencia del título de la falla probada.

Ahora, que no se diga que la demostración de la aplicación del medicamento, a través de una inyección, per se puede derivar, como pretenden los demandantes, en la demostración de que se hizo mal, si al mismo tiempo no se acompaña de un reporte objetivo de tal determinación y se pretende partir es de una conjetura. Para elaborar una inferencia racional, debe partirse de un hecho cierto que indique, de manera lógica, una consecuencia irrefutable, o, al menos, con alto grado de probabilidad de ocurrencia. En este evento, ¿cómo asentir en que la aplicación de una inyección fue la causa del daño, si ni siquiera se logró probar la pre-sanidad de la víctima?

Adicionalmente, obsérvese que dentro del reporte de evolución del menor, luego de la atención de urgencias realizada el 30 de mayo de 2000, se asienta una nueva valoración previa a su salida, y en ella se deja constancia únicamente de “dolor en epigástrico”, sin que nada se diga sobre el defecto en la pierna que ahora es el centro de la discusión.

Ese defecto solo es documentado el 10 de junio de 2000(17), es decir, luego de diez días de ocurrido el suceso al que se le atribuye ser la causa —la aplicación de la inyección de diclofenaco en el Hospital San Vicente-, lo que permite, lejos de articular una inferencia razonable en clave de causa— efecto, como propone la parte actora, una de naturaleza excluyente, en la medida en que la ruptura temporal y secuencial del defecto permite afirmar, esto sí con evidente probabilidad lógica, que la causa muy seguramente fue una distinta a la alegada por la parte actora.

Sin duda, los demandantes intentan construir del referente de haberse inyectado una ampolla de diclofenaco en el Hospital San Vicente, no solo la falla, sino el nexo de causalidad, lo que es evidentemente una conjetura sin arraigo probatorio, proceso muy distinto del raciocinio que debe exhibir un indicio.

Al respecto, y ante la dificultad probatoria de la falla y del nexo causal que suele presentarse para los demandantes en casos como el que acá se discute, por el especialísimo carácter técnico inherente a los procedimientos médico-asistenciales; esta corporación ha afirmado en otras oportunidades:

“La prueba de la relación causal entre la intervención médica y el daño sufrido por el paciente reviste un grado de complejidad a veces considerable, no solo por tratarse de un dato empírico producido durante una práctica científica o técnica, comúnmente ajena a los conocimientos del propio paciente, sino porque, además, por lo regular, no queda huella de esa prestación, diferente al registro que el médico o el personal paramédico consigne en la historia clínica, la que, además, permanece bajo el control de la misma entidad que prestó el servicio”(18).

Ahora bien, la Sala ha acogido el criterio según el cual, para demostrar la falla y el nexo de causalidad entre el daño y la intervención médica, los indicios se erigen en la prueba por excelencia, dada la dificultad que en la mayoría de los casos se presenta de obtener la prueba directa. Indicios para cuya construcción resulta de utilidad la aplicación de reglas de la experiencia de carácter científico, objetivo o estadístico, debidamente documentadas y controvertidas dentro del proceso(19) las cuales se han establecido así:

“En relación con la posibilidad que tienen los jueces de acreditar los supuestos de hecho de una demanda, mediante la utilización de medios probatorios indirectos, con los requisitos que dicho análisis exige, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

‘Es esencial que los hechos indicadores estén plenamente demostrados para que el indicio pueda tenerse como prueba, porque si ese hecho indicador básico no está demostrado, es imposible que de él pueda deducirse la existencia del hecho desconocido y que se pretende demostrar por medio del proceso mental que hace el juez, que si parte de una base no puede llevarlo racionalmente a concluir que existe el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas’(20).

