Sentencia 2001-00261 de mayo 27 de 2008

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA ESPECIAL TRANSITORIA DE DECISIÓN 2B

Ref.: Expediente S-0261

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Recurso extraordinario de súplica contra la sentencia de 3 de mayo de 2001, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado

Actor: José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento

Bogotá, D.C., veintisiete de mayo de dos mil ocho.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 954 de 2005, y en el Acuerdo 36 de 2005, de la Sala Plena del Consejo de Estado, se decide el recurso extraordinario de súplica interpuesto oportunamente, mediante apoderado, por José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento, contra la sentencia de 3 de mayo de 2001 proferida por la Sección Segunda de esta corporación, por medio de la cual confirmó la sentencia de 29 de marzo de 2000 —Sala de Decisión 4— del Tribunal Administrativo de Boyacá, que declaró probada la excepción de “cobro de lo no debido” y denegó las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

I.1. José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento, mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, tendiente a que, mediante sentencia, se hicieran las siguientes declaraciones:

1. Es nulo el acto ficto o presunto contentivo del silencio administrativo negativo de la Caja de Previsión Social de Boyacá respecto de la petición que formuló el 6 de noviembre de 1997, referente al reconocimiento y pago de las siguientes acreencias prestacionales: indexación de la cesantía definitiva; intereses moratorios; e indemnización moratoria por su pago inoportuno.

2. Es nulo el acto ficto o presunto contentivo del silencio administrativo negativo respecto de los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la decisión identificada en el numeral 1º.

3. Se declare que tiene derecho a que la Caja de Previsión Social de Boyacá le reconozca y pague lo adeudado por los siguientes conceptos: actualización del capital o del valor adeudado por cesantía definitiva, desde la fecha de su retiro como funcionario del departamento; intereses moratorios sobre el valor indexado de la cesantía definitiva; indemnización moratoria prevista en el artículo 4º de la Ordenanza 2 de 24 de mayo de 1946, en concordancia con el artículo 2º de la Ley 244 de 1995, hasta la fecha del pago total de las obligaciones prestacionales, teniendo en cuenta para el efecto el salario devengado al momento de su retiro del cargo de asesor del gobernador del departamento.

4. Se ordene descontar del monto adeudado la suma de $ 1.316.932.87, que le fue entregada el 25 de abril de 1996, y la cual no cubre la obligación a él adeudada por los conceptos antes relacionados.

En apoyo de sus pretensiones adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación:

Los actos acusados violaron el Preámbulo y los artículos 2º 13, 25, 29, 53 y 58 de la Constitución Política, 1º, 9º, 13, 21 y 130 del Código Sustantivo del Trabajo; y 4º de la Ordenanza 2 de 1946, en concordancia con el 2º de la Ley 244 de 1995, por cuanto de conformidad con ellos el Estado debe asegurar a los habitantes el derecho al trabajo, que abarca tanto un salario y una jornada laboral justos, como las prestaciones sociales correspondientes, derecho que le fue negado con desconocimiento del derecho a la igualdad, pues en otros casos a los respectivos solicitantes les ha sido reconocido lo que a él le fue negado mediante los actos acusados.

Agrega que a los exfuncionarios públicos no se les puede exigir que acepten el pago de sus cesantías en la forma, tiempo y cuantía que le plazca a la administración, pues con ello se violan los principios mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, el debido proceso, aplicable a toda clase de actuación judicial y administrativa, y la propiedad privada y los demás derechos adquiridos conforme a las leyes.

Señala que no pretende que se le apliquen las normas del Código Sustantivo del Trabajo, sino que mediante una integración e interpretación analógica de estas con las normas que regulan su relación laboral se concluya que la demandada violó sus derechos al desconocerle las garantías mínimas que como trabajador le pertenecen.

Finalmente, solicita que se tenga en cuenta que la Corte Constitucional en sentencias T-418 de 1996 y T-273 de 30 de mayo de 1997 se pronunció respecto del derecho de los trabajadores al pago oportuno de sus salarios y prestaciones sociales, sin discriminación alguna, y a la obligación de pagar intereses moratorios y de indexar las sumas insolutas.

II. Fundamentos de la sentencia recurrida

Para confirmar la decisión del a quo y, en consecuencia, denegar las pretensiones de la demanda, la Sección Segunda-Subsección A de esta corporación, consideró, en síntesis, lo siguiente:

Que el demandante pretende obtener de esta jurisdicción el reconocimiento y pago de la suma de dinero correspondiente a la indexación e intereses sobre la cesantía definitiva que le fue pagada por la Caja de Previsión Social de Boyacá, en cumplimiento del mandamiento de pago proferido por el Juzgado Laboral del Circuito de Tunja.

Señala que la cesantía definitiva, tratándose de los empleados públicos, es la prestación social que se reconoce y paga cuando se rompe el vínculo entre el Estado y el funcionario, es decir, cuando este se retira del servicio, y que el auxilio de cesantía de los empleados del orden territorial, calidad que ostentaba el actor, tiene el siguiente marco normativo:

a) El artículo 17 de la Ley 6ª de 1945, que estableció el auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo por cada año de servicios.

b) El artículo 1º de la Ley 65 de 1946, que dispuso que los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del poder público, tendrán derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado continua o discontinuamente, del 1º de enero de 1942 en adelante, cualquiera sea la causa del retiro.

c) El artículo 6º del Decreto 1160 de 1947, según el cual el auxilio de cesantía a que tengan derecho los asalariados nacionales, departamentales, intendenciales, municipales y particulares se liquidará tomando como base el último salario o jornal devengado, a menos que el sueldo o jornal haya tenido modificaciones en los tres (3) últimos meses, en cuyo caso la liquidación se hará por el promedio de lo devengado en los últimos doce meses o en todo el tiempo de servicio, si este fuere menor a doce (12) meses.

