Sentencia 2001-00329 de marzo 12 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUB SECCIÓN “A”

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Expediente: 760012331000200100329-01

Número interno: 35767

Actor: Generali Colombia Seguros Generales S.A.

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

Proceso: Acción de Reparación Directa .

Bogotá, D.C., doce de marzo de dos mil quince.

EXTRACTOS: « IV. CONSIDERACIONES:

1. Cuestión previa - derecho de postulación.

En los procesos contenciosos administrativos, la Administración puede actuar como demandante, demandada o interviniente. En cualquiera de estos eventos, debe hacerlo a través de sus representantes, debidamente acreditados. Así lo indica el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, norma que dispuso, además, que la Nación, para efectos judiciales, estaría representada por el “Ministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General, Procurador o Contralor o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho”(1).

Así, la Nación, como persona jurídica que es -artículo 80 de la Ley 153 de 1887-, se encuentra representada por diversos funcionarios o autoridades, según la rama del poder público, dependencia u órgano que deba concurrir al proceso y, por lo mismo, cuando tales funcionarios o autoridades comparecen al proceso, si bien como cabeza máxima de los órganos a su cargo, en estricto sentido acuden en representación de la persona jurídica de la que éstos hacen parte, esto es, de la Nación.

Sobre el particular, la Sección Tercera del Consejo de Estado puntualizó (se transcribe textualmente):

“Podría afirmarse que el centro genérico de imputación -Nación- es una persona jurídica unitaria y como tal, para efectos procesales, considerada parte, sólo que en cuanto a su representación esa imputación se particulariza teniendo en cuenta la rama, dependencia u órgano al que, específicamente para los efectos de la responsabilidad extracontractual del Estado, se le atribuya el hecho, la omisión, la operación administrativa o la ocupación causante del daño indemnizable (CCA , art. 86)”(2).

En el caso de las Fuerzas Armadas, el artículo 6 del Decreto 1512 de 2000, “por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones”, se establece que la Policía Nacional, la Fuerza Aérea, el Ejército Nacional y la Armada Nacional hacen parte de la estructura orgánica del Ministerio de Defensa, cuya dirección, a términos del artículo 2 ibídem, está a cargo del Ministro de Defensa y, por tanto, es éste quien lo representa judicialmente y, al hacerlo, obra en nombre y representación de la Nación.

Dicha representación puede delegarse en cualquiera de las dependencias del Ministerio, en la medida en que hacen parte de su estructura orgánica y, por tanto, las condenas que lleguen a proferirse contra una o varias de ellas, se imputan a un solo presupuesto, esto es, el de la Nación, en cabeza del Ministerio.

Ahora bien, el ordenamiento procesal civil dispuso, por una parte, que quienes “hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permite su intervención directa” —CPC, art. 63— y, por otra parte, que “en ningún proceso podrá actuar simultáneamente más de un apoderado judicial de una misma persona” —art. 66 ibídem—, disposición esta última que fue reproducida por el artículo 75 (inciso tercero) del Código General del Proceso, de suerte “que a cada sujeto de derecho le asiste la facultad de designar su representante judicial dentro de un proceso” y, por lo mismo, “no puede haber más abogados actuando que el número de personas reconocidas dentro del proceso”(3).

En el presente asunto, la parte actora dirigió la demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Policía Nacional, a fin de que se le declarara responsable por la indemnización que tuvo que pagar a la Cacharrería La 14 de Alfaguara (Jamundí) luego de un ataque guerrillero; así, la demandada, esto es, la Nación actuó en el proceso a través de dos apoderados principales, con claro desconocimiento de las normas procesales que prohíben la actuación simultánea “de más de un apoderado judicial de una misma persona”.