De otra parte, la doctrina ha señalado una serie de requisitos para que los indicios puedan conducir a un hecho inferido con el grado lógico suficiente que permita al juez establecer la probabilidad determinante o la certeza sobre un supuesto fáctico; dichos elementos son los siguientes(21):

a. Los indicios deben hallarse, desde luego, comprobados y esta comprobación necesita de pruebas directas, lo que no obsta para que la prueba pueda ser compuesta, utilizándose, al efecto, pruebas directas imperfectas, o sea, insuficientes para producir, cada una por separado, plena prueba. Adicionalmente, es válido afirmar que el hecho indicador, a su vez, no puede ser la consecuencia de un indicio previo (hecho inferido), ni tampoco puede estar constituido por un conjunto de hechos inferidos (sumatoria de indicios previos).

b. Los indicios deben haber sido sometidos al análisis crítico, encaminado a verificarlos, precisarlos y evaluarlos, análisis del cual deberán haber salido provistos con la etiqueta de graves, medianos o leves.

c. Los indicios deben ser independientes en varios sentidos. Primero, en cuanto no deben contarse como indicios distintos los que tienen el mismo origen respecto a su hecho indicador; en segundo lugar, tampoco deben considerarse como diferentes los que constituyan momentos o partes sucesivas de un solo proceso o hecho accesorio.

d. Si los indicios tienen el carácter de contingentes (aquéllos cuyo efecto dado puede tener varias causas probables), deben ser varios, en la medida en que su orden numérico otorga una mayor probabilidad respecto de su grado concluyente y, por ende, al nivel de probabilidad o certeza que otorgan.

e. Deben ser concordantes, esto es, que se ensamblen entre sí de tal manera que puedan producir un todo coherente y natural, en el cual cada hecho indicador tome su respectiva ubicación en cuanto al tiempo, lugar y demás circunstancias.

f. Las inferencias lógicas deben ser convergentes, es decir, que todas reunidas no puedan conducir a conclusiones diversas.

g. Las conclusiones deben ser inmediatas, lo cual debe entenderse en el sentido de que no se haga necesario llegar a ellas a través de una cadena de silogismos”(22).

De lo hasta aquí destacado sobre el indicio, elemento que se revela como fundamental en este examen probatorio, habrá que decirse que su naturaleza enseña que es un medio de prueba, que tiene un vehículo, que tiene un objeto de prueba y que conlleva una valoración; de igual forma, que sus elementos son: i) el hecho indicador, que debe estar probado; ii) la inferencia lógica, que es la razonabilidad del argumento y que debe estar en grado de hipótesis y tesis, mas no de sospecha o conjetura, aunado a la lógica; y iii) el hecho indicado, que es la conclusión, un hecho nuevo, claro, contundente y sin dudas, que debe valorarse armónicamente con los demás indicadores, pruebas o elementos.

Al revisar nuevamente el caso concreto, para efectos de determinar la existencia de la falla, esto es, la lesión sufrida por el menor Luis Miguel Muñoz López por la aplicación de la inyección intramuscular realizada por el cuerpo médico asistencial del Hospital San Vicente de Montenegro, se encuentran acreditados en el proceso los siguientes hechos indicadores:

1. De conformidad con la historia clínica, se encuentra acreditado que, el 30 de mayo de 2000, el menor Luis Miguel Muñoz López acudió al servicio de urgencias del Hospital San Vicente de Montenegro en compañía de su madre, quien lo llevaba cargado, así se anotó en la historia clínica(23):

“(…) Atención de urgencias. Llegada del paciente. Fecha: 30/05/00 19:35. ¿El paciente llega por sus propios medios? No. Cuál: Cargado (…)”.

2. De la revisión efectuada por el médico que atendió al menor, se dejó constancia de las condiciones físicas al momento del ingreso al hospital(24), así:

“D. Anamnesis, examen físico y evolución T=39,5º C, P=23 Kg. MC: “fiebre” (…) Abdomen dolor epigástrico, tos, mialgia de pierna(25) (…)” (Subrayas y negrilla de la Sala)

3. La impresión diagnóstica consistió en una infección de las vías urinarias del menor, para lo cual le suministraron vía intramuscular diclofenaco.

