Sentencia 2001-00249 de junio 19 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Proceso: 1800112331000200100249-01 (28192)

Demandante: Aura Lía Santos y otros

Demandado: Nación-Red de Solidaridad Social

Acción: Reparación directa

Bogotá, D.C., diecinueve de junio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia que negó las pretensiones, dado que la cuantía alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(3), para que esta Sala conozca de la acción de reparación directa en segunda instancia.

2.2. Asunto que la Sala debe resolver.

En atención al recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 25 de marzo de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, debe la Sala establecer si la Nación-Red de Solidaridad Social es responsable del daño alegado en la demanda, consistente en “la falta de atención o asistencia (...) frente a la solicitud o petición que hizo José Vicente Quilindo Santos, como desplazado (...) frente a las amenazas de la guerrilla de (...) que a la postre desembocaron en [su] homicidio (...)”, habida cuenta de que la entidad demandada insiste en la ausencia de responsabilidad, pues no le correspondía tomar medidas de protección, al tiempo que alegó el hecho de la víctima y de un tercero, propuestos como excepciones, debiéndose anotar que, sobre estos argumentos de defensa, no se realizará un pronunciamiento previo, en razón de que hacen parte del análisis de fondo del presente asunto.

2.2.1 Hechos probados.

Serán tenidos en cuenta los documentos aportados por la parte actora en las oportunidades legales, los remitidos por la entidad pública demandada —pruebas decretadas en tiempo y allegadas al plenario por disposición del a quo—, las respuestas de diversas autoridades a los requerimientos del tribunal, así como los testimonios recibidos en primera instancia.

De conformidad con el acervo probatorio que reposa en la actuación, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

2.2.1.1. El 8 de diciembre de 2000, murió el señor José Vicente Quilindo Santos por heridas ocasionadas con arma de fuego. De ello da cuenta el registro civil en el que consta la inscripción de su defunción y las actas de levantamiento en la que se registró la presencia de nueve orificios de entrada en distintas partes del cuerpo y de reconocimiento, por parte de su hermano Ismael Quilindo Santos (copia auténtica aportada por la parte actora a fls. 5, 10 y 11 cdno. 1 y por la fiscalía a folios 10-20 cdno. 2).

Así mismo, en la actuación reposa la diligencia de necropsia y el informe de la carta dental practicado al cadáver de quien en vida respondía al nombre de José Vicente Quilindo Santos. En la primera consta que la víctima recibió “múltiples heridas penetrantes en cráneo, las cuales ocasionan destrucción de tallo cerebral y hemorragia subaracnoidea, ocasionando su muerte” y en el informe se logró la identificación plena del occiso (documento aportado por la fiscalía a folios 32, 36-39 cdno. 2).

2.2.1.2. Sobre la forma como ocurrieron los hechos, el acervo probatorio que reposa en el plenario permite establecer que el señor Quilindo Santos acudió a la Personería del municipio de Florencia, Caquetá, con el objeto de rendir la declaración de que trata el artículo 74 del Decreto 266 de 2000(4) y, de esta forma, obtener los beneficios consagrados en la Ley 387 de 1997, a la población desplazada por la violencia. En desarrollo de la diligencia la víctima dio cuenta de la existencia de amenazas contra su vida por parte de grupos armados al margen de la ley, pues, según dijo, logró escapar de los alzados en armas, quienes pretendían incorporarlo a sus filas, razón por la cual solicitó protección para él y su esposa. No obstante, la red de solidaridad social negó su inscripción en el registro de ayuda humanitaria, por considerar que era necesario ampliar la declaración, fundada en que la información suministrada resultaba insuficiente.

Negativa que impuso al señor José Vicente Quilindo Santos el regreso a su lugar de origen —vereda Agua Blanca del municipio de Milán, Caquetá—, donde, transcurridos veinte días de su regreso, fue encontrado muerto en una vía pública, con nueve impactos por arma de fuego.

Sobre el particular, en el plenario reposan las siguientes pruebas:

a) El 5 de octubre de 2000, el señor José Vicente Quilindo Santos acudió a la Personería del municipio de Florencia, Caquetá y, bajo la gravedad del juramento, manifestó:

Me llamo como está dicho y descrito, domiciliado en Florencia Caquetá en la barrio septor (sic) seis de las Malvinas frente a la tienda los Andes, donde arribé el 9 de octubre de 2000, cuando me desplacé de la vereda Agua Blanca del municipio de Milán Caquetá, donde residí cuatro años hasta cuando me vi obligado a movilizarme en compañía de las siguientes personas: Adonay Erazo Meneses (...) parentesco esposa. PREGUNTADO. Manifieste al despacho los hechos que dieron lugar a su desplazamiento en circunstancias de tiempo, modo y lugar. RESPONDE. Estaba almorsando (sic) cuando llegaron los guerrilleros y sacaron a mis compañeros de trabajo y los desaparecieron según ellos volverían por mi ya que logré escaparme, con mi esposa y dejar todo, solo logré sacar algo de ropa, porque ellos digeron (sic) que me iban a desaparecer, esto sucedió porque nosotros no les colaborábamos y querían llevarnos a las malas para que perteneciéramos a las filas. PREGUNTADO. Qué bienes tenía en la región. RESPONDE. Nada, solo vivía contratiando (sic). PREGUNTADO. Qué personas lo conocen en la vereda. RESPONDE. Octavio Muñoz, Enrique Layo, Chavela (sic) Dias (sic), Juan Camilo Rivera. PREGUNTADO. Qué personas o grupos son los responsables de su desplazamiento. RESPONDE. A la guerrilla de las Farc. PREGUNTADO. Ha recibido o solicitado alguna ayuda. RESPONDE. Hasta ahora no. PREGUNTADO. Tiene algo más que decir, corregir o suprimir en la presente diligencia. RESPONDE. Solo me resta pedirles que me tengan encuenta (sic) ya que mi esposa esta embarasada (sic) tiene 6 meses y no tengo nada para esperar a nuestro hijo, también quería decirles que estoy de posada donde una amiga (negrillas fuera de texto, documento aportado por la parte actora con la demanda a fl. 8 cdno. 1, por la fiscalía a folios 32 y 46 cdno. 2 y por la entidad a folios 112-114 cdno. 2).

b) En respuesta a lo anterior, el 8 de noviembre siguiente el Delegado de la Red de Solidaridad Social del departamento del Caquetá, con sede en Florencia, dio cuenta al señor José Vicente Quilindo Santos, mediante oficio DCQ 1636, que no podía ser inscrito como beneficiario al programa de desplazamiento, de conformidad con los términos previstos en los artículos 1º y 32 de la Ley 387 de 1997, porque, a su parecer, la información suministrada en la declaración rendida ante la personería resultaba insuficiente —se destaca—:

En efecto, la información consignada en su declaración no le permite a este programa tomar una decisión en su caso. Por tanto le sugerimos dirigirse nuevamente al sitio donde rindió la declaración, para que se amplíe la información de las causas que dieron origen a su presunto desplazamiento, y obtener así, más elementos de juicio que permitan la reconsideración de su caso.

Es preciso recordarle que las leyes colombianas prevén sanciones por falsa denuncia, falso testimonio y falsedad personal (original aportado por la parte actora, fl. 9, por la entidad a folios 8, 113 y 114 cdno. 2 y por la fiscalía a folios 32 y 47 cdno. 2).

c) El Coordinador de la Unidad Territorial de la Red de Solidaridad Social hizo constar que “(...) realizada la valoración de la declaración presentada por el señor José Vicente Quilindo Santos en la Personería Municipal de Florencia, concluyó que se requería ampliar la declaración para tomar una decisión del caso”. El funcionario dio cuenta de que la decisión fue notificada con el oficio 1636 de noviembre 8 de 2000, el cual, en su versión, fue entregado a la señora Adonay Erazo, a quien en su momento se le informó y explicó sobre el contenido de la comunicación, empero la víctima no compareció (original aportado por la entidad, fl. 94 cdno. 1).