Al respecto, debe decirse que, si bien el ordenamiento legal no contempla como causal de nulidad el hecho de que la entidad demandada (en este caso, la Nación, en cabeza del Ministerio de Defensa), representada por diferentes dependencias que hacen parte de la misma estructura orgánica (acá, de la del mencionado ministerio), concurra al proceso con dos abogados principales, como sucedió en este caso, sí es responsabilidad de este último observar los postulados procesales, en aras de garantizar una defensa seria y coherente de sus derechos (que, en últimas, son los de la Nación), con independencia de que, de perder el proceso, el Ministerio impute internamente el pago de la condena al presupuesto de una u otra de las instituciones que conforman la Fuerza Pública.

Se aclara, de todas formas, que la prohibición del artículo 66 del Código de Procedimiento Civil (75 del CGP) no aplica a casos en que los órganos o dependencias de la entidad que éstos representan conforman una estructura orgánica diferente, como ocurre, por ejemplo, cuando se demanda a varios ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y/o unidades administrativas especiales, sin personería jurídica, pues en estos eventos tales dependencias pueden concurrir al proceso con su respectivo apoderado judicial, ya que el ordenamiento legal las faculta para comparecer a juicio, bien como demandantes, demandados o intervinientes (CCA , arts. 149 del y CPC, art. 44)(4), circunstancia que puede facilitar, en gran medida, la obtención y recolección de la información que reposa en cada uno de esos órganos y que es necesario incorporar al proceso, a fin de garantizar el derecho defensa de quien representan, con lo cual se evitarían las dificultades que frecuentemente ocurren durante el proceso de obtención de dicha información, particularmente cuando ésta reposa en diferentes organismos de la Nación que forman parte de otra estructura orgánica dentro de dicha persona jurídica.

2. Subrogación legal en los derechos de la Cacharrería la 14 S.A. (C.Co, art. 1096).

Se pretende la declaratoria de responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía y Ejército Nacional por la omisión de las autoridades en el cumplimiento del deber constitucional de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, incumplimiento que constituyó una falla en el servicio materializada el 8 de enero de 1999, cuando miembros de la guerrilla del ELN asaltaron el centro comercial Alfaguara y causaron destrozos, incendios y, en general, pérdidas materiales que afectaron a la Cacharrería La 14 S.A. y por los que la demandante tuvo que responder patrimonialmente en virtud de varios contratos de seguro que el afectado había celebrado con ella, quien ahora, bajo la figura de la subrogación, solicita condenar a la entidad demandada a pagar el importe de los siniestros que indemnizó al beneficiario de las pólizas.

Previo a resolver el asunto de fondo, se verificará si existe prueba de la subrogación legal en los derechos de la Cacharrería La 14 S.A., aducida en la demanda, para determinar si existe un interés legítimo por parte de la compañía aseguradora en promover la presente acción.

Dentro del expediente existen las siguientes pruebas en relación con los contratos de seguros celebrados entre Cacharrería La 14 S.A. y Generali Colombia Seguros Generales S.A.

1. Póliza de seguro 50-7253 (incendio), expedida por La Interamericana Compañía de Seguros Generales, donde aparece que, bajo la figura del coaseguro, fue distribuido un porcentaje del 10% a Generali Colombia Seguros Generales S.A. y aparece como tomador, asegurado y beneficiario la Cacharrería La 14 S.A.(5) (fl. 21, cdno. 1 pruebas).

2. Póliza de seguro 45-0235 (lucro cesante), expedida por La Interamericana Compañía de Seguros Generales, donde aparece que, bajo la figura del coaseguro, fue distribuido un porcentaje del 10% a Generali Colombia Seguros Generales S.A. y aparece como tomador, asegurado y beneficiario la Cacharrería La 14 S.A. (fls. 22 y 23, cdno.1 pruebas).

Revisado minuciosamente el expediente y a pesar de que en la demanda se dice que Generali Colombia Seguros Generales S.A. pagó dos indemnizaciones por los siniestros reportados luego del asalto guerrillero ocurrido el 8 de enero de 1999 (unos directamente a la cacharrería La 14 y otros a través de La Interamericana de Seguros S.A. – aseguradora líder), no se encontró por parte alguna ningún documento que acredite la ocurrencia de dichos pagos, situación que impide tener como subrogataria a la demandante en los términos del artículo 1096 del Código de Comercio.

