Sentencia 2001-00300 de agosto 29 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Expediente: 26 206

Radicación: 25000-23-26-000-2001-00300-01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Aida Luz Royero Pallares y otro

Demandado: La Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional

Naturaleza: Reparación directa

Bogotá, D.C., veintinueve de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

7. El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por concepto de perjuicios materiales, supera la exigida por la norma para el efecto(3).

II. Validez de los medios de prueba

8. El acervo probatorio está integrado, de una parte, por los documentos traídos en original y copia auténtica por la parte actora, que corresponden a los registros civiles de nacimiento de los señores Alexander y Andrés Felipe Vega Royero (fl. 27, cdno. 1, fl. 137, cdno. 3), la factura de venta expedida por funerales La Capuchina (fl. 28, cdno. 1) y la certificación laboral expedida por la fábrica de muebles Santa Bárbara Ltda. (fl. 29, cdno. 1); y de otra, por las pruebas trasladadas de la investigación preliminar 008/99, adelantada por la oficina de asuntos jurídicos y disciplinarios del Departamento de Policía Bacatá, las cuales fueron aportadas al proceso por el coordinador de asuntos jurídicos de esa dependencia (fl. 48, cdno. 2) en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante auto de 11 de septiembre de 2001 (fl. 47, cdno. 1).

9. Se advierte que estas pruebas serán valoradas en su integridad, esto es, sin excluir las de carácter testimonial que la oficina de asuntos jurídicos y disciplinarios practicó directamente y las que ordenó trasladar de la investigación penal adelantada por la Fiscalía General de la Nación por los mismos hechos en los que perdió la vida el señor Alexander Vega Royero (fl. 131, cdno. 2). Lo anterior teniendo en cuenta que, aunque no fueron ratificados dentro del trámite contencioso, estos testimonios se surtieron con audiencia de la entidad demandada debido a que ella misma intervino en su práctica y valoración, de manera que en ningún caso podrá alegar su desconocimiento.

10. En relación con las declaraciones rendidas bajo la gravedad de juramento por el teniente de la Policía Nacional Omar Parrado Manrique y por los patrulleros Mario Mosquera Rivera y Jackson López Doncel, es importante señalar que no serán desestimadas pese a que los testigos resultan sospechosos en consideración al interés que tenían en los resultados del proceso penal, donde se investigaba las circunstancias que rodearon el deceso del señor Alexander Vega. En este punto cabe recordar que dentro del sistema establecido en el Código de Procedimiento Civil para la valoración de las pruebas, no existe descalificación legal de un testigo que pueda considerarse sospechoso ya que ello sería incompatible con el principio de la sana crítica(4). Por lo tanto las afirmaciones de los policías serán valoradas y apreciadas en cuanto resulten concordantes o no se opongan a los demás elementos de convicción aportados al proceso.

III. Hechos probados

11. De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso, se tienen probados los siguientes hechos relevantes:

11.1. El día 6 de febrero de 1999, aproximadamente a las 11:00 pm, el señor Álvaro Jesús Luna reportó a la Estación de Policía de la localidad de La Candelaria en la ciudad de Bogotá, que ladrones habían ingresado a su residencia, de donde había hurtado un VHS (informe de novedad, fechado el feb. 8/99 —fl. 59, cdno. 2—; folio 123 del libro de radio operador de la localidad de La Candelaria —fl. 88, cdno. 2—; testimonio del señor Álvaro Jesús Luna trasladado de la investigación disciplinaria —fl. 120, cdno. 2—).

11.2. El reporte fue atendido por el teniente de la Policía Nacional Omar Parrado Manrique y los patrulleros Mario Fernando Mosquera Rivera y Jackson López Doncell, quienes al llegar al sitio donde había ocurrido el presunto robo fueron advertidos por el denunciante de que el supuesto ladrón había huido del lugar a través de los tejados de las casas vecinas y que se encontraba escondido en un lote abandonado, contiguo a éstas (informe de novedad, fechado el 8 de febrero de 1999 —fl. 59, cdno. 2—, testimonios del señor Álvaro Jesús Luna y del teniente Omar Parrado Manrique, trasladados de la investigación disciplinaria —fl. 120, 212-214, cdno. 2—).

11.3. Los policías ingresaron a la residencia del señor Álvaro Jesús Luna, donde procedieron a inspeccionar los techos de las casas vecinas. Sin embargo, como no vieron nada extraño, decidieron desplazarse hasta el lugar donde, según lo dicho por el denunciante, se encontraba escondido el presunto ladrón (informe de novedad, fechado el 8 de febrero de 1999 —fl. 59, cdno. 2—; testimonios de los patrulleros Jackson López Doncell y Mario Fernando Mosquera, trasladados de la investigación disciplinaria —fls. 251-258, cdno. 2—).

11.4. El sitio era un lote abandonado, sin iluminación y presentaba algunas edificaciones en ruinas, ubicadas en cercanías a predios del Ministerio de Hacienda, cuya vigilancia estaba a cargo de una empresa de seguridad privada. En su interior, los policiales continuaron la búsqueda pero sin resultados positivos dado que había muy poca visibilidad, por lo cual decidieron retirarse del lugar (informe de novedad, fechado el 8 de febrero de 1999 —fl. 59, cdno. 2—; testimonios de los patrulleros Jackson López Doncell y Mario Fernando Mosquera, trasladados de la investigación disciplinaria —fls. 251-258, cdno. 2—).

11.5. Aproximadamente, entre diez y veinte minutos después, los policías recibieron un nuevo llamado, en el que se les informaba que el perro asignado al personal de la empresa de vigilancia, había detectado la presencia de un extraño, de manera que acudieron nuevamente al lugar. Esta vez los patrulleros López Doncel y Mosquera Rivera ingresaron al predio en compañía del supervisor de seguridad, el señor Henry Coronado Camargo, y de uno de los vigilantes de nombre Dagoberto Núñez Cuéllar, mientras que el teniente Omar Parrado Manrique decidió esperar afuera junto con el también vigilante Euclides Anzola Gaitán(5) (testimonios de Euclides Anzola Gaitán, Henry Coronado Camargo, teniente Omar Parrado Manrique, patrullero Jackson López Doncell y patrullero Mario Fernando Mosquera, trasladados de la investigación disciplinaria —fls. 90-92, 212-214, 251-258, cdno. 2—).

