Sentencia 2001-00329 de marzo 14 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Ref.: Apelación sentencia - reparación directa.

Rad. 440012331000200100329 01

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gomez

Expediente: 26.188

Actor: Abelardo Segundo Peña

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional

Bogotá, D.C., catorce de marzo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, el 2 de octubre de 2003, mediante la cual se denegaron las súplicas de la demanda.

2.1. Caso concreto.

Para establecer la responsabilidad de la administración por razón de la ocurrencia de los hechos relacionados en la demanda, se allegaron al proceso los siguientes medios de prueba:

— Concepto emitido por la junta médica laboral militar elaborado el 22 de marzo de 2000 mediante el cual se constató la siguiente información:

“... Afección por evaluar: junio - 99. Signos y síntomas: sufrió accidente automovilístico: trauma cerrado en tobillo - en la época recibió atención de urgencia en San Juan del Cesar y posteriormente remitido a la Clínica Valledupar. Valoración y tratamiento con ortopedista practicándosele osteosíntesis en ambos tobillos por fracturas bimaleolar en su acompañamiento ambulatorio ha recibido tratamiento fisioterápico (30 sesiones) Fx: ortopédico consciente —orientado marcado con apariencia de claudicaciones tobillo no edema amplitud de movimiento en reposo normal para el estrés. Relata dolor en ambos tobillos— resto del examen ortopédico normal rx. Últimos sentidos fracturas bimapolares de tobillos reducciones y material osteosíntesis (placas y tornillos (RM) i (FDO). Doctor Luis Salgado Vergara M., ortopedista.

IV. Conclusiones.

A. diagnóstico positivo de las lesiones o afecciones:

1º. En accidente automovilístico trauma en cuello de pies bilateral con fractura bimaleolar. Tratado quirúrgicamente con material de osteosíntesis que deja como secuela a. Limitación y dolor a los movimientos de cuellos de pies.

B. Calificación de las lesiones o afecciones y calificación de capacidad sicofísico para el servicio:

Le determina incapacidad relativa y permanente. No apto para actividad militar.

C. Evaluación de la disminución de la capacidad laboral.

Le produce disminución de la capacidad laboral del diecinueve punto cinco por ciento (19.5 %)

D. Imputabilidad del servicio.

Lesión 1 en el servicio pero no por causa ni razón del mismo literal A (AC) Informativo Nº 006 del 06 - julio - 99” (fls. 14-15 cdno. 1)“.

— A folio 119 del cuaderno 1 obra la calificación de la junta regional de calificación de invalidez del Cesar y La Guajira del 19 de marzo del 2002 mediante la cual se constató que el señor Abelardo Segundo Peña Solano presenta un porcentaje de pérdida de capacidad laboral de un 36.25% y una incapacidad permanente parcial.

— A folio 17 del cuaderno 1 obra copia auténtica de constancia de desacuartelamiento, a través de la cual el Teniente Coronel Comandante del Grupo de Caballería Mecanizado Rondón Nº 2 certificó que el soldado Abelardo Peña Solano fue incorporado a dicho grupo el 30 de julio de 1998 y desacuartelado el 6 de abril del 2000 por incapacidad relativa y permanente.

— Informe de los hechos elaborado el 6 de julio de 1999 por el Comandante del Escuadrón “C”, C.T. Germán Hernando Ibarra Velasco del Grupo de Caballería Mecanizada No. 2 “Rondón”.

“Mencionado soldado fue enviado hacia el puesto de mando con el fin de rendir declaración en el juzgado 28 IPM, de acuerdo a lo ordenado mediante radiograma 2054 - BR - 2 GMRON S - 1 156. Una vez terminada la diligencia procedió a desplazarse hacia la base [d]e Albania para lo cual se embarcó en un vehículo en la guardia del grupo. Debido a la alta velocidad y a la dudosa reputación de los 2 viajeros que (sic) antes de llegar al municipio de Hatonuevo desviaron por una trocha en dirección a la Sierra, el soldado se lanzó del vehículo causándole lesiones de consideración en el cuerpo. El soldado fue llevado hacia el Hospital de Hatonuevo y luego remitido al dispensario del GMRON” (fl. 85 cdno. 1).

— A folio 86 del cuaderno 1 obra informe administrativo por lesiones 006 suscrito el 6 de julio de 1999 por el T.C. Zalatiel Soriana Clavijo del Grupo de Caballería Mecanizada 2 “Rondón”, mediante el cual se consignó la siguiente información:

“Concepto comandante unidad.

El día 17 de junio de 1999, de acuerdo al informe rendido por el señor C.T. Ibarra Velasco Germán, Comandante del Escuadrón “C” donde informa que el soldado Peña Solano Abelardo, se encontraba de permiso y se dirigió para el puesto de mando donde iba a dar una declaración en el juzgado 28 de Instrucción Penal Militar y que posteriormente se dirigió hacia la Base Militar de Albania abordando un vehículo que después de un tiempo determinado mencionado vehículo se dirigía hacia otro lugar, el soldado se lanzó del vehículo y se lesionó sufriendo fracturas de tobillos. Con base en lo anterior este comando conceptúa que de conformidad con el Decreto 94 de 1998, artículo 35º Literal a, la lesión sufrida por el soldado Peña Solano Abelardo CM 17.958.527, ocurrió en el servicio pero no por causa y razón del mismo”.

— Testimonio rendido al interior del proceso por el señor Alfredo Hernández Cruz, quien respecto de los hechos se pronunció en el siguiente sentido:

