Sentencia 2001-00344 de abril 5 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA “SUBSECCIÓN B”

Expediente: 24544

Rad.: 250002326000200100344 01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Ultra Ltda.

Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro

Naturaleza: acción de reparación directa

Bogotá, D.C., cinco de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

5. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, en un proceso que, por su cuantía(1), tiene vocación de doble instancia.

II. Validez de los medios de prueba

6. En relación con la totalidad de las pruebas obrantes en el presente asunto, cabe destacar lo siguiente:

6.1. La parte actora allegó junto con la demanda, en copias simples, varios documentos relacionados con el proceso ordinario iniciado por la junta de acción comunal del barrio Real, en el cual elevó como pretensiones que se declarara su pertenencia sobre el bien inmueble ubicado en la calle Nº 66-40 con carrera 73A, por prescripción adquisitiva, así como otros concernientes a las solicitudes elevadas por la sociedad Ultra Ltda. con el fin de que se unificara la foliatura de matrículas inmobiliarias existentes respecto del bien en comento. Al tratarse estos documentos de copias simples, no tienen valor probatorio alguno conforme a lo señalado por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil y por consiguiente, no podrán ser tenidos en cuenta, máxime cuando la parte actora no solicitó que se oficiara a las entidades respectivas con el fin de que se allegaran al proceso en las calidades necesarias para su valoración (fl. 3-278, cdno. 2).

III. Los hechos probados

7. De conformidad con el material probatorio allegado al proceso contencioso administrativo y valorado en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

7.1. El 13 de mayo de 1992, el señor Pablo Gaitán Torres, como apoderado de la sociedad Ultra Ltda., elevó solicitud ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C., sede centro, con el fin de que se le indicara el motivo por el cual se abrió un nuevo folio de matrícula inmobiliaria al que se le asignó el 050-0763501, para el bien inmueble adquirido por prescripción adquisitiva por los señores Agustín Díaz Ortiz, Gustavo Dulcey, Jorge Moya Vargas y Sergio Yomayuza, el cual vendieron posteriormente a la sociedad que este representa, cuando dicho inmueble ya se encontraba identificado desde un principio con el folio de matrícula 050-0517770. Igualmente solicitó que se aclarara dicha situación, comoquiera que su poderdante se encontraba vinculada a un proceso ejecutivo en el que se demandaba a la junta de acción comunal del barrio Real(2). En este sentido, adujo en el referido escrito:

Pablo Gaitán Torres, abogado en ejercicio con T.P. 28565 Minjusticia, en desarrollo del encargo profesional, conferido por la sociedad Ultra Ltda., quien como propietaria de un lote de terreno en la ciudad de Bogotá, por las anomalías materia de la presente solicitud, se vio como tercero, envuelta dentro del proceso ejecutivo que ante el Juzgado Quinto Civil Municipal, el señor José Celedonio Quiroga promovió contra la Junta de Acción Comunal del Barrio Real.

La presente solicitud pretende que con fines judiciales esclarezcan las causas que incidieron para que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, procediera a cumplir con el registro del documento Sentencia de Pertenencia proferida el 20 de noviembre de 1980, por el juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, y confirmada por el Honorable Tribunal de Bogotá, mediante providencia del 13 de junio de 1981, según la cual los demandantes señores Agustín Díaz Ortiz, Gustavo Dulcey, Jorge Moya Vargas y Sergio Yomayuza, previa citación del propietario inscrito según folio de matrícula 050-0517770selor (sic) Agustín Lozano, obtuvieron título pleno y legal sobre la propiedad que determina dicho folio.

No obstante lo expuesto esa oficina de registro, al recibir para lo de su competencia, el título de propiedad judicial obtenido por los mencionados demandantes adquirientes, decidió abrir un nuevo folio esto es el 050-0763501 para registrar tal título de dominio pleno, y posteriormente habida cuenta de la venta de los adquirientes a la sociedad Ultra Ltda., en el mismo folio registraron la escritura pública correspondiente, número 7558 de Noviembre 8 de 1989 otorgada por la Notaría Novena de Bogotá.

Aprovechándose de esta irregularidad (dos folios para un mismo predio), confabuladamente (sic) entre demandante y demandado, se pretende confundir al juez de conocimiento para (sic) este fundamente su decisión bajo la falsa premisa de que se trata de dos predios diferentes, burlándose de tal suerte y por causas totalmente ajenas a mi mandante y a sus (ilegible) entes, el derecho a la plena propiedad que fundadamente exige mi mandante. Para que surta los efectos legales pertinentes, con destino al Juzgado Quinto Civil Municipal (a quo) y Veintiocho Civil del Circuito de Bogotá (ad quem), donde cursa recurso de apelación contra el auto que desestimó la defensa del derecho a la propiedad de Ultra Ltda.; solicito a quien corresponda certifique sí los folios 050-051770 (sic) y 050-0763501 hacen referencia a un solo y único predio, cual es aquel que los selores (sic) Agustín Díaz Ortiz, Gustavo Dulcey, Jorge Moya Vargas y Sergio Yomayuza, adquirieron por vía de la prescripción adquisitiva de dominio reconocida judicialmente conforme se explicó y compruebo mediante fotocopias de la respectiva sentencia y su confirmación por el honorable Tribunal de Bogotá. En caso contrario se indique por su dirección, cuál es la ubicación del predio a que haga referencia el folio 050-0763501 donde consta tanto el registro de la sentencia de pertenencia y la escritura pública de compraventa 7558 de noviembre de 8 de 1989 (fls. 115-116, cdno. 1).

7.2. Mediante oficio J-828 del 24 de agosto de 1992, suscrito por el jefe de la oficina jurídica de la oficina de registro de instrumentos públicos mencionada, se contestó a la anterior solicitud de la siguiente manera:

Mediante sentencia del Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá de 20-11-80 registrada el 14-12-83, se adjudicó en la prescripción adquisitiva de dominio la declaración judicial de pertenencia del inmueble ubicado en la calle 66 entre carrera 73-A. con los siguientes linderos específicos: por el Norte, en extensión de 55.00 m con propiedad que es o fue de la sucesión de Pedro Aragón; Sur, en extensión de 55 m con la calle 66; Oriente, en extensión de 35.00 m con propiedad que es o fue de Julio Cristancho y Occidente; en extensión de 25.00 m con la Carrera 73-A y cierra. A favor de: Díaz Ortiz Agustín, Dulcey Gustavo, Moya Vargas, Jorge y Yomayusa Sergio.

