Sentencia 2001-00302 de marzo 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C

Rad.: 73 001 23 31 000 2001 00302 01 (28381)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Carlos Arturo Puentes Toro

Demandado: Municipio de Ibagué

Asunto: Acción de reparación directa (sentencia)

Bogotá, D. C., veintiséis de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

18 Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación presentado por la parte demandada contra la sentencia del 17 de junio de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual se declaró patrimonialmente responsable al municipio de Ibagué, y se condenó al pago de una indemnización por concepto de perjuicios materiales, perjuicios morales, y de daño a la vida de relación.

19 La Sala observa que es competente para resolver el asunto sub judice, teniendo en cuenta que la pretensión mayor, referida en la demanda por concepto de daño a la vida de relación(10), excedía la cuantía mínima exigida para que opere la doble instancia, en aplicación del Decreto 597 de 1988(11).

2. Alcance del recurso de apelación.

20 Previo a resolver de fondo el recurso de apelación interpuesto por el municipio demandado, la Subsección acoge y reitera el criterio fijado por la Sección Tercera de esta corporación respecto del alcance de la competencia del fallador, postura conforme a la cual en desarrollo de los principios de congruencia de la sentencia, así como también el principio dispositivo, el ámbito competencial del juez de segunda instancia se ve delimitado o condicionado a los puntos de discordancia señalados por el recurrente en el escrito de apelación frente a la sentencia proferida en primera instancia, salvo ciertas excepciones permitidas(12).

21 En este orden de ideas, el análisis que se llevará a cabo en el presente asunto, se circunscribirá a los puntos que fueron objeto de discusión por la parte recurrente.

22 Así mismo, debe la Sala examinar ciertos aspectos procesales antes de abordar el objeto de apelación de la entidad demandada, como a continuación se procede a hacer.

3. Aspectos procesales previos.

23 La Sala previo a abordar el estudio y análisis de fondo advierte las siguientes cuestiones procesales respecto de las cuales debe pronunciarse: 1) el valor probatorio de las copias simples; y, 2) el valor probatorio de las fotografías.

3.1. El valor probatorio de las copias simples.

24 Revisado el expediente en el presente asunto se tiene que la parte demandante allegó al proceso los siguientes medios probatorios documentales en copia simple, de los que pudo tener conocimiento la entidad demandada a lo largo de todo el trámite del mismo: i) Copia simple de informe de accidente de tránsito Nº 98-2450, [fl. 3 cdn. 1]; ii) dictamen médico legal de lesiones no fatales Nº 442-2000, [fls. 4 y 5 cdn. 1, 14 y 15 cdn. 1]; iii) constancia de estado de salud e incapacidad del señor Carlos Arturo [fl. 8 cdn. 1]; iv) informe administrativo por lesiones Nº 001/99. R. 017 del 29 de febrero de 2000 [fls. 11 y 12 cdn. 1]; v) diligencia de inspección judicial ordenada mediante Oficio 3941 del 27/08/99 por el Juez Segundo Penal Municipal [fl. 17 cdn. 1]; vi) diligencia de inspección judicial ordenada por el Juzgado Segundo Penal Municipal [fl. 19 cdn. 1]; vii) diligencia de inspección judicial ordenada mediante Oficio 3334 del 27/08/99 por el Juez Segundo Penal Municipal [fl. 21 cdn. 1]; viii) Certificado de atención médica para víctimas de accidentes de tránsito [fls. 22 y 48 cdn. 1]; ix) informe de accidente de tránsito suscrito por el agente de tránsito Carlos Jerónimo Bermúdez Ávila el 17 de julio de 1.999 [fl. 23 cdn. 1]; x) radiografías tomadas al señor Carlos Arturo el 17 de julio de 1.999 [fls. 24, 25, 50 a 52 cdn. 1]; xi) informe ecográfico del señor Carlos Fuentes de fecha 18 de julio de 1.999 [fl. 26 cdn. 1]; xii) hojas de inscripción de ingreso del señor Carlos Arturo puentes Toro a la Clínica Hospital Tolima de Ibagué [fls. 27 y 28 cdn. 1]; xiii) exámenes, valoración física y evolución del señor Carlos Arturo en la Clínica del Tolima [fls. 29, 30 y 31, 55 y 64 cdn. 1 y 32 a 42 cdn. 1]; xiv) informe quirúrgico de esplenectomía llevada a cabo en la humanidad del señor Carlos Arturo el 17 de julio de 1999 [fl. 43 y 51, 54 y 63 cdn. 1]; xv) evolución clínica “nota de remisión” del señor Carlos Arturo de la entidad hospitalaria Sociedad Médico Quirúrgica del Tolima Ltda. [fl. 45 cdn. 1]; xvi) registro individual de atención en hospitalización en el centro hospitalario Federico Lleras Acosta de Ibagué [fl. 46 cdn. 1]; xvii) registro individual de atención en urgencias en el centro hospitalario Federico Lleras Acosta de Ibagué el 12 de julio de 1999, al presentar dificultad respiratoria [fl. 47 cdn. 1]; xviii) registro individual de atención de urgencias en el centro hospitalario Federico Lleras Acosta de Ibagué del 17 de julio de 1999 [fl. 49 cdn. 1]; xix) registro individual de atención en hospitalización en el centro hospitalario Federico Lleras Acosta de Ibagué, en el que consta que ingresa el 13 de agosto de 1999 y egresa el 30 de agosto de 1999 [fl. 53 cdn. 1]; y, xx) informe de atención general del señor Carlos Arturo puentes Toro [fl. 56 cdn. 1].

24.1 Como premisa inicial, la Sala tiene en cuenta que por la naturaleza del asunto, esto es, por haber serio compromiso en la vulneración de ciertos Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, su valoración de los elementos probatorios no puede agotarse solo en la comprensión de las normas del ordenamiento jurídico interno, sino que debe propender por garantizar aquellas que convencionalmente son exigibles, especialmente las relaciones con la plenitud del acceso a la administración de justicia y las garantías judiciales para todos los extremos de la litis.

24.2 Si bien, la Sección Tercera(13) ha sostenido que las copias simples carecen de valor probatorio por cuanto no cumplen con las exigencias establecidas en los artículos 253 y 254 del CPC, según las cuales los documentos públicos y privados aportados en fotocopia simple por personas que no los suscriben no pueden ser tenidos en cuenta, en consideración a que únicamente tienen valor probatorio aquellos aportados en original o en copia autorizada por notario, director de oficina administrativa o de policía, secretario de oficina judicial o autenticada por notario, previa comparación con el original o con la copia autenticada que se le presente; en el presente caso, la entidad demandada en la contestación de la demanda no se opuso a tener como prueba los aportados por los demandantes y, estos, por su parte, además de tener en cuenta los documentos obrantes en el expediente para la defensa de sus pretensiones, no manifestaron oposición alguna a los aportados en copia simple por parte de la entidad demandada, municipio de Ibagué. Por lo tanto, las partes no desconocieron los documentos, ni los tacharon de falsos, sino que conscientemente manifestaron su intención de que los mismos fuesen valorados dentro del proceso.

24.3 Sin embargo, con respecto al asunto que ahora nos ocupa también vale la pena precisar que la discusión respecto de la posibilidad de valorar las pruebas aportadas en copia simple, fue finalmente zanjada en la sentencia de unificación jurisprudencial proferida el 28 de agosto de 2013 por la Sala Plena de la Sección Tercera [Expediente 25022, M. P. Enrique Gil Botero], la cual, para estos efectos, y por la importancia las consideraciones y razonamientos efectuados en ella, se cita in extenso:

“Como se aprecia, las disposiciones contenidas en los artículos 252 y 254 del CPC, resultan aplicables a los procesos de naturaleza contencioso administrativa en curso, de conformidad con la regla de integración normativa contenida en el artículo 267 del CCA.

De otro lado, es necesario destacar la modificación introducida por el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, que cambió el inciso cuarto del artículo 252 del CPC, para señalar que los documentos privados elaborados o suscritos por las partes, incorporados al proceso en original o copia se presumen auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación, salvo los que provienen de terceros que revisten la condición de dispositivos.

No obstante, con la promulgación de la Ley 1437 de 2011 —nuevo código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo— se profirió una disposición especial aplicable a los asuntos de conocimiento de esta jurisdicción, precepto cuyo contenido y alcance era el siguiente:

‘ART. 215.—Valor probatorio de las copias. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que las copias tendrán el mismo valor del original cuando no hayan sido tachadas de falsas, para cuyo efecto se seguirá el trámite dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.

‘La regla prevista en el inciso anterior no se aplicará cuando se trate de títulos ejecutivos, caso en el cual los documentos que los contengan deberán cumplir los requisitos exigidos en la ley’.