“Bueno, yo al señor Abelardo Peña lo conocí en el ejército prestando el servicio militar en 1998, y los hechos sucedieron el día no lo recuerdo, pero me acuerdo que fue en una situación similar que íbamos a declarar sobre el caso de un compañero, íbamos a declarar en el Grupo Rondón de Buenavista, a nosotros nos dan la orden a nosotros nos la dio el capitán Ibarra en la base de Albania, a él le llegó una radiograma donde teníamos que presentarnos los tres, mi persona, Abelardo Peña y Franklin Gutiérrez, que hoy en día está por fuera del ejército, nosotros nos vinimos en la mañana para el Grupo Rondón, porque ni plata nos dieron sino que nos vinimos por nuestros propios medios, hicimos todo lo que hicimos en la cuestión de la declaración en el Grupo Rondón y nos regresamos en las horas de la tarde por ahí a las cuatro de la tarde, a nosotros no nos facilitaron los medios, de Albania para acá nos mandaron en un vehículo particular, y del Grupo de Albania fue la misma operación, e incluso el comandante de guardia de aquí del Grupo Rondón le da la orden al centinela que estaba en el puesto número uno afuera, le dice que nos embarque, porque [no] teníamos medios para transportarnos, tampoco no los (sic) facilitaron, el comandante de guardia dijo que lo único que podía hacer por nosotros era embarcarnos, y nos embarcó en un vehículo en la parte de atrás, en una LUV de estaca, en la LUV venían dos personas dos hombres, y nosotros nos montamos atrás, uno de ellos tenía barbas, y muy sospechosos, portaban armas, pero no se que clase, de aquí para allá arrancaron en exceso de velocidad, a 120 a 130, pasando Hatonuevo, la policía de Hatonuevo se le pegó atrás, en vista de eso le dieron más duro, nosotros le hacíamos seña que parara para nosotros bajarnos, no pararon, ellos se desviaron hacia una curva, una trocha larga, y nosotros procedimos a tirarnos del vehículo por que le tocábamos para que pararan y no paraban procedimos a tirarnos, primero se tiró Franklin, y después me tiré yo que todavía tengo las señales en el brazo izquierdo y de último se tiró Abelardo que fue donde se partió los dos tobillos, de ahí nosotros salimos a Telecom de Hatonuevo y comunicamos lo que nos había sucedido, llamamos al grupo y del grupo le comunicaron al Capitán Ibarra, mi Capitán nos vino a recoger en la camioneta del ejército y como a la hora de estar nosotros en Telecom esperando fuimos a la policía de Hatonuevo y le comentamos el caso que nos había pasado, los policías nos dijeron que el compañero de nosotros estaba en el Hospital de Hatonuevo, Abelardo lo había recogido un señor que lo encontró en la orilla de la trocha por donde agarraron los bandidos esos. Preguntado: Dígale al despacho por cuánto tiempo permanecieron en el batallón Rondón y cuál fue el día que se trasladaron nuevamente para la base militar en Albania. Contestó: como tres días en el dispensario, y no se corrige, perdón, aclaro, cuando nos mandó el Comandante Ibarra para el grupo, rendimos la declaración y el mismo día en la tarde nos devolvieron. Preguntado: Dígale al despacho en qué momento se enteró usted de que su compañero Abelardo Peña sufrió heridas al tirarse del vehículo donde se transportaba el día de los hechos. Contestó: En la tarde que nos comentó la policía y después fuimos al Hospital y lo vimos que estaba todo partido. Preguntado: Dígale al despacho si tiene conocimiento a qué se dedicaba el señor Abelardo Segundo Peña Solano, antes de ingresar al ejército y cuál era su base promedio mensual. Contestó: No se por que[sic] yo lo conocí fue en el ejército. Preguntado: Dígale al despacho si tiene conocimiento cuál era el estado de salud del señor Abelardo Peña antes de producirse el accidente al cual ha hecho referencia. Contestó: Normal. Preguntado: Dígale al despacho si tiene algo más que agregar, corregir o enmendar a la presente diligencia. Contestó: Para mi concepto personal yo creo que lo que a nosotros nos sucedió fue directamente culpa del Estado, del ejército por que no nos brindaron los medios de transporte” (fls. 112 - 114 cdno. ppal.).

— A folios 104 y 105 del cuaderno 1 se encuentra el testimonio rendido por el señor José Fernel Garavis Leal.

“Conozco al señor Abelardo Peña, yo trabajé a donde la señora Marilis Ortega, ahí conocí al señor Abelardo Peña, nos hicimos amigos, y seguimos la amistad la cual hasta la presente la tenemos le hice dos piezas a la mamá de nombre Levit, cuando lo conocí él se encontraba prestando el servicio militar en el año de 1998, y en 1999, tuvo el accidente, el accidente sucedió cuando viajaba de Buenavista a Calabacito debido a ese accidente el señor no ha podido trabajar, está incapacitado para trabajar ya que él no puede hacer ninguna clase de peso ninguna clase de ejercicio él no puede hacer nada, con otros compañeros él se encontraba prestando el servicio militar en Buenavista, Guajira, los señores abordaron una camioneta mas allá de Hatonuevo, Guajira, el señor se cayó de la camioneta se partió las dos piernas. Preguntado. Sírvase decirle al despacho si tiene conocimiento en qué sitio se encontraba prestando el servicio Abelardo Segundo Peña Solano, en el año de 1999 y bajo el mando de qué persona. Contestó: Yo lo conocí a él prestando el servicio en el Grupo Rondón, bajo el mando no se[sic] y no se[sic] dónde se encontraba. Preguntado: Dígale al despacho si tiene conocimiento si al soldado Abelardo Segundo Peña Solano le tocó rendir alguna declaración ante algún juez penal militar, en caso afirmativo en qué fecha y en qué lugar se hizo dicha diligencia. Contestó: No tengo conocimiento. Preguntado: Dígale al despacho en dónde abordaron el vehículo en el [que] posteriormente sufriera el accidente el soldado Abelardo Segundo Peña Soalzo. Contestó: El señor Abelardo Peña, no se[sic] el punto exacto pero fue entre medio de Hatonuevo, Albania (Calabacito). Preguntado: Dígale al despacho si tiene conocimiento en qué sitio exacto fue el accidente donde salió lesionado el señor Abelardo Segundo Peña Solano. Contestó: Según el conocimiento que tengo el accidente fue en Hatonuevo. Preguntado: Dígale al despacho si tiene conocimiento por qué motivos el soldado Abelardo Segundo Peña Solano, se transportaba en el vehículo que se accidentó. Contestó: Ellos abordaron el vehículo para transportarse por que[sic] ellos no se transportaron en carro militar, sino que para llegar rápido se fueron en carro particular. Preguntado: Dígale al despacho si tiene conocimiento si al soldado Abelardo Segundo Peña le aportaron los medios para que se trasladara del Grupo Rondón ubicado en la localidad de Buenavista, a la base de Albania. Contestó: No tengo conocimiento de eso. Preguntado: Dígale al despacho si tiene conocimiento a qué se debió el accidente que tuvo el soldado Abelardo Segundo Peña Solano. Contestó: El accidente se debió a que cuando él estaba subiendo al carro el carro fue a arrancar y el[sic] se cayó”.

— Testimonio rendido por el señor Martín Antonio Pulido Gutiérrez quien era compañero del señor Abelardo Segundo Peña Solano mientras prestaban servicio militar.

