Sentencia 2001-00308 de octubre 1º de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Expediente: 35998

Rad.: 85001233100020010030801

Consejero Ponente (e):

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Julio César Díaz Perdomo

Demandado: municipio de Tauramena

Ref.: acción contractual

Bogotá, D.C., primero de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis, se abordarán los siguientes temas: 1) competencia del Consejo de Estado para conocer del asunto; 2) pruebas aportadas al proceso; 3) procedencia de la acción contractual incoada por parte del cesionario del contrato estatal; 4) legitimación activa del cesionario; 5) integración de la demanda en el caso de las cuentas no aprobadas en la liquidación del contrato estatal; 6) el caso concreto y 7) costas.

En el caso concreto se analizará lo siguiente: 6.1) alcance del contrato de cesión y 6.2) aceptación a la cesión de los derechos contractuales en el Convenio 009.

1. Competencia del Consejo de Estado.

1.1. La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer del litigio entablado en relación con el convenio interadministrativo suscrito el 21 de enero de 1997, en virtud de lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 80 de 1993(6) contentiva del régimen de contratación estatal, el cual dispuso las reglas y principios de los contratos estatales y definió cuáles se han de tener como entidades estatales para efectos de la citada ley, definición en cuyo contenido se encuentran cobijados los municipios, de una parte y las entidades cooperativas conformadas por entidades territoriales, de otra parte, por disposición del numeral 1º del artículo 2º de la citada ley(7).

En el mismo sentido, el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 30 de Ley 446 de 1998, vigente para el momento en que se presentó la demanda, establece que la jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas, con independencia del régimen legal de contratación de la respectiva entidad.

Sobre la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de las controversias originadas en contratos celebrados por entidades estatales se ha pronunciado la Sección Tercera del Consejo de Estado, así(8):

“Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que la naturaleza del contrato no depende de su régimen jurídico, puesto que según las normas legales vigentes, por cuya virtud se acogió un criterio eminentemente subjetivo u orgánico, hay lugar a concluir que deben considerarse contratos estatales aquellos que celebren las entidades que participan de esa misma naturaleza. En este sentido se ha pronunciado esta Sala:

“De este modo, son contratos estatales ‘todos los contratos que celebren las entidades públicas del Estado, ya sea que se regulen por el estatuto general de contratación administrativa o que estén sujetos a regímenes especiales’, y estos últimos, donde encajan los que celebran las empresas oficiales que prestan servicios públicos domiciliarios, son objeto de control por parte del juez administrativo, caso en el cual las normas procesales aplicables a los trámites que ante este se surtan no podrán ser otras que las del derecho administrativo y las que en particular existan para este tipo de procedimientos, sin que incida la normatividad sustantiva que se le aplique a los contratos”(9) (negrilla fuera del texto).

“De conformidad con lo anterior, se tiene entonces que en el marco del ordenamiento vigente la determinación de la naturaleza jurídica de los contratos radica en el análisis particular de cada entidad, pues la naturaleza de esta definirá, directamente, la del contrato que ha celebrado”.

Así pues, adquiere relevancia en este punto la naturaleza de cada entidad, por lo cual si se considera que determinado ente es estatal, por contera habrá de concluirse que los contratos que la misma celebre deberán tenerse como estatales, sin importar el régimen legal que les deba ser aplicable”(10).

1.2. Precisa la Sala que le asiste competencia para conocer del presente proceso en segunda instancia, toda vez que la pretensión por reajuste de precios se estimó en la suma de $ 203’480.480, valor que resulta superior a la suma equivalente a 500 SMLMV ($ 118’230.000)(11), exigida en la Ley 446 de 1998, para que un proceso contractual tuviera vocación de doble instancia.

1.3. El numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, en su letra d) dispuso acerca del término de caducidad de la acción contractual:

“d) En los [contratos estatales] que requieran de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente por la administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe. Si la administración no lo liquidare durante los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su defecto del establecido por la ley, el interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar” (se resalta).

A partir de la norma en cita, tal como fue modificada por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, en relación con el término de caducidad de la acción contractual, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha establecido reiteradamente que en tratándose de contratos sometidos al procedimiento de liquidación, el término de caducidad de la acción contractual se debe computar a partir del acto de liquidación del contrato estatal y si no hubiere tal acto, a partir del vencimiento del término contractual o legalmente establecido para liquidar el respectivo contrato estatal.

Se cita, por ejemplo, la siguiente providencia de esta subsección:

“Para los contratos respecto de los cuales se impone el trámite adicional de liquidación y esta es efectuada unilateralmente por la administración, el plazo para accionar judicialmente comenzará a contarse a partir de la ejecutoria del acto administrativo que la apruebe. Si la administración no lo liquida dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes, o del que establece la ley, se podrá acudir a la jurisdicción dentro de los dos años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar”(12).

En el caso concreto se observa que el Convenio 009 de 1997 era de tracto sucesivo, amén de que en su texto se dispuso la liquidación en un plazo de cuatro (4) meses a partir de su ejecución y entrega de saldos(13), medida en la cual el convenio se encontraba sometido a la referida liquidación, en los términos del artículo 60 de la Ley 80 de 1993(14) y del ya citado artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

Ahora bien, la contratista y el interventor suscribieron el acta de entrega final y liquidación del convenio con fecha 15 de julio de 1999, con el visto bueno de los supervisores del municipio, cosa que ocurrió dentro del plazo legal y contractual de cuatro (4) meses contado a partir de la terminación del citado convenio, toda vez que el mismo se terminó el 20 de abril de 1999, según se hizo constar en la misma acta.

En consecuencia, el 15 de julio de 1999 empezó a contar el término de caducidad de la acción contractual, que es de dos (2) años, es decir hasta el 15 de julio de 2001, de acuerdo con lo establecido en la letra d) del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

Así las cosas, se concluye que la demanda se presentó oportunamente, el 13 de julio de 2001, por lo cual no tuvo lugar la caducidad de la acción contractual y, por ello, le asiste a la Sala competencia para conocer del caso sub lite.

2. Las pruebas aportadas al proceso.

Las siguientes pruebas documentales fueron debidamente aportadas al proceso en copia simple, algunas con sello de certificación de la oficina jurídica de la alcaldía del municipio de Tauramena y, por lo tanto, se valorarán como pruebas, de acuerdo con la jurisprudencia vigente(15):

2.1. Comunicación de noviembre 5 de 1996 mediante la cual la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial Limitada Codeter Ltda., remitió al alcalde del municipio de Tauramena “propuesta para la construcción del puente sobre Caño Huesero”, en la cual detalló un presupuesto por la suma total de $ 500’000.000(16).

2.2. Certificado de disponibilidad presupuestal 4061 de 2 de enero de 1997(17).

2.3. Comunicación de enero 17 de 1997, suscrita por el alcalde del municipio de Tauramena, dirigida al gerente de la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial Limitada Codeter Ltda., en la cual informó:

“Comedidamente me permito manifestarle que de acuerdo con la propuesta por Ustedes presentada, el municipio tiene la intención de contratar la construcción Puente Caño Huesero del municipio de Tauramena”(18).

2.4. Convenio Interadministrativo 009 celebrado el 21 de enero de 1997(19), entre el municipio de Tauramena y la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial Limitada Codeter Ltda., el cual se suscribió, según se lee en su texto, con apoyo en el parágrafo del artículo segundo de la Ley 80 de 1993, que reconoce como entidades estatales a las cooperativas o asociaciones conformadas por entidades territoriales, la letra c) del artículo 24 de la misma ley(20), el Decreto 1482 de 1989(21) y el objeto estatutariamente definido para la entidad contratista. En el Convenio 009 se destacan las siguientes cláusulas:

“Primera. Objeto: en desarrollo del presente convenio interadministrativo el contratista se obliga para con el contratante a la construcción del Puente Huesero en el Municipio de Tauramena, Casanare. Parágrafo: en todo caso las cantidades de obra que se definan en el acta de compromiso podrán incrementarse, reducirse y/o anularse de acuerdo con las necesidades de las mismas previa aprobación de las partes.

(...).

Tercera: valor del convenio: para todos los efectos legales las partes han fijado el valor del presente convenio en la suma de quinientos millones de pesos ($ 500.000.000) valor que incluye impuestos.

Cuarta: forma de pago: la cantidad aquí determinada será pagada de la siguiente forma: 50% como pago anticipado a la legalización de los documentos para su ejecución y el saldo mediante actas parciales de entrega previo visto bueno del interventor designado por el municipio.

(...).

