Sentencia 2001-00306 de abril 12 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad. 25000-23-24-000-2001-00306-01

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Actor: Julian Palacio Lujan

Demandado: Contraloría General de la República

Referencia: Apelación sentencia

Bogotá, D.C., doce de abril de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

En primer lugar, se pone de presente que en el proceso no obra la totalidad de los antecedentes administrativos de los actos acusados, pues a pesar de que se ordenó su remisión por el tribunal(11), para lo cual se libró el correspondiente oficio(12), frente a la respuesta a tal requerimiento(13) el actor no consignó a ordenes de la parte demandada el valor requerido para su expedición, no obstante que el a quo puso en su conocimiento el oficio en el cual se informaba el valor de cada una de las copias —3.362 folios—(14), y le indicó que debía asumir sus costos.

En las anotadas condiciones, el análisis del recurso de apelación solo podrá hacerse, básicamente, tomando como referente las pruebas documentales que obran en el proceso.

De otra parte, también se advierte que en el escrito de sustentación de dicho recurso, el actor no formula cargos concretos a la sentencia recurrida, que eventualmente hubieran permitido a la parte demandada pronunciarse sobre ellos en su alegato de conclusión; además, en el alegato de conclusión reiteran las acusaciones formuladas en la demanda, sin manifestar inconformidad alguna para con la sentencia de primera instancia.

Sin perjuicio de lo anterior, con la finalidad de dar prevalecía al derecho sustancial, a continuación la Sala se pronunciará sobre los aspectos que genéricamente se planten en dicho recurso, así:

En lo relacionado con la discutida violación del derecho de defensa por el hecho de haberse rechazado el recurso de reposición interpuesto contra el auto de cierre de investigación y apertura del juicio fiscal, la Sala considera que este no sufrió menoscabo alguno, pues tanto a lo largo del proceso administrativo como en esta instancia judicial, el actor tuvo la oportunidad de participar activamente en las diferentes etapas de los mismos, aportando y solicitando la práctica de pruebas y controvirtiendo las allegadas en su contra, ninguna de las cuales logra desvirtuar la presunción de legalidad de los actos demandados.

También plantea el recurrente la violación de los artículos 121, 122 y 123 de la Constitución Política, con el argumento de que la contraloría delegada de investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva no era la competente para proferir el fallo con responsabilidad fiscal 25 de 30 de junio de 2000 y resolver el recurso de reposición interpuesto contra el mismo, sino que lo era la dirección de investigaciones y juicios fiscales.

Sobre este punto, la Sala observa y considera lo siguiente:

El Decreto 267 de 22 de febrero de 2000 “Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, se establece su estructura orgánica, se fijan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 58, numeral 8º prescribe como función de la contraloría delegada de investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva, la de “adelantar, conforme a las competencias que se establezcan, los juicios fiscales y procesos de jurisdicción coactiva en primera instancia”.

En desarrollo de dicha preceptiva, el Contralor General de la República profirió la Resolución 5068 de 24 de abril de 2000(15) que, para este caso, en relación con la competencia asignada a la contraloría delegada de investigación, juicios fiscales y jurisdicción coactiva para conocer de los procesos de responsabilidad en primera instancia, estableció:

“PAR.—Disposición transitoria. Esta dependencia continuará tramitando los juicios fiscales que venía conociendo la anterior dirección de investigaciones y juicios fiscales y que se encontraban al despacho para fallo”.

En la parte preliminar del fallo 25 de 30 de junio de 2000, expedida, como ya se dijo, por la contraloría delegada de investigación, juicios fiscales y jurisdicción coactiva, cuya declaratoria de nulidad se solicita, en su acápite “Competencia”, se indica, entre otros aspectos, que “... Como esta causa fiscal se encontraba al despacho al momento de expedirse la citada resolución (N° 5068/2000), es claro que esta delegada es competente para conocer de este proceso y fallarlo”.

De las normas transcritas y de la aseveración en el acto acusado sobre la competencia de la referida contraloría delegada para proferir el correspondiente fallo, cuyo contenido se encuentra amparado por la presunción de legalidad, para la Sala es inobjetable que dicho acto se ajustó a las normas de competencia legalmente establecidas, además de que, ante la ausencia de la integridad de los antecedentes administrativos, se torna imposible verificar si, como lo afirma el recurrente, “... el juicio fiscal adelantado en contra del doctor Julián Palacio y otros no se encontraba para fallo, muestra de lo cual es el auto proferido el 5 de mayo de 2000 en virtud del cual la dirección de investigaciones fiscales resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el auto de cierre de investigación y orden de apertura de juicio fiscal ...”.

En cuanto al argumento de la apelación que tiene que ver con el quebrantamiento de los artículo 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, en los cuales se consagra el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar con entidades estatales, la Sala considera que carece en absoluto de vocación de prosperar, pues en parte alguna de los actos demandados se formularon cargos por violación de dicho régimen, sino se fundamentan esencialmente en el desconocimiento de los principios de transparencia, responsabilidad y selección objetiva por parte del actor, pues como bien lo señaló el a quo, “... la conducta desplegada por este en la etapa contractual y precontractual del contrato 02-0233-0-97, puso de manifiesto las irregularidades fácticas y legales cometidas en el proceso contractual adelantado con Cargo Plus Ltda. ... (...) ... por lo cual la Contraloría General de la República no se arrogó facultades que no le correspondían al fallar con responsabilidad fiscal en contra del demandante, porque, se reitera, el acervo probatorio demostró que existió interés personal para la adjudicación del contrato”.

Finalmente, en lo que tiene que ver con la manifestación del recurrente, en el sentido de que el tribunal no valoró en debida forma los argumentos expuestos por lo terceros intervinientes en calidad de coayuvantes de la demanda, la Sala hace notar simplemente que ninguno de ellos hizo uso del recurso de apelación contra la sentencia, razón por la cual no corresponde esta corporación revisar las razones por las cuales el quo despachó desfavorablemente las acusaciones por ellos formuladas en su intervención en el proceso.

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, y al no haberse desvirtuado la presunción de legalidad de los actos acusados, se procederá a confirmar la sentencia de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confirmase la sentencia recurrida en apelación, proferida el 15 de febrero de 2007 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda formulada por el señor Julián Palacio Luján.

2. En firme esta providencia, previas las anotaciones de rigor, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de abril de 2012».

(11) Folio 85, cdno. ppal.

(12) Folio 151 ib.

(13) Folio 1, cdno. 4.

(14) Folio 278, cdno. ppal.

(15) “por la cual se asignan competencias en la Contraloría General de la República para el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, y del control posterior excepcional sobre las cuentas en las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”, Diario Oficial 440013 de 13 de mayo de 2000.