SENTENCIA 2001-00348/27378 DE MARZO 30 DE 2017

 

Sentencia 2001-00348/27378 de marzo 30 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Proceso: 17001233100020010034801 (27378)

Actor: Sociedad Promotora Remansos de la Sultana Ltda., Presuco Ltda.

Demandado: Caja de Vivienda Popular de Manizales

Acción: Contractual

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Bogotá D.C., treinta de marzo de dos mil diecisiete.

«EXTRACTOS: II. Consideraciones

1. Presupuestos procesales.

1.1. La jurisdicción, competencia y acción procedente.

1.1.1. En tanto uno de los extremos está conformado por una entidad descentralizada del orden municipal(8), es esta la jurisdicción a la cual le corresponde asumir el presente asunto.

1.1.2. Ahora, la Corporación es competente para conocer del mismo, toda vez que el numeral 1º del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo le asignaba el conocimiento en segunda instancia, entre otros asuntos, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por parte de los Tribunales Administrativos(9).

1.1.3. La parte demandante pretende en el asunto sub examine la nulidad del acto de liquidación unilateral del contrato de obra 9706-042, además del oficio G-404 del 19 de abril de 1999, por el cual la entidad demandada dio respuesta negativa a petición formulada en ejecución del contrato y como consecuencia se declare el incumplimiento por parte de la caja y el rompimiento de la ecuación contractual, con el correspondiente reconocimiento de los perjuicios pecuniarios pretendidos.

Acorde con las pretensiones formuladas por la parte demandante la acción de controversias contractuales resulta procedente, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo.

1.2. La legitimación en la causa.

Las partes se encuentran legitimadas, toda vez que son extremos de la relación contractual en estudio. Debe precisarse que la sociedad demandante comparece al proceso en calidad de cesionaria del consorcio contratista, del contrato 9706-042, autorizada por la Caja de Vivienda Popular de Manizales en Resolución 446 del 30 de julio de 1999 (fl. 305, cdno. 1 A).

1.3. La caducidad.

El literal d) del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo establece la regla de caducidad pertinente en el presente asunto, según la cual, en aquellos contratos que requieran liquidación y esta se efectúe unilateralmente por la administración, el término de caducidad será el de dos años contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe.

En el presente asunto, se tiene que la ejecutoria de la Resolución 159 del 2 de abril de 2001, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 522 del 20 de noviembre de 2000, que liquidó unilateralmente el contrato de obra 9706-042, se produjo el 4 de abril de 2001 (fl. 472, cdno. 1 A, acta de notificación). Por su parte, la demanda se presentó el 19 de abril de 2001 (fl. 882, cdno. ppal.). En esos términos, fuerza concluir que la acción fue presentada oportunamente(10).

2. El problema jurídico.

El problema jurídico en el presente asunto se concreta en determinar si adolece de nulidad el acto de liquidación unilateral del contrato de obra 9706-042, contrato celebrado entre la Caja de Vivienda Popular de Manizales y el consorcio Jorge Enrique Valencia Ochoa - Conyvi S.A., cedido con posterioridad a la sociedad Presuco Ltda., y si es nulo el oficio G-404 del 19 de abril de 1999, proferido por el gerente de la Caja de la Vivienda Popular de Manizales, en relación con los cargos formulados en la demanda por la parte accionante.

Igualmente el análisis de legalidad cobijará los cargos sometidos a consideración del a quo frente a los cuales no se obtuvo pronunciamiento de su parte conforme lo exige el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil(11), y aquellos cargos que surgen de los supuestos fácticos de la demanda en relación con el presunto incumplimiento de la entidad demandada de sus obligaciones, las situaciones que afectaron el equilibrio económico del contrato y las deducciones y reconocimientos pecuniarios efectuados, que pretenden desvirtuar las consideraciones expuestas por la entidad demandada en la resolución de liquidación unilateral.

A su vez, corresponde a la Sala abordar los fundamentos de apelación de las partes que se oponen a las consideraciones expuestas por el a quo frente al: i) reconocimiento de sobrecostos causados por concepto de mayor permanencia en obra, ii) incumplimiento contractual de la caja, iii) circunstancias que presuntamente afectaron el equilibrio económico del contrato, iv) y, además, si resulta procedente el reconocimiento de los perjuicios solicitados por la parte demandante no contenidos en el acto de liquidación unilateral.

3. De los hechos probados.

3.1. El 11 de junio de 1997, la Caja de Vivienda Popular de Manizales y el Consorcio Jorge Enrique Valencia Ochoa - Conyvi S.A., suscribieron contrato de obra pública por el sistema cofinanciado 9706-042, para la “construcción de 750 viviendas unifamiliares incluyendo algunas obras de urbanismo discriminadas así: 600 de 21.50 m2 y 150 de 35 m2 en el rango de vivienda de interés social, en la Urbanización Bosques del Norte, ubicada en la ciudad de Manizales por el sistema cofinanciado” (objeto). En relación con las obligaciones de las partes, el valor del contrato, la forma de pago y su plazo las partes convinieron lo siguiente:

2. Obligaciones del contratante: Para el cumplimiento del objeto del presente contrato, la entidad contratante deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 1. Transferir el derecho de dominio y la posesión efectiva sobre parte del inmueble situado en la ciudad de Manizales, Urbanización Bosques del Norte, con ficha catastral 0-01-0017-0033-000 y folio de matrícula inmobiliaria 100-128165; y parte del inmueble identificado con la matricula inmobiliaria 100-0034384, del predio en mayor extensión, de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Manizales. PAR. 1º—La enajenación se entiende como cuerpo cierto. PAR. 2º—El inmueble que enajena la contratante lo adquirió por compra hecha a los señores Jorge Hernán Salazar Zuluaga y otros según escritura pública 928 del 24 de julio de 1995 protocolizada en la Notaría Única del Circulo de Villamaría debidamente registrada en la Oficina de Registros Públicos de Manizales con el número 100-0128165; y por escritura 2.945 del 1º de diciembre de 1994 de la Notaría Única de Villamaría, registrada en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Manizales, bajo el folio 100-0034384. 2. Abrir una cuenta en la entidad financiadora del crédito para la construcción de éstas soluciones de vivienda, en las cuales se consignarán las cuotas iniciales. 3. Entregar o autorizar al contratista a más tardar dentro de los tres (3) días calendario siguientes, según sea el caso, el 60% de cada cuota inicial. 4. Permitir utilizar los diseños de las obras de urbanismo, arquitectónicos y urbanísticos, estudios de suelos y de impacto ambiental y las licencias de urbanización y/o construcción para el desarrollo de este proyecto. 5. Autorizar la constitución de las servidumbres necesarias y que recaigan sobre inmuebles de su propiedad, o sobre las áreas de cesión de la Urbanización Bosques del Norte. 6. Hacer entrega, mediante escritura pública, de las zonas de cesión al Municipio de Manizales. TERCERA: Obligaciones del contratista: 1. 1. (sic) Utilizar el inmueble transferido por la contratante para desarrollar la construcción de vivienda de interés social, de acuerdo con el objeto señalado en la cláusula primera. 2. Utilizar los estudios, para la cimentación, del ingeniero que ejecutó el estudio de suelos. 3. Enajenar los inmuebles construidos en desarrollo de este contrato, a los adjudicatarios escogidos bien por parte del contratista, o por la contratante a través del departamento de trabajo social o la dependencia señalada para éste efecto. 4. Celebrar promesa de compraventa, con cada uno de los adjudicatarios de las soluciones de vivienda, dentro de los cinco días hábiles siguientes al recibo de las cuotas iniciales. 5. Vender los inmuebles a los precios máximos establecidos para cada tipo de solución de vivienda unifamiliar, por la contratante así: Para aquellos adjudicatarios que consignen la totalidad de la cuota inicial antes del 15 de noviembre de 1997, las viviendas de 21.50 m2, tendrán un valor igual a 37.4994 salarios mínimos legales mensuales vigentes es decir, la suma de $ 6.450.092 (seis millones cuatrocientos cincuenta mil noventa y dos pesos) y para las viviendas de 35.00 m2, un valor igual a 47.0917 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o sea la suma de $ 8.100.000 (ocho millones cien mil pesos). Los adjudicatarios que consignen el valor de la cuota inicial en el año de 1998, los valores equivaldrán a los salarios mínimos legales mensuales, enunciados anteriormente al valor en que se encuentren en dicho año. 6. Sujetarse a los planos, diseños y especificaciones técnicas, presentadas en su propuesta, como a continuación se expresa (…).

(…) 7. Utilizar los dineros entregados por la contratante, sólo para los gastos que se ocasionen en el desarrollo del objeto de este contrato. 8. Deberá cancelar el valor de los gastos de escritura, registro y anotación y boleta de venta por el traspaso del inmueble descrito en el numeral 1º de la cláusula segunda. 9. Los gastos de notaría y boleta de venta final de la solución de vivienda correrán el 50% a cargo del constructor y el 50% restante a cargo del adjudicatario, los gastos de registro correrán todos a cargo del adjudicatario. 10. Entregar con los contadores y matrículas y por lo tanto con los servicios de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica, conforme se estipuló en el pliego de condiciones, todas las soluciones de vivienda. 11. Firmar el número de pagarés que requiera la entidad contratante, no solo por parte del contratista, sino además solidariamente por cada uno de los socios, por el valor del lote y la interventoría, en el evento que con lo descontado de las cuotas iniciales (40%) no se cubran dichos valores. 12. Obtener el crédito para la construcción del objeto del contrato, dentro de los rangos de vivienda de interés social. 13. Responder por todos los defectos de construcción, exonerando a la contratante de todo tipo de responsabilidad, por cuanto la ejecución de la construcción corre única y exclusivamente por cuenta y riesgo del contratista. 14. Atender los reclamos de los adjudicatarios. 15. Atender las observaciones hechas por: La interventoría contratada por la entidad, por la Secretaría de Planeación Municipal, Curaduría Urbana o por cualquiera de las entidades que tengan que ver con el manejo del suelo, medio ambiente, especificaciones técnicas, redes de servicios públicos y obras de urbanismo. 16. Comunicar de manera inmediata y por escrito al interventor o representante legal de la entidad la ocurrencia de hechos que atenten contra la normal ejecución del contrato, así como de los eventos futuros a la firma del contrato que sean constitutivos de causales de inhabilidades e incompatibilidades. 17. Instalar una valla adicional alusiva al programa en donde se resalte la participación de la administración municipal y caja de la vivienda popular, cuyo diseño será suministrado por ésta última. 18. Suministrar y colocar las placas de la nomenclatura de dicha urbanización, que correspondan con lo ordenado por la Secretaría de Planeación Municipal o la Curaduría Urbana. CUARTA: Precio y forma de pago del contrato: Para todos los efectos legales el valor del presente contrato se estima en la suma de $ 800.850.552 (ochocientos millones ochocientos cincuenta mil quinientos cincuenta y dos pesos), correspondiente a: a) La suma de $ 750.000.000 (setecientos cincuenta millones de pesos), correspondiente al valor de los lotes de la Urbanización Bosques del Norte, a razón de $ 1.000.000 (un millón de pesos) cada uno. b) La suma de $ 50.850.552 (cincuenta millones ochocientos cincuenta mil quinientos cincuenta y dos pesos), por concepto de interventoría, correspondientes al uno por ciento (1%) de los costos de venta de las soluciones de vivienda. Las sumas anteriores serán pagaderas por el contratista del 40% de las cuotas iniciales consignadas por los adjudicatarios. PAR.—El 60% de la cuota inicial será entregado al contratista y el 40% restante amortiza el valor del lote de terreno y la interventoría enunciados en los literales a) y b) de ésta cláusula en caso de que con el porcentaje de las cuotas iniciales no alcanzare a cubrirse los valores anteriores, el contratista cancelará el saldo insoluto en tres contados mensuales iguales y sucesivos, el incumplimiento de estos pagos acarreará el pago de los intereses monetarios máximos autorizados por la Superintendencia Bancaria. En todo caso al finalizar el plazo contractual, el contratista deberá cancelar todos los saldos insolutos por dichos conceptos. QUINTA: Plazo del contrato: El plazo para la ejecución del contrato así como el de la entrega de las soluciones de vivienda será de 8 (ocho) meses contados a partir de la fecha de protocolización del respectivo contrato cofinanciado y de la aprobación de la garantía única (…) (fls. 132 a 176, cdno. 1 A).

3.2. El acta de iniciación de obra se firmó el 11 de septiembre de 1997 (fl. 177, cdno. 1 A).

3.3. Durante la ejecución contractual las partes suscribieron contratos modificatorios u otrosíes a través de los cuales variaron el plazo contractual y las condiciones técnicas inicialmente estipuladas, como se reseña a continuación. Igualmente, las partes suscribieron acta de suspensión del contrato de obra.

Fecha otrosíModificaciónAmpliación plazoFolios
13 de junio de 1997Modificar la cláusula quinta, y numerales 1º y 3º de la cláusula décima primera del contrato. En las cuales se establece el plazo y las garantías.Cuenta el plazo de ejecución de 8 meses a partir del día siguiente en que la corporación de ahorro y vivienda que financie el programa le notifique al contratista el otorgamiento del crédito y la aprobación de garantía.178 a 179, cdno. 1 A
5 de octubre de 1997 Modifica las especificaciones técnicas. Aclara el numeral 6º (6) de la cláusula tercera (3) y adiciona la cláusula cuarta precio y forma de pago.No.180 a 181, cdno. 1 A
30 de abril de 1998Prórroga del contrato. modifica el plazo a 10 meses contados a partir de la suscripción del acta de iniciación de la obra.10 meses plazo total de ejecución-vencimiento 10 de julio de 1998.182 a 183, cdno. 1 A
3 de junio de 1998Modifica el plazo a 12 meses contados a partir del acta de iniciación de la obra, obras a realizar por la caja que deben ser ejecutadas por el contratista, las obras a realizar por el contratista que deben ser ejecutadas por la caja, su compensación y el saldo a favor del contratista, y forma de pago, además de las garantías a constituir por este concepto.12 meses - vencimiento 11 de septiembre de 1998.184 a 187, cdno. 1 A
31 de agosto de 1998Modifica el plazo de 15 meses veinte días contados a partir de la suscripción del acta de iniciación - vencimiento 30 de diciembre de 1998.15 meses - vencimiento 30 de diciembre de 1998.188 a 189, cdno. 1 A
4 de diciembre de 1998Modifica el plazo a 18 meses y cinco días contados a partir de la suscripción del acta de iniciación y hasta el 15 de marzo de 1999, establece obras a compensar, y autoriza obras adicionales.18 meses - vencimiento 15 de marzo de 1999.190 a 195, cdno. 1 A
12 de marzo de 1999Modifica el plazo a 24 meses cinco días contados a partir del acta de iniciación del 11 de septiembre de 1997 y hasta el 16 de septiembre de 1999. Establece programación para la construcción de obras de urbanismo y viviendas.24 meses 5 días - vencimiento 16 de septiembre de 1999.196 a 197, cdno. 1 A
18 de marzo de 1999Modificó obligaciones de la entidad contratante y del contratista.No.199 a 200, cdno. 1 A
3 de septiembre de 1999Prorroga el plazo del contrato por el término de 166 días contados a partir del 17 de septiembre y hasta el 29 de febrero del año 2000. Los costos financieros que se reconocen a favor de los constructores, se descontará el valor a pagar sobre las viviendas, cuyos recursos provengan directamente de los fondos de la CVP.166 días adicional - vencimiento 29 febrero 2000.201 a 203, cdno. 1 A
3 de noviembre de 1999Modificación de condiciones técnicas.No.204 a 209, cdno. 1 A
24 de febrero de 2000Conceder la prórroga del plazo para la ejecución del contrato cofinanciado 9706-042 a la firma Presuco Ltda. Por el término de treinta (30) días, contados a partir del 1º de marzo y hasta el 30 de marzo del 2000.30 días adicional - vencimiento 30 de marzo de 2000.210 a 211, cdno. 1 A
28 de marzo de 2000Acta de suspensión de obra. Suspende el contrato por 60 días.Suspende por 60 días.899, cdno. 1 A

3.4. El 8 de octubre de 1997, el gerente de la caja certificó:

Que de conformidad con la licitación 002-III 97 Urbanización Bosques del Norte, le corresponde al Consorcio Conyvi S.A. - Jorge Enrique Valencia Ochoa, la construcción de 750 viviendas de interés social; a la sociedad Construir Ingeniería S.A. Coinsa, la construcción de 450 viviendas de interés social, y al consorcio Mauricio Calle Trujillo - Antonio Paredes Duque, 300 viviendas de interés social.

Que para efectos de constituir la póliza de anticipo y buen manejo, por la entrega o transferencia del lote de terreno donde se desarrolla la urbanización, de conformidad con el otrosí a los contratos 9706-42, 9706-43, 9706-44, inicialmente se han entregado los siguientes números de lotes:

— Al consorcio Conyvi S.A. - Jorge Enrique Valencia Ochoa, 137 lotes.

— A la sociedad Construir Ingeniería S.A. Coinsa 83 lotes.

— Al Consorcio Mauricio Calle Trujillo y Antonio Paredes Duque, 50 lotes. (fl. 229, cdno. 1 A).

3.5. Con ocasión del contrato de obra pública, la caja y los contratistas designados, elevaron a escritura pública la compraventa, loteo e hipoteca de los inmuebles en los que se adelantó el proyecto “Urbanización Bosques del Norte”, conforme se pasa a relacionar:

Nº EscrituraObjetoFolios
Escritura 1266 del 17 de octubre de 1997La Caja de Vivienda Popular de Manizales en calidad de propietaria de varios lotes de terreno ubicados en zona urbana de la ciudad de Manizales, con un área de 99.000 m2 que conformará la urbanización “Bosques del Norte”, englobó los lotes en un solo inmueble, loteó el inmueble 55 manzanas para destinarlas a la construcción de viviendas unifamiliares. Para dar cumplimiento a los contratos de obra cofinanciados 9706-043, 9706-042 y 9706-041 de 1997 transfirió a título de venta el derecho de dominio real y efectivo sobre cada una de las manzanas. Al contratista Conyvi S.A. - Jorge Enrique Valencia Ochoa transfirió las manzanas 35, 36, 37, 38, 39 y 40, por un precio de ciento treinta y siete millones de pesos ($ 137.000.000), equivalente un millón de pesos ($ 1.000.000) por cada lote en que se dividirán las manzanas más adelante, que el contratista pagará a la caja del 40% de las cuotas iniciales consignadas por los adjudicatarios de cada vivienda hasta completar el tope de venta. Los propietarios de las manzanas alinderadas proceden al loteo y solicitan la asignación de 270 folios de matrícula inmobiliaria para igual número de lotes de terreno, a su vez, Conyvy S.A. constituye hipoteca abierta sin límite de cuantía a favor de Colmena sobre los lotes 1 a 28 manzana 35, 1 a 30 manzana 36, 1 a 28 manzana 37, 1 a 18 manzana 38, 1 a 20 manzana 39, y a 13 manzana 40. fls. 51 a 604
Escritura 1429 de 24 de noviembre de 1997La Caja de Vivienda Popular de Manizales en calidad de propietaria de varios lotes de terreno ubicados en zona urbana de la ciudad de Manizales, que integran la urbanización “Bosques del Norte”, dispuso el loteo de la manzana 21 a 50, solicitó 328 folios de matrícula inmobiliaria para igual número de lotes de terreno correspondiente a cada una de las 13 manzanas que originaron el loteo. Para dar cumplimiento a los contratos de obra cofinanciados 9706-043, 9706-042 y 9706-041 de 1997 la Caja de la Vivienda Popular de Manizales transfirió a título de venta el derecho de dominio real y efectivo sobre cada uno de los lotes que se alinderaron en el loteo. Para el caso de Conyvi S.A. - Jorge Enrique Valencia Ochoa la caja transfirió el dominio de 30 lotes de la manzana 21, 9 lotes de la manzana 43, 30 lotes de la manzana 46, 30 lotes de la manzana 47, 26 lotes de la manzana 48, 22 lotes de la manzana 49 y 15 lotes de la manzana 50, por un precio de ciento sesenta y dos millones de pesos ($ 162.000.000), equivalente un millón de pesos ($ 1.000.000) por cada lote en que se dividirán las manzanas más adelante, que el contratista pagará a la caja del 40% de las cuotas iniciales consignadas por los adjudicatarios de cada vivienda hasta completar el tope de venta. Conyvy S.A. constituye hipoteca abierta sin límite de cuantía a favor de Colmena sobre los lotes referidos.fls. 641 a 734
Escritura 1619 de 30 de diciembre de 1997 La Caja de Vivienda Popular de Manizales en calidad de propietaria de varios lotes de terreno ubicados en zona urbana de la ciudad de Manizales, que integran la urbanización “Bosques del Norte”, dispuso el loteo de algunas manzanas. Para dar cumplimiento a los contratos de obra cofinanciados 9706-043, 9706-042 y 9706-041 de 1997 la Caja de la Vivienda Popular de Manizales transfirió a título de venta el derecho de dominio real y efectivo sobre cada uno de los lotes que se alinderaron en el loteo. Para el caso de Conyvi S.A. - Jorge Enrique Valencia Ochoa la caja transfirió el dominio de 32 lotes de la manzana 51, 32 lotes de la manzana 52, 34 lotes de la manzana 53, 34 lotes de la manzana 54 y 34 lotes de la manzana 55, por un precio de ciento sesenta y seis millones de pesos ($ 166.000.000), equivalente un millón de pesos ($ 1.000.000) por cada lote en que se dividirán las manzanas más adelante, que el contratista pagará a la caja del 40% de las cuotas iniciales consignadas por los adjudicatarios de cada vivienda hasta completar el tope de venta.fls. 504 a 526
Escritura 1211 de 15 de octubre de 1998La Caja de Vivienda Popular de Manizales en calidad de propietaria de varios lotes de terreno ubicados en zona urbana de la ciudad de Manizales, que integran la urbanización “Bosques del Norte”, para dar cumplimiento a los contratos de obra cofinanciados 9706-043, 9706-042 y 9706-041 de 1997 la Caja de la Vivienda Popular de Manizales transfirió a título de venta el derecho de dominio real y efectivo sobre cada uno de los lotes que se alinderaron en el loteo. Para el caso de Conyvi S.A. - Jorge Enrique Valencia Ochoa la caja transfirió el dominio de 30 lotes de la manzana 12, 30 lotes de la manzana 13 y 30 lotes de la manzana 1, por un precio de noventa millones de pesos ($ 90.000.000), equivalente un millón de pesos ($ 1.000.000) por cada lote en que se dividirán las manzanas más adelante, que el contratista pagará a la caja del 40% de las cuotas iniciales consignadas por los adjudicatarios de cada vivienda hasta completar el tope de venta.fls. 527 a 545
Escritura 648 de 31 de agosto de 1999La Caja de Vivienda Popular de Manizales en calidad de propietaria de las manzanas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ubicadas en zona urbana de la ciudad de Manizales, que integran la urbanización “Bosques del Norte”, dispuso el loteo de las manzana, solicitó 268 folios de matrícula inmobiliaria para igual número de lotes de terreno correspondiente a cada una de las manzanas que originaron el loteo. Para dar cumplimiento a los contratos de obra cofinanciados 9706-043, 9706-042 y 9706-041 de 1997 la Caja de la Vivienda Popular de Manizales transfirió a título de venta el derecho de dominio real y efectivo sobre cada uno de los lotes que se alinderaron en el loteo. Para el caso de la sociedad Presuco Ltda., la caja transfirió el dominio de 34 lotes de la manzana 4, 30 lotes de la manzana 3, 30 lotes de la manzana 2 y 30 lotes de la manzana 1, por un precio de ciento veinticuatro millones de pesos ($ 124.000.000), equivalente un millón de pesos ($ 1.000.000) por cada lote en que se dividirán las manzanas más adelante, que el contratista pagará a la caja del 40% de las cuotas iniciales consignadas por los adjudicatarios de cada vivienda hasta completar el tope de venta. Se declara deudor de la caja al contratista Presuco Ltda., por la suma de ciento veinticuatro millones de pesos, suma que se compromete a cancelar, junto con los que la caja hará entrega a título de préstamo durante el proceso de construcción de las viviendas en los contratos, y que garantizan mediante el otorgamiento de hipotecas abiertas y sin límite de cuantía. Presuco Ltda., constituye hipoteca abierta sin límite de cuantía.fls. 605 a 640
Escritura 899 de 3 de diciembre de 1999 La Caja de Vivienda Popular de Manizales en calidad de propietaria del predio localizado en el área urbana de Manizales conocida con la denominación de Samaria, en una extensión de 207.399 m2, hoy denominada Bosques del Norte Quinta Etapa, dispuso el loteo de 30 manzanas para destinarlas a vivienda familiar, solicitó 149 folios de matrícula inmobiliaria, a razón de 30 lotes para 30 manzanas, 118 folios correspondientes a los lotes generados en el loteo de las manzanas 18, 23 y 24 y 4 folios para zona de reserva. Para dar cumplimiento a los contratos de obra cofinanciados 9706-043, 9706-042 y 9706-041 de 1997 la Caja de la Vivienda Popular de Manizales transfirió a título de venta el derecho de dominio real y efectivo sobre cada uno de los lotes que se alinderaron en el loteo. Para el caso de la sociedad Presuco Ltda., la caja transfirió el dominio de 65 lotes (en la manzana 18, 23 y 24), por un precio de sesenta y cinco millones de pesos ($ 65.000.000), equivalente a un millón de pesos ($ 1.000.000) por cada lote en que se dividirán las manzanas más adelante, que el contratista pagará a la caja del 40% de las cuotas iniciales consignadas por los adjudicatarios de cada vivienda hasta completar el tope de venta.fls. 735 a 782