De allí que la citada disposición resultaba aplicable a los procesos contencioso administrativos que estuvieran amparados por la regla de transición contenida en el artículo 308 de la misma Ley 1437 de 2011.

Lo relevante del artículo 215 de la Ley 1437 de 2011 —CPACA— era que incorporaba o concentraba la regulación legal del valor probatorio de las copias en una sola disposición, que no se prestaba para interpretaciones o hermenéuticas en relación bien con la clase o naturaleza del documento —público o privado— así como tampoco con su autor, signatario o suscriptor —las partes o terceros—.

En esa lógica, la normativa mencionada constituía un régimen de avanzada en el que el principio de buena fe contenido en el texto constitucional (art. 83) y desarrollado ampliamente en el Código Civil —en sus vertientes objetiva y subjetiva— se garantizaba plenamente, toda vez que correspondía a las partes o sujetos procesales tachar de falsas las copias que, en su criterio, no correspondían con el original y, por lo tanto, dar paso al incidente de tacha de falsedad del respectivo documento.

Es así como, con el artículo 215 de la Ley 1437 de 2011, se permitía que las partes aportaran los documentos que tenían en su poder en copia, sin importar que los mismos fueran elaborados por aquellas, por terceros o inclusive que provinieran de una autoridad administrativa o judicial. Era el reconocimiento pleno del principio de confianza que debe imperar en toda sociedad moderna, siempre y cuando se otorguen las herramientas para surtir de manera efectiva el derecho de contradicción.

En esa línea de pensamiento, las regulaciones contenidas en las leyes 1395 de 2010 y 1437 de 2011 eran el reflejo de una concepción del proceso más moderna, alejada de los ritualismos y formalismos que tanto daño le han hecho a la administración de justicia, puesto que atentan contra los principios de celeridad y eficacia.

(…)

No obstante, con la expedición de la Ley 1564 de 2012 —nuevo Código General del Proceso— corregido mediante el Decreto 1736 de 2012, se derogó expresamente el inciso primero del artículo 215 de la Ley 1437 de 2011, CPACA.

(…)

Así las cosas, al haber derogado el Código General del Proceso CGP, la disposición contenida en la Ley 1437 de 2011, resulta incuestionable que las normas para la valoración de las copias son las contenidas en los artículos 252 y 254 del CPC, preceptos que mantienen vigencia, ya que solo la perderán a partir del 1º de enero de 2014, según lo dispuesto en el artículo 627 de la codificación general citada.

(…)

Así las cosas, cuando entre en vigencia el acápite correspondiente a la prueba documental, contenida en el CGP, se avanzará de manera significativa en la presunción de autenticidad de los documentos, lo que es reflejo del principio de buena fe constitucional; lo anterior, toda vez que de los artículos 243 a 245 del CGP, se pueden extraer algunas conclusiones: i) los documentos públicos o privados, emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, se presumen auténticos, ii) es posible que las partes los tachen de falsos o los desconozcan, lo que originará que se surta el respectivo trámite de la tacha, iii) los documentos se pueden aportar al proceso en original o en copia, iv) las copias, por regla general, tendrán el mismo valor probatorio que el documento original, salvo disposición especial en contrario, v) cuando se aporta un documento en copia, corresponde a la parte que lo allega indicar —si lo conoce— el lugar donde reposa el original para efectos de realizar el respectivo cotejo, de ser necesario, y vi) las partes pueden solicitar el cotejo de los documentos aportados en copias.

Por consiguiente, el legislador ha efectuado un constructo que busca superar la rigidez y la inflexibilidad de un sistema procesal basado en los formalismos, que distancia a las partes en el proceso, crea costos para los sujetos procesales y, en términos de la teoría económica del derecho, desencadena unas externalidades que inciden de manera negativa en la eficiencia, eficacia y la celeridad de los trámites judiciales.

Ahora bien, una vez efectuado el recorrido normativo sobre la validez de las copias en el proceso, la Sala insiste en que —a la fecha— las disposiciones que regulan la materia son las contenidas en los artículos 252 y 254 del CPC, con la modificación introducida por el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, razón por la cual deviene inexorable que se analice el contenido y alcance de esos preceptos a la luz del artículo 83 de la Constitución Política y los principios contenidos en la Ley 270 de 1996 —estatutaria de la administración de justicia—.

(…)

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

(…)

En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (C.P., arts. 228 y 229).

(…)

Lo anterior, no quiere significar en modo alguno, que la Sala desconozca la existencia de procesos en los cuales, para su admisión y trámite, es totalmente pertinente el original o la copia auténtica del documento respectivo público o privado. En efecto, existirán escenarios —como los procesos ejecutivos— en los cuales será indispensable que el demandante aporte el título ejecutivo con los requisitos establecidos en la ley (v. gr. el original de la factura comercial, el original o la copia auténtica del acta de liquidación bilateral, el título valor, etc.). Por consiguiente, el criterio jurisprudencial que se prohíja en esta providencia, está relacionado específicamente con los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v. gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas como por ejemplo el artículo 141 del CCA, norma reproducida en el artículo 167 de la Ley 1437 de 2011 —nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo— (…)”.

24.4 Por lo tanto, en consideración a lo anterior y atendiendo a que la normatividad aplicable sigue siendo la consignada en el Código de Procedimiento Civil —por expresa remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo— y, aun cuando no se cumplió con el requisito de autenticación de la copia previsto en el artículo 254 de la Ley Procesal Civil, la Sala considera en esta oportunidad, en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y de la garantía del derecho de acceso a la justicia consagrado en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, que no pueden aplicarse las formas procesales con excesivo rigorismo y en forma restrictiva, con el fin de desconocer lo que las mismas partes no han hecho y ni siquiera han discutido durante el proceso, como lo es la autenticidad de los documentos allegados por las partes en copia simple.

24.5 Es oportuno precisar que la interpretación que hoy se efectúa no puede entenderse como la exoneración de la carga de cumplir con las reglas contenidas en la ley procesal civil frente a la aportación de copias de documentos que siguen vigentes y en pleno rigor. Lo que sucede en esta ocasión, es que ambas partes aceptaron que los documentos fuesen apreciables y coincidieron en la valoración de los mismos en forma recíproca, no solo al momento de su aportación, sino durante el transcurso del debate procesal(14), por lo tanto serán valorados por la Subsección para decidir el fondo del asunto(15).

24.6 Estudiado lo anterior, aborda la Sala lo relacionado con el valor probatorio de las fotografías allegadas al proceso.

3.2. El valor probatorio de las fotografías.

25 Junto con el escrito de presentación de la demanda, la parte actora allegó una serie de seis (6) fotografías (fls. 65 y 66 cdn. 1) con el objeto de acreditar el estado en el que se encontraba la vía municipal a la fecha en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a las lesiones por las cuales ahora se demanda.

25.1 En relación con el valor probatorio que ha de otorgarse a la fotografías, se torna necesario precisar en primer lugar, que las mismas ostentan la calidad de documentos representativos, pues no contienen declaración alguna, sino que a través de las mismas se representa “una escena de la vida en particular, en un momento determinado(16)”.

25.2 De otra parte, se tiene que para valorar su autenticidad la Sala tiene en cuenta lo previsto en el artículo 25 del Decreto-Ley 2651 de 1991 (norma aplicable para la época de presentación de la demanda), regulación conforme a la cual los “documentos presentados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial, tuvieran o no como destino servir de prueba, se reputarán auténticos sin necesidad de presentación personal ni autenticación”, sin embargo la presunción de autenticidad de las fotografías no ofrece el convencimiento suficiente al no definirse a través de las mismas las situaciones de tiempo, modo y lugar de lo representado en ellas, por lo cual se torna necesario que a efectos de otorgarles mérito probatorio, su contenido sea ratificado, verificado o cotejado con otros medios de prueba allegados al proceso, adicional a lo anterior se debe tener en cuenta que su fecha cierta y que al ser consideradas como documento privado, con relación a terceros se cuenta, conforme al artículo 280 de CPC, desde el momento en el que son aportadas al proceso, esto es, desde la presentación de la demanda (5 de febrero de 2001), sin perjuicio de los demás criterios fijados por la norma en mención; así las cosas la valoración, por lo tanto, de las fotografías se sujetará a su calidad de documentos, que en el marco del acervo probatorio, serán apreciadas como medios auxiliares, y en virtud de la libre crítica del juez(17).

