Sentencia 2001-00376 de febrero 28 de 2013

 

Sentencia 2001-00376 de febrero 28 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”

Expediente: 25112

Radicación: 630012331000200100376 01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Luz Dey López

Demandado: Municipio de Armenia y Empresas Públicas de Armenia EPA

Referencia: Reparación directa

Bogotá, D.C., febrero veintiocho de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

6. El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por daños materiales en la modalidad de lucro cesante, supera la exigida por la norma para el efecto(1).

7. Respecto a las pruebas allegadas al proceso, la Sala observa lo siguiente:

7.1. Las copias simples de los actos administrativos proferidos por las entidades demandadas y aportadas por la parte actora serán valoradas por cuanto dichas entidades poseen los originales y, pudiendo haber hecho el procedimiento de cotejo, no las tacharon de falsas(2).

III. Hechos probados

8. Con base en las pruebas documentales trasladadas más aquellas recaudadas en el proceso contencioso administrativo, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

8.1. La señora Luz Dey López tenía un establecimiento de comercio en un local de la plaza de mercado central de Armenia (original del certificado de matrícula en el Registro de la Cámara de Comercio de Armenia, fl. 72, cdno. 2).

8.2. Como consecuencia del movimiento telúrico acaecido el 25 de enero de 1999, el alcalde del municipio expidió el Decreto 16 de 26 de enero de 1999 por medio del cual delegó a los inspectores municipales de policía la facultad para que ordenaran y ejecutaran la demolición inmediata de toda edificación o construcción que amenazara ruina o que, por su deterioro, pusiera en peligro la seguridad y la tranquilidad pública. Para efectos de la evaluación y la determinación de la demolición creó una comisión técnica (copia simple aportada por el demandante y por la alcaldía de Armenia fls. 12 y 146, cdno. 1).

8.3. El 13 de abril de 1999, la inspección quinta municipal de policía y tránsito de Armenia profirió la Resolución 2227 por medio de la cual ordenó la demolición de obra parcial de la galería central de Armenia (plaza de mercado) (copia simple aportada por el demandante fls. 48-52, cdno. 1).

8.4. Desde el 22 de septiembre de 1997, Empresas Públicas de Armenia, EPA, y la Cooperativa de Comerciantes de la Plaza de Mercado de Armenia Cooplazas Ltda. habían celebrado un contrato de arrendamiento del inmueble en el que funcionaba la plaza central de la ciudad. En el contrato quedó estipulado que “Cooplazas Ltda. no podrá ceder el presente contrato general de arrendamiento, pero podrá celebrar contratos individuales de subarrendamiento de los distintos locales sobre los que EPA-ESP no tenga contrato. EPA-ESP hará cesión de los contratos de arrendamiento vigentes, así los arrendatarios una vez notificados seguirán cancelando los cánones respectivos a Cooplazas Ltda., quienes adquieren para estos contratos la calidad de arrendador” (copia simple aportada por el demandante fls. 46-47, cdno. 1).

8.5. Por Resolución 616 de 14 de mayo de 1999, notificada personalmente a la representante legal de Cooplazas Ltda. el 26 del mismo mes y año, Empresas Públicas de Armenia, EPA, dio por terminado el contrato de arrendamiento que tenía por objeto la plaza de mercado de Armenia (copia simple aportada por el demandante fls. 46-47, cdno. 1).

IV. Problema jurídico

1.(sic) Debe la Sala determinar si la acción procedente para solicitar indemnización de los perjuicios causados por la demolición de la plaza de mercado de armenia, y la consecuente terminación unilateral del contrato de arrendamiento de uno de los locales comerciales, es la acción de reparación directa, o si por el contrario, por tratarse de la legalidad de un acto administrativo emitido por el municipio de Armenia, la acción correspondiente es la de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual conllevaría a una indebida escogencia de la acción.

V. Análisis de la Sala

9. Según una jurisprudencia constante(3), la corporación ha considerado que son los hechos y las pretensiones de la demanda los que determinan la causa y el objeto jurídico de un litigio. Así pues y como quiera que de la sustentación del recurso de apelación interpuesto por la parte actora surgen dudas sobre el fundamento de sus pretensiones y, en el fondo, sobre la finalidad perseguida, se hace necesario analizar con detenimiento el texto de la demanda formulada.