Sexta: ajuste de precios: cuando a ello hubiere lugar, en el convenio se incluirá el ajuste correspondiente y se seguirá el procedimiento que a continuación se describe: el valor de acta de obra de cada mes, se ajustará para cada grupo de obra, de acuerdo con la fórmula P = Po * (1 – A) * (I/Io), en el cual “P” es igual al valor ajustado de la obra recibida; “Po” es igual al valor de la obra recibida a satisfacción con los precios pactados en el convenio inicial; “A” es igual al porcentaje de anticipo; e “Io” es igual al valor del índice de reajuste correspondiente al mes de presentación de la propuesta; “I” es igual al valor de índice de construcción publicado por el ministerio de transporte en su boletín correspondiente al mes anterior en que se cancele la cuenta de recibo de obra que se reajusta, con el lleno de todos los requisitos dentro del término previsto en esta cláusula cuando esta corresponda al programa de trabajo e inversiones aprobado o se trate de obra ejecutada en forma adelantada, en caso contrario, el índice corresponderá al mes en que se ha debido ejecutar la obra de acuerdo con el programa de trabajo. Los ajustes se consignarán en acta que suscribirán las partes. Si por alguna razón los índices de ajuste no se obtienen oportunamente, los reajustes se podrán hacer con “índices provisionales”. Cuando se tengan los “índices definitivos” se harán los ajustes correspondientes”.

El anexo 1 corresponde a las especificaciones técnicas del Convenio 009, en un folio, contentivo del presupuesto detallado por ítem, cantidades, valor unitario y valor parcial. El valor total del presupuesto según este anexo ascendió a $ 500’000.000.

2.5. Póliza única de seguro de cumplimiento 19828, para garantizar el Convenio Interadministrativo 009/97, otorgada por Aseguradora El Libertador, con fecha 22 de enero de 1997(22).

2.6. Cuenta de cobro 060 de febrero 3 de 1997, por concepto de “pago del 50% del Convenio Interadministrativo 009/97”, suscrita por la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial Limitada Codeter Ltda., aportada sin sello o constancia de recibido(23).

2.7. Acta de iniciación de obra de fecha 17 de febrero de 1997, suscrita por las partes, sin visto bueno del interventor(24).

2.8. Convenio aclaratorio 1 suscrito por las partes el 18 de febrero de 1997(25).

2.9. Convenio modificatorio 1 suscrito el 8 de mayo de 1997, con el objeto de modificar el ítem 3.5, del anexo 1 de especificaciones técnicas.

2.10. Acta 3 de 14 de mayo de 1997, contentiva del estado de varias obras, realizadas de acuerdo con diversos convenios que se ejecutaban entre las partes(26). En relación con el Convenio 009 se lee:

“Convenio 09/97 y 010/97 Construcción puente caño huesero y puente San Jorge Rio Chitamena. El ingeniero Leal comentó que se habían empezado los trabajos de estos dos convenios a pesar de la falta de interventoría y a pesar de las imprecisiones en los diseños iniciales, el secretario [de obras públicas] asombrado manifestó que la secretaria general no le había informado (...) se comprometió para el lunes dos (2) tener la interventoría contratada. Igualmente se analizaron los precios con que fueron contratadas estas dos obras y se llegó a la conclusión de que se autorizaría un reajuste a los unitarios durante el curso de los trabajos”.

2.11. Acta 6 de 5 de junio de 1997, en la cual constan temas de diferentes convenios suscritos entre las partes(27).

2.12. Adicional 1 de 12 de septiembre de 1997(28).

2.13. Acta de suspensión 1 de 16 de diciembre de 1997(29).

2.14. Acta de reiniciación de obra suscrita el 20 de enero de 1998(30).

2.15. Acta 1 de febrero 5 de 1998, contentiva de la prueba de carga en los pilotes del futuro estribo de la margen derecho del “Caño Huesero”(31).

2.16. Acta de suspensión de obra del 18 de febrero de 1998(32).

2.17. Acta de recibo y liquidación parcial de obra, suscrita el 17 de enero de 1998, por valor total de $ 195’346.059, 40, suscrita por el interventor delegado y el gerente de la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial Limitada Codeter Ltda., con cuadro anexo(33).

2.18. Acta de ampliación de la suspensión de obra suscrita el 18 de marzo de 1998(34).

2.19. Comunicación de 30 de abril de 1998, suscrita por el gerente de Codeter Ltda., en la cual solicitó al alcalde municipal un plazo adicional de 30 días, para el Convenio 009(35).

2.20. Adición al Convenio 009 suscrita el 4 de mayo de 1998, con el objeto de ampliar el referido convenio en 3 meses(36).

2.21. Acta de reiniciación de obra suscrita el 4 de mayo de 1998(37).

2.22. Acta de obra 03 de 30 de mayo de 1998, en la cual se dejó constancia de los temas relacionados con la suspensión de las obras(38).

2.23. Acta de suspensión de obra de fecha 1º de julio de 1998(39).

2.24. Documento de aprobación de la modificación de la póliza 19828(40).

2.25. Acta de obra 4 de 3 de agosto de 1998(41).

2.26. Acta de obra 05 del 10 de agosto de 1998(42).

2.27. Comunicación de agosto 18 de 1998(43), mediante la cual el jefe del Departamento Técnico de la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial Limitada Codeter Ltda., informó a Bateman Ingeniería Ltda., que “los niveles de agua no permiten la reiniciación de los trabajos ya que estos se encuentran aproximadamente 1.50 m por encima del nivel de la zarpa”.

2.28. Acta de reiniciación de obra de 1º de septiembre de 1998(44).

2.29. Acta parcial de obra 02 de 1o de octubre de 1998, por valor de $ 41’343.210, cuadro anexo con el detalle y memorias de cantidades de obra ejecutadas(45).

2.30. Adición al convenio interadministrativo suscrito el 29 de octubre de 1998, con el objeto de ampliar el plazo del convenio principal en 44 días(46).

2.31. Facturas expedidas por la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial Limitada Codeter Ltda., sin constancia de radicación, así: factura 1459 de 10 de noviembre de 1998 por concepto del acta 02, convenio interadministrativo 009, por valor de $ 20’671.605 y factura 1496 de 18 de noviembre de 1998, por concepto de acta 3, Convenio 009/07, por valor de $ 8’849.413(47).

2.32. Acta de suspensión de obra de 7 de diciembre de 1998(48).

2.33. Comunicación de 10 de diciembre de 1998, contentiva de la solicitud de ampliación de tiempo presentada por la supervisora residente de obra(49).

2.34. Acta de modificación de cantidades de obra 01 de 14 de diciembre de 1998, con el objeto de aumentar el número de unidades de drenaje y disminuir el ítem relleno en material seleccionado en cantidades proporcionadas, con cuadro detalle anexo(50).

2.35. Acta parcial de obra 3 de 14 de diciembre de 1998, por valor de $ 17’698.826, con cuadros anexos y memoria de cantidades de obra(51).

2.36. Acta de reiniciación de obra de 15 de febrero de 1999(52).

2.37. Adición al convenio interadministrativo 009, por el término de un mes, suscrito el 11 de marzo de 1999(53).

2.38. Comunicación de 13 de abril de 1999 suscrita por el ingeniero supervisor de obras de la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial Limitada Codeter Ltda., dirigida al alcalde del municipio de Tauramena, con la cual remitió los cálculos de reajustes de las actas 001 y 002 del Convenio 009, con cuadros anexos, así: valor total por concepto de reajuste del acta 01, $ 32’656.243,80 y valor por concepto de reajuste del acta 2, $ 7’794.274,76(54).

2.39. Comunicación del 16 de abril de 1999, suscrita por la ingeniera supervisora UPIF del municipio de Tauramena, dirigida a la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial Limitada Codeter Ltda., en la cual le manifestó las dificultades para entrar a reconocer cantidades de obra, así:

“(...) máxime cuando el informe final del contrato de interventoría 146-97, se manifiesta que la obra ejecutada y aprobada por el Ing. Arenas, es la consignada en el acta parcial 01 con aceptación de la misma firma la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial Limitada y el supervisor de interventoría, por otra parte ese informe es concordante con la bitácora de obra, por lo tanto le solicito dialogar con el Ing. Arenas, responsable directo de hacer seguimiento (...).

Se han hecho cinco (5) adiciones en tiempo (...) para un total de 259 días calendario, es decir más del doble de tiempo inicialmente pactado, y todavía dice usted que no es negligencia de Codeter, siendo la más reciente demostración de negligencia, lo que está sucediendo desde el 15 de febrero de 1999, Codeter solicita una prórroga de 30 días para terminar la obra y en oficio emanado por la interventoría con fecha 24 de marzo les recuerda su incumplimiento, a hoy 16 de abril aún no se ha terminado la ejecución total del proyecto”.

(...) Respecto a los ajustes favor dirigirse en primera instancia a su respectivo interventor, quien hará la valoración y conceptualización respectiva para darla a conocer posteriormente a la administración municipal”(55).

2.40. Comunicación de 27 de abril de 1999, dirigida a la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial Limitada Codeter Ltda., mediante la cual el profesional universitario UPIF y el gerente técnico del municipio de Tauramena, le hicieron un llamado de atención por el retraso en las actividades programadas, anotaron que: “han transcurrido 60 días de pleno verano y 17 de invierno sin que aún se hayan podido ejecutar [las actividades faltantes], lo cual no podrá ser posible en esta época de invierno”, finalmente la citaron a la reunión de entrega de obra(56).