La sentencia no cita datos de registro, en consecuencia y conforme al artículo 407 numeral (ilegible) del Código de Procedimiento Civil, si el predio no tiene antecedente registral conforme la orden del juez es viable la apertura de un folio de matrícula inmobiliaria que identifique el predio. Este hecho motivó la apertura del folio de matrícula inmobiliaria 050-0763501.

En relación con el predio de los lotes 83, 84, 91, 92 y 93 de la manzana “E” que se identifican con el folio de matrícula inmobiliaria 050-0517770, conforme los antecedentes registrales, se encontró que los linderos corresponden a la Urbanización Real, municipio de Engativá que forman un solo globo de 3.008 V.C. de área, alinderado: Norte. Los lotes 81, 85, 86 y 87 de la misma manzana; Sur, la calle 2ª de la urbanización: Oriente: al lote 94 de la misma manzana; Occidente, la carrera 4ª de la urbanización. Escritura 1618 de 24-06-42 Notaría 3ª de Bogotá, de propiedad de Agustín Lozano Jiménez.

Como se observa los linderos y demás especificaciones de los folios de matrícula inmobiliaria 050-0517770 y 050-0763501 son totalmente diferentes, por lo que no es posible certificar que se trata de un mismo predio (copia auténtica del oficio J-828 del 24 de agosto de 1992; fls. 108-109, cdno. 1).

7.3. El 12 de octubre de 1992, se le informó nuevamente al apoderado de la sociedad Ultra Ltda. que los bienes inmuebles identificados con los folios de matrícula inmobiliaria 050-517770 y 050-763501 eran diferentes y, por consiguiente, no se presentaba una duplicidad de registro como este lo aseveraba (copia auténtica del oficio 16675 del 4 de noviembre de 1992; fl. 99, cdno. 1).

7.4. Durante el año referenciado —no se tiene certeza de la fecha exacta—, la junta de acción comunal del barrio Real presentó demanda de pertenencia en contra del señor Agustín Lozano Jiménez con el fin de que se realizara la declaración respectiva en relación con el bien inmueble identificado con el folio de matrícula 050-517770, lo cual se desprende del oficio 2361 expedido por el Juzgado Décimo Civil del Circuito dirigido a la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá D.C., sede centro —certificado de tradición y libertad de la matrícula inmobiliaria 50C-517770; ver nota 6—, comoquiera que esta junta tenía la posesión de dicho inmueble y le daba el uso de parqueadero. En el referido proceso fue vinculada la sociedad Ultra Ltda. como tercero ad excludendum (certificado de tradición y libertad de la matrícula inmobiliaria 50C-517770, expedida el 14 de febrero de 2001 y testimonios de los señores Pablo Manuel Gaitán Torres(3) —abogado de la sociedad Ultra Ltda. en el proceso de pertenencia iniciado por la junta de acción comunal del barrio Real— y William Eduardo Morales Martínez(4) —vigilante y administrador del parqueadero que opera en el inmueble ubicado en la dirección calle 66 Nº 73A, contratado por la sociedad Ultra Ltda.—; fls. 3-4, cdno. 1; 282-286, cdno. 3).

7.5. En la sentencia del 5 de mayo de 1997(5), proferida por el Juez Décimo Civil del Circuito de Bogotá, D.C., en el proceso iniciado por la demanda de pertenencia presentada por la junta de acción comunal del barrio Real en contra de Agustín Lozano Jiménez y personas indeterminadas, se declaró que el inmueble identificado con los folios de matrícula 050-763501 y 050-517770 era el mismo, y su propietario era la sociedad Ultra Ltda. La referida sentencia fue registrada en el folio de matrícula 050-517770 el día 22 de abril de 1998, registro en el cual mediante la resolución 000002 del 14 de enero de 1999, expedida por la Registradora Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C., sede centro, se ordenó la incorporación de las anotaciones existentes en el folio de matrícula 050-0763501 (certificado de tradición y libertad de la matrícula inmobiliaria 50C-517770(6), expedida el 14 de febrero de 2001, y copia auténtica de la Resolución 2(7) del 14 de enero de 1999; fls. 3-4, cdno. 2; 65-68, cdno. 1).

IV. Problema jurídico

8. Debe la Sala establecer si se configuró la caducidad de la acción de reparación directa iniciada por la sociedad Ultra Ltda. o, si por el contrario, dicha sociedad presentó la demanda correspondiente en el término previsto por la ley para ello, teniendo en cuenta que la duplicidad de folios de matrícula inmobiliaria relacionadas con el bien inmueble respectivo se produjo de manera previa a que la sociedad demandante obrara como su propietaria, que se puede concluir que esta conoció de la afectación a su posesión sobre el mismo desde el año de 1992 y, que se profirió una decisión judicial que resolvió los conflictos suscitados por la pertenencia de dicho bien a favor de la parte demandante, ordenando igualmente advertir a la autoridad pertinente sobre la irregularidad de registro mencionada.

V. Análisis de la Sala

9. Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad para aquellos eventos en los cuales determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. De esta manera, las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro de este plazo fijado por la ley, toda vez que de no hacerlo en tiempo oportuno, pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo el derecho conculcado.

10. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia y el juez debe declararla, en caso de que se verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer la acción judicial correspondiente(8).

11. Con observancia de lo anterior, de conformidad con el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo —previo a su modificación por el art. 44, L. 446/98(9)—, para ejercer la acción de reparación directa se estableció un término de dos años, contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa, o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público, so pena de que se produzca su caducidad.

12. En este sentido, la acción referida debe ejercitarse en principio, dentro de los dos años contados a partir del hecho que da origen al daño correspondiente y, por ende, para la aplicación de la regla mencionada, resulta suficiente en la mayoría de los casos verificar el día en el cual ocurre cualquiera de los eventos descritos, con el fin de que sea posible contabilizar el plazo señalado a partir del mismo. Sin perjuicio de ello, bajo ciertas circunstancias, es posible que el cómputo del término en mención varíe.