d) El artículo 1º del Decreto 1582 de 1998, que estableció que el régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y que el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5º y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.

e) El artículo 99 de la Ley 50 de 1990, que preceptúa que el 31 de diciembre de cada año se hará liquidación definitiva de cesantía por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo; que el empleador pagará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente; que el valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente a nombre del trabajador en la cuenta individual del fondo de cesantía que él mismo elija, y que por el incumplimiento de dicho plazo el empleador pagará un día de salario por cada día de retardo; que si al término de la relación laboral existen saldos de cesantías a favor del trabajador que no hayan sido entregados al fondo, el empleador se los pagará directamente con los intereses legales respectivos; y que todo trabajador podrá trasladar su saldo de un fondo de cesantía a otro de la misma naturaleza, de conformidad con el procedimiento que el gobierno fije para el efecto.

f) El artículo 2º de la Ley 244 de 1995, “por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones”, que dispone que a partir de la fecha en la cual quede en firme el acto administrativo que ordene la liquidación de las cesantías definitivas del servidor público la entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de 45 días hábiles para pagar esta prestación.

g) El parágrafo del artículo 2º de la Ley 244 de 1995, según el cual en caso de mora en el pago de las cesantías la entidad obligada reconocerá y pagará con sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo su pago, para lo cual solo bastará acreditar el no pago dentro del término previsto en este artículo; y que la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.

h) El parágrafo transitorio del artículo 3º de la Ley 244 de 1995, que fijó en un año, contado a partir de su vigencia, el término para que las entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal o distrital se pusieran al día en el pago de las cesantías definitivas atrasadas, término durante el cual no se les aplicaría la sanción prevista en el parágrafo del artículo 2º de la misma ley.

El ad quem pone de presente que mediante Sentencia C-448 de 1996, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del parágrafo transitorio del artículo 3º de la Ley 244 de 1995, y trascribe algunas de las consideraciones que para el efecto tuvo en cuenta dicha corporación.

Señala que de conformidad con el artículo 1º de la Ley 244 de 1995, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de cesantías definitivas la respectiva entidad está obligada a expedir la correspondiente resolución, y que de acuerdo con lo previsto en el artículo 2º de la misma ley tiene un plazo máximo de 45 días a partir de la fecha en que quede en firme el acto administrativo para pagar la prestación, sin perjuicio del plazo señalado para los supuestos contemplados en el parágrafo transitorio del artículo 3º, ibídem.

Después de efectuado el anterior recuento normativo, la Sección Segunda del Consejo de Estado se remite al auto de 12 de febrero de 1996, proferido por el Juez Laboral del Circuito de Tunja, mediante el cual libró mandamiento de pago, en contra de la Caja de Previsión Social de Boyacá y a favor del actor, por la suma de $ 1.316.932.87, por concepto de cesantía definitiva, y negó expresamente el reconocimiento de los intereses moratorios sobre dicha suma y el de las pretensiones quinta y sexta sobre indemnización e indexación.

Menciona el ad quem que en sede gubernativa el actor solicitó a la demandada el reconocimiento y pago de la actualización del capital correspondiente a su cesantía desde la fecha de su desvinculación como funcionario del departamento, así como el de los intereses moratorios y de la indemnización moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, y que comoquiera que dicha petición no fue expresamente respondida, contra el acto ficto o presunto derivado del silencio administrativo negativo de la administración interpuso los recursos de reposición y apelación, los cuales no fueron desatados por la entidad demandada.

Sostiene que como en el expediente se encuentra demostrado que el actor prestó sus servicios en la Secretaría de Gobierno de Boyacá durante un año y 10 meses; que se retiró el 4 de enero de 1995; y que sus cesantías fueron pagadas el 25 de abril de 1996, es decir, dentro del período de gracia establecido en el parágrafo transitorio del artículo 3º de la Ley 244 del 29 de diciembre de 1995, aquel no tiene derecho al pago de la sanción y de los demás emolumentos que reclama como consecuencia de la mora, como se desprende de la reseña normativa efectuada y del estudio que de dicho parágrafo transitorio hizo la Corte Constitucional.

Concluye que la entidad demandada obró conforme a derecho al negar el pago pretendido y que, por tanto, se debe mantener la legalidad de los actos acusados y confirmar la sentencia del a quo.

III. Fundamentos del recurso

José Guillermo Tadeo Roa cita como violados, por falta de aplicación, el Preámbulo de la Constitución Política, al igual que sus artículos 13 y 230; 8º de la Ley 153 de 1887; 1626 y 1653 del Código Civil; y 4º de la Ordenanza 2 de 28 de mayo de 1946, de la Asamblea Departamental de Boyacá.

Señala que las normas anteriormente citadas fueron violadas por falta de aplicación, ya que la sentencia suplicada olvidó que el Estado social de derecho regulado en la Constitución Política de 1991, que debe interpretarse a la luz de los principios, fines y valores de su Preámbulo, gira alrededor de la vigencia y mantenimiento de un orden justo, correspondiéndole a las autoridades la función de alcanzarlo y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado.

Después de transcribir apartes de una sentencia del Consejo de Estado anota que no entiende cómo, tratándose de una situación idéntica —reclamaciones de carácter laboral—, en aquella se concluyó que las sumas deben ser indexadas para alcanzar los postulados constitucionales y, en este caso, se consideró lo contrario.

Estima que el hecho de que en uno y otro caso se trate de situaciones laborales impone que las razones tenidas en cuenta para ordenar la indexación de la pensión de jubilación en la sentencia traída a colación sean tenidas en cuenta para indexarle a él su cesantía definitiva, cuyo poder real de compra también se vio depreciado por el fenómeno inflacionario, y agrega que tanto derecho tiene el trabajador pasivo para que su mesada le sea indexada, como el extrabajador para que su cesantía definitiva lo sea igualmente, pues ello es justo, equitativo y significa igualdad.