11.6. Una vez adentro, los policías y sus acompañantes advirtieron, a unos tres metros de distancia, la presencia de un hombre que yacía en medio de la oscuridad y los escombros (testimonios de Henry Coronado Camargo, Dagoberto Núñez Cuéllar y de los patrulleros Jackson López Doncell y Mario Fernando Mosquera —fls. 212-214, 251-258, 264-265, cdno. 2—). De inmediato, lo instaron para que se levantara y devolviera el VHS hurtado, a lo cual el sujeto inicialmente respondió que él no había robado nada, por lo cual los policías comenzaron a intimidarlo, amenazándolo con utilizar una bolsa plástica para que confesara(6). Al respecto, el señor Henry Coronado Camargo, en declaración rendida el 2 de agosto de 1999 en el marco de la investigación disciplinaria, manifestó lo siguiente (fl. 142, cdno. 2):

PREGUNTADO: Diga al despacho si ud. escuchó que los policiales en algún momento hayan hecho comentario (sic) respecto de una bolsa o colocarle una bolsa al sujeto, qué sabe o qué recuerda al respecto. CONTESTÓ: Todos estábamos ahí y el tipo no hablaba, sí, alguien en algún momento dijo de una bolsa para hacerlo cantar, o sea para que dijera dónde estaba el betamax (sic), pero en ningún momento nadie lo tocó, se hizo el comentario de la bolsa pero por cuestión psicológica, pero a esa hora bolsas de dónde, era solo cuestión psicológica(7).

11.7. Luego de varios minutos, ante las presiones de los policías para que confesara, el sujeto, quien tenía aliento alcohólico, manifestó que tenía el VHS escondido en el tejado de una las casas vecinas y que lo devolvería si le permitían ir por él. Los policías accedieron y el individuo, quien respondía al nombre de Alexander Vega Royero, se subió al tejado de una de las construcciones, utilizando las ruinas del lugar como rampa, y comenzó a desplazarse por el borde del mismo (testimonios de Henry Coronado Camargo, Dagoberto Núñez Cuéllar y de los patrulleros Jackson López Doncell y Mario Fernando Mosquera, trasladados de la investigación disciplinaria —fls. 212-214, 251-258, 264-265, cdno. 2—).

11.8. En este momento, alguien gritó “pilas que se va a escapar”, lo cual motivó que el señor Henry Coronado Camargo hiciera un disparo al aire y que el patrullero Mosquera Rivera se subiera también al tejado para perseguir al sospechoso (testimonios de Henry Coronado Camargo, y de los patrulleros Jackson López Doncell y Mario Fernando Mosquera, trasladados del proceso penal —fls. 212-214, 251-258, cdno. 2—).

11.9. Al llegar a un punto en que ya no podía seguir avanzando, el señor Vega Royero saltó desde lo alto y cayó en el parqueadero del Ministerio de Hacienda. Cuando los policías y los vigilantes lo encontraron, estaba inconsciente y sangraba por uno de sus oídos y por la nariz(8) (testimonios de Henry Coronado Camargo, de Dagoberto Núñez Cuéllar —fls. 142, 265, cdno. 2— y del teniente Omar Parrado —fl. 269, cdno. 2—). De inmediato, lo trasladaron al hospital de El Guavio, de donde fue remitido al hospital de Kennedy (informe de novedad, fechado el 8 de febrero de 1999 —fl. 59, cdno. 2—; testimonio del teniente Omar Parrado Manrique —fl. 213, cdno. 2—), pero allí no lo atendieron, por lo que regresó nuevamente al hospital de El Guavio donde permaneció hasta que se autorizó su traslado a la clínica San Pedro Claver (testimonio de Claudia Marcela Bernal López —fl. 112, cdno. 2—), lugar al que ingresó cerca de las tres de la tarde con el siguiente cuadro clínico: “Paciente traído por camillero y auxiliar de enfermería, en pésimo estado general, en coma profundo, [texto ilegible], midriasis bilateral no reactiva, con tubo orotraqueal” (historia clínica —fls. 33-35, cdno. 2).

11.10. En la clínica San Pedro Claver, el señor Alexander Vega Royero fue sometido a maniobras de resucitación durante 40 minutos, las cuales no arrojaron resultados positivos, razón por la cual se lo declaró muerto a las 15:40 horas del 6 de febrero de 1999 (historia clínica —fls. 33-35, cdno. 2; registro civil de defunción —fl. 183, cdno. 2—). El levantamiento del cadáver se practicó en la morgue de la clínica y en el acta respectiva se hizo la siguiente descripción de las heridas que éste presentaba (acta de inspección de cadáver 0877-0353 —fls. 101-105, cdno. 2—):

1. Escoriación de tercio superior antebrazo y codo izquierdo.

2. Escoriación en región mamaria izquierda.

3. Escoriación en cara anterior del cuello.

4. Escoriación en labio superior lado izquierdo.

5. Hematoma malpebral derecho.

6. Otorragia izquierda.

7. Nasorragia izquierda.

11.11. La necropsia, practicada el 7 de febrero de 1999, concluyó que la muerte se produjo por “shock neurogénico, secundario a lesiones múltiples en cavidad craneana (cráneo, cerebro y tallo) como consecuencia de un trauma cráneo encefálico severo, probablemente por caída de altura”. En el protocolo respectivo, se incluyeron los siguientes hallazgos (protocolo de necropsia, trasladado de la investigación disciplinaria —fl. 119, cdno. 2—):

(…) adulto joven, de 24 años de edad, quien al examen externo presenta lesiones en cara, tórax y miembros superiores de mecanismo contundente, y en especial las lesiones del tórax posterior reflejan un mecanismo de arrastre o deslizamiento. Al examen interno, las principales lesiones está a nivel de la cavidad craneana, consistiendo éstas básicamente en fracturas múltiples del cráneo, comprometiendo la base del cráneo y el agujero magno y de allí se irradian hacia arriba, hemorragia subaracnoidea severa y contusiones hemorrágicas en lóbulos frontal derecho y temporales. Además, lesiones hemorrágicas en el tallo y luxación occipitoaxoidea. Lesiones que en conjunto son más características de los traumas craneoencefálicos por caídas de grandes alturas, sin que sean específicas para este tipo de traumas. Como mecanismo fisiopatológico de la muerte, las lesiones antes descritas producen en general un shock neurogénico por el que sobreviene la muerte. Es de anotar que no se observaron otras lesiones en el resto de la superficie corporal o lesiones de tipo traumático o violento al examen interno de cavidad torácica o abdominal. Queriendo esto decir que el señor fallece como consecuencia del trauma craneoencefálico.