“Yo conocí a Peña así lo conozco, cuando ingresé al ejército en el Batallón Rondón de Buenavista, en el año 1998, a los dos meses de estar en el batallón nos hicimos amigos, él vivía en Buenavista ahí mismo en el grupo, entonces yo me comencé a relacionar con la familia de él, la mamá, el papá también vivía, hermanos, de la conducta de él fue excelente, buen compañero, para todo, después a nosotros nos trasladaron para la mina Albania en donde todavía nos hicimos más amigos, después a él lo llamaron para una citada para declarar en el Grupo Rondón, de ahí lo llevaron para el Grupo Rondón y ahí lo dejaron, de ahí yo seguí trabajando en la mina, estaba de centinela cuando faltaban veinte para las seis de la tarde cuando me avisaron que al señor Vera Peña y a otros compañeros mas lo embarcaron en el Grupo Rondón, en un carro desconocido y más atrás venía la policía, tratando de que el carro en que se montaron los compañeros parara, pero el carro sospechoso donde iban los compañeros cortó camino metiéndose por una trocha, de ahí los compañeros como que dijeron para dónde vamos, por que no sabían quiénes eran ellos, iban en exceso de velocidad y riéndose de los compañeros que venían atrás, los compañeros eran tres, Hernán, Peña, y el otro creo que era apellido Gutiérrez, Hernández y Gutiérrez se tiraron del carro y más adelante se tiró el señor Vera Peña, y lo encontraron en el piso inconsciente, lo encontró la policía que venía detrás, quienes fueron los que avisaron en Albania donde nosotros nos encontrábamos, eso fue injusto lo que le hicieron a los compañeros. La culpa de eso es del Estado por no darles transporte, de ahí en adelante ha estado en tratamientos médicos, lo operaron de las piernas, le pusieron platinas, ya faltándole tres meses para salir de prestar el servicio, de ahí no siguieron respondiendo más por él, así como está él no puede trabajar así eso es una injusticia, de vez en cuando entre los compañeros lo ayudamos con arroz, veinte mil pesos, pero trabajo es que no consigue para nada por el problema que tiene, a Abelardo Peña le decimos Vera Peña, así le decimos los compañeros. Preguntado: Dígale al despacho si tiene conocimiento por qué motivos a los soldados Abelardo Segunda Peña Solano y a los otros quienes lo acompañaban el día de los hechos no le dieron medios de transporte por parte del comando del Grupo Rondón. Contestó: Esa gente lo embarga (sic) a uno como si fuera un animal, yo estoy de testigo por que[sic] a mí me ha pasado eso, le dicen a uno arréglese como pueda, en un vehículo que ni se saben quiénes son, si son guerrillas, si son paramilitares, arriesgándose uno la vida. Preguntado: Dígale al despacho si tiene conocimiento quien le ordenó el traslado de estas personas del Grupo Rondón a Albania. Contestó: No tengo conocimiento. Preguntado: Dígale al despacho si tiene conocimiento en dónde ocurrieron los hechos en que resultó lesionado el señor Abelardo Segundo Peña Solano, y además a qué hora sucedieron los hechos. Contestó: El sitio no lo sé, si salieron gente de la mina cuando avisaron, pero a mí me dejaron de guardia, eran las seis y quince cuando salieron los compañeros para el sitio de los hechos. Preguntado: Dígale al despacho si tiene conocimientos qué servicios médicos le prestó el Ejército Nacional al señor Abelardo Segundo Peña Solano. Contestó: A él le pusieron clavos, las platinas fueron después, nosotros no lo hemos visto por que la contraguerrilla lo sacó para hacerle una operación, de ahí que no lo había visto más, hasta que yo sufrí un accidente y lo encontré otra vez en el Grupo Rondón. Preguntado: Dígale al despacho si tiene conocimiento a que se dedica actualmente el señor Abelardo Segundo Peña Solano y cuáles son sus condiciones actuales de salud. Contestó: él no puede hacer fuerza, ni estar parado mucho tiempo por que se cansa enseguida, como si fuera un viejito, caminar lejos, lejos, no, ahí ayuda a la mamá a barrer de vez en cuando. Preguntado: Dígale al despacho si tiene conocimiento a qué actividad se dedicaba el señor Abelardo Segundo Peña, antes de ingresar a las filas del Ejército Nacional y cuánto era su ingreso promedio mensual. Contestó: no sé” (fls. 108-110, cdno. 1).

— A folios 115 al 116 del cuaderno 1 se encuentra el testimonio del soldado Hugo Alexander Pallares Acancio, compañero del señor Abelardo Segundo Peña.

“Nosotros Abelardo, mi persona y otros soldados mas[sic] que no recuerdo el nombre, nos encontrábamos en la línea férrea, al soldado Abelardo lo citaron el Grupo Rondón a rendir una declaración contra otro soldado, a él le dijeron que tiene (sic) que irse porque tenía que presentarse nuevamente donde estaba, como no tenía medios para transportarse en la guardia lo embarcaron, según tengo entendido en el carro que se fue Abelardo con los otros muchachos como que cogió una curva, una trocha para una vereda, ellos como que se asustaron porque vieron malas intenciones contra el carro que los llevaba, según tengo entendido los otros muchachos se tiraron y Abelardo como que se tiró más adelante, de ahí le pasó el accidente, y salimos del ejército y no le resolvieron el problema. Preguntado: Diga al despacho si tiene conocimiento si el vehículo donde se transportaba Abelardo Segundo Peña Solano y los otros soldados era de propiedad del ejército, en caso contrario de quién. Contestó: No, era particular. Preguntado: Dígale al despacho si tiene conocimiento porque el comandante del Grupo Rondón no le proporcionó los medios para que Abelardo y sus compañeros se trasladaran a la base de Albania. Contestó: Sería que no había medios para llevarlo. Preguntado: Dígale al despacho si tiene conocimiento en qué sitio se produjo el accidente donde resultó lesionado el señor Abelardo Segundo Peña Solano y cuáles fueron las lesiones sufridas. Contestó: Según tengo entendido en una trocha que para una vereda, las piernas se las partió en dos partes, se lesionó las dos piernas y un brazo. Preguntado: Dígale al despacho por cuánto tiempo pernoctaron en el grupo rondón el soldado Abelardo Peña Solano luego de haber venido de Albania en compañía de otros soldados a rendir declaración. Contestó: Me parecen que fueron dos días. Preguntado: Dígale al despacho si tiene conocimiento quién autorizó que Abelardo y sus compañeros se transportaran en un vehículo del que posteriormente se lanzaron. Contestó: El conocimiento que tengo fue que lo embarcó el comandante de guardia del grupo, no se[sic] quién estaba ese día. Preguntado: Dígale al despacho cómo se enteró usted de los hechos que ha estado relatando. Contestó: nos enteramos cuando llamaron del Grupo Rondón de la base, el comandante que estaba con nosotros en la línea férrea, nos dijo que habían llamado que el soldado Peña había sufrido un accidente. Preguntado: Dígale al despacho si tiene conocimiento a qué se dedicaba Abelardo Peña antes de ingresar a las filas del ejército y cuál era su ingreso promedio. Contestó: Yo de eso no tengo conocimiento. Preguntado: Sírvase decir si al despacho si el señor Abelardo Peña ha laborado en alguna empresa particular o pública después que salió del Ejército Nacional. Contestó: No por que[sic] él cuando camina mucho se le hincha[n] las piernas, tiene problemas en las piernas casi no puede caminar él no ha podido conseguir empleo por eso, porque en cualquier empresa para ingresar le hacen exámenes y lo miran todo a uno. Preguntado: Sírvase decir al despacho si usted sabe cuánto tiempo duró incapacitado el señor Abelardo Peña después del accidente y estando aún vinculado al ejército. Contestó: A él le dieron la baja conmigo, eso fue el día cinco (5) de febrero del año dos mil (2000), el soldado Peña desde junio que tuvo el accidente no volvió a la fila”.

— Historia clínica del señor Abelardo Segundo Peña Solano suscrita por el personal médico del Hospital San Rafael nivel II ESE.

“Llegada del paciente. 17-06-99. Refiere el paciente caída de un automóvil en movimiento recibiendo trauma a (ilegible) cervical y maleolos[sic]; sin pérdida de conocimiento (...) Ap: Snx. Examen físico consciente, orientado afebril.