13. En efecto, comoquiera que la acción de reparación directa pretende el resarcimiento o indemnización de un daño, no resultaría plausible que el lapso de tiempo para presentar la demanda correspondiente se contabilice como se expresó, cuando dicho daño no se genera o no se hace visible de manera concomitante con el hecho, actuación u omisión respectiva, motivo por el cual, ha sostenido la jurisprudencia de esta corporación que en dichos casos, el tiempo para la configuración del fenómeno procesal de la caducidad inicia para quien se encuentra llamado a acudir a la jurisdicción, desde el momento en que debió tener conocimiento del daño aludido o en otras palabras, que este se hubiera hecho advertible(10) —se precisa que no siempre ese momento consiste en aquel en que la persona en específico tuvo conocimiento del referenciado daño, lo cual es una circunstancia subjetiva que en ocasiones no es posible verificar, sino desde la fecha en que resultaría evidente que pudo haberse percatado del mismo, habiendo razones que justifiquen su conocimiento posterior a la circunstancia en la que este se fundamenta(11)—. Al respecto, se ha señalado:

A efectos de la contabilización de dicho término ha de tenerse en cuenta que “por regla general, la fecha para la iniciación del conteo de ese término es el del día siguiente al del acaecimiento del hecho, omisión y operación administrativa”(12). Así mismo, que “la acción nace cuando se inicia la producción del daño o cuando este se actualiza o se concreta, y cesa cuando vence el término indicado en la ley, aunque todavía subsistan sus efectos”(13), de manera que “el hecho de que los efectos del daño se extiendan en el tiempo no puede evitar que el término de caducidad comience a correr”(14).

Así mismo, ha dicho la Sala que “debe entenderse que el término de caducidad no puede comenzar a contarse desde una fecha anterior a aquella en que el daño ha sido efectivamente advertido”(15). Bueno es recordar igualmente que, según lo ha precisado la Sala(16):

“El hecho de que los efectos del daño se extiendan en el tiempo no puede evitar que el término de caducidad comience a correr, ya que en los casos en que los perjuicios tuvieran carácter permanente, la acción no caducaría jamás. Así lo indicó la Sala en sentencia del 18 de octubre de 2000:

“Debe advertirse, por otra parte, que el término de caducidad empieza a correr a partir de la ocurrencia del hecho y no desde la cesación de sus efectos perjudiciales, como parecen entenderlo el a quo y la representante del Ministerio Público. Así, el hecho de que los efectos del daño se extiendan indefinidamente después de su consolidación no puede evitar que el término de caducidad comience a correr. Si ello fuera así, en los casos en que los perjuicios tuvieran carácter permanente, la acción no caducaría jamás. Así lo advirtió esta Sala en sentencia del 26 de abril de 1984, en la que se expresó, además, que la acción nace cuando se inicia la producción del daño o cuando este se actualiza o se concreta, y cesa cuando vence el término indicado en la ley, aunque todavía subsistan sus efectos(17)(18)(19).

14. De otro lado, se ha determinado que cuando el daño es continuado o de tracto sucesivo, el conteo del término de caducidad de la acción de reparación directa comienza una vez este ha cesado, a menos que el afectado lo hubiera conocido tiempo después, evento en el cual aplica la regla mencionada sobre el conocimiento del daño(20). En este punto, cabe precisar que se debe diferenciar el daño continuado o de tracto sucesivo, de los eventos en los que se prolongan sus efectos, sus perjuicios, o cuando el mismo daño termina por agravarse —siempre y cuando estas circunstancias se desprendan de un daño de naturaleza inmediata—, comoquiera que el daño se concreta en un momento determinado y es a partir de que se tuvo conocimiento de este —se itera, en los eventos de que el afectado no lo hubiera podido advertir al momento en que se produjo el hecho dañoso; ver párrafos 12 y 13—, que el término de caducidad debe empezar a computarse(21).

15. En el caso concreto y con el fin de establecer desde qué momento se inició el término de caducidad para que la sociedad Ultra Ltda. incoara la acción de reparación directa en análisis, es necesario (i) delimitar la época del hecho generador o fuente del daño, (ii) si el demandante tuvo la oportunidad de conocer dicho daño en el instante de ocurrencia del mencionado hecho o solo lo pudo advertir posteriormente, y (iii) la relevancia de establecer si este consistió en un daño de naturaleza inmediata o continuada, comoquiera que la parte demandante argumentó que se trataba de este último tipo de daño y, por consiguiente, señaló que el cálculo del período para demandar debió iniciar una vez se rectificó que el bien inmueble se encontraba identificado con dos foliaturas, por parte de la Resolución 2 del 14 de enero de 1999, expedida por la registradora principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C., sede centro —ver párrafo 7.5 y nota 7—.

15.1. Conforme a lo anterior, la Sala observa que el hecho que se pretende enrostrar a la administración, el cual a su vez se constituiría en la falla del servicio de registro, es la existencia de una doble foliatura en relación con el bien inmueble que la parte demandante aduce es de su propiedad(22). En cuanto a lo anterior, no se allegó copia auténtica del folio de matrícula inmobiliaria 050-763501, que de acuerdo con los hechos referenciados en la demanda, fue abierto cuando los señores Agustín Díaz, Gustavo Dulcey, Jorge Moya Vargas y Sergio Yomayuza, inscribieron la sentencia que los declaraba como propietarios del inmueble en cuestión al haberlo adquirido por prescripción adquisitiva.

15.2. No obstante la anterior carencia probatoria, le es posible a la Sala determinar el momento en que se produjo la duplicidad de folios de matrícula, habida cuenta de que al tenerse por demostrado que la referida matrícula inmobiliaria identificaba el bien inmueble que ahora solamente se encuentra registrado con el folio 050-517770 —ver párrafo 7.5 y nota 7—, se puede colegir a partir de las anotaciones que pasaron a ser parte del último folio mencionado, que la sentencia en comento con la cual se realizó la apertura del folio de matrícula inmobiliaria 050-763501, fue inscrita el 14 de diciembre de 1983(23) y en consecuencia, se puede afirmar que desde ese momento se configuró el hecho por el cual se demanda a la Superintendencia de Notariado y Registro. Lo anterior, por cuanto resulta posible deducir que el nuevo folio de matrícula tuvo apertura con ocasión de la primera anotación que fue unificado como la anotación tercera en el folio 050-517770 —ver notas 7 y 23—.