2.41. Comunicación de mayo 12 de 1999, suscrita por el jefe del departamento técnico de la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial Limitada Codeter Ltda., mediante la cual remitió a la sociedad interventora, Bateman Ingeniería Limitada, acta parcial de liquidación(57).

2.42. Comunicación de 20 de mayo de 1999, mediante la cual la supervisora residente de la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial Limitada Codeter Ltda., entregó a la sociedad interventora los documentos para liquidación del Convenio 009, cuadro correspondiente al acta parcial 03, con valor de ajustes por la suma de $ 4’143.042,34, balance financiero del convenio con saldo no ejecutado a favor del municipio por la suma de $ 75’376.481.08(58).

2.43. Acta de entrega y liquidación final de obra, de fecha 15 de julio de 1999(59), suscrita por Jaime D. Bateman Durán, representante legal de BIL Ingeniería Ltda., interventor del contrato, con constancia de visto bueno de Franco Espitia Cely “director de UPIF” y Ruth Emilce Clavijo “supervisor de UPIF”, con firma de José Noé Romero Gómez, representante de la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial Limitada Codeter Ltda., se observa la siguiente frase bajo su firma: “se firma acta con salvedad adjunta”.

En este documento se lee:

“1.La totalidad de las actividades de infraestructura (...) fueron ejecutadas (...)

2. Que los dos terraplenes no se llevaron a cabo debido a que el plazo final de la entrega de todos los trabajos referentes con el puente terminó el día veinte (20) de abril de 1999, fecha en la cual aún no se había terminado dicha actividad.

3. Se hizo la liquidación del contrato en cuatro (4) actas de obra, así:

(...).

 

Valor de la obra ejecutada$ 376.784.966
Saldo no ejecutado:$ 123’215.034
Valor a reintegrar al municipio$ 409.081

 

4. Que Codeter Ltda., deberá devolver la suma de $ 409.081 al municipio de Tauramena.

Resumen de liquidación actas(60)

 

Acta parcial 1$ 195’346.058
Acta parcial 2$ 41’343.210
Acta parcial 3$ 17’698.826
Acta final$ 122’396,971
Saldo no ejecutado:$ 123’215.034
Valor a reintegrar al municipio$ 409.691
Sumas Iguales:$ 500’000.000

 

Son: ciento veintidós millones trescientos noventa y seis mil ochocientos setenta y un pesos m/cte.”

2.44. Comunicación de 16 de Julio de 1999, suscrita por el gerente de la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial Limitada Codeter Ltda., dirigida al alcalde del municipio de Tauramena, aportada sin sello de recibido(61), en la cual indicó:

“Que la actividad de los terraplenes no se llevaron (sic) a cabo debido al fuerte invierno el cual generó altos niveles del caño impidiendo que se realizara tal labor (...)

Codeter se reserva la potestad de solicitar los reajustes de las actas parciales de obra 1, 2, 3 y acta final de obra, acogiéndose a lo estipulado en la Ley 80 de 1993”.

2.45. Comunicación del 26 de julio de 1999, suscrita por Milton Herber Suárez Alfonso, alcalde del municipio de Tauramena, dirigida a José Noé Romero, gerente de la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial Limitada Codeter Ltda., en la cual se refirió al Convenio Interadministrativo 009 de 1997 y le informó que:

“Por lo expuesto anteriormente, me permito comunicarle que no es posible por parte del municipio recibir los elementos descritos en los oficios antes mencionados; ya que el Convenio Interadministrativo 09 de 1997, es de obra y no de suministro.

De otra parte remito copia del acta de entrega (...) con el objeto de que sea analizada y realicen las observaciones en el menor tiempo posible”(62).

2.46. Comunicación de 3 de noviembre de 1999, suscrita por la profesional de ingeniera de la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial Limitada Codeter Ltda., dirigida a la sociedad interventora, en la cual remitió para revisión y firma, las actas de ajuste 1 y 2, petición que se apoyó en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, según se lee en texto respectivo(63).

2.47. Comunicación de noviembre 24 de 1999, mediante la cual la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial Limitada Codeter Ltda., entregó a la sociedad interventora las actas de reajuste 1 y 2 para su aprobación, por los siguientes valores: i) $ 38’080138, cuadro titulado reajuste propuesta, contentivo del ajuste entre la fecha de cierre de la propuesta (noviembre de 1996) y la fecha de pago del anticipo (abr. 9/97), ii) $ 16’038.048,98, cuadro titulado acta de reajuste al acta 1, correspondiente al ajuste entre la fecha de pago del anticipo y fecha de pago del acta de obra, según ese cuadro, 14 de julio de 1998 y, iii) $ 4’221.122,18 cuadro titulado acta de reajuste al acta 2, correspondiente al ajuste entre la fecha de pago del anticipo y fecha de pago del acta de obra, según ese cuadro, 13 de noviembre de 1998(64).

2.48. Comunicación de noviembre 30 de 1999, mediante la cual, la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial Limitada Codeter Ltda., entregó a la sociedad interventora las actas de reajuste 3 y reajuste del acta final, por los siguientes valores: i) $ 2’503.005,44, cuadro titulado acta de reajuste al acta 3, contentivo del ajuste entre la fecha de pago del anticipo, según ese cuadro, 9 de abril de 1997 y la fecha de pago del acta de obra, según el mismo cuadro, 1º de marzo de 1999 y ii) $ 22’206.485, cuadro titulado acta de reajuste acta final de liquidación, contentivo del ajuste entre la fecha de pago del anticipo (abr. 9/97) y la fecha de pago del acta de obra, según ese cuadro 15 de julio de 1999(65).

2.49. Comunicación de noviembre 30 de 1999, mediante la cual el jefe de la oficina jurídica del municipio de Tauramena solicitó concepto de la firma BIL Ingeniería Ltda., en relación con la petición de reajuste de las actas 1 y 2(66).

2.50. Comunicación de diciembre 9 de 1999, suscrita por el doctor Julio César Díaz Perdomo, dirigida al jefe de la oficina jurídica del municipio de Tauramena, en la cual presentó observaciones sobre el oficio de noviembre 24 de 1999, en cuanto a la nota de salvedad colocada por la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial Limitada Codeter Ltda., en el acta de liquidación(67).

2.51. Comunicación de 23 de diciembre de 1999, en la cual BIL Ingeniería Ltda., informó al municipio de Tauramena, que los reajustes del anticipo y el acta de reajuste 1 debían ser revisados por el primer interventor, no obstante, anotó en relación con el anticipo que “Si el anticipo no se pagó en la fecha (...) sino posteriormente se deberá pagar los reajustes pertinentes (...) esto con el fin de equilibrar los sobrecostos generados por la mora en la entrega del anticipo” y, en el punto 2, en relación con el acta 1: “las suspensiones de obra son válidas únicamente cuando avaladas por la interventoría y la administración municipal, (...) [el contratista] esté respaldado en una sustentación técnica y/o jurídica válida”. Finalmente, se lee en el punto 3 de la comunicación que “[p]ara el acta parcial de obra 02, los ajustes se liquidarán siguiendo las mismas pautas y reglas que las mencionadas en el punto 2”(68).

2.52. Oficio 001 de enero 7 de 2000 mediante el cual el jefe de la oficina jurídica del municipio de Tauramena informó a la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial Limitada Codeter Ltda., que en relación con los ajustes del anticipo y del acta 1, estaba oficiando al interventor de la época (ingeniero José Ignacio Arenas) y, en relación con el acta parcial de obra 2, indicó que “BIL Ingeniería Ltda., manifiesta que efectuará la liquidación de los ajustes”(69).

2.53. Oficio 002 de enero 11 de 2000, mediante el cual el jefe de la oficina jurídica del municipio de Tauramena solicitó la colaboración de la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial Limitada Codeter Ltda., para tratar de localizar al ingeniero José Ignacio Arenas, con el propósito de obtener su concepto sobre la viabilidad de los ajustes(70).

2.54. Resolución 339 de abril 25 de 2000, por medio de la cual la Alcaldesa (e) dispuso un pago originado en el Convenio 011 de 1997, a favor de Julio César Díaz Perdomo “en calidad de cesionario del crédito a favor de Codeter” (...) “circunstancia que obra en debida forma dentro del expediente judicial citado”, esta resolución se motivó en lo ordenado por el Tribunal Contencioso Administrativo de Casanare en proceso ejecutivo contractual(71).

2.55. Comunicación sin fecha, suscrita por Fabio Enrique Franco Niño, con referencia a “Ejecutivos contractuales, de: Codeter contra: municipio de Tauramena, cesiones de febrero 16 y junio 29 de 2000”, en la cual indicó:

“Debe quedar claro, que la aceptación que hemos realizado a las cesiones mencionadas en su favor, no compromete de manera alguna la responsabilidad del municipio de Tauramena con terceros ni implica reconocimiento alguno de los derechos en controversia presuntamente originados en los convenios suscritos con Codeter, respecto de los cuales nos atendríamos a lo que falle el tribunal, consideración que hacemos extensiva respecto de las retenciones discutidas en los pagos ya realizados en su favor”.