11.12. La investigación disciplinaria de los hechos fue asumida el 6 de abril de 1999 por el comandante del Departamento de Policía Bacatá (auto que ordena la apertura de investigación preliminar —fl. 52, cdno. 2—) en virtud de la queja formulada ante la Procuraduría General de la Nación por la señora Claudia Marcela Bernal López, quien en dicha ocasión manifestó ser la compañera permanente del occiso (queja disciplinaria —fls. 56-57, cdno. 2—).

11.13. Luego de analizar las pruebas recaudadas por el funcionario investigador, el comandante del Departamento de Policía Bacatá resolvió, el 7 de marzo de 2000, abstenerse de iniciar investigación formal contra los uniformados Omar Parrado Manrique, Mario Fernando Mosquera Rivera y Jackson López Doncel al encontrar demostrado que el procedimiento policial adelantado por ellos en la madrugada del 6 de febrero de 1999 “fue ajustado a las normas legales, sin abusar de la autoridad (…)” (providencia de 7 de marzo de 2000 —fls. 281-283, cdno. 3—).

11.14. Alexander Vega Royero era hijo de la señora Aida Luz Royero Payares y hermano de Andrés Felipe Vega Royero (copia auténtica de los respectivos registros civiles de nacimiento —fl. 27, cdno. 2, fl. 137, cdno. 3—).

11.15. Al momento de su muerte, el joven Alexander Vega Royero trabajaba en la fábrica de muebles Santa Bárbara Ltda., con una asignación mensual de $ 236.460 (original de la certificación expedida por la empresa —fl. 29, cdno. 2—).

IV. Problema jurídico

12. Corresponde a la Sala determinar si existe alguna acción u omisión jurídica o fácticamente imputable a la Policía Nacional que pueda tenerse como causa eficiente y adecuada de la muerte del señor Alexander Vega Royero, ocurrida el 6 de febrero de 1999 en la clínica San Pedro Claver de la ciudad de Bogotá. En concreto, tendrá que determinar si, como lo afirma la parte actora, el occiso fue víctima de un procedimiento de captura irregular y si fue obligado por los uniformados a subirse al tejado de donde finalmente se cayó.

V. Análisis de la Sala

13. La Sala encuentra acreditado el daño, el cual consiste en el fallecimiento del señor Alexander Vega Royero, ocurrido el 6 de febrero de 1999 en las instalaciones de la clínica San Pedro Claver de la ciudad de Bogotá a consecuencia de trauma craneoencefálico severo (ver supra párr. 11.10).

14. Así mismo, la demostración de las relaciones de parentesco existentes entre el occiso y los demandantes (ver supra párr. 11.14), permite inferir, conforme a las reglas de la experiencia, que ellos sufrieron un daño por este hecho. Se reitera en este punto que la prueba del parentesco resulta idónea y suficiente para demostrar el perjuicio moral respecto de los padres y hermanos como quiera que ella por sí sola es indicativa del afecto que existe entre los miembros de una misma familia y, por consiguiente, del dolor que produce en cada uno de ellos la muerte de sus familiares más cercanos(9).

15. En cuanto a las circunstancias que antecedieron al daño y contribuyen a explicarlo, se tiene acreditado, a través de la evidencia testimonial allegada al plenario, que el señor Vega Royero cayó desde lo alto de una construcción en ruinas en momentos en que era perseguido por miembros de la Policía Nacional, que estaban tras la pista de un presunto ladrón.

15.1. Al respecto, el patrullero Mario Fernando Mosquera hizo el siguiente relato de lo sucedido (fl. 256, cdno. 2):

(…) entramos a la casa, la cual se encontraba en ruinas y procedimos a buscarlo, en la parte del fondo de la casa sentimos que se movió algo y efectivamente se encontraba una persona tirada entre unos escombros y entre unas maderas o unos palos se puede decir que estaban sosteniendo una pared, de inmediato lo encañonamos y nos pudimos dar cuenta que el sindicado se encontraba en estado de embriaguez, lo requisamos y le pedimos que dónde se encontraba el VHS o betamax y entre su inconciencia (sic) de la borrachera nos decía que no lo tenía, que él no tenía nada, que él no se había robado nada, pasados unos segundos después de rayar sobre la insistencia de que nos entregara el betamax o VHS dijo que nos lo entregaba pero que lo tenía escondido en el techo, le dijimos que fuera y lo trajera, como las mismas ruinas hacen rampla para subirse al techo, éste se subió por la misma, y empezó a caminar sobre el techo que tiene forma de ele, empezó a caminar pero no se le vía dónde tenía el betamax cuando iba llegando a la parte final del techo, mi compañero dijo “pilas que se va a escapar”, y en ese momento el señor Henry Coronado hizo un disparo al aire (…), en esos instantes yo procedí a irme detrás del hoy occiso, teniendo él de mí una distancia aproximada de 10 metros, en el momento que llegó a la parte final del techo gritó que le ayudaran o que le ayudaran (sic) y apoyándose con la mano izquierda sobre el mismo techo se lanzó hacia el vacío (…).