Por lo anterior, la entidad informó a la personería que el señor José Vicente Quilindo Santos no fue inscrito en el Registro Nacional de Atención a la Población Desplazada por la Violencia (documento aportado por la demandada, fl. 97 cdno. 1).

d) El personero del municipio de Florencia certificó que “(...) revisados los archivos que reposan en la entidad sobre población desplazada, no se encontró diligencia de ampliación de declaración rendida por el señor José Vicente Quilindo Santos, con posterioridad al 8 de noviembre de 2000” (original aportado por la entidad, fl. 3 cdno. 3). Así mismo, el funcionario puso de presente que el señor Quilindo Santos “(...) fue asesinado el 8 de diciembre del 2000, en el sitio denominado el Cinco, vía al municipio de Paujil (Caquetá), por personas al margen de la ley, quien se había hecho presente ante este despacho a rendir declaración el 5 de octubre del 2000, como desplazado de la vereda los Andes del municipio de Milán (Caquetá), no siendo aceptado como desplazado por la Red de Solidaridad Social, víctima de la masacre indiscriminada, por motivos ideológicos y políticos del conflicto armado que se vive en esta región” (original aportado por la parte actora, fl. 12 cdno. 1).

e) El 5 de abril de 2001, la señora Aura Lía Santos denunció los hechos y puso de presente a la fiscalía que su hijo acudió a la Red de Solidaridad Social “a pedir ayuda” pero no la obtuvo, razón por la cual se vio obligado a regresar a la vereda Agua Blanca, en donde, pasados veinte días, grupos armados al margen de la ley le dieron muerte. Así mismo dio cuenta de la existencia de amenazas en contra de su hijo por parte de miembros de la “guerrilla”, que hacen presencia en la región (copia auténtica aportada con la demanda, fls. 15-18 cdno. 1).

f) Por la muerte del señor José Vicente Quilindo Santos, la Fiscalía Once Seccional de Florencia adelantó “investigación previa en averiguación de responsables” por el punible de homicidio (original aportado por la parte actora, fl. 13 cdno. 1). La investigación se suspendió por falta de pruebas (documento aportado por la fiscalía a fls. 32 y 49 cdno. 2).

g) En diligencia de interrogatorio de parte, la señora Aura Lía Santos, madre de la víctima, afirmó que el señor José Vicente Quilindo Santos vivía en la vereda Agua Blanca, región en la que desarrollaba labores de agricultura y ganadería.

Interrogada por si “en alguna oportunidad el señor José Vicente le manifestó que tuviera enemistad con persona alguna de la región o con algún compañero de trabajo”, la demandante contestó:

(...) ahora último sí supe que tenía amenazas, lo supe cuando él vino el 5 de octubre de 2000, me comentó que lo había amenazado la guerrilla, que porque él no se quería ir con ellos, no los seguía (...) él se vino para acá y pidió ayuda a la Red de Solidaridad Social y yo no me encontraba, me encontraba en la Plata, entonces él vino donde una vecina y pidió posada donde esa señora. A mí él me llamó por teléfono a la Plata y me comentó (...) él me comentó que si él le daban ayuda en la Red de Solidaridad Social, él no se volvería a ir por allá, eso fue lo que me comentó por teléfono esa vez (...) él me comentó que habían desaparecidos (sic) a los compañeros de trabajo.

Preguntada por “quienes son los autores del homicidio del señor José Vicente Quilindo”, la deponente afirmó:

Pues fue Chepe Palomino el que lo sacó de una discoteca que hay ahí, él es un guerrillero, él entró y lo llamó (...) para que fuera en donde estaba el comandante (...) ellos lo llamaron y lo echaron a la camioneta y se lo llevaron y ya no lo volvieron a traer, eso fue el 3 de diciembre de 2000 y el 8 ya lo encontraron muerto. Todo esto lo supe porque de allá vinieron los que vieron cuando lo sacaron y me comentaron, me comentó Ricardo Balladares y Robinson Devia.

La señora Aura Lía Santos, interrogada por “cuánto tiempo alcanzó a estar José Vicente en Agua Blanca, luego de haberse regresado al no haber logrado conseguir trabajo en Florencia, después de haber sido amenazado”, respondió que “alcanzó a estar nuevamente veinte días”. Por último, dio cuenta de que la víctima contribuía a su sostenimiento (fls. 4-6 cdno. 3).

2.2.1.3. Por razón de la muerte del señor José Vicente Quilindo Santos, su madre y hermanos resultaron afectados moralmente.

Esto es así porque el registro civil que reposa en el plenario demuestra que el señor Quilindo Santos fue hijo de los señores Ismael Quilindo Bambague(5) y Aura Lía Santos, así como lo son David e Ismael Quilindo Santos (copias auténticas, fls. 4, 6 y 7 cdno. 1).

2.3. Análisis del caso.

2.3.1. Protección a la población desplazada.

En Sentencia T-025 de 2004(6), la Corte Constitucional destacó el problema del desplazamiento forzado interno en Colombia, cuya dinámica actual tuvo su inicio en la década de los años ochenta y afecta a grandes masas poblacionales. En distintas oportunidades dicha corporación calificó el desplazamiento como (a) “un problema de humanidad que debe ser afrontado solidariamente por todas las personas, principiando, como es lógico, por los funcionarios del Estado”(7); (b) “un verdadero estado de emergencia social”, “una tragedia nacional, que afecta los destinos de innumerables colombianos y que marcará el futuro del país durante las próximas décadas” y “un serio peligro para la sociedad política colombiana”(8); y, más recientemente, (c) un “estado de cosas inconstitucional” que “contraría la racionalidad implícita en el constitucionalismo”, al causar una “evidente tensión entre la pretensión de organización política y la prolífica declaración de valores, principios y derechos contenidas en el texto fundamental y la diaria y trágica constatación de la exclusión de ese acuerdo de millones de colombianos”(9).

La Corte, además, ha resaltado que “Las personas desplazadas por la violencia se encuentran en un estado de debilidad que los hace merecedores de un tratamiento especial por parte del Estado”(10). En ese mismo orden de ideas, ha indicado la Corte “la necesidad de inclinar la agenda política del Estado a la solución del desplazamiento interno y el deber de darle prioridad sobre muchos otros tópicos de la agenda pública”(11), dada la incidencia determinante que, por sus dimensiones y sus consecuencias psicológicas, políticas y socioeconómicas, ejercerá este fenómeno sobre la vida nacional.

Entre los derechos constitucionales fundamentales que resultan amenazados o vulnerados por las situaciones de desplazamiento forzoso, la jurisprudencia constitucional ha destacado, entre otros, el derecho a la vida en condiciones de dignidad, dadas las circunstancias infrahumanas asociadas a su movilización y a su permanencia en el lugar provisional de llegada, así como los frecuentes riesgos que amenazan directamente su supervivencia(12). Así mismo, se encuentran i) el derecho a escoger su lugar de domicilio, en la medida en que para huir del riesgo que pesa sobre su vida e integridad personal, los desplazados se ven forzados a escapar de su sitio habitual de residencia y trabajo(13); ii) los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de expresión y de asociación, “dado el ambiente intimidatorio que precede a los desplazamientos”(14) y las consecuencias que dichas migraciones surten sobre la materialización de los proyectos de vida de los afectados, que necesariamente deberán acoplarse a sus nuevas circunstancias de desposeimiento; iii) los derechos económicos, sociales y culturales que resultan fuertemente afectados por el solo hecho del desplazamiento(15); iv) el derecho a la unidad familiar, en la medida en que el desplazamiento implica una dispersión de las familias afectadas(16); v) el derecho a la salud, en conexidad con el derecho a la vida, no sólo porque el acceso de las personas desplazadas a los servicios esenciales de salud se ve sustancialmente dificultado por el hecho de su desplazamiento; vi) el derecho a la integridad personal(17), que resulta amenazado tanto por los riesgos que se ciernen sobre la salud, como por el alto riesgo de ataques al que están expuestas las personas desplazadas por su condición misma de desposeimiento(18); vii) el derecho a la seguridad personal(19), puesto que el desplazamiento conlleva riesgos específicos, individualizables, concretos, presentes, importantes, serios, claros y discernibles, excepcionales y desproporcionados para varios derechos fundamentales de los afectados; viii) la libertad de circulación por el territorio nacional(20) y el derecho a permanecer en el sitio escogido para vivir(21), puesto que la definición misma de desplazamiento forzado presupone el carácter no voluntario de la migración a otro punto geográfico para allí establecer un nuevo lugar de residencia y xi) el derecho a la igualdad(22), dado que a pesar de que la única circunstancia que diferencia a la población desplazada de los demás habitantes del territorio colombiano es precisamente su situación de desplazamiento, en virtud de ésta condición se ven expuestos a todas las violaciones de los derechos fundamentales que se acaban de reseñar y también a discriminación. De igual forma, los derechos a la educación, a una vivienda digna, a la paz y al trabajo resultan afectados(23).