9.1. En el petitum de la demanda el actor solicita que se condene a las demandadas a reparar los daños causados como consecuencia de “haber ordenado de manera arbitraria la demolición total de la edificación de la plaza de mercado central de Armenia y dispuesto la terminación unilateral del contrato de arrendamiento que [Empresas Públicas de Armenia, EPA] tenía contraído con la entidad cooperativa de comerciantes de la plaza de mercado Cooplazas Ltda. (…) que a su vez condujo a que se desconociera el contrato de arrendamiento celebrado entre el accionante y la citada cooperativa estando facultada para ello”(4).

9.2. Así pues, para la Sala no existe ninguna duda en cuanto a que la finalidad del actor es que se le repare por los perjuicios causados por la demolición total del edificio de la plaza de mercado de Armenia y por la terminación unilateral del contrato de arrendamiento. Sin embargo, en la medida en que el actor alega que dichos perjuicios fueron causados por la actuación arbitraria de las entidades demandadas, se hace necesario determinar si, para él, dicha arbitrariedad se concreta en los actos administrativos que ordenaron la demolición y la terminación del contrato de arrendamiento o, más bien, en la ejecución irregular de los mismos. Este punto es de suma importancia para el estudio de la presente acción como quiera que, en el primer caso, esto es, cuando se considera que la fuente del perjuicio es la ilegalidad de un acto administrativo, la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de reparación directa, mientras que, en el segundo caso, esto es, cuando se alega que la causa del perjuicio no es el acto administrativo sino su ejecución irregular, podría configurarse una operación administrativa ilegal que, de haber causado perjuicios, puede dar lugar a indemnización por la vía de la acción de reparación directa.

9.3. En efecto, según la jurisprudencia reiterada de la Sala(5), en la medida en que en la operación administrativa confluyen actos y hechos administrativos, cuando los hechos constituyen una ejecución regular de lo ordenado por los actos, los daños que hubiera podido causar no son atribuibles al hecho mismo de la ejecución sino al acto administrativo que la ordenó. En esos casos, la acción pertinente para demandar la indemnización de los perjuicios es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho toda vez que el estudio de la ejecución implica, en realidad, un examen del contenido del acto y, en virtud de la presunción de legalidad que lo cobija, dicho examen sólo puede realizarse por la vía de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Al contrario, cuando la ejecución de un acto administrativo es irregular, esto es, cuando excedió lo contenido en el acto o cuando no se notificó o se notificó de manera indebida o se ejecutó de manera anticipada, los actos materiales de la ejecución constituyen una operación administrativa ilegal que, en caso de haber causado perjuicios, da lugar a una acción de reparación directa.

10. En estos términos y como quiera que el texto de la demanda se presta a confusión sobre este particular, la Sala procede a analizar cada una de las irregularidades invocadas por el demandante con el fin de determinar si éstas conciernen la ejecución de actos administrativos, caso en el cual se estaría frente a operaciones administrativas, o si se refieren a los actos mismos. Así pues y luego de un análisis sistemático de la demanda, se infiere que, para el actor, la arbitrariedad de la actuación de las demandadas se concreta en tres irregularidades: i) el haber permitido la demolición total del edificio cuando inicialmente sólo se había ordenado una demolición parcial (11.1), ii) el no haberle notificado ni el acto que ordenó la demolición parcial ni el que terminó unilateralmente el contrato de arrendamiento suscrito con Cooplazas Ltda. a pesar de que él era un tercero interesado (11.2) y iii) el que el objetivo realmente perseguido por las demandadas fue el de cambiar la destinación del inmueble para erradicar a los comerciantes del sector (11.3).

11.1.(sic) Respecto de la demolición total del edificio de la plaza de mercado, el actor considera que se trató de una ejecución irregular de la resolución 2227 de 13 de abril de 1999 que sólo había ordenado una demolición parcial. Sin embargo, la Sala observa que la demolición total se produjo como consecuencia de la resolución 3737 de 17 de junio del mismo año, por lo cual no hay ejecución irregular (11.1.1). Así pues y como quiera que no se configura una operación administrativa ilegal, al cuestionar el sentido de la decisión, el actor ataca en realidad la legalidad de un acto administrativo (11.1.2).