2.56. Contrato de “cesión de crédito y derechos litigiosos”, celebrado entre la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial Limitada, Codeter Ltda., representada legalmente por el señor José Noé Romero y Julio Cesar Díaz Perdomo, suscrito el 29 de junio de 2000, con el siguiente contenido(72):

“Cláusula primera: objeto: por medio del presente contrato de cesión, se transfieren al cesionario y en forma irrevocable todos los créditos y/o derechos litigiosos que posee el cedente en virtud de los convenios interadministrativos 09 y 011 de 1997, suscritos entre la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial y el municipio de Tauramena, Casanare, y en especial todos los derechos contractuales que fueren exigibles directamente o mediante litigio previo, derivados de tales convenios, tales como reajuste de valores, restablecimiento del equilibrio económico financiero, perjuicios, lucros cesantes, etc.

(...).

Cláusula tercera: precio. La presente cesión de crédito tiene un valor de cincuenta millones de pesos mda. cte. ($ 50’000.000,oo) suma en que se estiman los créditos y/o derechos litigiosos cedidos. No obstante es entendido que cualquier valor, mayor o menor, que resultare del cobro de los créditos o de su exigibilidad jurídica será de su exclusiva propiedad y disposición del cesionario.

Cláusula cuarta: responsabilidad. El cedente se hace responsable de la existencia del crédito al momento de la cesión”.

2.57. Oficio de septiembre 23 de 2003, suscrito por el señor Alfonso Cárdenas Silva, en su calidad de alcalde del municipio de Tauramena, en el cual informó al Tribunal Administrativo de Casanare que:

“Revisados los archivos de la administración municipal correspondientes al despacho del alcalde y los de la contratación, no se encontró documento en donde haya dado consentimiento alguno a la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial Ltda. “Codeter” para la cesión de los derechos derivados del Convenio Interadministrativo 009 del 21 de enero de 1997, celebrado entre esta y el municipio de Tauramena.

De otra parte, en mi condición de alcalde jamás he dado consentimiento alguno al respecto”(73).

2.58. Comunicación de 15 de septiembre de 2003, suscrita por la liquidadora de Codeter en liquidación obligatoria, mediante la cual dio respuesta al requerimiento del Tribunal Administrativo de Casanare, informó que en los archivos de la entidad “no se encontró aceptación del municipio de Tauramena a la cesión de derechos y obligaciones del Convenio 009” de 1997, ni el respectivo contrato(74).

2.59. Testimonios(75). 

El Juzgado Promiscuo Municipal de Tauramena, recepcionó la declaración de la señora Ruth Emilse Clavijo el 19 de noviembre de 2003, por comisión del Tribunal Administrativo de Casanare. La testigo, de profesión ingeniera civil, manifestó haber conocido de la ejecución del Convenio 009 de 1997 a partir de 1998, en su condición de funcionaria de la alcaldía. Explicó que en su calidad de supervisora conoció de las dificultades en la construcción del puente sobre el caño Huesero, así:

“Se presentaron suspensiones, no sé cuántas, y como el contratista empezaba tan tarde, cuando ya era hora de ejecutar excavaciones no se podía porque el caño en ese punto va encausando, lleva mucha agua y no se puede desviar (...). Se hace énfasis en que esas actividades de cimentación, como son excavaciones y zarpas solamente se pueden ejecutar en verano, época que el contratista nunca aprovechó”(76).

3. La procedencia de la acción contractual incoada por parte del cesionario.

Frente a la jurisprudencia vigente no se puede pasar por alto un análisis sobre la acción impetrada en el sub lite y la naturaleza de la cesión que el demandante presentó como base de la misma, toda vez que en el escenario de la acción contractual, tratándose de las pretensiones derivadas de la cesión del crédito originado en un acta de obra, la Sección Tercera del Consejo de Estado sentó jurisprudencia acerca de la diferencia entre la cesión del contrato de obra y la cesión de los créditos derivados del contrato, con base en la cual concluyó que la acción procedente para el cesionario del crédito es la de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que no se constituye en tercero con interés directo para impetrar la acción contractual y en consecuencia, debe presentar la demanda dentro del término legalmente establecido para la referida acción de nulidad y restablecimiento (4 meses a partir del acto que negó el pago), so pena de la caducidad. En lo pertinente observó la respectiva subsección(77):

“La acción que puede ejercer el cesionario de un crédito contractual no es la de controversias contractuales sino la de nulidad y restablecimiento del derecho. En el caso concreto es claro que no se está ante alguna de las dos excepciones mencionadas, de manera que la Sala entiende que la acción que podía ejercer la parte actora no era la de controversias contractuales. Y se concluye esto porque, contrario a lo que esta sostiene en su escrito de demanda —y también en los alegatos de conclusión—, la cesión que se pudo producir es la de un crédito y no la del contrato. Se dice que “pudo” porque este aspecto fue puesto en discusión, y hace parte del debate de fondo del proceso, pero la Sala ni siquiera podrá abordarlo más adelante por la suerte que correrá el proceso antes de llegar a esas cuestiones. En efecto, pese a que la posición del actor es ambigua, porque afirma que la cesión que se produjo se rige por los artículos 897 y siguientes del Código de Comercio, que regula la cesión de los contratos de tracto sucesivo, para la Sala no puede ser así, sencillamente porque la parte actora y el señor Carlos Alberto Gómez Arboleda —contratista del Himat— lo que pretendieron ceder fue un crédito, hasta por $ 40’000.000 —que presumiblemente constaba en un acta de obra—, pero de ninguna manera es admisible que su propósito fuera ceder la posición que como parte en el contrato ostentaba este frente al Himat”.

De la lectura del libelo introductorio a este proceso se observa que el demandante instauró la acción contractual en su condición de cesionario, con el propósito de que se declaren “los mayores valores” “por concepto del reajuste de precios pactado en el contrato”, y congruentemente pregonó en el recurso de apelación que en lo sustancial se debe definir la procedencia jurídica de tales reajustes, “... soportado documentalmente en la historia convencional...”, la liquidación y el pago de la condena correspondiente, por manera que en este caso se impetró efectivamente la acción referida a una declaración contractual, en la cual subyace el estudio del incumplimiento del Convenio 009 por parte del municipio de Tauramena, quien habría faltado a su obligación de reconocer los ajuste de precio de las obras entregadas.

La Sala puntualiza que en el presente caso el contrato de cesión presentado por el demandante tuvo el siguiente objeto:

“Cláusula primera: objeto: por medio del presente contrato de cesión, se transfieren al cesionario y en forma irrevocable todos los créditos y/o derechos litigiosos que posee el cedente en virtud de los convenios interadministrativos 09 y 011 de 1997, suscritos entre la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial y el municipio de Tauramena, Casanare, y en especial todos los derechos contractuales que fueren exigibles directamente o mediante litigio previo, derivados de tales convenios, tales como reajuste de valores, restablecimiento del equilibrio económico financiero, perjuicios, lucros cesantes (sic), etc.” (lo resaltado no es del texto).

Se agrega que el demandante invocó una controversia contractual de la que se estimó parte por virtud de la cesión referida, pretendió ser reconocido como parte acreedora de los créditos y/o derechos litigiosos incluyendo en esa cesión cualquier derecho contractual derivado del convenio.

Esta situación fáctica se diferencia de la que ocurrió en el caso que originó la jurisprudencia atrás mencionada, toda vez que allí se trató de la cesión de un crédito derivado de un acta de obra, realizada a favor de una compañía de financiamiento comercial, calificada, entonces, como un tercero respecto del contrato, la cual se encontró por fuera de las circunstancias legales y jurisprudenciales que permiten excepcionalmente a terceros incoar la acción contractual.

En conclusión, se deja establecido que la acción impetrada en este proceso es formal y materialmente la prevista en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, respecto de la cual la Sala estudiará en el caso concreto el alcance de la cesión invocada por el demandante en relación con la legitimación activa en la presente causa.

4. Legitimación activa del cesionario del contrato estatal.

De conformidad con el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, la acción de controversias contractuales la pueden incoar las partes del contrato, excepcionalmente el Ministerio Público y los terceros con interés directo, según se aprecia en el texto de la norma que se transcribe a continuación:

ART. 87.—(Modificado por el art. 32, Ley 446 de 1998)(78). De las controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas.

Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, serán demandables mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. La interposición de estas acciones no interrumpirá el proceso licitatorio, ni la celebración y ejecución del contrato.Una vez celebrado este, la ilegalidad de los actos previossolamentepodrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta del contrato.

El Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare su nulidad absoluta. El juez administrativo queda facultado para declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso. En todo caso, dicha declaración solo podrá hacerse siempre que en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes” (la negrilla no es del texto).