En atención a todos estos derechos constitucionales vulnerados por el desplazamiento y, teniendo en cuenta las circunstancias de especial debilidad, vulnerabilidad e indefensión en las que se encuentran los desplazados, la jurisprudencia constitucional ha destacado el derecho de quienes lo padecen a recibir con inmediatez un trato preferente por parte del Estado, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 Superior: “el grupo social de los desplazados, por su condición de indefensión merece la aplicación de las medidas a favor de los marginados y los débiles, de acuerdo con el artículo 13 de la Constitución Política, incisos 2º y 3º que permiten la igualdad como diferenciación, o sea la diferencia entre distintos”(24). De esta forma fue planteado en la Sentencia T-602 de 2003, en la cual se dijo que “(...) si bien el legislador y las entidades gubernamentales deben tratar de igual modo a todas las personas, pues así lo estipula el artículo 13 de la Constitución, las víctimas del fenómeno del desplazamiento forzado interno sí merecen atención diferencial”.

El tratamiento especial constituye, en términos de la Corte, el “(...) punto de apoyo para proteger a quienes se hallan en situación de indefensión por el desplazamiento forzado interno”(25), y debe caracterizarse, ante todo, por la oportunidad y eficacia en la atención de sus necesidades, ya que “de otra manera se estaría permitiendo que la vulneración de derechos fundamentales se perpetuara, y en muchas situaciones, se agravara”(26).

Remitiéndose a la Sentencia T-721 de 2003, la Corte anotó “(...) que al Estado le compete impedir que el desplazamiento se produzca, porque las autoridades han sido establecidas para respetar y hacer respetar la vida, honra y bienes de los asociados, pero también ha dicho que si ‘no fue capaz de impedir que sus asociados fueran expulsados de sus lugares de origen, tiene por lo menos que garantizarle a los cientos de miles de colombianos que han tenido que abandonar sus hogares y afrontar condiciones extremas de existencia la atención necesaria para reconstruir sus vidas’(27).Lo anterior comporta que la situación de cada una de las personas y familias desplazadas por la violencia deba ser un asunto prioritario de las autoridades”(28).

Ahora bien, el alcance de las medidas que las autoridades están obligadas a adoptar se determina de acuerdo tres parámetros principales, que fueron precisados en la Sentencia T-268 de 2003, así: (i) el principio de favorabilidad en la interpretación de las normas que protegen a la población desplazada, (ii) los Principios rectores del desplazamiento forzado interno, y (iii) el principio de prevalencia del derecho sustancial en el contexto del Estado social de derecho.

En conclusión, “(...) las medidas especiales a favor de los desplazados facilitan que éstos se tornen menos vulnerables, agencian la reparación de las injusticias derivadas del desplazamiento involuntario y se orientan a la realización efectiva de ciertos derechos de bienestar mínimo que constituyen la base para la autonomía y el auto sostenimiento de los sujetos de desplazamiento”(29).

Desde la expedición misma de la Ley 387 de 1997 y de su desarrollo normativo, así como desde que la Corte se pronunciara por primera vez sobre la problemática del desplazamiento forzado interno en las sentencias T-227 de 1997 y SU-1150 de 2000, tanto el legislador y el ejecutivo como la Corte Constitucional han señalado la gravedad de esa situación y la urgencia de adoptar medidas que aseguren una atención adecuada a la población desplazada y la efectividad de sus derechos.

En el Boletín 28 de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, publicado en febrero de 2000, da cuenta de que el número de desplazados internos ha venido creciendo de manera sostenida desde el año de 1995, se destaca:(30)

Una vez más las personas que no participaron en las hostilidades fueron las principales víctimas de una confrontación armada que se mantiene, se expande y se agrava en medio de las expectativas por los avances y tropiezos en los procesos de paz.

La estrategia de guerra en la que los civiles son objetivos militares y los territorios son escenario de disputa o control siguió su curso, y la principal y más numerosa consecuencia de este método perverso fue la salida forzosa e involuntaria de personas que buscan opciones de protección en otros lugares dentro y fuera del territorio nacional.

(...).

El incremento permanente del número de municipios afectados por el problema del desplazamiento forzado en el país es un buen indicativo del agravamiento continuo de este fenómeno. Las siguientes cifras aportadas por el Codhes son ilustrativas al respecto:

El estudio de la Conferencia Episcopal (...) advertía sobre 99 municipios de expulsión y 134 municipios de llegada en el período 1985-1994. Posteriormente, el Sisdes de Codhes identifica a 176 municipios de expulsión y 208 de llegada en 1995 manteniendo la tendencia en cuanto a zonas expulsoras, pero ampliando el espectro de zonas de llegada; en 1996, se incrementa a 248 el número de municipios de expulsión y se reduce a 180 el número de municipios de llegada con una diversificación de las zonas de expulsión y una tendencia marcada a la concentración en grandes ciudades y ciudades intermedias como puntos de llegada. Desde entonces, aumentan los municipios de expulsión y se mantienen más o menos estables los municipios de llegada. En 1997, el sistema arroja 259 municipios de expulsión y 177 municipios de llegada. En 1998, los desplazados salieron de 295 municipios y se asentaron en 205, manteniendo la tendencia de incremento de las zonas de expulsión(31).

En el año de 1998, el representante del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el desplazamiento interno, señor Francis Deng, presentó los principios rectores de los desplazamientos internos, elaborados en respuesta a la solicitud que le transmitieran la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Comisión de Derechos Humanos para que se preparara un marco jurídico adecuado para la protección y asistencia de los desplazados internos. Sobre estos principios señaló el señor Deng:(32)

9. Los principios rectores tienen por objeto tratar las necesidades específicas de los desplazados internos de todo el mundo, determinando los derechos y garantías necesarios para su protección. Los principios reflejan y no contradicen la normativa internacional de derechos humanos y el derecho humanitario internacional. Reafirman las normas aplicables a los desplazados internos, que se encuentran sumamente dispersas en los instrumentos existentes, esclarecen las ambigüedades que puedan existir y tratan de colmar las lagunas identificadas en la compilación y análisis. Se aplican a las diferentes fases de los desplazamientos, ya que conceden protección contra los desplazamientos arbitrarios, proporcionan acceso a la protección y asistencia durante los desplazamientos y garantías durante el regreso o el asentamiento y la reintegración sustitutorios.

10. Los principios pretenden orientar al representante en el cumplimiento de su mandato; a los Estados en su tratamiento del fenómeno de los desplazamientos; a todas las demás autoridades, grupos y personas en sus relaciones con los desplazados internos, y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales en su respuesta a los desplazamientos internos.

11. Los principios permitirán al representante vigilar con mayor eficacia los desplazamientos y dialogar con los gobiernos y todos los órganos competentes en nombre de los desplazados internos; invitar a los Estados a que los apliquen cuando proporcionen protección, asistencia y apoyo para la reintegración y el desarrollo de los desplazamientos internos, y movilizar la respuesta de los organismos internacionales, las organizaciones regionales intergubernamentales y no gubernamentales sobre la base de los principios. En consecuencia, los principios rectores pretenden ser una declaración de carácter persuasivo que proporcione una orientación práctica y sea al mismo tiempo un instrumento de política educativa y concienciación. Del mismo modo, pueden desempeñar una función preventiva en la respuesta tan necesaria a la crisis mundial de los desplazamientos internos.