4. La anotación que aparece a continuación en la historia clínica consiste en la orden de salida del menor con fórmula y recomendaciones; además, se indicó que se encontraba consiente, afebril, con dolor en epigástrico(26).

5. El menor fue atendido nuevamente en el mes de junio del 2000 por el médico Guido Iván Ujueta Diago, especialista en neurología clínica, por los síntomas de cojera del miembro inferior izquierdo, atribuidos a la aplicación de una inyección intramuscular por un cuadro febril(27).

6. Finalmente, del dictamen pericial 458 emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal(28) que rindió sobre el asunto materia de este proceso, en cuanto a la atención brindada al paciente y a puntos científicos concernientes a la decisión del sub lite, se puede resaltar lo siguiente:

“(…) 4. Resumen del caso: Según se informa por la madre del paciente (Gloria Beatriz López Valencia) y el expediente, el niño, posterior a la aplicación del diclofenaco intramuscular, presentó cojera marcada la cual ha sido tratada. Actualmente el niño está bien, sigue tomando la carbamazepina de 200 mg ½ tableta cada 12 horas. 8. Conclusión En relación a las preguntas 5.4.10 En qué consistía la ‘Lesión parcial severa del nervio ciático izquierdo’ que reporta el menor (…) Respuesta: es una afectación del nervio citado para su actividad de conducción nerviosa, la cual deriva en limitación funcional de los sitios inervados por el mismo (miembro inferior) 5.4.11. Cuál fue la causa o en qué momento se produjo la mencionada lesión? Respuesta: existe una relación causa-efecto entre la aplicación intramuscular del diclofenaco formulado y la lesión del nervio ciático. Es de suponer que se afectó el nervio con la jeringa y / o el medicamento. 5.4.12. ¿La lesión del nervio ciático pude tener su origen en el acto de aplicación de una inyección intramuscular en el glúteo? Respuesta: ya contestado en el numeral anterior. 5.4.13. Qué medidas técnicas de precaución o qué procedimientos debe observarse para evitar que el nervio ciático resulte interesado o lesionado al momento de aplicar una inyección intramuscular en el glúteo? Respuesta: por el estudio anatómico, el nervio ciático se ubica en el glúteo en el área interna del mismo, como norma una inyección intramuscular se debe aplicar en el cuadrante supero externo con todas las medidas de asepsia que corresponde al caso. 5.4.14 ¿Cuáles son los síntomas y signos de haberse causado una lesión de nervio ciático al momento de aplicar una inyección intramuscular en glúteo? Respuesta: varía en relación a la afectación del nervio citado y va desde dolor hasta imposibilidad ara la movilización del músculo. 5.4.15. ¿Cuál es el tratamiento que debe brindarse a un paciente que reporta lesión del nervio ciático en el acto de aplicación de una inyección intramuscular en el glúteo? Respuesta: terapia analgésica, fisioterapia. 5.4.16. ¿Cuáles son las consecuencias físicas y neurológicas de la lesión del nervio ciático del menor? Respuesta: ya contestado en el numeral 5.4.10. 5.4.17. ¿Qué efectos produce o en qué alivia la situación del menor el suministro del medicamento denominado carbamazepina. Si este fármaco le cura o no la lesión del nervio ciático y por cuánto tiempo debe consumirlo el paciente? Respuesta: la carbamazepina actúa como analgésico neurológico y favorece la recuperación del nervio. Se debe suministrar por el tiempo que el neurólogo lo determine. 5.4.18. Cuál es el pronóstico de la lesión del nervio ciático del niño? Respuesta: por la evolución actual del cuadro, se considera de buen pronóstico. (…)” (negrilla y subraya fuera de texto).