Sostiene que los mismos argumentos expuestos en la sentencia tantas veces citada demuestran la falta de aplicación del Preámbulo y del artículo 13 de la Carta Política, en cuanto a acreencias de la misma clase, esto es, laborales, se les dio diferente tratamiento sin existir justificación alguna, pues se indexaron unas y otras no; y del artículo 230, ibídem, en cuanto no se tuvo en cuenta el principio de “equidad” que justificaba la indexación de la cesantía y que justificó la de la pensión en el asunto ya mencionado.

Agrega que el artículo 8º de la Ley 153 de 1887 fue violado, por falta de aplicación, en cuanto preceptúa que “Cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes y, en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales del derecho”, pues pese a que es principio general del derecho que no se puede patrocinar el enriquecimiento sin causa, la sentencia suplicada permitió que la demandada pagará las cesantías al actor con dinero devaluado y en forma incompleta, con lo cual aquella se enriqueció sin causa y este se empobreció injustamente.

Pone de presente que la sentencia dejó de aplicar el artículo 8º de la Ley 153 de 1887 al no acoger la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho, es decir, que se inaplicaron los precedentes jurisprudenciales que en materia constitucional, civil, laboral y contencioso administrativa existen sobre el tema de la indexación de las obligaciones, según los cuales tanto la administración como los jueces de la República, aún de oficio, las deben actualizar en procura del mantenimiento del orden justo al que aspira la Carta Política.

Considera que el artículo 4º de la Ordenanza 2 de 28 de mayo de 1946 de la Asamblea Departamental de Boyacá también fue violado, por falta de aplicación, precepto que, a su juicio, conserva su vigencia y obliga a la entidad territorial a reconocer al empleado el equivalente al último sueldo devengado hasta el día en que efectivamente se le pague el auxilio de cesantía, sin que pueda entenderse que la Ley 244 de 1995 lo derogó, ya que con fundamento en el principio de que las cosas en derecho se deshacen como se hacen se concluye que la única que le puede quitar toda fuerza ejecutoria es la entidad que la expidió, esto es, la asamblea departamental, y no cualquiera otra, así sea del orden nacional, como lo es el Congreso de la República.

Se pregunta acerca de ¿qué pasa con las resoluciones de cesantías definitivas ejecutoriadas durante el año de gracia de que trata el parágrafo transitorio del artículo 3º de la Ley 244 de 1995?, y él mismo se responde que es obvio que la sanción de un día de salario por día de retardo no se aplica en ese caso; continúa preguntándose si los extrabajadores tienen la obligación de soportar durante ese año la pérdida del poder adquisitivo de sus cesantías?, y afirma que la respuesta es, también obvia: que no, pues una cosa es que no se aplique la sanción prevista y otra que al trabajador se le prive del derecho a recibir el pago íntegro de su cesantía definitiva, que no lo constituye simplemente el pago de una suma nominal total que no corresponde al valor real al que tiene derecho.

Señala que es evidente que en circunstancias como la suya el trabajador tiene derecho a que las cesantías definitivas debidas desde antes de la promulgación de la Ley 244 de 1995 o reconocidas en resoluciones que se ejecutoriaron durante el año de gracia sean indexadas y que, inclusive, ganen algún interés.

Menciona que teniendo en cuenta los criterios de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado le asiste el derecho a solicitar que el pago de su cesantía por haber sido extemporáneo sea indexado; a que los intereses de mora de la suma liquidada como cesantía definitiva le sean liquidados desde el día en que la obligación se hizo exigible, esto es, desde que se retiró definitivamente del empleo y hasta que la demandada pague en forma total e íntegra tal suma, debidamente indexada; y concluye que como la Caja de Previsión Social de Boyacá no ha efectuado dicho pago, vencido el plazo de que trata el parágrafo transitorio del artículo 3º de la Ley 244 es procedente la sanción del parágrafo del artículo 2º, ibídem.

V. Consideraciones de la Sala:

Prevé el artículo 194 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998:

“Del recurso extraordinario de súplica. El recurso extraordinario de súplica, procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por cualquiera de las secciones o subsecciones del Consejo de Estado. Es causal del recurso extraordinario de súplica la violación directa de normas sustanciales, ya sea por aplicación indebida, falta de aplicación o interpretación errónea de las mismas...”.

Aunque el recurso de súplica fue derogado por el artículo 2º de la Ley 954 de 2005, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3º, ibídem, las salas especiales transitorias de decisión de esta corporación deberán decidir aquellos en los que a la fecha de entrada en vigencia de la mencionada ley, esto es, el 27 de abril de 2005, se había dictado auto admisorio.

El recurso de súplica fue presentado oportunamente, es decir, dentro del término que para el efecto consagraba el inciso segundo del artículo 194 del Código Contencioso Administrativo.

Este recurso fue concebido como un instrumento procesal en defensa de la Constitución y de la ley y, por ende, de la seguridad jurídica, pues el ordenamiento jurídico exige del máximo tribunal de lo contencioso administrativo un grado importante de certeza, igualdad en el trato y un correcto entendimiento del derecho objetivo, en tanto que su ámbito de aplicación se reserva a la violación directa de normas sustanciales.

Del texto legal trascrito se infiere que el recurso extraordinario de súplica solo procede por una causal, a saber: la violación directa de la ley sustancial por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, la cual se presenta, respectivamente, cuando el fallo suplicado deja de hacer actuar una norma cuya observancia en él es indispensable; cuando entendida rectamente la norma de derecho en su alcance y significado se le aplica a un caso que no es el que ella contempla; y, cuando siendo la norma la que corresponde al caso en litigio se la entendió sin embargo equivocadamente y así se le aplicó.