15.3. Cabe precisar que no obstante desde la fecha aludida se generó la duplicidad de folios, es acertada la afirmación del recurrente al mencionar que el término de caducidad de la acción no puede computarse desde entonces, toda vez que en ese instante no se había producido daño alguno a la ahora sociedad actora.

15.4. De esta manera, se debe acudir a lo expuesto por la sociedad Ultra Ltda. en la demanda, con el fin de lograr advertir cuál es el daño que pretende se le indemnice y que según ella, tuvo origen en la existencia de los dos folios de matrícula sobre un mismo bien inmueble, teniendo en cuenta que de acuerdo con la anotación 5 del folio de la matrícula 050-517770, la mencionada sociedad aparece como compradora de este desde el 8 de noviembre de 1989(24), esto es, de manera posterior a que se hubiera generado la duplicidad de folios señalada —ver párrafo 15.2—.

15.5. Es así como la parte demandante manifestó que debido a la existencia de los dos folios de matrícula, la junta de acción comunal del barrio Real fue demandada en un primer momento en un proceso ejecutivo embargándose el bien que en realidad era de su propiedad —ver párrafo 7.1—, respecto del cual dicha junta después demandó a quien obraba como propietario en el folio de matrícula 50-517770 —previo a la unificación(25)—, esto es a Agustín Lozano Jiménez, con el fin de que se le declarara como propietaria del mismo por prescripción adquisitiva. A partir de lo anterior, afirmó que la entidad demandada en este proceso le debe indemnizar por la perturbación a la posesión del bien que era de su dominio, desde el año de 1992 —daño antijurídico alegado—, la cual tuvo origen en la irregularidad del folio de la matrícula del respectivo bien —hecho dañoso—(26).

15.6. La Sala colige con observancia de lo expuesto en la demanda, que la parte actora conoció de la limitación de la posesión del bien inmueble que asevera de su propiedad a partir de la fecha referida, es decir, en el año de 1992, circunstancia que a su vez está debidamente acreditada en el proceso, comoquiera que para ese año, Ultra Ltda. sabía que se promovió un proceso ejecutivo contra los miembros de la junta de acción comunal del barrio Real, con el que se le pretendía afectar a ella “el derecho a la plena propiedad que fundadamente exige”, así como también tuvo conocimiento de que quienes eran demandados en dicho proceso iniciaron a su vez un proceso de pertenencia para que se les declarara propietarios del mismo, al cual se vinculó como tercero ad excludendum —ver párrafo 7.1 con su respectiva cita y, párrafo 7.4 con sus notas correspondientes—. En esta medida, es evidente que tuvo conocimiento del daño aducido desde la fecha en mención y por lo tanto, se encuentra configurada la caducidad de la acción de reparación directa ejercida, puesto que la parte demandante adquirió certeza de la turbación a su alegado derecho desde mucho antes de presentar la demanda de reparación directa en análisis.

15.7. En efecto, se debe tener en cuenta que el cómputo del término de caducidad referido para el caso en estudio debió iniciar a partir del momento en que el daño antijurídico demandado se evidenció para la parte actora y, a pesar de que no se sabe exactamente en qué instante se inició por parte de la junta de acción comunal del barrio Real la limitación del derecho de Ultra Ltda. sobre el bien respectivo, lo que fue aseverado en la demanda como el daño por ella sufrido —daño de carácter instantáneo puesto que se verifica en un momento determinado, cuyos efectos, como la imposibilidad de explotación económica, son los que se prolongaron en el tiempo— y que en su criterio, tiene origen en la duplicidad de folios deprecada como la falla registral, lo cierto es que esta conocía que se le imposibilitaba explotarlo desde el año de 1992, lo que evidencia que tenía hasta algún momento del año de 1994 para acudir ante esta jurisdicción e incoar la referida acción. Habida cuenta de que la demanda se presentó hasta el 16 de febrero de 2001, es indudable que la acción de reparación directa ya se encontraba caducada para ese momento, motivo por el cual se debe confirmar la sentencia proferida por el tribunal de primera instancia y no se podrá abordar el estudio de los elementos de responsabilidad de la parte demandada, como tampoco la legitimación material por activa de la sociedad Ultra Ltda.

15.8. Cabe precisar que no llevaría a una decisión contraria el hecho de considerar el daño argüido por la parte actora como uno de naturaleza continuada, toda vez que el mismo cesaría en el momento en que quedó ejecutoriada la decisión judicial en la cual se declaró a la sociedad Ultra Ltda. como propietaria del bien inmueble objeto del presente asunto, providencia con la que se deslegitimó la afectación a su posesión por quienes pretendían ser declarados propietarios por prescripción adquisitiva, esto es, con la sentencia del 5 de mayo de 1997 —ver párrafo 7.5 con sus respectivas notas—, de la cual si bien no se tiene acreditado el momento en que hizo tránsito a cosa juzgada, es innegable que ya estaba ejecutoriada para el 22 de abril de 1998, momento en que quedó registrada en el folio de matrícula respectivo —ver nota 6— y por ende, de comprenderse que el término de caducidad debe contabilizarse desde esa fecha, este igual ya se encontraría fenecido para el momento en que Ultra Ltda. presentó la demanda en estudio. Aunado a lo anterior, no escapa a la Sala que del testimonio del señor William Eduardo Morales Martínez, se puede dilucidar que la sociedad en comento recuperó la posesión de dicho bien inmueble en los primeros meses del año de 1998, habida consideración de que el aludido señor rindió su testimonio el 10 de octubre de 2001 y, manifestó que la sociedad inició la explotación del parqueadero que funcionaba en el inmueble correspondiente tres años y medio antes de esa fecha —ver nota 4—, por lo que con mayor razón resulta patente que la acción de reparación directa se encuentra caducada.

