Sentencia 2001-00310 de febrero 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 520012331000200100310 - 01 (28.277)

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Demandante: Rosalba Tela y otros

Demandado: Instituto Nacional de Vías - Invías

Asunto: apelación sentencia de reparación directa

Bogotá, D.C., veintiséis de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño, proferida el día 11 de junio de 2004.

1. Las pruebas aportadas al expediente.

— Copia del folio de matrícula inmobiliaria 240-100848, del 15 de marzo de 2001, correspondiente al predio identificado con el nombre “Belleza o Panamericana” (fl. 15, cdno. 1); en el mencionado documento público aparece inscrita como propietaria de dicho inmueble la señora Rosalba (o Rosa) Tela.

— Copia de la escritura pública 6274 del 10 de noviembre de 1992, de la Notaría Segunda del círculo de Pasto, mediante la cual se perfeccionó el contrato de compraventa del inmueble denominado “La Belleza o Panamericana”, suscrito entre los señores Manuel Jesús Noguera Timaná (vendedor) y Rosalba Tela (compradora) (fls. 11 a 14, cdno. 1).

— Copia del oficio titulado “Acta de visita e informe sobre un desastre natural por caída de un alud de tierra en la vía panamericana, kilómetro 16 + 700 M, apróx., Pasto-Tangua, vereda Marquesa Baja; con taponamiento total de una casa de habitación y destrucción de otra, inmueble de propiedad de la señora Rosalba Tela, lugar donde habitaban los integrantes de la familia Noguera Tela”, del 14 de diciembre de 1999, firmado por miembros de la familia Noguera Tela, por el comandante de la Estación de Policía de Tangua y por el personero municipal de Tangua (fl. 18, cdno. 1); en el referido documento se indicó:

“... Iniciando con la observación del alud de tierra, nos damos cuenta que se ha desprendido gran cantidad de tierra del lado izquierdo de la vía Panamericana Pasto-Tangua bajando, logrando tapar toda la vía en mención, inclusive llegando a taponar una casa de habitación y destruyendo otra, inmuebles ubicados en el municipio de Tangua, vereda Marquesa Baja y sin confirmar la existencia de muertes en el lugar del desastre... Realizamos un recorrido al (sic) lugar del desastre natural y efectivamente nos podemos dar cuenta de que son dos casas las destruidas, la una que quedó totalmente destruida y tapada con lodo o tierra y la otra se encuentra muy afectada y dañada por cuanto el derrumbe alcanzó a botar las paredes, se encuentra medianamente apuntalada con un madero ya que está por caerse, los perjudicados se encuentran totalmente desprotegidos, en el momento no tienen qué recuperar y la proporción del desastre es considerable y así como están las cosas es procedente inmediatamente dar a conocer lo sucedido al presidente del Comité Local de Emergencias y Atención de Desastres Luis Mijail Calderón Toledo, alcalde municipal de Tangua, para que previo estudio o análisis de lo acontecido decida lo de su competencia; así mismo se puede verificar que se trata de una familia muy pobre [de] campesinos que viven del jornal o trabajo realizado en el campo...” (fls. 16 a 18, cdno. 1).

— Certificado de registro civil de matrimonio, emitido el 14 de febrero de 2000, mediante el cual se certificó la unión de los señores José Rafael Noguera y Rosalba Tela (fl. 22, cdno. 1).

— Certificado de registro civil de nacimiento del señor Herman William Noguera Tela, en el cual consta que el señor Noguera Tela nació el 18 de marzo de 1978 y que sus padres son los señores José Rafael Noguera y Rosalba Tela (fl. 23, cdno. 1).

— Certificado de registro civil de nacimiento del señor Gregorio Fernando Noguera Tela, en el cual consta que el señor Noguera Tela nació el 21 de agosto de 1980 y que sus padres son los señores José Rafael Noguera y Rosalba Tela (fl. 24, cdno. 1).