15.2. Por su parte, el también patrullero Jackson López Doncel, reafirmó lo dicho por su compañero en los siguientes términos (fls. 251-254, cdno. 2):

(…) llegamos a un punto determinado vimos que se movieron escombros [ilegible] chamizos que habían del techo (sic), en esos momentos encontramos a un sujeto que se encontraba en estado de embriaguez, presumimos que era el delincuente, lo requisamos y le preguntamos que dónde estaba el VHS, él se negaba a decir dónde estaba el aparato, después de un tiempo de intentar persuadirlo para que entregara el VHS él dijo ya se lo traigo, empezó a caminar por el techo en forma de ele, cuando el señor se dirigía así yo le manifesté a mi compañero ojo ese tipo se va a volar, cuando yo manifesté esto el supervisor de los vigilantes de apellido Coronado hizo un tiro al aire, mi compañero siguió los pasos que el individuo llevaba, yo iva (sic) detrás de él (…), en ese momento el señor se encontraba llegando al borde del techo, puso la mano el techo y dijo ayúdeme, y se tiró (…).

15.3. En similar sentido, se pronunció el señor Henry Coronado Camargo, en declaración rendida el 2 de agosto de 1999 ante el Departamento de Policía Bacatá(10) (fl. 141, cdno. 2):

Entramos con los mismos patrulleros de la policía, el vigilante y yo, encontrando un sujeto que aparentemente se había caído del muro, pero por el difícil acceso no podíamos llegar hasta él, los dos agentes me (sic) decían que a dónde a dónde (sic) había dejado el betamax (sic) y que entregara el betamax, de un momento a otro el sujeto dijo; listo yo lo tengo allí y cogió por el tejado de las casonas viejas, al cual yo sabía que a donde él se dirigía no había ninguna, o sea, no iba a ningún lado, y yo les dije que ese man (sic) se iba era a volar, e hice un disparo al aire para que el sujeto se detuviera, pero el sujeto aceleró su marcha, y se tiró del muro cayendo al parqueadero del Ministerio de Hacienda (…).

15.4. Finalmente, el vigilante Dagoberto Núñez Cuéllar, en diligencia practicada el 12 de octubre de 1999 dentro del proceso disciplinario, adujo lo siguiente (fls. 264-265, cdno. 2):

(…) encontramos al señor adentro de las casas y le preguntaron que dónde tenía el VHS y él decía que no sabía de nada de lo que le estaban hablando, y ya de verse como asustado con síntomas de embriaguez, le dijo a los agentes que lo tenía en el techo de la casa, los agentes le dijeron que lo fuera a traer y comenzó a caminar por encima del techo de la casa, vio que nadie lo seguía y decidió lanzarse y se lanzó y como que cayó mal y se golpeó (…).

16. Junto con los anteriores testimonios, existen otras pruebas que contribuyen a confirmar la hipótesis según la cual el trauma craneoencefálico que operó como causa de la muerte de Alexander Vega Royero se produjo por acción de la caída, y no como consecuencia de agresiones o golpes. En primer lugar, en la declaración del señor Henry Coronado consta que al occiso “nadie lo tocó”, en tanto que en la del vigilante Euclides Gaitán se lee que “mientras yo alcancé a ver, ellos [se refiere a los policías] en ningún momento lo golpearon, simplemente le decían que se parara” (fl. 142, cdno. 2). Es más, al ser preguntado si escuchó gritos o llamados de auxilio desde el interior del predio, el mismo testigo manifestó: “No, en ningún momento escuché nada de esto” (fl. 140, cdno. 2). En segundo lugar, en el protocolo de necropsia figura que las lesiones halladas en el cuerpo del señor Vega Royero eran “características” de los traumas craneoencefálicos por caídas de grandes alturas y que el mismo no presentaba “lesiones de tipo traumático o violento al examen de cavidad torácica abdominal” (ver supra párr. 11.11).

17. En cuanto a la imputación del daño, la parte actora sostiene que la muerte del señor Alexander Vega Royero se produjo porque los patrulleros de la Policía Nacional omitieron el cumplimiento de la conducta debida, cual era la de capturar al occiso y trasladarlo a la estación de policía para que respondiera por el delito de hurto que se le imputaba, y en lugar de ello lo obligaron a realizar una maniobra peligrosa, consistente en subir al tejado de una casa abandonada, de donde finalmente se cayó con las trágicas consecuencias ya conocidas.

17.1. En relación con lo primero, la Sala considera, con fundamento en el material probatorio aportado al proceso, que no era jurídicamente exigible a la Policía Nacional que capturara al señor Alexander Vega Royero, dado que él no fue sorprendido en el momento de cometer el hurto (flagrancia), no tenía en su poder el elemento presuntamente hurtado (cuasi-flagrancia) y tampoco tenía en su contra una orden de detención expedida por la autoridad competente.

17.2. Como quiera que el artículo 56 del Código Nacional de Policía vigente al momento de los hechos (D. 1355/70), establecía claramente que nadie podía ser privado de su libertad sino previo mandamiento escrito de autoridad competente o en caso de flagrancia o cuasi-flagrancia de infracción penal o de policía, se considera que la Policía no actuó de forma equivocada, pues ciertamente lo procedente en este caso era tratar de establecer si el señor Vega Royero tenía en su poder el VHS para ahí sí proceder a capturarlo, pues de otra forma la captura habría resultado ilegal.

17.3. Por lo expuesto, la Sala considera acertado lo dicho por el tribunal a quo, en el sentido de que el señor Vega Royero no se encontraba bajo la vigilancia y custodia de la Policía Nacional —caso en el cual el Estado actuaría como garante de sus derechos y, por tanto, respondería objetivamente por todos los daños irrogados a su vida o integridad física—(11).

17.4. En relación con lo segundo, está demostrado que los policías presionaron al señor Vega Royero para que confesara, lo cual motivó que éste realizara una maniobra peligrosa, consistente en subirse a un tejado en medio de la oscuridad y sin estar en plenitud de sus capacidades sicomotoras, las cuales seguramente se encontraban disminuidas por efecto del alcohol(12). Los testimonios transcritos hasta el momento, son claros en indicar que la decisión de subir a lo alto de la edificación fue adoptada por el occiso en respuesta a las presiones ejercidas por los policías, quienes no creyeron en su inocencia y, por eso, empezaron a amenazarlo con usar una bolsa plástica si no devolvía el elemento presuntamente hurtado.