25.3 En el presente asunto se encuentra que el contenido de las fotografías allegadas por la parte actora, fue ratificado por medio de testimonio rendido por el señor Wilanderson Rivera Correa [fls. 97 y 98 cdn. 1], prueba esta que permite generar un grado de certeza de que las mismas corresponden al hecho causante del daño por el cual se solicita la reparación, así como también del lugar y la época en que fueron tomadas.

25.4 Así las cosas, conforme lo analizado en líneas anteriores, la Sala al examinar el objeto de análisis de la impugnación en el presente asunto, otorgará mérito probatorio a las fotografías en su calidad de documentos, y siempre apreciadas como medios auxiliares.

25.5 Después de estudiar, analizar y valorar los anteriores aspectos procesales, la Sala procede a delimitar el análisis de la impugnación presentada por la entidad demandada.

4. Análisis de la impugnación.

26 El análisis de la impugnación se circunscribirá a los argumentos expuestos y desarrollados por la parte demandada en el recurso de apelación, específicamente a que la sentencia recurrida debe ser revocada y en su lugar han de negarse las pretensiones al configurarse la culpa exclusiva de la víctima como causal exonerativa de responsabilidad a esta atribuible.

27 Así las cosas, teniendo en cuenta que la parte demandada es la única apelante, en desarrollo de lo previsto en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil y con sujeción a la postura adoptada por la Sala Plena de la Sección Tercera de esta corporación mediante sentencia de unificación jurisprudencial del 9 de febrero de 2012 [Exp. 21060], la Sala centrará su análisis a los argumentos por ella expuestos.

5. Los medios probatorios.

28 Al expediente fueron allegados oportunamente y con observancia de las exigencias legales para otorgar valor probatorio, los siguientes elementos:

28.1 Copia simple de Informe de accidente de tránsito Nº 98-2450, que tuvo lugar el día sábado 17 de julio de 1999 en la “Avenida 5 VIA (sic) Topacio Diagonal entrada jardín” [fl. 3 cdn. 1].

28.2 Copia simple de dictamen médico legal de lesiones no fatales Nº 442-2000, expedido por el médico forense de Medicina Legal Ciencias Forenses, Unidad Local Ibagué, Seccional Tolima, el 2 de febrero de 2000 [fls. 4 y 5 cdn. 1, 14 y 15 cdn. 1].

28.3 Orden médica Nº 107667 del 17-07-99, de la historia clínica del señor Carlos Puentes en la Clínica-Hospital Tolima, Sociedad Médico Quirúrgica del Tolima Ltda. [fl. 6 cdn. 1].

28.4 Original de comprobante de intervenciones-procedimientos y actividades Nº 7434, suscrito por el doctor Gonzalo Bermúdez V. el 26 de agosto de 1999, por el cual se hace constar la existencia de la intervención quirúrgica [esplenectomía] que se le practicó al demandante [fl. 7 y 57 cdn. 1].

28.5 Copia simple de constancia de estado de salud e incapacidad del señor Carlos Arturo, suscrita por la doctora Isabel Eferrano el 7 de octubre de 1999 [fl. 8, cdn. 1].

28.6 Original de informe de remisión del 3 de agosto de 1999, por el cual se remite al señor Carlos Arturo a ortopedia [fl. 9 cdn. 1].

28.7 Copia simple de informe administrativo por lesiones Nº 001/99. R. 017 del 29 de febrero de 2000, por el cual el señor Luis Alberto Gómez Heredia, en su calidad de comandante del Departamento de Policía del Tolima – Policía Nacional hace constar las lesiones padecidas por el señor Carlos Arturo en hechos acaecidos en 17/07/99 [fls. 11 y 12 cdn. 1].

28.8 Copia simple de diligencia de inspección judicial ordenada mediante Oficio 3941 del 27/08/99 por el Juez Segundo Penal Municipal, practicada sobre la motocicleta “Susuki TS-125” placas 26-095, propiedad de la Policía Nacional, vehículo donde se movilizaba el actor el día de los hechos [fl. 17 cdn. 1].

28.9 Copia simple de diligencia de inspección judicial ordenada por el Juzgado Segundo Penal Municipal, mediante Oficio 3335 del 22/07/99, practicada el 22 de julio de 1999, sobre volqueta marca “Hyundai” de placas EPB-102 [fl. 19 cdn. 1].

28.10 Copia simple de diligencia de inspección judicial ordenada mediante Oficio 3334 del 27/08/99 por el Juez Segundo Penal Municipal, practicada sobre la buseta marca “Chevrolet” de placas MPR.TU130 [fl. 21 cdn. 1].

28.11 Copia simple del certificado de atención médica para víctimas de accidentes de tránsito expedido por la institución hospitalaria Federico Lleras Acosta de Ibagué [fls. 22 y 48 cdn. 1].

28.12 Copia simple de informe de accidente de tránsito suscrito por el agente de tránsito Carlos Jerónimo Bermúdez Ávila el 17 de julio de 1999 [fl. 23 cdn. 1].

28.13 Copia simple de radiografías tomadas al señor Carlos Arturo el 17 de julio de 1999 por los médicos radiológicos Rafael Puertas Forero y Jorge A. Sanz P., de la Sociedad Médico Quirúrgica del Tolima [fls. 24, 25, 50 a 52 cdn. 1].

28.14 Copia simple de informe ecográfico del señor Carlos Fuentes de fecha 18 de julio de 1999 [fl. 26 cdn. 1].

28.15 Copia simple de hojas de inscripción de ingreso del señor Carlos Arturo Puentes Toro a la Clínica Hospital Tolima de Ibagué [fls. 27 y 28 cdn. 1].

28.16 Copia simple de exámenes, valoración física y evolución del señor Carlos Arturo en la Clínica del Tolima, Urgencias Hipócrates [fls. 29, 30 y 31, 55 y 64 cdn. 1], en la Clínica-Hospital Tolima, Sociedad Médico Quirúrgica del Tolima Ltda. [fls. 32 a 42 cdn. 1].

28.17 Copia simple de informe quirúrgico de esplenectomía llevada a cabo en la humanidad del señor Carlos Arturo el 17 de julio de 1999 [fls. 43 y 51, 54 y 63 cdn. 1].

28.18 Copia simple de evolución Clínica “nota de remisión” del señor Carlos Arturo de la entidad hospitalaria Sociedad Médico Quirúrgica del Tolima Ltda. [fls. 45 cdn. 1].

28.19 Copia simple de Registro Individual de Atención en Hospitalización en el centro hospitalario Federico Lleras Acosta de Ibagué, por medio del cual se deja constancia de que el señor Carlos Arturo ingresa a dicho centro el día 17 de julio de 1999 y egresa el 26 de julio de 1999 término dentro del cual se le practica una laparotomía [fl. 46 cdn. 1].

28.20 Copia simple de registro individual de atención en urgencias en el centro hospitalario Federico Lleras Acosta de Ibagué el 12 de julio de 1999, al presentar dificultad respiratoria [fl. 47 cdn. 1].

28.21 Copia simple de registro individual de atención de urgencias en el centro hospitalario Federico Lleras Acosta de Ibagué el 17 de julio de 1999 [fl. 49 cdn. 1].

28.22 Copia simple de registro individual de atención en hospitalización en el centro hospitalario Federico Lleras Acosta de Ibagué, en el que consta que ingresa el 13 de agosto de 1999 y egresa el 30 de agosto de 1999 [fl. 53 cdn. 1].

28.23 Copia simple de informe de atención general del señor Carlos Arturo Puentes Toro [fl. 56 cdn. 1].

28.24 Una serie de 6 fotografías en las que se muestra el estado de la vía, donde acaeció el accidente de tránsito que dio lugar a las lesiones ocasionadas al actor y por las cuales ahora demanda [fls. 65 y 66 cdn. 1].

28.25 Testimonio rendido por el señor Wilanderson Rivera Correa el 28 de septiembre de 2001 ante el Tribunal Administrativo del Tolima [fls. 97 y 98 cdn. 1].

28.26 Dictamen pericial rendido en 22 de marzo de 2002, por el perito auxiliar de la justicia designado en el presente asunto, el señor José Víctor Pinzón [fls. 5 a 6 cdn. 1] y su aclaración o complemento [fls. 11 a 12 cdn. 2].

28.27 Factura cambiaria de compraventa Nº 84551, por valor de ochocientos veintisiete mil ochocientos dos mil pesos $827.802, pagadera a la orden de la Sociedad Médico Quirúrgica del Tolima, a cargo de la aseguradora La Previsora S.A. [fl. 7 cdn. 2].

28.28 Factura de venta de los servicios médicos suministrados al señor Carlos Arturo Puentes Toro en el centro hospitalario Federico lleras Acosta de Ibagué, por valor de un millón quinientos cuarenta y dos mil, cuatrocientos mil pesos [fls. 8 y 9 cdn. 2].