Así mismo, el documento da cuenta de los principios generales en torno a los desplazados internos, esto es aquellas “(...) personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida” (principios rectores, introducción, par. 2). El principio 3º, por su parte, prevé:

1. Las autoridades nacionales tienen la obligación y la responsabilidad primarias de proporcionar protección y asistencia humanitaria a los desplazados internos que se encuentren en el ámbito de su jurisdicción.

2. Los desplazados internos tienen derecho a solicitar y recibir protección y asistencia humanitaria de esas autoridades. No serán perseguidos ni castigados por formular esa solicitud.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido que, si bien los principios rectores no han sido aprobados mediante un tratado internacional, dado que ellos fundamentalmente reflejan y llenan las lagunas de lo establecido en tratados internacionales de derechos humanos, habiendo recibido una gran aceptación por parte de distintos organismos internacionales de derechos humanos, deben ser tenidos como parámetros para la creación normativa y la interpretación en el campo de la regulación del desplazamiento forzado y la atención a las personas desplazadas por parte del Estado(33).

Lo anterior si se tiene en cuenta que el desplazamiento forzado implica la violación de instrumentos internacionales de derechos humanos y del derecho humanitario, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto San José y el artículo 3º común de los Convenios de Ginebra y el Protocolo II Adicional de los Convenios de Ginebra.

El artículo 1º de la Ley 387 de 18 de julio de 1997(34), “Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia”, define el desplazado como aquella “persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público”.

De lo anterior se desprende que los desplazados tienen derecho a solicitar y recibir ayuda internacional y que ello genera un derecho correlativo de la comunidad internacional para brindar la ayuda humanitaria, al tiempo que tienen derecho a acceder a soluciones definitivas a su situación (L. 387/97, art. 2º nums. 1º y 2º).

Por tanto, es responsabilidad del Estado colombiano formular las políticas y adoptar las medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección y consolidación y estabilización socioecómica de los desplazados internos por la violencia.

Para efectos del inciso anterior, se tendrán en cuenta los principios de subsidiaridad, complementariedad, descentralización y concurrencia en los cuales se asienta la organización del Estado colombiano (art. 3º ibídem).

Para gozar de los beneficios de la ley, quienes se encuentren en las circunstancias previstas en el artículo 1º, deberán poner en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, o de la Defensoría del Pueblo, o ante las personerías municipales o distritales, en formato único diseñado por la red de solidaridad social, con la anotación de que cualquiera de estos organismos que reciba la mencionada declaración remitirá copia de la misma, a más tardar el día hábil siguiente, a la red de solidaridad social o a la oficina que esta designe a nivel departamental, distrital o municipal, para su inscripción en el programa de beneficios (art. 32 ibídem).

2.3.2. Juicio de responsabilidad.

De acuerdo con el artículo 90 de la Carta Política, “el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Al respecto, esta corporación ha precisado que, así el ordenamiento jurídico no prevea una definición de daño antijurídico, es dable afirmar que se trata de “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”(35).

Ahora bien, en concordancia con el artículo 2º de la Constitución, las autoridades “están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y libertades”, por lo que, en criterio de la Sala, “omitir el cumplimiento de esas funciones no solo genera responsabilidad personal del funcionario sino además responsabilidad institucional, que de ser continua pone en tela de juicio su legitimación”(36).

En este marco, el Estado no solo debe respetar, sino también garantizar los derechos de las personas, lo cual implica asumir conductas no solo tendientes a evitar actos contrarios a los intereses legítimos de los asociados, sino también a impedirlos y tomar las medidas necesarias para que los derechos, creencias y libertades se garanticen, realicen y prevalezcan en todos los casos.

Postulado constitucional que se confunde con la existencia misma del Estado y de sus autoridades públicas, en los términos de los artículos 1º y 2º constitucionales, al punto que su vulneración, por acción u omisión, hace responsable a la administración por los daños causados.

Ahora, sabido es que el Estado no puede destinar protecciones individuales para cada asociado, pero sí contar con programas y acciones tendientes a un cubrimiento general, acordes con las circunstancias que aquellos afrontan, de modo que, en principio, no tendría que responder por los hechos puntuales atribuidos a terceros, pues a las autoridades no se les exigen condiciones de omnipresencia y omnisuficiencia. Distinto a aquellas situaciones en las que la vida e integridad de los asociados se encuentra en real peligro y amenaza. Para el efecto, la conocida presencia e incursión frecuente de grupos al margen de la ley, amén del señalamiento y amenaza directa, circunstancias en las que las exigencias de protección se potencializan, precisamente con el establecimiento de medidas de protección eficaces, pues, de otra manera, no se pueden entender cumplidos los mandatos constitucionales de garantía y respeto de que trata el artículo 2º de la Carta. No se entendería, por ejemplo, que, conocida una situación concreta de peligro, riesgo o amenaza, se abandone a quien la padezca a su suerte.

Vale agregar, a lo expuesto, que no solo a las autoridades les corresponde adoptar medidas generales de seguridad destinadas a la protección de la población civil, en zonas del territorio en las que el orden público se conoce gravemente perturbado; sino que habrán de diseñarse e implantarse algunas especiales, dirigidas a brindar seguridad personal, en los casos en los que se afronta riesgo o amenaza, ya fuere porque las autoridades fueron informadas, como también cuando las especiales condiciones de quien lo demanda(37).

La jurisprudencia de esta corporación ha sostenido que el Estado es responsable de reparar los daños sufridos por las víctimas de un hecho violento causado por terceros cuando: (i) el mismo es perpetrado con la intervención o complicidad de agentes del Estado(38), (ii) la persona contra quien se dirigió el ataque solicitó medidas de seguridad a las autoridades y estas no se las brindaron(39), (iii) la víctima no solicitó las medidas referidas, pero las fuerzas del orden conocían las amenazas que se cernían contra su vida(40) y (iv) en razón de las especiales circunstancias sociales y políticas del momento, lo ocurrido era previsible y, sin embargo, no se adelantaron las acciones necesarias para evitarlo(41).

Así, en estos casos, la Sala ha considerado que la responsabilidad del Estado surge por el incumplimiento del deber constitucional y legal de proteger la vida, es decir, de la omisión respecto de la conducta debida, la misma que de haberse ejecutado habría evitado el resultado(42) y la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del servicio(43).

En el presente caso, el acervo probatorio que reposa en el plenario permite establecer que el señor Quilindo Santos acudió a la Personería del municipio de Florencia para solicitar protección, al tiempo que rindió la declaración de que trata el artículo 74 del Decreto 266 de 2000(44), con miras a su inclusión y el de su grupo familiar, conformado por él y su compañera en estado de embarazo, en el programa de ayuda humanitaria a la población desplazada y, de esta forma, obtener los beneficios de que trata la Ley 387 de 1997; empero la red de solidaridad social negó su inscripción, por considerar que la información suministrada resultaba insuficiente.

Lamentablemente y sin obtener la ayuda requerida, el señor José Vicente Quilindo Santos regresó a su lugar de origen y días después fue encontrado su cuerpo sin vida.

En relación con las funciones de la Red de Solidaridad Social, el artículo 3º de la Ley 368 de 1997(45), “Por la cual se crea la Red de Solidaridad Social, el Fondo de Programas Especiales para la Paz, y el Fondo del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo —Fondo Plante—, y se dictan otras disposiciones”, dispone, entre otras, el “adelantar y coordinar programas que tengan por finalidad promover los derechos constitucionales y contribuir a la satisfacción de las necesidades de las personas y grupos vulnerables por razones tales como violencia, condiciones económicas, discapacidades físicas y mentales, o en virtud de la edad y el sexo, como la niñez, la juventud, la tercera edad, la mujer y la familia” y “coordinar con las entidades y organismos públicos nacionales responsables de la ejecución de programas de la política de inversión social focalizada, la planeación, desarrollo, ejecución, seguimiento y evaluación, garantizando su armonización con las políticas sociales que determine el Gobierno Nacional” (negrillas fuera de texto).