— Declaración del señor Vicente Efraín Lima Zarama, ingeniero civil empleado del Invías, rendida ante el tribunal a quo, el 22 de enero de 2002 (fls. 142 a 147, cdno. 1); en relación con los hechos, el declarante afirmó:

“Comienzo por decir que de las épocas terribles invernales que hemos vivido ha sido la época invernal presentada en diciembre de 1999, las labores normales de conservación que adelanta el Invías están coordinadas por un ingeniero supervisor funcionario del Invías y por un grupo de administración vial que es el que coordina y programa las labores de las diferentes áreas que son en últimas quienes ponen el trabajo físico... Por regla general podría decir que toda la carretera Pasto-Rumichaca tiene sus taludes estabilizados, esto se lo demuestra con (sic) la falta de ocupación de retiro de derrumbes en épocas de verano, sin embargo cuando entramos a la época invernal, por humedecimiento de los taludes empieza[n] los desprendimientos de material y nuestras labores se orientan a la remoción de estos pequeños derrumbes. La tarea fue extraordinaria en el mes de diciembre de 1999 ya que en esta época desempeñé el cargo de administrador vial de la carretera Pasto-Rumichaca y sin exagerar puedo manifestar que se extrajeron más de 100 derrumbes en todo el sector, un 10% o sea aproximadamente 10 derrumbes se extrajeron del sector del Cebadal y 3 de los cuales produjeron taponamiento total de la vía... Como lo dije antes, debido a la ola extraordinaria invernal sí hubo unos derrumbes que afectaron algunas viviendas por encontrarse muy al borde de la carretera, esta situación ha sido imposible erradicarla ya que los propietarios de los predios siempre se empeñan en construir sus viviendas a la orilla de la carretera. Existe una ley donde se prohíbe la construcción dentro de la zona de la carretera pero la gente no la acata y siempre insiste en lo antes citado. Concretando la respuesta, si no estoy equivocado en el sector del Cebadal dos viviendas resultaron afectadas por derrumbes en el mes de diciembre de 1999... todos los taludes de la carretera Pasto-Rumichaca se encuentran estabilizados, sin embargo podemos anotar que hay sectores donde por motivos de deforestación se corre el riesgo de filtraciones de aguas lluvias cuando estas son abundantes debilitando algunos taludes. Este es el caso del sector del Cebadal donde los taludes superiores y los terrenos colindantes a estos taludes han sido deforestados reemplazando los bosques por cultivos que permiten infiltraciones de agua lluvia... En épocas de verano no hay presencia de aguas de infiltración o subterráneas que afloren en el talud del sitio La Marquesa. Cuando las lluvias son intensas y prolongadas, existe la posibilidad de que este fenómeno se presente como sucedió en diciembre de 1999. Deseo agregar que el mes de diciembre de 1999 fue una época supremamente calamitosa para los ingenieros viales, no solo de Nariño sino de todo el país, hubo problemas a nivel nacional con taponamientos de vías, avalanchas, caídas de puentes, y Nariño no fue ausente de este fenómeno, por ejemplo, se tuvo la caída de varias viviendas por una avalancha presentada en el Guabo, vía hacia Tumaco con varios muertos y desaparecidos, como este caso hay muchos, repito, a nivel nacional”.

— Declaración del ingeniero civil Luis Arturo Montenegro Caiza, empleado del Invías, rendida ante el Tribunal a quo el 22 de enero de 2002 (fls. 148 a 151, cdno. 1); en relación con los hechos, el declarante afirmó:

“Esa época invernal fue muy fuerte... En la carretera Rumichaca-Pasto se presentaron aproximadamente un centenar de derrumbes en el sector en cuestión se ocasionaron como tres derrumbes con taponamiento total de la vía, para estos casos el Instituto Nacional de Vías desplaza equipo hasta los sitios de las emergencias para la limpieza total de la vía. En cuanto a la estabilización de taludes cuando ya se detecta un sitio crítico el Instituto contrata los estudios para su estabilización, lógicamente estos sitios críticos no obedecen únicamente a eventos naturales tales como las fuertes precipitaciones puesto que esto es esporádico y no son considerados puntos críticos. Nuestras carreteras en Nariño son de montaña y por la misma formación hace de que (sic) en tiempos de invierno se presenten emergencias donde a veces se encuentren en situaciones críticas los vecinos que viven junto a la vía puesto que estos construyen sus viviendas con la mayor aproximación a la carretera... En el sector de La Marquesa se presentaron varios derrumbes, con taponamientos totales de la vía y fueron debidos a las altas precipitaciones ocurridas en la región, las cuales se dice que fueron eventos que llevan un ciclo aproximado de 50 años. Estas fuertes precipitaciones hacen que los suelos se saturen incrementando así su masa, perdiendo la propiedad de cohesión y volviéndose inestables y como están en taludes fácilmente se desprenden en grandes proporciones. Lógicamente atender estos eventos para que no se presentaran sería una actividad muy onerosa puesto que se trabaja para cuestiones naturales normales, pero reitero este evento fue algo excepcional y que posiblemente pasarán otros 50 años más para que vuelvan a repetir”.

— Declaración del señor Jaime William Enríquez Guerrón, rendida el 5 de febrero de 2002 (fls. 155 a 158, cdno. 1), recepcionada por el Juzgado Promiscuo Municipal del municipio de Tangua, en cumplimiento del despacho comisorio 897 del 5 de octubre de 2001, emitido por el tribunal a quo (fl. 153, cdno. 1); en el relación con los hechos, el declarante afirmó:

“Si los conozco, desde hace aproximadamente unos dos años y medio, el motivo es debido a que para el período 1999 a 2001 ejercí en el municipio de Tangua, como personero y concretamente tengo conocimiento de la familia Noguera Tela, por cuanto ellos sufrieron un daño a consecuencia del deslizamiento de tierra que sucedió en la vía Panamericana y precisamente frente a la casa de habitación donde vivían, siendo que en forma directa me enteré de los hechos para luego prestar la colaboración debida a dicha familia... la distancia entre Pasto y Tangua es de apenas 28 kilómetros y buena vía Panamericana, por lo que yo cuando laboré como personero municipal viajaba todos los días del lugar de mi residencia en Pasto al lugar de mi trabajo en Tangua, en el segundo semestre del año de 1999, empezaron a presentarse concretamente entre los meses de octubre y diciembre pequeños deslizamientos de tierra sobre la vía y más que todo en la parte o sector de la Marquesa y por ello hacía presencia personal contratado por Invías, realizando la respectiva limpieza, en el sector donde ocurrieron los hechos, frente a las dos casas destruidas, en la parte posterior hacia arriba, corría un pequeño arroyuelo que bajaba directamente por la montaña hacia un pequeño talud frente a estas casas, podría ser que la pequeña quebrada haya hecho que erosionara la tierra y posteriormente como consecuencia de esto se produjere el deslizamiento de la tierra posteriormente, me refiero al perjuicio ocasionado a la familia Noguera, sucedieron otros pequeños y grandes deslizamientos de tierra... No cabe duda que Invías se enteró de los diferentes deslizamientos de tierra, me refiero a los pequeños y anteriores al principal y lógicamente del agua que caía de la montaña o talud frente a las casas destruidas con lo que pudiéndolo prever debieron hacer el análisis topográfico pertinente de dicho sector, para prevenir no solo los perjuicios materiales sino la muerte de los moradores del sector”.

2. La competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra de la sentencia proferida el 11 de junio de 2004, por el Tribunal Administrativo de Nariño, comoquiera que la demanda se presentó el 4 de abril de 2001 y la pretensión mayor se estimó en la suma de $ 56’000.000 por concepto de perjuicios materiales, la cual supera el monto exigido para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación para aquella época, esto es $ 26’390.000.