En este punto, la Sala considera pertinente indicar, como ya lo ha hecho en otras oportunidades, que “el dictamen pericial es un medio probatorio que permite verificar los hechos que interesan al proceso y que requieren de especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos por parte de los auxiliares de la justicia, quienes, a través de experimentos e investigaciones, realizan un examen de las cosas o personas”(29).

Ahora bien, para que el juez pueda apreciar y valorar un dictamen pericial, este debe reunir una serie de requisitos, entre ellos:

“Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada ‘razón de la ciencia del dicho’, en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones. Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a esas conclusiones, el dictamen carecerá de eficacia probatoria y lo mismo será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y (...) puede negarse a adoptarlo como prueba si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable (...).

Que las conclusiones del dictamen sean claras, firmes y consecuencia lógica de sus fundamentos (...) puede ocurrir también que el juez no se encuentre en condiciones de apreciar sus defectos, en cuyo caso tendrá que aceptarla; pero si considera que las conclusiones de los peritos contrarían normas generales de la experiencia o hechos notorios o una presunción de derecho o una cosa juzgada o reglas elementales de la lógica, o que son contradictorias o evidentemente exageradas o inverosímiles, o que no encuentran respaldo suficiente en los fundamentos del dictamen o que están desvirtuadas por otras pruebas de mayor credibilidad, puede rechazarlo (…).

Que las conclusiones sean convincentes y no parezcan improbables, absurdas o imposibles (...) no basta que las conclusiones sean claras y firmes, como consecuencia lógica de sus fundamentos o motivaciones, porque el perito puede exponer con claridad, firmeza y lógica tesis equivocadas. Si a pesar de esa apariencia, el juez considera que los hechos afirmados en las conclusiones son improbables, de acuerdo con las reglas generales de la experiencia y con la crítica lógica del dictamen, este no será convincente, ni podrá otorgarle la certeza indispensable para que lo adopte como fundamento exclusivo de su decisión (…).

Que no existan otras pruebas que desvirtúen el dictamen o lo hagan dudoso o incierto. Es obvio que si en el proceso aparecen otras pruebas que desvirtúen las conclusiones del dictamen o al menos dejen al juez en situación de incertidumbre sobre el mérito que le merezca, luego de una crítica razonada y de conjunto, aquel no puede tener plena eficacia probatoria”(30).

En el presente caso, si bien obran unas inferencias realizadas por el perito, advierte la Sala que dicha experticia no será valorada, por cuanto las conclusiones a las que allí se llegan, se aproximan más a juicios hipotéticos o especulativos carentes de soportes científicos, orientadas por la narración de los hechos que le hiciera la madre del menor, como se puede apreciar del resumen del caso realizado en el informe, sin que se explique la forma mediante la cual arribó a sus conclusiones, en tanto que únicamente se limitó a indicar que “existe una relación causa – efecto entre la aplicación intramuscular del diclofenaco formulado y la lesión del nervio ciático”(31) sin hacer relación alguna a las anotaciones respecto de la pre sanidad del menor al momento de ingresar al hospital, concretamente la anotación relativa a la mialgia de pierna(32), contrariando así pruebas obrantes en el proceso.

En un caso similar al que ahora analiza la Sala, esta Subsección se pronunció en los siguientes términos(33):

“c. Cuando la prueba pericial evidencia, como en el sub lite, tal grado de inconsistencia y falta de rigor científico, el juez, dentro de la facultad que le asiste para valorar toda la comunidad probatoria recaudada de conformidad con las reglas de la sana crítica, puede prescindir de tomar en consideración, para fallar, un experticio técnico rodeado de semejantes singularidades (…).

Solo al juez, en consecuencia, corresponde apreciar cuál es la fuerza de convicción que debe reconocerle al dictamen, sin que esté obligado a aceptarlo cuando no reúna los requisitos legalmente exigidos para su validez y eficacia, habida cuenta que se trata de un elemento de prueba que debe valorarse y no de una función jurisdiccional, que es privativa del juez y, en esa medida, indelegable en los peritos. Una sujeción absoluta, inopinada y acrítica a la pericia, convertiría al juez en un autómata y a los peritos en verdaderos decisores de la causa”.