El Decreto 2569 de 12 de diciembre de 2000, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 387 de 1997 y se dictan otras disposiciones”, consagra las atribuciones de la Red de Solidaridad Social, como entidad coordinadora del Sistema Nacional de Información y Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia. Entre ellas se encuentra la de “e) Promover y coordinar la adopción por parte de las autoridades nacionales y locales de medidas humanitarias, de manera tal que se brinde oportunamente atención humanitaria de emergencia, protección y condiciones de estabilización y consolidación a la población desplazada” (negrillas fuera de texto).

El artículo 6º de la misma normativa prevé que la declaración de quien pretende demostrar su condición de desplazado, deberá surtirse de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 32 de la Ley 387 de 1997. Para tales efectos, en la declaración se asentarán los generales de ley y además, entre otros datos, los siguientes:

1. Hechos y circunstancias que han determinado en el declarante su condición de desplazado. 2. Lugar del cual se ha visto impelido a desplazarse. 3. Profesión u oficio. 4. Actividad económica que realizaba y bienes y recursos patrimoniales que poseía antes del desplazamiento, 5. Razones para escoger el lugar actual de asentamiento.

De la lectura de la declaración rendida por el señor José Vicente Quilindo Santos se establece, sin hesitación alguna, su condición de desplazado por la violencia, pues, bajo la gravedad del juramento, dio cuenta a la personería del municipio de Florencia que se vio obligado a movilizarse de su lugar de origen, esto es de la vereda Agua Blanca del municipio de Milán, en donde residió por más de cuatro años, por las amenazas de que era objeto por grupos armados ilegales, quienes habían intentado incorporarlo a sus filas sin lograrlo. Dio cuenta, además de, que huyó de su lugar de origen con su esposa, dejándolo todo.

Los hechos por él narrados fueron claros y exigían de parte de la autoridad que conoció de los mismos, actuar conforme los postulados constitucionales, legales y de Derecho Internacional Humanitario, para proteger su vida e integridad personal.

De conformidad con las pruebas que reposan en el plenario, la Sala considera que, si bien la acción de la subversión fue la causante del resultado dañoso, es decir de la muerte del señor José Vicente Quilindo Santos, el Estado habrá de responder en los términos del artículo 90 de la Carta, en cuanto la Red de Solidaridad Social fue informada de la situación de peligro que afrontaba el hijo y hermano de los demandantes, en razón de las amenazas que existían contra su vida, lo que, finalmente, lo obligó a regresar al lugar, sin que hubiese cesado el peligro, dado que la ayuda humanitaria no se concretó.

De modo que la omisión en que incurrió la accionada es evidente, pues estando obligaba a tomar medidas de protección, no las adoptó, sin justificación alguna, al tiempo que tampoco cumplió con su deber de poner en conocimiento de la Fuerza Pública los hechos narrados por la víctima.

Si, a juicio de la entidad, el peticionario no cumplía con los requisitos de ley, en la medida en que requería de información adicional para establecer su condición de desplazado, tenía que haber adelantado las diligencias para obtenerla y, en todo caso, entre tanto brindar el apoyo mínimo previsto, pues ninguna razón puede esgrimirse para proteger a la población desplazada.

Es de anotar que las personas desplazadas por la violencia se encuentran en un estado de indefensión que los hace merecedores de un tratamiento especial por parte del Estado. Ello significa que tienen derecho a recibir asistencia en la situación de emergencia que enfrentan.

El hecho del desplazamiento forzado comporta para ellos una ruptura violenta con su devenir existencial y la violación múltiple y continua de sus derechos. Es por eso que el Estado y la sociedad misma les deben prestar una atención especial. Por tanto, la entidad accionada estaba en el deber constitucional y legal de haber tomado las medidas que exigía la situación y, al no hacerlo comprometió su responsabilidad.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado:

(...).

Los connacionales obligados a abandonar sus hogares por medio de la violencia son en su mayor parte campesinos pobres, con un bajo nivel de instrucción escolar. Además, la mayoría de las personas desplazadas son menores de edad y mujeres. Ellos se trasladan principalmente a las ciudades, en las cuales tienen pocas posibilidades de acceder a una vivienda digna y a un trabajo estable. Frecuentemente, el resultado de la migración forzosa a la que se ven sometidos es el agravamiento de las ya de por sí precarias condiciones de vida que tenían en el campo.

(...).

No existe discusión acerca de que el desplazamiento forzado apareja una violación múltiple, masiva y continua de los derechos de las personas obligadas a migrar. Por una parte, es claro que estas personas tienen que abandonar su domicilio en razón del riesgo que observan para su vida e integridad personal, peligro que se deriva de las amenazas directas que les son formuladas o de la percepción que desarrollan por los múltiples actos de violencia que tienen lugar en sus sitios de residencia. El desplazamiento forzado comporta obviamente una vulneración del derecho de los nacionales a escoger su lugar de domicilio, al igual que de su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Asimismo, dado el ambiente intimidatorio que precede a los desplazamientos, estas personas ven conculcados sus derechos de expresión y de asociación. De igual manera, en razón de las precarias condiciones que deben afrontar las personas que son obligadas a desplazarse, se presenta un atropello de los derechos de los niños, de las mujeres cabeza de familia, de los discapacitados y de las personas de la tercera edad. Además, todas las personas forzadas a abandonar sus lugares de origen sufren un detrimento en sus ya de por sí muy afectados derechos económicos, sociales y culturales, y frecuentemente son sometidos a la dispersión de sus familias.

(...).

Es importante enfatizar que los desplazados son las principales víctimas de la violencia que flagela al país. El hecho del desplazamiento forzado comporta para ellos una ruptura violenta con su devenir existencial y la violación múltiple y continua de sus derechos. Es por eso que el Estado y la sociedad misma les deben prestar una atención especial. Cualquier acto de discriminación contra ellos constituye una vulneración flagrante del principio de igualdad, atacable ante los jueces de tutela. En principio, cualquier tipo de diferenciación no positiva que se base en la condición de desplazado debe considerarse como violatoria del derecho de igualdad(46).

(...).

El trato preferente de los desplazados ha sido reconocido en múltiples ocasiones por la jurisprudencia constitucional, al tal punto de que se ha dispuesto la prelación que tiene la asignación de recursos para atender a esta población y solucionar así la crisis social y humanitaria que representa este fenómeno(47).

Del artículo 90 constitucional se deriva la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, entendiéndose, para el efecto que “el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo”(48).

De ahí que lo que proceda sea revocar la decisión del tribunal y condenar a la Nación-Red de Solidaridad Social al pago de los perjuicios causados a los demandantes, liquidados de conformidad con las pautas que a continuación se señalan.

2.2.4. Indemnización de perjuicios.

2.2.4.1. Morales.

Establecidos como se encuentran los vínculos de consanguinidad y familiaridad entre la víctima y los demandantes, plenamente acreditados con las pruebas documentales a las que se ha hecho referencia, hacen presumir la afectación moral que la muerte del señor José Vicente Quilindo Santos les causó.

En consecuencia, la Nación-Red de Solidaridad Social pagará a favor de las personas que a continuación se relacionan, las sumas de dinero liquidadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes y no en gramos oro, como lo viene sosteniendo la corporación desde la sentencia de 6 de septiembre de 2001, proferida dentro del proceso acumulado 13.232-15646(49).

A favor de la señora Aura Lía Santos —madre de la víctima—, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, monto compensatorio que, como lo viene sosteniendo la Sección, consulta principios de equidad, dada la cercanía de los demandantes con la víctima.

Y, para David e Ismael Quilindo Santos —hermanos—, el equivalente a Cincuenta (50) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, para cada uno de ellos, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

2.2.4.2. Materiales.

En la demanda se solicitó que se condenara a la Nación-Red de Solidaridad Social a reconocer y pagar a favor de la señora Aura Lía Santos, en su condición de madre de José Vicente Quilindo Santos, los perjuicios materiales, en las modalidades de daño emergente y lucro cesante.

En relación con el daño emergente, la Sala no lo encuentra acreditado, razón por la cual negará su reconocimiento.