SV: TA 30 180 m, fc 80’x Fr 20x T 36.5º C.

Cc: ojos (ilegible) no reactivos a la luz.

Cuello: inmovilizado por cuello de trauma

Inx: Politraumatismo, trauma cráneo (ilegible) leve, Fx. de ambos maleolos.

(...).

19 - 06 - 99 10:30 Salida” (fls. 41-49, cdno. 1).

— Historia clínica del señor Peña Solano suscrita en la Clínica San Juan de San Juan del Cesar - Guajira a través de la cual se estableció lo siguiente:

“Iniciación de la atención: 4 - 9- 00 ortopedia. Diagnóstico definitivo: 1. PO - tardío fracturas tobillo derecho e izquierdo 2. Reacción a material Dx Procedimientos quirúrgicos u obstétricos: Osteosíntesis. 1. Extracción quirúrgica de material de osteosíntesis en tobillo derecho e izquierdo bajo anestesia

(...).

Motivo de consulta: Dolor en tobillos. Enfermedad actual: refiere paciente que aproximadamente 14 meses le fue practicada osteosintasis[sic] por fractura bimoral en tobillo derecho e izquierdo. Tto[sic] efectuado en Valledupar pos operatorio como evolución satisfactoria - actualmente con queja de dolor en tobillos (ilegible)

(...).

Informe quirúrgico: Fecha: 04-09-2000

Hora:

ID pre qx: Po tardeo - osteosíntesis tobillo derecho e izquierdo Id. Pos. Op: Idem Qx.

Tipo cirugía: Extracción material de osteosíntesis del tobillo derecho y del izquierdo” (fls 50-79, cdno. 1).

— Historia clínica del paciente Abelardo Segundo Peña Solano, elaborada en la Clínica de Valledupar Ltda.

“... Fecha de ingreso: 19-06-99. Fecha de egreso: 06-07-99. Motivo de salida: Mejoría. Causa de consulta: T.C.C./ politraumatismo secundario a caída de vehículo automotor con pérdida de estado de alerta y náuseas. Datos importantes del examen físico al ingreso: (ilegible) derecho de la que intentó inmovilizar con cuello (ilegible). Evolución: favorable. (...) diagnóstico: 1. Trauma cráneo encefálico 2. Contusión hemorrágica intracerebral bilateral 3. Cervical (Ilegible) 4. Fx bilateral de tobillo (...) Recomendaciones: reposo en casa

Fecha: junio 19 de 1999. TAC de columna cervical: se practicaron cortes de 2 mm para evaluar la columna cervical de C1 a T1 observándose satisfactoriamente el saco tecal sin evidencia de compresión extrínseca. Tampoco hay estenosis del canal espinal ni hipertrofia de los procesos uncinados. Los recesos laterales están libres. No hay evidencia de fracturas en los cuerpos vertebrales, apófisis transversas, espinosas, facetas articulares ni en los pedículos. Opinión: estudio normal.

Fecha: junio 19 de 1999. Doctor: Carlos Lafaurie. TAC de cráneo simple: se practicaron cortes de 10 milímetros de la base al vértex observándose también las diferentes estructuras de la fosa posterior. En el lóbulo temporal izquierdo y específicamente en la región silviana se observa lesión heterogénea de bordes no definidos con edema vasogénico reactivo y efecto de masa sobre la cisura de silvio ipsilateral por contusión hemorrágica (ver cortes 04-06). No se observan otras lesiones ocupantes de espacio ni desviación de las estructuras de la línea media. Las cisternas y el sistema ventricular supratentorial se aprecian en forma satisfactoria mostrando amplitud normal sin evidencia de compresiones extrínsecas. Conclusión: contusión hemorrágica temporal izquierda.

Fecha: julio 1º de 1999. Doctor: Carlos Lafaurie TAC de cráneo simple: Se practicaron cortes de 10 mm de la base del vértex observándose también las diferentes estructuras de la fosa posterior. Existe resolución de la contusión temporal izquierda descrita en el estudio anterior. No se observan lesiones ocupantes de espacio ni desviación de las estructuras de la línea media. Las cisternas y el sistema ventricular supratentorial se aprecian en forma satisfactoria mostrando amplitud normal sin evidencia de compresiones extrínsecas. Conclusión: estudio normal

Fecha: junio 24 de 1999.

Tobillos comparativos intraoperatorios: En el tobillo derecho se analiza fractura completa del tercio distal del peroné y del maléolo interno tibial con fijación y alineación de fragmentos por medio de elementos de osteosíntesis intraóseos los cuales presentan una correcta orientación. Hay disminución del espacio articula tibioastragalino.

En el tobillo izquierdo hay fractura completa con distracción de los fragmentos y fijación de los mismos por medio de elementos de osteosíntesis intraóseos cuyo extremo distal se encuentra localizado en los tejidos blandos adyacentes. Fractura completa del maléolo interno tibial con formación de callo óseo y fijación con elementos de osteosíntesis el cual presenta una correcta orientación”.

2.2. Responsabilidad de la entidad demandada.

La Sala estima necesario precisar la diferencia existente entre la clase de vínculo que se crea para el Estado frente a los soldados que prestan servicio militar obligatorio y los soldados voluntarios o profesionales; en el primero, el vínculo surge debido al cumplimiento del deber constitucional de defensa de la independencia, de la soberanía nacional y de las instituciones públicas, en el cual no hay carácter laboral alguno, en tanto que en el segundo (soldado profesional) el vínculo surge en virtud de una relación legal y reglamentaria consolidada a través del correspondiente acto administrativo de nombramiento y la consiguiente posesión del servidor o de la relación contractual creada mediante la suscripción de un contrato laboral.

Por lo tanto, a diferencia del soldado profesional, que ingresa en forma voluntaria a las filas del ejército con el fin de prestar un servicio a cambio de una contraprestación y que goza de una protección integral de carácter salarial y prestacional, el soldado que presta servicio militar obligatorio se ve impelido a hacerlo por la imposición de una carga o gravamen especial del Estado. Así pues, este no goza de protección laboral predeterminada frente a los riesgos a los cuales se le somete en cumplimiento de su cometido constitucional, por cuanto la ley tan solo le reconoce algunas “prestaciones”, las cuales de ningún modo pueden catalogarse como laborales y tampoco se asimilan al régimen a for fait previsto por la ley para los soldados profesionales.

Ahora bien, en relación con el título de imputación aplicable a los daños causados a soldados que prestan servicio militar obligatorio, la Sala ha establecido que los mismos pueden ser i) de naturaleza objetiva —tales como el daño especial o el riesgo excepcional— y ii) por falla del servicio, siempre y cuando de los hechos y de las pruebas allegadas al proceso se encuentre acreditada la misma.