28.29 Respuesta al Oficio 1176-2001-DST, suscrito por el director seccional del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dirección regional oriente-dirección seccional Tolima por el cual se reproduce el contenido de dictamen por lesiones no fatales Nº 442-2000, afirmando que al ser este el último y definitivo, no era posible suministrar más información de la que ya obraba en el expediente [fls. 43 y 44 cdn. 2].

6. Problema jurídico.

29 De lo anterior se puede plantear como problema jurídico si en el presente operó la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, ya que en caso contrario procede confirmar la decisión de primera instancia que declaró la responsabilidad patrimonial y administrativa de la entidad demandada, municipio de Ibagué, por las lesiones ocasionadas al agente Carlos Arturo Puentes Toro en accidente de tránsito que tuvo lugar el día 17 de julio de 1999, como consecuencia de la omisión en que incurriera el primero de ellos en el mantenimiento o conservación de las vías a su cargo, así como también por ausencia de señalización.

30 Como la entidad demandada como único apelante encamina el objeto de su recurso solamente a cuestionar si operó o no la eximente de culpa exclusiva de la víctima, la Sala limitará su estudio al ámbito fáctico del juicio de imputación. Sin perjuicio de lo anterior, se tiene que el daño antijurídico en el presente asunto se concreta en las lesiones padecidas por el señor Carlos Arturo Puentes Toro con ocasión del accidente de tránsito que tuvo lugar el día 17 de julio de 1999 aproximadamente a las 6:15 a.m., en la vía que conduce hacia el barrio El Salado, diagonal a la entrada al barrio El Jardín, ocasionado por la existencia de un hueco en la misma, producto de la presunta falta de mantenimiento y señalización de la vía a cargo del municipio(18).

31 Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala examina los criterios con base en los cuales debe estudiarse si opera el hecho o culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad, analizada en el ámbito fáctico, para luego abordar su adecuación o encuadramiento para el caso en concreto.

7. La culpa exclusiva de la víctima y su alcance como eximente de responsabilidad que puede concurrir con la acción, omisión o inactividad del Estado.

32 La culpa de la víctima, teniendo en cuenta la sentencia de la Sección Tercera de 17 de octubre de 1991, presenta los siguientes elementos tipificadores:

“Para que la culpa de la víctima se tipifique se deben dar los siguientes elementos: a) Una relación causal entre el hecho de la víctima y el daño. Si la víctima no contribuye en alguna forma a la producción del evento perjudicial, su conducta no puede tener repercusiones en el campo de la responsabilidad; b) El hecho de víctima debe ser extraño y no imputable al ofensor, y c) Debe ser ilícito y culpable. Cualquier circunstancia particular del caso no puede aceptarse como hecho de la víctima, pues se corre el riesgo de pecar por informalidad jurídica en la aplicación de la ley y el derecho, al caso concreto”(19).

32.1 La culpa exclusiva de la víctima como elemento que excluye la responsabilidad del Estado, se ha entendido como “la violación por parte de esta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado”(20), que se concreta en la demostración “de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta”(21). Dicha postura de la Sección Tercera llevó a concluir:

“[…] Por tanto puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño”(22).

32.2 La anterior posición jurisprudencial tuvo una proyección en la sentencia de la Sección Tercera de 2 de mayo de 2002, en la que se consideró:

“[…] para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos:

— Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal. Ahora bien, si la actuación de la víctima concurre con otra causa para la producción del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil.

— El hecho de la víctima no debe ser imputable al ofensor, toda vez que si el comportamiento de aquella fue propiciado o impulsado por el ofensor, de manera tal que no le sea ajeno a este, no podrá exonerarse de responsabilidad a la administración […]”(23).

32.3 Con posterioridad la jurisprudencia de la Sección Tercera [y sus subsecciones], establece una serie de fundamentos o supuestos en los que cabe o no encuadrar el hecho o culpa de la víctima como eximente de responsabilidad de la administración pública: i) se concreta por la experiencia de la víctima en el manejo de objetos, o en el despliegue de actividades(24); ii) la “ausencia de valoración del riesgo por parte de las víctimas” puede constituir una “conducta negligente relevante”(25); iii) puede constituirse en culpa de la víctima el ejercicio por los ciudadanos de “labores que no les corresponden”(26); iv) debe contribuir “decisivamente al resultado final”(27); v) para “que la conducta de la víctima pueda exonerar de responsabilidad a la entidad demandada, la misma debe ser causa determinante en la producción del daño y ajena a la administración”, a lo que agrega, que en “los eventos en los cuales la actuación de la víctima resulta ser la causa única, exclusiva o determinante del daño, carece de relevancia la valoración de su subjetividad”(28); vi) la “violación por parte de esta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado”, la que “exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño cuando esta es exclusiva”(29); y, vii) por el contrario no se configura como eximente cuando no hay ni conocimiento de un elemento o actividad que entraña peligro, ni hay imprudencia de la víctima(30).

33 Examinados los presupuestos en los que cabe sustentar el hecho o culpa de la víctima, en caso de ser demostrado en el asunto en concreto, la Sala aborda aquellos en los que puede estructurarse la concurrencia de culpas [en materia civil compensación de culpas] entre la víctima y la acción, omisión o inactividad de la entidad demandada, previo al análisis del régimen de responsabilidad por accidente de tránsito, y al estudio del caso en concreto.

8. La imputación en el caso concreto: ¿exime el hecho o culpa exclusiva de la víctima?

34 En el presente asunto se encuentra que la demandada funda la configuración del hecho exclusivo de la víctima en que la conducta desplegada por la víctima fue “notoriamente imprudente”, al no sujetarse a lo previsto en la normatividad legal, por lo cual dicha conducta se constituía en la causa exclusiva del accidente, al respecto señaló:

“La conducta de la víctima fue notoriamente imprudente. Esa conducta se constituye en la causa exclusiva del accidente. El señor Puentes (sic), no actuó de acuerdo a lo establecido por el Artículo (sic) 108 del Código Nacional de tránsito, que dice: ‘Separación entre vehículos:

La separación entre dos (2) vehículos que circulen uno tras de otro en el mismo carril de una calzada, será de acuerdo con la velocidad.

— Para velocidades de hasta treinta (30) kilómetros por hora, diez (10) metros.

— Para velocidades entre treinta (30) y sesenta (60) kilómetros por hora, veinte (20) metros.

— Para velocidades entre sesenta (60) y ochenta (80) kilómetros por hora, veinticinco (25) metros.

— Para velocidades entre ochenta (80) kilómetros en adelante, treinta (30) metros o la que la autoridad competente indique.

En todos los casos, el conductor deberá atender al estado del suelo, humedad, visibilidad, peso del vehículo y otras condiciones que puedan alterar la capacidad de frenado de este, manteniendo una distancia prudente con el vehículo que antecede’. Así las cosas, el accidente se expuso a un riesgo mayor por su desobediencia a la ley.

En este caso de culpa de la víctima, no hay relación de causalidad entre el daño y la conducta por acción u omisión de las autoridades, No se está frente a un caso de con causalidad a pesar de que como se vio hubo falla en el servicio, pero esta no fue causa del accidente. No hay lugar a presumir tal nexo causal por tratarse de actividad peligrosa. Debe prosperar en consecuencia la defensa propuesta, como excepción, de culpa de la víctima como causa exclusiva del daño” [fls. 139 y 149 cdn. ppal.].

35 De lo expuesto, la Sala más que advertir una deficiencia argumentativa, evidencia una deficiencia probatoria por parte de la demandada, pues esta en primer lugar se limita a citar la normatividad de tránsito y afirmar su incumplimiento por parte del actor sin explicar las razones por las cuales este incurre en el mismo y, en segundo lugar no allega los elementos probatorios suficientes a partir de los cuales el funcionario judicial pueda inferir o determinar que efectivamente el actor incurrió en incumplimiento de las obligaciones de tránsito exigidas por ley, así como tampoco que su conducta fuera determinante y decisiva en la producción del accidente de tránsito que dio lugar a las lesiones por las cuales ahora demanda, lo anterior conforme a las pruebas que la Sala pasa a exponer:

a) Obra en el expediente fotocopia simple de informe de accidente de tránsito o croquis Nº 98-2450, de fecha 17 de julio de 1999 [fl. 3, cdn. 1], en el cual solo se consigna como observaciones:

“la sigla de la moto no es 26-242 como quedo en el informe sino 26-095, mencionado vehiculo (sic) motocicleta queda en el CAI 2 frente al optimo, ya que por ser oficial no le puede dejar en el parqueadero”.