15.9. Conviene aclarar que el recurrente confundió la continuidad del hecho dañoso —duplicidad de folios— con la continuidad del daño alegado por él —perturbación en la posesión—, frente a lo cual se observa que la Resolución 2 de 1999 cesó el primer aspecto enunciado, lo cual no da lugar a entender que el término de caducidad de la acción de reparación directa deba computarse a partir de la ejecutoria de dicha decisión administrativa, sino como lo expuso la Sala anteriormente. Al respecto, es de señalar que en algunos casos en los que se demanda por una falla registral, es posible que el término de caducidad deba contabilizarse a partir del momento en que la anormalidad respectiva se corrija o, con posterioridad, con la salvedad de que ello solo tiene lugar, cuando el daño demandado o alegado se concrete a partir de dicha corrección, lo cual no siempre sucede así y por ende, resulta necesario revisar la situación fáctica en cada evento. La Sala considera pertinente traer a colación un caso en que el daño aducido por la parte demandante se originó a partir de la corrección de la irregularidad correspondiente, lo cual fue expuesto en los siguientes términos:

De conformidad con lo anterior, la Sala considera que está plenamente demostrado que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C. - zona Norte, incurrió en una irregularidad registral, consistente en abrir dos folios de matrícula inmobiliaria para un mismo inmueble, el ubicado en la Calle 123A Nº 37A-37 construido sobre el lote 17A manzana N de la ciudad de Bogotá, D.C.// (...) En razón de la existencia de doble folio de matrícula inmobiliaria, se omitió la inscripción de todos los actos realizados respecto del inmueble aludido en un mismo folio y, además, se expidieron copias del folio 050-0867457 que no reflejaban la realidad jurídica del bien, toda vez que seguía apareciendo la sociedad Tecnivivienda Ltda., como propietaria del mismo, a pesar de que esta ya lo había enajenado a la señora Elvia María Mejía Fernández, mediante escritura pública 4402 de diciembre 18 de 1984 de la Notaría Décima del Círculo de Bogotá, D.C., registrada el 19 de marzo de 1985, radicación 35923, en el folio 050-0867456.// Tal falla fue reconocida por la propia Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C. - zona Norte, en la Resolución 465 del 8 de septiembre de 1995, mediante la cual se afirmó que con ocasión del desenglobe del bien registrado en el folio de matrícula inmobiliaria 050-0263038, a través de la escritura pública 4401 de diciembre 18 de 1985, al lote 17A de la manzana N le fue asignado el folio de matrícula inmobiliaria 050-0867457 donde se registró dicha escritura con turno de radicación 35921 y que, posteriormente, ingresó para registro la escritura pública 4402, también del 18 de diciembre de 1984, mediante la cual se protocolizó la compraventa del inmueble de la Calle 123A Nº 37A-37 Lote 17A manzana N, de la sociedad Tecnivivienda Ltda. a Elvia María Mejía Fernández, escritura que fue registrada el 19 de marzo de 1985, radicación 35923, pero en otro folio de matrícula inmobiliaria, el 050-0867456.(...) Por otra parte, también tiene la Sala por acreditado que el señor Jorge Antonio Blanco Gómez sufrió un detrimento patrimonial, materializado en la imposibilidad jurídica y física de satisfacer los créditos de los cuales él era acreedor, respecto de la sociedad Tecnivivienda Ltda., cuyos montos pretendía recuperar a través del proceso de quiebra 1871 adelantado en contra de dicha sociedad, ante el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, D.C.; así mismo, se observa que el proceso judicial en comento tuvo una duración de más de 11 años, tiempo durante el cual el ahora actor invirtió su capacidad laboral, dinero y expectativas finalmente truncadas; es decir, que padeció un daño que no tenía el deber jurídico de soportar.// (...) Con fundamento en esa copia auténtica, el señor Blanco Gómez, quien el 30 de julio de 1985 había interpuesto una demanda de quiebra en contra de dicha sociedad, solicitó al juzgado de conocimiento que decretara la medida cautelar de embargo sobre el bien inmueble en mención. A dicha solicitud accedió el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, D.C., y mediante auto de septiembre 30 de 1985 decretó la medida cautelar solicitada, para lo cual expidió el oficio 1855 del 10 de octubre de 1985, dirigido al Registrador de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C., a través del cual pidió a dicha oficina que procediera a la inscripción de la medida cautelar en el folio de matrícula inmobiliaria 050-0867457, registro que se efectuó el 16 de octubre de 1985.// Sin embargo, una vez la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C. - zona Norte unificó los folios de matrícula inmobiliaria 050-0867456 y 050-0867457 en este último, dicha anotación quedó inscrita de forma posterior al registro de la compraventa efectuada por la Sociedad Tecnivivienda Ltda., a la señora Elvia María Mejía Fernández y, en virtud de que mediante oficio 008738 del 5 de agosto de 1996, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C. - zona Norte certificó que para ese momento el embargo aún se encontraba vigente, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, D.C., por auto de septiembre 27 de 1996, decretó el levantamiento de las medidas cautelares de embargo y secuestro que pesaban sobre el inmueble registrado en el folio de matrícula inmobiliaria 050-0877457, al tenor de lo dispuesto en el artículo 687 numeral 7º del Código de Procedimiento Civil// Por lo tanto, el señor Jorge Antonio Blanco Gómez vio cercenada la posibilidad de recuperar los dineros que la Sociedad Tecnivivienda Ltda., le adeudaba, a través del proceso de quiebra que había instaurado en su contra, toda vez que el inmueble en referencia era el único bien que aparecía como de propiedad de dicha sociedad y, al ser levantadas las medidas cautelares de embargo y secuestro sobre el mismo pues al momento de ser registradas aquel ya no era de propiedad de su deudora jurídica y materialmente ya no era posible su venta en pública subasta y la consecuente satisfacción de los créditos que en el proceso en mención se reconocieron (se resalta)(27).