3.6. El 21 de junio de 1999, la Caja de la Vivienda Popular de Manizales y el Consorcio Jorge Enrique Valencia Ochoa - Construcciones y Vías S.A. Conyval suscribieron convenio, en consideración al desalojo realizado el 1º de febrero de 1999, de unas familias invasoras del barrio Bajo Persia de Manizales, y en desarrollo del programa de reubicación de la administración municipal convino la reubicación de estas familias en la urbanización Bosques del Norte de Manizales, además que con ocasión del contrato cofinanciado 9706-042 el consorcio Jorge Enrique Valencia Ochoa - Construcciones y Vías S.A. Conyval construyó y tenía disponibles las 37 soluciones de vivienda en Bosques del Norte requeridas por la entidad. En consecuencia, el convenio dispuso:

1. La caja de la vivienda popular compra y el consorcio Jorge Enrique Valencia Ochoa - Construcciones y Vías S.A. Conyvi, vende 37 soluciones de viviendas ubicadas en la urbanización Bosques del Norte de Manizales, que se identificarán plenamente en las correspondientes escrituras que el vendedor le elaborará a los adjudicatarios que le entregará la Caja de la Vivienda Popular de Manizales.

2. El consorcio vendedor se compromete a escriturarle a los adjudicatarios de acuerdo con la relación que la caja le entregue y los gastos de escrituración e inscripción correrán a cargo del consorcio vendedor.

3. Los gastos ocasionados se imputarán al rubro 0305070301 “Programa erradicación barrios subnormales, compra lote construcción vivienda”, según certificado de disponibilidad 806 del 18 de junio de 1999.

Forma de pago: La caja cancelará al consorcio Jorge Enrique Valencia Ochoa - Construcciones y Vías S.A. - Conyval. Así:

Componente valor vivienda:

Valor lote con servicios$ 2.322.653
Valor escrituración$ 275.000
Valor vivienda$ 7.369.347
 ———————
 $ 10.000.000

Valor total de las 37 soluciones $ 370.000.000

Lote con servicios $ 2.322.653 x 37 = $ 85.938.161

Valor de la vivienda $ 7.644.347 x 37 = $ 282.840.839

Incluye valor de escrituración $ 275.000

A la firma del convenio la suma de $ 150.000.000

El 6 de julio de 1999 la suma de $ 30.000.000

Y el valor restante a la firma de escrituras y cancelación de hipoteca en mayor extensión $ 190.000.000 (fls. 212 a 214, cdno. 1 A).

3.7. En Resolución 446 del 30 de julio de 1999, la caja autorizó al consorcio Jorge Enrique Valencia Ochoa - Conyvi S.A. la cesión del contrato 9706-042, a la firma Presuco Ltda. con todas sus modificaciones y otros sí, entendiéndose dentro de esta cesión los derechos y obligaciones contraídas por el consorcio cedente (fl. 305, cdno. 1 A).

3.8. El 2 de agosto de 1999, el consorcio Jorge Enrique Valencia Ochoa - Conyvi S.A. en condición de cedente y Julio César González Villa, representante de la firma Presuco Ltda. como cesionario y el gerente de la caja dispusieron la cesión de la totalidad del contrato 9706-042 del 11 de junio de 1997, sus modificaciones y otros sí, celebrados entre la caja y el consorcio Jorge Enrique Valencia Ochoa - Conyvi S.A. y cuyo objeto es la construcción de 750 viviendas unifamiliares, incluyendo algunas obras de urbanismo, discriminadas así: 600 de 21.50 m2 y 150 de 35 m2 en el rango de vivienda de interés social, en la urbanización Bosques del Norte de la ciudad de Manizales, al igual que todos sus derechos y obligaciones (fls. 306 a 307, cdno. 1 A).

3.9. El 16 de noviembre de 1999, la caja y la sociedad Presuco Ltda., suscribieron convenio, en consideración a la fuerte ola invernal que afectó las regiones de laderas y pendientes de Manizales, y atendiendo la evacuación de un considerable número de familias, por encontrarse en inminente riesgo y en casos por la pérdida total de sus viviendas debido a deslizamientos. Con ocasión de acuerdo municipal 435 de 30 de julio de 1999, se adicionó el presupuesto de la caja para que adelante programas que lleven a la relocalización de viviendas que se encuentren en zonas subnormales o de alto riesgo y rehabilitación de estas áreas. En desarrollo de este acuerdo, la caja emprendió la realización de la cuarta y quinta etapa de la urbanización Bosques del Norte para destinar las viviendas a este objeto específico. En desarrollo del contrato de obra 9706-042 el contratista contaba con unas casas en la cuarta etapa de Bosques del Norte. En consecuencia, el convenio dispuso:

1. La caja de la vivienda popular comprará el número total de casas construidas en la urbanización Bosques del Norte cuarta y quinta etapa de la ciudad de Manizales.

2. El constructor vendedor se compromete a escriturar las viviendas a los adjudicatarios de acuerdo con la relación que la caja de la vivienda le entregue. PAR. 1º—Respecto de las viviendas que se encuentren con subsidio nacional y aprobación de crédito hipotecario se dará prioridad al adjudicatario inicial.

PAR. 2º—Los contratistas vendedores se comprometen a seguir adelantando todas las gestiones necesarias para la tramitación de los créditos corporativos respecto de las casas que les indique la caja de la vivienda popular.

3. El valor a reconocer por cada vivienda es el mismo pactado en el contrato inicial sin que se presenten alteraciones al mismo.

4. Para dar cumplimiento al contrato respecto del número total de viviendas adjudicadas en el contrato mencionado se dará inicio a la quinta etapa de la urbanización Bosques de Norte correspondiendo el siguiente número de viviendas a cada constructora:

Coinsa: 33 viviendas

Consorcio calle paredes: 20 viviendas

Presuco: 65 viviendas

5. Los recursos que ingresen por concepto de ventas de viviendas adquiridas con dineros del sobreendeudamiento por posterior adjudicación a los beneficiarios del subsidio otorgado por el Inurbe con destinación a la cuarta etapa de la urbanización Bosques del Norte y que tienen su estudio de crédito sin definir, en caso de ser sujeto de dicho crédito tendrá prioridad para adquirir la vivienda y dicho recurso, serán incorporados al mismo rubor presupuestal que causó el gasto (fls. 215 a 216, cdno. 1 A).

3.10. Mediante Resolución 91 del 24 de febrero de 2000, la caja aumentó el precio de venta de las casas de la IV etapa de la urbanización Bosques del Norte (fls. 911 a 912, cdno. 1 A).

3.11. El 20 de noviembre de 2000, la caja mediante Resolución 522 liquidó unilateralmente el contrato de obra 9706-42, debido a que no se logró su liquidación de mutuo acuerdo, ordenó al contratista constituir una póliza de estabilidad por cinco años a partir de la fecha de la resolución, sobre las casas ejecutadas en la cuarta etapa, por un monto de doscientos veintisiete millones doscientos mil pesos m/cte. ($ 227.200.000), ordenó la expedición de la respectiva disponibilidad presupuestal y el trámite del pago a favor del contratista en la suma de nueve millones ochocientos noventa mil seiscientos noventa y cinco pesos con setenta y seis centavos $ 9.890.695,76, correspondiente al saldo adeudado de acuerdo con la liquidación, dispuso la restitución a más tardar para el 24 de noviembre de 2000, de lotes escriturados a su favor en Bosques del Norte V etapa, al igual que la escrituración de las viviendas no subrogadas, ni vendidas directamente por la firma constructora (fls. 354 a 363, cdno. 1 A).

3.12. La sociedad Promotora Remansos de la Sultana Ltda., Presuco Ltda., formuló recurso de reposición contra la Resolución 522 de 2000, para que se revocara la liquidación unilateral y se reconociera el incumplimiento así como el desequilibrio económico presentado en el contrato (fls. 375 a 402, cdno. 1 A).

3.13. En la Resolución 159 de 2 de abril de 2001, la Caja de la Vivienda Popular de Manizales resolvió el recurso de reposición interpuesto por Presuco Ltda., contra la Resolución 522 de 20 de noviembre de 2000, en donde confirmó la liquidación unilateral del contrato, en todas sus partes, “por no haberse presentado prueba en contrario que diera lugar a su modificación o revocatoria y por no haberse acreditado el cumplimiento de las obligaciones no objetadas en el recurso de reposición” (fls. 454 a 471, cdno. 1 A).

3.14. La sociedad contratista formuló solicitudes de reconocimiento y pago de obras adicionales, sobrecostos por mayor permanencia en obra conforme se acredita en oficio del 4 de mayo de 1999, del Consorcio Jorge Enrique Valencia - Conyvi S.A. al gerente de la Caja de la Vivienda Popular de Manizales que ante la negativa a restaurar el equilibrio económico del contrato solicitó acudir al mecanismo de la conciliación (fl. 259, cdno. 1 A), oficio del 10 de agosto de 2000, del representante legal de Presuco y el directo de obra, al gerente de la Caja de la Vivienda Popular de Manizales con el fin de aclarar dudas respecto a varios puntos del contrato, a saber, actas de reajuste (fls. 319 a 320) y oficio del 9 de noviembre de 2000, del representante legal de Presuco y el director de obra por el cual se refiere al oficio G-1294 del 2 de noviembre de 2000, y reitera la relación de los valores cobrados y no pagados a la fecha (fls. 344 a 346, cdno. 1 A).

Por su parte se acredita que la entidad mediante oficio G-404 del 19 de abril de 1999, del gerente de la Caja de la Vivienda Popular de Manizales dio respuesta a solicitud de reconocimiento de desequilibrio económico del contrato (fls. 257 a 258), en oficio G-959 del 16 de agosto de 2000, brindó respuesta a la cuenta de cobro del 10 de agosto de 2000, en donde negó el reconocimiento de obras adiciones (acometidas eléctricas - sub-base de andén) (fls. 329 a 330). En oficio G-1324 del 16 de noviembre de 2000, el gerente de la caja, en respuesta a la comunicación del 9 de noviembre de 2000, se pronunció frente a cada uno de los valores reclamados por el contratista como adeudados (fls. 347 a 353).

3.15. De los hechos probados es posible colegir que:

(i) La caja y el consorcio Jorge Enrique Valencia Ochoa - Conyvi S.A., suscribieron contrato de obra pública por el sistema cofinanciado 9706-042, para la “construcción de 750 viviendas unifamiliares incluyendo algunas obras de urbanismo discriminadas así: 600 de 21.50 m2 y 150 de 35 m2 en el rango de vivienda de interés social, en la urbanización Bosques del Norte, ubicada en la ciudad de Manizales por el sistema cofinanciado”, por un valor inicial de ochocientos millones ochocientos cincuenta mil quinientos cincuenta y dos pesos, y un plazo de 8 (ocho) meses contados a partir de la fecha de protocolización del respectivo contrato cofinanciado y de la aprobación de la garantía única (cláusula quinta).

Durante la ejecución contractual las partes suscribieron contratos modificatorios a través de los cuales se varió el plazo contractual y las condiciones técnicas inicialmente estipuladas.

La sociedad contratista formuló solicitudes de reconocimiento y pago de obras adicionales, sobrecostos por mayor permanencia en obra, y puso de presente a la entidad contratante circunstancias que en su concepto configuraron desequilibrio en la ecuación del contrato.

El 2 de agosto de 1999, el consorcio Jorge Enrique Valencia Ochoa - Conyvi S.A. en condición de cedente y Julio César González Villa, representante de la firma Presuco Ltda. como cesionario y el gerente de la caja dispusieron la cesión de la totalidad del contrato 9706-042 del 11 de junio de 1997 (fls. 306 a 307, cdno. 1 A). Cesión que fue autorizada mediante Resolución 446 del 30 de julio de 1999, por la caja de vivienda popular (fl. 305, cdno. 1 A).

El 20 de noviembre de 2000, la Caja de Vivienda Popular de Manizales mediante Resolución 522 liquidó unilateralmente el contrato de obra 9706-42 (fls. 354 a 363, cdno. 1 A). La sociedad Promotora Remansos de la Sultana Ltda., Presuco Ltda., formuló recurso de reposición contra la Resolución 522 de 2000, para que se revocara la liquidación unilateral y se reconociera el incumplimiento de la caja, así como el desequilibrio económico presentado en el contrato (fls. 375 a 402, cdno. 1 A).

La caja a través de la Resolución 159 de 2 de abril de 2001, confirmó la liquidación unilateral del contrato, en todas sus partes (fls. 454 a 471, cdno. 1 A).

4. Del asunto en concreto.

Acorde con la competencia de la Sala en segunda instancia y de conformidad con lo expuesto al definir el problema jurídico, se resolverá el presente asunto en el siguiente orden:

4.1. De la pretensión de nulidad en contra del acto de liquidación unilateral.

4.1.1. Precisa la Sala que la parte demandante acusó nulidad en el acto de liquidación unilateral al haberse expedido por la caja por fuera del límite temporal previsto en el numeral 10 literal d) del artículo 44 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

Conviene advertir, que en el presente evento las partes acordaron la liquidación del contrato “dentro de los plazos y en la forma señalada por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 o de las normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren” (cláusula décima séptima). En consecuencia, atendiendo lo previsto en los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993 y lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, las partes contaban con un plazo de 4 meses a partir de la terminación del contrato para liquidarlo bilateralmente y, en caso de ausencia de acuerdo, la administración disponía de un plazo de dos meses para la liquidación unilateral, sin perjuicio de que el balance se intentara hasta el vencimiento del término de dos años previsto para la caducidad de la acción de controversias contractuales.

En el caso que ocupa la atención de la Sala, el plazo de vigencia del contrato venció el 30 de junio de 2000, en consideración a la prórroga prevista por otrosí del 24 de febrero de 2000 y el tiempo de suspensión dispuesto en acta del 28 de marzo de 2000. Así las cosas, las partes debían proceder a la liquidación bilateral del contrato hasta el 30 de octubre de 2000. A su vez, a la caja le correspondía liquidar el contrato, a través de acto administrativo unilateral, en cuyo caso, contaba con un plazo que vencía el 30 de diciembre de 2000.

Se encuentra acreditado que mediante Resolución 522 del 20 de noviembre de 2000, la caja liquidó unilateralmente el contrato de obra 9706-042, dentro del término previsto para la liquidación unilateral, y en tal sentido la entidad mantuvo la competencia temporal para efectuar el balance, sin perjuicio de la ejecutoria de la Resolución 159 del 2 de abril de 2001, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 522, que, se produjo el 4 de abril de 2001 (fl. 472, cdno. 1 A, acta de notificación).

Bajo esta consideración, no prospera el cargo de nulidad invocado contra el acto de liquidación unilateral por falta de competencia de la entidad contratante.

4.1.2. Debe precisarse que los cargos de nulidad identificados por el a quo a partir de la formulación de la parte demandante en el libelo introductorio, indican que el acto de liquidación unilateral desconoció los artículos 6º, 29 y 90 de la Constitución Política, los artículos 1º, 3º, 5-1-3, 23, 25-2-3-5, 27, 28 y 50 de la Ley 80 de 1993; artículos 44, 47, 48, 69 y 73 del Código Contencioso Administrativo, las condiciones señaladas en los numerales 4º, 7º, 12, 13 y 16 de los pliegos de condiciones, la propuesta escogida y el contrato mismo (fl. 1370, cdno. 7).

Ahora bien, encuentra la Sala que el análisis del a quo para encontrar viciado de nulidad el acto de liquidación unilateral se contrajo a resaltar, que en criterio del demandante la actuación administrativa incurrió en violación de la ley, por haberse pactado como objeto contractual la construcción de 750 casas y obras de urbanismo, en un plazo de 8 meses, pero debido a su ampliación por un plazo de 3 años, se presentaron situaciones ajenas al contratista e imputables a la entidad demandada que afectaron el equilibrio financiero del contrato y le generaron sobrecostos que le deben ser reconocidos.

En el contexto reseñado por el demandante, consideró el Tribunal que durante la ejecución del contrato analizado, no se dio aplicación al artículo 27 de la Ley 80 de 1993, además, indirectamente resultaron transgredidos los artículos 6º y 90 constitucionales.

De otro lado, el representante del Ministerio Público al rendir su concepto resaltó que en este caso no aparece diáfano el concepto de violación como requisito indispensable para impugnar un acto administrativo de naturaleza contractual. Por lo tanto, no existe obstáculo para confirmar la legalidad del acto de liquidación unilateral, en tanto no es evidente la contravención con el ordenamiento jurídico; sin embargo, estimó que debe mantenerse intacta la posibilidad del contratista de hacer su reclamación frente a los conceptos que considera no fueron reconocidos en el acto de liquidación.

Ante la aparente discrepancia en torno a la procedencia de la nulidad del acto de liquidación unilateral proferido por la caja y conforme se anunció al determinar la competencia de la Sala en segunda instancia, el análisis de legalidad del acto administrativo contractual debe contemplar los cargos que si bien se sometieron al conocimiento del juez de primera instancia no fueron objeto de pronunciamiento expreso, cuya resolución se exige en segunda instancia al superior, siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado, conforme lo prevé el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil.

Adicionalmente, la Sala observa que a partir de los supuestos fácticos de la demanda surgen cargos de nulidad, frente al presunto incumplimiento de la entidad demandada de sus obligaciones, por situaciones que afectaron el equilibrio económico del contrato y las deducciones y reconocimientos pecuniarios efectuados, que pretenden desvirtuar las consideraciones expuestas por la entidad demandada en la resolución de liquidación unilateral. En tal sentido, al tratarse de asuntos que atacan directamente la legalidad de la Resolución 522 de 2000, impera el examen de los cargos invocados.

4.2. Del esquema negocial diseñado por las partes en el presente caso.

4.2.1. El contenido de los pliegos de condiciones:

La parte demandante acusa a la entidad demandada de apartarse del pliego de condiciones dispuesto en la convocatoria pública 002-111-1997, en donde se establecieron varias obligaciones a su cargo como la entrega de los planos y diseños de las obras de urbanismo (num. 1.2 del pliego de condiciones), la adjudicación de los beneficiarios de las unidades de vivienda familiar (num. 1.4), los plazos contractuales y los precios fijados para las unidades de vivienda.

La sociedad accionante señala que los compromisos asumidos por la caja, fijados en el pliego de condiciones, brindaron seguridad para que las viviendas se entregaran en los plazos máximos allí pactados. Además, se constituyó en la base fundamental para presentar la propuesta económica teniendo en cuenta los gastos de administración, costos financieros y de recuperación de inversión; sin embargo, el distanciamiento entre las condiciones fijadas en la etapa precontractual y lo ocurrido durante la ejecución del contrato según su afirmación, conllevó un cumplimiento oneroso de las obligaciones con los consecuentes perjuicios económicos para el contratista.

Ahora bien, para acreditar la situación expuesta como fundamento fáctico de la demanda, la parte accionante solicitó al a quo librar oficio con destino a la caja para obtener entre otros documentos, copia del pliego de condiciones de la licitación 002-III-97, de la resolución de adjudicación y certificación de que la propuesta presentada por el Consorcio Conyvi fue la base para adjudicar la licitación.

Debe precisarse que atendida la solicitud probatoria formulada por la parte demandante por parte del Tribunal Administrativo de Caldas, mediante auto del 28 de septiembre de 2001 (fl. 1229, cdno. 1c), la interesada en su recaudo no cumplió con la carga de sufragar las expensas necesarias para obtener copia de las piezas documentales requeridas(12). La Sala encuentra que no fue aportada copia de los pliegos de condiciones de la licitación 002-III-97, ni de las piezas correspondientes a la etapa precontractual.

En tal sentido, encontrándose en cabeza de la parte demandante la carga de acreditar que en efecto las condiciones fijadas en el pliego fueron modificadas arbitrariamente por la entidad contratante, en perjuicio del contratista durante la ejecución de la obra y en ausencia de elemento de convicción del que se puedan desprender con certeza las condiciones inicialmente pactadas, como consecuencia de su falta de actividad probatoria, corresponde despachar desfavorablemente las súplicas de la demanda en torno a este tema.

Así lo ha considerado la Sección Tercera de la Corporación que al abordar la noción de carga de la prueba la catalogó como una “(i) una regla de conducta para el juez, en virtud de la cual se encontrará en condiciones de proferir fallo de fondo incluso cuando falte en el encuadernamiento la prueba del hecho que sirve de presupuesto a la norma jurídica que debe aplicar y, al mismo tiempo, (ii) en un principio de autorresponsabilidad para las partes, derivado de la actividad probatoria que desplieguen en el proceso, pues si bien disponen de libertad para aportar, o no, la prueba de los hechos que las benefician y/o la contraprueba de aquellos que, habiendo siendo acreditados por el adversario en la litis, pueden perjudicarlas, las consecuencias desfavorables derivadas de su eventual inactividad probatoria corren por su cuenta y riesgo”(13).

4.2.2. La Sala encuentra procedente, con apoyo en los elementos de convicción, comprender el esquema negocial dispuesto para el desarrollo del objeto del contrato de obra, en consideración a que el negocio confeccionado por las partes si bien tiene las notas características del contrato de obra, debido a la forma de financiación reviste de particularidades que han de tenerse en cuenta para resolver las pretensiones invocadas por la parte demandante.

Atendiendo las cláusulas contractuales, para realizar el objeto previsto por el contrato 9706-042 de 1997, entendido como la construcción de 750 viviendas unifamiliares incluyendo algunas obras de urbanismo, discriminadas así: 600 de 21.50 m2 y 150 de 35 m2, en el rango de vivienda de interés social, en la urbanización Bosques del Norte, ubicada en la ciudad de Manizales, la caja transfirió el derecho de dominio y la posesión efectiva de los inmuebles sobre los cuales se construiría la urbanización, a su vez se comprometió a abrir una cuenta en la entidad financiadora del crédito para la construcción de las unidades de vivienda, en donde se consignarían las cuotas iniciales, en cuyo caso le correspondía entregar o autorizar la entrega al contratista del 60% de cada cuota inicial (cláusula primera objeto y cláusula segunda obligaciones del contratante).

El contratista por su parte, debía utilizar el inmueble transferido por la contratante para desarrollar la construcción de vivienda de interés social, acorde con el objeto del contrato, para el efecto le correspondía obtener el crédito para la construcción dentro de los rangos de vivienda de interés social. Así mismo, el contratista debía enajenar los inmuebles construidos a los adjudicatarios escogidos por la caja o por el contratista a los precios máximos establecidos por la entidad contratante, celebrar promesa de compraventa con cada uno de los beneficiarios dentro de los cinco días hábiles siguientes al recibo de las cuotas iniciales (cláusula tercera obligaciones del contratista).

El precio del contrato se estimó originalmente en $ 800.850.552, para cubrir los siguientes conceptos: i) $ 750.000.000 correspondiente al valor de los lotes de la urbanización Bosques del Norte, a razón de $ 1.000.000 cada uno, ii) la suma de $ 50.850.552 por concepto de interventoría, correspondiente al 1% de los costos de venta de las soluciones de vivienda (cláusula cuarta precio y forma de pago del contrato).

Los valores reconocidos como precio del contrato serían deducidos de las cuotas iniciales que consignaran los adjudicatarios de las unidades de vivienda familiar en un porcentaje del 40%. Así las cosas, de acuerdo con la disposición contractual, el 60% de la cuota inicial sería entregado al contratista y el 40% restante amortizaría el valor del lote de terreno y la interventoría, pero en caso de que con el porcentaje de las cuotas iniciales no alcanzara a cubrirse este valor, el contratista estaba obligado a cancelar el saldo insoluto en tres contados mensuales iguales y sucesivos o en su defecto, hasta la finalización del plazo contractual (cláusula cuarta precio y forma de pago del contrato).

4.3. Los sobrecostos reclamados por la ampliación del plazo contractual. Mayor permanencia en obra y suspensiones del contrato, causas atribuibles.

4.3.1. El a quo consideró frente a la reclamación formulada por la parte demandante, en la que solicita el reconocimiento de los perjuicios económicos causados por mayor permanencia en obra, que la ampliación del plazo inicialmente pactado tuvo como causa actuaciones u omisiones provenientes de la administración.

En consecuencia, estimó que le asistía derecho al contratista de obtener el reconocimiento y pago de los valores solicitados por concepto de mayor permanencia en la obra, por incremento de costo, sobrecosto financiero e impuesto del 2 x 1.000, en tal sentido reconoció la suma de $ 789.327.576 por sobrecosto de administración y de $ 80.860.500 por lucro cesante.

En este punto, el demandante impugna la decisión de primera instancia al estimar que las pruebas indican que se presentó una ampliación de plazos y prórrogas del tiempo de ejecución, propiciado por la caja. Por su parte, como fundamento de apelación, la entidad demandada manifestó en relación con la mayor permanencia en obra, que el a quo no tuvo en cuenta muchas de las pruebas aportadas al proceso, ni los alegatos de conclusión presentados, igualmente pasó por alto que la ampliación del plazo contractual en tres oportunidades, por 317 días, fue solicitada por el contratista, razón por la cual esta mayor permanencia no puede ser imputable al contratante; sin embargo el Tribunal ha condenado a la caja al pago del 100% de este ítem sin consideración de ningún tipo.

A su vez, la demandada resaltó que el a quo dejó de valorar el tiempo de mayor permanencia en la obra de los constructores, debido a la ola invernal, mayor permanencia respecto de la cual se ha condenado a la entidad demandada, lo cual resulta improcedente, si esta circunstancia se cataloga como un caso fortuito. Para la entidad demandada no se acredita en este caso la mayor permanencia en la obra por culpa de la entidad demandada.

Con el propósito de resolver el tema de apelación propuesto, debe la Sala determinar la causa de la ampliación del plazo contractual frente al inicialmente pactado por las partes y la procedencia del reconocimiento de los sobrecostos reclamados por mayor permanencia en la obra.

Evidencia la Sala que el plazo de ocho (8) meses inicialmente pactado en el contrato de obra se vio alterado por diferentes modificaciones, prórrogas y una suspensión durante su ejecución, resumidas de la siguiente manera:

Fecha otrosíModificaciónCausa expuesta en las consideraciones de la prórroga o suspensiónFolios
13 de junio de 1997Modificar la cláusula quinta, y numerales 1º y 3º de la cláusula décima primera del contrato. En las cuales se establece el plazo y las garantías.No establece.178 a 179, cdno. 1 A
5 de octubre de 1997Modifica las especificaciones técnicas. Aclara el numeral sexto (6) de la cláusula tercera (3) y adiciona la cláusula cuarta precio y forma de pago.Las partes de mutuo acuerdo convinieron modificar las especificaciones técnicas.180 a 181, cdno. 1 A
30 de abril de 1998Prórroga del contrato. modifica el plazo a 10 meses contados a partir de la suscripción del acta de iniciación de la obra.La Caja de Vivienda Popular de Manizales se comprometió a ejecutar algunas obras de urbanismo. La caja por motivos financieros, ha presentado algunas dificultades en la ejecución de las citadas obras de urbanismo lo cual ha retrasado la construcción y entrega de algunas viviendas.182 a 183, cdno. 1 A
3 de junio de 1998Modifica el plazo a 12 meses contados a partir del acta de iniciación de la obra, obras a realizar por la caja que deben ser ejecutadas por el contratista, las obras a realizar por el contratista que deben ser ejecutadas por la caja, su compensación y el saldo a favor del contratista, y forma de pago, además de las garantías a constituir por este concepto.Por las mismas razones establecidas en el otrosí del 30 de abril de 1998, la caja encontró que debía prorrogarse en 62 días más, el plazo contractual. 184 a 187, cdno. 1 A
31 de agosto de 1998Modifica el plazo de 15 meses veinte días contados a partir de la suscripción del acta de iniciación - vencimiento 30 de diciembre de 1998.La caja de vivienda por motivos financieros presentó dificultades en la ejecución de las obras de urbanismo a las cuales se comprometió, y en tal sentido fue necesario prorrogarlo en 120 días más. Aún esas dificultades no se han superado totalmente, lo cual ha venido retrasando la construcción y entrega de algunas viviendas y constituye justa causa para prorrogar el contrato.188 a 189, cdno. 1 A
4 de diciembre de 1998Modifica el plazo a 18 meses y cinco días contados a partir de la suscripción del acta de iniciación y hasta el 15 de marzo de 1999, establece obras a compensar, y autoriza obras adicionales.El contrato se prorroga por razones similares a las invocadas en el otrosí del 31 de agosto de 1998.190 a 195, cdno. 1 A
12 de marzo de 1999Modifica el plazo a 24 meses cinco días contados a partir del acta de iniciación del 11 de septiembre de 1997 y hasta el 16 de septiembre de 1999. Establece programación para la construcción de obras de urbanismo y viviendas.Hasta la fecha se han construido 471 viviendas, quedando un excedente por construir de 229 viviendas y algunas obras de urbanismo, las cuales en convenio se construirán en la IV etapa de la Urbanización Bosques del Norte. A su vez, a la fecha los contratistas no han entregado la totalidad de los pavimentos, conformado los parqueaderos y construido todos los andenes y sardineles contratado hasta la III etapa. Además, el lote donde se va a construir la IV etapa está en periodo de adecuación y construcción de obras de urbanismo por parte de la caja de la vivienda popular y de los contratistas. En consecuencia se hace necesario adicionar el plazo del contrato en 180 días.196 a 197, cdno. 1 A
18 de marzo de 1999Modificó obligaciones de la entidad contratante y del contratista.Para efectos prácticos en la ejecución del contrato y para prevenir posibles inconvenientes en subrogación del crédito del constructor a los créditos individuales de cada una de las unidades y simplificar el trabajo de venta de los inmuebles, y por cuanto los consorcios carecen de personería jurídica, el contratista creó la sociedad Conyval Ltda., que asume las obligaciones contractuales. 199 a 200, cdno. 1 A
3 de septiembre de 1999Prorroga el plazo del contrato por el término de 166 días contados a partir del 17 de septiembre y hasta el 29 de febrero del año 2000. Los costos financieros que se reconocen a favor de los constructores, se descontará el valor a pagar sobre las viviendas, cuyos recursos provengan directamente de los fondos de la CVP.Que a la fecha las causas financieras de falta de créditos al constructor, como los individuales a los beneficiaros de vivienda han retardado la normal ejecución de las obras las cuales es prioritario acometer: Mediante oficio de 30 de agosto de 1999 y conforme a la decisión asumida por el comité de obra del 10 de agosto de la firma Presuco Ltda., a través de su representante legal ha solicitado a la caja, la ampliación del plazo.201 a 203, cdno. 1 A
3 de noviembre de 1999Modificación de condiciones técnicas.Para garantizar la estabilidad de las viviendas en la IV etapa de la urbanización Bosques del Norte se hace necesario realizar cambios en el diseño estructural por recomendaciones del ingeniero calculista y la firma Aquaterra Ltda., especialista en estudio de suelos. Igualmente es preciso actualizar al año 1999 los precios pactados en el contrato inicial del año 1997 en los otrosí y los precios unitarios de las obras a compensar.
Debido a problemas de humedad presentados en las casas ya construidas se hace necesario realizar algunos cambios técnicos con el fin de lograr el bienestar de los adjudicatarios. La caja realizará directamente algunas obras de urbanismo para compensar los costos adicionales en que incurran debido a las modificaciones en diseños que garantizan la estabilidad a la vivienda.
204 a 209, cdno. 1 A
24 de febrero de 2000Conceder la prórroga del plazo para la ejecución del contrato cofinanciado 9706-042 a la firma Presuco Ltda. Por el término de treinta (30) días, contados a partir del 1º de marzo y hasta el 30 de marzo del 2000.Debido a inconvenientes presentados en la carrera 4 A entre calles 48 y 48 D con las redes de acueducto y alcantarillado contratadas por la caja de vivienda popular, y necesarias para efectuar los pavimentos de las vías, y a su vez, por solicitud presentada por el representante de la constructora Presuco Ltda. para que se le concediera un plazo adicional para la ejecución del contrato.210 a 211, cdno. 1 A
28 de marzo de 2000Acta de suspensión de obra. Suspende el contrato por 60 días.Se encuentran 685 casas terminadas y la suspensión del contrato se requiere para culminar la etapa de escrituración y entrega de las viviendas a los compradores, al igual que señalar pautas para la liquidación del contrato.899, cdno. 1 A

Evidencia la Sala que las causas de las modificaciones que afectaron el plazo contractual obedecieron a (i) dificultades financieras de la caja para ejecutar las obras de urbanismo, (ii) la falta de construcción de 229 viviendas y algunas obras de urbanismo de la IV etapa de la urbanización Bosques del Norte, (iii) la falta de entrega por parte de los contratistas de los pavimentos, (iv) la falta de conformación de los parqueaderos y la construcción de todos los andenes y sardineles contratados hasta la III etapa, (v) además de la adecuación y construcción de obras de urbanismo por parte de la caja y de los contratistas en la IV etapa. Posteriormente, se prorrogó (vi) a solicitud del representante legal de la contratista, debido a la falta de créditos al constructor, y de créditos individuales a los beneficiarios de vivienda lo cual retrasó la normal ejecución de las obras.

Finalmente, el contrato se suspendió porque 685 casas fueron terminadas y era preciso culminar la etapa de escrituración y entrega de las viviendas a los compradores, al igual que señalar pautas para la liquidación del contrato.

El contratista reclama el reconocimiento de perjuicios económicos afrontados debido a la mayor permanencia en obra por la ampliación del plazo contractual.

Advierte la Sala que los contratos modificatorios que afectaron el plazo de la obra se suscribieron de mutuo acuerdo por la entidad contratante y el contratista, sin que en los documentos relacionados se formulara reparo en relación con los efectos económicos de la ampliación del plazo contractual.

Al respecto, la Sección Tercera de esta Corporación ha considerado que las reclamaciones objeto de demanda resultan prósperas cuando previamente el contratista demandante las incluye en los actos bilaterales de modificación, adición, prórroga y suspensión:

En relación con los sobrecostos reclamados por una mayor permanencia de obra, considera la Sala que no pueden prosperar las pretensiones de la actora, dado que, como ya se observó, las suspensiones y ampliación del plazo, así como los motivos y causas que originaron el mayor tiempo del contrato quedaron consignados en actas y documentos que suscribió la contratista sin protesta alguna, esto es, en negocios jurídicos que concretaron las postergaciones de las cuales pretende ahora percibir beneficios indemnizatorios y de los que sólo vino a dar cuenta luego de su perfeccionamiento y a cuantificar una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato(14).

Encuentra la Sala que el contratista a través de su manifestación de voluntad consignada en los contratos adicionales y el acta de suspensión, aceptó la mayor permanencia en la obra y no formuló reparo o reclamación expresa frente a los efectos económicos que pudiera tener esta ampliación en el plazo. En consecuencia, no resulta procedente una reclamación posterior a través del ejercicio de la acción de controversias contractuales.

En este evento, no es admisible entender del silencio del contratista una ausencia de renuncia de los efectos económicos de las adiciones en plazo del contrato o de las suspensiones, sino su aceptación, en tanto el asentimiento a la variación en el plazo, informa una aceptación de las condiciones en las que a partir de la prórroga se ejecutaría el contrato de obra.

Por su parte, el acta de suspensión de la obra estableció que por el tiempo de suspensión del contrato a los contratistas, no se le reconocería suma alguna por concepto de mayor tiempo de permanencia en la obra (fl. 899, cdno. 1 B).

Así las cosas, la Sala evidencia que si bien, predominantemente la entidad contratante tuvo incidencia en la ampliación del plazo, el contratista aceptó sin manifestación expresa los efectos económicos que pudieran traer, las adiciones y suspensiones en el plazo de ejecución del contrato, por lo que no es procedente reconocer los perjuicios que a partir del acto de liquidación unilateral manifiesta se le causaron con ocasión de las prórrogas sucesivas del contrato.

De acuerdo con lo anterior, la Sala revocará la sentencia de primera instancia, en tanto reconoció por concepto de mayor permanencia en obra, sobrecostos por administración y perjuicio material por lucro cesante, cuando en el particular no resultaba procedente su reconocimiento.

4.3.2. La parte demandante reclama el reconocimiento de los valores asumidos por el contratista como consecuencia de la ampliación del plazo contractual, a raíz de la expedición de leyes que alteraron el contexto económico en el que se celebró el negocio. A propósito, resalta que la Ley 383 de 1997 aumentó el impuesto de timbre del 0.5% al 1% y la Ley 488 de 1998 elevó el impuesto al 1.5%, igualmente a partir de 1998 se decretó la emergencia económica a través del Decreto-Ley 2330, el Decreto-Ley 2331 creó el impuesto del 2 x 1.000 y la Ley 508 de 1999, lo estableció como impuesto permanente.

A su vez, reclama el pago del aumento del costo financiero del proyecto a partir de febrero de 1998, debido al alza de las tasas de interés de los créditos para financiar la obra. Por su parte, señala que la Caja de la Vivienda Popular de Manizales afrontó problemas financieros que no le permitieron cumplir sus compromisos frente a las obras de urbanismo.

Finalmente reclama el incremento en los costos de construcción por la suma de $ 87.516.725 y en obras de urbanismo por $ 117.040.936, al haberse proyectado el contrato a 8 meses, que se prolongaron por un tiempo superior el estimado.

Colige la Sala, en similar sentido al ya referido, asumiéndose por el contratista el riesgo propio de la ampliación del plazo contractual sin manifestación alguna de los efectos económicos que la prolongación en el tiempo presentare la ejecución del contrato, resulta improcedente el reconocimiento de los valores reclamados por concepto de impuestos, costos financieros del proyecto y costos de construcción.

4.3.3. La sociedad demandante refiere que en la IV etapa de la urbanización se realizaron acarreos a mano por la imposibilidad de ingreso de las volquetas al sitio de las obras, debido a una serie de circunstancias ajenas al contratista y debidamente informadas a la caja (mediante oficios del 21 de septiembre de 1999, comité de obra 45 del 17 de febrero de 1999, acta 03 de la IV etapa del día 10 de agosto de 1999 y acta 7 de la IV etapa del 7 de septiembre de 1999), actividad que generó sobrecosto por la suma de $ 9.894.937,75.

El a quo consideró que era procedente el reconocimiento del sobrecosto por acarreo de concreto de la IV etapa de la Urbanización Bosques del Norte, en tanto “hubo de hacerse a mano al no ser posible el ingreso de volquetas debido a la obstaculización producida por los ocupantes de las casas ya terminadas al sacar a las vías y andenes el material de tierra sobrante en la explanación de sus patios, no imputable al contratista, circunstancia ésta que no hace parte de los riesgos que debía prever éste; para que así se restablezca la ecuación económica”, al tenor de lo previsto por el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 (fl. 1388, cdno. 7). No obstante, la parte resolutiva del fallo de primera instancia no identifica el reconocimiento de indemnización por este concepto.

La entidad demandada impugnó lo considerado por el a quo, al señalar con fundamento en las pruebas existentes, que corresponde al constructor el mantenimiento de las vías, además del traslado de las tierras “que ellos mismos mueven y las que los propietarios de las viviendas mueven en razón del incumplimiento del contratista de dejar con una sola cota el terreno destinado a los patios de la casa”. Concluyó que la responsabilidad del movimiento de tierras que afectan las casas, es del contratista (fl. 1413, cdno. 7).

Con el propósito de resolver el cargo de apelación, la Sala encuentra procedente determinar la actividad que desarrolló el contratista, según lo afirmado en la demanda, con el fin de dilucidar si la misma hacía parte del objeto contractual o si constituyó una labor adicional que le generó el sobrecosto reclamado en esta oportunidad.

La parte demandante refiere la realización de acarreos a mano por la imposibilidad de ingreso de volquetas al sitio de las obras, debido a una serie de circunstancias ajenas al contratista. La entidad demandada atribuye al contratista la responsabilidad por el movimiento de tierras a consecuencia de la ejecución misma de la obra, o por la actividad que desplegaron los propietarios de las viviendas una vez adjudicadas.

Debe señalarse además que el a quo identificó la actividad como un acarreo de concreto en la IV etapa de la urbanización Bosques del Norte, cuya realización a mano se impuso ante la imposibilidad de ingreso de volquetas debido a que los ocupantes de las casas terminadas, arrojaron a las vías y andenes, material de tierra sobrante en la explanación de sus patios.

A partir de las especificaciones técnicas dispuestas en el contrato de obra, colige la Sala que dentro de la actividad de excavación se previó el transporte de los materiales excavados, cuando fuere necesario, hasta el sitio de disposición definido por la interventoría(15) (condiciones técnicas del contrato numeral 2º). Por su parte, en la actividad de movimiento de tierras, se incluyó el transporte de los materiales excavados, cuando fuere necesario o a criterio del interventor, hasta el sitio de disposición definido por la interventoría (condiciones técnicas del contrato numeral 14.1).

Corresponde ahora establecer, si la actividad de acarreo en cuyo reclamo soporta el demandante el reconocimiento pecuniario pretendido, se adelantó sobre materiales excavados por el contratista para el desarrollo de la obra de la urbanización y fue definido como necesario por el interventor, para catalogarlo como incluido dentro del objeto contractual. Contrario sensu, deberá determinarse si corresponde a una actividad no prevista en el contrato, en caso tal, si se acredita su ejecución en los términos convenidos por las partes.

Dentro de las pruebas recaudadas en la actuación procesal, reposa la declaración rendida por Jorge Ricardo Gutiérrez Cardona, en calidad de ingeniero residente de la obra Bosques del Norte desde mediados de julio de 1997 hasta marzo de 2000, en la cual señaló:

(…) Preguntado: Sírvase informar si dentro de la ejecución de dicha obra ocurrieron modificaciones sustanciales que hayan incidido en el tiempo contratado para su terminación y el valor de la misma. En caso afirmativo, informe la causa y cuáles fueron dichas modificaciones (técnicas o de otra índole). Contestó. (…) Una vez solucionado este problema surgió otro problema también muy grave y es que por el hecho de que contractualmente a los patios de las casas no se les hacían obras de explanación cuando se les empezaron a entregar las casas a los propietarios, estos para fines de adecuar sus patios empezaron a hacer las obras de explanación en ellos y la tierra que resultaba de estas obras de excavación eran sacadas a las vías, este hecho generó grandes cúmulos de tierra en las vías las cuales la caja de la vivienda popular tuvo que proceder a retirarlas y el tiempo que se demoró para iniciar estas labores también afecto claramente el desarrollo de las obras. (…).

Preguntado: Indicó usted anteriormente que hubo problemas con la tierra de los patios de las casas que se iban construyendo y entregando. Quiere ampliarnos el problema mencionado y decirle al despacho si dicho percance generó o no mayores costos a los contratistas. Contestó: El volumen de tierra producto de la excavación por parte de los propietarios de las viviendas, el cual fue sacado a las calles por ellos mismos, generó graves tropiezos en la obra, porque como lo dije antes y lo reiteró (sic), estos volúmenes impedían físicamente ejecutar obras que eran necesarias para la terminación tanto de las casas como de las vías y hasta tanto no se solucionaba el retiro de estas tierras, era imposible hacer obra, lo que nos obligaba a quedarnos más tiempo en obra, a esperar que se solucionara el problema de la contratación para el retiro de estas tierras y poder así terminar, porque es que estos volúmenes de tierra quedaban sobre las vías, sobre los andenes y contra las paredes de las casas y entonces no podíamos en estos frentes, aun así luchamos contra este factor y logramos trabajar pero era muy difícil y los rendimientos esperados no eran los mismos en lo que se revierte en un sobrecosto para los constructores, porque al no poder avanzar a un ritmo deseado no se podían terminar las casas no las vías, como no se podían terminar las casas ni las vías, no se podían entregar al propietario no había posibilidad de subrogación y como no había subrogación y como no había subrogación, los intereses generados por los préstamos efectuados se acrecentaban y adicional a esto la caja de la vivienda no las recibía aunque contractualmente la caja de la vivienda estaba obligada a recibir las casas, si después de un mes de terminadas no eran entregadas al propietario; de esto hago recuento porque para las últimas etapas de la obra y por los cambios de administración hubo que hacer unos préstamos con las corporaciones de ahorro y vivienda para efectos de construir la urbanización. (…).

Preguntado: Por qué motivo dice usted que la colocación de las tierras por adaptación de los patios por parte de los beneficiarios, generó retraso si se supone que las casas se entregaban con las obras de urbanismo, o si no cómo se podían habitar, habida cuenta que ya se habían entregado. Contesto: Los habitantes de las casas que ya se habían entregado y como lo dije antes empezaron a adecuar sus patios haciendo las respectivas explanaciones, estas tierras por supuesto que no las depositaban al frente de sus casas, iban escogiendo botaderos indiscriminadamente alrededor de las casa que se estaban construyendo, en las esquinas, en las boca calles y en algunos casos hasta ellos mismos se obstruían las entradas a sus calles. Estos grandes cúmulos de tierra, nos obstruían la entrada o no nos dejaban trabajar porque los descargaban en los sitios donde nosotros en ese momento estábamos trabajando (fls. 84 a 94, cdno. 2).

Los informes rendidos por la interventoría de la obra reportaron el depósito de tierras sobre las vías de la urbanización, por parte de los adjudicatarios que ya habitaban las casas entregadas, situación que causó la obstrucción de las vías de acceso y generó retrasos en los trabajos que el contratista debía adelantar sobre las mismas. De los informes se extrae que la caja contrató el desalojo de las tierras que de los patios de las viviendas arrojaron los propietarios(16).

A su vez, las anotaciones del libro de interventoría evidencian que a raíz del material depositado en las vías, proveniente de las excavaciones de las casas en las que los propietarios decidieron su ampliación, se generó una obstrucción de los sitios de trabajo a intervenir por el contratista(17).

Sin perjuicio de que se acredite una circunstancia imprevista que afecte la ejecución del contrato, como en este caso, el depósito de materiales por parte de los propietarios de las unidades de vivienda entregadas, sobre las vías de la urbanización que estaban siendo intervenidas por el contratista, lo cierto es que el sobrecosto reclamado se restringe a una actividad, concernida al acarreo manual de material de construcción (concreto) ante la imposibilidad de ingreso de los vehículos que lo transportaban, sobre las vías que se encontraban obstruidas por la existencia del material arrojado.

En tal sentido, corresponde al demandante acreditar que debió acudirse al acarreo manual de concreto ante la imposibilidad de acceso a las vías de la urbanización por el depósito irregular de materiales por parte de los adjudicatarios de las unidades de vivienda familiar entregadas, además que esta actividad generó un sobrecosto en relación con el destinado para este tipo de actividad.

La Sección Tercera ha considerado que en estos eventos el contratista cuenta con dos opciones: “i) asumir el costo teniendo en cuenta que para el efecto debía estar incorporado en el rubro de imprevistos del A.I.U. o ii) advertir a la entidad contratante sobre el imprevisto presentado para llegar a un acuerdo lo antes posible”(18).

En el asunto sub lite, si bien se acredita la circunstancia que pudo generar el sobrecosto reclamado, la parte demandante no demostró la ejecución de la actividad que según afirma lo generó (acarreo manual de concreto), menos aún, que la haya puesto en consideración de la interventoría o del representante de la contratante para optar por asumir el costo dentro del rubro de imprevistos o que este se reconociera por la entidad a su favor.

La parte demandante refiere que puso en conocimiento de la Caja de la Vivienda Popular de Manizales, la situación que acarreó el sobrecosto pretendido a través de comunicación del 21 de septiembre de 1999, comité de obra 45 del 17 de febrero de 1999, acta 03 del 10 de agosto de 1999 y acta 7 del 7 de septiembre de 1999.

Encuentra la Sala que en comunicación del 21 de septiembre de 1999, el director de obra Jorge Enrique Valencia Ochoa informó a la caja los problemas originados en el desarrollo de la cuarta etapa de la urbanización Bosques del Norte, entre ellos el relacionado con las vías:

1. Las vías: llevamos prácticamente dos meses de reiniciadas las obras y aún no tenemos definido el diseño de vías, Presuco a hoy lleva vaciadas 37 casas de 35 mts en manzanas de 12 y 13, y fundiciones para 50 casas, estamos excavando las manzanas la 14-1-2-3 y no hemos tenido acceso para volquetas a ninguna de ellas, con el consiguiente sobrecosto por el acarreo manual de materiales. (…) (resaltado fuera del texto original) (fl. 277, cdno. 1 A).

En el comité de obra 45 del 17 de febrero de 1999, se reunieron los contratistas que adelantaron el proyecto de la urbanización Bosques del Norte, junto con el gerente de la Caja de la Vivienda Popular de Manizales y el Interventor, en donde discutieron, entre otros aspectos de la obra:

Nuevamente se analiza el avance de las obras en las vías de acuerdo al programa con el que se cuenta, además se consulta sobre el estado en que se encuentra el desalojo de tierras que de alguna manera interfieren en dichas labores. Concluyendo que se continua con un retraso en estas actividades y que aún no se ha podido terminar con el desalojo de tierras.

Se acordó realizar un recorrido con un representante por contratista y de un representante de la interventoría, con el fin de reprogramar algunas obras que de una u otra forma presentan retrasos en su ejecución y además para especificar cuales no se podrán tener listas para el 15 de marzo (resaltado de la Sala) (fl. 254, cdno. 1 A).

En el acta 03 del 10 de agosto de 1999, expresamente no hay solicitud del contratista frente a los acarreos de material y sobrecosto por este concepto. En el numeral 3 se estipula:

Se pagará como obra adicional en excavación, profundidades mayores a 1.60 mts, previa certificación de interventoría. Y el numeral 6. Los constructores colocarán la sub-base de las vías según diseño de la consultoría, sustitución que será a cargo de la caja de la vivienda popular y lo que se contamine será retirado y asumido por los constructores (negrilla fuera del texto original) (fl. 270, cdno. 1 A).

En acta 7 del 7 de septiembre de 1999, no se evidencia solicitud expresa del contratista frente a acarreos de material y sobrecosto por este concepto (fl. 272, cdno. 1 A).

De los elementos de convicción reseñados no es posible colegir que el contratista haya puesto en conocimiento del interventor o de la entidad para obtener su autorización, la necesidad de acarreo manual de concreto a consecuencia del depósito de tierras por parte de los propietarios de las viviendas entregadas en las vías de la urbanización Bosques del Norte, menos aún que hubiera acreditado su ejecución y el costo asumido por este concepto.

En contraposición, evidencia la Sala que mediante comunicación del 9 de junio de 2000, el gerente de Presuco remitió al gerente de la Caja de la Vivienda Popular de Manizales los documentos necesarios para proceder a la liquidación del contrato entre los que incluyó acta de sobrecosto de acarreo de concreto por la suma de $ 9.894.937,75 (fl. 313, cdno. 1 A).

A través de comunicación DT-148 del 29 de junio de 2000, la directora técnica de la caja de la vivienda popular hizo devolución del informe “materiales llevados a obra y acarreados a mano por la imposibilidad de entrar volquetas al sitio de las obras” por no contar con ningún soporte de la caja de la vivienda popular ni de la interventoría respectiva (fl. 314, cdno. 1 A).

A su vez, se acredita que mediante comunicación G-1324 del 16 de noviembre de 2000, el gerente de la Caja de la Vivienda Popular de Manizales y en respuesta a la reclamación del 9 de noviembre de 2000, donde el contratista solicita el reconocimiento y pago de la suma de $ 9.894.937,75 por sobrecostos de acarreo de concreto en la IV etapa (fl. 344, cdno. 1 A), informó:

10. Sobrecosto de acarreo de concreto la IV etapa $ 9.894.937,75 fue devuelto mediante oficio DT-148 del 29 de junio de 2000 por no contar con ningún soporte de la caja de la vivienda popular ni de la interventoría correspondiente.

Es importante anotar que las cuentas se deben producir con el Vo. Bo. de la interventoría, del contratista y de la caja de la vivienda popular y deben estar soportados con el libro de medidas o bitácora de obra, el contratista a moto-propio (sic) no puede producir cuentas y esperar que la entidad las reconozca sin ningún soporte (fl. 351, cdno. 1 A).

No hay certeza de la ejecución de la actividad frente a la cual se atribuye sobrecosto, y en tratándose del acarreo a mano de materiales de la obra, por los obstáculos que generó el movimiento de tierras propiciado por los adjudicatarios de las obras, puede catalogarse como un imprevisto cubierto en la partida de administración, utilidad e imprevistos AIU(19), razón por la cual corresponde al contratista acreditar que el costo reclamado excedió el contemplado para este concepto.

Ante la ausencia de elementos de convicción que acrediten el sobrecosto reclamado por la parte demandante y la ejecución del acarreo manual de concreto a consecuencia de la circunstancia imprevista ya aludida, además de la autorización para el desarrollo de esta actividad por parte del interventor o el representante legal de la entidad contratante, procede negar el reconocimiento pecuniario solicitado en este evento.

4.4. Incumplimiento atribuido a la Caja de Vivienda Popular de Manizales.

Las conductas presuntamente constitutivas de incumplimiento que atribuye la parte demandante a la entidad demandada, son:

— La Caja de Vivienda Popular de Manizales impidió al contratista cumplir con el objeto contractual, en relación con la construcción de la quinta etapa de la urbanización Bosques del Norte. Pretende el actor obtener el reconocimiento de lo que esperaba ganar el contratista cuando a pesar de habérsele adjudicado el contrato, no se le permitió construir la cantidad de las casas convenidas.

— La caja incumplió su obligación de entregar los beneficiarios y las cuotas iniciales que soportaban gran parte del flujo de caja, así como las obras de urbanismo. Reclama el reconocimiento de los costos financieros causados durante el periodo de septiembre de 1998 a julio de 1999, en que permanecieron disponibles 42 casas ya terminadas, sin que la caja suministrara los clientes como era su deber contractual o en su defecto comprara las viviendas.

4.4.1. Frente al incumplimiento de la obligación que tenía la caja al contratista culminar el objeto contractual, se encuentra acreditado que el objeto del contrato de obra pública 9706-042 se contrajo a la “construcción de 750 viviendas unifamiliares incluyendo algunas obras de urbanismo, discriminadas así: 600 de 21.50 m2 y 150 de 35 m2 en el rango de vivienda de interés social, en la Urbanización Bosques del Norte, ubicada en la ciudad de Manizales por el sistema cofinanciado” (Cláusula primera objeto, fl. 132, cdno. 1 A).

A su vez, la caja se obligó a: i) transferir el derecho de dominio y la posesión efectiva sobre parte del inmueble en donde se localizaría la urbanización Bosques del Norte, ii) abrir una cuenta en la entidad financiadora del crédito para la construcción de éstas soluciones de vivienda, en donde se consignarían las cuotas iniciales, iii) entregar o autorizar al contratista a más tardar dentro de los tres (3) días calendario siguientes, el 60% de cada cuota inicial, iv) permitir utilizar los diseños arquitectónicos y urbanísticos de las obras de urbanismo, estudios de suelos y de impacto ambiental y las licencias de urbanización y construcción para el desarrollo de este proyecto, v) autorizar la constitución de servidumbres necesarias y que recaigan sobre inmuebles de su propiedad, o sobre las áreas de cesión de la urbanización Bosques del Norte, vi) y hacer entrega, mediante escritura pública, de las zonas de cesión al Municipio de Manizales (cláusula segunda).

El contratista se obligó entre otras, a: i) utilizar el inmueble transferido por la contratante para desarrollar la construcción de vivienda de interés social, de acuerdo con el objeto señalado en la cláusula primera, ii) utilizar los estudios del ingeniero que ejecutó el estudio de suelos para la cimentación, iii) enajenar los inmuebles construidos en desarrollo de este contrato, a los adjudicatarios escogidos bien por parte del contratista, o por la contratante a través del departamento de trabajo social o la dependencia señalada para este efecto y iv) celebrar promesa de compraventa con cada uno de los adjudicatarios de las soluciones de vivienda, dentro de los cinco días hábiles siguientes al recibo de las cuotas iniciales (cláusula tercera).

Encuentra la Sala que son pocos los elementos de convicción que dan cuenta de las circunstancias en que se ejecutó la obra en relación con la quinta etapa de la Urbanización, lo cierto es que a partir del acto de liquidación unilateral (Res. 522 nov. 20/2000), se advierte que ante el vencimiento del plazo contractual, para el momento de la liquidación, se encontraban pendientes de escrituración 57 viviendas, por un valor total de seiscientos cuarenta millones cuatrocientos mil pesos ($ 640.400.000), correspondientes a la quinta etapa de la urbanización Bosques del Norte (fl. 361).

Igualmente se acredita que en la Resolución 522 de 2000, la Caja de Vivienda Popular de Manizales ordenó “la restitución a más tardar para el 24 de noviembre de 2000, de los lotes escriturados a su favor en Bosques del Norte V etapa, al igual que la escrituración de las viviendas no subrogadas ni vendidas directamente por la firma constructora” (fl. 361, cdno. 1 A).

A partir del contenido de la resolución de liquidación unilateral, la Sala evidencia que de las viviendas de la V etapa 9 se identificaron como “viviendas con trámite sin terminar”, 5 “viviendas con trámite sin terminar en notaria”, y 42 “viviendas a devolver a la caja de la vivienda popular” (fls. 361 a 363, cdno. 1 A).

Ha de precisarse que si bien la parte demandante en sede de apelación, solicita el reconocimiento de los perjuicios causados como consecuencia del incumplimiento de la entidad demandada de su obligación de permitirle ejecutar en su totalidad el objeto contractual, se concluye que no acreditó en este caso el cumplimiento a cabalidad de su obligación como constructor y que la falta de entrega de las 57 viviendas de la V etapa se hubiere producido por causas atribuibles a la entidad demandada.

Al no haberse probado el cumplimiento de la construcción y entrega de las viviendas que integraban la V etapa de la urbanización, en los términos previstos por el contrato, contrario sensu encontrarse acreditado que a la fecha del vencimiento del plazo contractual las viviendas no fueron entregadas, aunado al hecho de no demostrarse por el contratista, que a la entidad demandada le correspondía asegurar, por alguna causa justificativa, aun habiéndose vencido el plazo contractual, la culminación y entrega de la totalidad de unidades de vivienda de interés social, para esta Sala impera negar la pretensión de reconocimiento pecuniario.

4.4.2. La caja incumplió su obligación de entregar los beneficiarios de 42 casas que en septiembre de 1998 el constructor tuvo disponibles, lo cual ocurrió hasta julio de 1999. El demandante señala que por este hecho se generó una inversión de $ 332.751.924,72 y un costo financiero de $ 83.187.981,18.

El Tribunal de primera instancia no accedió al reconocimiento de los mayores valores cobrados por concepto de costo financiero por demora en las ventas, en tanto consideró acreditado con la prueba testimonial que “ello se debió a la demora en la ejecución de las vías por lo cual la caja no hacía desembolsos, como también al cambio en el material a ser utilizado en su ejecución solicitado por la caja, lo que permite la aplicación de la excepción de pacto no cumplido, proveniente de ambas partes” (fl. 1388, cdno. 7).

La parte demandante impugna la negativa del a quo al reconocimiento de los costos financieros que produjo el incumplimiento por parte de la caja de su obligación de suministrar los clientes o, en su defecto, comprar las unidades de vivienda familiar que se encontraban terminadas y disponibles para ser habitadas, durante el periodo de septiembre de 1998 hasta julio de 1999, fecha última en la que la caja entregó los beneficiarios de 42 casas. El fundamento de apelación se centra en que no resulta procedente aplicar la excepción de contrato no cumplido en el presente caso.

Conviene resaltar que en lo relativo a la asignación de las unidades de vivienda familiar a los adjudicatarios, el contrato atribuyó de un lado, a la entidad contratante la obligación de “entregar o autorizar al contratista a más tardar dentro de los tres (3) días calendario siguientes, según sea el caso, el 60% de cada cuota inicial (numeral 3 cláusula segunda contrato de obra)”, de otro, al contratista le correspondía enajenar los inmuebles construidos en desarrollo del contrato, “a los adjudicatarios escogidos bien por parte del contratista, o por la contratante a través del departamento de trabajo social o la dependencia señalada para éste efecto” (numeral 3º cláusula tercera), en tal sentido debía vender los inmuebles a los precios máximos establecidos (numeral 5º cláusula tercera)(20) y celebrar promesa de compraventa, con cada uno de los adjudicatarios de las soluciones de vivienda, dentro de los cinco días hábiles siguientes al recibo de las cuotas iniciales (numeral 4 cláusula tercera).

A su vez, el contrato estableció: “en concertación el contratista y la caja revisarán el cronograma de ejecución de obra cada 15 días, con el fin de definir las unidades a construir, las cuales deben de ir acorde con las obras de urbanismo, y las cuotas iniciales recibidas, y los beneficiarios adjudicatarios que cumplan con los requisitos para la subrogación del crédito por parte de la corporación de ahorro y vivienda. Para el programa de construcción de viviendas para el año 1997 el corte, o la última revisión de este cronograma en el cual deberá indicarse el número de vivienda a construirse, se hará el 15 de noviembre de 1997” (numeral 16 programa de obra especificaciones técnicas de construcción y urbanismo urbanización Bosques del Norte, fl. 135).

Finalmente, el contrato estipuló en su cláusula décima novena:

Si vencido el término del contrato y un mes más, la caja de la vivienda popular no ha entregado al contratista el listado de beneficiarios y adjudicatarios y su correspondiente cuota inicial, para realizar la subrogación correspondiente, la Caja de la Vivienda Popular de Manizales asumirá estas subrogaciones con un plazo máximo de un (1) mes (fl. 176, cdno. 1 A).

En consideración a las condiciones fijadas en el contrato de obra, la Sala infiere que el proceso de entrega de las unidades de vivienda familiar a los beneficiarios comenzaba con la selección de los adjudicatarios, quienes a su vez asumían el pago de la cuota inicial establecida para las viviendas, a partir de los precios máximos dispuestos. Una vez consignada la cuota inicial a favor de la caja, esta contaba con un plazo de tres días calendario para entregar el 60% de la cuota al contratista y en el término de cinco días hábiles siguientes al recibo de las cuotas iniciales, el contratista debía celebrar promesa de compraventa, con cada uno de los adjudicatarios de las soluciones de vivienda.

Con todo, el contrato dispuso que al vencimiento del término contractual y un mes adicional, si la caja de la vivienda popular no había hecho entrega al contratista del listado de beneficiarios y su correspondiente cuota inicial, la entidad asumiría las subrogaciones con un plazo máximo de un mes.

Ha de precisarse que la parte demandante reclama los costos financieros presuntamente generados como consecuencia del cumplimiento tardío de la obligación de entrega de los beneficiarios de 42 casas, por parte de la caja, lo que hizo que las unidades de vivienda permanecieran disponibles sin ser asignadas durante el periodo de septiembre de 1998 hasta julio de 1999.

En consonancia con la pretensión formulada y los supuestos fácticos que la sustentan, corresponde al demandante acreditar en el sub lite el incumplimiento endilgado a la caja, es decir: i) que en su condición de constructor reportó a la entidad la disponibilidad de las 42 viviendas, para ser habitadas por sus adjudicatarios, ii) que en el programa de obra pactado en el contrato se estableció la fecha de entrega de las unidades de vivienda señaladas, iii) además que la caja no suministró el listado de beneficiarios en los tiempos convenidos en el programa de obra. Finalmente, iv) es de su carga acreditar los costos generados y el nexo con el incumplimiento endilgado.

Si bien, el a quo declaró probada en este punto, la excepción de contrato no cumplido por encontrarse el contratista en mora frente a su obligación como constructor (demora en la ejecución de las vías) lo que impedía exigir el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la caja, lo cierto es que la parte demandante ni siquiera probó el supuesto de incumplimiento invocado.

Baste señalar que aun acreditándose que para la fecha de los comités de obra 44 del 10 de febrero de 1999(21) y 45 del 17 de febrero de 1999(22), el contratista requirió a la entidad demandada para que se agilizara el trámite de ventas de 42 unidades de vivienda disponibles, lo cierto es que aceptó que la entidad adelantó la gestión correspondiente para la entrega de las viviendas, sin que el contratista manifestara su oposición o los efectos económicos que se pudieran causar en relación con la entrega, tal es el caso, de los costos financieros que pudiera acarrear.

Aunado a lo anterior, tampoco se advierte que se haya fijado una fecha en el programa de obra, para la entrega de las unidades de vivienda referidas y, por ende, se hubiere excedido este término por la caja demandada.

Al contrario la Sala advierte que las partes convinieron que en caso de vencimiento del plazo contractual y un mes adicional sin que la caja hubiere entregado al contratista el listado de beneficiarios y su correspondiente cuota inicial, la entidad asumiría estas subrogaciones con un plazo máximo de un mes, lo que permite inferir, que el convenio fue más allá, aceptando que la caja podía hacer entrega del listado de beneficiarios hasta el vencimiento del plazo.

Así las cosas, debiéndose demostrar por el demandante el incumplimiento atribuido a la entidad demandada y visto que no existe elemento de prueba que dé cuenta de ello, corresponde despachar negativamente la pretensión pecuniaria reclamada(23). Igualmente, está acreditado el incumplimiento del contratista que hace inviable su reclamación, en tanto en todo sinalagma es de suyo la demostración del cumplimiento contractual, para reclamar a su vez el incumplimiento de la contraparte.

4.5. Reconocimiento de obras adicionales acordado por las partes durante la ejecución contractual.

La parte demandante como argumento de apelación señaló que el fallo de primera instancia desconoció el contenido del otrosí del 8 de octubre, en el que dejó sin efecto las condiciones técnicas del contrato, quedando vigentes las de la propuesta. Sostiene que el dictamen pericial aportado a la actuación concluyó que dentro de la propuesta no se incluyeron las acometidas eléctricas en las casas de 21.5 m2, ni el afirmado de andenes, también se acreditó que el contratista las ejecutó al ser obligado por la caja. Por tanto, deben reconocerse estas obras adicionales.

A su vez, la entidad demandada como fundamento de apelación señala que la sentencia refiere dentro de las obligaciones del contratista, la entrega de todas las soluciones de vivienda con los contadores y matrículas, por ende, dotados con los servicios de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica. En tal sentido, para el apelante, no resulta coherente que el a quo acceda a las pretensiones cuando se reclama el pago de las acometidas eléctricas de las casas de 21,5 m2, si es obligación del contratista entregarlas.

Debe señalarse que el a quo no acogió “la petición de reconocimiento por concepto de obras adicionales sin pago (andenes y acometidas eléctricas)”, al considerar que “no eran adicionales, estaban consignadas dentro de sus obligaciones contractuales, para lo cual remite a los literales f) y j) del punto 8 del aparte de esta providencia donde se relaciona la documentación del cuaderno 1 A y a los folios 160 a 168 del mismo cuaderno” (fl. 1389, cdno. 7).

Además, resaltó “las obligaciones del contratista, en este caso, f) sujetarse a los planos, diseños y especificaciones técnicas presentados en su propuesta, las cuales están contenidas en los folios 135 a 171, de las cuales se destaca las instalaciones eléctricas y telefónicas —acometidas— (fls. 160 a 168) y entregar todas las soluciones de vivienda con los contadores y matrículas y por lo tanto con los servicios de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica” (fl. 1371, cdno. 7).

Ahora bien, para resolver el cargo formulado, precisa la Sala hacer un parangón entre las condiciones técnicas de construcción y urbanismo detalladas en el contrato inicial, y las acogidas por el otrosí al contrato suscrito el 5 de octubre de 1997, en el que las partes convinieron modificar el numeral sexto de la cláusula tercera que regula las obligaciones del contratista, en los siguientes términos:

Las especificaciones técnicas de la construcción de las viviendas son las contenidas en la propuesta ganadora de la licitación, y presentada por el Consorcio Conyvi S.A. - Jorge Enrique Valencia las cuales se toman como parte integrante de este otrosí; razón por la cual las condiciones técnicas estipuladas en el contrato 9706-042 quedarán sin efecto” (fls. 180 a 181, cdno. 1 A).

Para efectos ilustrativos se cotejarán, las especificaciones técnicas iniciales, respecto de las acometidas eléctricas y andenes que contenía el contrato inicial, y la variación dispuesta en el otrosí del 5 de octubre de 1997, a partir de las especificaciones técnicas contenidas en la propuesta presentada por el Consorcio Jorge Enrique Valencia Ochoa - Conyvi S.A. dentro de la licitación 002-III-1997, en relación con el afirmado de andenes y las acometidas eléctricas.

Posterior a este ejercicio, la Sala entrara a determinar si constituyen obras adicionales las acometidas eléctricas de las viviendas de 21,5 m2 y el afirmado en los andenes peatonales de las viviendas.

Contrato inicialOtrosí del 5 de octubre de 1997
“2.03. Afirmados
Se construirán con material seleccionado y bien gradado, compactado hasta la densidad indicada en los planos u ordenada por el Interventor.
Comprende los siguientes trabajos:
— Suministro del material para afirmados
— Transporte al sitio de colocación
— Preparación de la subrasante o superficie de apoyo
— Colocación y compactación de los materiales
Construcción: Se colocarán capas de máximo 12 cm de espesor y se compactará con equipo apropiado para tal caso. Deberá alcanzar una densidad mínima del 95% del proctor standard para todas las estructuras.
El control de compactación se hará por medio de ensayos de densidad en el terreno y en sitios escogidos por el interventor y cada vez que este lo crea necesario. En todos casos, los ensayos se deberán hacer mínimo uno por cada 150 m2 de superficie afirmada” (fls. 140 a 141, cdno. 1 A).
“2.03. Afirmados
Se construirán con material seleccionado y bien gradado, compactado hasta la densidad indicada en los planos u ordenada por el Interventor.
Comprende los siguientes trabajos:
— Suministro del material para afirmados
— Transporte al sitio de colocación
— Preparación de la subrasante o superficie de apoyo
— Colocación y compactación de los materiales
Se colocarán en capas de máximo 20 cms, de espesor compactas, y se compactará con equipo apropiado para tal caso.
La unidad de medida de este ítem es por metro cúbico (m3). (fl. 39, cdno. 1 A).
“3.10. Andenes
Se construirá en los sitios mostrados en planos u ordenados por el interventor. La rasante quedará perfectamente nivelada y si hubiere material que a juicio del interventor deba ser cambiado, se reemplazará por material seleccionado y bien gradado hasta la profundidad necesaria.
Antes de vaciar el concreto se colocará una capa de afirmado compactado de 10 cm de espesor y cumpliendo las normas que se dan en el aparte Afirmados de estas especificaciones.
Se colocará luego concreto de 210 kg/cm2 de 7 cm de espesor que cumpla las especificaciones estructuras de concreto.
El acabado se hará frotando con una banda de lona la superficie del concreto, de la misma manera que los pavimentos y posteriormente figurado con rodillo.
El contratista protegerá el andén durante su periodo de fraguado con cisco de café, aserrín, arena, etc. Así mismo, lo protegerá del paso peatonal o vehicular hasta que haya adquirido su fraguado final.
Se construirán juntas de contracción en los sitios y de las dimensiones indicadas por el interventor; estas se sellarán de la misma manera y con los mismos materiales indicados para las bases en concreto para pisos”.
“16.05. Andenes y sardineles
Se construirán en concreto de 210 kg/cm2 los sardineles y en concreto de 175 g/cm2 los andenes” (fl. 56, cdno. 1 A).
“9. Instalaciones eléctricas y telefónicas.
Las viviendas de 21.5 m2 deberán tener 18 salidas sencillas y 1 especial. Las viviendas de 35 m2 deberán tener 20 salidas sencillas y 1 especial. Para ambos casos las acometidas deberán hacerse y no se contarán dentro de los puntos anteriormente señalados.
El objeto de las especificaciones técnicas descritas a continuación junto con los planos correspondientes, es el de establecer las normas técnicas y las calidades mínimas que deben cumplir los materiales que se utilizarán en la construcción de las instalaciones eléctricas interiores y exteriores de la obra en referencia, lo mismo que las técnicas a emplear, hasta la terminación de las obras probadas y listas para operar. Estas especificaciones forman parte física e integral de los compromisos para la construcción de los sistemas eléctricos y telefónicos a la cuales debe ceñirse el contratista, además del cumplimiento de las normas fijadas por la empresa electrificadora local. Toda la información dada en estas especificaciones o en los planos anexos, tienen igual validez en el caso en que dejen de mencionarse en uno de los documentos.
Se aplicarán las normas Icontec del Código Colombiano de Instalaciones Eléctricas Domiciliares y aquellas fijadas por la respectiva electrificadora local (Chec).
Todos los materiales a utilizar serán de primera calidad, libres de imperfecciones, sin uso y de manufactura reciente. Estarán contramarcados por el fabricante y tener impresa su capacidad.
El contratista mantendrá durante la ejecución de las instalaciones eléctricas a un capataz competente para atender todas las necesidades de la construcción eléctrica.
El contratista se encargará del transporte y suministro de materiales, mano de obra, dirección técnica, equipos y herramientas necesarias para llevar a cabo la totalidad de las obras eléctricas indicadas en los planos, las listas de cantidades de obras y las especificaciones.
El contratista se compromete a cumplir estrictamente lo establecido en estas especificaciones, en los planos y las instrucciones que durante la ejecución de la obra sean dadas por el contratante.
Mantendrá permanentemente en la obra un juego de planos eléctricos que serán utilizados exclusivamente para consignar en ellos todas las reformas o variaciones que se presenten, ya sea por cambios de tipo arquitectónico o por las modificaciones que se establezcan en las rutas de tuberías y localización de aparatos.
El contratista marcará en juego de copias de los planos suministrados, todos los detalles de las obras tal como se ejecutaron y señalará todas las modificaciones hechas a las mismas. Las modificaciones a las obras tendrán que ser aprobadas por la interventoría. Estos planos originales donde quedarán consignadas todas las variaciones presentadas en el transcurso de la obra, serán parte integral del acta final de liquidación y entrega.
Tramitar el suministro de energía y teléfonos con las entidades encargadas.
Tendrá a su cargo además las pruebas de puesta en servicio de la totalidad de las instalaciones eléctricas, coordinación de trabajos y entrega de las respectivas instalaciones con el visto bueno de la electrificadora local.
Informar oportunamente al propietario de la obra o sus representantes los requerimientos de documentos necesarios que deban prepararse para que dichos trámites puedan efectuarse.
Estudiar en conjunto con la interventoría toda modificación que se haga en el transcurso de la obra, para que las variaciones producidas estén siempre en concordancia con el proyecto original y con el objetivo final de la obra” (fls. 160 a 161, cdno. 1 A).
“9. Instalaciones eléctricas y telefónicas.
El objeto de las especificaciones técnicas descritas a continuación junto con los planos correspondientes, es el de establecer las normas técnicas y las calidades mínimas que deben cumplir los materiales que se utilizarán en la construcción de las instalaciones eléctricas interiores y exteriores de la obra en referencia, lo mismo que las técnicas a emplear, hasta la terminación de las obras probadas y listas para operar. Estas especificaciones forman parte física e integral de los compromisos para la construcción de los sistemas eléctricos y telefónicos a la cuales debe ceñirse el contratista, además del cumplimiento de las normas fijadas por la empresa electrificadora local.
Toda la información dada en estas especificaciones o en los planos anexos, tienen igual validez en el caso en que dejen de mencionarse en uno de los documentos.
Se aplicar (sic) las normas Icontec del Código Colombiano de Instalaciones Eléctricas Domiciliares y aquellas fijadas por la respectiva electrificadora local (Chec).
Todos los materiales a utilizar serán de primera calidad, libres de imperfecciones, sin uso y de manufactura reciente. Estarán contramarcados por el fabricante y tener impresa su capacidad.
El contratista mantendrá durante la ejecución de las instalaciones eléctricas a un capataz competente para atender todas las necesidades de la construcción eléctrica.
El contratista se encargará del transporte y suministro de materiales, mano de obra, dirección técnica, equipos y herramientas necesarias para llevar a cabo la totalidad de las obras eléctricas indicadas en los planos, las listas de cantidades de obras y las especificaciones.
El contratista se compromete a cumplir estrictamente lo establecido en estas especificaciones, en los planos y las instrucciones que durante la ejecución de la obra sean dadas por la caja de la vivienda popular.
Mantendrá permanentemente en la obra un juego de planos eléctricos que serán utilizados exclusivamente para consignar en ellos todas las reformas o variaciones que se presenten, ya sea por cambios de tipo arquitectónico o por las modificaciones que se establezcan en las rutas de tuberías y localización de aparatos.
El contratista marcará en juego de copias de los planos suministrados, todos los detalles de las obras tal como se ejecutaron y señalará todas las modificaciones hechas a las mismas a fin de que al final de la obra, se pueda tener los planos récord donde quedarán consignadas todas las variaciones presentadas en el transcurso de la obra, el cual será parte integral del acta final de liquidación y entrega.
Tramitar el suministro de energía y teléfonos con las entidades encargadas.
Tendrá a su cargo además las pruebas de puesta en servicio de la totalidad de las instalaciones eléctricas, coordinación de trabajos y entrega de las respectivas instalaciones con el visto bueno de la electrificadora local.
Informar oportunamente al propietario de la obra o sus representantes los requerimientos de documentos necesarios que deban prepararse para que dichos trámites puedan efectuarse.
Estudiar en conjunto con la interventoría toda modificación que se haga en el transcurso de la obra, para que las variaciones producidas est (sic) siempre en concordancia con el proyecto original y con el objetivo final de la obra” (fls. 48 a 49, cdno. 1 A).

En primer lugar, el cotejo ya reseñado pone de presente que pese a que el contrato original dentro de las obligaciones del contratista le impuso “sujetarse a los planos, diseños y especificaciones técnicas, presentadas en su propuesta” (fls. 135 y ss., cdno. 1 A) y el otrosí del 5 de octubre de 1997 modificó esta obligación para tener como especificaciones técnicas de la construcción las contenidas en la propuesta presentada por el consorcio contratista, lo cual en principio no implicaría variación a lo inicialmente pactado; sin embargo, al revisar minuciosamente unas y otras especificaciones, las del contrato original dejan de ser coincidentes con las presentadas en la propuesta.

Aclarado lo anterior, de la confrontación efectuada entre unas y otras, la Sala concluye que para el caso de las acometidas eléctricas, la propuesta presentada por el contratista, que posteriormente se acogió en el otrosí del 5 de octubre de 1997, dejó de mencionar el número de salidas de las instalaciones eléctricas y telefónicas y la realización de acometidas que no se contarían dentro de los puntos de salida. A su vez eliminó la capa de afirmado compactado de 10 cm de espesor antes de vaciar el concreto en el andén, en las condiciones estipuladas en las especificaciones técnicas del contrato.

Ahora, en lo que concierne al periodo de ejecución contractual, se encuentra demostrado que mediante oficio del 10 de agosto de 2000, el gerente de Presuco Ltda. y el director de obra presentaron cuenta de cobro al gerente de la caja, en la que reclamaban el pago como obras adicionales de las acometidas eléctricas en las casas de 21.5 m2 y la colocación de sub-base de andén:

Envío cuenta de cobro por valor de $ 96.458.673.05, conforme a lo siguiente:

En el otrosí de octubre de 1997, se modifica la cláusula tercera numeral sexto del contrato, la cual queda así:

Las especificaciones técnicas de la construcción de las viviendas son las contenidas en la propuesta ganadora de la licitación y presentada por el Consorcio Conyvi S.A. - Jorge Enrique Valencia Ochoa, las cuales se toman como parte integrante de este otrosí; razón por la cual las condiciones técnicas estipuladas en el contrato 9706-042 quedarán sin efecto”.

En nuestra propuesta no fue incluido el ítem acometida eléctrica en las casas de 21.5 m2, pero sí en las de 35 m2 con un valor de $ 97.385 por acometida, a precios de 1997. Por tal motivo las acometidas de las casas de 21.5 m2 deben considerarse como obra adicional y el valor de esta actividad queda como sigue:

Casas de 21.5 m2 construidas en 1997

350 Und. x $ 97.385 = $ 34.084.750

Casas de 21.5 m2 construidas en 1998, indexando el valor en un 18.5% de acuerdo con el contrato

87 Unds. x $ 115.401.23 = $10.039.907.01

Casas de 21.5 m2 construidas en 1999, indexando el valor en un 16% de acuerdo con el contrato

154 Unds. x $ 133.865.42 = $ 20.615.274.68

Valor costo directo$ 64.739.931.69
A.I.U. 15%$ 9.710.989.75
Valor total$ 74.450.921.44

De la misma forma se cotizó andén sobre tierra y se nos exigió la colocación de sub-base de andén; razón por la cual la colocación de sub-base de andén debe considerarse como obra adicional y según acta final de urbanismo realizada entre la Caja de la Vivienda Popular de Manizales y los contratistas de este proyecto, se calculó el saldo total y el valor de sub-base de andén ejecutado por los tres (3) contratistas de Bosques del Norte, así:

Cantidad total1.695.56 m3
Valor$ 26.248 m3
Total$ 44.505.058.88

Ejecutado por Presuco Ltda.

49.45% del total x $ 44.505.058.88 =$ 22.007.751.58
Valor total de los ítems$ 96.458.673.05

Agradezco el trámite de la presente cuenta (fls. 321 a 322, cdno. 1 A).

El gerente de la caja, mediante oficio G-959 del 16 de agosto de 2000, brindó respuesta a la cuenta de cobro presentada por el contratista:

La dirección técnica ha revisado la cuenta presentada con relación a la acometida eléctrica de las casas de Bosques del Norte, aduciendo el otro sí, de octubre de 1997, que modifica la cláusula tercera numeral sexto del contrato “Las especificaciones técnicas de la construcción de las viviendas son las contenidas en la propuesta ganadora de la licitación y presentada por el Consorcio Conyvi S.A.”, al respecto me remito a la página 42 y 43 de las especificaciones técnicas presentadas por el Consorcio Conyvi S.A. numeral 9 “Instalaciones eléctricas y telefónicas” que a la letra dice: “El objeto de las especificaciones técnicas descritas a continuación junto con los planos correspondientes, es el de establecer las normas técnicas y las calidades mínimas que deben cumplir los materiales que se utilizarán en la construcción de las instalaciones eléctricas interiores y exteriores de las obras en referencia, la misma que las técnicas a emplear, hasta la terminación de las obras probadas y listas para operar”.

Por lo que no se acepta ninguna cuenta con relación a las instalaciones eléctricas ya que se debían entregar funcionando, con el respectivo recibo de la Central Hidroeléctrica de Caldas (Chec) y la (sic) con matrícula y contador correspondiente.

Así mismo les solicito oficialmente el juego de planos eléctricos record que deben entregar a la caja de la vivienda popular, donde debieron haber consignado todas las variaciones presentadas en el transcurso de la obra, el cual será parte integral del acta final de liquidación y entrega y se estipula en el párrafo 10 página 43 de las especificaciones técnicas ofrecidas en la propuesta de Conyvi S.A.

Con relación a la segunda cuenta del andén sobre tierra y el cual se colocó con sub-base de afirmado, me permito recordarle que en la liquidación efectuada entre el ingeniero Mauricio Gutiérrez jefe de ingeniería de la caja de la vivienda popular, Ricardo Gutiérrez residente de Presuco con el visto bueno de la interventoría, se liquidaron los andenes y sardineles ejecutadas por los contratistas de Bosques del Norte, donde se tuvo en cuenta la cantidad de 1.695.56 m3 de afirmado de andén ejecutado por los mismos, le recuerdo además que a raíz de esa liquidación usted envió una carta autorizando a la caja de la vivienda popular a descontar la suma de $ 23.095.673 resultado de las obras ejecutadas vías, andenes y sardineles contra las que debían ejecutar según la propuesta inicial de los mismos conceptos.

Lo que de lugar a la devolución de la cuenta porque su objeto ya fue cancelado y liquidado (fls. 329 a 330, cdno. 1 A).

De acuerdo con las comunicaciones aludidas, el contratista estima que en la propuesta presentada dentro de la licitación 002-III-1997, “no fue incluido el ítem acometida eléctrica en las casas de 21.5 m2, pero sí en las de 35 m2 con un valor de $ 97.385 por acometida, a precios de 1997”, en consideración de ello, reclamó el pago de la acometida de las casas de 21.5 m2 como obra adicional. A su vez refirió que: “se cotizó andén sobre tierra y se nos exigió la colocación de sub-base de andén; razón por la cual la colocación de sub-base de andén debe considerarse como obra adicional” (fls. 321 a 322, cdno. 1 A)

En efecto, al revisar el análisis de precios unitarios de la propuesta presentada por el consorcio Conyvi - Jorge Enrique Valencia, para el caso de las viviendas de 35 m2, entre el listado de actividades se describe el ítem “acometida casa” cuya unidad fue valorada en $ 97.385, dentro del acápite “12-instalaciones eléctricas” (fl. 62, cdno. 1A); sin embargo, no se observa la inclusión de ítem similar en el análisis de precios unitarios para las viviendas de 21.5 m2.

Por su parte, dentro de las obras de urbanismo para las viviendas de 21.5 m2 se incluyó la actividad “03-concreto anden sobre tierra” determinada en metros cúbicos en una cantidad de 0.72 cuyo valor unitario correspondió a $ 105.783 (fls. 60 y 77, cdno. 1 A), igualmente en las obras de urbanismo de las viviendas de 35 m2 se incorporó un ítem similar (fl. 90, cdno. 1 A), empero no se relaciona un ítem denominado sub-base de anden o afirmado de andén.

En principio esta circunstancia indicaría que las acometidas eléctricas y el afirmado de los andenes, al no haberse incluido expresamente por el proponente al momento de participar en la licitación como ítem, serían susceptibles de catalogarse como obras adicionales; sin embargo, en el caso particular que ocupa la atención de la Sala deberá determinarse si revisten tal carácter para que a su vez proceda el reconocimiento pecuniario, conforme se reclama por la parte demandante.

Impera distinguir lo que esta Corporación ha definido como obras adicionales, para resolver la controversia en el presente evento. Las obras adicionales se consideran obras distintas de las inicialmente previstas en el objeto contractual, o ítems no previstos pero cuya ejecución se torna necesaria para cumplirlo a cabalidad, en tal sentido su reconocimiento implica variación del contrato(24).

En armonía con esta noción, su reconocimiento a través de la acción de controversias contractuales, implica que la entidad contratante las haya autorizado y se consagren en el contrato mediante modificación de mutuo acuerdo o de manera unilateral, y no obedezcan a la iniciativa del contratista de realizarlas sin consentimiento de la entidad(25).

La controversia suscitada entre las partes gira en torno a la inclusión o no de las acometidas eléctricas y el afirmado de los andenes como ítems del contrato de obra.

4.5.1. En primer lugar, se echa de menos el pliego de condiciones. Esta sola circunstancia hace improcedente el reconocimiento de este perjuicio. En efecto, es pacífico en la jurisprudencia de esta Corporación que el pliego de condiciones se impone frente a lo pactado en el contrato, por la elemental razón de que el primero es la base de participación del proceso de selección(26). De suerte que si bien las partes pueden variar el contrato, esta posibilidad no es ilimitada, pues de llegarse a configurar un cambio sustantivo en las condiciones del pliego se correría el riesgo de vaciar toda la actividad contractual y defraudar la confianza de quienes participaron en el proceso y ofertaron bajo esos parámetros. Esas modificaciones, por lo tanto, encuentran sustento en hechos posteriores a la firma del contrato que ponen en peligro la prestación del servicio público y sólo para asegurar este último encuentran su justificación. La falta de los pliegos de condiciones impide hacer la verificación de lo expuesto, aunado a ello, las razones de la modificación contractual tampoco aparecen claras.

Además, la Sala encuentra que si bien no se incluyó el ítem acometida eléctrica en las viviendas de 21.5 m2 en la propuesta presentada por el consorcio contratista, al abordar en contexto las obligaciones a las que se comprometió, es posible deducir que le correspondía asumir su realización.

Para arribar a esta conclusión ha de tenerse en cuenta que a la par con la obligación de “sujetarse a los planos, diseños y especificaciones técnicas presentadas en su propuesta” (numeral 6º cláusula tercera, fl. 135, cdno. 1 A) se estipuló a cargo del contratista la de “entregar con los contadores y matrículas y por lo tanto con los servicios de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica, conforme se estipuló en el pliego de condiciones, todas las soluciones de vivienda” (numeral 10 cláusula tercera, fl. 173, cdno. 1 A).

Igualmente, a partir de las especificaciones técnicas contenidas en su propuesta se desprende que para las instalaciones eléctricas y telefónicas el contratista debía i) aplicar la reglamentación atinente(27), ii) mantener durante la ejecución de las instalaciones eléctricas a un técnico competente de tiempo completo para atender todas las necesidades de construcción eléctrica, iii) cumplir lo establecido en los planos de las especificaciones técnicas y las instrucciones que durante la ejecución de la obra fueren dadas por la caja de la vivienda popular; a su vez, el contratista se obligó a iv) mantener permanentemente en la obra un juego de planos eléctricos que serían utilizados exclusivamente para consignar en ellos todas las reformas o variaciones que se presentaran, bien sea por cambios de tipo arquitectónico o por las modificaciones que se establecieran en las rutas de tuberías y localización de aparatos y v) el contratista marcaría en juego de copias de los planos suministrados “todos los detalles de las obras tal como se ejecutaron y señalará todas las modificaciones hechas a las mismas a fin de que al final de la obra se pueda tener los planos récord donde quedarán consignadas todas las variaciones presentadas en el transcurso de la obra, el cual será parte integral del acta final de liquidación y entrega”.

Finalmente, el contratista vi) debía tramitar el suministro de energía y teléfonos con las entidades encargadas y tendría a su cargo las pruebas de puesta en servicio de la totalidad de las instalaciones eléctricas, coordinación de trabajos y entrega de las respectivas instalaciones con el visto bueno de la electrificadora local. Además, vii) estudiar, en conjunto con la interventoría, toda modificación que se hiciere en el transcurso de la obra, para que las variaciones producidas fueren concordantes con el proyecto original y con el objetivo final de la obra (especificaciones técnicas de la propuesta en relación con las instalaciones eléctricas y telefónicas, fl. 49, cdno. 1 A).

Ahora bien, en consideración al conjunto de compromisos que asumió el contratista frente a las instalaciones eléctricas de la obra, la Sala debe precisar que una acometida, definida por el numeral 14.1 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994(28), es una “derivación de la red local del servicio respectivo que llega hasta el registro de corte del inmueble”. En ese orden, la acometida eléctrica tiene como función conectar la red externa de energía que viene del prestador del servicio a la red interna del usuario, en este caso, del inmueble.

En similar sentido, el servicio público domiciliario de energía eléctrica se define como “el transporte de energía eléctrica desde las redes regionales de transmisión hasta el domicilio del usuario final, incluida su conexión y medición”(29).

En el contexto aludido, no es comprensible para la Sala entender que el contratista pretendía honrar los compromisos adquiridos en relación con las instalaciones eléctricas de las unidades de vivienda familiar sin incluir las acometidas de las viviendas de 21.5 m2, cuando se evidencia que frente a las viviendas de 35 m2 si fue incluido este ítem.

Insiste la Sala, no es clara la hipótesis de una vivienda donde se requería la puesta en servicio de todas las instalaciones eléctricas y el suministro de energía con la prueba de ello, sin que se hubiese contemplado la acometida, es decir, el aditamento necesario para la conexión de la red externa con la red interna.

Así las cosas, bajo un análisis integral de las obligaciones contraídas por el constructor, la Sala concluye que él mismo asumió el compromiso de entregar la totalidad de las unidades de vivienda con los servicios de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica, conforme se estipuló en el pliego de condiciones, aun cuando hubiere omitido incluir como ítem la acometida eléctrica de las casas de 21.5 m2.

Si bien las partes convinieron que de existir inconsistencias entre las especificaciones técnicas y los planos, tenía prevalencia lo descrito en el pliego de condiciones, en el presente evento, se insiste, ante la ausencia de prueba que informe el contenido del pliego de la licitación pública 002-III-1997, a consecuencia del incumplimiento de la carga probatoria del demandante(30), no es posible acceder a la pretensión de reconocimiento de las acometidas eléctricas de las viviendas de 21.5 m2 como obras adicionales, porque se infiere que dada la naturaleza de la obra contratada las acometidas resultaban esenciales para el propósito que perseguía la entidad en el objeto contractual.

Con todo, correspondía al demandante acreditar que i) a partir del pliego de condiciones no se contemplaron las acometidas eléctricas para las viviendas de 21.5 m2, pese a que se incluyeron en las viviendas de 35 m2 —lo cual resulta contradictorio para la Sala—, ii) a su vez, que puso en conocimiento esta situación a la interventoría y a la entidad contratante, para obtener su autorización expresa de realización como obras adicionales, no como una actividad propia del contrato para la puesta en marcha de las instalaciones eléctricas.

Estas circunstancias no están plenamente acreditadas en el plenario. Al contrario es evidente que la entidad nunca reconoció que la actividad fuera adicional al objeto convenido. En consecuencia incumbe negar la solicitud formulada por el demandante.

4.5.2. Conforme se evidenció en este título, el demandante reclama el reconocimiento pecuniario como obra adicional de la sub-base de andén o afirmado de andén, por cuanto refiere que su propuesta cotizó únicamente el ítem “anden sobre tierra” y durante la ejecución contractual la entidad le exigió la colocación de sub-base de andén (fls. 321 a 322, cdno. 1 A).

Reitera la Sala que frente a este punto se acredita la inclusión del ítem “03-concreto anden sobre tierra”, en metros cúbicos con un valor unitario de $ 105.783, tanto para las obras de urbanismo de las viviendas de 21.5 m2 (fls. 60 y 77, cdno. 1 A), como para las viviendas de 35 m2 (fl. 90, cdno. 1 A); sin embargo, no se relaciona un ítem denominado sub-base de anden o afirmado de andén.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala se remitirá a lo acreditado en la actuación procesal, específicamente en las comunicaciones G-959 del 16 de agosto de 2000 y G-1324 del 16 de noviembre de 2000, en las que el gerente de la caja rechazó la cuenta de cobro presentada por el contratista para obtener el pago de la actividad de afirmado de andenes como obra adicional, porque al hacer una medición de los afirmados, andenes y sardineles ejecutados, la parte demandante aceptó un descuento por concepto de obras no ejecutadas.

En comunicación G-959 del 16 de agosto de 2000, la entidad demandada respondió:

Con relación a la segunda cuenta del andén sobre tierra y el cual se colocó con sub-base de afirmado, me permito recordarle que en la liquidación efectuada entre el ingeniero Mauricio Gutiérrez jefe de ingeniería de la caja de la vivienda popular, Ricardo Gutiérrez residente de Presuco con el visto bueno de la interventoría, se liquidaron los andenes y sardineles ejecutados por los contratistas de Bosques del Norte donde se tuvo en cuenta la cantidad de 1.695.56 m3 de afirmado de andén ejecutado por los mismos, le recuerdo además que a raíz de esa liquidación usted envió una carta autorizando a la caja de la vivienda popular a descontar la suma de $ 23.095.673 resultado de las obras ejecutadas vías, andenes y sardineles contra las que debían ejecutar según la propuesta inicial de los mismos conceptos (fls. 329 a 330, cdno. 1 A).

En la comunicación G-1324 del 16 de noviembre de 2000, el gerente de la caja de la vivienda popular indicó:

9. Acometidas eléctricas casas de 21.5 m2 y sub-base de los andenes.

Este punto se contestó con oficio G-959 del 16 de agosto de 2000, y nos ratificamos nuevamente en ella. Anexamos oportunamente el documento firmado por la ingeniera Patricia Gómez interventora del contrato, ingeniero Mauricio Gutiérrez jefe de la oficina de ingeniería de la caja de la vivienda popular y por Ricardo Gutiérrez residente de Presuco, donde se midieron todos los afirmados, andenes y sardineles ejecutados por los contratistas de Bosques del Norte contra lo contractual, a raíz de esta liquidación usted envió una carta autorizando a la caja de la vivienda popular a descontar la suma de $ 23.095.673 resultado de las obras no ejecutadas con relación a lo inicial, por lo que dio lugar a la devolución de la misma ya que se (sic) objeto ya fue cancelado y liquidado oportunamente (fls. 347 a 353, cdno. 1 A).

Lo anterior permite inferir que el contratista aceptó a manera de compensación la deducción efectuada por la entidad contratante, en torno a la realización de afirmados, andenes y sardineles, sin distinguir de su parte, que la actividad que ahora cataloga como adicional, de sub-base o afirmado estuviera excluida del balance efectuado. Debe resaltarse de las comunicaciones allegadas, que las partes realizaron la liquidación de las actividades relacionadas con los andenes y sardineles ejecutados en la urbanización Bosques del Norte, y a su vez se reconoció la cantidad de 1.695.56 m3 de afirmado de andén ejecutado.

Del contenido del oficio la Sala observa que a partir del balance efectuado, el contratista autorizó a la caja el descuento en su contra, de la suma correspondiente a $ 23.095.673, sin que formulara reparo o solicitud económica en relación con la sub-base de andén o afirmado, habiéndose ejecutado dentro del componente objeto de verificación.

En tal sentido, resulta procedente negar la pretensión invocada por la parte actora.

4.6. Valores descontados en el acta de liquidación unilateral.

La parte demandante refiere igualmente que el a quo no aceptó reconocer el valor descontado al contratista, como consecuencia de un mayor valor de venta en escritura de los lotes donde se construyeron las viviendas de interés social. En este punto el argumento de apelación refiere que la caja sin razón alguna quebrantó los pliegos de condiciones, el contrato y las escrituras públicas de compraventa de los inmuebles en los que se adelantó el proyecto de construcción, porque decidió cobrar a mayor valor los lotes, cuando se pactó un valor de un millón de pesos cada uno.

De otro lado, señala que en la Resolución 522 de liquidación unilateral, se identificó el concepto “mayor valor de vivienda $ 124.857.491” descontado en el valor a pagar al contratista; sin embargo, la caja realizó el descuento referido sin haberse reconocido los gastos que el constructor debió asumir por escrituración, registro e impuesto de renta, valores que ascendieron a la suma de cuarenta y ocho millones de pesos, y que se entendían como una mayor utilidad para el contratista.

Advierte que la Resolución 91 del 24 de febrero de 2000, varió el precio de los lotes únicamente en relación con la 4ª etapa y los valores descontados en la Resolución 522 por la cual se liquidó unilateralmente el contrato, corresponde a las tres primeras etapas. Refiere que por tal razón, el descuento ordenado en la Resolución 522 es ilegal y no podía hacerlo la caja, en tal sentido estima que es errado el fundamento del Tribunal en la sentencia.

Previo a resolver el cargo de apelación formulado por la parte demandante, traerá a colación la Sala los argumentos expuestos por el a quo para negar el reconocimiento del mayor valor cobrado en los lotes por la entidad demandada:

Se negará igualmente su pretensión de obtener reconocimiento y pago de valores correspondientes al mayor cobrado en los lotes, pues el contratista aceptó el valor de $ 1.400.000, en oficio G-473 de 23 de diciembre de 1997, sin haberlo objetado, presuntamente atendiendo a lo pactado el 16 de noviembre de 1999, fecha en la cual acordaron adquirir el número total de casas construidas en las etapas 4 y 5 de la misma urbanización, para relocalizar viviendas que se encuentran en zonas subnormales o de alto riesgo, obligándose el vendedor constructor a escriturarlas de acuerdo con la relación que le entregue el comprador (fls. 215 a 216, ídem), siendo el valor de cada vivienda el mismo fijado en el contrato inicial; como tampoco los mayores valores de ventas en las casas a favor de la caja, por cuanto, ella actuó atendiendo a la cláusula 7 del contrato, observando el artículo 16 de la Ley 80 de 1993, y el acto administrativo que dispuso tales valores está amparado de la presunción de legalidad y no ha sido cuestionado en su legalidad (fl. 1388, cdno. 7).

Ha de precisarse que la parte demandante reclama dos conceptos pecuniarios en este punto. De un lado, objeta la suma descontada por la entidad demandada por concepto del valor de los lotes en los que se construyeron las unidades de vivienda familiar, pactado en el contrato de obra y a través de los contratos de compraventa suscritos por la caja y el contratista, y posteriormente aumentado por la entidad demandada.

De otro lado, pretende el reconocimiento económico de los gastos en que incurrió por escrituración, registro e impuesto de renta que no fueron sufragados por la entidad, pese a que esta se benefició con la suma descontada en el valor a pagar al contratista denominada “mayor valor de vivienda por $ 124.857.491”, contenido en el acto de liquidación unilateral. La parte demandante refiere que la suma reclamada se entendía como una mayor utilidad para el contratista, y asciende a cuarenta y ocho millones de pesos.

De acuerdo con la distinción anterior, corresponde a la Sala establecer si prosperan las pretensiones invocadas por la parte demandante acorde con el fundamento de apelación. Para el efecto, se resolverán en primer lugar los cargos de nulidad que relaciona el accionante frente a los conceptos pecuniarios reclamados y contenidos en la Resolución 522 de 2000, de liquidación unilateral.

4.6.1. La sociedad demandante acusa a la caja de quebrantar el pacto contractual, en el acto administrativo de liquidación unilateral, al haber decidido cobrar a mayor valor los lotes en los que se adelantó el proyecto de construcción de la “Urbanización Bosques del Norte”.

La Sala encuentra procedente recordar que el valor de los lotes sobre los cuales se construyó la “Urbanización Bosques del Norte”, se estipuló de una parte en el contrato de obra y de otra, en cada uno de los contratos de compraventa de inmueble elevados a escritura pública, en los que la caja demandada transfirió el dominio al contratista.

Al respecto, la cláusula cuarta del contrato de obra al establecer el precio y la forma de pago, también estipuló el valor de cada lote:

4. Precio y forma de pago del contrato: Para todos los efectos legales el valor del presente contrato se estima en la suma de $ 800.850.552 (ochocientos millones ochocientos cincuenta mil quinientos cincuenta y dos pesos), correspondiente a: a) La suma de $ 750.000.000 (setecientos cincuenta millones de pesos), correspondiente al valor de los lotes de la urbanización Bosques del Norte, a razón de $ 1.000.000 (un millón de pesos) cada uno. b) La suma de $ 50.850.552 (cincuenta millones ochocientos cincuenta mil quinientos cincuenta y dos pesos), por concepto de interventoría, correspondientes al uno por ciento (1%) de los costos de venta de las soluciones de vivienda. Las sumas anteriores serán pagaderas por el contratista del 40% de las cuotas iniciales consignadas por los adjudicatarios.

PAR.—El 60% de la cuota inicial será entregado al contratista y el 40% restante amortiza el valor del lote de terreno y la interventoría enunciados en los literales a) y b) de ésta cláusula en caso de que con el porcentaje de las cuotas iniciales no alcanzare a cubrirse los valores anteriores, el contratista cancelará el saldo insoluto en tres contados mensuales iguales y sucesivos, el incumplimiento de estos pagos acarreará el pago de los intereses monetarios máximos autorizados por la Superintendencia Bancaria. En todo caso al finalizar el plazo contractual, el contratista deberá cancelar todos los saldos insolutos por dichos conceptos (negrilla de la Sala).

A su vez, los contratos de compraventa que celebró la Caja de la Vivienda Popular de Manizales con las sociedades contratistas para transferir el dominio de los lotes en los que se construyó la urbanización Bosques del Norte, fijaron un valor de venta por cada lote de un millón de pesos, como se confronta a continuación:

EscrituraValor del lote
Escritura 1266 del 17 de octubre de 1997La Caja de Vivienda Popular de Manizales en calidad de propietaria transfirió al contratista Conyvi S.A. - Jorge Enrique Valencia Ochoa el dominio de las manzanas 35, 36, 37, 38, 39 y 40, por un precio de ciento treinta y siete millones de pesos ($ 137.000.000), equivalente un millón de pesos ($ 1.000.000) por cada lote en que se dividirán las manzanas más adelante (fls. 51 a 604).
Escritura 1429 de 24 de noviembre de 1997La Caja de Vivienda Popular de Manizales en calidad de propietaria transfirió a título de venta el derecho de dominio a Conyvi S.A. - Jorge Enrique Valencia Ochoa de 30 lotes de la manzana 21, 9 lotes de la manzana 43, 30 lotes de la manzana 46, 30 lotes de la manzana 47, 26 lotes de la manzana 48, 22 lotes de la manzana 49 y 15 lotes de la manzana 50, por un precio de ciento sesenta y dos millones de pesos ($ 162.000.000), equivalente un millón de pesos ($ 1.000.000) por cada lote en que se dividirán las manzanas más adelante (fls. 641 a 734).
Escritura 1619 de 30 de diciembre de 1997La Caja de Vivienda Popular de Manizales en calidad de propietaria transfirió a título de venta el derecho de dominio a Conyvi S.A. - Jorge Enrique Valencia Ochoa de 32 lotes de la manzana 51, 32 lotes de la manzana 52, 34 lotes de la manzana 53, 34 lotes de la manzana 54 y 34 lotes de la manzana 55, por un precio de ciento sesenta y seis millones de pesos ($ 166.000.000), equivalente un millón de pesos ($ 1.000.000) por cada lote en que se dividirán las manzanas más adelante (fls. 504 a 526).
Escritura 1211 de 15 de octubre de 1998La Caja de Vivienda Popular de Manizales en calidad de propietaria transfirió a título de venta el derecho de dominio real y efectivo a Conyvi S.A. - Jorge Enrique Valencia Ochoa, de 30 lotes de la manzana 12, 30 lotes de la manzana 13 y 30 lotes de la manzana 1, por un precio de noventa millones de pesos ($ 90.000.000), equivalente un millón de pesos ($ 1.000.000) por cada lote en que se dividirán las manzanas más adelante (fls. 527 a 545).
Escritura 648 de 31 de agosto de 1999La Caja de Vivienda Popular de Manizales en calidad de propietaria de las manzanas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ubicadas en zona urbana de la ciudad de Manizales, que integran la urbanización “Bosques del Norte”, transfirió a título de venta el derecho de dominio a la sociedad Presuco Ltda., de 34 lotes de la manzana 4, 30 lotes de la manzana 3, 30 lotes de la manzana 2 y 30 lotes de la manzana 1, por un precio de ciento veinticuatro millones de pesos ($ 124.000.000), equivalente un millón de pesos ($ 1.000.000) por cada lote en que se dividirán las manzanas más adelante (fls. 605 a 640).
Escritura 899 de 3 de diciembre de 1999La Caja de Vivienda Popular de Manizales en calidad de propietaria transfirió a título de venta el derecho de dominio a la sociedad Presuco Ltda., de 65 lotes (en la manzana 18, 23 y 24), por un precio de sesenta y cinco millones de pesos ($ 65.000.000), equivalente un millón de pesos ($ 1.000.000) por cada lote en que se dividirán las manzanas más adelante (fls. 735 a 782).

Así mismo, los contratos de compraventa fueron coincidentes en estipular la siguiente forma de pago:

Forma de pago: Sumas que cada uno de los compradores como contratistas de la caja pagarán a la vendedora en la siguiente forma:

Con el cuarenta por ciento (40%) del monto de las cuotas iniciales consignadas por los adjudicatarios de cada vivienda, hasta completar el tope de la venta; consignaciones que se harán en cuenta manejada por la caja de la vivienda popular y que se abrirá en la entidad cofinanciadora del proyecto. - Si no se alcanzare a cubrir el valor de las ventas con las cuotas iniciales antes señaladas, el contratista cubrirá el remanente del sesenta (60%) en tres (3) cuotas iguales y sucesivas antes de la entrega de la obra. (fl. 636, cdno. 1A, escritura 648 del 31 de agosto de 1999).

En consideración del pacto contractual, las partes dieron a cada uno de los lotes de la urbanización Bosques del Norte el valor de un millón de pesos, que a su vez integraba uno de los conceptos del valor del contrato de obra y sería asumido por el contratista, a más tardar, al vencimiento del plazo contractual.

Ahora bien, se acredita que en la Resolución 522 de 2000, a través de la cual, la Caja de la Vivienda Popular de Manizales liquidó unilateralmente el contrato de obra pública 9706-042, la entidad consideró en relación con el valor del lote:

En lo referente al precio y forma de pago del lote, en oficio suscrito por esa constructora el 4 de diciembre de 1997, recibido el 9 del mismo mes y año, donde usted solicita la ratificación en diferentes puntos de vista entre otros en el punto 16 que dice: “Aclaración del valor de la vivienda, cuota inicial, valor del lote e interventoría y pagos de gastos notariales”, solicitud que le respondió la entidad mediante oficio G-473 de diciembre 23 de 1997 donde les fijó un precio a los lotes de $ 1.400.000 sin que usted presentara objeción alguna. Sin embargo la entidad lo reajustó con el IPC, situación que resulta más favorable para ustedes y que arroja un menor valor a pagar ($ 1.374.600) (fls. 354 y ss., cdno. 1 A).

Así mismo, se encuentra probado que en el balance liquidatorio efectuado por la entidad, aquí demandado, de las etapas I, II y III de Bosques del Norte, se incluyó el concepto “Lote $ 493.385.000” (fls. 354 a 363, cdno. 1 A). De acuerdo con la motivación expuesta por la entidad contratante, esta suma se obtuvo del valor del lote asignado en el acto de liquidación, es decir, $ 1.374.600, resultante del reajuste a partir del índice de precios al consumidor IPC.

La variación del valor del lote contenida en el acto de liquidación unilateral constituye el cargo de nulidad invocado por la parte demandante.

La Sala deberá establecer en consecuencia si la variación aludida por el apelante corresponde a la modificación unilateral del contrato tal como concluyó el a quo o si obedece al reajuste del valor de los lotes, que forman parte integrante del valor aportado por la entidad demandada para la ejecución de la obra. Para el efecto, corresponde verificar si la entidad demandada se apartó de lo convenido tanto en el contrato de obra como en los contratos solemnes de compraventa de bien inmueble, al variar el valor de los lotes sobre los cuales se construyó la urbanización Bosques del Norte, si se acreditan las razones que justifican esta variación o si se aparta la motivación expuesta en el acto de liquidación unilateral, de los fines previstos por la ley para el empleo de la facultad de modificación unilateral del contrato o de los supuestos fácticos ocurridos en este evento, durante la ejecución contractual.

La caja demandada refiere que la variación del precio del lote obedeció a la respuesta brindada al contratista mediante oficio G-473 de 23 de diciembre de 1997. Cabe señalar que el oficio G-473 de 23 de diciembre de 1997 se expidió por el gerente de la Caja de la Vivienda Popular de Manizales en respuesta al requerimiento formulado por el contratista el 9 de diciembre de 1997, donde solicitó aclaración de varios aspectos acerca de la construcción de la urbanización Bosques del Norte.

En lo que al valor de los lotes concierne, el oficio hizo la siguiente mención:

Los precios de ventas de las casas de 21.5 m2 para el año de 1998 será de $ 8.500.000 y las casas de 35 m2 serán vendidas a $ 10.500.000. Esta Entidad recaudará por vivienda $ 250.000 por gastos de escrituración, $ 1.400.000 por concepto del lote y el 1% por concepto de administración e interventoría (…) (negrilla fuera de texto original). (fl. 219, cdno. 1 A).

No obstante, en el mismo oficio en el acápite “aclaración de valores” reseñó, en lo pertinente:

Valor del lote e interventoría

$ 1.000.000Valor lote
$ 65.000Valor interventoría
—————— 
$ 1.065.000Valor total (fl. 221, cdno. 1 A).

De tenerse el oficio G-473 como sustento para la variación del precio del lote, esta Sala considera que en este aspecto no contiene una manifestación inequívoca de la administración tendiente a modificar el valor del lote, más aún, carece totalmente de motivación, de catalogarse como una modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato.

Lo cierto es que si bien la caja mencionó en el acto de liquidación unilateral, el oficio G-473, aplicó en definitiva, para los fines de la liquidación, el valor de $ 1.374.600 obtenido de un reajuste con el IPC del valor inicial, que según su apreciación resultaba más favorable para el contratista.

El Tribunal de primera instancia consideró que la variación aludida estuvo ajustada a derecho, en tanto se realizó por la entidad demandada en ejercicio de la facultad de modificación unilateral.

Pese a esta consideración, ha de señalarse que el contrato contempló la facultad excepcional de modificación unilateral bajo las siguientes condiciones:

7. Modificación unilateral: En caso de que haya necesidad de modificar el contrato en busca de favorecer a los adjudicatarios o a la obra misma, se seguirá el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o deroguen (Cláusula séptima) (fl. 174, cdno. 1 A).

El artículo 16 de la Ley 80 de 1993, por su parte consagra como presupuestos para la procedencia de la facultad excepcional de modificación unilateral:

“ART. 16.—De la modificación unilateral. Si durante la ejecución del contrato y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la entidad en acto administrativo debidamente motivado, lo modificará mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o servicios.

Si las modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o más del valor inicial, el contratista podrá renunciar a la continuación de la ejecución. En este evento, se ordenará la liquidación del contrato y la entidad adoptará de manera inmediata las medidas que fueren necesarias para garantizar la terminación del objeto del mismo.

Conviene precisar, en este evento, que el reajuste aludido no puede catalogarse como una modificación unilateral, en la medida en que no pretende evitar la paralización del contrato o su afectación grave, frente a una circunstancia producida durante la ejecución contractual, que exija algún tipo de variación en las condiciones inicialmente pactadas.

En oposición, la Sala encuentra que la motivación expuesta por la caja pretende el reajuste del valor de los lotes, aportados inicialmente por la entidad contratante para la consecución del objeto contractual, a saber, la construcción de la urbanización Bosques del Norte. Muestra de ello, es que la Resolución 522 de 2000 refirió un reajuste del valor de los lotes a partir del índice de precios al consumidor (IPC).

A su vez, la Resolución 159 del 2 de abril de 2001, por la cual se pronunció la entidad del recurso de reposición instaurado contra la liquidación unilateral, señaló que la razón del incremento del valor de los lotes no es otro distinto al reajuste permitido para lograr el equilibrio económico del contrato. El acto administrativo estableció en el aparte pertinente:

Con respecto al valor de los lotes

Con respecto a su negativa a que se le incremente el valor de los lotes queremos destacar lo siguiente:

Es incomprensible su negativa, puesto que no se entiende el porque para sus pagos y obras solicitó como efectivamente se le reconoció un reajuste en los precios pero con respecto al capital y aporte de la entidad pretende desconocer cualquier incremento, asumiendo una posición arbitraria e inequitativa que rompe con el esquema de equilibrio del contrato que se debe aplicar a las partes en general y no sólo en beneficio del contratista como se pretende.

Es inaceptable su reclamo y proceder frente a este aspecto, puesto que existen hechos concretos, escritos y manifestaciones inequívocas de que el contratista ya había reconocido esos incrementos a nuestro favor.

Véase las diferentes actas de liquidación presentadas por el contratista donde reconoce el incremento en el valor de los lotes, mismas que se encuentran debidamente refrendadas con su firma y las cuales no presentan glosa alguna, pues fueron elaboradas por él, de manera personal y directa y a la entidad y la interventoría solo les restaba su aprobación o improbación.

Lo que pretende es retrotraer una situación debidamente legalizada y cancelada para ambas partes, situación que desde todo punto de vista no aceptamos.

Desconoce además que dichos aumentos quedaron consignados en actas de comités de obras de los cuales el contratista hizo parte. (…) (fl. 464, cdno. 1 A).

La Sección Tercera ha considerado que el reajuste de precios busca mantener “las condiciones de los componentes esenciales del precio del negocio jurídico, de tal suerte que las variaciones significativas que operen en los factores determinantes del mismo sean reconocidas a efectos de no desequilibrar la ecuación financiera del contrato”(31). En consonancia se contempla como prerrogativa de las partes, sin que medie un pacto expreso en el contrato en relación con su procedencia, tampoco resulta admisible una renuncia al reajuste a través de acuerdo convencional(32).

De lo anterior la Sala colige que la variación en el precio de los lotes contenido en el acto de liquidación unilateral, no es producto del ejercicio de la facultad de modificación unilateral, sino deviene del reajuste admitido igualmente como prerrogativa para la entidad contratante como lo ha considerado la jurisprudencia contenciosa administrativa.

En este evento correspondía al demandante acreditar que cumplió la obligación de pago del valor de los lotes, en los términos y plazos convenidos en el contrato, para desvirtuar las consideraciones que sustentaron el reajuste en el acto de liquidación unilateral, en relación con el punto materia de controversia.

La parte demandante solicitó la “relación de los adjudicatarios de las viviendas construidas en virtud del contrato de obra cofinanciado 9706-042”, copia de los documentos soportes en los que aparezca la fecha en la cual cada usuario pagó la cuota inicial y fecha en la cual se desembolsó el porcentaje respectivo al Contratista” (fl. 878, cdno. ppal. 1B).

Mediante auto del 28 de septiembre de 2001 (fl. 1229, cdno. 1c), el a quo accedió a la solicitud probatoria; sin embargo la interesada en su recaudo no cumplió con la carga de sufragar las expensas necesarias para obtener copia de las piezas documentales requeridas(33). Finalmente no se aportó medio de convicción tendiente a desvirtuar la legalidad del acto de liquidación unilateral, en torno al reajuste por el valor de los lotes.

Encontrándose justificado el reajuste del valor de los lotes aportados por la entidad contratante, al momento de la liquidación del contrato, el cargo de nulidad invocado no está llamado a prosperar.

4.6.2. De otro lado, la sociedad demandante pretende el reconocimiento económico de los gastos en que incurrió por escrituración, registro e impuesto de renta que no fueron sufragados por la entidad, pese a que esta se benefició con la suma descontada en el valor a pagar al contratista denominada “mayor valor de vivienda por $ 124.857.491”, contenido en el acta de liquidación unilateral. Refiere que la suma reclamada se entendía como una mayor utilidad para el contratista, y asciende a 48 millones de pesos.

Debe precisarse que la sociedad accionante hace referencia al descuento realizado por mayor valor de vivienda al contratista, en el acta de liquidación unilateral; sin embargo, su oposición no se centra en este descuento, sino en la ausencia de reconocimiento de los gastos de escrituración, renta y otros, que según indica la entidad debió reconocer.

Al respecto, la Sala que en la Resolución 522 de 20 de noviembre de 2000, la caja luego de establecer el monto total reconocido al constructor en el “cuadro de liquidación contractual de la I, II, III etapa de Bosques del Norte”, dedujo la suma de $ 124.857.491 por concepto de “mayor valor de vivienda”, para así reconocer un saldo a favor del constructor de $ 7.729.797,20 (fl. 358, cdno. 1A).

Impera en esta oportunidad recordar que el mayor valor de las viviendas, distinguido en el acto de liquidación unilateral, se estableció a partir de una de las obligaciones atribuidas al contratista en el contrato de obra, relacionado con la venta de “los inmuebles a los precios máximos establecidos para cada tipo de solución de vivienda unifamiliar, por la contratante así: Para aquellos adjudicatarios que consignen la totalidad de la cuota inicial antes del 15 de noviembre de 1997, las viviendas de 21.50 m2, tendrán un valor igual a 37.4994 salarios mínimos legales mensuales vigentes es decir, la suma de $ 6.450.092 (seis millones cuatrocientos cincuenta mil noventa y dos pesos) y para las viviendas de 35.00 m2, un valor igual a 47.0917 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o sea la suma de $ 8.100.000 (ocho millones cien mil pesos). Los adjudicatarios que consignen el valor de la cuota inicial en el año de 1998, los valores equivaldrán a los salarios mínimos legales mensuales, enunciados anteriormente al valor en que se encuentren en dicho año” (cláusula tercera).

Ahora bien, mediante Resolución 91 del 24 de febrero de 2000, la caja de la vivienda popular aumentó el precio de venta de las casas de la IV etapa de la urbanización Bosques del Norte, en la cual consideró:

a) Que en la actualidad se viene ejecutando por el sistema cofinanciado los contratos de obra 9706042 con la firma Presuco Ltda.

b) Que en el numeral º5 de la cláusula tercera del contrato de obra pública por el sistema cofinanciado 9706-042, establece vender los inmuebles a los precios máximos establecidos para cada tipo de solución de vivienda unifamiliar con base a 37,4994 smlmv para vivienda de 21.50 m2 y de 47,917 smlmv para viviendas de 35 m2, en cada vigencia.

c) Que se han presentado unas obras adicionales, las cuales se hace necesario un mayor valor de venta y que el mayor valor de venta entre el valor de venta contractual y la venta real se destinará para la cancelación de las mismas.

d) Que en razón de lo anterior los valores de venta de las viviendas de la urbanización Bosques del Norte sería la siguiente:

Vivienda de 21.50 m21997 ($ 172.005 smlm)1998 ($ 203.826 smlm)1999 ($ 236.460 smlm)
Valor total vivienda de 21.50 m2$ 6.450.092$ 7.643.352$ 8.867.108
Menos gastos financieros163.810194.115225.173
Valor sin costos financieros$ 6.286.282$ 7.449.237$ 8.641.935
Valor gastos notariales más rentas venta hipoteca200.000237.000274.920
Valor contractual de venta sin gastos financieros y con gastos notariales $ 6.486.282$ 7.686.237$ 8.916.855

Vivienda de 35.00 m21997 ($ 172.005 smlm)1998 ($ 203.826 smlm)1999 ($ 236.460 smlm)
Valor total vivienda de 35.00 m2$ 8.100.000$ 9.598.513$ 11.135.303
Menos gastos financieros237.660281.627326.690
Valor sin costos financieros$ 7.862.340$ 9.316.886$ 10.808.613
Valor gastos notariales más rentas venta hipoteca250.000296.250343.650
Valor contractual de venta sin gastos financieros y con gastos notariales$ 8.112.340$ 9.613.136$ 11.152.263

RESUELVE:

“ART. 1º—Fijar un precio real de venta de las viviendas en la actualidad de 21.50 m2 a diez millones de pesos m/cte. ($ 10.000.000) y para las de 35.00 m2 el valor será de doce millones doscientos mil pesos m/cte. ($ 12.200.000).

El mayor valor de venta entre el valor de venta contractual y la venta real se destinará para la cancelación de obras adicionales ejecutadas.

RESUMEN:

 Viviendas de 21.50 m2Viviendas de 35.00 m2
Valor real de venta.$ 10.000.000$ 12.200.000
Menor valor contractual más costos notariales más registro más rentas, venta e hipoteca.$ 8.916.855$ 11.152.263
Mayor valor de venta.$ 1.083.145$ 1.047.737

“ART. 2º—La presente resolución surte efectos a partir de la fecha de su expedición (fls. 911 a 912, cdno. 1 A).

Del contenido de la Resolución 91 de 2000, la Sala concluye que la caja, a través de este acto administrativo, incrementó el valor de venta de las unidades de vivienda familiar de la IV etapa de la urbanización Bosques del Norte, en relación con los precios máximos de venta establecidos en el contrato de obra pública, con la finalidad de cubrir con la diferencia entre el valor de venta real y el valor contractual, obras adicionales cuya ejecución fue necesaria.

La Sala recalca que el argumento de apelación no se centra en el descuento efectuado por la caja demandada por concepto de mayor valor de la vivienda, sino en la falta de reconocimiento pecuniario de los gastos de escrituración e impuesto de renta en los que presuntamente incurrió.

La Sala considera que correspondía a la sociedad demandante acreditar en primer lugar que el acto de liquidación unilateral omitió el reconocimiento pecuniario reclamado; sin embargo, se evidencia que el balance dispuesto para las etapas I, II y III de la urbanización Bosques del Norte contempló los gastos por escrituración. Así mismo, era carga del accionante acreditar los valores que no estaban cobijados por este concepto y su incidencia con el mayor valor del lote fijado mediante Resolución 91 de 2000.

Resulta evidente que la parte demandante no acreditó los gastos que se causaron a consecuencia del mayor valor dispuesto para las unidades de vivienda familiar, y que este mayor valor incidiera en la forma de pago ni el precio del contrato, en tanto, el mismo se convino exclusivamente para el reconocimiento de obras adicionales.

Cabe aclarar que si bien aparece descontado el mayor valor en el cuadro de liquidación de las etapas I, II, y III, y no como estipuló la Resolución 91 de 2000, para la etapa IV, encuentra la Sala que la sociedad demandante no se opone al descuento efectuado, sino a la falta de reconocimiento de los gastos de escrituración e impuesto de renta, por lo que entiende la Sala avala este descuento y en consecuencia no se pronunciará.

Así las cosas, al no acreditarse el perjuicio reclamado por la parte demandante la Sala negará su reconocimiento.

4.7. Nulidad del oficio G-404.

Precisa la Sala, si bien las partes no impugnaron la declaratoria de nulidad del oficio G-404 del 19 de abril de 1999, a través del cual la entidad dio respuesta a reclamaciones formuladas por el contratista, la Sala se pronunciará por tratarse de un asunto adverso a la parte demandada, apelante del fallo de primera instancia, al tenor de lo previsto en el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil.

La parte demandante invocó la nulidad del oficio G-404, en cuyo contenido la entidad contratante negó todos los reconocimientos solicitados por el contratista. Señala que el acto fue expedido el 19 de abril de 1999, pero nunca se notificó.

La parte demandante afirma que operó la notificación por conducta concluyente el día 24 de mayo de 1999, cuando la sociedad demandante presentó una nueva petición que nunca fue respondida y frente a esta petición operó el silencio administrativo positivo, protocolizado mediante escritura pública 6673 del 21 de diciembre de 2000, en la Notaria Cuarta del Circuito de Manizales.

Agrega que el contratista presentó una petición el 29 de noviembre de 1999 pero no tuvo respuesta, por lo tanto operó también el silencio administrativo positivo, protocolizado mediante escritura pública 8748 del 26 de diciembre de 2000, de la Notaría 4ª de Manizales.

Ahora bien, advierte la Sala que no se formulan cargos concretos de nulidad en contra del oficio G-404 que hagan procedente el pronunciamiento del juez en el presente evento.

La Sala concluye, igualmente, que el acto administrativo que finiquita la ejecución contractual es el acto de liquidación unilateral, susceptible de revisión judicial. En estricto sentido, las comunicaciones a partir de las cuales la administración brinda respuesta a las solicitudes o reclamos contenidos posteriormente en el acto de liquidación, no son definitivos.

En consecuencia, se revocará la declaratoria de nulidad dispuesta por el a quo.

4.8. De los conceptos reconocidos en el acto de liquidación unilateral cuyo pago reclama la parte demandante.

4.8.1. La parte demandante refiere que a raíz de las adiciones en plazo que se produjeron por causas ajenas al contratista, este debió contratar una celaduría que ascendió a un costo de $ 10.936.254. La sociedad demandante indica que esta cifra se reconoció en la Resolución 522, de liquidación unilateral, pero no ha sido cancelada aún.

Evidencia la Sala que en la Resolución 522 de liquidación unilateral, la Caja de la Vivienda Popular de Manizales consideró: “en cuanto a los celadores no se les ha negado su pago y se les reconocerá en la parte resolutiva, la suma de $ 10.936.254,48” (fl. 356, cdno. 1A), valor que en efecto fue reconocido como se evidencia en el resumen de liquidación total I, II, III y IV etapa de la urbanización Bosques del Norte (fl. 360, cdno. 1 A).

4.8.2. A su vez, la Sala mantendrá la decisión adoptada por el a quo de ordenar el pago de las sumas reclamadas por concepto de reajustes de los contratos modificatorios celebrados en 1998 y los otrosí celebrados en el año 2000, por cuanto no fueron objeto de apelación.

El a quo accedió al reconocimiento de los valores correspondientes a los reajustes por obras correspondientes a los otros sí del 98, porque la entidad demandada no se opuso conforme se evidencia en el acto de liquidación:

En cuanto a los otro si del 98, estos ya fueron cancelados oportunamente. Se les reconocerá únicamente los reajustes liquidados por la dirección técnica, de acuerdo con lo comunicado mediante oficio DT 269 de septiembre 11 de 2000 (fl. 356, cdno. 1 A).

La Sala advierte que el valor fue reconocido conforme obra en el concepto liquidación otrosí “junio 27 de 1998 y diciembre 4 de 1998” en el cuadro de liquidación contractual de la I, II, III y IV etapa de la urbanización Bosques del Norte (fl. 357, cdno. 1 A).

El a quo ordenó el pago de los valores correspondientes a los reajustes por obras adicionales de 2000 al comprobarse su inclusión en la liquidación practicada en la Resolución 522 de 20 de noviembre de 2000. En efecto, se encuentra en las consideraciones de la resolución de liquidación el reconocimiento de la suma correspondiente a $ 6 091 204,27 (fl. 355, cdno. 1 A) y en el resumen de liquidación total, en el concepto reajuste de obras adicionales (fl. 360, cdno. 1 A).

En consecuencia, se ordenará a la entidad demandada el pago de los conceptos reconocidos en el acto de liquidación unilateral que hasta la fecha no se han efectuado.

4.9. Conclusiones.

4.9.1. Por lo expuesto, ante la falta de acreditación del incumplimiento atribuido a la entidad demandada de los sobrecostos por mayor permanencia en obra y las obras adicionales reclamadas, además de los perjuicios pecuniarios reclamados por mayor valor de los lotes, la Sala negará las pretensiones de la demanda.

Así mismo, ante la ausencia de cargos concretos de nulidad formulados en contra del oficio G-404 del 19 de abril de 1999, a través del cual la entidad dio respuesta a reclamaciones formuladas por el contratista, además de no ser catalogado como un acto definitivo ante la existencia posterior de liquidación unilateral, la Sala revocará la declaratoria de nulidad dispuesta por el a quo.

Finalmente negará la pretensión de nulidad de la Resolución 522 del 20 de noviembre de 2000, por la cual la Caja de la Vivienda Popular de Manizales liquidó unilateralmente el contrato 9706-042.

4.9.2. Ahora bien, conviene precisar que las sumas cuyo pago se ordena a favor de la sociedad demandante Promotora Remansos de la Sultana Ltda. - Presuco Ltda., en virtud de la cesión de derechos realizada a nombre de Liliana Sierra Grajales(34), serán reconocidos directamente a favor de la cesionaria, conforme lo establecen los artículos 1969 y siguientes del Código Civil.

4.9.3. Teniendo en cuenta que mediante comunicación del 1º de marzo de la presente anualidad, el apoderado judicial de la parte demandante informó a esta Corporación que mediante Decreto Extraordinario 0608 del 7 de diciembre de 2016, la alcaldía de Manizales dispuso la supresión y la liquidación de la Caja de la Vivienda Popular de Manizales, por secretaría notifíquese el contenido de la presente providencia al agente liquidador que designe el alcalde del municipio de Manizales, en los términos previstos en el decreto de supresión y liquidación, o quien haga sus veces.

5. Por último, no hay lugar a condena en costas, en tanto se echa de menos lo exigido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, reformado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, es decir que exista una conducta temeraria de las partes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia del diecinueve (19) de febrero de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas y, en su lugar, se dispone,

1. Ordenar a la Caja de Vivienda Popular de Manizales o a quien haga sus veces de conformidad con lo previsto en el Decreto Extraordinario 0608 del 7 de diciembre de 2016, expedido por la alcaldía de Manizales, por el cual dispuso la supresión y la liquidación de la entidad, al pago a favor del contratista de los conceptos reconocidos en el acto de liquidación unilateral por concepto de celaduría y reajustes de los contratos modificatorios celebrados en 1998 y los otrosí celebrados en el año 2000, que hasta la fecha no se hayan efectuado, de conformidad con las consideraciones expuestas en la presente providencia.

2. Las sumas cuyo pago se ordena en la presente providencia, a favor de la sociedad demandante Promotora Remansos de la Sultana Ltda. - Presuco Ltda., deberán sufragarse a Liliana Sierra Grajales en virtud de la cesión de derechos litigiosos aceptada mediante auto del 12 de noviembre de 2008.

3. Denegar las demás pretensiones de la demanda.

4. Por Secretaría de la Sección Tercera notifíquese el contenido de la presente providencia al agente liquidador que designe el alcalde del municipio de Manizales, en los términos previstos en el decreto de supresión y liquidación, o quien haga sus veces.

5. SIN COSTAS, toda vez que no están probadas.

6. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al Tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

8 De acuerdo con certificación expedida por el alcalde (e) de Manizales, para la época de presentación de la demanda, la Caja de la Vivienda Popular de Manizales es una entidad descentralizada del orden municipal, regida por el Decreto Extraordinario 008 de enero 8 de 1987, adicionado por el Acuerdo 055 del 12 de diciembre de 1990 (fl. 783, cdno. 1 B).

9 La parte demandante reclamó como mayor pretensión pecuniaria el pago de $ 789.327.576, suma que corresponde al sobrecosto por mayor permanencia en obra solicitado, monto que a su vez, supera los 500 smlmv, del año 2001, fecha de presentación de la demanda ($ 143.000.000). La parte demandada formuló recurso de apelación el 3 de marzo de 2004 (fl. 1398 cont. cdno. ppal.) y la demandante interpuso recurso el 4 de marzo de 2004 (fl. 1399 cont. cdno. ppal.), se concluye que el proceso tiene vocación de doble instancia, como quiera que establecida la pretensión mayor individualmente considerada, la cuantía supera los 500 smlmv exigidos.

10 Teniendo en cuenta el otrosí del 24 de febrero de 2000 y el acta de suspensión del 28 de marzo de 2000, es posible colegir que la finalización del contrato se produjo el 30 de junio de 2000 (dictamen pericial fl. 86, cdno. 4). En consecuencia, la liquidación unilateral, efectuada mediante Resolución 522 del 20 de noviembre de 2000, confirmada mediante Resolución 159 del 2 de abril de 2001, se realizó dentro del término legal para llevarla a cabo, en consideración al pacto de las partes, de liquidar el contrato en los plazos previstos por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (fl. 176).

11 “ART. 311.—(Modificado por D. 2282/89, art. 1º, num. 141) Cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada dentro del mismo término.
El superior deberá complementar la sentencia del a quo cuando pronuncie la de segunda instancia, siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado o adherido a la apelación; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.
Los autos sólo podrán adicionarse de oficio dentro del término de ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término” (negrilla fuera de texto original).

12 Al respecto se evidencia que mediante auto del 28 de septiembre de 2001 (fl. 1229, cdno. 1c) el Tribunal dispuso exhortar a la Caja de la Vivienda Popular de Manizales para que remitiera en copia auténtica la documentación solicitada. Para el efecto se libró el exhorto 2215 del 26 de octubre de 2001 (fl. 1242 cdno. 1c).
Mediante oficio G-1509 del 16 de noviembre de 2001, el gerente de la Caja de la Vivienda Popular de Manizales, en respuesta al exhorto 2215, comunicó que dejaba a disposición de la parte demandante lo solicitado en el exhorto y solicitó que se pusiera en conocimiento su obligación de cancelar ante el grupo de tesorería y cartera de la entidad el valor correspondiente a las copias solicitadas (fl. 44, cdno. 2 de pruebas parte demandante).

13 Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, exp. 18499, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del treinta y uno (31) de agosto de 2011, exp. 18080, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

15 Las especificaciones técnicas de construcción y urbanismo previstas en el contrato (f. 135, cdno. 1 A), precisaron en relación con el movimiento de tierras, las normas para la extracción y remoción de materiales provenientes del subsuelo (fl. 138, cdno. 1 A). Dentro del alcance de las excavaciones se incluyeron los siguientes trabajos: (…) “2. Movimiento de tierras // Se dan las normas para la extracción y remoción de materiales provenientes del subsuelo. // Los siguientes trabajos se consideran incluidos dentro del alcance de las excavaciones: (…)
— Suministro de la mano de obra, herramientas y/o equipos necesarios para la extracción y transporte de los materiales excavados. (…)
— Transporte de los materiales excavados, cuando fuere necesario, hasta el sitio de disposición definido por la interventoría.
Las excavaciones se ejecutarán de acuerdo a los lineamientos y especificaciones dadas en los planos u ordenadas por el interventor (…) (fls. 139 a 140, cdno. 1 A).
Por su parte, el numeral 14.1 relacionado con el movimiento de tierras relacionó los siguientes trabajos como incluidos dentro del alcance del movimiento de tierra para la construcción de las vías y andenes, además de las ya consignadas en las especificaciones:
— Suministro de la mano de obra, herramientas y/o equipos necesarios para la extracción y transporte de los materiales excavados.
— Suministro de la mano de obra, herramientas y materiales para la construcción de cualquier medio de soporte lateral para garantizar la estabilidad de los taludes de las excavaciones.
Transporte de los materiales excavados, cuando fuere necesario o a criterio del interventor, hasta el sitio de disposición definido por la interventoría.
El contratista tomará las medidas necesarias para garantizar la estabilidad de los taludes de las excavaciones y construcciones aledañas (fl. 170, cdno. 1 A).

16 Los informes de interventoría detallan frente a esta situación:
• Informe 008 de actividades de interventoría, del periodo comprendido entre el 15 de abril y el 15 de mayo de 1998:
“(…) Se hizo necesario por parte de la caja de la vivienda popular contratar un cargador y volquetas para evacuar las tierras que se encontraban en las esquinas de las manzanas de la primera etapa, las cuales el señor alcalde autorizó sacarlas de los patios y nunca las retiro (sic), estas estaban causando perjuicios a los propietarios y a los contratistas. Esto y el problema de la vía de acceso a la urbanización, están generando una mala imagen al proyecto, influyendo principalmente en las ventas de estas viviendas” (fl. 260, cdno. 2).
• Informe 009 de actividades de interventoría, del periodo comprendido entre el 15 de mayo y el 15 de junio de 1998:
“(…) Es de preocupación general, el hecho que los adjudicatarios de la segunda etapa no depositan las tierras donde se les ha indicado, acumulándolas sobre la avenida (carrera 4ª) y sobre algunas vías (…)” (fl. 300, cdno. 2).
• Informe 010 de actividades de interventoría, del periodo comprendido entre el 15 de junio y el 15 de julio de 1998:
“Las tierras que salen del interior de las viviendas (patios) y que los propietarios han depositado sobre las vías, han generado inconvenientes para los contratistas, puesto que no dejan que se continúen con las obras de conformación y vaciado de andenes; también han interrumpido las obras de conformación y vaciado de pavimento asfáltico. Cabe anotar que las ampliaciones realizadas por los propietarios se encuentran sin control alguno por parte de planeación municipal, entidad que se encarga de controlar y registrar dichas actividades y que en reiteradas ocasiones se les ha solicitado de alguna manera, ejerzan control sobre algunas de estas actividades.
“La caja de la vivienda popular nuevamente contrato (sic) el desalojo de las tierras que sacan de los patios de las viviendas, pero es tal el volumen de estas que no se alcanza a desalojarlas en su totalidad. Esto está generando una mala imagen del proyecto” (fl. 337, cdno. 2).
Frente a las actividades de los contratistas, el informe reseñó respecto del trabajo de las vías por parte de Conyval:
“Los trabajos en vías han sido un proceso lento, debido a razones de tipo financiero por un lado y por otro la contaminación de bases por los propietarios de las viviendas. (…) De otro modo el problema para el retiro de tierras en III etapa ha sido difícil lo que hace que el movimiento manual sea de mayor volumen. (fl. 339, cdno. 2).
• Informe 011 de actividades de interventoría, del periodo comprendido entre el 15 de julio y el 15 de agosto de 1998:
“En cuanto a las vías esta actividad se encuentra muy retrasada, puesto que aún no se han terminado las de la II etapa; estas obras han tenido retraso en parte por las tierras depositadas sobre las vías por los adjudicatarios, a lo cual la caja de la vivienda popular contrato a un cargador y volquetas para retirar dichas tierras y así adelantar estas obras. (…)”.
Respecto a la actividad del contratista Conyval, en relación con las vías, la interventoría reportó: “reinician actividades en II como en III etapa, presentando el eterno problema de las tierras acumuladas en las vías de la II etapa. (fl. 381, cdno. 2).
• Informe 012 de actividades de interventoría, del periodo comprendido entre el 15 de agosto de y el 15 de septiembre de 1998. Dentro de las generalidades consignó:
“Se continua con la evacuación de tierras que han depositado los adjudicatarios sobre las vías, los cuales han generado retrasos en el proceso constructivo de estas. (…) Se acordó con cada uno de los contratistas que las unidades de vivienda que se entreguen a los adjudicatarios, se exprese de antemano y se comprometa a estos a no depositar las tierras sobre las vías sin terminar, esto mediante un acta que se firma entre las partes” (fls. 412 a 413, cdno. 2).

17 De la bitácora de la obra se extraen las siguientes anotaciones:
• “Marzo 9 de 1998. Se solicita un mayor control a la ejecución de las ampliaciones de las viviendas, especialmente en lo concerniente al desalojo del material de excavación y su depositación (sic) en un lugar adecuado, ya que hasta el momento, este viene siendo colocado encima del material de base y sub-base de las vías contaminándolo. Adicional a esto, el retiro definitivo de este material no se viene haciendo con la diligencia necesaria ocasionando obstrucción de las vías y parqueaderos, impidiendo continuar con los trabajos de seriado (como es el caso de la calle 48J entre carreras 4G y 4F)” (fl. 489, cdno. 2).
• “Marzo 10 de 1998. Continúa obstaculizada la calle 48J entre carrera 46 y carrera 4F, con el material de excavación proveniente de las ampliaciones de las casas aledañas” (fl. 488, cdno. 2).
• “Marzo 25 de 1998. En la carrera 4G con calle 48I todavía se encuentra depositado el material proveniente de las excavaciones de las casas que se están ampliando; lo cual además de impedir la construcción del parqueadero que está localizado en este sitio ha contaminado los trabajos del empalme de estas vías realizados la semana inmediatamente anterior” (fl. 484, cdno. 2).
• “Abril 21 de 1998. Debido a que los sitios para la disposición de material proveniente de excavaciones (en la etapa II) se encuentran a plena capacidad, se solicita se nos indique un nuevo sitio donde se pueda disponer del material proveniente de las excavaciones para llegar al nivel de rasante de las obras de la etapa II.
Igualmente el contratista quiere de nuevo recalcar en los graves perjuicios que se están causando a los pavimentos que se han construido, con la disposición de material de excavación (proveniente de las ampliaciones) encima de la carpeta (lo cual genera oxidación en la carpeta, con el consecuente deterioro de la misma). Esta preocupación ha sido manifestada anteriormente por medio de esta bitácora (nota del 9 de marzo) sin que hasta la fecha se hayan tomado las medidas necesarias al respecto (…)” (fl. 480, cdno. 2).
• “Mayo 12 de 1998. Se nota con preocupación como a los adjudicatarios de la carrera 8G entre calle 48 E - calle 48 F., están depositando el material de excavación (proveniente de las ampliaciones) sobre la calle 48F (entre avenida y calle 3G), con la consecuente contaminación de las bases y obstrucción del sitio de trabajo” (fl. 475, cdno. 2).

18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 29 de julio de 2015, exp. 38509, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

19 Conforme se ha considerado por la Sección Tercera de esta Corporación, el porcentaje para imprevistos está destinado a cubrir los gastos presentados ante posibles y eventuales riesgos que pueda enfrentar el contratista durante la ejecución del contrato, y se encuentra contenido en el concepto de Administración, Imprevistos y Utilidad —A.I.U.—, discriminado en el valor del contrato. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2003, exp. 17554, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

20 El numeral 5º de la cláusula tercera del contrato estipuló: “5. Vender los inmuebles a los precios máximos establecidos para cada tipo de solución de vivienda unifamiliar, por la contratante así: Para aquellos adjudicatarios que consignen la totalidad de la cuota inicial antes del 15 de noviembre de 1997, las viviendas de 21.50 m2, tendrán un valor igual a 37.4994 smlmv es decir, la suma de $ 6.450.092 (seis millones cuatrocientos cincuenta mil noventa y dos pesos) y para las viviendas de 35.00 m2, un valor igual a 47.0917 smlmv, o sea la suma de $ 8.100.000 (ocho millones cien mil pesos). Los adjudicatarios que consignen el valor de la cuota inicial en el año de 1998, los valores equivaldrán a los salarios mínimos legales mensuales, enunciados anteriormente al valor en que se encuentren en dicho año”.

21 En comité de obra 44 del 10 de febrero de 1999, en el que participaron el gerente de la caja de la vivienda popular y los contratistas de la urbanización Bosques del Norte, el ingeniero Jorge Enrique Valencia en representación de Conyval manifestó:
“El ing. Jorge Enrique expone su preocupación con relación a que cuenta con 42 unidades de vivienda sin vender y además con créditos por parte de Davivienda, solicitándole a los representantes de la caja agilizar el pre estudio de los posibles compradores y así aprovechar esta oportunidad. También solicita agilizar por parte de la caja la liquidación de los cruces que se tienen pendientes, a esto el dr. Cárdenas responde que ya se cuenta con dicha liquidación y que el próximo lunes se la entregará al departamento financiero para poder proceder con dicha liquidación” (fls. 250 a 252, cdno. 1. A).

22 En comité de obra 45 del 17 de febrero de 1999, en el que participaron el gerente de la caja de la vivienda popular y los contratistas de la urbanización Bosques del Norte, nuevamente se abordó el tema relacionado con liquidación de las viviendas por cada contratista:
“(…) Nuevamente se retoma el tema de la liquidación de las casas por cada contratista, de donde se deja en claro que Conyval cuenta con 42 casas sin facturar, Coinsa facturó todo lo construido y Calle Paredes cuenta con 11 viviendas sin facturar. Para poder legalizar lo anterior se acordó que de acuerdo a los últimos programas que ha negociado la caja, se designen algunos adjudicatarios a estas casas que se encuentran pendientes, esta con el fin de poder legalizar con todos los contratistas hasta la tercera etapa (fls. 254 a 255, cdno. 1 A).

23 Observa la Sala que la parte demandante solicitó como prueba, que la caja de vivienda popular certificara la relación de los adjudicatarios de las viviendas construidas en virtud del contrato de obra 9706-042 y copia de los documentos soportes en los que aparezca la fecha en la cual cada usuario pagó la cuota inicial y la fecha en la cual se desembolsó el porcentaje respectivo al contratista, sin embargo no asumió el pago de las expensas para obtener los documentos requeridos, conforme se evidencia mediante auto del 28 de septiembre de 2001 (fl. 1229, cdno. 1c), el exhorto 2215 del 26 de octubre de 2001 (fl. 1242, cdno. 1c) y en el oficio G-1509 del 16 de noviembre de 2001 (fl. 44, cdno. 2 de pruebas parte demandante).

24 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de julio de 2002, exp. 22178, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de febrero de 2012, exp. 16371, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

26 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de enero de 2004, exp. 10779, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

27 Las normas Icontec del Código Colombiano de Instalaciones Eléctricas Domiciliares y aquellas fijadas por la respectiva electrificadora local (fl. 49, cdno. 1 A).

28 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.

29 Numeral 14.25 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994.

30 Conforme se analizó en el numeral 4.2.1 contenido de los pliegos de condiciones del título 4.2 esquema negocial diseñado por las partes en el presente caso.

31 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de febrero de 2010, exp. 17663, C.P. Enrique Gil Botero.

32 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de marzo de 2013, exp. 20524, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

33 Reitera la Sala que a partir del auto de pruebas, el Tribunal dispuso exhortar a la Caja de la Vivienda Popular de Manizales para que remitiera en copia auténtica la documentación solicitada. Para el efecto se libró el exhorto 2215 del 26 de octubre de 2001 (fl. 1242, cdno. 1c). En respuesta, mediante oficio G-1509 del 16 de noviembre de 2001, el gerente de la Caja de la Vivienda Popular de Manizales comunicó que dejaba a disposición de la parte demandante lo solicitado en el exhorto y solicitó que se pusiera en conocimiento su obligación de cancelar ante el grupo de tesorería y cartera de la entidad el valor correspondiente a las copias solicitadas (fl. 44, cdno. 2 de pruebas parte demandante).

34 Mediante auto del 12 de noviembre de 2008, se aceptó la cesión de derechos litigiosos realizada por la Sociedad Tricon Ingeniería S.A., antes Presuco, a favor de la señora Liliana Sierra Grajales. En consecuencia se declaró a la cesionaria como litisconsorte de la parte actora, conforme al contrato de cesión de derechos litigiosos contenido en los folios 1464 y 1465 del cuaderno principal (fls. 1484 a 1486, cdno. 7).