35.1 Conforme a lo plasmado en el informe al que se alude y el dibujo plasmado por el agente de Policía en el mismo se puede concluir lo siguiente: se trata de una vía con un único sentido que conduce a la Avenida Quinta, vía Salado, la cual mide 8.50 metros de ancho, desde el separador, según se evidencia el lugar de los hechos se produce unos metros antes de una vía que a la derecha conduce a el “Jardín”, antes de llegar a la avenida referida.

35.2 En el dibujo se observa a la derecha la existencia de un hueco cuyas medidas se tornan ilegibles, un poco más a la izquierda aproximadamente a unos 1.20 metros del hueco, se encuentra la moto, más delante de la moto a la izquierda, cerca al separador de la avenida quinta vía salado con la Avenida Quinta vía centro que va en dirección contraria, se encuentra la buseta propiedad del señor Wilanderson Rivera Correa y más delante de dicha buseta a la derecha, se encuentra la volqueta propiedad del señor Abelardo Peralta Peralta.

35.3 La volqueta aparece en el carril que conduce a la avenida Quinta, vía Salado, unos metros más a adelante del hueco y la moto, así como también de la buseta, que se encontraba metros más adelante que estos últimos y al lado derecho del separador.

36 Debe precisarse que según declaraciones rendidas por el señor Wilanderson Rivera Correa al señalar “[…] Quiero explicar que el carro es una especie de volqueta, es de recoger la basura. Luego llegaron los de tránsito y levantaron el croquis, allí se consignó de que yo quedé a menos distancia que la volqueta, pero lo que ocurrió fue que el de la volqueta movilizó el carro después del accidente […]” [subrayado fuera de texto], al levantarse el croquis al que se hace referencia, la volqueta se movió unos metros más hacia adelante, por lo que se desconoce a ciencia cierta cómo se encontraba el vehículo en el momento en que se produjo el siniestro.

36.1 Respecto a las características del lugar donde ocurrieron los hechos, conforme se consigna en el informe se tiene que esta es una zona urbana, sector comercial, de diseño tramo de vía, en cuanto a sus características geométricas, la vía es recta, plana y con aceras, su utilización es de un único sentido, tiene una calzada, dos carriles y es de asfalto.

36.2 Con relación a las condiciones de tiempo se establece como fecha de ocurrencia las 6:15 am y como fecha de levantamiento las 6:25, que el tiempo era normal y que la vía se encontraba con huecos y seca.

37 Ahora bien, en cuanto a las condiciones de modo en que ocurrieron los hechos se tiene como prueba:

37.1 El informe administrativo por lesiones Nº 001/99. R. 017 del 29 de febrero de 2000, por el cual el señor Luis Alberto Gómez Heredia, en su calidad de comandante del Departamento de Policía del Tolima – Policía Nacional [fls. 11 y 12 cdn. 1], en el cual se consignó lo siguiente:

Hechos:

Los ocurridos el día 170799 (sic) a eso (sic) de las 6:15 horas en la vía que conduce a la inspección especial del Salado, resultó lesionado el señor cabo primero Carlos Arturo Puentes Toro, adscrito al programa de bachilleres como relevante de una sección, el suboficial conducía la moto de color blanca de propiedad de la Policía Nacional distinguida con las siglas 26-246 (sic), igualmente viajaba como parrillero el señor subientendente (sic) Jorge Eduardo Perdomo Romero, en el momento de los hechos los mencionados se dirigian (sic) a sus residencias ya que habían prestado turno de refuerzo y seguridad en la alcaldia (sic) municipal ordenado por el comandante del Primer Distrito, los policiales colisionaron con el vehículo volqueta particular marca Hyundai, placa EPB1 102 de propiedad Acopijao S.A., saliendo ileso conductor y ocupantes, los uniformados fueron remitidos a los centros asistenciales de la ciudad.

[…] por los antecedentes recopilados en el asunto se pudo establecer que las posibles causas del accidente fueron ocasionados por el estado de la vía al tratar el conductor de la volqueta de esquivar un hueco que no tenía ninguna señalización de peligro y con su maniobra arrollar la moto donde se movilizaban los uniformados, así mismo se confirmo (sic) que los mencionados regresaban a sus casas después de cumplir un servicio de seguridad en la alcaldia (sic) municipal, presentándose el insuceso y ha comentado, por tal razón las circustancias (sic) de modo, tiempo y lugar eu (sic) que e (sic) produjo sus lesiones ocurrieron en el servicio, por causa y razón del mismo […]”.

37.2 La diligencia de inspección judicial ordenada mediante Oficio 3941 del 27/08/99 por el Juez Segundo Penal Municipal, practicada sobre la Motocicleta “Susuki TS-125” placas 26-095, propiedad de la Policía Nacional, vehículo donde se movilizaba el actor el día de los hechos [fl. 17 c1], en la que se señaló como daños del vehículo motor:

“[…] la motocicleta presenta los siguientes daños, cabrilla torcida direccionale (sic) traseros y trasero rotos, carrenaje roto parte izquierda, guardabarro raspado, barras dela (sic) amortiguación (sic) delantera torcido, los espejos y base dañada”.

37.3 La diligencia de inspección judicial ordenada por el Juzgado Segundo Penal Municipal, mediante Oficio 3335 del 22/07/99, practicada el 22 de julio de 1999, sobre volqueta marca “Hyundai” de placas EPB-102 [fl. 19 c1], en la que se manifestó:

“[…] no presenta punto de impacto, ni huella de haber colisionado con ningun (sic) vehiculo (sic) persona (sic) u objeto, estado tecnicomecanico (sic) en perfectas condiciones, ruedas, luces, encendido, frenos y demas (sic) en perfecto estado”.

37.4 La diligencia de inspección judicial ordenada mediante Oficio 3334 del 27/08/99 por el Juez Segundo Penal Municipal, practicada sobre la buseta marca “Chevrolet” de placas MPR.TU130 [fl. 21 cdn. 1], en la que se afirmó:

“[…] le informo al despacho que la buseta no presenta golpe de impacto alguno”.

37.5 El informe de accidente de tránsito suscrito por el agente de tránsito Carlos Jerónimo Bermúdez Ávila el 17 de julio de 1.999 [fl. 23 cdn. 1] por el cual relató:

“[…] Versión conductor volqueta: Yó (sic) Bajaba (sic) por el carril derecho cuando veo un hueco, le mermo la velocidad, cuando me estoy cogiendo el hueco siento el ruido atras (sic) miro por el retrovisor izquierdo, miro que una moto cae estrellada por ese Lado (sic), les (sic) trabajadores que venían (sic) en el volcó (sic) vieron también (sic) como corrió (sic).

Versión conductor buseta: Yó (sic) Wilanderson Rivera, vengo manejando la buseta y vengo detras (sic) de la (sic) linas (sic) do(sic) todos los carros que ivan (sic) bajando al lado derecho, venía una volqueta u(sic) una moto delante mió (sic), yó (sic) voy bajando por el lado izquierdo, la volqueta frena por no coger el huecolos (sic) señores de la moto por no meterse por detras (sic) de la volqueta salen rapido (sic) hacia el lado mío (sic) yo paso y luego escucho que se caen y paro.

Versión conductor # 3 moto: Yó (sic) venia (sic) bajando normalmente – una volqueta paro porque le hicieron el pare y por no estrellarme le hice el qui-te (sic) pero el hueco me desastivilizó (sic) y me caí, la volqueta nos adelanto (sic) y nos carro (sic).

Causas probables: quedan consignadas en la planilla de accidentes.-

Observaciones: La vía presenta un hueco en el lado derecho bien pronunciado, el lugar de los hechos es despojado […]”.

37.6 La declaración rendida por el señor Wilanderson Rivera Correa, propietario de la buseta, el 28 de septiembre de 2001 ante el Tribunal Administrativo del Tolima, [fls. 97 y 98 cdn. 1].