En efecto, la figura de la subrogación, en tratándose del derecho de seguros, se halla contemplada en el artículo acabado de citar, norma que resulta aplicable al presente asunto, dado que la posibilidad legal de la aseguradora para tomar el lugar de quien fue su asegurado indemnizado deviene de la celebración y cumplimiento de un contrato comercial oneroso, aleatorio y conmutativo. Tal dispocisión dice:

“Subrogación del asegurador. El asegurador que pague una indemnización se subrogará, por ministerio de la ley y hasta concurrencia de su importe, en los derechos del asegurado contra las personas responsables del siniestro. Pero éstas podrán oponer al asegurador las mismas excepciones que pudieren hacer valer contra el damnificado.

“Habrá también lugar a la subrogación en los derechos del asegurado cuando éste, a título de acreedor, ha contratado el seguro para proteger su derecho real sobre la cosa asegurada”.

La norma exige que, para que opere la subrogación, la aseguradora pague una indemnización, supuesto éste que no se halla acreditado como se señaló líneas atrás y, en tal virtud, los derechos de los que disponía el asegurado, como ejercer la acción judicial correspondiente y formular a través de ella pretensiones contra quienes considere responsables del daño causado, no se defieren a la compañía aseguradora, lo que significa que no se satisface, en este caso específico, el presupuesto para que la subrogación de los derechos opere y, por tanto, resulta imposible acceder a las pretensiones de la demanda.

Es cierto que dentro del expediente aparecen unos cheques girados por La Interamericana de Seguros S.A. —compañía líder del coaseguro—, pero de ellos no se puede concluir nada distinto a que fue esta compañía y no otra aseguradora la que pagó las indemnizaciones, bien directamente al beneficiario de la póliza o bien a los terceros que tuvo que contratar para la reconstrucción de la tienda destruida por el ataque guerrillero; pero, es igualmente cierto que no existe ningún recibo, ni ningún cheque, ni ninguna prueba, de la que se pueda inferir que los dineros que pagaba La Interamericana Compañía de Seguros Generales incorporaban la cuota parte que le correspondía a Generali Colombia Seguros Generales S.A., es decir, lo equivalente al 10% de la distribución que a esta le correspondía del coaseguro.

Lo anterior genera la imposibilidad de tener a la aseguradora Generali Colombia Seguros Generales S.A como subrogataria del asegurado - beneficiario e impone la confirmación de la sentencia, pero por las razones expuestas en la parte motiva de este fallo.

Costas:

No habrá lugar a condena en costas, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, de conformidad con las previsiones del artículo 171 del Código Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada.

2. Ejecutoriado el presente fallo, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

3. Sin costas.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 Dicha norma fue reproducida por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con algunas pequeñas modificaciones, así:
“Artículo 159. Capacidad y representación. Las entidades públicas, los particulares que cumplen funciones públicas y los demás sujetos de derecho que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al proceso, podrán obrar como demandantes, demandados o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados.
“La entidad, órgano u organismo estatal estará representada, para efectos judiciales, por el Ministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República o Fiscal General de la Nación o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho.
(…).

2 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de octubre de 1997, expediente 10.958.

3 López Blanco, Hernán Fabio: “Procedimiento Civil, Parte General”, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2002, pág. 370.

4 Normas que fueron reproducidas, respectivamente, por los artículos 159 del CPACA y 54 del CGP.

5 Ver folio 19 C.1 de pruebas. Allí se observa que, como riesgo 21, fueron asegurados los bienes de propiedad de la Cacharrería La 14 ubicados en la tienda que operaba en el centro comercial Alfaguara vía Chipayá, km. 2 Jamundí (Valle del Cauca).