En lo atinente al lucro cesante, la indemnización resulta procedente, comoquiera que, si bien está demostrado que para el día en que ocurrieron los hechos, sus hermanos David e Ismael Quilindo Santo eran mayores de edad, pues tenían 23 y 18 años, respectivamente (fls. 6 y 7, cdno. 1) —de lo que se infiere que la señora Aura Lía Santos “tenía varios hijos que debían atender igualmente la obligación”(50) de garantizar su sostenimiento—, también existe prueba, según el interrogatorio de parte por ella rendido, de que la víctima contribuía a los gastos económicos de su progenitora.

De este modo, la precitada pretensión será acogida así(51):

En razón de que no se tienen elementos de juicio que acrediten con certeza los ingresos que devengaba la víctima para el momento de los hechos, habrá de tomarse como base de liquidación el salario mínimo legal mensual vigente para esta sentencia, en razón de que al actualizarse el salario vigente para la época de los hechos(52), arroja un resultado menor al salario actual(53).

Para el cálculo de la indemnización se tendrá en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente para la fecha, esto es la suma de $589.500, a la que se adicionará un 25% por concepto de prestaciones sociales y, surtido dicho cálculo, se descontará el 50%, porcentaje que, se infiere, la víctima destinaba a sus gastos propios; el otro 50% se dividirá en tres partes, en tanto, como se dijo, la señora Aura Lía Santos tenía dos hijos más que también contribuían a su sostenimiento, comoquiera que “se presume, con base en el principio de equidad, que cada uno debe aportar en la medida de su solvencia económica”(54). Realizada la operación el resultado constituirá la base de liquidación a favor de la madre de la víctima, teniendo en cuenta, además su edad de vida probable. De lo que se sigue:

Salario base de liquidación:

 

$589.500 + 25% = $736.875 – 50% = $368.437 / 3 (proporción que le correspondería en presencia de dos hermanos) = $122.812

 

Indemnización debida:

La liquidación se hará conforme a la siguiente fórmula:

 

FORMULA GRAL.jpg
 

 

Para aplicar se tiene:

S = Suma a obtener.

Ra = Renta actualizada, es decir, $122 812

I = Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.

N = Número de meses transcurridos desde el momento en que ocurrieron los hechos —diciembre de 2000— hasta la fecha de aprobación de la presente sentencia —junio de 2013—, es decir, 150,36 meses

1 = Es una constante.

 

FORMULA AQX.png
 

 

Indemnización futura:

Está probado que, al momento de la muerte del señor José Vicente Quilindo Santos, la señora Aura Lía Santos contaba con 62 años (fl. 4, cdno. 1), de manera que tenía un período de vida probable o esperanza de vida igual a 19,20 años, equivalentes a 230,4 meses(55).

Para efectos de la liquidación, se descontará el número de meses que fueron liquidados en el período consolidado (150,36), para un total de meses a indemnizar de 80,04.

 

FORMULA GRAL A.jpg
 

 

Para aplicar se tiene:

S = Suma a obtener.

Ra = Renta actualizada, es decir $122.812.

I = Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.

N = Número de meses de vida probable de la señora Aura Lía Santos, menos el tiempo consolidado, es decir, 80,04 meses.

1 = Es una constante.

 

28192 A.jpg
 

 

Total: Indemnización debida + indemnización futura = $35.344.155

 

En consecuencia, la Nación-Red de Solidaridad Social deberá reconocer y pagar a favor de la señora Aura Lía Santos —madre de la víctima—, la suma de treinta y cinco millones trescientos cuarenta y cuatro mil ciento cincuenta y cinco pesos m/cte. ($35.344.155), por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

Sin condena en costas por no aparecer causadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B

RESUELVE:

REVOCAR la sentencia de 25 de marzo de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, para, en su lugar, disponer:

1. DECLARAR administrativamente responsable a la Nación-Red de Solidaridad Social, por no haber tomado las medidas necesarias que requería la situación que afrontaba el señor José Vicente Quilindo Santos, en su condición de desplazado por la violencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este fallo.

2. Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la Nación-Red de Solidaridad Social a pagar las siguientes cantidades de dinero por concepto de perjuicios morales:

A favor de la señora Aura Lía Santos —madre de la víctima—, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

Y, para David e Ismael Quilindo Santos —hermanos—, el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

3. CONDENAR a la Nación-Red de Solidaridad Social a pagar a favor de la señora Aura Lía Santos, la suma de treinta y cinco millones trescientos cuarenta y cuatro mil ciento cincuenta y cinco pesos m/cte. ($35 344 155), por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

4. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo y 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, EXPÍDANSE copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(3) El 7 de septiembre de 2001, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $26.390.000 —artículos 129 y 132 del Código Contencioso A. subrogados por el Decreto 597/88— y la mayor de las pretensiones de la demanda fue estimada por el actor en el equivalente a 2 500 gramos oro para cada uno de los demandantes, por concepto de perjuicios morales, esto es la suma de $49.598.275.

(4) El artículo 74 del Decreto 266 de 2000, “Por el cual se dictan normas para suprimir y reformar las regulaciones, trámites y procedimientos”, prevé: “Simplificación del trámite para obtener los beneficios contenidos en la Ley 387 de 1997. Modifícanse los numerales 1 y 2 del artículo 32 de la Ley 387 de 1997, los cuales quedarán así:

“1. Que hayan declarado esos hechos ante la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales o distritales, en formato único diseñado por la Red de Solidaridad Social.

2. Que además remitan para su inscripción a la Red de Solidaridad Social o a la oficina que esta designe a nivel departamental, distrital o municipal copia de la declaración de los hechos de que trata el numeral anterior”.

(5) El señor Ismael Quilindo Bambague no demandó ni otorgó poder alguno.

(6) Corte Constitucional, sentencia de 22 de enero de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(7) Corte Constitucional, Sentencia T-227 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero, donde la Corte tuteló los derechos de un grupo de desplazados de la Hacienda Bellacruz que luego de invadir las instalaciones del Incora firman un acuerdo con el gobierno para ser reubicados en un predio. Mientras se lograba la ejecución del acuerdo, se propone el alojamiento temporal de los campesinos en un hotel del municipio de la Mesa, pero a raíz de las declaraciones de la gobernadora de Cundinamarca en donde acusaba a los desplazados de estar vinculados a la guerrilla, de generar problemas de orden público, y de ordenar a los alcaldes del departamento tomar medidas para evitar problemas de orden público, incluida la limitación a la circulación de los campesinos desplazados, se frustra el proceso de reubicación de los campesinos de Bellacruz.

(8) Las tres expresiones fueron usadas en la Sentencia SU-1150 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(9) Las tres expresiones fueron usadas en la Sentencia T-215 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(10) Corte Constitucional, Sentencia SU-1150 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esta tutela se acumulan tres demandas. La primera corresponde a un grupo de desplazados por la violencia estaba compuesto por 26 familias que habían ocupado un predio de alto riesgo de propiedad de Corvide y que iban a ser desalojados por las autoridades municipales de Medellín, sin que se les hubiera ofrecido atención humanitaria y sin que existiera un plan de atención a la población desplazada. El segundo grupo estaba compuesto por una familia de desplazados que solicitaba ayuda a las autoridades de Cali para tener acceso a los beneficios de vivienda que se otorgaban a personas ubicadas en zonas de alto riesgo, pero a quienes se les niega dicho auxilio con el argumento de que no estaba diseñado para atender población desplazada que sólo podían recibir ayuda de carácter temporal. El tercer grupo, también unifamiliar, interpuso la acción de tutela contra la red de solidaridad, pues a pesar de haber firmado un acuerdo de reubicación voluntaria y haberse trasladado al municipio de Guayabal, la red no había cumplido con la ayuda acordada para adelantar proyectos productivos y para obtener una solución de vivienda definitiva. La ayuda pactada para el proyecto productivo fue finalmente entregada al actor por orden del juez de tutela, pero la ayuda para vivienda no se le dio porque estaba sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos.