“[…] Preguntado por los generales de ley? Respondio (sic): Mi nombre es como quedó antes escrito […] actualmente trabajo como conductor de buseta en la empresa Cotrautol. Según lo que me dijeron en la empresa donde laboro que el señor Carlos Arturo Puentes Toro era la persona que tuvo un accidente de tránsito, el (sic) es uno de los dos policías. Cuando yo me bajé del carro el señor Puentes Toro estaba enredado con la moto detrás de la volqueta. Preguntado: (sic) Dado a conocer sucintamente los hechos materia de declaración? Contestó: Eso fue más arribita de la bomba del Jardín, a media cuadra antes de entrar a Atolsure, vía al Salado, no recuerdo la fecha, pero la cuestión fue que yo iba conduciendo la buseta número 2946 de Cotrautol sobre vía del óptimo para abajo, yo iba al lado izquierdo y una camioneta del municipio de Ibagué, de esos de recoger basura iban (sic) por el lado derecho, íbamos bajando cuando de un momento a otro antes de llegar a la entrada para Atolsure, ví (sic) que el señor de la camioneta paró, yo seguí común y corriente, cuando yo seguí escuche un totazo y paré, apagué el carro y me bajé, observe a uno de los agentes que estaba con la moto detrás de la camioneta y el otro agente de la policía estaba casi debajo de la buseta que yo conducía, yo procedí a ayudar al policía que estaba del carro (sic) que yo conducía, se separó (sic) todo tonto y me decía qué pasó? Cuando nosotros voltiamos (sic) a mirar el de la camioneta se iba a ir, porque el señor que la conducía había tenido la culpa ya que por no coger un roto que estaba muy hondo, una vez pasó ese accidente ahí sí arreglaron el hueco. Quiero explicar que el carro es una especie de volqueta, es de recoger la basura. Luego llegaron los de tránsito y levantaron el croquis, allí se consignó de que (sic) yo quedé a menos distancia que la volqueta, pero lo que ocurrió fue que el de la volqueta movilizó el carro después del accidente. Despues (sic) nos retuvieron los vehículos y yo con mi patrón fuimos a ver los heridos, allí en la Clínica Tolima, se encontraba el menos herido y el otro yo creo que estaba interno. Uno de los policías heridos me dijo en la Clínica Tolima que quien era yo, yo le contesté que era el conductor de la buseta, el me respondió que espera (sic) que le hicieran curación porque yo no tenía culpabilidad de nada, esperé y cuando salió nos fuimos a buscar a los de tránsito, pero uno de ellos nos dijo que no podíamos sacar los carros. Como a los 6 días nos entregaron el vehículo por parte de un juzgado. Preguntado de oficio: Sabe Ud. o a quien atribuye la causa del accidente sufrido por el señor Carlos Arturo Puentes Toro? Contesto: Yo digo que el causante fue el carro recolector de basuras por haber parado casi en seco por no coger un roto aproximadamente de 30 centimetros (sic) de profundidad, ancho 50 o 60 centimetros (sic) y de largo unos 2 metros. Preguntado: Las fotografías que se le ponen de presente tienen que ver con el lugar donde ocurrió el accidente y que obran a folios 65 y 66 de la encuadernación? Contesto: Si señor ese es el sitio y el hueco donde se presentó el accidente […]” [fls. 65 y 66 cdn. 1].

38 Del análisis de las pruebas referidas, no se evidencia alguna a través de la cual se acredite que efectivamente el actor incurrió en infracción de las normas de tránsito, pues de la lectura del croquis allegado y de los informes por accidente de tránsito elevados por las respectivas autoridades competentes, no se logra determinar a ciencia cierta a qué velocidad conducía o a que distancia se encontraba de la volqueta en el momento en que ocurrió el siniestro, pues como se precisó en líneas anteriores esta se movilizó momentos después a la ocurrencia del accidente y previo a que las autoridades de tránsito levantaran el croquis respectivo, así como tampoco le logró determinar que la conducta desplegada fuese decisiva, determinante y exclusiva en la producción del daño.

39 Así las cosas, en el presente asunto se encuentra que si bien la conducta de la víctima pudo haber sido eficiente, decisiva o determinante en la producción del daño, dicha circunstancia no fue acreditada por la entidad demandada, pues si bien a lo largo de su actuación procesal afirmó que el accidente de tránsito que tuvo lugar el 17 de julio de 1999 y las consecuentes lesiones sufridas por el actor, obedecían a su inobservancia de las normas de tránsito, no allegó al plenario prueba alguna a través de la cual lograra demostrar que efectivamente la víctima directa del daño se encontrara a exceso de velocidad, no cumpliera las distancias mínimas previstas en el código de tránsito, así como tampoco que se encontrara en estado de embriaguez.

40 En este orden de ideas, conforme lo previsto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al presente asunto por remisión expresa del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, razón por la cual si la demandada alegó la configuración del hecho exclusivo de la víctima como causal eximente de responsabilidad del estado, ha debido allegar las pruebas mediante las cuales lograra acreditar su configuración, sin embargo al no hacerlo incumplió una carga procesal, con las consecuencias que ello conlleva.

41 Excluyendo la configuración del hecho exclusivo de la víctima como causal eximente de responsabilidad en el presente asunto, se procederá al análisis del régimen de responsabilidad aplicable en aquellos eventos en los que se demanda la responsabilidad extracontractual del estado por omisión de la administración en el mantenimiento y conservación de las vías a su cargo, así como también por la falta de señalización.

9. De la obligación a cargo del municipio del mantenimiento o conservación de las vías a su cargo, así como también de la adecuada señalización de las mismas.

42 Al respecto es menester tener en cuenta lo previsto en el artículo 311 de la Constitución Política de conformidad con el cual “(…) [A]l municipio (…) le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, (…) y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes (…)”.

42.1 En desarrollo de la disposición en cita, se expidió la Ley 136 de 1994(31), modificada por medio de Ley 1551 del 6 de julio de 2012(32), la cual mediante su artículo 6 modificó lo dispuesto en el artículo 3º(33), numeral 23, estableciendo que “En materia de vías, los municipios tendrán a su cargo la construcción y mantenimiento de vías urbanas y rurales del rango municipal. Continuarán a cargo de la Nación, las vías urbanas que formen parte de las carreteras nacionales, y del departamento las que sean departamentales”.

42.2 Por su parte, respecto de la obligación a cargo del ente territorial consistente en la adecuada señalización de las vías a su cargo, se trae a colación lo previsto en los numerales 1 y 2 del artículo 112 del Decreto 1344 del 4 de julio de 1970(34), así como las resoluciones 8408 de 2 de octubre de 1985, 5246 de 2 de julio de 1985 y 1937 de 30 de marzo de 1994, normatividad que contiene un amplio manual sobre señalización que ha de emplearse en el desarrollo de obras de construcción, reconstrucción o conservación de calles y carreteras. Al respecto, los numerales 1 y 2 del artículo 112 del Decreto 1344 del 4 de julio de 1970 señalan cuáles son los tipos de señales de tránsito existentes en las vías e indican que las señales reglamentarias son aquellas que advierten sobre la prohibición o restricción de uso de una vía (se identifican con los colores rojo y blanco) y que las señales preventivas son aquellas cuya función es la de advertir a la persona que la observa, que está próximo a un peligro (se identifican con los colores amarillo y negro).

42.3 A su vez, el artículo 101 del Decreto 1344 del 4 de julio de 1970, modificado a su vez por el artículo 113 del Decreto 1809 de 1990 prescribe:

“Las autoridades encargadas de la conservación y mantenimiento de las carreteras o la autoridad de tránsito competente en el perímetro urbano, colocarán y demarcarán las señales de tránsito de acuerdo con las pautas que el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito determine”.

42.4 Es de anotar que si bien en el plenario no obra copia autentica de las normas que se citan, conforme lo dispuesto en el artículo 188 del Estatuto Procesal Civil se entiende que por ley únicamente se exige como carga procesal a cargo de las partes en determinado proceso el allegar la copia del “texto de normas jurídicas que no tengan alcance nacional y el de las leyes extranjeras”, de esta forma, teniendo en cuenta que las normas que se citan son de alcance nacional, no se encontraba en cabeza del actor allegar copia auténtica de las mismas.

42.5 Adicional a lo anterior, se tiene que de las intervenciones efectuadas por la demandante a lo largo del proceso, esta nunca cuestionó la obligación de mantenimiento, conservación y señalización de las vías a su cargo, ni siquiera en escrito por el cual alegó de conclusión, en el que manifestó “[…] Las entidades territoriales, en este caso el municipio de Ibagué, dentro de sus capacidades presupuestales ha venido realizando la adecuación de la deteriorada malla vial de la ciudad, pero sería un absurdo atribuirle responsabilidad en todos los accidentes de tránsito que se suscitan en la ciudad, a causa del presunto mal estado de la misma”.

42.6 Así las cosas, tal como se señaló en líneas anteriores, no se puede “desconocer lo que las mismas partes no han hecho y ni siquiera han discutido durante el proceso […]”(35).