Revisado el expediente, observa la Sala que reposa la historia clínica, documento que se constituye en fundamental para establecer, dentro del proceso, la verdad de lo ocurrido en el curso del tratamiento médico-asistencial prodigado a una persona que alega haber sufrido un perjuicio con ocasión de dicho tratamiento, de la que no es posible sostener con certeza, como lo hiciera el perito, que la causa de la neuropatía del nervio ciático sufrida por el menor Luis Miguel Muñoz López fuera la inyección intramuscular que se le aplicó en el Hospital San Vicente de Montenegro el 30 de mayo de 2000.

En efecto, la Sala, contrario a lo establecido por el Tribunal Administrativo de Quindío, no encuentra plenamente acreditado que el diagnóstico de ‘lesión parcial del nervio ciático común izquierdo con importante compromiso axonal’ haya sido causado al menor con la aplicación de la inyección intramuscular de diclofenaco ordenada en la atención del 30 de mayo de 2000 en el Hospital San Vicente de Montenegro.

Si bien se puede colegir que el menor Luis Miguel Muñoz López ingresó al Hospital San Vicente de Montenegro con fiebre, no es posible determinar que su estado de sanidad, respecto de la pierna izquierda afectada fuera satisfactorio; por el contrario, los indicios encontrados en la historia clínica y en los testimonios recogidos durante el proceso, permiten asegurar con mayor certeza, que el menor ya padecía una dolencia en unos de sus miembros inferiores, así lo describe la anotación clínica al indicar “mialgia de pierna”(34), que de acuerdo con la literatura especializada en medicina, se describe como “debilidad o sensibilidad al tacto en las piernas(35)”; además, el niño de siete años ingresó en brazos de su madre, sin que fuera factible establecer la capacidad de desplazamiento de este por sus propios medios.

Adicionalmente, de la historia clínica o de los testimonios no es posible determinar el glúteo en el cual se le aplicó la inyección intramuscular ordenada por el médico tratante; no se acreditó que durante el procedimiento se hubiere presentado alguna dificultad y tampoco se demostró que, luego de su aplicación, el menor hubiera manifestado dolor o incapacidad para desplazarse, puesto que, contrario a lo afirmado por los demandantes, nada de ello se dejó consignado en la historia clínica; por el contrario, reposan pruebas que le permiten a la Sala establecer la inexistencia de la falla médica, como se verá a continuación.

Así las cosas, siguiendo la jurisprudencia reseñada en materia de prueba de la falla, la Sala no encuentra acreditada en el expediente la probabilidad suficiente de causalidad que permita establecer la indebida aplicación de la inyección intramuscular por parte del personal médico asistencial del Hospital San Vicente de Montenegro y la conexidad entre la ocurrencia del daño sufrido por el menor y dicha acción, razón por la cual se revocará la sentencia de primera instancia.

4.5. Del testimonio rendido por personal de la entidad demandada.

Para reforzar los argumentos hasta ahora sostenidos, la Sala considera pertinente hacer referencia a la declaración de la auxiliar de enfermería señora Irma García Cifuentes(36) quien fue la persona que le aplicó la inyección al menor, en la que manifestó que: “(…) Cuando el niño fue a salir que salió así cojeando entonces el doctor la llamó ( a la madre), le dijo —venga madre, el niño por qué está caminando así—, entonces ella le contestó ‘yo no sé doctor’, porque en ese momento fue que ella contó que lo había llevado a una clínica y le habían puesto una inyección y que ni siquiera había caminado, que había salido en brazos de ella, entonces el doctor le dijo que había que dejarlo a ver cómo amanecía el niño y ella dijo que ella no se podía quedar porque ella trabajaba, ella insistió mucho en que ella tenía que irse con el niño porque no se podía quedar(37)”(subrayas y negrillas propias).