(11) Sentencia T-215 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(12) Por ejemplo en la Sentencia SU-1150 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes, precitada, donde la Corte dijo: “Cuando mujeres, niños y ancianos se ven precisados a dejar sus hogares y recorrer grandes distancias desafiando toda clase de peligros, viendo sufrir y aún morir a sus compañeros, como les ha ocurrido a los colonos de la hacienda Bellacruz, la explicable huida no es un problema de orden público propiciado por quienes desean seguir viviendo sino un problema de humanidad que debe ser afrontado solidariamente por todas las personas, principiando, como es lógico, por los funcionarios del Estado. No puede una autoridad local calificar a los desplazados como agentes perturbadores por el solo hecho de tratar de salvar la vida.” Ver también, las sentencias T-1635 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. A raíz de la falta de atención de sus solicitudes, los desplazados, especialmente los menores de edad se encontraban en deficiente estado nutricional, presentaban afecciones tanto físicas como síquicas y las condiciones de salubridad de dicho lugar eran muy precarias; además su educación se había visto afectada. A pesar de haber sido atendidos en diferentes centros hospitalarios, no había sido posible que se les suministraran las drogas recetadas ni que se les prestara la atención de salud que requerían. Tampoco habían logrado cupos en las escuelas distritales, ni se les había dado una solución definitiva sobre su reubicación o sobre proyectos que generaran condiciones de sostenibilidad económica y social. Adicionalmente, solicitaron un lugar temporal para su reubicación en condiciones de dignidad; T-327 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra donde la Corte resuelve la situación de una persona desplazada por paramilitares en el departamento del Chocó, quien se encontraba inscrita en el registro de desplazados que llevaba el personero municipal de Condoto, pero a quien se le niega tres veces su inscripción en el Sistema único de registro de Población desplazada, por no aportar pruebas de su condición y, por ende, el acceso a toda la ayuda que requerían el desplazado y su familia; T-1346 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil, en donde la Corte ampara los derechos de una mujer cabeza de familia y de sus hijos, quienes hacían parte del grupo de personas desplazadas que ocupaban un predio de propiedad del municipio de Villavicencio e iban a ser desalojados del mismo, sin ofrecerles una reubicación alternativa en el corto plazo; y T-268 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, donde la Corte protegió los derechos de un grupo de 65 núcleos familiares que había huido de sus viviendas en la Comuna 13 de Medellín, a raíz de los enfrentamientos entre distintos grupos armados que operaban en dicha zona. La Red de Solidaridad les había negado la inscripción en el Sistema único de registro de Población Desplazada y el consiguiente otorgamiento de ayudas por tres razones: 1. por considerar que “no se concibe el desplazamiento forzado cuando la víctima no ha abandonado su localidad”, asimilando el término localidad al de municipalidad; 2. porque varios de los núcleos familiares desplazados ya habían recibido ayuda cuando se desplazaron por primera vez; y 3. por no haberse remitido al Ministerio del Interior copia de las declaraciones obtenidas a raíz de los hechos violentos ocurridos en la Comuna 13, para que éste decidiera si el hecho constituía desplazamiento.

(13) Ver, por ejemplo, las sentencias T-227 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero, donde la Corte adoptó medidas para proteger a la población desplazada contra actos discriminatorios y de intolerancia cometidos por las autoridades de Cundinamarca, quienes alegando que se generaba una alteración grave del orden público, intentaban impedir la reubicación de éstas personas en el territorio de ese departamento.

(14) Sentencia SU-1150 de 2000, precitada.

(15) Ver por ejemplo, la Sentencia T-098 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, en donde la Corte protege los derechos de 128 núcleos familiares, compuestos principalmente por mujeres cabeza de familia, menores, ancianos y algunos indígenas, cuyas solicitudes de atención en salud, estabilización económica y reubicación, no habían sido atendidas por la Red de Solidaridad, por falta de recursos suficientes.

(16) Sentencia SU-1150 de 2000, precitada y Sentencia T-1635 de 2000, precitada.

(17) Sentencias T-1635 de 2000, T-327 de 2001 y T-1346 de 2001.

(18) Ver, por ejemplo, la Sentencia T-327 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, donde la Corte resuelve la situación de una persona desplazada por paramilitares en el departamento del Chocó, quien se encontraba inscrita en el registro de desplazados que llevaba el personero municipal de Condoto, pero a quien se le niega tres veces su inscripción en el Sistema único de registro de Población desplazada, por no aportar pruebas de su condición y, por ende, el acceso a toda la ayuda que requerían el desplazado y su familia.

(19) Ver por ejemplo, las sentencias T-258 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, donde la Corte protege el derecho a la vida de un docente amenazado por las FARC, que es obligado a desplazarse a Manizales junto con su familia y a solicitar su traslado como docente a otro municipio dentro del mismo departamento. La única oferta que había recibido fue para reubicarse en un lugar donde operaba el mismo frente que le había amenazado inicialmente; T-795 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Dado que el servicio de educación está descentralizado, la Corte deniega la tutela para ordenar el traslado de los docentes, debido a la falta de desarrollo de la Ley 715 de 2001 en lo concerniente al traslado y reubicación de docentes amenazados, pertenecientes a distintas secretarías de educación departamentales.

(20) Sentencias T-1635 de 2000, T-327 de 2001, T-1346 de 2001 y T-268 de 2003, precitadas.

(21) Sobre el derecho de permanencia en la Sentencia T-227 de 1997, precitada, dijo la Corte lo siguiente: “Los campesinos tienen derecho a su permanencia en la parcela que poseían, por eso el Incora inició el proceso de adjudicación de tierras, por ello su primer lugar de refugio fue la casa campesina en el municipio. (...). Era un derecho de esas personas a permanecer en paz en su propio hogar, en su propia tierra, algo que ha sido reconocido por las Naciones Unidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (...). Solo el legislador puede restringir ese derecho de las personas a permanecer o a circular y la restricción sólo puede tener los objetivos allí señalados, es decir, que la ley restrictiva no puede alejarse de los parámetros fijados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. (...). Esta doble faz, permanecer y circular, y la única posibilidad restrictiva: Limitación establecida por la Ley, está también recogida en nuestra Constitución Política. (...). Es finalidad del Estado garantizar la efectividad de esos derechos, luego, tratándose de desplazados, a quienes se les afecta su derecho primario a residir en el lugar que deseen dentro de la República, es inhumano a todas luces afectarles también la posibilidad de circular para salvar sus vidas propias y las de sus familiares”.

(22) Sentencia T-268 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(23) Corte Constitucional, Sentencia T-025 de 2004.

(24) Sentencia T-098 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(25) Sentencia T-268 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(26) Sentencia T-669 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(27) Sentencia SU-1150 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(28) Sentencia T-721 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(29) Sentencia T-602 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería.

(30) Los boletines de Codhes que fueron publicados entre agosto de 1996 y febrero de 1999 se encuentran compilados en el libro “Un país que huye. Desplazamiento y violencia en una nación fragmentada”, editado en 1999, por Äcodhes y Unicef. Cita en Sentencia SU-1150 de 2000 de 30 de agosto de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(31) Rojas, Jorge Romero, Marco (2000): Conflicto armado y desplazamiento forzado interno en Colombia, en: Codhes/Unicef (ed.) 2000: Esta guerra no es nuestra... Y la estamos perdiendo. Bogotá, pág. 14. Cita en Sentencia SU-1150 de 2000 de 30 de agosto de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(32) Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Comisión de Derechos Humanos: “Intensificación de la promoción y el fomento de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular la cuestión del programa y los métodos de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos, Éxodos en Masa y Personas Desplazadas. Informe del Representante del Secretario general, Sr. Francis M. Deng, presentado con arreglo a la resolución 1997/39 de la Comisión de Derechos Humanos. Adición. Principios rectores de los desplazamientos internos”. E/CN.4/1998/53/Add.2

(33) Corte Constitucional, Sentencia SU-1150 de 2000 de 30 de agosto de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(34) Diario Oficial 43.091 de 24 de julio de 1997.

(35) Sentencia de 2 de marzo de 2000, expediente 11945, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(36) Sentencia de 20 de noviembre de 2008, expediente 20511, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(37) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de agosto de 2012, exp. 24336, con ponencia de quien proyecta el presente fallo.