17.5. Este comportamiento de los uniformados, sin duda alguna, resulta reprochable porque comportó una afectación del derecho a la integridad personal del joven Alexander Vega Royero, quien seguramente experimentó temor y angustia como consecuencia de las amenazas e intimidaciones que recibió de parte de aquellos. Al margen de que los policías no tuvieran realmente la intención de dañar al occiso y que su único propósito fuera el de presionarlo psicológicamente para que confesara, tal como lo sugirió el testigo Henry Coronado Camargo (ver supra párr. 11.6), su actuación es inaceptable dado que puede ser catalogada, si no como un acto de tortura(13), al menos sí como trato cruel, inhumano y degradante(14) y, por tanto, violatorio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 5.2(15)) y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 7º(16)), entre otros instrumentos internacionales de derechos humanos(17).

17.6. En estas condiciones, cabe concluir que la Policía Nacional incurrió en una falla del servicio al presionar indebidamente al joven Alexander Vega Royero para que confesara su participación en el hurto y optara por realizar una maniobra peligrosa, cual fue el de subirse al tejado de una edificación en ruinas, en medio de la oscuridad, y con sus facultades sicomotoras disminuidas por acción o efecto del licor. Si bien es comprensible que los uniformados estuvieran empecinados en aclarar las circunstancias que rodearon la pérdida del VHS y en establecer si el occiso tenía alguna responsabilidad en el hecho, lo cierto es que los medios que emplearon para tal propósito fueron desproporcionados, irrazonables e ilegales.

17.7. En este punto no sobra recordar que la prohibición de cometer torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, consagrada en las normas internacionales de derechos humanos, tiene carácter absoluto e inderogable, lo cual significa que no existe ninguna circunstancia, ni siquiera las graves alteraciones del orden público ni las situaciones de peligro o emergencia nacional, o la necesidad de obtener información para prevenir o sancionar un hecho delictivo, que autorice a los agentes del Estado a cometer actos que atenten contra la integridad física o mental de las personas.

18. Acreditada la falla del servicio atribuible a los agentes de la Policía Nacional, debe la Sala examinar si ésta operó como causa adecuada del daño a efectos de establecer si la entidad demandada puede ser responsabilizada de la muerte del joven Alexander Vega Royero.

19. La teoría de la causalidad adecuada señala que “no todos los fenómenos que contribuyeron a la producción del daño tienen relevancia para determinar la causa jurídica del perjuicio; se considera que solamente causó el daño aquel o aquellos fenómenos que normalmente debieron haberlo producido”(18). En oposición a ella, la teoría de la equivalencia de las condiciones, indica que “todas las causas que contribuyeron a la producción del daño se consideran, desde el punto de vista jurídico, como causantes del hecho, y quienes estén detrás de cualquiera de esas causas, deben responder”(19).

20. Así pues, para establecer si un determinado evento “x” es la causa adecuada de un determinado resultado “y”, no basta con establecer si “x” antecede en el tiempo a “y” porque ello ampliaría en forma exagerada el ámbito de la responsabilidad(20). Tampoco basta con realizar una operación mental hipotética que consiste en borrar la supuesta causa para ver si el resultado se produce con o sin ella pues ello puede llevar a conclusiones absurdas como cuando el resultado es fruto de dos o más condiciones que habrían resultado suficientes para producirlo exactamente de la misma forma (causalidad alternativa), o cuando existe una segunda condición latente o de reserva que hubiera producido exactamente el mismo resultado de no haber tenido lugar la primera (causalidad hipotética)(21).

21. Para explicar el nexo causal que existe entre dos eventos determinados “x” y “y”, es necesario analizar si éstos se encuentran unidos por un vínculo de causalidad general, de manera que siempre que ocurra “x” es normal o previsible que ocurra “y”(22). Al respecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado que:

(…) importa excluir la responsabilidad por circunstancias que, según su naturaleza general y las reglas de la vida corriente, son totalmente indiferentes para que surja un daño de esa índole y que, sólo como consecuencia de un encadenamiento totalmente extraordinario de las circunstancias se convierten en condición del daño. Así pues, se labora con un cálculo de probabilidades y sólo se reconoce como causa aquella condición que se haya en una conexión adecuada con un resultado semejante(23).

22. En similar sentido, se ha pronunciado la doctrina chilena:

Según la formulación más tradicional de la doctrina de la causa adecuada, la imputación de daños consecuentes sólo se justifica si desde la perspectiva de un observador experimentado, que mira retrospectivamente la cadena causal, tales daños no resultan inverosímiles. La adecuación se muestra en que el hecho culpable es apropiado, bajo un curso ordinario y no extravagante de los acontecimientos para producir las consecuencias dañosas. Por eso, la causa adecuada no es un criterio que defina positivamente cuáles consecuencias deben ser consideradas daños atribuibles al hecho culpable, sino que establece las condiciones negativas para excluir la responsabilidad cuando los acontecimientos se desencadenan en un curso causal anormal o extraordinario, ajeno al impuesto por el hecho negligente(24).

23. Aplicados dichos principios generales al sub judice, se observa que la falla del servicio atribuida a los policías contribuyó causalmente al daño porque creó en el señor Alexander Vega Royero el temor serio y fundado de que los policías pretendían hacerle daño. Si bien no está demostrado que el occiso fue golpeado o agredido físicamente, y que las escoriaciones que presentaba en su cuerpo fueron consecuencia de algo distinto a la caída (ver supra párr. 16), la Sala considera que las amenazas de usar una bolsa plástica para “hacerlo cantar” (ver supra párr. 11.6), causaron en él un efecto intimidatorio de tal intensidad que la única alternativa que encontró a su angustiosa situación fue aceptar que tenía en su poder el VHS, cosa que no era cierta(25), y subirse al tejado con la promesa de devolver el elemento presuntamente hurtado.

24. En este caso existe una clara relación de causalidad entre la actuación de la Policía Nacional y la muerte del señor Vega Royero porque si los uniformados no lo hubieran presionado psicológicamente para que confesara su participación en el hurto del VHS y para que aceptara subirse a lo alto de la construcción, la caída no se hubiera producido y, en consecuencia, la víctima no hubiera recibido el golpe en la cabeza que la condujo a la muerte.

25. A lo anterior, podría objetarse que la conducta del señor Alexander Vega, quien asumió el riesgo de saltar desde lo alto de la edificación en ruinas, rompió el nexo de causalidad que existe entre el daño y la falla y que, en consecuencia, se configura el hecho exclusivo de la víctima como causal eximente de responsabilidad.

