Sentencia 2001-00378 de septiembre 14 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Rad.: 190012331000200100378 02 (37.404)

Actor: C. E.M.O. y otros.

Demandado: Instituto de Seguros Sociales

Asunto: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., catorce de septiembre de dos mil dieciséis.

Nota: Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales del nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante(23) en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, el 25 de junio de 2009, en proceso con vocación de doble instancia ante esta Corporación, en razón de la cuantía contenida en la demanda (Ley 954 de 2005)(24).

2. El ejercicio oportuno de la acción.

De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del C.C.A., la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente “del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos”.

En cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que ésta se interpuso dentro de los dos (2) años que establece el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A., pues, de acuerdo con lo afirmado en la demanda, el tratamiento errado brindado a la señora C.E.M.O. y las graves lesiones causadas a la menor I.A.M. en el momento de su nacimiento, ocurrieron el día 5 de septiembre de 1999 y, como quiera que la demanda se interpuso el 28 de marzo de 2001, se impone concluir que se interpuso oportunamente.

3. Los hechos probados en el proceso.

De conformidad con el material probatorio obrante en el expediente, recaudado oportunamente y con el lleno de los requisitos legales, se tiene debidamente acreditado:

• Que la señora C.E.M.O. se encontraba afiliada al Instituto de Seguros Sociales desde el año 1995 y que su afiliación para el 5 de septiembre de 1999 —fecha de la atención de su parto— se encontraba vigente(25).

• Que la señora C. E.M.O., con diagnóstico de embarazo, asistió al servicio de control prenatal al Centro de Atención Ambulatoria del I.S.S Popayán los días 20 de abril, 30 de mayo, 30 de julio y 2 de agosto de 1999(26).

• Que el día 20 de abril de 1999 la señora C.E.M.O. fue atendida en el área de Ginecobstetricia del I.S.S, oportunidad en la que se consignó “Paciente de alto riesgo dado embarazo de 16 semanas con herpes II positivo”(27).

• Que el día 25 de agosto de 1999 se programó a la señora C.E.M.O. una cesárea para ser realizada el día 8 de septiembre siguiente, por presentar como diagnóstico preoperatorio “DEP [depresión] + Herpes”(28).

• Que el 5 de septiembre de 1999 la señora C.E.M.O. ingresó al servicio de urgencias de la Clínica del I.S.S y fue valorada por el ginecólogo de turno Dr. P.G.F., quien “la encuentra en 5 de dilatación, ordena su hospitalización y preparación para parto vaginal”(29).

• Que el parto fue atendido por el médico Gineco - obstetra E.B.A., quien en el resumen de la atención brindada durante el parto a la señora C.E.M.O. y a su hija I.A.M. registró, “Diagnóstico definitivo: 1) Embarazo a término 2) parto vaginal. Motivo de consulta: Contracciones. Evolución y tratamiento; satisfactorio”(30).

• Que el día 6 de septiembre de 1999 la señora C.E.M.O. y su hija I.A.M. fueron dadas de alta en la Clínica del I.S.S – Popayán(31).

• Que el 17 de septiembre de 1999 la menor I.A.M. asistió a interconsulta para valoración y manejo por neuropediatría, ocasión en la que fue atendida por el Dr. W.P. M., quien le diagnosticó parálisis de Erb(32).

4. Conclusiones probatorias y caso concreto.

Establecida la existencia del daño por cuya indemnización se demandó, esto es la parálisis del miembro superior izquierdo de la menor I.A.M., aborda la Sala el análisis de imputación con el fin de determinar si en el presente asunto dicho daño le puede ser atribuido a la demandada y si es deber jurídico de ésta resarcir los perjuicios que del mismo se derivan.

En relación con la imputabilidad del daño, en el caso concreto se señaló en la demanda que el I.S.S incurrió en falla del servicio médico, en consideración al tratamiento errado dispensado a la señora C.E.M.O. en la atención de su embarazo, pues, por el tamaño del feto, los médicos programaron su nacimiento por cesárea, procedimiento que a último momento se canceló y ordenó que se hiciera de forma natural o por vía vaginal.

De igual forma, se sostuvo por los demandantes que el médico que asistió en el parto a la señora C.E.M.O. manipuló violentamente a la recién nacida causándole graves lesiones, las cuales no fueron detectadas en se momento, pues —según se afirmó en el libelo— la menor fue examinada de manera ligera e incompleta por el personal médico y de enfermería del I.S.S, quienes ordenaron su salida en esas condiciones.

En el recurso de apelación se manifestó que dadas las instrucciones del médico Ginecoobstetra P.G., la señora C.E.M.O. se presentó para la práctica de una cesárea, sin embargo, por haber terminado éste su turno en la clínica, fue atendida por el Ginecólogo E.B.A., el cual, contrario a lo indicado por el Dr. G., resolvió que el parto de I.A.M. se hiciera por vía vaginal o como parto natural, a lo cual agregó que en el proceso existían suficientes pruebas que demostraban que la lesión padecida por la menor sí se habría producido al momento de su nacimiento.