11.1.1. En efecto, aunque el actor menciona que hubo una irregularidad consistente en haber demolido la integralidad del edificio cuando lo ordenado era únicamente la demolición parcial, se advierte que, si bien la Resolución 2227 de 13 de abril de 1999 ordenó la “demolición de obra parcial del predio denominado galería central de Armenia (Plaza de Mercado)” (fl. 48, cdno. 1), lo cual, según la parte motiva de la decisión, implicaba la demolición de los pabellones de carnes, verduras y mercancías y de la comisaría central, posteriormente, la Resolución 3337 de 17 de junio de 1999 ordenó la “demolición de obra del predio ubicado en la galería pabellón de granos” (fls. 149-151, cdno. 1) que era la única parte del edificio que aún permanecía en pie. Así pues, la demolición integral del edificio no se produjo en un solo momento ni, menos aún, fue el resultado de una ejecución irregular de la Resolución 2227 de 1999, sino que fue la consecuencia de lo ordenado por la Resolución 3337 de 17 junio de 1999, acto administrativo cuya presunción de legalidad sólo puede ser desvirtuada por la vía de una acción de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho.

11.1.2. Ahora bien, en la medida en que la demolición integral fue ordenada por un acto administrativo, los argumentos del actor tendientes a demostrar que la demolición parcial “implicaba por una parte, la reconstrucción del edificio y, por otra, aplicar las medidas necesarias para la preservación del edificio calificado como monumento nacional, evento que nunca fue considerado por las entidades demandadas, ni sus delegados” (fl. 4, cdno. 1) y que, al no actuar así, las entidades demandadas incurrieron en extralimitación de sus funciones, no son de recibo en sede de reparación directa por cuanto cuestionan el contenido mismo de un acto que goza de presunción de legalidad y cuya regularidad sólo puede ser analizada en acción de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho.

11.2. En lo que tiene que ver con que el actor no hubiere sido notificado de los actos administrativos que ordenaron la demolición de la plaza de mercado y la terminación unilateral del contrato de arrendamiento, la Sala advierte que esta notificación no era necesaria y, en consecuencia, no puede afirmarse que los actos materiales por los cuales se ejecutaron constituyen una operación administrativa ilegal. En efecto, en lo que tiene que ver con los actos que ordenaron la demolición, la notificación se surtió de conformidad con la normatividad de emergencia con fundamento en la cual fueron proferidos (11.2.1) y, en lo relacionado con el acto por el que se terminó unilateralmente el contrato de arrendamiento suscrito entre Empresas Públicas de Armenia y Cooplazas Ltda., consta en el expediente que fue notificado personalmente a esta última, quien era la interesada directa (11.2.2). Ahora bien, si lo que el actor persigue es que, al prevalerse de su calidad de subarrendatario, se le indemnice por los perjuicios causados por la terminación unilateral del contrato de arrendamiento, este asunto debe ventilarse en el marco de las acciones contractuales a las que haya lugar y no por la vía de la presente acción de reparación directa (11.2.3).

11.2.1. Las resoluciones que ordenaron la demolición del edificio fueron proferidas con fundamento en el artículo 32.4 del Decreto 919 de 1989 “Por el cual se organiza el sistema nacional para la prevención y atención de desastres y se dictan otras disposiciones”, según el cual:

En casos de especial urgencia, la resolución que ordene la demolición podrá advertir expresamente que ella se llevará a cabo de forma inmediata, caso en el cual no se procederá a notificación alguna, sino que simplemente copia de la resolución se fijará en la misma fecha de su expedición y durante diez días hábiles, en el despacho de la alcaldía respectiva. El interesado podrá ejercer las acciones contencioso administrativas a que haya lugar dentro del término previsto en el Código Contencioso Administrativo, contado desde la fecha en que se haya efectuado la demolición.