25.1. En este punto, cabe recordar que no toda conducta asumida por la víctima constituye factor que destruya el nexo de causalidad existente entre el hecho y el daño, toda vez que para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos:

25.2. Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal. Empero, si la actuación de la víctima concurre con otra causa para la producción del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil.

25.3. El hecho de la víctima no debe ser imputable al ofensor, toda vez que si el comportamiento de aquella fue propiciado o impulsado por el ofensor, de manera tal que no le sea ajeno a éste, no podrá exonerarse de responsabilidad a la administración.

25.4. En el caso bajo estudio es claro que el hecho de la víctima resulta atribuible a la Policía Nacional, por lo cual no puede operar como causal eximente de responsabilidad. En efecto, está suficientemente acreditado que los policías presionaron psicológicamente al joven Alexander Vega Royero para que aceptara subirse a lo alto de la edificación en ruinas en medio de la oscuridad pese a que tenían conocimiento de que la víctima se encontraba en estado de alicoramiento (ver supra párr. 15.1 y 15.2) y que, por tanto, tal conducta la ponía en riesgo de sufrir un accidente, como efectivamente ocurrió.

26. Por las razones anotadas, se revocará la sentencia apelada y en su lugar, se declarará la responsabilidad administrativa de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional por la muerte de Alexander Vega Royero, ocurrida el 6 de febrero de 1999 en la ciudad de Bogotá.

VII. Perjuicios

27. Procede la Sala a fijar el monto de los perjuicios morales y materiales de conformidad con las pretensiones de la demanda y las pruebas que obran dentro del proceso.

1) Perjuicios morales.

27.1. La demanda solicitó que la condena por perjuicios morales se fije en mil (1.000) gramos oro a favor de los señores Aida Luz Royero Payares y Andrés Felipe Vega Royero. Sin embargo, teniendo en cuenta que la Sala abandonó el criterio de remisión al oro para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral y señaló que ésta debe fijarse por el juzgador en cada caso, según su prudente juicio(26), se procederá a determinar el quantum de las respectivas indemnizaciones en moneda legal colombiana, partiendo de la base que esta corporación ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en los eventos en que aquél se presente en su mayor grado de intensidad, como ocurre en los casos en los cuales se demanda indemnización por la muerte de un familia.

27.2. De conformidad con lo expuesto, la Sala reconocerá una indemnización equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia a favor de la señora Aida Luz Royero Pallares, madre del occiso, y de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de su hermano, el joven Andrés Felipe Vega Royero.

2) Perjuicios materiales

27.3. Los actores solicitaron que se les indemnizaran los perjuicios materiales sufridos con ocasión de la muerte de Alexander Vega Royero. Para el efecto aportaron, junto con la demanda, original de la factura de venta por valor de $ 1.182.000, expedida el 22 de septiembre de 1999, por la funeraria “La Capuchina” a nombre de la señora Aida Luz Royero Payares por el fallecimiento de su hijo (fl. 28, cdno. 1).

27.4. De esta forma, la Sala encuentra acreditado un perjuicio por concepto de daño emergente, por lo cual procederá a indemnizarlo con fundamento en la siguiente fórmula:

Ra=Rh.JPG
 

Donde Ra = Renta actualizada

Rh = Renta histórica, es decir, $ 1.182.000

Índice final = IPC certificado por el DANE, para el mes de julio del año 2013 (último índice publicado).

Índice inicial = IPC certificado por el DANE para el mes en que se produjo el pago (sep./99).

s2001-00300Ra.JPG
 

27.5. Se tiene así que el valor de la condena debida a la señora Aida Luz Royero Pallares por concepto de daño emergente es de dos millones trescientos noventa y dos mil ciento sesenta y ocho pesos ($ 2.392.168).

27.6. En relación con el lucro cesante aducido en la demanda, la Sala no accederá a su reconocimiento pues, si bien está acreditado que al momento de su muerte el joven Alexander Vega Royero ejercía una actividad productiva (ver supra párr. 11.15), no está probado dentro del expediente que los demandantes dependieran económicamente de él.

27.7. A lo anterior se agrega que según el registro civil de nacimiento, la víctima, al momento de su deceso, tenía 25 años cumplidos (nació en ene. 29/74), lo cual permite presumir que ya había abandonado la casa materna para formar su propio hogar. Lo anterior cobra aún más fuerza si se tiene en cuenta que dentro de las pruebas que fueron trasladadas del proceso penal, aparece evidencia de que el occiso hacía vida marital con la señora Claudia Marcela Bernal (ver supra párr. 11.12), quien no es demandante dentro de este proceso.

3) Otras medidas de reparación.

27.8. Conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, la valoración de los daños irrogados a las personas y a las cosas, dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia, debe atender a los principios de reparación integral y de equidad. Esto significa que, en los procesos en los que se juzgue la responsabilidad patrimonial del Estado, el juez de lo contencioso administrativo deberá verificar con qué potestades y facultades cuenta para lograr el resarcimiento pleno del perjuicio y el restablecimiento de los derechos conculcados.

27.9. Ahora bien, por regla general, estas facultades se encuentran limitadas por los principios de congruencia, de jurisdicción rogada y de no reformatio in pejus, de manera que para que proceda el reconocimiento de medidas tanto de carácter compensatorio —como son la indemnización de los perjuicios morales y materiales causados— como de carácter restitutorio, es necesario que exista una petición expresa de la parte demandante en tal sentido.

27.10. Con todo, de acuerdo con reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado(27), existen casos en los que el juez puede ordenar medidas que atiendan a la reparación integral del daño, aunque ello conlleve una erosión de los mencionados principios procesales. Esto ocurre cuando se juzga la responsabilidad del Estado por graves violaciones de los derechos humanos pues, en estos eventos, la obligación de reparar integralmente el daño surge, principalmente, de distintos tratados y convenios de derechos humanos ratificados por Colombia que integran el bloque de constitucionalidad(28), pero también de otros instrumentos de derecho internacional(29) que, aunque no tienen carácter estrictamente vinculante —razón por la cual se los denomina “derecho blando” o “soft law”—, gozan de cierta relevancia jurídica y práctica en el ámbito internacional y nacional en tanto exhiben “una clara e inequívoca vocación axiológica o normativa general”(30) y sirven como “criterio[s] auxiliar[es] de interpretación de los tratados internacionales sobre derechos humanos”(31).