Adicionalmente, cuando fue indagada respecto de la forma en la que ella le suministró el medicamento ordenado por el médico tratante, indicó: “Preguntado/ diga al despacho si usted después de que vio al niño cojeando con posterioridad a la aplicación de la inyección volvió a mirarle el glúteo o la pierna correspondiente al lado donde usted lo había inyectado. Contesto/ no porque la señora decía “antes está cojeando, ayer ni siquiera caminaba (…)(38)” subrayas y negrillas propias).

Para confirmar la anterior declaración, fue llamada la señora Aracelly Navia Jiménez, auxiliar de enfermería del Hospital San Vicente de Montenegro, quien para el día de los hechos se encontraba de turno y pudo confirmar que el menor ingresó al hospital en brazos de su madre(39), así lo indicó:

“Preguntado: Sírvase decir si conoce los motivos por los cuales se encuentra rindiendo esta declaración, en caso cierto haga un recuento de los hechos. Contestó: Pues más o menos tengo idea; bueno, eso fue por una inyección que s ele aplicó a un niño, yo estaba esa noche en urgencias con mi compañera Irma y al niño lo entraron cargado, ella le aplicó una inyección, la señora tenía mucho afán de llevarse al niño porque lo iban a dejar en observación y ella no quiso que porque tenía que trabajar al otro día; el niño salió cojeando por el pasillo entonces la compañera Irma le preguntó que por qué cojeaba, entonces ella le respondió que ella el día anterior lo había llevado a una clínica y le había tocado que sacarlo cargado, hasta ahí se yo (…)”(40) (destacas nuestras).

En relación con los testimonios rendidos por el personal de la entidad demandada, especialmente por quien participó en la atención del menor Luis Miguel Muñoz López, podrían calificarse de sospechosos en los términos del artículo 217 del Código de Procedimiento Civil; sin embargo, la parte interesada no lo hizo; además, ello no implica que sus versiones deban ser descartadas, sino, más bien, que la valoración de su credibilidad sea reforzada.

El recelo o la severidad con que el fallador debe examinar esos testimonios no lo habilita para desconocer, de entrada, su valor intrínseco, debido a que la sospecha no descalifica de antemano sino que simplemente se mira con cierta aprehensión a la hora de auscultar qué tanto crédito merece. Por suerte que bien puede ser que a pesar de la sospecha haya modo de atribuirle credibilidad al testigo, especialmente si su relato, como en el caso objeto de estudio, carece de mayores objeciones dentro de un análisis crítico de la prueba, en este caso de la historia clínica(41), que permiten con mayor certeza afirmar la inexistencia de la falla pretendida, reforzándose la tesis de que fue otra inyección, y no la aplicada en el Hospital San Vicente, la que causó la lesión del nervio ciático del menor, pues los testimonios de las enfermeras que atendieron el turno de la noche en el que el menor ingresó al hospital coinciden al indicar las afirmaciones de la madre respecto de la prexistencia de la cojera de Luis Miguel Muñoz López, sumado a la ausencia de una prueba científica que permita comprobar que fue una inyección de diclofenaco aplicada en el Hospital San Vicente la causante del daño deprecado.

En suma, sin la demostración de los elementos fundantes de la responsabilidad dentro del régimen subjetivo, especialmente la falla y el nexo causal, se exacerba un fallo adverso a las pretensiones enlistadas por el actor, por lo que indefectiblemente deberá ser revocada la decisión emitida en primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

6. Costas.

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia recurrida, proferida el 11 de diciembre de 2009 por el Tribunal Administrativo de Quindío y, en su lugar, niéguense las pretensiones de la demanda

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, por secretaría REMITIR el expediente a su tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Consejeros: Marta Nubia Velásquez Rico—Hernán Andrade Rincón—Carlos Alberto Zambrano Barrera.