Al respecto, la Sala ha sostenido(2):

“Atendiendo a las condiciones concretas en las que se produjo el hecho, la Sala ha aplicado en la solución de los casos, los distintos regímenes de responsabilidad. Así, ha decidido la responsabilidad del Estado bajo el régimen de daño especial cuando el daño se produjo como consecuencia del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas(3); el de falla probada cuando la irregularidad administrativa produjo el daño y, el de riesgo cuando este proviene o de la realización de actividades peligrosas o de la utilización de artefactos que en su estructura son peligrosos; pero, en todo caso, ha considerado que el daño no será imputable al Estado cuando se haya producido por culpa exclusiva de la víctima, por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero, por rompimiento del nexo causal. En providencia de 2 de marzo de 2000, dijo la Sala:

“... demostrada la existencia de un daño antijurídico causado a quien presta el servicio militar, durante el mismo y en desarrollo de actividades propias de él, puede concluirse que aquel es imputable al Estado. En efecto, dado el carácter especial de esta situación, por las circunstancias antes anotadas, es claro que corresponde al Estado la protección de los obligados a prestar el servicio militar y la asunción de todos los riesgos que se creen como consecuencia de la realización de las diferentes tareas que a ellos se asignen. No será imputable al Estado el daño causado cuando este haya ocurrido por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima, eventos cuya demostración corresponderá a la parte demandada(4)” (destacado fuera de texto).

En consecuencia, frente a los perjuicios ocasionados a soldados regulares, en la medida en la cual su voluntad se ve doblegada por el imperium del Estado, al someterlos a la prestación de un servicio que no es nada distinto a la imposición de una carga o un deber público, resulta claro que la organización estatal debe responder, bien porque frente a ellos el daño provenga de i) un rompimiento de las cargas públicas que no tengan la obligación jurídica de soportar; ii) de un riesgo excepcional que desborda aquel al cual normalmente estarían sometidos, y que puede tener origen en el riesgo de la actividad o en el riesgo de la cosa, o iii) de una falla del servicio, a partir de la cual se produce el resultado perjudicial(5).

Asimismo, en relación con los soldados regulares, el principio iura novit curia reviste una característica especial, toda vez que el juzgador debe verificar si el daño antijurídico resulta imputable o atribuible al Estado con fundamento en cualesquiera de los títulos de imputación antes mencionados; además, no debe perderse de vista que, en tanto la administración pública imponga el deber de prestar el servicio militar, debe garantizar la integridad psicofísica del soldado en la medida en que se trata de una persona que se encuentra sometida a su custodia y cuidado, pues en determinadas situaciones lo pone en riesgo, lo cual, en términos de imputabilidad significa que debe responder por los daños que le sean irrogados en relación con la ejecución de la carga pública.

De igual forma se ha reiterado que el Estado frente a los soldados que prestan su servicio militar obligatorio y a los reclusos, al doblegar su voluntad en ambos casos y disponer de su libertad individual, entra en una relación de especial sujeción que lo hace sujeto responsable de los posibles daños que puedan padecer aquellos, en el desarrollo de tal relación.

Respecto de la responsabilidad derivada de las obligaciones de especial sujeción que asume el Estado frente a los soldados que prestan servicio militar obligatorio, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en providencia de 15 de octubre del 2008(6), sostuvo:

“Además de lo anterior, se reitera, que el Estado frente a los conscriptos y reclusos, adquiere no solo una posición de garante al doblegar, en ambos casos, su voluntad y disponer de su libertad individual para un fin determinado, sino que de igual manera, el Estado entra en una relación de especial sujeción que lo hace sujeto responsable de los posibles daños que puedan padecer aquellos.

En conclusión, en cada caso concreto en los cuales se invoque la existencia de una causa extraña por parte de la entidad demandada, es necesario analizar los detalles de tiempo, modo y lugar en que se produjo el daño, por cuanto es posible que el Estado haya contribuido cocausalmente a la generación del mismo, específicamente, al situar al conscripto en la situación de riesgo, o bien por una ruptura de la igualdad ante las cargas públicas o por una falla del servicio.

No se puede, por consiguiente, afirmar de manera simple y llana, que la sola constatación de la existencia de una aparente causa extraña como origen o fuente material o fenomenológica, en relación con los daños ocasionados a conscriptos o reclusos, es suficiente para que estos sean considerados como no atribuibles —por acción u omisión— a la administración pública. Se requiere, además, en estos eventos, que la entidad demandada acredite que su actuación no contribuyó en la producción del daño, motivo por el cual no le es imputable fáctica o jurídicamente. Lo puntualizado, en la medida en que es posible que la causa directa, inmediata y material del daño sea la actuación de un tercero o de la propia víctima, pero tal resultado perjudicial tenga una relación mediata con el servicio que estaba desplegando el soldado conscripto, motivo por el cual la entidad no puede desprenderse de su responsabilidad, por cuanto también puede serle endilgable jurídicamente el daño”.

Igualmente debe precisarse que, en tratándose de las lesiones o el homicidio de que puedan ser víctimas los soldados que presten servicio militar obligatorio por razón de la acción ejecutada por sujetos ajenos a la fuerza pública o por el mismo Estado, en principio no tendrá cabida la causal de exoneración de responsabilidad consistente en el hecho de un tercero, habida consideración del carácter particular de la relación de especial sujeción, la cual implica que el Estado debe respetar y garantizar por completo la vida e integridad del soldado obligado a prestar servicio militar respecto de los daños que pudieren producir, precisamente, terceros particulares o incluso del propio personal oficial.

En anterior oportunidad y en términos similares a los expuestos en la presente sentencia, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al referirse a las relaciones de especial sujeción y a la responsabilidad del Estado por los daños ocasionados a los soldados impelidos a prestar servicio militar, señaló:

“Dado que en el proceso se probó que la víctima se encontraba vinculada a la entidad accionada como soldado regular y que en tal condición falleció al repeler un ataque armado perpetrado por un grupo insurgente, esto es que su deceso se produjo en cumplimiento de funciones propias del servicio, la Sala estima que la providencia apelada amerita ser revocada, sin que ese hecho deba acogerse como un riesgo inherente o propio del servicio, habida cuenta que se trató de un soldado regular —y no de un soldado voluntario o profesional—, respecto del cual, como se indicó, el Estado asume una relación de especial sujeción, la cual lo torna responsable del daño padecido por los actores.

Finalmente, la Sala estima que no se configura la causal de exoneración de responsabilidad propuesta por la parte demandada consistente en el hecho de un tercero, habida cuenta que, se reitera, en este caso la administración se encuentra en una relación que determina que el hoy occiso estuviere en situación de especial sujeción que hace al Estado sujeto responsable de los posibles daños que puedan padecer los soldados que prestan el servicio militar obligatorio y, por ello, la muerte del soldado regular, esto es el daño antijurídico causado a los actores, fue consecuencia de una relación directa con el servicio que ejercía al momento de su deceso, lo cual torna responsable a la entidad pública por ese hecho”(7) (se destaca).

2.3. Caso concreto.

De conformidad con el material probatorio de convicción allegado al proceso se encuentra plenamente acreditado el hecho dañoso sufrido por el demandante, puesto que según el acta de calificación de invalidez realizada por la junta regional de clasificación del Cesar y La Guajira, el señor Abelardo Segundo Peña Solano presenta un 36.25% de pérdida de capacidad laboral, lesión que supone, por sí misma, una aminoración de distintos bienes jurídicos protegidos y amparados por el ordenamiento jurídico, frente a los cuales existe plena protección.