15.10. Con fundamento en la anterior jurisprudencia, es claro que el daño antijurídico de quien demandó ante la jurisdicción contencioso administrativa en ese momento —persona que había solicitado el embargo del bien respecto del cual se originó la duplicidad de folios—, surgió con posterioridad a la unificación de registros que llevó a que se levantara la medida cautelar decretada a su favor, comoquiera que le dejó de ser posible obtener el pago de su crédito con el valor que se obtuviera en subasta pública del bien inmueble que ya no era de propiedad de la persona jurídica deudora, lo que a su vez deviene en que el término de caducidad se compute después de dicha corrección en el folio de matrícula respectivo. La anterior situación no acaece en el caso en estudio por la Sala en esta instancia, debido a que tanto el hecho dañoso como el daño antijurídico se concretaron —teniéndose asimismo certeza de este último— con anterioridad a que se realizara la corrección respectiva en la matrícula inmobiliaria correspondiente y, de dicha rectificación, no surge o se concreta daño o perjuicio alguno y mucho menos, el que fue aducido en la demanda —afectación de la posesión—.

VI. Costas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, se

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el 26 de noviembre de 2002, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Sin condena en costas.

3. En firme esta fallo, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) En la demanda se estima el valor de la mayor pretensión (única cuantificable), correspondiente a la indemnización por perjuicios materiales, en la suma de $ 300.000.000,oo. Se aplica en este punto el numeral 10 del artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modificaba el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que disponía que la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en 2001 fuera de doble instancia, debía ser superior a $ 26.390.000.

(2) Este abogado rindió testimonio ante el tribunal a quo, en el cual señaló en concordancia con la solicitud de que se hace mención en el presente párrafo, que como representante judicial de la sociedad Ultra Ltda., pretendió que se resolviera el error consistente en la duplicidad de folios sobre el mismo bien inmueble de propiedad de su poderdante, desde el año de 1992. Al respecto manifestó que “en mi condición de abogado, la sociedad Ultra Ltda. por ahí año 92 o 93 no me acuerdo precisamente, llegó a mi despacho por un problema suscitado en el inmueble que os(sic) ocupa a raíz de un embargo de mejoras que ante el Juzgado Quinto Civil Municipal de Bogotá adelantaba José Seledonio (sic) Quiroga contra la acción comunal del barrio Real, dentro del cual, cuando conocí del asunto este embargo ya se había perfeccionado y se habían casi vencido los términos para la defensa, analizando el caso este para su solución dependía de que la oficina de instrumentos públicos ordenara lo conducente para la unificación de dos folios de matrícula inmobiliaria por esto que la sociedad ultra a quien yo representaba se mostraba como titular del derecho de dominio por compra que le había hecho a unos personajes que habían adquirido el dominio del inmueble en cuestión por vía de prescripción adquisitiva de dominio y la sentencia definitiva del tribunal enviada para registro a la oficina de instrumentos públicos donde se adjudicaba la propiedad a quienes fueron vendedores de Ultra, fue inscrita en un folio nuevo”. Testimonio del señor Pablo Manuel Gaitán Torres obrante en folios 282 a 285 del cuaderno 2.

(3) “(...) No obstante la series de rogativas que se le hicieron por escrito y verbalmente a la oficina de instrumentos públicos para que diera solución a este impase del doble folio y solicitándole visitas al inmueble para que corroboraran las afirmaciones de Ultra, está en forma sistemática siempre se negó lo cual influyó para que Ultra Ltda. perdiera la posesión del lote dentro del proceso de José Seledonio (sic) Quiroga y posteriormente la junta de Acción comunal del barrio Real como era lo esperado cinco años después ante el juzgado 10 civil del Circuito presentó demanda de pertenencia con el folio original en donde pretendiendo consolidar el derecho de dominio a su nombre, yo me enteré de esta demanda, me presenté al proceso como tercero ad excludendum y después de tres años entonces el juzgado emitió sentencia (...) y de ahí en adelante el inmueble cuya compra fue para el montaje de las instalaciones de Ultra lo tomó con la aquiescencia del Juzgado Quinto Civil Municipal, las autoridades de policía y la oficina de registro, ninguno quiso colaborar por la causa de Ultra y lo tomó por su cuenta de uso y explotación en un negocio de parqueadero la junta de acción comunal lapso dentro del cual no pagaron impuesto predial, valorizaciones, nada. (...) Preguntado: cuanto tiempo estuvo la sociedad Ultra Ltda. privada de la explotación económica del inmueble en cuestión. Contestó: no tengo precisas las fechas pero creo que en el 93 perdió la posesión del inmueble y la vino a recuperar en el 97 no recuerdo exactamente (...)”. En relación con lo expuesto en el citado testimonio, la Sala precisa que existen unas inconsistencias en cuanto a la fecha de presentación de la demanda de pertenencia referida como del momento en que se profirió la respectiva sentencia por parte del Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá —motivo por el cual no será tenido en cuenta su dicho sobre estos aspectos temporales en específico—, comoquiera que se observa que de haber sido presentada a los cinco años de que se solicitara la visita al inmueble para que se verificara la existencia de los dos folios de matrícula, esta debió haber sido incoada en el año 1997 y la sentencia correspondiente debió haberse dictado en el año 2000, lo cual no coincide con las anotaciones del certificado de tradición y libertad de la matrícula inmobiliaria 50C-517770 —ver nota 6—. No obstante lo anterior, dichas discrepancias no le quitan credibilidad al testigo, comoquiera que es razonable que no recuerde de manera exacta las fechas mencionadas, debido a que rindió su declaración varios años después de ocurridos los hechos —feb. 1º/2002—.

(4) “Preguntado: manifieste al despacho que función o labor desempeña usted para la sociedad Ultra en l (sic) parqueadero ubicado en la calle 66 con carrera 73ª. Contestó: yo presto los servicios de vigilancia y administración del parqueadero. Preguntado: hace cuánto tiempo presta sus servicios para Ultra Ltda. Contestó: hace aproximadamente tres años y medio. Preguntado: tiene conocimiento desde hace cuánto tiempo o la de la fecha desde la cual Ultra explota económicamente el parqueadero en mención. Contestó: según tengo entendido desde que yo me encuentro a cargo del parqueadero (...) Preguntado: manifieste al despacho quien ocupaba o explotaba económicamente el parqueadero con anterioridad a la época en que usted comenzó a administrarlo. Contestó: la junta de acción comunal del barrio Boyacá Real”.

(5) Si bien no obra en copia auténtica la sentencia en cuestión, esta fecha se verifica conforme a la anotación 8 del folio de matrícula inmobiliaria 050-517770 —ver nota 6—.