11.2.1.1. Así pues y dado que ambas resoluciones ordenaron que las demoliciones debían realizarse en forma inmediata (fls. 48 y 149, cdno. 1) y que, tal como fue previsto en el decreto transcrito, fueron notificadas mediante edicto fijado en lugar visible de la sede provisional de la alcaldía municipal por el término de diez (10) días (fls. 52 y 150, cdno. 1), no puede afirmarse, sin entrar a estudiar la legalidad de las resoluciones, que la ejecución de las mismas fue irregular. En efecto, en la medida en que los actos administrativos fueron notificados y ejecutados en los mismos términos ordenados, la presunción de legalidad que los cobija, cubre también su ejecución y, en consecuencia, el examen de su regularidad sólo puede realizarse en el marco de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

11.2.2. Ahora bien, en lo relacionado con el acto por el cual se terminó unilateralmente el contrato de arrendamiento suscrito entre Empresas Públicas de Armenia y Cooplazas Ltda., la Sala advierte que dicho contrato fue notificado a la representante legal de esta última el 26 de mayo de 1999 (fl. 47, cdno. 1) y dado que, de una parte, Empresas Públicas de Armenia no tenía ninguna relación contractual con el actor (11.2.2.1) y que, de otra, tampoco aparecen pruebas que demuestren que Empresas Públicas de Armenia conocía la información sobre los terceros afectados (11.2.2.2), no puede considerarse que el acto no fue notificado o que fue notificado indebidamente y que, en consecuencia, su ejecución fue irregular.

11.2.2.1. En efecto, aún si existiera prueba idónea del contrato de subarriendo celebrado entre Cooplazas Ltda. y el señor Gómez Gómez, la Sala debe aclarar que, tal como lo ha señalado la doctrina, en estos casos subsisten dos contratos de arrendamiento “relativos a la misma cosa: el celebrado entre el arrendador y el arrendatario, y el celebrado entre éste y el subarrendatario; el primer contrato ha dado lugar al segundo. Como es obvio, subsisten las vinculaciones contractuales entre el arrendatario y el arrendador, independientemente de las vinculaciones contractuales que el subarriendo genera entre dicho arrendatario y el subarrendatario, de suerte que ni el subarrendatario puede accionar contra el arrendador, ni éste contra aquél, sino cada cual frente al que directamente se ha obligado con él: el subarrendatario frente al arrendatario y el arrendador frente al arrendatario, y viceversa”(6). Así las cosas, Empresas Públicas de Armenia, EPA, sólo tenía una vinculación contractual con Cooplazas Ltda. y, en principio, era a ésta a quien debía notificar personalmente el acto por el cual dio por terminado el contrato de arrendamiento, como efectivamente lo hizo.

11.2.2.2. En lo que tiene que ver con la notificación al actor como tercero afectado, la Sala advierte que no aparece prueba en el expediente de que Empresas Públicas de Armenia tuviera la información de los posibles interesados y, en consecuencia, no podía exigírsele que notificara a quienes no conocía. En esas condiciones y como quiera que el acto administrativo particular y concreto consistente en dar por terminado el contrato de arrendamiento fue notificado personalmente a la directamente interesada, esto es, Cooplazas Ltda., arrendataria de Empresas Públicas de Armenia, no puede considerarse que la ejecución del mismo fue irregular y que, en consecuencia, se configuró una operación administrativa ilegal.

11.2.3. Por último, la Sala anota que si lo que el actor pretende es que se le indemnice por los perjuicios causados por la terminación unilateral del contrato de arrendamiento celebrado entre Empresas Públicas de Armenia, EPA, y Cooplazas Ltda., la acción judicial procedente no era la de reparación directa sino las acciones contractuales a las que hubiere lugar entre quienes celebraron el contrato de arrendamiento principal y entre Cooplazas Ltda. y sus subarrendatarios, acciones en las cuales debió aportar la prueba idónea de la calidad de la cual pretende prevalerse. Lo anterior por cuanto, según el artículo 2021 del Código Civil(7), es el arrendatario directo quien debe reclamar a su propio nombre los perjuicios que se le hubieren causado tanto a él como a su subarrendatario por la extinción de su derecho.

11.3. Respecto de la última irregularidad invocada por el actor consistente en que las actuaciones de las demandadas tenían por objetivo cambiar la destinación del inmueble para erradicar a los comerciantes del sector, la Sala advierte que en la medida en que, como ya se ha explicado y contrario a lo que podía inferirse de la demanda, éstas actuaron por medio de sendos actos administrativos ejecutados regularmente, no se puede estudiar ni la veracidad ni la legalidad de los motivos invocados por dichas autoridades sin analizar la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales actuaron y, como ya se ha explicado, ese análisis es ajeno a la finalidad de la acción de reparación.