3. Los hechos probados y lo que se debate.

En el expediente se encuentra debidamente acreditado que el 14 de diciembre de 2001 ocurrió un derrumbe de un talud a la altura del kilómetro 69 de la vía que de Pasto conduce a Rumichaca, que ocasionó el sepultamiento de dos casas de habitación ubicadas en un predio de propiedad de la señora Rosalba Tela. En criterio de los demandantes, tal situación se derivó de una negligencia imputable al Instituto Nacional de Vías al conocer la situación de peligro en la que se encontraba el predio de propiedad de la señora Rosalba Tela y haber omitido la realización de conductas, técnicas y administrativas, que impidieran la ocurrencia del derrumbe; por su parte, el Invías, entidad pública demandada, sostuvo que el derrumbe fue producto de una fuerza mayor, que se configuró por la ocurrencia de un aumento inusitado e imprevisible de las lluvias en la zona causando numerosos derrumbes en el período comprendido entre los meses de septiembre de 1999 y enero de 2000; por otro lado agregó que el daño alegado por los actores fue causado por su propia conducta al construir en una zona demasiado cercana al talud, con lo cual habrían puesto en riesgo su vida y sus bienes.

La primera instancia fue resuelta por el Tribunal de Nariño de manera favorable a los intereses de la parte actora, por cuanto se consideró que el derrumbe que ocurrió el 14 de diciembre de 1999 y que causó las pérdidas materiales alegadas por los actores, constituyó un hecho previsible para la entidad pública demandada, razón por la cual la encontró responsable administrativamente por los hechos objeto de la demanda. En su recurso de apelación, la entidad pública demanda reiteró su alegación acerca de la configuración de la causal eximente de responsabilidad tipificada como fuerza mayor en atención a la imposibilidad de prever el lugar de ocurrencia de los derrumbes así como la ocurrencia de una inusitada temporada de lluvias.

4. La alegada responsabilidad de la entidad pública demandada por los hechos objeto de esta demanda.

Según jurisprudencia constante de esta Sala, para que se pueda declarar la responsabilidad extracontractual del Estado, el juez debe verificar la existencia de tres elementos, a saber: i) la existencia de un daño antijurídico; ii) la imputación del daño a la acción u omisión de la autoridad pública; y iii) el nexo de causalidad existente entre el daño y la imputación.

En el expediente se encuentra debidamente acreditada la ocurrencia del deslizamiento de tierra que causó la pérdida material de los inmuebles de propiedad de la señora Rosalba Tela, el 14 de diciembre de 1999, en la vía que de Rumichaca conduce a la ciudad de Pasto.

De igual manera, se acreditó que el tramo en el que ocurrieron los hechos hacía parte de la vía Panamericana cuyo mantenimiento se encontraba a cargo del Instituto Nacional de Vías, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 53 y 54 del Decreto 2171 de 1992, vigente al momento de ocurrencia de los hechos:

“ART. 53.—Corresponde al Instituto Nacional de Vías ejecutar las políticas y proyectos relacionados con la infraestructura vial a cargo de la Nación en lo que se refiere a carreteras.

“ART. 54.—Para el cumplimiento de sus objetivos el Instituto Nacional de Vías desarrollará las siguientes funciones generales:

“1. Ejecutar la política del Gobierno Nacional en relación con la infraestructura vial de su competencia, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Ministro de Transporte.

“2. Elaborar conjuntamente con el Ministerio de Transporte los planes, programas y proyectos tendientes a la construcción, reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación, conservación, atención de emergencias, y demás obras que requiera la infraestructura vial de su competencia.

“3. Coordinar con el Ministerio de Transporte la ejecución de los planes y programas de su competencia.

“4. Adelantar investigaciones, estudios, y supervisar la ejecución de las obras de su competencia conforme a los planes y prioridades nacionales.

“5. Asesorar y prestar apoyo técnico a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados encargados de la construcción, mantenimiento y atención de emergencias en sus infraestructuras viales, cuando ellas lo soliciten.

“6. Recaudar los peajes y demás cobros sobre el uso de la infraestructura vial de su competencia, exceptuando las carreteras, puentes y túneles entregados en concesión, de conformidad con los respectivos contratos.