Ahora bien, establecida la existencia del daño antijurídico, aborda la Sala el análisis de imputación con el fin de determinar si en el caso concreto dicho daño le puede ser atribuido a la administración pública y, por lo tanto, si constituye deber jurídico a cargo de esta resarcir los perjuicios que del mismo se derivan y si la sentencia debe ser confirmada o revocada.

Del material probatorio obrante en el proceso la Sala tiene acreditado i) que el soldado Abelardo Segundo Peña prestaba el servicio militar obligatorio desde el 30 de julio de 1998 en el Grupo Mecanizado Rondón Nº 2; ii) que el 17 de junio de 1999, mientras se encontraba en la Base de Albania en horas de la mañana, el capitán les ordenó, a él y a dos compañeros más, desplazarse a la Base del Grupo Rondón con el fin de que rindieran declaración judicial al interior de un proceso judicial adelantado por el Juzgado 28 Penal Militar; iii) que debido a que no se les brindó transporte, los soldados solicitaron a un conductor de un vehículo particular los transportara a dicho sitio; vi) que una vez realizaron dicha diligencia, el comandante de guardia del Grupo Rondón le ordenó al centinela de dicho batallón buscarles transporte a los soldados por lo cual este detuvo una camioneta marca LUV en la que se embarcaron el lesionado y sus compañeros; v) que una vez el vehículo comenzó su marcha, los soldados se asustaron al ver que los otros pasajeros del vehículo portaban armas, sumado ello al hecho de que iban con exceso de velocidad, razón por la cual solicitaron en varias ocasiones detener el automotor sin obtener respuesta; vi) que un carro de la policía comenzó a perseguir la camioneta LUV en la que se trasladaban los soldados, por lo que el conductor aceleró y se desvió por una vía destapada y al ver que no se detenía el vehículo y que la vida de tales soldados corría peligro, los miembros del ejército se lanzaron del automotor en movimiento y, por lo tanto, el señor Abelardo Segundo Peña al caer al piso sufrió varias fracturas que finalmente le causaron la pérdida del 36.25% de su capacidad laboral.

Según se observa, el soldado Abelardo Peña Segundo y sus compañeros se trasladaron al Grupo Rondón Nº 2 con fin de rendir declaración en un proceso adelantado por un juzgado penal militar de conformidad con la orden impartida por el capitán Ibarra en la mañana del 17 de junio de 1999 y, a su vez, una vez adelantadas las respectivas declaraciones, en horas de la tarde a efectos de devolverse a su base militar, el comandante de seguridad le ordenó al centinela detener un vehículo al azar que transitaba en ese momento, quien paró la camioneta LUV haciendo gala precisamente de su condición de miembro de las fuerzas armadas.

Así las cosas, si bien los soldados contaban con permiso ese día frente a sus labores habituales propias del servicio militar obligatorio, lo cierto es que a pesar de estar de permiso debieron cumplir las instrucciones que les impartió un oficial en el sentido de cumplir la cita que les realizó un juzgado de instrucción militar, para que declararan en un proceso de dicha naturaleza y por ello se desplazaron a dicha dependencia para cumplir con tal instrucción impartida por el superior, cuestión que evidencia con toda claridad el nexo que esa actividad mantuvo con el servicio público encomendado a la entidad demandada.

En efecto, de conformidad con lo expuesto en el testimonio rendido por uno de los soldados que presenció los hechos, el señor Alfredo Hernández Cruz, señaló que “íbamos a declarar en el Grupo Rondón de Buenavista, a nosotros nos dan la orden”; en ese mismo sentido obra la declaración de otro soldado perteneciente al grupo de la víctima quien narró que “al soldado Abelardo lo citaron al grupo Rondón a rendir una declaración con otro soldado, a él le dijeron que tiene que irse” y que a su vez, en el momento de devolverse, el comandante le impartió la orden al centinela de detener un vehículo para conseguirles transporte a los soldados, quien en su calidad de miembro de las fuerzas militares paró la camioneta LUV en la que se embarcaron sus compañeros.

En ese sentido, resulta claro para el presente asunto que se configuró una falla en el servicio comoquiera que la entidad demandada no les facilitó a sus miembros medio alguno para desplazarse entre las bases militares, ignorando por completo las implicaciones que esto traía para la seguridad de ellos; los soldados fueron dejados a su suerte puesto que si bien se les ordenó trasladarse de una base a otra, no se les brindó un medio de transporte adecuado que salvaguardara su integridad, sin dimensionar que por su propia condición como miembros de las fuerzas armadas corrían peligro y mucho más cuando les tocó trasladarse en vehículos particulares, omitiendo adoptar medidas mínimas de precaución y seguridad y que, una vez los soldados iban a retornar a su base, fue el comandante del grupo quien le ordenó al centinela detener cualquier tipo de vehículo para que los transportara entre tales bases militares, exponiendo así a los soldados a un grave peligro.

En conclusión, el daño irrogado a la parte actora mientras prestaba su servicio militar obligatorio, no puede considerarse jurídicamente ajeno a la entidad demandada, la cual está llamada a responder patrimonialmente en este asunto.

Lo anterior permite a la Sala negar la alegada ocurrencia del hecho exclusivo de la víctima, como causa extraña, en consideración a que su proceder no fue imprevisible ni irresistible para la entidad demandada, comoquiera que los soldados optaron por lanzarse de la camioneta en las circunstancias descritas y acreditadas en el proceso no como un hecho irresponsable que configure la culpa exclusiva de la víctima, sino como una medida extrema que los soldados, incluido el demandante, debieron adoptar para tratar garantizar su vida y su seguridad, cuestión que debió realizar la entidad demandada al impartirles la orden de ir y de regresarse de su base conclusión que lleva a deducir, como se indicó precedentemente, la falla en la prestación del servicio en la cual incurrió la entidad demandada por su actuar descuidado o negligente en la producción del hecho dañoso, esto es, no haber adoptado medida de seguridad alguna al momento de transportar a sus miembros de una base militar a otra.

Con fundamento en todo lo anterior, la Sala revocará la providencia recurrida y, en su lugar, procederá a decretar la indemnización de perjuicios a que haya lugar de conformidad con el petitum de la demanda.

2.4. Liquidación de perjuicios.

2.3.1. Perjuicios morales.

Acerca de los daños causados por las lesiones que sufre una persona, resulta necesario precisar que si bien estas pueden dar lugar a la indemnización de perjuicios morales, su tasación dependerá, en gran medida, de la gravedad y entidad de las respectivas lesiones. Hay situaciones en las cuales estas son de tal magnitud que su ocurrencia afecta no solo a quien las sufrió directamente, sino a terceras personas, por lo cual resulta necesario, en muchos de los casos, demostrar únicamente el parentesco para con la víctima, pues este se convierte en un indicio suficiente para tener por demostrado el perjuicio, siempre que no hubiere pruebas que indiquen lo contrario. En otras ocasiones, las respectivas lesiones no alcanzan a tener una entidad suficiente para alterar el curso normal de la vida o de las labores cotidianas de una persona, de suerte que su indemnización debe ser menor, por manera que la cuantificación de los perjuicios morales que se causen en virtud de unas lesiones personales, se definirá en cada caso por el juez, en proporción al daño sufrido.