11.(sic) Así las cosas, para la Sala resulta claro que, estudiadas desde la perspectiva de la existencia de una operación administrativa ilegal, las irregularidades invocadas por el actor no permiten concluir que ésta se configuró toda vez que las entidades demandadas actuaron mediante actos administrativos que se presumen legales y que éstos fueron notificados de conformidad con la normatividad vigente sin que existan elementos que permitan concluir que el actor debía ser notificado.

12. Ahora bien, respecto del cuestionamiento de la legalidad de los actos administrativos por los cuales se ordenó la demolición de la plaza y la terminación unilateral del contrato de arrendamiento, la Sala debe hacer las siguientes precisiones:

13.1.(sic) La acción de reparación directa no es la vía procesal idónea para que se declare la ilegalidad de actos administrativos. En efecto, tal como lo ha considerado en múltiples oportunidades(8), si bien es cierto que tanto la acción de nulidad y restablecimiento del derecho como la de reparación directa son de tipo indemnizatorio, cada una de ellas corresponde a fines, móviles y motivos diferentes, en la medida en que la actuación generadora del daño cuya reparación se demanda es, en la primera, la acción, omisión, operación administrativa u ocupación de inmueble, mientras que, en la segunda, el daño proviene directamente del acto administrativo, siendo necesario solicitar la nulidad del mismo.

13.2. Esta distinción normativa se funda en un criterio práctico derivado de la importancia de la presunción de legalidad de los actos administrativos para la estabilidad jurídica y social. En efecto, si en un Estado de derecho es indispensable poder ejercer un control de legalidad sobre las decisiones de las autoridades administrativas, este control debe ejercerse de conformidad con los procedimientos establecidos y en los límites temporales previstos por el ordenamiento jurídico. Así pues, el juicio de responsabilidad administrativa a que da lugar la acción de reparación directa no puede constituirse en un mecanismo desviado para cuestionar la legalidad de los actos administrativos fuera del período de caducidad establecido para la acción pertinente, esto es, la de nulidad y restablecimiento del derecho. En este orden de ideas y en concordancia con este criterio, la corporación tiene por sentado que la acción de reparación directa no procede para demandar la indemnización por los perjuicios ocasionados por actos administrativos, salvo en los siguientes eventos:

(a) Cuando el daño se deriva de la aplicación de un acto administrativo de carácter general que ha sido declarado nulo a través de las acciones ordinarias y lo que se pretende es la reparación de los daños causados con el mismo, porque en tal evento al desvirtuarse la presunción de legalidad que amparaba el acto, los efectos negativos que el mismo haya producido durante su vigencia se tornan antijurídicos. (b) Cuando el acto es legal, pero rompe el equilibrio que debe existir entre todas las personas frente a las cargas públicas, porque en tales eventos no se cuestiona la legalidad del acto administrativo sino los efectos que esa decisión legítima les causó a los demandantes. (c) Cuando se causa un perjuicio con un acto preparatorio o de trámite, que, por lo mismo, no es susceptible de demandarse en acción de nulidad y restablecimiento del derecho(9).

13.3. En estos términos y dado que, tal como se señaló, las irregularidades invocadas por el actor terminan cuestionando la legalidad de actos administrativos , ataque que se confirma de manera evidente por los términos empleados en la sustentación de su recurso de apelación(10), de conformidad con el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo(11) la Sala encuentra probada la excepción de inepta demanda por indebida escogencia de la acción propuesta en primera instancia por la alcaldía de Armenia y no resuelta por el a quo. En consecuencia, habrá lugar a revocar la sentencia recurrida para, en su lugar, proferir fallo inhibitorio.

V. Costas

14. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de los intervinientes dentro del presente trámite, razón por la cual no se condenará en costas.

15. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia de fecha 2 de abril de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se dispone:

1. DECLARAR probada la excepción de INEPTA DEMANDA por indebida escogencia de la acción y, en consecuencia, INHIBIRSE para pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas.

En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) La pretensión mayor, correspondiente a los a perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante se estimó en $ 45 480 000, monto que supera la cuantía requerida en 2001 ($ 26 390 000), año de presentación de la demanda, para que un proceso adelantado en acción de reparación directa, fuera considerado de doble instancia. Se aplican en este punto los artículos 129 y 132.10 del Código Contencioso Administrativo, subrogados por el artículo 2º del Decreto 597 de 1988 pues, si bien para la fecha de la presentación de la demanda, ya se encontraba vigente la Ley 446 de 1998, sus disposiciones en materia de cuantías aún no eran aplicables por cuanto no habían entrado a operar los jueces administrativos.