Se destaca que la mencionada disposición estableció el derecho de terceros distintos de las partes del contrato para demandar en ejercicio de acción de controversias contractuales, en relación con determinadas pretensiones, así: i) el Ministerio Público para efectos de demandar la nulidad del contrato estatal y, ii) los terceros con interés directo, dentro de los cuales se reconoce con derecho a la acción contractual a los proponentes que intervienen en el procedimiento de contratación, en relación con los actos previos y, en su caso, la pretensión de nulidad del contrato estatal celebrado. Igualmente se consideran terceros con “interés directo” los otorgantes de las garantías contractuales, como es el caso de las compañías de seguros, en relación con las obligaciones garantizadas, los actos en que se declara el siniestro y aquellos en que se hace exigible la respectiva garantía. Esta última modalidad de legitimación activa ha sido esclarecida de acuerdo con la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado en virtud de la cual se ha admitido la acción de la compañía aseguradora en el proceso contractual por virtud de la posición jurídica de tercero con interés directo.

La Sala recuerda que en el proceso judicial hay lugar a distinguir entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa, constituyendo la primera, el presupuesto procesal o requisito formal determinado con fundamento en el derecho legal concedido para incoar determinada acción, y la segunda acepción de la legitimación (material), corresponde al derecho sustancial o de fondo, que en su caso el demandante tenga para llevar avante la causa petendi, el cual solo entra a definirse partiendo del presupuesto de la legitimación de hecho, una vez surtido el debate procesal, con fundamento en el análisis crítico de las pruebas, en la oportunidad de dictar la respectiva sentencia, de acuerdo con lo que allí se haya demostrado(79).

La falta de legitimación de hecho por activa enerva la acción del demandante, puesto que si carece de habilitación legal para iniciar el proceso como parte actora, esto es para ejercer el derecho a la acción respectiva, el juzgador deberá inhibirse para conocer de fondo la demanda.

Nótese que el presupuesto formal de la legitimación en la causa abre paso a que se trabe la litis y se discuta la pretensión, con independencia de que la acción del legitimado resulte exitosa en términos de un fallo favorable a las pretensiones del demandante, siendo que esto último dependerá del derecho de fondo que se pruebe en el proceso.

Ahora bien, regresando a la condición de las partes del contrato estatal, legitimadas por principio para intervenir como partes procesales en la acción contractual, procede advertir que tiene lugar la figura del cesionario del contrato estatal por aplicación del artículo 887 del Código de Comercio, quien adquiere la posición jurídica de parte en la medida en que la cesión sea debidamente perfeccionada y aceptada. Bajo ese supuesto le asiste al cesionario la legitimación activa para demandar las pretensiones contractuales, en la misma forma que lo haría la parte original, de acuerdo con la extensión de la posición contractual cedida y adquirida.

Se agrega que la cesión del contrato puede ser total o parcial, según las voces del artículo 887 del Código de Comercio, aplicable en el contrato estatal por virtud del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, asunto sobre el cual se abre la posibilidad jurídica de la parte plural, tanto en el contrato estatal como en el ejercicio de la acción contractual, con fundamento en lo cual habrá lugar a la figura del litisconsorte, según sea la clase de cesión.

5. Integración de la demanda en el caso de las cuentas no aprobadas en la liquidación del contrato estatal.

Para el análisis de este proceso parece útil dejar expuesto que en el acto de liquidación bilateral del contrato estatal pueden coexistir tanto los saldos definidos de mutuo acuerdo entre las partes como aquellas partidas respecto de las cuales se han hecho constar salvedades o desacuerdos, que deben ser expuestos en forma puntual y concreta en el acta de liquidación, como lo ha hecho notar la Sección Tercera del Consejo de Estado(80), salvo que las objeciones provengan de hechos que no se conocían al momento de suscribir el acta de liquidación bilateral, según se lee en la sentencia que se cita a continuación:

“Así pues, las salvedades que se consignen en el acta de liquidación tendrán como finalidad salvaguardar el derecho del contratista a reclamar en el futuro ante la autoridad judicial el cumplimiento de aquellas obligaciones que a su juicio hubieren quedado pendientes o impagadas durante la ejecución del contrato, razón por la cual deben ser claras y concretas. A propósito del preciso alcance que corresponde a las salvedades o reservas que respecto de una liquidación bilateral formula alguna de las partes del contrato, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido “(...) que las salvedades u objeciones que el contratista deja en el acta de liquidación del contrato deben ser claras y concretas; de otra manera, su inclusión resulta ineficaz(81).

(...).

Como ha precisado la Sala, ha de entenderse que la exigencia de que en el acta de liquidación bilateral se consignen de manera clara y concreta las salvedades u objeciones —como presupuesto del petitum de una eventual demanda— hace referencia a aquellos hechos o situaciones que se conocían o que, razonablemente, se podían conocer al momento de suscribir el acta, toda vez que tal exigencia no se presenta cuando se trata de formular reclamaciones respecto de circunstancias posteriores, desconocidas o imposibles de conocer al momento de suscribir el acta”.

En el mismo sentido se agrega que, como regla general, una vez expedido el acto de liquidación del contrato estatal, no es procedente demandar aisladamente el pago de cuentas contractuales no aprobadas en la liquidación, puesto que para alcanzar la prosperidad o estimación de las pretensiones de pago y el consecuente resarcimiento del incumplimiento contractual, se requiere impugnar el acto de liquidación en el cual se hayan omitido dichas cuentas, para efectos de retirar del mundo jurídico los efectos del acto administrativo. En el mismo orden de ideas, si se busca la inclusión de nuevas cuentas a cargo de alguno de los contratantes, corresponde integrar la demanda con la pretensión de nulidad del acto de liquidación, toda vez que por razón de su contenido el acto de liquidación del contrato establece un saldo que compendia los valores finales de las posiciones activas y pasivas provenientes de la ejecución de las obligaciones recíprocas de ambas partes. En consecuencia, no procede plantear un debate procesal separado del acto de liquidación con respecto al incumplimiento y pago de algunas cuentas, en aquellos casos en que la obligación supuestamente incumplida incida en el valor del saldo final de la liquidación(82).

Con lo anterior se quiere significar que la integración de la debida demanda en el caso de la pretensión acerca de las cuentas incumplidas en el escenario de la liquidación del contrato estatal necesariamente debe incorporar la impugnación del acto de liquidación, en el evento en que se haya expedido. Lo anterior, en aquellos casos en que la declaración de incumplimiento tenga la vocación de cambiar el estado de las cuentas en el balance final de liquidación del contrato, contenido en un acto amparado por la presunción de legalidad, que por lo tanto debe ser infirmado para efectos de sustituir o modificar su alcance.

6. El caso concreto.

6.1. Alcance del contrato de cesión.

Aprecia la Sala que en este caso el demandante presentó un contrato de cesión en el que se refirió a tres modalidades diferentes, en virtud de las cuales adujo la condición de cesionario en relación con: i) los derechos de crédito, ii) los derechos litigiosos y, iii) todos los derechos contractuales que poseía la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial Limitada Codeter Ltda., por razón del Convenio 009 de 1997.

En ese contexto se advierte que el objeto contractual de la cesión incluyó situaciones jurídicas diferentes, a saber.

6.1.1. Cesión de créditos personales.

La cesión de créditos personales, referida en el artículo 1959 del Código Civil, tiene por objeto la transmisión del derecho derivado de una posición jurídica acreedora que se puede hacer valer en contra del patrimonio del deudor, figura que en la legislación civil procede frente a créditos contractuales o de otro origen, que consten o no en un documento(83), a falta del cual la cesión puede formalizarse en uno otorgado para tal fin.

Frente a las disposiciones de la Ley 80 de 1993, el análisis de la cesión del crédito originado en un contrato estatal pasa por precisar que la ley exige el documento escrito como formalidad del contrato estatal, en los términos del artículo 41, por manera que la cesión del crédito contractual debe hacerse constar igualmente por escrito.

De acuerdo con el artículo 1960 del Código Civil, se agrega que la cesión de créditos personales, “no produce efectos contra el deudor o contra terceros, mientras no sea notificada por el cesionario al deudor o aceptada por este”.

En la parte general de esta providencia se expuso la jurisprudencia del Consejo de Estado, de acuerdo con la cual el cesionario de créditos documentados en las actas de obra no es parte del contrato estatal, se constituye en tercero acreedor del crédito cedido, condición que, frente al acto que niega el pago, lo coloca en la legitimación activa para acudir en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, más no lo reviste del derecho a ejercer la acción de controversias contractuales, reservada a las partes del contrato o a terceros con interés legítimo directo sobre las declaraciones contractuales.

En el presente caso se observó que la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial Limitada Codeter Ltda., dejó de incorporar en la liquidación de las actas de obra que presentó en enero y octubre de 1998 y en las facturas emitidas en el mes de noviembre de 1998, la liquidación por concepto de ajuste de precio, suma que el demandante vino a invocar en el presente proceso con fundamento en el Convenio 009.

Igualmente se probó que la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial Limitada Codeter Ltda. sometió a la aprobación de la alcaldía del municipio de Tauramena la solicitud de ajustes de las actas 1 y 2, el 13 de abril de 1999 y que, luego, en el acta de liquidación del convenio suscrita el 15 de abril de 1999 anunció salvedades, las cuales concretó el 16 de julio de 1999 en el sentido de identificar la causa de tales salvedades por concepto del reajuste pendiente de las actas 1, 2, además del reajuste del acta 3 y del acta final.