Es lo común, lo esperable y comprensible, que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando ven disminuidas su salud y sus facultades físicas, especialmente cuando la lesión sufrida ocurre como consecuencia de un hecho imprevisible para la víctima.

Igualmente resulta claro que la tasación de este perjuicio, de carácter extrapatrimonial, dada su especial naturaleza, no puede ser sino compensatoria, por lo cual, corresponde al juzgador, quien con fundamento en su prudente juicio debe establecer, en la situación concreta, el valor que corresponda, para lo cual debe tener en cuenta la naturaleza y gravedad de las lesiones sufridas y sus secuelas, de conformidad con lo que se encuentre demostrado en el proceso.

En este caso, tal como se probó en el expediente, el señor Abelardo Segundo Peña Solano resultó lesionado en la forma en la cual se estableció en la relación de pruebas, por lo cual fue sometido a un tratamiento médico; además quedó constatado que el demandante quedó con una invalidez equivalente al 36.25%(8), todo lo cual le produjo, sin duda, una afección moral que debe ser indemnizada.

En efecto, resulta comprensible que una persona que haya sido lesionada y, en consecuencia, haya quedado con una invalidez permanente, se sienta moralmente afectada.

En el caso que hoy ocupa a la Sala, según lo expresado, puede inferirse fácilmente que el demandante sufrió un daño moral aunque el mismo no fue de gran intensidad, dados los padecimientos físicos sufridos por el lesionado; ahora bien, en la medida en que estos daños no revisten la mayor intensidad resulta improcedente el reconocimiento de una indemnización equivalente al valor máximo de mil gramos de oro que se concedía para la fecha de presentación de la demanda en los eventos en que el perjuicio moral se presentaba en su más alto nivel.

De otra parte, de conformidad con lo expresado en la sentencia del 6 de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980; para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral se ha considerado que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador en cada caso según su prudente juicio y para ello se ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado de intensidad(9).

Así las cosas, habrá lugar a reconocer, a título de daño moral, la suma de dinero establecidas a continuación, para el demandante:

Abelardo Segundo Peña Solano (víctima)40 smmlv

2.3.3. Perjuicios materiales

2.3.3.1. Lucro cesante.

Para efectos de la liquidación de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la Sala observa que si bien no obra en el proceso medio probatorio mediante el cual se certifique que el señor Abelardo Segundo Peña Solano prestaba servicio militar obligatorio en calidad de soldado regular, se tomará así comoquiera que de realizarse la liquidación como soldado voluntario la indemnización se efectuaría a partir de la fecha de los hechos, otorgándosele una suma de dinero superior a la solicitada por la parte actora, violando el principio de congruencia, puesto que ahí se destacó que este era, en efecto, un soldado regular; así las cosas, se accederá a la indemnización solicitada en consideración a que por tratarse precisamente de un soldado que prestaba su servicio militar obligatorio, no existen pruebas en el proceso que determinen que la víctima percibía un ingreso como contraprestación por dicho servicio, pero que en consideración al criterio de la corporación según el cual se entiende que a partir del retiro del servicio el demandante iniciaría su vida productiva, se accederá a la referida indemnización.

De igual manera se precisa que la indemnización que dentro de esta sentencia se reconocerá será cuantificada desde la fecha en la que el actor se retiró de la entidad, toda vez que este ya había cumplido el término mínimo de prestación del servicio hasta la finalización de su vida probable —con base, claro está, en su incapacidad física— y no a partir de la ocurrencia de los hechos(10).

Lo anterior cobra mayor fundamento si se tiene en cuenta que por tratarse de un soldado regular, la víctima no percibía remuneración alguna, dado que el vínculo para con el Estado surgió del cumplimiento del deber constitucional de defensa de la independencia, de la soberanía nacional y de las instituciones públicas y, por lo mismo, tal relación no revistió carácter laboral alguno.

Así las cosas, se tiene que para la época en la cual se produjeron los hechos (jun. 17/99) el actor llevaba 10 meses y 17 días de servicio militar obligatorio y finalmente fue retirado de la entidad demandada el 6 de abril del 2000, fecha en la cual había cumplido 20 meses y 6 días (término superior al mínimo de prestación del servicio militar obligatorio de 18 meses previsto en el ordenamiento jurídico frente a quienes se desempeñaban como soldados regulares) por lo cual fácil resulta colegir que durante esos 20 meses y 6 días, el actor estaría igualmente cesante, por la sencilla pero suficiente razón de que así no se hubiere presentado el hecho dañoso, el soldado habría igualmente continuado prestando sus servicios militares de manera obligatoria, esto es sin percibir remuneración alguna por tal actividad castrense.

El salario mínimo vigente para el año 2000 era de $ 260.100, el cual, actualizado a valor presente(11), equivale al monto de $ 482.865; por consiguiente, en aplicación al principio de equidad, se acogerá el salario mínimo del presente año, como salario base de liquidación: $ 589.500.

De conformidad con los anteriores parámetros se procederá a liquidar el mencionado perjuicio.

— Indemnización debida o consolidada:

Se tomará entonces como período indemnizable, aquel comprendido entre la fecha en la cual el soldado se retiró del servicio (abr. 6/2000) y la de la presente sentencia, para lo cual se utilizará la siguiente fórmula:

S = Ra x (1+ i)n - 1

i

En donde,

S = Es la indemnización a obtener;

Ra = Es el ingreso percibido por el actor ($ 589.500(12)), incrementado en un 25% por concepto de prestaciones sociales(13) ($147.375), lo cual arroja un monto de $ 736.875; la incapacidad dictaminada al demandante fue de 36.25%, razón por la cual el salario base de liquidación es de $ 267.117

Entonces:

Ra = $ 267.117

I = Interés puro o técnico: 0.004867

N = Número de meses que comprende el periodo indemnizable (155(14)).

S = $ 267.117 x (1+0.004867)155 - 1

0.004867

Total indemnización debida = $ 61.601.898

— Indemnización futura:

Para la fecha de ocurrencia de los hechos el demandante tenía 21 años de edad(15) y, por lo tanto, una probabilidad de vida adicional de 59 años(16), equivalentes a 708 meses, de los cuales se descontará el número de meses que fueron liquidados por el periodo debido o consolidado (155), es decir 553 meses.

La indemnización futura se calculará con base en la siguiente fórmula:

S = Ra x (1+ i)n - 1

i (1+ i)n

En donde,

S = Es la indemnización a obtener

Ra = $ 267.117

I = Interés puro o técnico: 0.004867

N = Número de meses que comprende el periodo indemnizable, el cual se extiende desde la fecha de la sentencia y hasta el límite de la vida probable del señor Abelardo Segundo Peña Solano (553 meses).