Sostiene el recurrente que la sentencia suplicada violó, por falta de aplicación, el Preámbulo de la Constitución Política, que establece:

“El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de Colombia”.

Sobre el efecto vinculante del Preámbulo de la Constitución Política, la Corte Constitucional consideró(1):

“... El acto de poder que se refiere en el Preámbulo consistió en el decreto, sanción y promulgación de la Constitución Política de 1991 a través de la cual Colombia se constituyó como un Estado social de derecho.

“Tal acto fundacional se desplegó para fortalecer la unidad de la nación y para asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. De acuerdo con la voluntad del pueblo de Colombia, estos propósitos deben realizarse dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integridad de la comunidad latinoamericana.

“Así entendido, el Preámbulo da cuenta del sentido político y jurídico que el pueblo de Colombia le imprimió a la formulación de la Carta Política de 1991; es decir, indica los principios que la orientan y los fines a cuya realización se dirige y por ello no solo hace parte de esta como sistema normativo sino que además tiene efecto vinculante sobre los actos de la legislación, la administración y la jurisdicción y constituye parámetro de control en los procesos de constitucionalidad. Y esto es comprensible pues carecería de sentido que una fórmula política y jurídica tan densa de contenidos como la advertida en el Preámbulo, no estuviera llamada a tener implicaciones en los ejercicios de poder subordinados a la teleología en ella señalada. Como lo expuso la Corte en la Sentencia C-479-92, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y M.P. Alejandro Martínez Caballero:

‘Esta Corte... estima indispensable reivindicar la concepción jurídica según la cual el derecho no se agota en las normas y, por ende, el constitucional no está circunscrito al limitado campo de los artículos que integran una Carta Política.

‘El Preámbulo de la Constitución incorpora, mucho más allá de un simple mandato específico, los fines hacia los cuales tiende el ordenamiento jurídico; los principios que inspiraron al constituyente para diseñar de una determinada manera la estructura fundamental del Estado; la motivación política de toda la normatividad; los valores que esa Constitución aspira a realizar y que trasciende la pura literalidad de sus artículos.

‘El Preámbulo da sentido a los preceptos constitucionales y señala al Estado las metas hacia las cuales debe orientar su acción; el rumbo de las instituciones jurídicas.

‘Lejos de ser ajeno a la Constitución, el Preámbulo hace parte integrante de ella. Las normas pertenecientes a las demás jerarquías del sistema jurídico están sujetas a toda la Constitución y, si no pueden contravenir los mandatos contenidos en su articulado, menos aún les está permitida la trasgresión de las bases sobre las cuales se soportan y a cuyas finalidades apuntan.

‘Considera la Corte que la preceptiva constitucional ha sido enderezada por el propio constituyente a la realización de unos fines, al logro de unos cometidos superiores ambicionados por la sociedad, que cabalmente son los que plasma el Preámbulo y que justifican la creación y vigencia de las instituciones. Quitar eficacia jurídica al Preámbulo, llamado a guiar e iluminar el entendimiento de los mandatos constitucionales para que coincida con la teleología que les da sentido y coherencia, equivale a convertir esos valores en letra muerta, en vano propósito del constituyente, toda vez que al desaparecer los cimientos del orden constitucional se hace estéril la decisión política soberana a cuyo amparo se ha establecido la Constitución.

‘Juzga la Corte Constitucional que el Preámbulo goza de poder vinculante en cuanto sustento del orden que la Carta instaura y, por tanto, toda norma —sea de índole legislativa o de otro nivel— que desconozca o quebrante cualquiera de los fines en él señalados, lesiona la Constitución porque traiciona sus principios.

‘Si la razón primera y trascendente del control constitucional no es otra que la de garantizar la verdadera vigencia y supremacía de la Constitución, ese control deviene en utópico cuando se limita a la tarea de comparar entre sí normas aisladas, sin hilo conductor que las armonice y confiera sentido integral, razonable y sólido al conjunto’”.

Para sustentar el cargo en estudio, el suplicante aduce que el Estado social de derecho debe interpretarse a la luz de los principios, fines y valores del Preámbulo de la Constitución Política, en el que a las autoridades les corresponde mantener un orden justo y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado, finalidad que, a su juicio, no se dio, pues la sentencia suplicada negó la indexación de su cesantía, pese a que es una acreencia de carácter laboral, como lo son también las pensiones de jubilación que el Consejo de Estado sí ha ordenado indexar.

Sobre el particular, la Sala considera que, en efecto, la sentencia suplicada dejó de aplicar lo previsto en el Preámbulo de la Constitución Política, en cuanto consagra un Estado social de derecho cuya dinámica gira alrededor de la vigencia de un orden justo, orden justo que en este caso se traduciría en la indexación del valor pagado extemporáneamente por la Caja de Previsión Social de Boyacá por concepto de cesantías, en cuanto es de todos conocidos la continua pérdida del poder adquisitivo del dinero, sin que tal pérdida tenga que ser asumida por el administrado, pues es obligación del Estado reconocerle lo adeudado, obligación que teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso en estudio solo se entiende cumplida una vez actualizada la suma debida, como se verá al dictar el fallo de instancia.

En consecuencia, al prosperar este cargo la Sala infirmará la sentencia proferida por la Sección Segunda, Subsección B, de esta corporación, no sin antes analizar los restantes cargos propuestos en el recurso extraordinario de súplica.

Respecto de la presunta violación, por falta de aplicación, de los artículos 230 de la Constitución Política, 1626 y 1653 del Código Civil, y 8º de la Ley 153 de 1887, la Sala observa que la parte actora no los citó como violados en la demanda, carga que le correspondía de conformidad con el artículo 137, numeral 4º, del Código Contencioso Administrativo.