No obstante, de acuerdo con las pruebas, la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial Limitada Codeter Ltda. solamente liquidó el valor de los reajustes y lo sometió a aprobación varios meses después, mediante comunicaciones de 3 de noviembre, 24 de noviembre y 30 de noviembre de 1999(84).

Según se advierte del análisis de las mismas pruebas, la alcaldía del municipio de Tauramena le informó a la referida cooperativa que requería el visto bueno por parte de los respectivos interventores del Convenio 009, el cual nunca se formalizó, de acuerdo con lo que se establece con fundamento en el acervo probatorio(85).

Siendo así, en lo que se refiere a la controversia que ahora se desata, no existió un crédito contractual a favor de la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial Limitada Codeter Ltda., puesto que su posición de acreedora no se configuró, lo que tuvo lugar fue una salvedad en la liquidación del Convenio 009, respecto de la cual se generó controversia en relación con la procedencia de los ajustes de precio, toda vez que a juicio del municipio de Tauramena los referidos ajustes no habían sido acordados ni formalizados en su oportunidad, tal como se requería para dar lugar a la aplicación de la cláusula sexta del convenio, que iniciaba su texto con la siguiente disposición:

“Sexta. Ajuste de precios: cuando a ello hubiere lugar, en el convenio se incluirá el ajuste correspondiente y se seguirá el procedimiento que a continuación se describe: (...)”.

En consecuencia, lo reclamado en este proceso correspondió a un derecho contingente, es decir en discusión, toda vez que el demandante no concretó crédito personal alguno derivado del Convenio 009, en los términos del artículo 1959 del Código Civil, amén de que no logró probar la notificación de la cesión ni menos aún su aceptación.

En todo caso, se recuerda que si la parte demandante hubiera fincado su demanda en el cobro de un crédito basado en las cartas de solicitud de reconocimiento de los ajustes, a todas luces insuficientes para crear la obligación a cargo del municipio de Tauramena, carecía en ese supuesto de legitimación para incoar la acción contractual puesto que en condición de cesionario de un crédito se habría constituido en un tercero acreedor, más no en parte del contrato estatal.

6.1.2. Cesión de derechos litigiosos.

La cesión de derechos litigiosos regulada en el artículo 1969 del Código Civil(86), tiene por objeto “un evento incierto de la litis del que no se hace responsable el cedente”, es decir un derecho contingente que se discute en un proceso judicial, un aleas que puede llegar a ser reconocido o no en la decisión que desate el litigio correspondiente.

De acuerdo con el Código Civil, se entiende litigioso un derecho, para los efectos de esa regulación, desde que se notifica judicialmente la demanda, asunto que en los términos del artículo 1971 del Código Civil(87) da lugar al denominado beneficio de retracto, en virtud del cual, de acuerdo con la norma citada, el deudor solo está obligado a pagar al cesionario del derecho litigioso el valor de lo que este haya dado por el derecho cedido, salvo las excepciones previstas en la misma disposición.

Sin embargo, tampoco fue este el escenario de la cesión aducida por la parte demandante en relación con los ajustes de precio no reconocidos en la liquidación del Convenio 009, que se han traído al presente debate, toda vez que la existencia del proceso judicial en curso, es posterior a la cesión, al paso que el actor manifestó que logró el reconocimiento de otros créditos respecto de los cuales pudo entablar una acción ejecutiva, por lo tanto diferentes a los que fueron objeto de este proceso.

6.1.3. Cesión de derechos contractuales.

La cesión de los derechos contractuales en el sub lite, según se desprende del contrato de cesión suscrito el de 29 de junio de 2000(88), comprendió la posición contractual acreedora, originada por lo tanto en el Convenio 009, pero ciertamente en discusión, sobre la cual se fundaría, entonces, la legitimación activa del demandante para efectos de la presente acción.

Sin embargo, la sentencia de primera instancia identificó la ineficacia de la referida cesión, asunto que se rebatió como cuestión medular del recurso de apelación, el cual procede evaluar a continuación:

Lo primero que se advierte es que la cesión de los derechos contractuales —en este caso contingentes— no se equiparó a la cesión total del Convenio 009, sino que por comprender una parte de la posición contractual (solo los derechos o acreencias) se ubicó en los términos de una cesión parcial del citado convenio.

Debe aceptarse que en el contrato coexisten derechos y obligaciones a cargo de cada una de las partes, por manera que la cesión de todos los derechos contractuales sin incluir la posición pasiva representada en las obligaciones correspondientes al mismo, resulta teóricamente posible si se tiene en cuenta que el artículo 887 del Código de Comercio se refiere a la cesión total o parcial del contrato.

Vale la pena observar que al amparo de la legislación comercial la cesión de los derechos derivados de un contrato ha dado lugar a modalidades de la cesión parcial como por ejemplo la cesión de la posición acreedora, las acreencias contractuales, los derechos económicos, los derechos al beneficio, las ganancias o a las utilidades del contrato, soportadas todas ellas en desarrollo de la libertad negocial, por virtud de la cual las partes pueden convenir en ceder el contrato total o parcialmente, algunos o todos los derechos, lo cual da cabida a la figura de la cesión referida a los derechos resultantes en la liquidación del contrato, sin desprenderse de las obligaciones que permanecen en cabeza del contratista cedente.

6.2. Aceptación de la cesión de los derechos contractuales del Convenio 009.

No obstante, descendiendo al contrato estatal, se debe poner de presente que la cesión parcial puede existir, se rige por las mismas reglas generales de la cesión total del contrato, ambas limitadas de manera importante por el propio régimen de contratación estatal, como se explica a continuación:

La regla general de exigencia de aceptación previa de la entidad contratante al contratista cedido, la cual se predica de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 887(89) del Código de Comercio, aplicable en el contrato estatal por disposición del artículo 13 de la Ley 80 de 1993(90), amén de que en materia del contrato estatal, siendo el contrato configurado mediante escrito, solo puede modificarse por el mismo medio, es decir a través de escrito firmado por las dos partes.

En lo que se refiere a la cesión del contrato estatal o a la de una parte del mismo, la Sala advierte que se trata de un evento de modificación del contrato, en tanto supone el cambio o sustitución de una parte por otra, respecto de lo cual se regresa a la exigencia de aceptación previa de la parte contratante por cuanto el contrato estatal es de carácter personal, celebrado en atención a la condición de las partes, amén de que se accede a él mediante el procedimiento previo y reglado de la contratación estatal que no podría verse vulnerado mediante la figura de la cesión a un tercero escogido a través de un acuerdo contractual directo entre cedente y cesionario, por fuera de las normas que se aplicaron en la formación del contrato respectivo.

Se agrega a ello que la aceptación a la cesión del contrato genera importantes efectos sobre los derechos y obligaciones, las acciones y garantías del contrato, por manera que no podría ser impuesta sin el consentimiento de las partes.

Acerca de la observancia de las normas del Código de Comercio a la cesión del contrato estatal, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha destacado que solo produce efectos a partir de la aceptación, en la siguiente providencia:

“La cesión de un contrato produce efectos entre cedente y cesionario desde el momento en que aquella se celebre; pero respecto del contratante cedido y de terceros, solo produce efectos desde la notificación o aceptación, salvo lo previsto para documentos escritos con cláusula “a la orden” u otra equivalente, en el que solo bastará el endoso del documento (C. Co., art. 894, art. 888, e inc. 3º). Por lo demás, la cesión de un contrato implica la de las acciones, privilegios y beneficios legales inherentes a la naturaleza y condiciones del contrato, es decir, los derechos y obligaciones que emanan del contrato cedido; pero no transfiere los que se funden en causas ajenas al mismo, o en la calidad o estado de la persona de los contratantes (C. Co., art. 895)”(91).

La Sala no puede dejar de observar que la cesión del contrato estatal encuentra sus límites en el principio de la selección objetiva del contratista por lo cual no constituye una potestad abierta o derecho alguno a negociar la posición contractual y entrar a determinar al respectivo cesionario del contrato a través de una decisión del contratista.

A su vez, se desprende del deber de la selección objetiva que la autorización de la entidad contratante para la cesión del contrato se exige por virtud de la ley, debe obedecer a una situación excepcional prevista en la misma o enmarcada dentro de un supuesto de orden legal, sin duda razonado y expresado en forma previa a la cesión, en respeto de los principios de la contratación estatal, observados de la misma manera en que haya tenido lugar para la adjudicación del contrato correspondiente.

Por ejemplo, existen algunos eventos previstos en la Ley 80 expedida en 1993 en los cuales se puede acudir a la cesión contractual, como son la inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente del contratista(92) y la cesión que se podría derivar por razón del contrato de seguro, con el propósito de que la compañía aseguradora cumpla con el objeto garantizado en los eventos de la terminación unilateral del contrato o de la caducidad decretada al mismo(93).

Se concluye de todo lo anterior que la cesión total o parcial del contrato estatal, en principio está prohibida y solo podría tener lugar por la vía de una modificación del contrato debidamente aceptada por la entidad contratante, sobre la base de un evento legal que la permita.