Reemplazando, se tiene que:

S = $ 267.117x (1+ 0.004867)553 - 1

0.004867 (1+ 0.004867)553

Total indemnización futura = $ 51.139.475

Total perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante para el señor Abelardo Segundo Peña Solano: ciento doce millones setecientos cuarenta y un mil trescientos setenta y tres pesos ($ 112.741.373).

2.4. Costas.

Habida consideración de que para el momento en que se dicta este fallo el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira el 2 de octubre del 2003. Mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

2. Como consecuencia de lo anterior, DECLÁRASE administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, por los perjuicios causados al demandante, señalados en la parte motiva de esta providencia.

3. En consecuencia, CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar las siguientes sumas de dinero:

3.1. Por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante para el señor Abelardo Segundo Peña Solano, la suma de ciento doce millones setecientos cuarenta y un mil trescientos setenta y tres pesos ($ 112.741.373.)

3.2. Por daño moral, a favor del señor Abelardo Segundo Peña Solano la suma equivalente a 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

4. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

5. En firme este fallo DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

6. Sin costas.

Cópiese, notifíquese, y cúmplase».

(2) Sentencias del 30 de julio de 2008, Exp. 18.725, M.P. Ruth Stella Correa Palacio y del 23 de abril de 2009, Exp. 17.187.

(3) En sentencia de 10 de agosto de 2005, Exp. 16.205, la Sala al resolver la demanda instaurada con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios causados por las lesiones sufridas por un soldado, quien en cumplimiento de la orden proferida por su superior jerárquico, de realizar un registro de área en horas de la noche, al saltar un caño se cayó y golpeó contra una piedra, consideró: “... la causación de los daños material, moral y a la vida de relación tienen sustento, en este proceso, en el actuar de la administración de sometimiento del soldado conscripto a una carga mayor a la que estaba obligado a soportar, cuando en el cumplimiento de la misión conferida a él por el comandante del Escuadrón B de Contraguerrillas de registro del área general del municipio de Paz de Ariporo dentro del servicio y con ocasión de él, se tropezó cayendo contra la maleza, lesionándose el ojo derecho”.

(4) Exp. 11.401.

(5) Sentencia del 15 de octubre de 2008. Exp. 18586, M.P. Enrique Gil Botero, reiterada por la Subsección A, a través de sentencia de 9 de febrero de 2011, Exp. 19.615.

(6) Ibídem.

(7) Sentencia del 9 de febrero de 2011, Exp. 19.615. En aquella oportunidad se declaró la responsabilidad patrimonial de la administración pública por la muerte de un soldado regular, ocurrida el 22 de julio de 1994 como consecuencia de un ataque armado subversivo perpetrado en contra del puesto militar ubicado en Mesetas (Meta).

(8) Se tomará dicho porcentaje comoquiera que este fue el resultado del último examen realizado al señor Abelardo Segundo Peña Solano por la junta regional de calificación de invalidez del Cesar y Magdalena el 19 de marzo del 2002

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Exp. 13.232-15.646, M.P. Alier E. Hernández Enríquez.

(10) Así lo ha sostenido esta Sección del Consejo de Estado —sentencia de febrero 4 de 2010, Exps. acumulados 15.061 y 15.527—:

“(...) la Sala adoptará dentro de este proveído el salario mínimo legal vigente para la fecha de la presente providencia, toda vez que por tratarse precisamente de un soldado amparado bajo el régimen de conscripción, no existen en el proceso pruebas que determinen que el soldado Ibáñez Méndez percibía un ingreso como contraprestación por el servicio prestado de manera obligatoria, pero que en consideración al criterio de la corporación según el cual se entiende que a partir del retiro del servicio el demandante iniciaría su vida productiva, se accederá a la referida indemnización. De igual manera se precisa que la indemnización que dentro de esta sentencia se reconocerá será cuantificada desde la fecha en la cual el actor se retiró de la entidad a causa de su lesión, hasta su vida probable —con base, claro está, en su incapacidad física— y no a partir de la ocurrencia de los hechos”.

(11) Ra = 260.100 x IPC final (feb. 13) = 112.65

IPC inicial (abr. 2000) 60.68

(12) Salario mínimo legal mensual vigente para el año 2013.

(13) Aunque la labor productiva a la cual se dedicaba el lesionado al momento del hecho dañoso no correspondía a una actividad económica o laboral dependiente, por la cual se pudiere sostener que parte de los ingresos periódicos por él percibidos estaban destinados, de manera ininterrumpida, al pago de prestaciones sociales para sí mismo, se accederá a tal reconocimiento —en el equivalente al 25% del salario base de liquidación—, por razones de equidad y además porque su pago constituye un imperativo de rango constitucional de carácter irrenunciable, tal como lo ha sostenido la Sala en la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2009, Exp. 23.287, M.P. Enrique Gil Botero:

“Es preciso señalar, que el a quo no realizó reconocimiento alguno por concepto de prestaciones sociales sobre el salario base de liquidación, sin embargo, ello se hará porque se trata de un asunto de ley que en nada contraviene la consulta misma, pues su pago constituye un imperativo de rango constitucional irrenunciable.

Sobre la irrenunciabilidad de las prestaciones sociales la Corte Constitucional en sentencia del 6 de diciembre de 1994 [Sentencia C-556/94], señaló:

‘La norma bajo examen trata de dos situaciones diferentes: Por una parte de la irrenunciabilidad de las prestaciones sociales y por el otro regula lo relativo a la inembargabilidad de la pensión de invalidez. El sentido que fluye de la disposición acusada es que las prestaciones sociales son irrenunciables, lo cual está de acuerdo con el principio general de la irrenunciabilidad de los derechos laborales que son ciertos e indiscutibles. En consecuencia, cuando el trabajador ha adquirido el derecho, no puede renunciar a su beneficio. Este principio que ya estaba consagrado a nivel legal en la legislación laboral fue elevado a canon constitucional en 1991 en el artículo 53, el cual consagra entre los principios mínimos fundamentales que deben ser tenidos en cuenta en el estatuto del trabajo, que debe expedir el Congreso, el de la ‘irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas generales’. La pensión de invalidez es inembargable en su totalidad; pero en cambio si son embargables las demás prestaciones así como los sueldos en la proporción señalada por la ley.

Para la Corte, en consecuencia, la norma acusada debe leerse correctamente así: ‘Las prestaciones sociales consagradas en este decreto y en otras disposiciones aplicables son irrenunciables. Con excepción de la pensión de invalidez que es inembargable, las demás, así como los sueldos, solo podrán serlo hasta un 50% de su valor, siempre que sean en favor de cooperativas legalmente autorizadas o para cubrir pensiones alimenticias que se deban de conformidad con las disposiciones civiles’”.

(14) Número de meses transcurridos entre el 6 de abril del 2000 (fecha en la que el señor Abelardo Segundo Peña Solano terminó de prestar el servicio militar obligatorio) y el 13 de marzo de 2013 (fecha de la presente sentencia).

(15) De conformidad con el registro civil de nacimiento del señor Abelardo Segundo Peña Solano, este nació el 11 de julio de 1977 (fl. 16, cdno. 1).

(16) Resolución 1555 del 30 de julio de 2010, proferida por la Superintendencia Financiera.