“7. Celebrar todo tipo de negocios, contratos y convenios que se requieran para el cumplimiento de su objetivo.

“8. Elaborar conforme a los planes del sector la programación de compra de terrenos y adquirir los que se consideren prioritarios para el cumplimiento de sus objetivos.

“9. Adelantar, directamente o mediante contratación, los estudios pertinentes para determinar los proyectos que causen la contribución nacional por valorización en relación con la infraestructura vial de su competencia, revisarlos y emitir concepto para su presentación al Ministro de Transporte, de conformidad con la ley.

“10. Dirigir y supervisar la elaboración de los proyectos para el análisis, liquidación, distribución y cobro de la contribución nacional de valorización, causada por la construcción y mejoramiento de la infraestructura de transporte de su competencia.

“11. Prestar asesoría en materia de valorización, a los entes territoriales y entidades del Estado que lo requieran.

“12. Proponer los cambios que considere convenientes para mejorar la gestión administrativa.

“13. Definir las características técnicas de la demarcación y señalización de la infraestructura de transporte de su competencia, así como las normas que deberán aplicarse para su uso.

“14. Administrar y conservar, bien sea directamente o mediante contratación, los monumentos nacionales cuando no estén a cargo de otras dependencias.

“15. Las demás que se le asignen y correspondan a la naturaleza de sus funciones”.

De la misma manera, la entidad pública demandada aportó al expediente una lista correspondiente al estado de las vías a cargo de la seccional Nariño, en la cual aparecen las distintas intervenciones que se realizaron en la referida carretera durante el mes de diciembre de 1999 (fls. 57 a 88, cdno. 1), así como la copia de un contrato de administración vial suscrito entre el director regional del Invías y el señor Vicente Lima Zarama, el 21 de diciembre de 1998, por una vigencia de doce meses, cuyo objeto lo constituyó la realización de “las labores de administración de las carreteras 1002 San Miguel-Pedregal, PR. 40+0000 a PR. 127+0600, longitud 88.2 km; 2501 Rumichaca-Pasto, PR. 0+0000 a PR. 83+0000, Longitud 82.9 km y 25 NRC variante de Ipiales, PR. 0+0000 a PR. 2+0000, longitud 2.0 km, con el objeto de adelantar gestiones y acciones tendientes a lograr el mejoramiento y una oportuna conservación de los sectores de carretera nacional, así como las de dirección, coordinación y control de las actividades de las Microempresas o grupos cooperativos denominados Caminantes de Mallama Ltda., Dinámicos Ltda., El Acial, Luchadores del Contadero Ltda., y Progreso El Cebadal Ltda., en una longitud de 173.1 km, de acuerdo con su propuesta de fecha 1º de diciembre de 1998, revisada y aceptada por el instituto, de conformidad con los términos de referencia y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato” (fl. 91, cdno. 1).

La Sala, en reiterada jurisprudencia, ha determinado el alcance del deber que le asiste al Invías en el mantenimiento de las vías nacionales que se encuentran a su cargo; así, en sentencia de 2005, se señaló:

“El objetivo del Instituto Nacional de Vías, como establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito a dicho ministerio, es “ejecutar las políticas y proyectos relacionados con la infraestructura vial a cargo de la Nación en lo que se refiere a carreteras”. Para el cumplimiento de este objetivo, se asignaron al instituto varias funciones generales y, entre ellas, la de ejecutar la política del Gobierno Nacional en relación con la infraestructura vial de su competencia, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Transporte.