27.11. Así las cosas, se ha considerado que es posible establecer restricciones a los principios de congruencia y de jurisdicción rogada con el fin, bien sea de dar cumplimiento a los mandatos contenidos en normas internacionales de derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad, o de proteger otros derechos, valores y principios constitucionales, que lleguen a ser de mayor trascendencia.

27.12. En consideración a lo anterior, la Sala procederá al reconocimiento de medidas de carácter no pecuniario encaminadas a evitar que hechos como los que motivaron esta acción de reparación directa vuelvan a presentarse. En tal sentido, ordenará que en los cursos que se imparten para información y ascenso de los miembros de la Policía Nacional, se ponga especial énfasis en la prohibición del empleo de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

VIII. Costas

28. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia apelada, esto es, la proferida el 1º de octubre de 2003 por la Sección Tercera —Subsección B— del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

2. DECLARAR la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional por la muerte del joven Alexander Vega Royero, ocurrida el 6 de febrero de 1999 en la ciudad de Bogotá.

3. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia favor de Aida Luz Royero Payares, y de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de Andrés Felipe Vega Royero.

4. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional a pagar a la señora Aida Luz Royero Payares la suma de dos millones trescientos noventa y dos mil ciento sesenta y ocho pesos ($ 2.392.168), por concepto de daño emergente.

5. ORDENAR a la Policía Nacional, como medida de no repetición, incluir en los cursos que imparte para la formación y ascenso de sus miembros información enfocada especialmente hacia la prohibición del empleo de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

6. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

7. Sin condena en costas.

8. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

9. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

En firme este proveído, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(3) En el capítulo respectivo, los demandantes señalaron que la cuantía de la demanda ascendía a $ 120.000.000, sin diferenciar entre los perjuicios morales y los materiales. Teniendo en cuenta que los perjuicios morales fueron estimados en 1.500 gramos oro, equivalentes a $ 27.186.000, se concluye que la diferencia entre estos dos valores, esto es, $ 92.814.000, corresponde a los perjuicios materiales, que es la pretensión mayor. Esta suma supera la cuantía mínima exigida para que un proceso iniciado en 2001 fuera de doble instancia ($ 26.390.000). Se aplica en este punto el artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modifica el numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo.

(4) Sobre la valoración del llamado “testigo sospechoso” la jurisprudencia de esta corporación ha señalado lo siguiente: “(…) dentro del sistema que adopta el Código de Procedimiento Civil para la valoración de la prueba, no existe descalificación legal de un testigo que se pueda calificar de “sospechoso”, ya que ello sería incompatible con el principio de la sana crítica que gobierna todo el régimen probatorio en nuestro medio, sin embargo, las razones por las cuales un declarante puede tildarse de sospechoso (amistad, enemistad, parentesco, subordinación, etc.), deben ser miradas por el juzgador como aquellas que pueden colocar al testigo en capacidad de engañar a la justicia; pero para ello, el juez debe hacer uso del análisis de la prueba, en su conjunto, a fin de llegar a una convicción aplicando las reglas de la sana crítica de la prueba. Y no resulta procedente desestimar de plano un testimonio, porque el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil establece como norma de conducta para el juez apreciar los testimonios sospechosos, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, y no desecharlos de plano. El calificar como sospechoso un testigo no implica necesariamente que este haya incurrido en un falso testimonio, pues, en la práctica, respecto de testigos que en principio puedan ser calificados sin tacha de sospecha, no puede presumir el juez que siempre dicen la verdad; su dicho, como todo medio probatorio, debe evaluarse en conexidad con todos los demás medios de prueba aportados dentro de un proceso”. Sección Primera, sentencia de 1º de julio de 2004, expediente 2003-01445, C.P. Olga Inés Navarrete. En el mismo sentido véase la sentencia de 19 de julio de 2007, expediente PI-02791, C.P. Martha Sofía Sánz Tobón.

(5) Obra dentro del expediente un documento suscrito por el coordinador de la empresa de seguridad privada Seguridad Dincolvip Ltda., en el cual informa que “el personal que laboró el día 5 de febrero de 1999 de las 18:00 horas, hasta las 6:00 horas del 6 de febrero de 1999 en el parqueadero del Ministerio de Hacienda, ubicado en la carrera 7 # 5-80 centro” fue el siguiente: como supervisor de turno, el señor Henry Coronado Camargo, como guía canino el señor Euclides Anzola Gaitán, y una tercera persona de nombre Dagoberto Núñez Cuéllar (fl. 136, cdno. 2).

(6) Es importante anotar que el asunto de la bolsa surgió como un elemento de la investigación, a raíz de la declaración rendida ante la Fiscalía General de la Nación por la señora Zulma Elena Mora, vecina del sector, quien hizo el siguiente relato de lo que escuchó la noche de los hechos: “Yo me encontraba durmiendo con mi esposo Gustavo Guillén, era entre doce y media y una de la mañana, sentimos como que algo cayó detrás de la casa porque ocupamos la última pieza, y detrás de esa casa que da a una casa vieja que está desocupada (…), como cerca de la hora y media escuchamos voces en esa casa y gente que hablaba por un radio, decían ellos que estaban persiguiendo a un sujeto, un ladrón, decían ellos, escuchamos que le decían a alguien párese de ahí hermano, párese, dónde está el VH. (sic), volvían y repetían seguido diciendo dónde está el VB (sic) (…), una voz comentó, hermano busque una talega, busque una bolsa para no chispiarlo (sic), fue cuando salí a llamar con mi esposo a los vecinos (…)” (fl. 109, cdno. 2).

(7) Esta declaración es coincidente con la que rindió el mismo testigo el 8 de octubre de 1999: “Como era difícil el acceso por las ruinas en que se encuentran esas edificaciones, en un momento los agentes sí decían eso, entregue el betamax, lo vamos a quebrar es aquí, sí, sí decían todo eso, pero era acción psicológica para amedrentarlo, pero en ningún momento ni los agentes ni mis vigilantes lo tocaron (…)” (fl. 249, cdno. 2).