(38) Sentencia de 4 de septiembre de 1997, expediente 10140, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.

(39) Supra 6. “en consecuencia, considera la Sala que conforme a las pruebas que obran en el expediente y a la jurisprudencia adoptada por la Sala, la muerte del Senador Manuel Cepeda Vargas es imputable al Estado, a título de falla del servicio por omisión, porque éste requirió en forma pública, en reuniones con funcionarios del Estado y a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, protección para su vida y la de los demás miembros del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, por el grave riesgo que corrían, hecho que, además, era públicamente notorio, porque muchos de los miembros de esas agrupaciones de izquierda habían sido asesinadas por razón de su militancia política”.

(40) Sentencia de 19 de junio de 1997, expediente 11875, C.P. Daniel Suárez Hernández: “...los organismos encargados de prestar el servicio de seguridad a cargo del estado, incurrieron en omisión en el cumplimiento de sus funciones, por no haber tomado las medidas necesarias de protección del Dr. Low, a su regreso al país. No es necesario para que en este caso se estructure la falla en el servicio por omisión, que hubiera mediado una petición especial de protección, dado que esos mismos organismos fueron los que encontraron, estudiaron y analizaron las pruebas que contenían las amenazas; se refiere la Sala a los cassettes encontrados en Medellín donde había una conversación entre el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria y su abogado Guido Parra, en relación con la orden de dar muerte al Dr. Low. || Para el cabal cumplimiento de sus funciones a los organismos de seguridad les correspondía realizar una labor de inteligencia con miras a determinar la protección que ameritaba el Dr. Low, dado que conocían a ciencia cierta que era objeto de serias amenazas”.

(41) Sentencia de 30 de octubre de 1997, expediente 10958, C.P. Ricardo Hoyos Duque: “el carácter de líder de la oposición, presidente de un partido político perseguido y diezmado violentamente, debería por esa sola circunstancia, ser suficiente para que el doctor Pardo Leal recibiera del Estado a través de la Policía Nacional y demás organismos de seguridad, sin necesidad de requerimiento previo, la protección adecuada para garantizarle la vida, sino de manera absoluta, al menos en el mayor grado posible”.

(42) Sentencia de 28 de abril de 2010, expediente 18072, C.P. Myriam Guerrero de Escobar: “por consiguiente, si bien la imputación fáctica tiene un sustrato material o causal, lo cierto es que no se agota allí, ya que dada su vinculación con ingredientes normativos es posible que en sede de su configuración se establezca que un daño en el plano material sea producto de una acción u omisión de un tercero, pero resulte imputable al demandado siempre que se constate la ocurrencia de cualquiera de los siguientes aspectos: i) con fundamento en el ordenamiento jurídico se tenía el deber de impedir la materialización del daño (posición de garante); ii) con su actividad se incrementó el riesgo permitido (creación de un riesgo jurídicamente desaprobado); o iii) se estaba dentro del ámbito de protección de una norma de cuidado (C.E., Sección Tercera, sent. oct. 4/2007, exp. 15567, M.P. Enrique Gil Botero)”.

(43) Sentencia de 21 de abril de 1994, expediente 8725, C.P. Daniel Suárez Hernández: “para la Sala no resulta suficiente la explicación que ofrece la Policía Nacional de que no se le podía brindar protección hasta el lugar de trabajo por cuanto los agentes no podían salir de la jurisdicción municipal. Aceptarla implicaría desconocer que dicha institución tiene carácter nacional y no está legalmente limitada para ejercer sus funciones en todo el territorio nacional. El obstáculo que podría ser administrativo, era superable por virtud de las especiales circunstancias que rodeaban el caso, mediante una orden del Comando de la Policía Nacional en Antioquia. || Ahora bien, como lo afirma en su alegato de conclusión la apoderada de la Policía Nacional, la función protectora que brinda esta entidad, antes que de resultado es de medio, y, precisamente observa la Sala, que la administración falló en ese punto al no brindarle a la víctima los medios suficientes, adecuados y oportunos para prevenir y evitar en lo posible los resultados trágicos inherentes a un atentado. Fue, pues, insuficiente y deficiente la prestación del servicio de vigilancia para el sindicalista Martínez Moreno, de donde se concluye que en el caso examinado se configuró una falla en el servicio de vigilancia a cargo de la Policía Nacional”.

(44) El artículo 74 del Decreto 266 de 2000, “Por el cual se dictan normas para suprimir y reformar las regulaciones, trámites y procedimientos”, prevé: “Simplificación del trámite para obtener los beneficios contenidos en la Ley 387 de 1997. Modifícanse los numerales 1 y 2 del artículo 32 de la Ley 387 de 1997, los cuales quedarán así:

“1. Que hayan declarado esos hechos ante la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales o distritales, en formato único diseñado por la Red de Solidaridad Social.

2. Que además remitan para su inscripción a la Red de Solidaridad Social o a la oficina que esta designe a nivel departamental, distrital o municipal copia de la declaración de los hechos de que trata el numeral anterior”.

(45) Diario Oficial 43.037 de 8 de mayo de 1997.

(46) Corte Constitucional, Sentencia SU-1150 de 2000.

(47) “El que las leyes anuales del presupuesto limiten la asignación de recursos dirigidos a la ayuda de la población desplazada, es un indicativo de la realidad fiscal y macroeconómica en la que se encuentra el país. Sin embargo, ello no significa que las leyes de presupuesto constituyan una modificación de los alcances de la Ley 387 de 1997. Desde el punto de vista constitucional, es imperioso destinar el presupuesto necesario para que los derechos fundamentales de los desplazados tengan plena realización. La obligación constitucional del Estado de garantizar una protección adecuada a quienes por razón del desplazamiento forzado interno se encuentran en condiciones indignas de vida no puede ser aplazada indefinidamente. La Ley 387 de 1997 reconoció que la atención de la población desplazada es urgente y prioritaria. La jurisprudencia de esta corporación ha reiterado la prelación que tiene la asignación de recursos para atender a esta población y solucionar así la crisis social y humanitaria que representa este fenómeno. No obstante, ello no ha sucedido y de esta forma se ha desconocido la Carta Política, lo ordenado por el Congreso de la República y lo dispuesto en las políticas de desarrollo adoptadas por el propio ejecutivo” (C. Const., Sent. T-025/2004).

(48) Sentencias de 8 de mayo de 1995, expediente 8118 y 8163 de 13 de julio de 1993, C.P. Juan de Dios Montes Hernández.

(49) M.P. Alier E. Hernández Enríquez.

(50) Sentencia de 15 de agosto de 2002, expediente 14357, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(51) Se reitera la sentencia aprobada por la Subsección B el 29 de agosto de 2012, expediente 24453, C.P. Danilo Rojas Betancourth, en la cual se indicó: “[e]n cuanto al lucro cesante consolidado, se hará la liquidación correspondiente de la siguiente forma: (i) se toma como base el salario devengado por la persona en su valor actual, es decir, $909 090,52; (ii) se adiciona el 25%, que equivale a las prestaciones sociales; (iii) se resta el 50% (sent. jul. 28/2011, rad. 19490, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo), que corresponde a la destinación para gastos personales, dado que era soltero); y (iv) se obtiene, en consecuencia, un valor final de $568.181,57. || La contribución económica de Patricio Rentería hacia sus padres está limitada en función del aporte proporcional que les corresponde a los demás hermanos, equivalente a una décima parte de sus ingresos, por tratarse de diez hermanos en edades productivas. || De la operación anterior se deduce que la ayuda prestada por el señor Patricio Rentería a sus padres, en valor actualizado, ascendía a $56.818,15. Este valor se dividirá en partes iguales entre los padres, lo que da como resultado que éstos sufrieron, cada uno, la pérdida de un lucro cesante mensual de $28.409,07”.

(52) El smmlv para el año de 2000 era $260.100 que actualizado arroja un total de $476.144.

(53) El smmlv para el 2013 es $589.500.

(54) Ibídem.

(55) Cfr. Resolución 497 de 1997, proferida el 20 de mayo de 1997 por la Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera.