Sentencia 2001-00346 de marzo 6 de 2013

 

Sentencia 2001-00346 de marzo 6 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “C”

Rad.: 25000-23-26-000-2001-00346-01 (26.217)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Actor: Tulia Sofía Vargas de Poveda y otros

Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y otros

Referencia: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., seis de marzo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Cumplidos con los trámites propios de esta instancia y sin causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a pronunciarse sobre el asunto de la referencia para lo cual abordará los siguientes puntos: 1) competencia, 2) acervo probatorio, 3) análisis del caso concreto, 4) indemnización de perjuicios, 5) condena en costas.

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte actora comoquiera que la pretensión mayor, individualmente considerada, es de $ 62’527.187 por concepto de lucro cesante, monto que supera la cuantía establecida para que un proceso iniciado en el año 2001, tuviera vocación de doble instancia, esto es, $ 26’390.000.

2. Acervo probatorio.

Del material probatorio allegado al expediente, se destaca:

2.1. Factura de venta 04298 de 19 de febrero de 1999, de la Compañía de Servicios Funerarios Ltda., por concepto de los gastos funerario de Julio Alfonso Poveda Gauta, por valor de $ 532.535, pagado por la señora Tulia Sofía Vargas de Poveda (fl. 43, cdno. 1).

2.2. Partida de bautismo del señor Julio Alfonso Poveda Gauta, donde se hace constar que nació el 24 de mayo de 1924 (fl. 44, cdno 1).

2.3. Copia auténtica de la liquidación de prestaciones sociales a favor del señor Julio Alfonso Poveda Gauta, desde el 02 de enero de 1987 hasta el 17 de febrero de 1999, por valor de $ 2’488.491 (fl. 46, cdno. 1).

2.4. Copia auténtica del registro civil de matrimonio de los señores Julio Alfonso Poveda Gauta y Tulia Sofía Vargas (fl. 11, cdno. 2).

2.5. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Liudmila Poveda Vargas (fl. 3, cdno. 2).

2.6. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Julia Nirsa Poveda Vargas (fl. 5, cdno. 2).

2.7. Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Ramiro Alfonso Poveda Vargas (fl. 7, cdno. 2).

2.8. Copia auténtica del registro civil de nacimiento del señor Joan Lenin Poveda Vargas (fl. 9, cdno. 2).

2.9. Copia auténtica del registro civil de defunción del señor Julio Alfonso Poveda Gauta (fl. 12, cdno. 2):

2.10. Certificado expedido por el presidente nacional de la Unión Patriótica, donde se señaló:

“Que el señor Julio Alfonso Poveda, q.e.p.d., fue miembro de la Unión Patriótica, dirigente agrícola de la región de Cundinamarca, fundador de la Federación Sindical Agrícola, Fensa. En ese entonces lideró en la región de Sumapaz junto con otros reconocidos líderes, la defensa por el derecho a la tierra a lo que se vinculó de lleno construyendo las organizaciones agrarias, voluntad que extendió a lo ancho de la geografía nacional. Durante un importante periodo fue editor y administrador del periódico Unidad Sindical. Poveda jugó un papel importante en el desarrollo del cooperativismo campesino. Como es de público conocimiento, nuestra organización ha sido objeto de una dramática persecución que ha configurado el delito internacional de genocidio, cuyos resultados han dejado más de 4.000 víctimas directas en múltiples hechos delictivos cometidos con la intención de destruir parcial o totalmente al grupo.

Desde la mañana lluviosa del 18 de febrero de 1999, cuando cegaron la vida del entrañable dirigente, nuestra organización política no ha conocido de boca del aparato de justicia del Estado colombiano las sentencias que esclarezcan el condenable hecho, ni el correspondiente castigo de los autores intelectuales y materiales del acto genocida” (sic) (fl. 13, cdno. 2).

2.11. Certificado del secretario nacional del Partido Comunista Colombiano donde hizo constar que el señor Julio Alfonso Poveda militó activamente en esa organización política desde el año de 1947 hasta el día de su muerte. Agregó que se destacó por su trabajo en la región de Sumapaz, lo que lo llevó a hacer parte del comité central por varios periodos (fl. 14, cdno. 2).

2.12. Copia simple de comprobante de egresos de Fenacoa por concepto de costos de entierro de Julio Alfonso Poveda Gauta, por valor de $ 3’602.535, pagados a Tulia Vargas de Poveda (fl. 15, cdno. 2).

2.13. Certificado de la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias Ltda. Fenacoa, donde se señaló que el señor Julio Alfonso Poveda Gauta se desempeñó como gerente de esa entidad desde enero de 1987 hasta el día de su asesinato, percibiendo como último salario, la suma de $ 900.000 (fl. 16, cdno. 2).

2.14. Copia simple del Oficio 17629 de 16 de noviembre de 2000, en que el concejal de Bogotá, Mario Upegui Hurtado, solicitó comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá lo averiguado sobre el asesinato del Julio Alfonso Poveda y si seguía vigente la recompensa ofrecida a quien suministrara información (fl. 17, cdno. 2).

2.15. Oficio del 31 de julio de 2002 del gerente de Fenacoa Ltda. donde informó que en sus archivos no se encuentra original ni copia del contrato laboral del señor Julio Alfonso Poveda Gauta (fl. 10, cdno. 2).

2.16. Oficio 5317 del 25 de julio de 2002, suscrito por el jefe de la oficina de protección especial del DAS, en que manifestó:

“Para los años 1998-1999 el ciudadano Julio Alfonso Poveda Gauta (q.e.p.d.) no solicitó a este despacho protección ni informó sobre las amenazas o persecuciones que hubieran originado el diligenciamiento de misiones de trabajo propias de la oficina de estudios técnicos.

Para los años 1998-1999 no se recibió comunicación de otras instituciones estatales ni se solicitó colaboración alguna respecto a este mismo ciudadano” (fl. 108, cdno. 2).

2.17. Copia auténtica del sumario 461 seguido por la muerte de Julio Alfonso Poveda Gauta en la unidad nacional de derechos humanos de la Fiscalía General de la Nación, del que se resalta las siguientes piezas procesales: (fl. 108 a)

• Oficio del 15 de julio de 1999, dirigido por los gerentes de Fenacoa, Sintraime y Funtranmetal a la unidad de derechos humanos del Ministerio del Interior, solicitando protección de sus instalaciones que se ubican en la calle 16 Nº 13-49 (fl. 151, cdno. 2).

• Oficio sin fecha suscrito por la secretaria privada del Fiscal General de la Nación donde remite una documentación mediante la cual se solicitó investigación por las amenaza recibidas por los señores Efraín Pardo Moreno, Tulia Sofía Vargas, Liudmila Poveda Vargas y Flor Edith Poveda Vargas (fl. 60, cdno. 2).

• Oficio del 21 de octubre de 1999 dirigido al Fiscal y al Procurador General de la Nación por la señora Tulia Sofía Vargas de Poveda, en que manifestó:

“El día 20 de octubre hacia las 9 a.m. aproximadamente me encontraba en compañía de una hija en el centro comercial del Tunal. Ella tenía que hacer una diligencia en el centro comercial, yo me quedé sola dentro del auto, cuando de repente se me acercan dos hombres y uno de ellos a través de la ventana de vidrio izquierdo me dice “Así es como la queremos”. Inmediatamente los dos hombres se dirigieron hacia la parte de atrás del carro se subieron a un taxi que los estaba esperando y tomaron rumbo desconocido.

De otra parte la última semana de septiembre se hizo llegar a mi casa documentación relativa a grupos paramilitares y una hoja con amenazas a diferentes personas reivindicada por el ejército rebelde de Colombia, sin remitente alguno, lo que considero otra amenaza velada en nuestra contra. En el mes de abril de 1999, se hizo denuncia ante su despacho, por los hechos sucedidos el día 25 y 26 de junio del presente año, de los hostigamientos y amenazas de que hemos víctimas (sic). Se hizo llegar una carta a mi casa y a la Federación de Fenacoa conteniendo un réquiem que dice: Efraín Pardo, actual gerente de Fenacoa, Flor Edith Poveda y Liudmila Poveda, que son dos de mis hijas, como amenaza de muerte por nuestro interés en que se aclare el asesinato de mi esposo Julio Alfonso Poveda Gauta, quien fuera ejecutado extrajudicialmente el 17 de febrero del presente año en esta ciudad. (...)” (fls. 163 y 164, cdno. 2).

• Auto del 26 de enero de 2000, proferido por el fiscal especializado de la UNDH de la Fiscalía General de la Nación, en que se decidió:

“(...) Teniendo en cuenta que esta fiscalía ordenó vincular a través de indagatoria a los señores Eduardo Enrique Corena Morales y Temilda Rosa Martínez de Martínez, habiéndose librado orden de captura en contra de los mismos con destino a las autoridades autorizadas constitucionalmente para tal evento, sin que las mismas se hubiesen hecho dentro de los límites de ley, se dispuso su emplazamiento en resolución de fecha nueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

Los edictos de rigor fueron fijados y desfijados, según consta en el expediente, sin que a la fecha se haya logrado la presencia de Corena Morales y Martínez de Martínez, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Decreto 2790, adoptado como legislación permanente por el artículo 3º del Decreto 2271 de 1991, se procederá a declararlos personas ausentes. (...)” (fl. 187, cdno. 2).

• Auto del 31 de agosto de 2000, proferido por el fiscal especializado de la unidad de derechos humanos del Fiscalía General de la Nación, mediante el cual se resolvió la situación jurídica provisional de los sindicados Eduardo Enrique Corena y Temilda Rosa Martínez de Martínez por la muerte del señor Julio Alfonso Poveda Gauta, en el que se consideró:

“(...) Y es precisamente que en desarrollo de esta “guerra sucia” que asota (sic) al país, como fue concebido el plan criminal, tal vez por organizaciones de extrema derecha, de exterminio contra la dirigencia, militante y simpatizantes del Partido Comunista de Colombia y Unión Patriótica, que hoy en día ha acabado con la vida de aproximadamente 3.500 de sus integrantes. (...). Se ha dicho dentro de la investigación que Julio Alfonso Poveda Gauta desarrolló su actividad política como miembro del Comité Central del Partido Comunista de Colombia, además de ser el fundador de la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC) y hasta antes de su deceso gerente de la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias (Fenacoa), cuyo objetivo era el de capacitar a dirigentes y activistas de cooperativas, al igual que a líderes de comités femeninos, asociaciones de productores y usuarios de la reforma agraria, para lo cual debía desplazarse a diferentes regiones del país a dictar simposios y conferencias, al punto de empezar a recibir amenazas por su actividad como ocurre en el año de 1988 cuando se encontraba en la ciudad de San José del Guaviare siendo informado en el hotel donde se hospedaba sobre un mensaje que habían dejado “vino a buscarlo el mecánico” y posteriormente llamadas telefónicas recibidas en su residencia ubicada en esta ciudad con la misma consigna.

Posteriormente y a efectos de corroborar el informe Nº 039.99 signado el 30 de mayo de 1999, sobre las labores investigativas desarrolladas que da cuenta sobre la visita que días antes del homicidio del señor Poveda realizaron Eduardo Enrique Corena y Temilda Martínez y las circunstancias particulares que lo rodearon (fl. 188 c.o. 1) (...).

Además de lo anterior y conforme a las labores investigativas desarrolladas plasmadas en el informe en cita, se procedió a practicar inspección judicial a la investigación adelantada por el homicidio de Víctor Julio Garzón Hernández igualmente líder sindical y secretario general de Fensuagro de esta ciudad ocurrida el 7 de marzo de 1997, obteniendo la declaración que allí se recepcionó al señor Pedro Nolasco Presiga, el hecho particular que un día o dos antes del homicidio Garzón Hernández, se presentó a las oficinas de Fensuagro el señor Eduardo Enrique Corena, señalando que venía a realizar unas vueltas en el Ministerio de Agricultura acompañado como lo describe el testigo con una persona como de la costa, de contextura gruesa, alto, moreno, infiriendo además que en el departamento de Córdoba han sido asesinados y desplazados una gran cantidad de líderes sindicales y reconocidos miembros del movimiento agrario sin que el señor Corena mencione algún tipo de circunstancia que le impida permanecer en esta región tan convulsionada por la violencia.

(...).

Así las cosas, el grupo investigativo se desplaza a la ciudad de Montería, Córdoba, con el objeto de ubicar a Eduardo Corena y Temilda Martínez y establecer sus actividades y relaciones personales, laborales y sociales, constatando que son líderes campesinos del corregimiento de Piedras, donde poseen parcelas, además es uno de los hombres de confianza de Fidel Castaño, por cuanto administraba algunas propiedades, hasta que se presentó un inconveniente con uno de los usuarios de un predio, produciendo su desvinculación de estas parcelaciones y trasladado al departamento del Cesar, donde continuaba laborando con los hermanos Castaño, así mismo la señora Temilda Martínez es su compañera permanente y se desempeña como presidenta de la Asociación de Mujeres Campesinas de Córdoba Amunic y lo acompaña a todas sus actividades, aunado tenemos el informe elaborado por el investigador judicial José María Achury sobre las labores desarrolladas para dar captura a los sindicados, indicando que son personas muy conocidas en jurisdicción del municipio de Tierra Alta, especialmente en Costa Oro y el corregimiento de Tres Esquinas y quienes se desplazaron a zonas del Magdalena Medio, donde se hacen llamar alias José Córdoba y Policarpa respectivamente.

(...)

RESUELVE

PRIMERO: Proferir medida de aseguramiento en contra de Eduardo Enrique Corena Martínez (...) y Temilda Rosa Martínez de Martínez (...) consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación, (...) como presuntos responsables en calidad de coautores por infracción del título III, capítulo I, delitos contra la vida y la integridad personal, artículo 324, tipificado jurídicamente como homicidio agravado, cometido en las circunstancias de tiempo, modo y lugar precisadas en esta resolución”.

Demanda de constitución de parte civil por el homicidio de Juan Alfonso Poveda, presentada por Tulia Sofía Vargas, mediante apoderado judicial (fls. 286 a 290, cdno. 2).

• Informe 014-99 de 26 de febrero de 1999, donde se anotó:

“Observaciones:

De acuerdo a las labores investigativas adelantadas y lo expuesto en las entrevistas por parte de la familia y sus más cercanos amigos y colaboradores, quienes manifestaron enfáticamente que los móviles de la suerte del señor Julio Alfonso Poveda se debe a su actividad, donde fue un gran defensor de los derechos humanos y de la reforma agraria, donde debido a esta actividad se desplazaba a dictar conferencias y simposios a diferentes partes del país; actividad que según sus amigos pudo ser mal interpretada por grupos de extrema derecha (grupos paramilitares) (fls. 389 a 393, cdno. 3).

2.18. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Flor Edit Poveda Vargas (fl. 36, cdno. 2).

2.19. Copia auténtica del expediente disciplinario 009-024420-9 adelantado en la Procuraduría General de la Nación por el homicidio del señor de Julio Alfonso Poveda Gauta, del que se resaltan las siguientes actuaciones:

• Informe rendido dentro de la indagación preliminar, en el que se concluyó:

“(...) Por consiguiente, es dable concluir de conformidad a las probanzas recaudadas en el presente diligenciamiento, que dentro de los posibles implicados en la responsabilidad y autoría de la acción homicida, no se detecta la existencia de sujetos que tengan la calidad de servidores públicos y por ende sean destinatarios de la potestad disciplinaria del Ministerio Público, motivo por el cual salvo criterio diferente, me permito recomendar el archivo de las presentes diligencias” (fls. 115 a 121, cdno. 3).

• Auto 01453 de 29 de junio de 19993 proferido por el director nacional de investigaciones especiales de la unidad de derechos humanos de la Procuraduría General de la Nación en que decidió archivar las diligencias en razón a que la conducta o intervención de servidor público por acción u omisión no existió (fls. 122 y 123, cdno. 3).

2.20. Testimonio rendido por el señor Álvaro Vásquez, conocido de la víctima, quien manifestó:

“(...) De acuerdo con las informaciones que se tiene fue asesinado por su actividad social y política, por haber estado tanto años con funciones sindicales en el Movimiento Popular Agrario. Igualmente en el aspecto político fue concejal de Cabrera era una persona muy activa y dinámica. (...) Sí me consta que en diversas ocasiones él recurrió a la organización política y social en demanda de ayuda para protegerse contra amenazas que recibía continuamente. Entiendo que en el último periodo tenía protección por parte del Ministerio del Interior ya que hay un programa para la protección de los directores sindicales y políticos. Era una persona realmente muy amenazada. (...) No. Directamente no me consta que haya ido precisamente al DAS. Pero sí me consta que fue incluido en las gestiones de protección de los dirigentes sociales y políticos de izquierda. Existe una comisión conjunta actualmente la cual recibe y distribuye las formas de protección de ese programa que por cierto tiene un origen en la comisión de derechos humanos de la OEA” (fls. 134 a 136, cdno. 3).

3. Análisis del caso concreto

En primer lugar, frente al material probatorio trasladado del proceso penal seguido contra los señores Eduardo Enrique Corena y Temilda Martínez de Martínez por la Fiscalía General de la Nación, con ocasión de la muerte del señor Julio Alfonso Poveda Gauta, la Sala pone de presente que dará valor probatorio a los documentos allegados, toda vez que esta prueba fue solicitada en la demanda, debidamente decretada mediante auto de 21 de mayo de 2002(1) y los mismos permanecieron a disposición de las partes durante el curso del proceso. Aunado a que el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, preceptúa que las pruebas practicadas en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica y sin más formalidades(2).

Sobre la prueba trasladada ha puntualizado esta Sala:

“En lo que se refiere a la prueba trasladada, debe reiterarse lo expuesto por la Sala en el sentido de que aquellos medios que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, es decir, que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con su audiencia, o que en su defecto no hubieren sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aducen, no podrán ser valoradas en este. También ha establecido la Sala que en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas rendidas dentro de otro proceso hubiere sido solicitado por ambas partes, dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo sin limitaciones, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna^ de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que las partes soliciten que la prueba haga parte del acervo probatorio, pero que en el evento de resultar desfavorable a sus intereses invoquen las formalidades legales para su inadmisión. Si no se cumple alguno de los mencionados requisitos, la posibilidad de apreciar tales pruebas dependerá si en el proceso al cual se trasladan se atienden las formalidades que la ley ha establecido respecto de cada una de estas, (...). La Sala al revisar los documentos que obran en el expediente, observa que pueden ser valorados en esta oportunidad, porque tales medios de prueba han permanecido a disposición de las partes durante el curso del proceso y ninguna de ellas a controvertido la autenticidad de los mismos, razones por las cuales tales pruebas serán apreciadas en el sub lite con el valor legal que les corresponde. No ocurre lo mismo con la prueba testimonial practicada en los procesos disciplinarios anteriormente mencionados, puesto que respecto de ella no se cumplieron los requisitos de traslado, la misma no fue aportada al proceso por solicitud de la demandada, razones por las cuales dicho material no podrá ser imputado en su contra en aras de proteger el derecho de defensa de la administración y de impedir la violación a su derecho de contradicción de la prueba”(3).

No ocurre lo mismo con los testimonios practicados dentro del proceso penal mencionado, toda vez que respecto a esta prueba no se cumplen los requisitos de que trata el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, al no haberse practicado con audiencia de la entidad demandada, conforme a los lineamientos establecidos por esta Subsección.

Ahora bien, en el sub judice se encuentra demostrado el daño antijurídico sufrido por la parte actora(4), esto es la muerte del señor Julio Alfonso Poveda Gauta, esposo y padre de los demandantes, en hechos ocurridos el 17 de febrero de 1999 en la carrera 27 con calle 22 de la ciudad de Bogotá, como consecuencia de las heridas que le fueron propinadas con un arma de fuego cuando se movilizaba en su vehículo junto a su esposa y su conductor, quien resultó herido en los hechos.

Conforme al acervo probatorio que obra en el proceso y los precedentes jurisprudenciales, se tiene que el mencionado daño es imputable al Estado, por las razones que pasan a exponerse a continuación.

Según se infiere del material probatorio allegado al expediente y en especial de las investigaciones penales adelantadas por la Fiscalía General de la Nación - unidad nacional de derechos humanos, por la muerte del señor Julio Alfonso Poveda Gauta se encuentran sindicadas dos personas presuntamente pertenecientes a grupos paramilitares al margen de la ley.

Al respecto, la jurisprudencia de esta Sección ha indicado que cuando la muerte es causada por individuos que no pertenecen al Estado o sin vínculo alguno con el mismo, la administración tiene la obligación de reparar el daño si existía un deber de protección especial frente a la víctima, ora por sus condiciones personales o laborales, ora porque solicitó seguridad y esta no se prestó, se prestó tardíamente o de forma deficiente.

Asimismo, se ha dicho que si el daño es previsible dadas las circunstancias políticas y sociales del momento, no es necesario que la víctima haya solicitado expresamente que se proteja su vida o integridad personal para que surja a cargo del Estado la obligación de adoptar medidas especiales tendientes a prevenir lesiones o menoscabos a los mencionados derechos.

En el caso concreto, se tiene plenamente establecido que el señor Julio Alfonso Poveda Gauta pertenecía desde muchos años antes de su deceso al Partido Comunista Colombiano —siendo incluso parte de su comité contra— y a la Unión Patriótica, además de haberse desempeñado como líder sindical y social.

Esta corporación en diversos pronunciamientos ha señalado que las personas pertenecientes al partido político Unión Patriótica requerían de una protección especial por parte del Estado, puesto que desde la década de los noventa es de público conocimiento la persecución en su contra, que ha llevado a la muerte y desaparición de varios de sus líderes y miembros.

En efecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha declarado patrimonialmente responsable al Estado por la muerte de militantes de los partidos Unión Patriótica y Comunista, bajo las siguientes premisas:

En el caso seguido por la muerte del congresista Manuel Cepeda Vargas puntualizó que los miembros del Partido Comunista y de la Unión Patriótica corrían un grave riesgo toda vez que varios de ellos habían sido asesinados por razón de su militancia política. Resaltó la Sala:

“En consecuencia, considera la Sala que conforme a las pruebas que obran en el expediente y a la jurisprudencia adoptada por la Sala, la muerte del senador Manuel Cepeda Vargas es imputable al Estado, a título de falla del servicio por omisión, porque este requirió en forma pública, en reuniones con funcionarios del Estado y a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, protección para su vida y la de los demás miembros del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, por el, grave riesgo que corrían, hecho que, además, era públicamente notorio, porque muchos de los miembros de esas agrupaciones de izquierda habían sido asesinados por razón de su militancia política.

Sin embargo, las autoridades de la República no adoptaron ninguna medida tendiente a proteger la vida del senador Cepeda Vargas, cuya calidad de dirigente de esa organización política de izquierda, lo hacía objeto de esa violenta persecución, incumpliendo así su máximo deber constitucional”(5).

En el proceso por la muerte del excandidato presidencial Jaime Pardo Leal, la Sala se refirió a la obligación que tenía la Policía Nacional y los demás organismos de seguridad, sin necesidad de requerimiento previo, de brindar protección al líder de un partido político perseguido y diezmado violentamente(6).

Al proferir el fallo condenatorio por la muerte del dirigente del Partido Comunista Colombiano José Miller Chacón, ocurrido en 1993, la Sala sostuvo:

“No obstante que la muerte del señor Chacón fue obra de un tercero, pues como se anotó, no obra prueba de que en dicho crimen hubieran participado miembros de la fuerza pública, la responsabilidad de aquella recae directamente en el Estado colombiano, comoquiera que a pesar de tener conocimiento de que los militantes del Partido Comunista se encontraban amenazados de muerte, entre ellos la víctima, luego de las denuncias formuladas por los dirigentes de ese partido político, este omitió negligentemente adelantar las respectivas investigaciones del caso; si bien el Ministerio de la Defensa aseguró haberlas ordenado, no hay prueba que así lo indique. Tampoco está acreditado que se hubieran tomado medidas para proteger la vida de las personas amenazadas de muerte, pese a que el Estado tenía conocimiento de ello no solo por las denuncias formuladas sino porque era de público conocimiento el asesinato indiscriminado de los miembros de ese partido político”(7).

De lo anterior, se desprende la obligación a cargo del Estado colombiano de brindar protección a los miembros de las mencionadas colectividades puesto que se tenía conocimiento de las amenazas contra su vida.

Es más, esta Sección ha reconocido como un hecho notorio que los militantes de la Unión Patriótica fueron objeto de delitos tales como persecución, desaparición y homicidio.

Así lo puso de presente al analizar la responsabilidad del Estado por la desaparición, en el año de 1993, de un exconcejal y alcalde del municipio de Mesetas, Meta, perteneciente a esta colectividad:

“Para el año 1993, los miembros de la Unión Patriótica eran sujetos de múltiples delitos como persecución, desaparición y homicidio, lo cual constituye un hecho notorio y lo ha reconocido la Sala de manera reiterada, al declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por la muerte violenta de varios miembros del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, en los cuales, igualmente, el factor de atribución fue la omisión del Estado de brindarles protección”(8).

Igual argumento sirvió de fundamento en una reciente decisión, en donde se manifestó:

“20. La parte actora en este caso no logró acreditar que la víctima hubiera solicitado protección a las autoridades. No obstante, ello por sí solo no desvirtúa la falla del servicio imputada a la administración pues, se insiste, basta con demostrar que esta tenía conocimiento de la situación de riesgo que enfrentaba la persona y que, aun así, omitió adoptar medidas especiales para protegerla.

21. Las pruebas que obran dentro del expediente demuestran que José Rodrigo García Orozco, quien al momento de su muerte ocupaba el cargo de diputado de la asamblea departamental del Meta, pertenecía al partido político Unión Patriótica. Esta sola circunstancia es suficiente, a juicio de la Sala, para concluir que el señor García Orozco enfrentaba una situación especial de riesgo y que, por tal motivo, requería que se adoptaran medidas especiales para proteger su vida y su integridad personal.

22. La persecución y asesinato de los miembros de la UP es un hecho suficientemente conocido y documentado. En el ámbito interno existen diversas fuentes escritas(9) que confirman que los atentados, intimidaciones y seguimientos contra sus militantes no constituyen hechos aislados sino ,que hicieron parte de un plan sistemático de exterminio, cuya existencia fue denunciada por los líderes de la UP ante distintas autoridades nacionales. De hecho existe una condena contra el Estado colombiano, proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos(10), por el incumplimiento de la obligación de proteger y garantizar la vida de uno de los dirigentes de este partido político —el senador Manuel Cepeda Vargas— en un contexto conocido de ataques repetidos y sistemáticos contra sus integrantes.

23. Por su parte, el Consejo de Estado también ha reconocido, a través de distintas y reiteradas decisiones, que la persecución emprendida contra los miembros de la Unión Patriótica en el país a finales de la década de 1980 y principios de los años 90 es un hecho notorio(11) y, de esta forma, ha declarado la responsabilidad patrimonial de la administración por la muerte violenta de varios miembros de esta organización política, sobre la base de que existe, en todos estos casos, un incumplimiento del deber especial de protección a cargo del Estado”(12) (subrayado fuera del texto).

Así las cosas, en el sub judice se tiene por establecido la situación de riesgo del señor Julio Alfonso Poveda como miembro tanto de la Unión Patriótica como del Partido Comunista, organizaciones políticas que, como se reseñó, desde la década de los ochenta venía siendo objeto de persecución y amenazas contra sus integrantes.

Asimismo, se pudo establecer que la víctima había recibido amenazas en diferentes momentos de su vida y aunque no se demostró plenamente que hubiese puesto en conocimiento de las autoridades dicha situación, ello no obsta para que existiera un deber de protección a cargo del Estado dada, se reitera, su condición de miembro —en ocasiones dirigente— de partidos políticos de izquierda y líder social y sindical.

En conclusión, no obstante que en el proceso se demostró que la muerte de señor Poveda Gauta fue causada por un tercero, sin que hubieran participado servidores públicos o miembros de las Fuerzas Militares, la Sala considera que el hecho es imputable al Ministerio de Defensa, Policía Nacional y al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, por no haberle brindado la protección que requería en tanto se trataba de un militante de la Unión Patriótica y del Partido Comunista cuyos miembros, se insiste, eran para ese momento y desde varios lustros atrás, víctimas de violentas persecuciones y atentados contra su vida e integridad personal, lo que obligaba al Estado a otorgarles seguridad y protección, la cual, en el caso concreto, se comprobó no fue proveída.

La Sala pone de presente que imputará responsabilidad al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, toda vez que conforme al Decreto 2110 de 1992, vigente para el momento de los hechos de la demanda, este ente era un organismo de seguridad del Estado con carácter oficial, técnico, profesional y apolítico que tenía como objetivos principales suministrar a las dependencias oficiales que lo requirieran las informaciones relacionadas con la seguridad interior y exterior del Estado y la integridad del régimen constitucional, así como colaborar en la protección de las personas residentes en Colombia, y prestar a las autoridades los auxilios operativos y técnicos que soliciten con arreglo a la ley.

Conforme al artículo 6º de esta normativa, sus funciones generales consistían en:

“1. Actuar como cuerpo civil de inteligencia y producir la información interna y externa que requiere el Estado para prevenir y reprimir los actos que perturben la seguridad o amenacen la integridad del régimen constitucional;

2. Proponer al Presidente de la República, al Consejo Nacional de Seguridad, a los ministros, gobernadores y alcaldes, las medidas que permitan conservar el orden público en el territorio nacional y restablecerlo donde estuviere perturbado, y coordinar con las demás autoridades la ejecución de las medidas que sobre el particular sean acordadas;

3. Proteger al Presidente de la República y a su familia en la forma que él determine, a los expresidentes, y prestar servicios de seguridad personal a quienes por razón del cargo, posición, funciones o motivos especiales, puedan ser objeto de atentados contra su persona o bienes, cuando de ellos pudieren derivarse perturbaciones del orden público;

4. Actuar como cuerpo de policía judicial en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, preferencialmente en los delitos contra la existencia y seguridad del Estado, régimen constitucional, la administración pública, la administración de justicia y la seguridad pública y prestar a los magistrados, jueces y fiscales, los auxilios de inteligencia, operativos, científicos y técnicos que soliciten en la forma prevista por las leyes;

5. Cooperar con las autoridades de la República para facilitar el cumplimiento de las normas legales, en guarda de los intereses nacionales y de los derechos de las personas;

6. Auxiliar a las autoridades judiciales y administrativas en las diversas ramas de la criminalística, llevar los registros delictivos y de identificación y expedir los certificados judiciales y de policía;

7. Colaborar con los ministerios de Relaciones Exteriores y Trabajo y Seguridad Social en la adopción de políticas sobre migración y control de las fronteras nacionales;

8. Llevar el registro de extranjeros en todo el territorio nacional; controlar su ingreso, permanencia y salida del país; proveer a su documentación y vigilar en puertos y aeropuertos internacionales el cumplimiento de las disposiciones sobre emigración e inmigración de nacionales y extranjeros;

9. Actuar como oficina central nacional (OCN) de la Organización Internacional de Policía Criminal (OIPCINTERPOL) y como coordinadora de entidades similares, en el intercambio de información, asistencia recíproca y desarrollo de instituciones que puedan contribuir a la prevención y represión de las infracciones penales de derecho común;

10. Formar profesionalmente y capacitar en su academia, al personal de inteligencia, operativo, técnico, y administrativo que los servicios de investigación demanden, fomentando el intercambio científico y docente;

11. Las que le fueren asignadas en virtud de otras disposiciones legales”.

En consecuencia, el DAS tenía la obligación de prestar seguridad a la víctima porque era un hecho notorio las amenazas y persecuciones sufridas por los miembros de la Unión Patriótica que generaba entonces, conforme al trascrito numeral 3º del artículo 6º del Decreto 2110 de 1992, el deber de proteger a quienes por determinadas razones —pertenecen a un grupo político amenazado—, pudieran ser objeto de atentados contra su vida e integridad.

Ahora bien, en el recurso de apelación, la parte actora puso de presente que ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cursa una petición colectiva por violaciones de los derechos humanos cometidas contra miembros de la Unión Patriótica, que ya cuenta con informe de admisibilidad caso 11.227 de 1997, y el caso particular del señor Poveda fue admitido mediante ficha técnica 1702999(13), en consecuencia, se ordenará remitir una copia de esta sentencia con destino al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, para lo pertinente.

Así las cosas, la Sala revocará la decisión de primera instancia mediante la cual se denegaron las súplicas de la demanda interpuesta por la señora Tulia Sofía Vargas Poveda y otros, para en su lugar acceder a las pretensiones deprecadas.

4. Indemnización de perjuicios.

Respecto de la indemnización de perjuicios, se tiene que de la unión de Julio Alfonso Poveda Gauta y su esposa Tulia Sofía Vargas de Poveda, nacieron sus hijos Ramiro Alfonso, Flor Edith, Liudmila, Yuba Nirsa y Joan Lenin Poveda Vargas, conforme a los registros civiles obrantes en el expediente.

Establecido el parentesco y afinidad entre los demandantes y la víctima, la Sala da por probado el perjuicio moral sufrido por la parte actora con ocasión de la muerte de su esposo y padre, por cuanto las reglas de la experiencia hacen presumir que el deceso de un pariente cercano causa un profundo dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en tanto las relaciones de cercanía, amor y afecto que las personas tienen con su entorno familiar.

En cuanto a la tasación del perjuicio aludido, la Sala dará aplicación al reiterado precedente jurisprudencial aplicado mayoritariamente por la Sección Tercera en cuanto al empleo del arbitrio judice para su determinación y de conformidad a lo establecido en la sentencia del seis de septiembre de 2001, mediante la cual se abandonó el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral y argumentó que la valoración de dicho perjuicio debía ser hecha por el juzgador en cada caso según su prudente juicio sugiriendo la imposición de condenas por una suma de dinero equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado, como en los eventos de muerte de familiares cercanos(14).

De acuerdo con lo anterior, se condenará a la demandada a pagar a la esposa e hijos de Julio Alfonso Poveda Gauta, el equivalente en pesos a 100 salarios mínimos legales mensuales, para cada una de ellas y no lo hará en gramos oro como se solicitó en la demanda, conforme a lo establecido por la sentencia antes citada, que al respecto estableció:

“Establecido, por lo demás, el carácter inadecuado del recurso al precio del oro, la Sala fijará el quantum de las respectivas condenas, en moneda legal colombiana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo. Considerando que el salario mínimo mensual en Colombia se fija atendiendo fundamentalmente la variación del índice de precios al consumidor, se considera que el valor del perjuicio moral, en los casos en que este cobre su mayor intensidad, puede fijarse en la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales (…)”(15).

En cuanto a los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante solicitados por la parte actora, debe precisarse que los factores a tener en cuenta para su determinación son la vida probable del occiso, 10,10 años(16), teniendo en cuenta que al momento de su muerte tenía más de 74 años y su ingreso mensual que al momento de su muerte correspondía a $ 900.000(17) valor que actualizado corresponde a $ 1’692.000, al que se sumará un 25% correspondiente a prestaciones sociales y se restará un 25% correspondiente a los gastos de subsistencia, cuyo resultado final asciende a la suma de $ 1’586.250.

El monto que resulte será distribuido entre su esposa y su hijo Joan Lenin quien era menor de 25 años al momento de la muerte de su padre correspondiendo a cada uno la suma de $ 793.125.

Al señor Joan Lenin Poveda se le otorgará el lucro cesante contado desde muerte de su padre, 17 de febrero de 1999, hasta el momento en que cumplió 25 años de edad (19 de enero de 2001(18)), esto es 23,2 meses.

Donde

 

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S = $ 19’429.609

Lucro cesante consolidado a favor de Joan Lenin Poveda Vargas, la suma de $ 19’429.609.

A la señora Tulia Sofía Vargas de Poveda, se le otorgará el lucro cesante consolidado, contado desde la fecha de la muerte de su esposo, 17 de febrero de 1999, hasta el momento de su vida probable, 24 de marzo de 2009, esto es 121.6 meses.

Donde

 

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S = $ 131’132.892

Lucro cesante consolidado a favor de Tulia Sofía Vargas de Poveda, la suma de $ 131’132.892.

Ahora bien, respecto del daño emergente solicitado, la Sala pone de presente que solo obra prueba de lo pagado por la señora Tulia Sofía Vargas de Poveda por concepto de gastos funerarios de su esposo, no obstante igualmente consta en el expediente un comprobante de egresos de Fenacoa donde se hizo constar un pago hecho a la misma señora por los costos del entierro del señor Julio Alfonso.

Así las cosas no hay lugar al reconocimiento de dicho perjuicio toda vez que los gastos funerarios del señor Poveda Gauta no fueron asumidos por los demandantes.

5. Medidas de justicia restaurativa.

En el caso concreto, la Sala advierte que la muerte del señor Julio Alfonso Poveda Gauta, en razón a su militancia política, constituye una grave violación a los derechos humanos, razón por la cual se hace necesaria la adopción de medidas de justicia restaurativa, no solo para restablecer la dimensión objetiva del derecho vulnerado sino para garantizar la memoria histórica y el derecho a la verdad.

Sobre la adopción de este tipo de medidas, la Sala ha considerado:

“En el caso concreto la Sala advierte que el acceso carnal y posterior muerte de la menor Sandra Catalina Vásquez Guzmán, ocurrida el 28 de febrero de 1993 al interior de las instalaciones de la Estación Tercera de la Policía de Santafé de Bogotá, se erige en una evidente y grave vulneración, de gran significado negativo en la esfera de los derechos fundamentales del niño, razón por la cual en el presente caso es imperativo la adopción de medidas de justicia restaurativa que restablezcan el núcleo de las garantías esenciales a favor de aquellas personas que padecieron el daño antijurídico, así como la dimensión objetiva del derecho fundamental a la vida de los niños, niñas y adolescentes en Colombia.

Sobre el particular, la Sala reitera su jurisprudencia contenida en una reciente providencia en la que se puntualizó(19):

“En consecuencia, cuando el juez de lo contencioso administrativo aprecia la vulneración grave de la dimensión objetiva de un derecho, puede adoptar medidas de justicia restaurativa a efectos de que sea restablecido el núcleo del derecho o interés constitucionalmente protegido, al margen de que el trámite procesal sea el del grado jurisdiccional de consulta o la resolución de un recurso de apelación único. Lo anterior, toda vez que el principio de la no reformatio in pejus, como expresión de la garantía del derecho al debido proceso solo tiene restricción en la órbita indemnizatoria del principio de reparación integral. En efecto, la jurisprudencia de la corporación ha precisado que si existe una colisión entre el principio de reparación integral con los principios de congruencia procesal y de jurisdicción rogada, estos últimos deben ceder frente al primero en cuanto concierne a las medidas de satisfacción, rehabilitación, y garantías de no repetición, toda vez que el parámetro indemnizatorio, esto es, el reconocimiento de los perjuicios materiales e inmateriales sí está amparado por los citados principios del proceso que tienden a garantizar el derecho de defensa del demandado.

“Definido el anterior panorama, la Sala reitera la jurisprudencia que sobre el particular ha delineado para precisar que, en aquellos eventos en los que sea evidente la alteración grave de un derecho de la persona, es posible que se adopten medidas distintas a la indemnización de perjuicios, todas ellas encaminadas a operar como factores de justicia restaurativa, esto es, como instrumentos que propenden por el restablecimiento objetivo del derecho conculcado.

“Al respecto, en reciente pronunciamiento de la Sección se precisó(20):

“i) En todo proceso en el que se juzgue la responsabilidad patrimonial del Estado, será posible deprecar medidas de reparación integral, con miras a que se restablezca el statu quo preexistente a la producción del daño.

“En consecuencia, siempre será posible que en las demandas de reparación directa los demandantes formulen pretensiones dirigidas o encaminadas a la reparación in integrum del perjuicio, incluso reparaciones in natura. No obstante, en estos supuestos, el juez estará siempre vinculado por el principio de congruencia procesal y de la no reformatio in pejus.

“ii) Cuando se trate de graves violaciones a derechos humanos, el juez cuenta con la facultad de decretar todo tipo de medidas de justicia restaurativa (correctiva), encaminadas a la satisfacción y el restablecimiento del derecho o derechos lesionados. Así las cosas, en estos eventos, el juez de lo contencioso administrativo no puede estar limitado, en modo alguno, por los principios procesales antes mencionados, puesto que constituye un imperativo categórico que prevalece sobre las citadas garantías, el hecho de garantizar una reparación integral del perjuicio.

“Este importante avance de la jurisprudencia nacional, ha sido reconocido expresamente en un reciente pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al puntualizar:

“(...) El tribunal reconoce tales esfuerzos efectuados por Colombia en cuanto a su deber de reparar y los valora positivamente. Asimismo, el tribunal valora lo señalado por el perito Alier Hernández en la audiencia pública, en el sentido de que el Consejo de Estado ha señalado desde el 2007 que “el resarcimiento económico no es suficiente, [lo cual] abre la posibilidad para las víctimas en sus demandas [en procesos contencioso administrativos] formulen unas peticiones de reparación distintas del simple resarcimiento económico. La Corte considera que de darse dicho desarrollo jurisprudencial en la jurisdicción de lo contencioso administrativo colombiana, podría llegar a complementar las otras formas de reparación disponibles en distintas vías jurisdiccionales o de otra índole a nivel interno con el propósito de obtener, en su conjunto, la reparación integral de violaciones de derechos humanos. Al respecto, el tribunal reitera que una reparación integral y adecuada, en el marco de la convención, exige medidas de rehabilitación, satisfacción, y garantías de no repetición...

“203. Asimismo, la Corte Observa, tal y como lo ha hecho en otros casos contra el Estado colombiano, que si bien la reparación integral de una violación a un derecho protegido por la convención no puede ser reducida al pago de una compensación, las indemnizaciones dispuestas en los procesos contencioso administrativos pueden ser consideradas al momento de fijar las reparaciones pertinente, “a condición de que lo resuelto en esos proceso haya hecho tránsito a cosa juzgada y que sea razonable en las circunstancias del caso(21)(22)”.

De los hechos que dieron lugar a la presente demanda se concluye que en el presente caso se configuró una vulneración grave de la dimensión objetiva del derecho a la vida de la niña Sandra Catalina Vásquez Guzmán comoquiera que las actuaciones surtidas por el agente Diego Fernando Valencia Blandón al interior de una estación de policía, son hechos reprochables y violatorios desde toda óptica de los derechos humanos en especial los de la niñez.

Por lo tanto, con fundamento en el principio de reparación integral (L. 446/98, art. 16), la Sala decretará medidas de satisfacción así como garantías de no repetición con la finalidad de restablecer el núcleo esencial de los derechos fundamentales lesionados y con el propósito de que una situación como la descrita en la sentencia no se vuelva a repetir, para lo cual ordenará que la Policía Nacional a través de medios de comunicación masivo ofrezca disculpas públicamente a los familiares de la menor Sandra Catalina Vásquez Guzmán, por los hechos ocurridos el 28 de febrero de 1993 al interior de las instalaciones de la Estación Tercera de la Policía en la cual falleció la menor en manos de un oficial de dicha institución; así mismo deberá publicar la parte resolutiva de esta providencia en todas las estaciones de la Policía Nacional del país y darse difusión en un medio de circulación informativa del mismo”(23).

Respecto a las medidas que se ordenan para garantizar el goce efectivo de derecho a la verdad, estas han de procurar el conocimiento de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, y de los responsables de la comisión de los mismos, conocimiento que si bien puede lograrse por vía judicial, a través de la interposición de recursos eficaces que promuevan la investigación, enjuiciamiento y sanción correspondientes (lo que al mismo tiempo permite la lucha contra la impunidad y garantiza el goce efectivo del derecho a la justicia), no basta con la solicitud de un informe meramente judicial, pues se deja por fuera la verdad histórica (memoria histórica) de los hechos que rodearon la violación grave de los derechos humanos.

A nivel interno, han sido creadas herramientas para la consecución de este objetivo, tales como la promoción de acuerdos de contribución a la verdad histórica y la reparación a los que se refiere el artículo 2º de la Ley 1424 de 2010 siempre que se cumplan los requisitos para el efecto, o invitar al Centro de Memoria Histórica(24), creado por la Ley 1448 de 2011, a promover estudios tendientes al esclarecimiento de la verdad real de los hechos donde se vulneraron derechos humanos.

En virtud de lo anterior, y con fundamento en el principio de reparación integral —artículo 16 de la Ley 446 de 1998— la Sala ordenará remitir copia de esta sentencia al Centro de Memoria Histórica para que sea parte del material documental en los estudios sobre la persecución sufrida por los miembros de los partidos políticos Unión Patriótica y Comunista.

6. Condena en costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma no se efectuará condena en costas alguna.

7. Reconocimiento de personería.

A folios 214 y 215 del cuaderno principal, obra sustitución de poder otorgado por el apoderado de la Previsora S.A. Compañía de Seguros al doctor Ángel Alberto Torres Devia, a quien se le reconocerá personería en los términos del poder sustituido.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 15 de octubre de 2003, proferida por la Sección Tercera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en su lugar se dispone:

1. Declárase patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y al Departamento Administrativo de Seguridad en proceso de supresión, por la muerte del señor Julio Alfonso Poveda Gauta, ocurrida el 17 de febrero de 1999.

2. Como consecuencia de lo anterior, la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad en proceso de supresión deberá reconocer y pagar las siguientes sumas de dinero.

a) Por perjuicios morales a Tulia Sofía Vargas de Poveda, Ramiro Alfonso Poveda Vargas, Flor Edith Poveda Vargas, Liudmila Poveda Vargas, Yuba Nirsa Poveda Vargas y Joan Lenin Poveda Vargas, el equivalente a cien salarios mínimos mensuales vigentes para cada uno.

b) Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de Tulia Sofía Vargas de Poveda, la suma de $ 131’132.892.

c) Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de Joan Lenin Poveda Vargas, la suma de $ 19’429.609.

3. Remítase copia de esta sentencia al Centro de Memoria Histórica para que sea parte del material documental en los estudios sobre la persecución sufrida por los miembros de los partidos políticos Unión Patriótica y Comunista.

4. Remítase copia de esta sentencia con destino al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

5. Niéguense las demás súplicas de la demanda.

6. Sin condena en costas.

7. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

8. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Folio 103, cuaderno 1.

(2) “ART. 185.—Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella” (resaltado fuera del texto).

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 25 de mayo, de 2011, Expediente 18747.

(4) Conforme a copia auténtica del registro civil de defunción obrante a folio 12 del cuaderno 2.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de noviembre de 2008, Radicado 20511.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de octubre de 1997, Radicado 10957.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, Radicado 15985.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1º de abril de 2009, Radicado 16.836.

(9) Véase, por ejemplo, el informe del Defensor del Pueblo para el gobierno, el Congreso y el Procurador General de la Nación titulado “Estudio de casos de homicidio de miembros de la Unión Patriótica y Esperanza, Paz y Libertad”, octubre de 2002; Iván David Ortiz E. El genocidio político contra la Unión Patriótica, Universidad Nacional de Colombia, 2009; la resistencia al olvido. La prolongación de la existencia a pesar del genocidio político contra la Unión Patriótica, Universidad Nacional de Colombia, Unijus, 2006; Martín Emilio Rodríguez, Podrán matar la flor pero no la primavera: el genocidio de la Unión Patriótica, Bogotá, 2005, entre otros.

(10) Corte IDH, sentencia de 26 de mayo de 2010.

(11) Véanse, entre otras, las siguientes sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: 1º de abril de 2009, Expediente 16.836, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, 20 de noviembre de 2008, Expediente 20.511, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, 3 de octubre de 2007, Expediente 15.985, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 8 de febrero de 2012, Radicado 22373.

(13) Folio 168 del cuaderno principal.

(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, radicados 13232 y 15.646.

(15) Ibídem.

(16) De conformidad con la Resolución 1112 de 2007, proferida por la Superintendencia Financiera, Por la cual se adoptan las tablas colombianas de mortalidad de los asegurados por sexos. Experiencia 1998-2003.

(17) Folio 16 del cuaderno 2.

(18) Toda vez que nació el 19 de enero de 1976.

(19) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de agosto de 2009, Expediente 18364, M.P. Enrique Gil Botero.

(20) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2009, Expediente 17994, M.P. Enrique Gil Botero.

(21) CIDH, caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 21, párr. 214. En igual sentido, Caso de la Masacre de La Rochela, supra nota 21, párr. 219 a 222.

(22) CIDH, caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, sentencia del 27 de noviembre de 2008, párr. 202 y 203.

(23) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 15 de febrero de 2012, Radicado 20.880, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

(24) “Establecimiento público del orden nacional, adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, que tendrá como objeto reunir y recuperar todo el material documental, testimonios orales y por cualquier otro medio relativos a las violaciones de que trata el artículo 147 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. La información recogida será puesta a disposición de los interesados, de los investigadores y de los ciudadanos en general, mediante actividades museísticas, pedagógicas y cuantas sean necesarias para proporcionar y enriquecer el conocimiento de la historia política y social de Colombia”, en virtud de lo dispuesto por el Ley 1448 de 2011.