1 Fls. 197 a 232 c.4.

2 Fls. 1 a 24 c 1.

3 Fl. 24 c.1.

4 Fl. 256 c.4.

5 Dado que el salario mínimo para el año 2001 era de $ 286.000.

6 Fl. 9 c.1.

7 Fls. 43 a 45 c.1.

8 Fls. 27 a 29 c.1.

9 Fl. 33 c.1.

10 Fls. 34 a 35 c.1.

11 Fls. 37 a 38 c.1.

12 Cita textual del fallo citado: “Aunque se matizará el referido aserto con la aseveración de acuerdo con la cual dicha regla general se excepcionaría cuando la carga probatoria atribuida al demandante ‘resulte extraordinariamente difícil o prácticamente imposible y dicha carga se torne, entonces, excesiva. Solo en este evento y de manera excepcional, será procedente la inversión del deber probatorio, previa la inaplicación del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil —que obligaría a la parte actora a probar siempre el incumplimiento por el demandado de su deber de prestar debidamente el servicio mencionado—, por resultar la regla en él contenida, en el caso concreto, contraria a la equidad, prevista en el artículo 230 de la Constitución Política como criterio auxiliar de la actividad judicial’. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de diciembre de 2004, exp. 14.421”.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 3 de octubre de 2007, exp.16.402. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

14 Original de la cita en la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 20 de febrero de 2008, exp. 16.739. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de abril de 2011, exp. 19.192. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

16 Fl. 27 c.1.

17 Fl. 34 c.1.

18 Cita textual del fallo citado: “Sobre el tema, ver por ejemplo, Ricardo de Angel Yagüez. Responsabilidad Civil por actos médicos. Problemas de pruebas. Ed. Civitas S.A., Madrid, 1999, pág. 111”.

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2011, exp. 20.502, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

20 Cita textual de la sentencia reseñada: “Corte Suprema de Justicia, G.J., Tomo LXXX, Nº 2154, Pág. 291. Cit. “Parra Quijano, Jairo “Manual de Derecho Probatorio”, Ed. Librería del Profesional, Bogotá, 1988, Pág. 371 y 372”.

21 Cita textual de la sentencia reseñada: “Cf. Dellepiane, Antonio “Nueva Teoría de la Prueba”, Ed. Temis, Bogotá, 1972, Pág. 97 y 98”.

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de junio de 2008, exp. 16398, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

23 Fl. 27 c. 1.

24 Fl. 267 y 268 c.1

25 De conformidad con la literatura médica especializada, se describe como “debilidad o sensibilidad al tacto en las piernas” (http://www.cun.es/resultado-busqueda?queryStr=mialgia&autocompleteId=mialgia, fecha de consulta: 9/06/2016 a las 9:00 A.M.)

26 Fl. 27 c.1.

27 Fls. 23 a 25 c.2.

28 Fls. 45 a 46 c.1

29 Original en cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de febrero de 2010, expediente 17.644. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de febrero de 2015, exp. 29794, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

30 Original en cita: Devis Echandia, Hernando: “Teoría general de la prueba judicial”, Tomo segundo, Temis, Bogotá, 2002, págs. 321- 326. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de febrero de 2015, exp. 29794, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

31 Fl. 46 c.1.

32 Fls. 267 y 268 c.1.

33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 31 de octubre de 2007, expediente 25177, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

34 Fl. 27 c.1.

35 http://www.cun.es/resultado-busqueda?queryStr=mialgia&autocompleteId=mialgia, fecha de consulta: 9/06/2016 a las 9:00 A.M.

36 Fls. 137 a 138 c. 2.

37 Fl. 138 c.2.

38 Fl. 138 c.2.

39 Fl. 139 c. 2.

40 Fl. 139 c. 2.

41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencias de 29 de agosto de 2012, exp. 20412 C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth y del 19 de junio de 2013, exp. 24682, C.P. Danilo Rojas Betancourth.