(6) “Anotación: número 7. Fecha: 31-01-1994, radicación 1994-8118. Oficio 2361 del 22-09-1992 JUZ 10. C.CTO de Santafé de Bogotá valor acto: $// Especificación: 410 demanda (pertenencia)// personas que intervienen en el acto (...)// de: junta de acción comunal barrio Real// A: Lozano Jiménez Agustín y personas indeterminadas (...) Anotación: número 8, Fecha: 22-04-1998. Radicación: 1998-354880// Sentencia del 05-05-1997 Juzgado Décimo Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, D.C. Valor acto: $ // especificación: 915 otros se declara que Ultra Ltda. es la propietaria” (resaltado del original).

(7) “En desarrollo de la actuación administrativa se pudo establecer que existe duplicidad de folios para el bien de la manzana E, de la Urbanización Real, municipio de Engativá, en las matrículas 050-517770 y 050-763501; siendo la más antigua el folio 050-517770 donde se debe unificar.// Dentro de la actuación administrativa se hizo llegar el turno devuelto sin registrar radicación documento Nº 98-11952 del 10-02-98, del oficio 030 del 15-02-98, este último del juzgado Décimo Civil de Circuito de Bogotá, proferido dentro del proceso ordinario de pertenencia 6037, DE: Junta de Acción Comunal Barrio Real, Contra: Agustín Lozano, en el que se manifiesta que el inmueble al que corresponde los folios de matrícula inmobiliaria 050-763501 y 050-517770 es el mismo y que la propietaria de dicho inmueble es Ultra Ltda.; lo que confirma la duplicidad de los folios objeto de la actuación administrativa. (...) Artículo segundo: ordénase trasladar del folio de matrícula 050-763501 las anotaciones 01 y 02 al folio de matrícula 050-517770, pasan como anotaciones números 03 y 05, donde se unifica según la parte motiva de la presente resolución (...)”.

(8) Al respecto la Sala ha señalado: “Es por lo anterior que se da aplicación a la máxima latina “contra non volenten agere non currit prescriptio”, es decir que el término de caducidad no puede ser materia de convención, antes de que se cumpla, ni después de transcurrido puede renunciarse.// Dicho de otro modo, el término para accionar no es susceptible de interrupción, ni de renuncia por parte de la administración. Es, que el término prefijado por la ley, obra independientemente y aún contra voluntad del beneficiario de la acción”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo del 2000, Expediente 12.200, actor: Miguel Antonio Prada Jaimes, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(9) Se observa que la modificación en comento no se encontraba vigente para el momento de ocurrencia de los hechos y, por consiguiente, no resulta aplicable al cómputo de la caducidad de la acción en estudio. Efectivamente, comoquiera que el respectivo término de caducidad ya había comenzado a correr, este se rige de acuerdo a lo señalado por la ley vigente al tiempo de su iniciación —D. 2304/89—, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.

(10) “Como el derecho a reclamar la reparación del daño solo surge a partir del momento en que este se produce, resulta razonable considerar que el término de caducidad en los eventos de daños que se generan o manifiestan tiempo después de la ocurrencia del hecho dañino, solamente deba contarse a partir de dicha existencia o manifestación fáctica, “pues el daño es la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria” (nota 5, de la sentencia en cita: “En este sentido se pronunció la Sala en providencia del 7 de septiembre de 2000, Exp. 13126”)”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, Expediente 54001-23-31-000-1992-07531-01 (17631), actor: César Alejandro Duarte Pacheco, C.P. (e) Mauricio Fajardo Gómez.

(11) “Frente a estos supuestos la Sala aclara, como lo ha hecho en otras oportunidades, que el término de caducidad opera por ministerio de la ley, y no puede depender de la voluntad de los interesados para ejercer las acciones sometidas a dicho término (nota 9 del auto en cita: “Ver, entre otras, la sentencia del 24 de abril de 2008. C. P. Myriam Guerrero de Escobar. Radicación 16.699. Actor: Gilberto Torres Bahamón”), razón por la cual, en los casos en que el conocimiento del hecho dañoso por parte del interesado es posterior a su acaecimiento, debe revisarse en cada situación que el interesado tenga motivos razonablemente fundados para no haber conocido el hecho en un momento anterior pues, si no existen tales motivos, no hay lugar a aplicación de los criterios que ha establecido la sala para el cómputo del término de caducidad en casos especiales”. Consejo de Estado, Sección Tercera-Sala Plena, auto del 9 de febrero de 2011, Expediente 54001-23-31-000-2008-0301-01 (38271), actor: Pablo Carvajalino Lázaro y otros, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(12) [9] Sentencia del 11 de mayo de 2000. Expediente 12.200. C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(13) [10] Sentencia del 26 de abril de 1984. Expediente 3393, citada en providencia del 5 de diciembre de 2005.

(14) [11] Sentencia de 5 de diciembre de 2005. Expediente 14.801. C.P. Alier E. Hernández Enríquez. En el mismo sentido se encuentra la sentencia 18 de octubre de 2000, Expediente 12.228

(15) [12] Sentencia del 29 de enero de 2004. Expediente 18.273. M.P. Alier E. Hernández Enríquez.

(16) [13] Sentencia del 5 de diciembre de 2005. Expediente 14.801. M.P. Alier E. Hernández Enríquez.

(17) [14] Nota original de la sentencia citada: “Expediente 3393. Actor: Bernardo Herrera Camargo”.

(18) [15] Nota original de la sentencia citada: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia 18 de octubre de 2000, radiación: 12.228, demandante: Gerardo Pinzón Molano”.