En el mismo orden de ideas, el cesionario del contrato estatal llega a constituirse en parte contractual en la medida en que sea aceptado por la entidad contratante y aún más, se advierte que el acuerdo entre las partes (cedente y cesionario) no puede colocar a un tercero en la posición de contratista y generar efectos frente a la entidad contratante hasta tanto no se produzca su aceptación, amén de que podría negarse tal autorización a la cesión, si diera lugar a configurar como parte contractual a quien debe acudir al procedimiento de contratación legalmente establecido o carece de las condiciones para acceder a la respectiva posición contractual, como en el caso de la cesión del convenio interadministrativo a favor de un tercero que no reúne la calidad de entidad estatal, necesaria para ser parte del mismo.

Ahora bien, requiriéndose la aceptación previa de la entidad estatal, está claro en este proceso que la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial Limitada Codeter Ltda. y el ahora demandante suscribieron la cesión de fecha 29 de junio de 2000 sin ninguna clase de autorización, previa ni posterior, emitida por el municipio de Tauramena.

Se destaca que, por el contrario, la alcaldía del municipio de Tauramena y la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial Limitada Codeter Ltda., en liquidación obligatoria, informaron al tribunal a quo, mediante los oficios radicados en respuesta al requerimiento cursado en este proceso, que no encontraron prueba alguna en sus archivos de la notificación de la cesión suscrita con el demandante, ni menos aún de la aceptación o aprobación de la misma.

No sobra advertir que las autorizaciones invocadas por el demandante en este proceso, se desestiman como prueba del respectivo requisito por cuanto se refirieron a otras relaciones jurídicas entre las partes, el Convenio 011 y los créditos cobrados en proceso ejecutivo separado.

En efecto, mediante la Resolución 339 de abril 25 de 2000, alegada por el demandante la alcaldesa (e) dispuso un pago originado en el Convenio 011 de 1997, a favor de Julio César Díaz Perdomo “en calidad de cesionario del crédito a favor de Codeter” (...) “circunstancia que obra en debida forma dentro del expediente judicial citado”, decisión que de acuerdo con la parte motiva de esa resolución se apoyó en lo ordenado por el Tribunal Contencioso Administrativo de Casanare en proceso ejecutivo contractual(94), por manera que la referida prueba se refirió a derechos contractuales distintos de los que se debaten en este proceso, eventualmente a otros créditos que si eran susceptibles de ejecución.

Por otra parte, la comunicación sin fecha, suscrita por Fabio Enrique Franco Niño, con referencia a “Ejecutivos contractuales, de: Codeter contra: municipio de Tauramena, cesiones de febrero 16 y junio 29 de 2000”, con claridad se produjo en fecha posterior a la cesión, toda vez que la cesión se citó en la referencia de la comunicación, además de que en la misma se advirtió que no tenía alcance alguno sobre las obligaciones del municipio, tal como correspondía anunciarlo al apoderado judicial en el proceso ejecutivo, por lo tanto, sin facultades para aceptar la cesión de derechos contractuales en nombre del municipio de conformidad con lo que expresó de la siguiente manera:

“Debe quedar claro, que la aceptación que hemos realizado a las cesiones mencionadas en su favor, no compromete de manera alguna la responsabilidad del municipio de Tauramena con terceros ni implica reconocimiento alguno de los derechos en controversia presuntamente originados en los convenios suscritos con Codeter, respecto de los cuales nos atendríamos a lo que falle el tribunal, consideración que hacemos extensiva respecto de las retenciones discutidas en los pagos ya realizados en su favor”.

De acuerdo con todo lo anterior, hallándose carente de prueba alguna la aceptación del municipio de Tauramena a la cesión aducida por el demandante, la Sala encuentra fundamento suficiente para la decisión del tribunal a quo mediante la cual declaró fundada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, y en tal sentido se confirmará la sentencia de primera instancia, toda vez que el demandante no cumplió con el referido presupuesto procesal, por lo tanto, obró sin derecho para ejercer la acción contractual deprecada.

Adoptada la anterior decisión, es improcedente entrar al pronunciamiento sobre las pretensiones por concepto de ajuste de precios y las sumas supuestamente adeudadas.

Tampoco hay lugar a pronunciarse sobre la validez del contrato de cesión, habida cuenta que en el presente proceso no hubo lugar a la vinculación de la Cooperativa Nacional de Desarrollo Territorial Limitada Codeter Ltda.

7. Costas.

Habida cuenta que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, el 31 de julio de 2008, en el sentido de DECLARAR fundada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa y en consecuencia negar las pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas.

3. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(6) Artículo 75, Ley 80 de 1993. “Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa”.

(7) “ART. 2º—De la definición de entidades, servidores y servicios públicos. Para los solos efectos de esta ley:

Se denominan entidades estatales:

Según este artículo, son contratos estatales aquellos celebrados por las entidades descritas en el artículo 2º de la Ley 80 de 1993, el cual dispone:

“Para los solos efectos de esta ley:

“1. Se denominan entidades estatales:

“a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles (...).

PAR.—Para los solos efectos de esta Ley, también se denominan entidades estatales las cooperativas y asociaciones conformadas por entidades territoriales, las cuales estarán sujetas a las disposiciones del presente estatuto, especialmente cuando en desarrollo de convenios interadministrativos celebren contratos por cuenta de dichas entidades” (lo resaltado no es del texto).

(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicado 8500123310002000001980, Expediente 20.968, demandante: Luis Carlos Pérez Barrera, demandado: Caja Nacional de Previsión.

(9) Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, auto de 20 de agosto de 1998. Expediente 14.202. C. P. Juan de Dios Montes Hernández. Esta posición ha sido expuesta en otras providencias, entre las cuales se encuentra la sentencia de 20 de abril de 2005, Expediente 14519 y el auto de 7 de octubre de 2004. Expediente 2675.

(10) Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, Sección Tercera, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicado 8500123310002000001980, Expediente 20.968, demandante: Luis Carlos Pérez Barrera, demandado Caja Nacional de Previsión.

(11) De acuerdo con el salario mínimo mensual legal vigente del año 2001, toda vez que la demanda se presentó el 13 de julio de 2001 y el recurso de apelación se interpuso el 8 de agosto de 2008, en vigencia de la Ley 446 de 1998, que entró en aplicación a partir del 1º de agosto de 2006 (fl. 383, cdno. 4).

(12) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 7 de noviembre de 2012, Expediente 25.915, radicación 440012331000200000293 01, actor: Laureano Quintero Gómez, demandado: Instituto Nacional de Vías —Invías—. Esta jurisprudencia fue reiterada y se precisó su vigencia bajo la Ley 1437 de 2011, en la siguiente sentencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección A, noviembre 13 de 2013, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, radicación 880012315000200100005 01, Expediente 31755, actor: Ingemat Ltda., demandado: Instituto Nacional de Vías, acción: contractual.

(13) Cláusula vigésima, folio 42, cuaderno 1.

(14) Sustituido por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, por manera que el cómputo de caducidad de la acción contractual, empieza a correr a partir del vencimiento del término contractual o legalmente establecido para liquidar el contrato estatal, lo cual vino a confirmarse y consolidarse con la norma legal que invocó explícitamente tales plazos para efectos de la oportunidad de ejercer la acción, aplicable para los procesos iniciados a partir del 2 de julio de 2012, cual es el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

(15) A partir de la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera el 28 de agosto de 2013, en el sentido de aceptar la valoración de los documentos aportados en copias simples que han hecho parte del expediente toda vez que frente a estos “se ha surtido el principio de contradicción y defensa de los sujetos procesales ya que pudieron tacharlas de falsas o controvertir su contenido”.

Como fundamento principal para llegar a la anterior conclusión, la Sala señaló que a partir de la expedición de las leyes 1395 de 2010 y 1437 de 2011 se constata una nueva visión respecto del derecho procesal en cuanto este hace énfasis especial acerca de los principios de buena fe y lealtad que deben asumir las partes en el proceso, lo cual determina un cambio en el modelo establecido por las normas procesales, circunstancias que “permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio”; lo que en últimas se traduce en la posibilidad de que el operador judicial pueda tomar en cuenta aquellos documentos que obran en el expediente en copia simple y respecto de los cuales las partes no han cuestionado su veracidad.

Por otra parte, según sostuvo la Sala en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2013:

“Con la expedición de la ley 1564 de 2012 —nuevo código general del proceso— corregido mediante el Decreto 1736 de 2012, se derogó expresamente el inciso primero del artículo 215 de la ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (...) al haber derogado el Código General del Proceso, CGP, la disposición contenida en la Ley 1437 de 2011, resulta incuestionable que las normas para la valoración de las copias son las contenidas en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, preceptos que mantienen vigencia, ya que solo la perderán a partir del 1º de enero de 2014, según lo dispuesto en el artículo 627 de la codificación general citada”.

(16) Folio 239, cuaderno 6.

(17) Folio 294, cuaderno 1.

(18) Folio 240, cuaderno 6.

(19) Folios 23 a 31, cuaderno 1.