(2) Al respecto, esta corporación ha sostenido que las copias simples pueden ser valoradas en los siguientes eventos: “cuando a) le sea imposible a quien las aporte obtener una copia auténtica, porque la parte contra la que se aduce conserva el original y se niega, previa solicitud, a allegarla al expediente, sin razón jurídica atendible; b) citadas ambas partes, una concurre a la audiencia de trámite de reconstrucción total o parcial de un expediente y aporta los documentos que obraban en dicho proceso (CPC, art. 133, num. 6º); c) en la audiencia de reconocimiento de un documento privado, la persona citada no concurre a la diligencia, o se niega a prestar juramento o a declarar, o da respuestas evasivas, no obstante la amonestación del juez y con declaración en nota puesta al pie del documento (CPC, art. 274); d) la parte contra quien se aduce tiene el original de las copias y por ende, sin necesidad de una inspección judicial, puede efectuar el procedimiento de cotejo y tacharlas de falsas, de ser el caso, (CPC, arts. 255 y 289) y e) la parte contra quien se aducen y posee los originales, en vez de tacharlas de falsedad, se remite a las mismas para fundamentar su defensa” Sección Tercera, sentencia de 27 de octubre de 2011, expediente 20450, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia de 24 de noviembre de 2011, expediente 22243, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(3) Al respecto ver, entre otras, Sección Tercera, sentencia de 23 de agosto de 2001, exp. 13344, C.P. María Elena Giraldo Gómez y Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 25 de abril de 2012, expediente 23234, C.P. Enrique Gil Botero.

(4) Cfr. el texto literal transcrito en el acápite I referente a lo que se demanda.

(5) Ver, por ejemplo, Sección Tercera, sentencia de 17 de agosto de 1995, expediente 7095, C.P. Carlos Betancur Jaramillo y Sección Tercera, sentencia de 23 de agosto de 2001, expediente 13344, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(6) Gómez Estrada, César, De los principales contratos civiles, 4ª ed., Temis, 2008, pág. 234.

(7) Esta norma prescribe “Entre los perjuicios que el arrendatario sufra por la extinción del derecho de su autor, y que, según los artículos precedentes, deban resarcírsele, se contarán los que el subarrendatario sufriere por su parte.// El arrendatario directo reclamará la indemnización de estos perjuicios a su propio nombre, o cederá su acción al subarrendatario.// El arrendatario directo deberá reembolsar al subarrendatario las pensiones anticipadas”.

(8) Ver entre otras, las sentencias con ponencia de Ruth Stella Correa Palacio de 10 de junio de 2009, expediente 18139; 27 de abril de 2011, expediente 19846 y 19 de septiembre de 2011, expediente 21684.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 30 de enero de 2008, expediente 17001-23-31-000-2004-01319-01(AG), C.P. Ruth Stella Correa.

(10) Al respecto vale la pena transcribir un aparte del recurso de apelación en el que el actor sostiene: “En la misma acción de reparación del daño, es procedente, la declaratoria de ilegalidad de los actos, como en el caso que nos ocupa, toda vez que está plenamente demostrado que los actos administrativos expedidos son abiertamente contrarios, a la Constitución y a la ley: No se tenía la competencia para decidir sobre la demolición, no se fundamentaron sobre la verdad real o verdadera. El Edificio no amenazaba ruina, ni el deterioro que pusiera en peligro la salubridad y la seguridad ciudadana, simplemente, como una y otra vez se ha dicho, la Administración utilizó este mecanismo, para acabar el monumento y construir su Centro Administrativo Municipal y la clara violación a la Constitución y a la ley, causó daños al demandante, los cuales se encuentran plenamente establecidos” (fl. 286, cdno. ppal.)

(11) Esta disposición prescribe “En todos los procesos podrán proponerse las excepciones de fondo en la contestación de la demanda cuando sea procedente, o dentro del término de fijación en lista, en los demás casos. // En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada. // Son excepciones de fondo las que se oponen a la prosperidad de la pretensión. // El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la “reformatio in pejus””.