Ahora bien, estudiado el caso objeto de decisión, se tiene debidamente acreditado que el día 25 de agosto de 1999 se programó a la señora C.E.M.O. una cesárea para el día 8 de septiembre siguiente, por presentar como diagnóstico preoperatorio depresión y herpes.

Se tiene establecido, así mismo, que el 5 de septiembre de 1999 la señora C.E.M.O. ingresó al servicio de urgencias de la Clínica del I.S.S por presentar contracciones; que fue valorada por el Médico Gineco-obstetra Dr. P.G. F. que se encontraba de turno, quien ordenó su hospitalización y preparación para parto vaginal.

De igual manera, se tiene probado que el parto fue atendido por el médico Gineco – obstetra E.B.A., quien, al realizar el resumen de la atención brindada, registró como diagnóstico definitivo embarazo a término y parto vaginal. Así mismo, indicó, motivo de consulta: contracciones; evolución y tratamiento: satisfactorio.

También se sabe que en el examen realizado a la recién nacida el día siguiente —6 de septiembre de 1999— se describió normal en todas las partes de su cuerpo, entre ellas las extremidades. En el referido documento se indicó adicionalmente que el parto no presentó complicaciones.

Está probado, asimismo, que el 6 de septiembre de 1999 se dio de alta de la Clínica del I.S.S Popayán a la señora C.E.M.O. y a su hija I.A.M.

A los hechos que se advierten como demostrados en el proceso se agrega que también se halla debidamente acreditado que el 17 de septiembre de 1999, esto es 12 días después de su nacimiento, la menor I.A.M. asistió a interconsulta para valoración y manejo por neuropediatría, oportunidad en la que fue atendida por el Dr. W.P.M. quien le diagnosticó “parálisis de Erb”.

En el presente asunto, la Sala observa que no es posible endilgar responsabilidad al Instituto de Seguros Sociales, toda vez que no obra en el expediente elemento de prueba alguno a través del cual se logre evidenciar, que la programación de la cirugía por cesárea para el día 8 de septiembre de 1999 obedeciera a la detección de un feto de gran tamaño, pues, contrario a lo afirmado en el libelo, en el formato de solicitud de turno para operación(33) se puede apreciar que esta cirugía se contempló porque la paciente presentaba en ese momento un cuadro clínico de depresión y herpes. Se tiene acreditado igualmente que la cirugía no se llegó a practicar en razón de que el parto se produjo de manera espontánea tres días antes de la fecha programada, sin que existieran razones adicionales señaladas por los Médicos Gineco-obstetras que atendieron a la paciente antes y durante su parto, para que el procedimiento —por estar así programado— debiera realizarse necesariamente por vía de cesárea.

Frente a este panorama, no es de recibo para la Sala el argumento del recurso de apelación, según el cual, el Médico Gineco-obstetra E.B.A., desatendió las indicaciones del Dr. P.G.F., quien había programado el parto por cesárea, pues, como se puede extraer de la anotación de enfermería de 5 de septiembre de 1999(34), fue éste ultimó el que ordenó su hospitalización y preparación para parto por vía vaginal, sin que, en todo caso, exista prueba en el proceso de ninguna naturaleza que lleve a concluir que era obligatoria la cesárea en ese caso y que la decisión de los médicos especialistas de realizar este tipo de procedimiento por vía vaginal ocasionara algún tipo de daño a la señora C.E.M.O. o a su hija I.A.M.

En el presente caso tampoco se encuentra evidencia en la historia clínica de la supuesta manipulación violenta de la menor I.A.M. por parte del médico que actuó y asistió en el parto a la señora C.E.M.O. y, mucho menos, que como consecuencia de ello se causaran graves lesiones a la recién nacida, como se dijo en el libelo, circunstancia que tampoco confirma el personal médico y de enfermería que atendió a la señora M.O, cuyos miembros al declarar en el presente proceso afirmaron que no se presentó ninguna complicación en el momento del parto que implicara la utilización de procedimientos o elementos que pudieran ocasionar algún tipo de daño a la recién nacida.

En efecto, los siguientes son apartes de los dichos de tales declarantes que la Sala considera pertinente retener.

J.M.G.(35), auxiliar de enfermería del I.S.S, quien asistió a la señora C.E.M.O. en el momento del parto dijo se cita el texto tal cual aparece en el expediente):

“Según las notas de enfermería que obran a folios 240 y 241, el bebé no presenta ninguna alteración, luego de esto queda el recién nacido para valoración por pediatría.

“(…).

“No, no recuerdo que hubiera tenido alguna anormalidad durante el parto. Cuando algo sucede nosotros le informamos al médico o en su defecto al jefe de turno y a la vez lo registramos en la historia clínica.

“(…).

“A veces cuando se complica la salida de un bebe del canal vaginal se utilizan unos elementos que son las cucharas de Velasco, no recurso(sic) si se utilizaron o no, tampoco está consignado en la historia clínica”.