“Conforme a lo anterior, es claro que el Ministerio de Transporte no es la entidad directamente responsable de adelantar las diversas acciones relacionadas con la construcción, reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación y conservación de la infraestructura vial a cargo de la Nación. Esta obligación ha sido asignada, de manera específica y expresa, al Instituto Nacional de Vías, como lo establece el artículo 54 del citado Decreto 2171 de 1992, que establece que es función de la entidad elaborar, conjuntamente con el Ministerio de Transporte, planes, programas y proyectos tendientes, entre otros, a la conservación que requiera la infraestructura vial de su competencia. El Decreto 2663 de 1993, que adopta los estatutos, la estructura interna y las funciones de las dependencias del Instituto, prescribe en el ordinal tercero del artículo 39, que la secretaria general técnica será la encargada de dirigir, coordinar, y controlar el cumplimiento de las actividades de las dependencias a su cargo que deban adelantarse para la construcción, mejoramiento y conservación de las carreteras nacionales y sus obras complementarias. Así mismo, el artículo 48, ordinal primero, determina que los distritos de obras, en proceso de liquidación al momento del accidente, eran los encargados dentro de su jurisdicción de adelantar las actividades de construcción y de conservación de las vías a cargo del Invías. Así se desprende, también, de lo consignado en la parte motiva de la Resolución 66 del cuatro de mayo de 1994, expedida por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, en el sentido de que la red nacional de transporte está conformada por las carreteras que están a cargo de la Nación, ‘a través del Instituto Nacional de Vías Invías’”(1).

El asunto sub lite se contrae, entonces, a determinar si existió una omisión en el cumplimiento del deber de mantenimiento de la vía que conecta a Rumichaca con la ciudad de Pasto, particularmente lo referente a las medidas de mantenimiento del talud ubicado en la parte superior del predio de propiedad de la señora Rosalba Tela, el cual se derrumbó el 14 de diciembre de 1999. La entidad pública demandada afirmó que el derrumbe del referido talud se produjo como consecuencia de un hecho imprevisible e irresistible constitutivo de fuerza mayor, el cual, además, fue uno de muchos derrumbes que ocurrieron en esa época en la referida carretera como consecuencia de un fenómeno invernal inusitado.

Sin embargo, la Sala encuentra, tal y como lo hizo el tribunal a quo, que los argumentos esgrimidos por el Invías tanto en su memorial de contestación de la demanda, en los alegatos de conclusión en la primera instancia, como en el memorial contentivo del recurso de apelación, no son de recibo, por cuanto la misma entidad pública afirmó, y aportó pruebas que confirman su dicho, que el fenómeno invernal comenzó en septiembre de 1999 —tal y como lo señala un documento titulado “Historiograma de precipitación mensual estación Sindagua-Cebadal” realizado por el Ideam y aportado al expediente por el Invías (fl. 56, cdno. 1)—, pero además en la contestación de la demanda agregó:

“... hubo derrumbes por esa época cerca al evento natural registrado el 14 de diciembre en el PR. 69.8, debido claro está a los grandes volúmenes de agua lluvia que comenzaron a caer desde el mes de septiembre de 1999 hasta junio del año 2000, fenómeno que superó, según los expertos, los promedios o parámetros normales de que se tenga noticia en el departamento de Nariño, presentándose la más alta intensidad de lluvias en el mes de diciembre de 1999, tal como lo demuestra el histograma de precipitaciones elaborado por el Ideam, estación Sindagua-El Cebadal.

“Estos derrumbes que se presentaron en octubre y noviembre cerca al predio de los esposos Tela Noguera, como lo manifiestan los demandantes, más otra serie de deslizamientos que se registraron en todo el trayecto de la carretera Rumichaca-Pasto no fueron propiciados por la acción o la omisión del Instituto Nacional de Vías sino como consecuencia de la ola invernal que comenzó en septiembre de 1999” (fl. 40, cdno. 1).

Es decir, el Invías tuvo conocimiento que desde los meses de octubre y noviembre de ese mismo año se presentaron derrumbes “cerca al predio de los esposos Tela Noguera” (fl. 40, cdno. 1) que obligaron a la entidad pública demandada a negociar con los propietarios del predio su utilización como un “botadero” para evacuar la tierra que se desplazó, tal y como lo evidencia el comprobante de pago del 3 de diciembre de 1999 (visible a fl. 19, cdno. 1), el cual da cuenta del pago de $ 7’280.000 a favor de la señora Rosalba Tela, reconocido como tal por la entidad pública demandada.