En efecto, dado el carácter rogado de la jurisdicción contencioso administrativa, al juez de instancia le es imposible analizar y emitir sobre determinada norma de carácter sustancial un juicio de valor si la parte actora en su demanda no la citó como violada, razón por la cual esta no puede alegar en el recurso extraordinario de súplica que la respectiva sentencia de instancia la violó, por falta de aplicación, pues para incurrir en esta causal necesariamente debió solicitarse en la demanda su análisis, cuestión que no hizo el actor, hoy recurrente en súplica.

Cuestión distinta ocurre cuando se cita como violada una norma, por aplicación indebida o interpretación errónea, pues en este evento el recurrente en súplica, trátese de la parte actora o de la parte demandada, no puede prever que el sentenciador de segunda instancia para sustentar su fallo aplicará una norma que, a juicio de alguna de tales partes, no es aplicable al caso o que, siéndolo, fue interpretada equivocadamente.

En consecuencia, como el recurso extraordinario de súplica no es un instrumento o medio para adicionar o corregir la demanda, respecto de los artículos 13 de la Constitución Política, 1626 y 1653 del Código Civil y 8º de la Ley 153 de 1887 la Sala no hará pronunciamiento alguno, pues, de hacerlo, variaría los extremos de la litis.

Finalmente, frente a la censura referente a la violación, por falta de aplicación, del artículo 4º de la Ordenanza 2 de 1946, por la cual la Asamblea Departamental de Boyacá modificó algunas disposiciones sobre prestaciones de los empleados y obreros departamentales, y según el cual las solicitudes sobre auxilio de cesantía deberán ser resueltas a más tardar 15 días después de presentadas, so pena de reconocer al empleado un auxilio equivalente al último sueldo o jornal que estaba devengando en el momento de su retiro hasta el día en que el pago se verifique, la Sala, contrario a lo asegurado por el suplicante, considera que dicha ordenanza se entiende derogada por la Ley 244 de 1995 (subrogada por la L. 1071/2006), que entró en vigencia el 29 de diciembre de 1995 y cuya aplicación fue establecida para los empleados públicos de todos los órdenes, esto es, nacional, departamental, distrital y municipal, sin que sea de recibo el argumento del recurrente respecto de que solo la misma Asamblea Departamental de Boyacá podía derogarla, pues con tal afirmación se desconoce la jerarquía de las normas, en cuya cúspide está la Constitución y luego la ley, entendida esta en su sentido formal, esto es, la expedida por el Congreso de la República.

Dicha Ley 244 de 1995, en el parágrafo transitorio de su artículo 3º otorgó a las entidades públicas de todos los órdenes, incluido el departamental, al cual pertenecía el recurrente, un año de plazo, contado a partir de su vigencia, para que se pusieran al día en el pago de las cesantías definitivas atrasadas, sin que se les aplicara la sanción prevista en el parágrafo 2º de la misma ley.

En consecuencia, el ad quem no podía aplicar al actor el artículo 4º de la Ordenanza 2 de 1946, en cuanto el pago atrasado de su auxilio de cesantía fue regulado por el parágrafo transitorio del artículo 3º de la Ley 244 de 1995, norma jerárquicamente superior a la ordenanza que erradamente considera aquel violada por falta de aplicación.

Al haber prosperado el cargo de violación del Preámbulo de la Constitución Política, por falta de aplicación, se procede a proferir el fallo de instancia.

La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia de 29 de marzo de 2000, el Tribunal Administrativo de Boyacá declaró probada la excepción de “cobro de lo no debido” y denegó las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta para el efecto las siguientes consideraciones:

Que se encuentra probado que la Caja de Previsión Social de Boyacá le reconoció al actor lo adeudado por concepto de cesantías, y que aquel persiguió su pago ante la jurisdicción laboral, la cual libró mandamiento de pago por la suma de $ 1.316.932.87 y negó expresamente las pretensiones referentes al pago de intereses, indexación e indemnización.

Anota que no hay prueba de que el demandante impugnó dicho mandamiento de pago, como tampoco de que objetó la liquidación del crédito, ni menos aún de que acudió a la vía gubernativa para cuestionar la legalidad del acto administrativo que dio cumplimiento a las decisiones del juez laboral, y pone de presente que el actor en su demanda confiesa que recibió el pago del crédito correspondiente a su cesantía definitiva por el monto ordenado en el proceso ejecutivo.

Considera, entonces, que la demandada no violó disposición legal alguna, puesto que pagó la obligación principal en obedecimiento de la decisión judicial que, además, negó el pago de suma alguna por concepto de indexación e intereses, luego mal podía la administración desconocer dicha decisión y obrar en contra de la misma, reconociendo y pagando los intereses e indexaciones solicitadas por el administrado y negadas por el juez.

Señala que el pago de la obligación principal, en este caso, el del capital correspondiente a la cesantía definitiva del actor extinguió las obligaciones accesorias, esto es, la indexación e intereses sobre dicho capital, y que más exactamente ni siquiera se puede hablar de extinción, si se tiene en cuenta que el juez laboral en decisión expresa ejecutoriada negó el pago de suma alguna por concepto de obligaciones accesorias, razón por la cual considera que el acto presunto acusado se ajustó a derecho y, por tanto, declara probada la excepción de “Cobro de lo no debido“ y niega las pretensiones de la demanda.

El recurso de apelación

En su escrito de apelación el actor sostiene que no es cierto que la administración hubiese pagado totalmente las obligaciones de que trata el mandamiento ejecutivo proferido por el Juzgado Primero Laboral de Tunja y, mucho menos, que hubiese pagado la totalidad de las sumas allí liquidadas, pues lo cierto es que las pagó parcialmente.