43 Del análisis del acervo probatorio que obra en el plenario, la Sala concluye que efectivamente en el presente asunto existía una obligación a cargo del municipio demandado de mantener y conservar la Avenida Quinta que conduce a la vía Salado, lugar donde acaeció el accidente de tránsito que tuvo lugar el 17 de julio de 1999 que ocasionó las lesiones por las cuales ahora demanda el actor, también se encuentra acreditado que la vía referida se encontraba en notable deterioro, con un hueco de grandes dimensiones en el carril derecho y sin señalización alguna que permitiera prevenir a quienes transitaran por la misma, circunstancias que se evidenciaron no solo a partir de las fotografías allegadas, sino también del croquis, los informes de tránsito, las diligencias de inspección a los vehículos, así como también de la declaración rendida por Wilanderson Rivera Correa, conductor de la buseta.

43.1 En este orden de ideas, es claro que el presente asunto la demandada incurrió en un evidente incumplimiento de las obligaciones legales a su cargo como ente territorial, omisión que generó el accidente de tránsito que a su vez ocasionó las lesiones por las cuales ahora demanda el actor, lo cual a la postre conduce a la falla en el servicio.

43.2 Para la Sala es claro que el estado de la vía se deriva del evidente incumplimiento por parte del ente territorial en atender a las exigencias que la Constitución y las leyes le indican en cuanto a su conservación, mantenimiento, así como la instalación de las señales de tránsito necesarias para su circulación y la advertencia de los peligros que la misma podía conllevar, por lo que es una omisión reprochable que debe ser subsanada y así cumplir y generar el desarrollo preventivo y seguro de la libre circulación de conductores, peatones, y demás por cuanto es deber de las autoridades desempeñar sus funciones en aras del desarrollo social, considerando que la infraestructura vial hace parte de dicho progreso.

44 Con base en los anteriores argumentos, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la responsabilidad patrimonial y administrativa de la entidad demandada, municipio de Ibagué, por el daño antijurídico y los perjuicios ocasionados a Carlos Arturo Puentes Toro en hechos ocurridos el 17 de julio de 1999.

45 Como la apelación de la entidad demandada ha sido resuelta, la Sala encuentra que en primera instancia el a quo condenó a favor del demandante Carlos Arturo Puentes Toro por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, razón por la que en cumplimiento de los expresos mandatos del artículo 178 del Código Contencioso Administrativo [D. 1/84], procederá a actualizar dicha suma liquidada, y no se pronunciará de los demás rubros indemnizatorios entendiendo que al haber sido liquidados en salarios mínimos legales mensuales, su actualización se opera al momento de hacerlos efectivos en la condena con base en el salario mínimo legal mensual vigente para la fecha de ejecutoria de la sentencia, esto es, para el año 2014 que según el Decreto 3068 de 30 de diciembre de 2013, expedido por el Ministerio del Trabajo, asciende a la suma de seiscientos dieciséis mil pesos mcte [$616.000.oo].

10. Perjuicios.

10.1. Perjuicios materiales. Actualización del daño emergente reconocido en la sentencia de primera instancia.

46 En la demanda el actor solicitó como pretensión indemnizatoria a título de daño emergente que hizo consistir en “[…] las sumas de dinero canceladas por el tratamiento médico quirúrgico al que debió someterse después de las lesiones, y la adquisición de los medicamentos, transporte para las terapias, pago de médicos y demás elementos necesarios para su curación” la suma de $15.000.000.oo de pesos. El a quo mediante sentencia proferida el 17 de junio de 2004 reconoció una indemnización a favor del señor Carlos Arturo Puentes Toro por dicho concepto, el valor equivalente a $ 700.000.oo pesos.

46.1 Si bien en el presente caso hay un solo apelante, la entidad demandada, la Sala en cumplimiento de lo previsto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo está llamada a actualizar la condena impuesta en primera instancia, teniendo en cuenta la siguiente fórmula:

2001-00302-1.png
 

74.2 Luego la suma a actualizar es de $700.000.oo de la siguiente manera:

2001-00302-2.png
 

45.2 Luego, la Sala modificará la sentencia de primera instancia, reconociendo como valor por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, a favor de Carlos Arturo Puentes Toro la suma de un millón catorce mil seiscientos doce pesos con sesenta y siete centavos [$1.014.612,67].

46 Finalmente, la Sala examina la procedencia o no de la condena en costas en contra de alguna de las partes en el proceso.

12. Costas.

47 No se condenará en costas al no vislumbrarse que alguna de las partes haya desplegado una actuación temeraria en el sub lite, razón por la cual no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 17 de junio de 2004, con base en la parte motiva de esta providencia, en los siguientes numerales:

“1. Declarar administrativamente responsable al municipio de Ibagué de los daños ocasionados al accionante Carlos Arturo Puentes Toro, por accidente de tránsito ocurrido el 17 de julio de 1999, en la vía al barrio El Salado, diagonal a la entrada del barrio El Jardín de esta ciudad.

3. Condenar al municipio de Ibagué a pagar el equivalente a setenta (70) salarios minimos [sic] mensuales legales vigentes a la ejecutoria de la sentencia, por concepto de perjuicio [sic] vida relación a favor del demandante. Y a la misma entidad territorial a cancelar a Carlos Arturo Puentes Toro setenta (70) salarios mínimos mensuales vigentes por daño moral.

4. Negar el resto de las pretensiones de la demanda.

5. La entidad demandada dará cumplimiento a esta decisión definitiva en el término consagrado en el artículo 176 e inciso final del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo”.

Segundo. MODIFICAR parcialmente el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 17 de junio de 2004, cual quedará de la siguiente manera:

“2. Condenar al municipio de Ibagué a pagar por concepto de perjuicio material ante incapacidad médico legal a favor de Carlos Arturo Puentes Toro la suma de un millón catorce mil seiscientos doce pesos con sesenta y siete centavos [$1.014.612,67]”.

Tercero. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del art. 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el art. 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

Cuarto. ABSTENERSE de condenar en costas a la demandada.

Quinto. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE inmediatamente el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase».

(10) La pretensión mayor se estima en ciento veintiocho millones ochocientos noventa y nueve mil ochocientos noventa pesos [$128.899.890], teniendo en cuenta que el actor solicitó por concepto de daño en vida de relación el reconocimiento de la suma equivalente a siete mil gramos oro [7000 gramos oro], y que el valor por gramo oro a la fecha de presentación de la demanda [5 de febrero de 2011] era equivalente a $18.414,27.

(11) El Decreto 597 de 1988 dispuso que para que un proceso de reparación directa que inició en el año 2001 tuviere vocación de doble instancia, la pretensión mayor de la demanda debía superar la suma de $26.390.000. En el sub lite se instauró la demanda el día 5 de febrero de 2001, cuya pretensión mayor ascendió a los 7.000 gramos oro por concepto de daño en vida de relación. Al momento de la presentación de la demanda un gramo oro equivalía a $18.414.27, que multiplicado por 7000, arroja un total equivalente a $128.899.890. Por tal razón, la acción es susceptible de ser tramitada en segunda instancia.

(12) Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia del 9 de febrero de 2012, Exp. 21060 “(…) En este orden de ideas, para la Sala Plena de la Sección Tercera resulta claro —y alrededor de este planteamiento unifica en esta materia su jurisprudencia— que por regla general el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los casos previstos o autorizados por la Constitución Política o por la ley, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como el principio dispositivo, razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum’”. (…) Ahora bien, en relación con la mencionada regla general, según la cual aquellos temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del conocimiento del juez ad quem, conviene precisar que dicha regla general no es absoluta, puesto que la misma debe entenderse y admitirse junto con las excepciones que se derivan, por ejemplo, i) de las normas o los principios previstos en la Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de Tratados Internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, o iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada (…)”.

(13) Sección Tercera, sentencias de 4 de mayo de 2000, expediente 17566; 27 de noviembre de 2002, expediente 13541; de 31 de agosto de 2006, expediente 28448; de 21 de mayo de 2008, expediente 2675; de 13 de agosto de 2008, expediente: 35062, entre otras.

(14) Posición que puede verse en sentencia de la subsección C, de 18 de enero de 2012, expediente: 19920. Sobre la valoración de copia simple también puede verse las sentencias de 18 de septiembre de 1997, expediente: 9666; 21 de febrero 21 de 2002, expediente: 12789; 26 de mayo de 2010, expediente: 18078; 27 de octubre de 2011, expediente: 20450.

(15) Posición reiterada en Sección Tercera, subsección C, sentencia de 18 de enero de 2012, expediente 19920.

(16) Sección Tercera, sentencias del 8 de noviembre de 2007, expediente 32966; de 3 de febrero de 2010, expediente 18034; de 26 de febrero de 2014, expediente 37049; de 22 de enero de 2014, expediente, entre otras.

(17) Sección Tercera, sentencia de 22 de abril de 2004, expediente 14688.