(8) Esto coincide con la información consignada en el acta de levantamiento del cadáver (fl. 103, cdno. 2) y en el protocolo de necropsia donde se señaló que existía evidencia de “sangrado reciente por ambas fosas” y de “sangrado reciente por ambos conductos auditivos” (fl. 117, cdno. 2).

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 12 de julio de 2001, expediente 13086, C.P. Alier Eduardo Hernández, de 21 de septiembre de 2000, expediente 11766, C.P. Alier Eduardo Hernández, de 2 de octubre de 1997, expediente 11027, C.P. Juan de Dios Montes, entre otras.

(10) Esta declaración coincide con lo dicho por el mismo testigo el 8 de octubre de 1999 ante el Departamento de Policía Bacatá (fls. 248-250, cdno. 2).

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de enero de 2009, expediente 16.975, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(12) Los testigos José Alfredo Muñoz, Claudia Marcela Bernal, Erika Patricia Luna confirmaron en sus correspondientes declaraciones, que horas antes de su fallecimiento, el señor estuvo en un establecimiento de comercio consumiendo licor (fls. 207-208, 224-225, 228-229, cdno. 2).

(13) El artículo 1º de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos y Degradantes, define la tortura en los siguientes términos: “A los efectos de la presente convención, se entenderá por el término ‘tortura’ todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”.

(14) En la sentencia de 19 de noviembre de 1999 (caso de los niños de la calle), la Corte Interamericana de Derechos Humanos advirtió que “crear una situación amenazadora o amenazar a un individuo con torturarlo, puede constituir en algunas circunstancias, al menos, tratamiento inhumano” (párr. 165). No obstante, conviene señalar que “[l]a distinción entre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes no es muy clara. Si bien no faltan definiciones de tortura en la normativa internacional, no existe una definición de penas o tratos crueles inhumanos o degradantes, ni criterios objetivos para diferenciar entre tales penas o tratos y la tortura. La Declaración de 1975 contra la tortura afirma que ‘la tortura constituye una forma agravada y deliberada de trato o pena cruel, inhumano o degradante’. La Corte Europea de Derechos Humanos desarrolló esta idea en una conocida sentencia adoptada en 1974 (…)” en la cual sugirió que un acto de tortura se diferencia de un trato cruel, inhumano y degradante por la intensidad de los sufrimientos infligidos a la víctima. Daniel O’Donell, Normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano, oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Bogotá, 2004, págs. 171-172.

(15) ART. 5º—Derecho a la integridad personal: 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.// 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de la libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano (…).

(16) “ART. 7º—Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos”.

(17) En particular, la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, estas últimas aprobadas por Colombia mediante las leyes 70 de 1986 y 409 de 1997, respectivamente.

(18) Javier Tamayo Jaramillo, De la responsabilidad civil. Las presunciones de responsabilidad y sus medios de defensa, editorial Temis, 2ª edición. Tomo I, vol. 2, Santafé de Bogotá, 1996. págs. 245, 246. Citado por Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de julio de 2005, expediente 26.308, C.P. Alier Eduardo Hernández.

(19) Ibíd.

(20) En el clásico ejemplo citado por José Melich, acoger la teoría de equivalencia de las condiciones llevaría a que el sastre que retrasa por negligencia la entrega de un abrigo de viaje, tendría que responder por el accidente ferroviario que sufrió su cliente que debió por tal motivo aplazar su viaje. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de septiembre de 1997, expediente 11.764, C.P. Carlos Betancur Jaramillo.

(21) Ramiro Saavedra Becerra, La responsabilidad extracontractual de la administración pública, grupo editorial Ibáñez, 6ª reimpresión, Bogotá, 2011, pág. 537.

(22) Michele Taruffo, lo explica así: “un nexo de causalidad general puede expresarse adecuadamente —como suele hacerse— en términos de probabilidad, dado que versa sobre la frecuencia en que se produce un evento en presencia de otro evento, siempre en el ámbito de la muestra que se toma en consideración”. Michele Taruffo, La prueba, editorial Marcial Pons, 2008, pág. 256.

(23) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de enero de 1999, expediente 15.314, C.P. Germán Rodríguez Villamizar.

(24) Enrique Barros Bourie, Tratado de responsabilidad extracontractual, editorial jurídica de Chile, Santiago, 2006, pág. 396.

(25) En el testimonio rendido ante el Departamento de Policía Bacatá el 19 de noviembre de 1999, el teniente Omar Parrado Manrique manifestó que luego de dejar al señor Alexander Vega en el hospital de El Guavio, retornaron al lugar de los hechos cuando ya había amanecido en búsqueda del VHS, pero que no lo encontraron (fl. 309, cdno. 2).

(26) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646, C.P. Alier Eduardo Hernández.

(27) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 21 de febrero de 2011, expediente 20046, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 28 de enero de 2009, expediente 30.340, C.P. Enrique Gil Botero; de 20 de febrero de 2008, expediente 16996, C.P. Enrique Gil Botero.

(28) Entre ellos, la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 63), la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (art. 13), y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (art. 9º). Se hace claridad en que, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 93 de la Constitución Política, para que un tratado de derechos humanos ratificado por el Congreso haga parte del bloque de constitucionalidad es necesario que se refiera a derechos ya reconocidos en la propia Constitución. Siendo así, se entiende que los tratados mencionados hacen parte del bloque debido a que el derecho de las víctimas de hechos delictivos a la reparación se encuentra expresamente en el artículo 250 del ordenamiento superior.

(29) Entre ellos, el conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad; los principios y directrices básicas sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones; la declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de los delitos y de abuso de poder; y la declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

(30) Luis Manuel Castro, “Soft law y reparaciones a víctimas de violaciones de derechos humanos: Reflexiones iniciales”, en Rodrigo Uprimny (coord.), Reparaciones en Colombia: Análisis y propuestas. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2009, pág. 66.

(31) Corte Constitucional, Sentencia C-872 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.