Se refiere a que la liquidación arrojó como suma a pagar $ 1.341.296.12, pese a lo cual la demandada solo pagó $ 1.316.932.87, es decir, que quedó un saldo insoluto por valor de $ 24.363.00 que no ha sido pagado al actor y que hace parte de los derechos que por cesantía definitiva le fueron reconocidos por la demandada, razón suficiente para que, a su juicio, prosperen todas las pretensiones de la demanda, pues en la legislación colombiana una obligación se entiende extinguida cuando es cubierta por el deudor en forma total e íntegra y no parcialmente.

Considera que la obligación y los derechos laborales referentes a su cesantía definitiva todavía subsisten pues no se han extinguido totalmente, y que lo pagado debe imputarse primero a intereses y demás sanciones y lo restante a capital (C.C., art. 1653).

Anota que la jurisprudencia ha dicho que las obligaciones laborales deben indexarse para así conservar su poder de compra, de manera tal que el acreedor no se empobrezca injustamente y el deudor se enriquezca sin causa.

Menciona que está demostrado en autos que en casos similares los jueces han reconocido el pago de la indexación, de los intereses moratorios y de las sanciones legales por el pago inoportuno, lo que prueba la vulneración de los principios fundamentales a la igualdad y al debido proceso, los cuales deben ser protegidos cuando se ejerce la acción de tutela o un juicio ordinario como el presente.

Concluye que estos argumentos, aunados a los expuestos en la demanda, son suficientes para que se revoque el fallo apelado y se acceda a sus pretensiones.

La sentencia de segunda instancia

Sea lo primero precisar que no será objeto de análisis alguno el argumento presentado en el recurso de apelación referente a que la Caja de Previsión Social de Boyacá no pagó al actor la totalidad de la suma liquidada por el juez laboral, en cuanto aún le adeuda la cantidad de $ 24.363.00, pues tal argumento constituye un hecho nuevo que no fue relacionado en la demanda, oportunidad en la que junto con su adición o corrección la parte actora debe exponer los hechos u omisiones en que fundamenta su acción (C.C.A., arts. 137 y 208) pues, de no ser así, se violaría el derecho de la entidad demandada a controvertirlo y se le impediría al juez de primera instancia analizarlo, como ocurrió, precisamente, en este caso.

Obra en el expediente que el 30 de noviembre de 1995 el actor solicitó a la Caja de Previsión Social de Boyacá el reconocimiento y pago de la cesantía definitiva que le pudiera corresponder por haber prestado sus servicios en la Secretaría de Gobierno de Boyacá durante el período comprendido entre el 5 de marzo de 1993 y el 4 de enero de 1995, solicitud que fue atendida mediante Resolución 3691 de 26 de diciembre de 1995 de la citada entidad, quien le reconoció por dicho concepto la suma de $ 3.136.506.87 y ordenó descontar de la misma, por concepto de cesantía parcial ya pagada, la cantidad de $ 1.819.574.00, lo que arrojó un total a pagar de $ 1.316.932.87, suma respecto de la cual para obtener su pago el demandante inició un proceso ejecutivo laboral que culminó el 12 de febrero de 1996 con mandamiento de pago, que se hizo efectivo el 25 de abril siguiente.

Las pretensiones del actor son que se le indexe el valor reconocido por concepto de su cesantía definitiva desde la fecha de su retiro, que se le reconozcan intereses moratorios sobre el valor indexado de su cesantía definitiva y que se le reconozca la indemnización moratoria prevista en el artículo 4º de la Ordenanza 2 de 24 de mayo de 1946, en armonía con el artículo 2º de la Ley 244 de 1995.

Para el 6 de noviembre de 1997, fecha en que el actor solicitó ante el Fondo Territorial de Pensiones del departamento de Boyacá (antes Caja de Previsión Social de Boyacá) la indexación del valor adeudado por concepto de cesantía definitiva, los interese moratorios sobre dicho valor indexado y el pago de intereses moratorios sobre el mismo, solicitud que dio origen a los actos fictos o presuntos derivados del silencio negativo administrativo, objeto de demanda, había entrado en vigencia la Ley 244 de 1995, que reguló el término dentro del cual la administración debe reconocer y pagar las cesantías, so pena de pagar por cada día de retardo el valor de un salario diario, normativa respecto de la cual la Sala Plena de esta corporación se pronunció en el siguiente sentido(2):

“Cuando la administración resuelve el requerimiento del servidor público sobre la liquidación de sus cesantías en forma tardía buscando impedir la efectividad conminatoria de la sanción de que trata el artículo 2º de la Ley 244 de 1995, el tiempo a partir del cual comienza a correr el término para que se genere la indemnización moratoria debe contarse desde la fecha en la cual el interesado radicó la petición de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, es decir, quince (15) días hábiles que tiene la entidad para expedir la resolución, más cinco (5) días hábiles que corresponden a la ejecutoria, en el evento de que la resolución de reconocimiento hubiere sido expedida, con la salvedad a que alude el mismo precepto, más cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución, para un total de 65 días hábiles, transcurridos los cuales se causará la sanción moratoria”.

Como ya se dijo, la solicitud de reconocimiento de intereses moratorios y de la indemnización moratoria de la cesantía la fundamenta el demandante en los artículos 4º de la Ordenanza 2 de 1946 y 2º de la Ley 244 de 1995.

Sobre el particular, la Sala observa que mediante dicha ordenanza la Asamblea Departamental de Boyacá modificó algunas disposiciones sobre prestaciones de los empleados y obreros departamentales, y en su artículo 4º dispuso que las solicitudes sobre auxilio de cesantía deberían ser resueltas a más tardar 15 días después de presentadas, so pena de reconocer al empleado un auxilio equivalente al último sueldo o jornal que estaba devengando en el momento de su retiro y hasta el día en que el pago se verifique, ordenanza que se entiende derogada por la Ley 244 de 1995 (subrogada por la L. 1071/2006), que entró en vigencia el 29 de diciembre de 1995, y cuya aplicación fue establecida para los empleados públicos de todos los órdenes, esto es, nacional, departamental, distrital y municipal.