(19) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de abril de 2010, Expediente 13001-23-31-000-1994-09850-01 (17815), actor: Bibiana Archbold Britton y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(20) “Más aún, si se quiere prescindir del anterior análisis, y del cuerpo normativo que permite colegir las inferencias ya expuestas, en aras de abundar en razones, puede señalarse sin anfibología alguna que aún bajo el esquema de la caducidad regulada en el Decreto 1 de 1984, se llegaría a la misma conclusión en el sentido de que la acción no se encuentra caducada, como pasa a demostrarse.// En efecto, los daños que se reclaman tienen la calidad de continuados comoquiera que se producen de manera sucesiva en el tiempo, esto es, día a día sin que exista solución de continuidad. Al respecto, ha sido reiterada la jurisprudencia de la Sección, en el sentido de que cuando se demanda la reparación de un daño continuado en el tiempo, como sería el caso de la desaparición forzada, el término para intentar la acción, solo inicia su conteo a partir del momento en que se verifique la cesación de la conducta o hecho que dio lugar al mismo (...)// Lo anterior permite de manera inhesitable colegir que el carácter continuado del daño no impide acudir a la jurisdicción para reclamar su indemnización en acción de reparación directa, comoquiera que el mismo no se ha consolidado, situación que de igual manera no da lugar a la configuración del fenómeno de la caducidad”. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 19 de julio de 2007, Expediente 25000-23-26-000-2004-01514-01 (31135), actor: Héctor Jaime Beltrán Prada y otros, C.P. Enrique Gil Botero.

“Esta regulación se explica en tanto que en este tipo de eventos el daño antijurídico que se demanda tiene la calidad de “continuado”, esto es, que se sigue produciendo de manera sucesiva en el tiempo. O lo que es igual, todo acto de desaparición forzada es considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos.

De ahí que sea razonable la previsión contenida en el precepto en cita conforme a la cual el término para intentar la acción inicia a partir del momento en que se verifica la cesación de la conducta o hecho que dio lugar al mismo. En otras palabras, una vez “reaparece” la persona, esta se encuentra en condiciones de ocurrir ante la jurisdicción para buscar el amparo de la ley, siendo pues una carga hacerlo dentro del plazo indicado por el ordenamiento”. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 10 de diciembre de 2009, Expediente 50001-23-31-000-2008-00045-01 (35528), actor: Miller Andrés Rodríguez Ortiz y otros, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Ver igualmente, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, auto del 9 de febrero de 2011, Expediente 54001-23-31-000-2008-0301-01 (38271), actor: Pablo Carvajalino Lázaro y otros, C.P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia del 28 de febrero de 2011, Expediente 73001-23-31-000-1999-00098-01 (18287), actor: Hugo Ramírez y otros, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(21) En lo que tiene que ver con los daños de tracto sucesivo, de naturaleza inmediata y su diferenciación con la continuidad en sus efectos, perjuicios y agravación del daño, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de octubre de 2007, Expediente 25000-23-27-000-2001-00029-01 (AG), actor: Gloria Patricia Segura Quintero, C.P. Enrique Gil Botero.

(22) En casos similares se ha entendido así por esta corporación: “La Sala revocará la decisión inhibitoria del a quo, en tanto que no se presenta en estos eventos indebida escogencia de la acción, puesto que en el sub lite no era idónea —como aseguró el fallador de instancia— la del contencioso subjetivo sino la de reparación directa, como que las pretensiones de la demanda se ajustan al artículo 86 que regula esta última acción, en tanto no se cuestiona la legalidad del registro sino el hecho de que exista doble foliatura, lo cual es pasible de discutir en sede de reparación directa.

La Sala considera que no le asiste razón al tribunal toda vez que de la lectura de la demanda claramente se deduce que la fuente del daño por cuya reparación se acudió a la jurisdicción, es el hecho de darse dos foliaturas sobre un predio. En consecuencia, el demandante no deriva el perjuicio de un acto administrativo sino de un hecho: la apertura de dos folios, la acción procedente es —entonces— la de reparación directa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo (...) Por manera que la existencia de una deficiente anotación en cuanto atañe a la descripción del predio, como su cabida y linderos, así como la concurrencia con otro folio simultáneo sobre el mismo predio (doble foliatura), como en general cualquier anomalía que se presente en este punto y que lleve a generar confusiones en terceros de buena fe, configura evidentemente una actuación irregular, que puede ser constitutiva de una falla del servicio”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, Expediente 52001-23-31-000-1997-08579-01 (16055), actor: Edgar Rigoberto Gordillo Enríquez, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(23) “Anotación: 3, fecha 14-12-1983, radicación 83116158// Sentencia del 20-11-1980 Juzgado 17 C.CTO. de Bogotá valor acto: $ // Especificación: 180 declaración judicial de pertenencia//personas que intervienen en el acto (...) a: Díaz Ortiz Agustín// A: Dulcey Gustavo// A: Moya Vargas Jorge// A: Yomayusa Sergio”. Copia auténtica del certificado de tradición y libertad de la matrícula inmobiliaria 50C-517770 obrante en folio 3 y 4 del cuaderno 2

(24) “Anotación: 5, fecha 29-11-1989, radicación: 1989-81147// Escritura 7558 del: 08-11-1989 Notaría 9 de Bogotá valor acto: $ 8,500,000.00// Especificación: 101 compraventa//personas que intervienen en el acto (...) De: Dulcey Yomayusa Gustavo Humberto// De: Yomayusa Sergio// De: Díaz Ortiz Agustín// De: Moya Vargas Jorge// A: Ultra Ltda.”. Copia auténtica del certificado de tradición y libertad de la matrícula inmobiliaria 50C-517770 obrante en folio 3 y 4 del cuaderno 2.

(25) “Anotación: 1. Fecha 13-07-1942. Radicación: O// Escritura 1618 del: 24-06-1942. Notaria 3 de Bogotá (...)// Especificación: 101 venta//personas que intervienen en el acto (...)// A: Lozano Jiménez Agustín”. Copia auténtica del certificado de tradición y libertad de la matrícula inmobiliaria 50C-517770 obrante en folio 3 y 4 del cuaderno 2.

(26) En este punto, se advierte que no le es dable a la Sala pronunciarse en cuanto a la relación que tiene el daño aludido con la falla del servicio de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, sede centro, sino que se limitará únicamente a determinar si se configuró o no el fenómeno procesal de la caducidad de la acción ejercida por la sociedad actora, comoquiera que de lo contrario, estaría pronunciándose sobre el fondo del asunto sin antes verificar el oportuno ejercicio de la acción.

(27) Consejo de Estado, Sección Tercera, Expediente 25000 23 26 000 1996 03062 01 (16744), actor: Jorge Antonio Blanco Gómez, C.P. (e) Mauricio Fajado Gómez.