(18) Daño que se ve acreditado en los documentos que se relacionan: dictamen médico legal de lesiones no fatales Nº 442-2000 suscrito por el médico forense de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Unidad Local de Ibagué, Seccional Tolima el 2 de febrero de 2000, por el cual se hace constar: “Examinado hoy 2 de febrero de 2000 a las 10:30 horas en primer (sic) reconocimiento (sic) medico (sic) legal anamnesis: Paciente refiere ‘Iba en moto y una volqueta me cerro y me caí en un hueco el 17-07-2000, me atendieron en La Clinica (sic) Tolima y el HFLLA’. Presenta: Herida quirúrgica (sic) de laparotomía mediana de 18 cm supra e infraumbilical cicattriz (sic) oblicua (sic) de 2.5x0,2 cmm (sic) en mesogastrio (sic) izquierdo, similar con huellas de sutura de 2.5 cm a nivel de 6 espacio intercostal izquierdo. Leve limitación (sic) a la extensión (sic) total del 2 dedo mano derecha, prehension (sic), y fuerza muscular conservados. Cicatriz rugosa de 11x5 cm hipercromica (sic) en tercio medio interno de pierna derecha. Cicatriz de 2x1.5 cm con plana rosada no ostensible en región (sic) frontofacial derecha […] Elemento causal: Mec.contundente. Incapacidad medico legal: Definitiva. Definitiva. Treinta y Cinco (35) días. treinta y cinco dias Secuelas medico legales: Deformidad física que afecta la estética corporal de caracter (sic) permanente. Perturbación funcional del órgano linfohematopoyetico (por esplenectomía) de caracter (sic) permanente” [fls. 4 y 5 cdn. 1]. Original de comprobante de intervenciones, procedimientos y actividades, expedido por el doctor Gonzalo Bermúdez V. del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué el 26 de agosto de 1999, por el cual se describe: [fl. 7.c1]: “Descripción macroscópica: Se recibe el producto de una esplenectomía que pesa 120 gramos y mide 15 x 6 x 5 cms, presenta ruptura (sic) hacia uno de sus polos con una solución de continuidad de 5 cms de diámetro y al corte presenta una hemorragia intraparenquimatosa dos bloques Diagnostico(sic): Esplenectomía por: -hemorragia intraparenquimatosa -necrosis isquemica (sic)”. “Nota de remisión” en la historia clínica del paciente, evolución clínica de julio 17 de 1999, en la que se lee: “paciente ingresa por accidente transito (sic) por caida desde su moto. Sin pérdida comocimiento - con lesion (sic) en clavicula izquierda con fractura. Hemoneumotorax izquierdo trauma cerrado troncoabdominal alas (sic) 6:30 a.m. […] c/p — hipoventilacion izquierda — enfisema subcutaneo con fx costal abd — dolor sin signos irritacion (sic) peritoneal ext — escoriacion pierna derecha […]” [fl. 45 cdn. 1]. Respuesta al Oficio 1176-2001-DST, suscrito por el director seccional del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Dirección Regional Oriente — Dirección Seccional Tolima en el que se señala: “En respuesta al oficio de la referencia, me permito indicarle que revisados nuestros archivos aparece como último y definitivo dictamen las lesiones no fatales Nº 442-2000 con radicación 519 de febrero 02 de 2000, el cual es el mismo que reposa en el expediente y del que nos suministraron fotocopia. En consecuencia, no hay posibilidad de enviarle más (sic) información de la ya disponible en el expediente, y al leerlo claramente se indica que la incapacidad medicolegal (sic) definitiva es de treinta y cinco (35) días, y como secuelas se establecieron de carácter permanente una deformidad física que afecta el cuerpo y una perturbación (sic) funcional del órgano (sic) linfohematopoyético. Las dos secuelas enunciadas deberán interpretarse de acuerdo a lo establecido en el Código Penal Colombiano, y la incapacidad definitiva dada de 35 días se basa en la gravedad de las lesiones sufridas teniendo en cuenta la unidad punitiva” [subrayado fuera de texto].

(19) Sección Tercera, sentencia de 17 de octubre de 1991, expediente 6644. Puede verse también: Sección Tercera, subsección C, sentencia de 29 de agosto de 2012, expediente 24779.

(20) Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 2002, expediente 13744. La Subsección C tuvo en cuenta esta argumentación en: Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 30 de marzo de 2011, expediente 19565.

(21) Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 2002, expediente 13744. La Subsección C tuvo en cuenta esta argumentación en: Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 30 de marzo de 2011, expediente 19565.

(22) Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 2002, expediente 13744. La Subsección C tuvo en cuenta esta argumentación en: Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 30 de marzo de 2011, expediente 19565.

(23) Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2002, expediente 13262. Puede verse también: Sección Tercera, sentencias de 30 de julio de 1998, expediente 10981; de 28 de febrero de 2002, expediente 13011; de 18 de abril de 2002, expediente 14076; de 20 de abril de 2005, expediente 15784; de 2 de mayo de 2007, expediente 15463. Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, expediente 15463: “Por otra parte, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder —activo u omisivo— de aquella tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. Y ello como quiera que la Sala ha señalado que el hecho de la víctima, como causal de exoneración de responsabilidad o de reducción del monto de la condena respectiva, debe constituir, exclusiva o parcialmente, causa eficiente del perjuicio reclamado, pues de no ser así se estaría dando aplicación a la teoría de la equivalencia de las condiciones, desechada por la doctrina y la jurisprudencia, desde hace mucho tiempo, para establecer el nexo de causalidad”. Puede verse también: Sección Tercera, sentencia de 18 de octubre 2000, expediente 11981.

(24) Sección Tercera, sentencia de 29 de enero de 2004, expediente 14590: “[…] Por la experiencia como radio operador del agente Herrera Beltrán, así como su permanencia en el distrito de policía, podía exigirse de él una conducta dirigida a tomar medidas razonables para evitar el daño, dado que conocía la estructura de la antena y el peligro que implicaban las cuerdas de alta tensión. Esas medidas, que bien pudieron consistir en recurrir a otros compañeros de la estación para realizar la instalación de la antena, eran de fácil adopción […] En suma, que el accidente en el que murió electrocutado el agente José Fernando Herrera Beltrán fue causado por la conducta imprudente de la víctima quien dejó de tomas las debidas precauciones al tratar de instalar la antena de radio de banda ciudadana, para lo cual debió tener en cuenta su peso y longitud, siendo que dichas características implicaban un peligro previsible de que el aparato se cayera y entrara en contacto con los cables de alta tensión que se ubicaban al lado de la edificación”.

(25) Sección Tercera, sentencia de 1 de marzo de 2006, expediente 13764.

(26) Sección Tercera, sentencia de 23 de abril de 2008, expediente 16235: “[…] más aún cuando se trata de actividades como la operación de redes eléctricas y la conducción de energía, cuya complejidad y peligrosidad exige que sean ejercidas por las autoridades competentes o por particulares autorizados para el efecto, mediante la utilización de los materiales idóneos y a través de personal capacitado para ello”.

(27) Sección Tercera, sentencia de 11 de noviembre de 2009, expediente 17510. Puede verse también: Sección Tercera, sentencia de 11 de noviembre de 2009, expediente 17138.

(28) Sección Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2010, expediente 19043: “Si la causalidad constituye un aspecto objetivo, material de la responsabilidad, la labor del juez frente a un daño concreto debe limitarse a verificar si dicha conducta fue o no la causa eficiente del daño, sin que para ello importe establecer si al realizarla, su autor omitió el deber objetivo de cuidado que le era exigible, o si su intervención fue involuntaria. Por tal razón, resulta más preciso señalar que la causal de exoneración de responsabilidad del demandado es el hecho de la víctima y no su culpa”.

(29) Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 5 de abril de 2013, expediente 27031.

(30) Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2011, expediente 20733.

(31) Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.

(32) Por medio de la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.

(33) Relativo a las funciones a cargo de los municipios.

(34) “(…) ART. 112.—Las señales de tránsito se dividen en: 1. Señales de reglamentación o reglamentaciones, que tienen por objeto indicar a los usuarios de la vía las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso, y cuya violación constituye falta. Estas señales deberán tener forma circular, con excepción de las señales de ‘Pare’ y ‘Ceda el paso’. Las señales circulares tendrán los números y símbolos inscritos dentro de un anillo rojo. 2. Señales de prevención o preventivas; que tienen por objeto advertir al usuario de la vía la existencia de un peligro y la naturaleza de este. Debe tener forma cuadrada y se colocarán con una diagonal en sentido vertical. Los colores que deben usarse son, fondo amarillo y símbolo y orla negros (…)”.

(35) Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de febrero de 2014, expediente 37049.