(20) ART. 24.—Del principio de transparencia. “En virtud de este principio:

1. La escogencia del contratista se efectuará siempre a través de licitación, salvo en los siguientes casos en los que se podrá contratar directamente:

(...).

c) Interadministrativos, con excepción del contrato de seguro.

(21) “Por el cual se determinan la naturaleza, características, constitución, regímenes interno, de responsabilidad y sanciones y se dictan medidas para el fomento de las empresas de servicios en las formas de administraciones públicas cooperativas”.

(22) Folio 237 y 238, cuaderno 6.

(23) Folio 236, cuaderno 6.

(24) Folio 32, cuaderno 1.

(25) Folio 33, cuaderno 1.

(26) Folio 36, cuaderno 1.

(27) Folios 40 y 41, cuaderno 1.

(28) Folio 44, cuaderno 1.

(29) Folio 45, cuaderno 1

(30) Folio 47, cuaderno 1.

(31) Folios 48 a 50 cuaderno 1.

(32) Folio 51 a 53, cuaderno 1.

(33) Folio 55 y 56, cuaderno 1.

(34) Folio 58, cuaderno 1.

(35) Folio 59, cuaderno 1.

(36) Folio 60, cuaderno 1.

(37) Folio 61, cuaderno 1.

(38) Folio 63, cuaderno 1.

(39) Folio 65, cuaderno 1.

(40) Folio 294, cuaderno 6.

(41) Folio 67, cuaderno 1.

(42) Folio 69, cuaderno 1.

(43) Folio 71, cuaderno 1.

(44) Folio 72, cuaderno 1.

(45) Folio 73 a 78, cuaderno 1.

(46) Folio 29, cuaderno 1.

(47) Folio 56 y 57 cuaderno 6

(48) Folio 88 y 89, cuaderno 1.

(49) Folio 90 y 91, cuaderno 1.

(50) Folio 80 a 82, cuaderno 1.

(51) Folios 83 a 87, cuaderno 1.

(52) Folio 92, cuaderno 1.

(53) Folio 94, cuaderno 1.

(54) Folio 95 a 98, cuaderno 1.

(55) Folios 151 a 153, cuaderno 5.

(56) Folios 34 y 35, cuaderno 6.

(57) Folio 100, cuaderno 1.

(58) Folio 101, cuaderno 1.

(59) Folios 115 a 117, cuaderno 1.

(60) Transcripción parcial, se extracta del contenido de la columna correspondiente.

(61) Folio 118, Cuaderno 1.

(62) Folios 24 y 25, cuaderno 6.

(63) Folios 120 y 121, cuaderno 1.

(64) Folios 124 a 127, cuaderno 1.

(65) Folios 128 a 130, cuaderno 1.

(66) Folio 123, cuaderno 1.

(67) Folios 21 y 22 cuaderno 4.

(68) Folios 132 y 133, cuaderno 1.

(69) Folio 131, cuaderno 1.

(70) Folio 134, cuaderno 1.

(71) Folio 20, cuaderno 5.

(72) Folios 25 y 26, cuaderno 1.

(73) Folio 17, cuaderno 5, pruebas llamado en garantía, Gudisalvo Vega Sanabria.

(74) Folio 7. Cuaderno 4.

(75) Folio 18, cuaderno 4.

(76) Folio 14 y 15 cuaderno 3.

(77) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, C.P. Enrique Gil Botero, sentencia de 25 de abril de 2012, radicación 25000-23-26-000-1994-09759-01 (20817), actor: Sociedad Diamante Compañía de Financiamiento Comercial S.A., demandado: Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y adecuación de Tierras Himat (hoy Inat en Liquidación), referencia: acción contractual.

(78) Hoy regulada bajo la figura del medio de control contractual, en el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011, expedida con posterioridad a la demanda que ocupa la atención de la Sala en este proceso.

(79) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 22 de noviembre de 2001, C.P. María Elena Giraldo Gómez, Expediente 13.356; sentencia de 27 de abril de 2006, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; radicación 66001-23-31-000-1996-03263-01 (15.352); sentencia de 31 de octubre de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, actor: Sociedad Minera Peláez Hermanos & Cía., demandado: Ministerio de Minas y Energía, Expediente: 13.503; radicación: 11001032600019971350300, referencia: nulidad y restablecimiento del derecho. En el mismo sentido, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección A, sentencia de 27 de noviembre de 2013, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, radicación: 660012331000200200391, Expediente: 31431, actor: Unión Temporal Auditoría Médica, demandado: EPS Risaralda S.A. en liquidación, referencia: acción contractual - apelación sentencia; jurisprudencia recientemente reiterada por la Subsección A en la sentencia de 25 de junio de 2014, Expediente 34899, radicación 250002326000200050174201, actor: Promédica Ltda., demandados: Cajanal S.A., EPS, en liquidación y Cajanal EPS, Empresa Industrial y Comercial del Estado.

(80) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 31 de marzo de 2011, radicación 68001-23-15-000-1997-00942-01 (16246), actor: Ever Alfonso Suárez Lagos, demandado: Empresa Colombiana de Petróleos. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de octubre de 2012, radicación: 85001233100020000041 01, Expediente: 23.400, actor: Hernán Guzmán Chacón, demandado: municipio de Tauramena.

(81) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, sentencia de 16 Febrero de 2001, Expediente. 11689, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(82) La regla general comentada se aplicó, por ejemplo, en los siguientes casos: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, sentencia de 7 de noviembre de 2012, Expediente 25.915, radicación 440012331000200000293 01 actor: Laureano Quintero Gómez, demandado: Instituto Nacional de Vías —Invías—; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, sentencia de 27 de junio de 2013, radicación: 47001-03-000-1993-3570-01, Expediente: 17.431, actor: Antonio Sumoza Torres, demandado: Corporación Nacional de Turismo de Colombia, referencia: contractual - apelación sentencia.

(83) “ART. 1959.—Formalidades de la cesión. La cesión de un crédito, a cualquier título que se haga, no tendrá efecto entre el cedente y el cesionario sino en virtud de la entrega del título. Pero si el crédito que se cede no consta en documento, la cesión puede hacerse otorgándose uno por el cedente al cesionario, y en este caso la notificación de que trata el artículo 1961 debe hacerse con exhibición de dicho documento”.

(84) Pruebas relacionadas en los numerales 2.46, 2.47 y 2.48 del acápite de pruebas.

(85) Pruebas relacionadas en los numerales 2.51, 2.52 y 2.53 del acápite de pruebas.

(86) ART. 1969.—Cesión de derechos litigiosos. “Se cede un derecho litigioso cuando el objeto directo de la cesión es el evento incierto de la litis, del que no se hace responsable el cedente.

Se entiende litigioso un derecho, para los efectos de los siguientes artículos, desde que se notifica judicialmente la demanda”.

(87) ART. 1971.—Derecho de retracto. “El deudor no será obligado a pagar al cesionario sino el valor de lo que este haya dado por el derecho cedido, con los intereses desde la fecha en que se haya notificado la cesión al deudor.

Se exceptúa de la disposición de este artículo las cesiones enteramente gratuitas; las que se hagan por el ministerio de la justicia, y las que van comprendidas en la enajenación de una cosa de que el derecho litigioso forma una parte o accesión.

Exceptúanse así mismo las cesiones hechas:

1. A un coheredero o copropietario por un coheredero o copropietario, de un derecho que es común a los dos.

2. A un acreedor, en pago de lo que le debe el cedente.

3. Al que goza de un inmueble como poseedor de buena fe, usufructuario o arrendatario, cuando el derecho cedido es necesario para el goce tranquilo y seguro del inmueble”.

ART. 1972.—Oportunidad para ejercer el derecho de retracto. “El deudor no puede oponer al cesionario el beneficio que por el artículo precedente se le concede, después de transcurridos nueve días de la notificación del decreto en que se manda ejecutar la sentencia”.

(88) Prueba relacionada en el punto 2.56 del acápite de pruebas.

(89) “ART. 887.—Cesión de contratos. “En los contratos mercantiles de ejecución periódica o sucesiva cada una de las partes podrá hacerse sustituir por un tercero, en la totalidad o en parte de las relaciones derivadas del contrato, sin necesidad de aceptación expresa del contratante cedido, si por la ley o por estipulación de las mismas partes no se ha prohibido o limitado dicha sustitución.

La misma sustitución podrá hacerse en los contratos mercantiles de ejecución instantánea que aún no hayan sido cumplidos en todo o en parte, y en los celebrados intuitu personae, pero en estos casos será necesaria la aceptación del contratante cedido”.

(90) De la normatividad aplicable a los contratos estatales.

(91) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, sentencia de 28 de septiembre de 2011, radicación 25000-23-26-000-1994-00494-01 (15476), actor: Sociedad Aseguradora de Fianzas S.A. - Confianza, demandado: Telecafé Ltda., referencia: asuntos contractuales - apelación sentencia.

(92) Artículo 9º, de la Ley 80 de 1993.

(93) Artículos 17 y 18 de la Ley 80 de 1993.

(94) Folio 20, cuaderno 5.