El parágrafo transitorio del artículo 3º de la citada Ley 244 de 1995 otorgó a las entidades públicas de todos los órdenes, incluido el departamental, al cual pertenecía el recurrente en súplica, un año de gracia contado a partir de su vigencia para que se pusieran al día en el pago de las cesantías definitivas atrasadas, sin que se les aplicara la sanción prevista en el parágrafo 2º del artículo 2º de la misma ley, normas una y otra que establecen:

“ART. 2º—La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas del servidor público, para cancelar esta prestación social.

“PAR.—En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este”.

“ART. 3º—Los organismos de control del Estado garantizarán que los funcionarios encargados del pago de las prestaciones sociales de los servidores públicos, cumplan con los términos señalados en la presente ley.

“Igualmente vigilarán que las cesantías sean canceladas en estricto orden como se hayan radicado las solicitudes, so pena de incurrir los funcionarios en falta gravísima sancionable con destitución.

“PAR. TRANS.—Establécese el término de un (1) año, contado a partir de la vigencia de la presente ley, para que las entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal o distrital, se pongan al día en el pago de las cesantías definitivas atrasadas, sin que durante este término se les aplique la sanción prevista en el parágrafo del artículo 2º de esta ley”.

Comoquiera que se encuentra demostrado dentro del expediente que el actor recibió el pago de su cesantía definitiva el 25 de abril de 1996, es decir, dentro del plazo de gracia otorgado por el parágrafo transitorio del artículo 3º antes trascrito, para la Sala no queda duda alguna de que el actor no tenía derecho a los intereses moratorios ni a la indemnización por mora que reclama, razón por la cual la decisión frente a estas pretensiones será denegatoria.

Sobre la pretensión de indexación de la cesantía, la Sala considera que debe ser despachada favorablemente, pues por el hecho de no poderle ser reconocida la indemnización por mora que reclama, establecida en la Ley 244 de 1995, no puede dejarse de lado que es un hecho notorio y, por tanto, de público conocimiento, que día a día el dinero se deprecia y que el poder adquisitivo del peso colombiano se ve menguado con el simple transcurrir del tiempo, razón por la cual es justo y equitativo que la extemporaneidad en el pago de la prestación reclamada por aquel le sea resarcida con dicha indexación o, lo que es lo mismo, que la suma percibida por concepto de cesantía definitiva no pierda el poder adquisitivo que tenía para la fecha en que tal obligación se hizo exigible, si se tiene en cuenta que es el mismo Preámbulo de la Constitución Política, que el actor cita como violado en su demanda, el que expresamente señala que la Carta Superior se expide con el fin de “... fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo...”.

A propósito de la indexación de las cesantías, la Sala considera pertinente transcribir apartes de la sentencia mediante la cual la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del parágrafo transitorio del artículo 3º de la Ley 244 de 1995, en la que puso de presente que el hecho de que las personas cuyo pago de la cesantía se efectúe dentro del período de gracia a que alude el parágrafo transitorio del artículo 3º no tengan derecho a la indemnización por mora prevista en el parágrafo del artículo 2º de la ley en cita, no significa que el valor extemporáneamente recibido por tal concepto deje de ser indexado, y recalcó que tal indexación procede a solicitud de parte o de oficio y que su negativa habilita al administrado para acudir ante la justicia en procura de tal reconocimiento(3):

“Los anteriores criterios jurisprudenciales permiten concluir que los trabajadores no tienen por qué soportar la pérdida del poder adquisitivo de sus prestaciones y remuneraciones laborales, por lo cual los patronos públicos y privados que incurran en mora están obligados a actualizar el valor de tales prestaciones y remuneraciones. Sin embargo, lo anterior no implica la inconstitucionalidad de la expresión final del inciso... por cuanto la sanción moratoria prevista por la Ley 244 de 1995 no es, en sentido estricto, un mecanismo de indexación que pretenda proteger el valor adquisitivo de la cesantía sino que tiene un sentido en parte diferente, como lo muestra con claridad el sistema de cálculo del monto de la sanción, que es muy similar a la llamada figura de los salarios caídos en materia laboral. Así, el parágrafo del artículo 2º de la Ley 244 de 1995 consagra la obligación de cancelar al beneficiario “un día de salario por cada día de retardo”, sanción severa que puede ser, en ocasiones, muy superior al reajuste monetario, por lo cual no estamos, en estricto sentido, frente a una protección del valor adquisitivo de la cesantía sino a una sanción moratoria tarifada que se impone a las autoridades pagadoras debido a su ineficiencia. Por ello la Corte considera que las dos figuras jurídicas son semejantes pero que es necesario distinguirlas. Son parecidas pues ambas operan en caso de mora en el pago de una remuneración o prestación laboral. Pero son diversas, pues la indexación es una simple actualización de una obligación dineraria con el fin de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores debido a los fenómenos inflacionarios. En cambio, el hecho de que la entidad no esté obligada a cancelar la sanción monetaria —por estar operando el período de gracia establecido por el parágrafo impugnado—, no implica, en manera alguna, que el trabajador no tenga derecho a la protección del valor adquisitivo de su prestación laboral, por lo cual la entidad pagadora está en la obligación de efectuar la correspondiente actualización de la misma, bien sea de oficio o a petición de parte, pues de no hacerla el trabajador podrá acudir a la justicia para que se efectúe la correspondiente indexación” (el resaltado no es del texto).