Lo anterior impone concluir que si bien es cierto que las condiciones meteorológicas que llevaron al deslizamiento de tierra ocurrido el 14 de diciembre de 1999 y que afectó la vivienda de la familia Noguera Tela pueden ser consideradas como de carácter extraordinario, no es menos cierto que la zona aledaña al predio de los demandantes comenzó a presentar derrumbes y deslizamientos desde octubre del mismo año, sin que el Invías hubiere acreditado en el expediente la realización de intervención técnica o administrativa alguna que hubiere tenido por efecto y/o finalidad la disminución del riesgo que corrían los demandantes, riesgo que se hizo evidente con los deslizamientos de tierra previos ocurridos en los meses de octubre y noviembre de 1999 y que llevaron al Invías a reconocer una suma de dinero a favor de la señora Rosalba Tela a título de mejoras para poder utilizar el predio como depositario de la tierra removida de la carretera; es decir que el elemento de irresistibilidad propio de la fuerza mayor se encuentra desvirtuado por la evidente verificación por parte de la propia entidad pública demandada de que la mencionada zona se encontraba en un riesgo particular de derrumbe, máxime cuando para la fecha de ocurrencia de los hechos ya habían transcurrido dos meses desde el inicio del invierno, aun cuando este se hubiere presentado en condiciones de extraordinaria intensidad.

Tampoco se encuentra en el expediente medio probatorio alguno que permita inferir que el Invías u otra autoridad administrativa le hubiere comunicado a la familia Noguera Tela la situación de riesgo en la que se encontraba al haber realizado la construcción en la referida ubicación, con lo cual se desvirtúa la configuración de una eventual culpa exclusiva de la víctima.

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia apelada.

4. (sic) La liquidación de los perjuicios.

El tribunal a quo condenó a la entidad pública demandada al pago de $ 25’134.273.oo(2) por concepto de perjuicios morales a título de daño emergente; teniendo en cuenta que este punto no fue objeto de apelación y toda vez que el fallador de primera tasó los perjuicios materiales utilizando la metodología establecida para tal efecto por la jurisprudencia del Consejo de Estado, la Sala mantendrá la condena decretada por el tribunal a quo y la actualizará tomando como fecha inicial la de la sentencia de primera instancia y como final la del presente proveído, utilizando la siguiente fórmula:

 

ecu 2001-00310.jpg
 

 

Ra= $ 36’026.213.oo

6. Condena en costas.

Habida cuenta que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Modifícase la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, el día 11 de junio de 2004, la cual quedará así:

“Primero. Declarar al Instituto Nacional de Vías —Invías—, patrimonialmente responsable por el daño antijurídico causado a la señora Rosalba Tela, consistente en los daños ocasionados a las construcciones de su propiedad levantadas sobre el inmueble conocido como La Belleza o Panamericana ubicada en la sección Los Ajos del municipio de Tangua, Nariño, a causa del deslizamiento del talud de la carretera Panamericana ocurrido el día 14 de diciembre de 1999.

“Segundo. Como consecuencia de la anterior declaración, condénase al Instituto Nacional de Vías —Invías—, a pagar a favor de la señora Rosalba Tela, o a quien sus derechos represente, la suma de treinta y seis millones veintiséis mil doscientos trece pesos ($ 36’026.213.oo) m/cte., por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente.

“Tercero. Deniéganse las demás súplicas de la demanda.

“Cuarto. Con el objeto de que se dé cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo, el tribunal expedirá copias de esta sentencia, con constancias de su ejecutoria y las demás previstas en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, con destino al Instituto Nacional de Vías, Invías, y a la parte actora”.

2. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2005, Expediente 14536, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(2) Suma a la que se arribó teniendo en cuenta el dictamen pericial rendido por los expertos Edgar Ruiz Rodríguez y Camilo Ramos Córdoba, allegado al expediente el 1º de marzo de 2002 (fls. 162 a 164, cdno. 1), el cual no fue objeto de objeción alguna por las partes en litigio.