De igual manera, la Sala considera pertinente traer a colación apartes de la sentencia proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, en la que si bien lo que fue objeto de estudio fue la indexación de una pensión de jubilación, no por ello las consideraciones allí expuestas para ordenarla dejan de tener aplicación en el caso en estudio, si se tiene en cuenta que, en esencia, el fundamento de tal reconocimiento fue el hecho de que la liquidación tendiente al reconocimiento y pago de la prestación en cuestión se hace sobre sumas deterioradas por los efectos inflacionarios, lo cual va en contravía de postulados constitucionales, entre otros, del Preámbulo, que le asignan a las autoridades la función de asegurar el cumplimiento de los fines sociales del Estado y el respeto a la dignidad humana y al trabajo dentro de la vigencia de un orden justo(4):

“... Negar la revalorización..., no obstante la evidente pérdida del poder adquisitivo de la unidad monetaria, es desconocer la primacía de los principios y valores constitucionales que por mandato de nuestra Carta se deben observar en las actuaciones judiciales y se incurre en el pecado que señala el aforismo latino de ‘sumum jus summa injuria’ —derecho estricto injusticia suprema— que se suele utilizar para indicar que al juez no puede considerársele como un autómata, o esclavo de la norma escrita, y que por ley debe entenderse el ordenamiento jurídico como un todo. Incluso, en los casos como el aquí examinado, la doctrina constitucional permite dejar de lado el texto de la ley para no proferir decisiones que contraríen el orden justo, valor este constitutivo de nuestro ordenamiento constitucional.

“En efecto, como ya quedó dicho, el artículo... no previó el deterioro de los valores en razón de nuestra economía inflacionaria; esta circunstancia, justifica la utilización de la equidad como criterio auxiliar para dirimir la presente controversia...

“Vistos los principios constitucionales, la naturaleza del derecho a la pensión de jubilación, la orientación jurisprudencial, y siendo conscientes de la inestabilidad de la economía, que día a día sufre los rigores de la inflación, resultaría contradictorio no ordenar la actualización de los valores correspondientes a la pensión de jubilación del actor en las condiciones que han quedado expuestas...”.

Resta, entonces, en lo que a la indexación se refiere, determinar desde y hasta cuándo debe reconocerse.

Para indexar la cesantía del demandante la Sala tomará como fecha de partida el 30 de noviembre de 1995, fecha en que aquel solicitó a la administración que le fuera reconocida y liquidada, y como fecha final el 25 de abril de 1996, cuando efectivamente recibió el pago, y aplicará para el efecto la siguiente fórmula:

FOR1S200100261
 

Donde Vp es el valor presente o actualizado; Vh corresponde al valor histórico; IPC final corresponde al índice de precios al consumidor del mes inmediatamente anterior a la fecha de actualización; e IPC inicial se refiere al índice de precios al consumidor del mes inmediatamente anterior al que se hizo exigible la obligación.

Reemplazando la anterior fórmula, en el caso concreto se tiene que:

FOR2S200100261A
 

De la aplicación de la fórmula resulta que para el 25 de abril de 1996 por concepto de su cesantía definitiva al actor se le debió pagar $ 1.458.608.35 y no $ 1.316.932.87, que fue lo que efectivamente se le pagó, es decir, que existe a favor del demandante la diferencia entre una y otra cifra, que corresponde a la suma de $ 141.675.48, la cual también deberá indexarse a la fecha de esta sentencia, aplicando para el efecto la misma fórmula antes utilizada, donde:

FOR3S200100261A
 

En consecuencia, la Sala declarará la nulidad de los actos administrativos fictos o presuntos derivados del silencio administrativo del Fondo Territorial de Pensiones del departamento de Boyacá (antes Caja de Previsión Social de Boyacá), esto es, en cuanto no indexaron la cesantía definitiva del actor, pretensión que este le formuló el 6 de noviembre de 1997.

A título de restablecimiento del derecho ordenará a la demandada pagar al actor la suma de cuatrocientos dos mil novecientos diecisiete pesos con 50/100 ($ 402.917.50).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial Transitoria de Decisión 2B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

INFÍRMASE la sentencia proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 3 de mayo de 2001, objeto del presente recurso extraordinario de súplica. En su lugar:

1. REVÓCASE la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 29 de marzo de 2000.

2. DECLÁRASE parcialmente nulo el acto ficto o presunto contentivo del silencio administrativo negativo del Fondo Territorial de Pensiones del departamento de Boyacá (antes Caja de Previsión Social de Boyacá), esto es, en cuanto no indexó la cesantía definitiva del actor, pretensión que este le formuló el 6 de noviembre de 1997.

3. DECLÁRASE la nulidad parcial de los actos fictos o presuntos contentivos del silencio administrativo negativo respecto de los recursos de reposición y apelación, en cuanto no indexaron la cesantía definitiva ni reconocieron intereses moratorios sobre la suma indexada.

4. A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la Caja de Previsión Social de Boyacá pagar al actor, por concepto de la indexación de su cesantía, la suma de cuatrocientos dos mil novecientos diecisiete pesos con 50/100 ($ 402.917.50).

5. DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

Ejecutoriada esta sentencia, devuélvase el expediente a la Sección de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Susana Buitrago Valencia, ausente—Ruth Stella Correa PalacioMaría Inés Ortiz Barbosa—Marco Antonio Velilla Moreno.

(1) Sentencia C-477 de 10 de mayo de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(2) Sentencia de 27 de marzo de 2007, Expediente 2513, C.P. Jesús María Lemos Bustamante.

(3) Corte Constitucional, C-448 de 1996, actor: Hugo Hernán Garzón Garzón, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(4) Sentencia de 26 de julio de 2001, Expediente 66001-23-31-000-3844-01 (1310-99), actor: Rodrigo Sanz Santacoloma, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.