S.C.H.(36), médico general del I.S.S, quien atendió a la señora C.E.M.O. en sus controles prenatales, expresó (se cita el texto tal cual aparece en el expediente):

“(…).

“A folio 237 en la nota del ginecólogo no se menciona ninguna complicación obstétrica ni se menciona la utilización de cuchara de Velasco al igual que en las notas de enfermería”.

Ahora bien, en cuanto al examen físico que se realizó a la recién nacida, ha decirse que, según afirmó la demanda, éste se llevó a cabo de manera ligera e incompleta y que por ello, las supuestas lesiones padecidas por la menor no en esa oportunidad fueron detectadas, afirmación respecto de la cual debe advertir la Sala que en la historia clínica no se encontró registro o explicación que permitiera llegar a esa conclusión, pues, por el contrario, como se puede observar a folio 235 del cuaderno de pruebas No. 2, el examen realizado a la recién nacida el día 6 de septiembre de 1999, esto es, un día después de su nacimiento, se describió como normal en todas las partes de su cuerpo, incluso en el espacio correspondiente a las extremidades. En el mencionado documento se puede leer (se transcribe tal cual aparece en el expediente):

“Duración de la gestación: 40 semanas

Presentación: Cefálica

Intervención: Parto vaginal

Complicaciones: No

Apgar: 9 10/10

Examen de recién nacido

Código V=Normal

X= Anormal

1.- Aspecto general V

2.- Piel V

3.- Cráneo V Caput fredas(37)

“(…)

13.- Extremidades V

14.- Reflejos V

15.- Ano V

16.- Observaciones V”(38). (Se destaca).

De la misma manera, debe destacarse que en el acápite correspondiente al desarrollo del parto en la historia clínica de la recién nacida se consignó “APGAR 9 de 10/10”, que hace referencia a la primera prueba para evaluar a un recién nacido, la cual se lleva a cabo en la sala de alumbramiento inmediatamente después del nacimiento del bebé(39). Importa aclarar que dicha prueba arrojó como resultado 9 sobre 10, toda vez que en el espacio correspondiente al cráneo del recién nacido se indicó normal pero se adicionó Caput o cefalotomía, que corresponde, según la explicación dada por la médica general del I.S.S S.Ch.H., a una “hinchazón de la cabeza considerada normal debido al trabajo de parto por el pujo que realiza la madre al momento del trabajo de parto”, a lo cual agregó “A folio 235, a la recién nacida se le realizó un examen físico completo encontrándose a nivel de cráneo caput es decir cefalotoma, el resto del examen físico es normal, el examen lo realizó el pediatra”(40).

Cabe advertir, igualmente, que si bien en su declaración la médica general del I.S.S S.Ch.H. expresó que “en las extremidades se encontró anormalidad” esa manifestación hace referencia a la valoración efectuada a la menor I.A.M. el día 22 de septiembre de 1999(41), esto es, 17 días después de su nacimiento, cuando ya había sido detectada por parte del Dr. W.P.M. la parálisis de erb en su miembro superior izquierdo, sin que esa circunstancia indique que esa lesión se hubiera producido en el momento de su nacimiento.

Resulta necesario, asimismo, destacar el comportamiento negligente de la señora C.E.M.O., pues, si como se afirmó en la demanda, una vez llegó a su residencia procedió a revisar minuciosamente a su hija, encontrándole una lesión en el miembro superior izquierdo, no se explica la Sala por qué no acudió en el menor tiempo posible al I.S.S para ponerlo en conocimiento de esta situación, sino que vino a hacerlo 12 días después, circunstancia que también impide tener por demostrado que la lesión padecida por la menor I.A.M. se hubiera producido al momento de su nacimiento en las instalaciones del I.S.S.

A la anterior conclusión también puede arribarse, si se tiene en cuenta que los dictámenes periciales practicados dentro del proceso, cuyo objeto consistía en determinar si la parálisis de erb padecida por la menor I.A.M. se había producido al momento de su nacimiento, no llegaron a tal conclusión en el presente caso y, por el contrario, en ellos se determinó que esta patología podía obedecer a distintas causas.

Así, en efecto, se indicó en el del dictamen pericial elaborado por el médico Gineco-Obstetra J.P.A.(42), del cual resulta pertinente retener la siguiente información (se transcribe tal cual aparece en el expediente):

“(…)

“Conclusión:

Tomando como soporte el expediente remitido puedo decir que no hay evidencia de lesión traumática directa de clavícula, hombro y brazo.

En relación con la parálisis de ERB me permito remitirle fotocopia de un artículo del cual traduzco (1er párrafo).

Históricamente el factor de riesgo primario atribuido al daño del plexo braquial durante el parto ha sido la excesiva tracción durante el parto a un hombro anterior atrapado. (Último párrafo) "los casos presentados en este estudio considerados colectivamente y los descritos previamente en la literatura proveen evidencia adicional. De que la lesión del plexo braquial puede no ser debido a tracción sino resultar de otros eventos intrauterinos o intraparto.

En el mismo artículo (resaltado en verde) se opina que la aparición del daño en el periodo neonatal temprano sugiere daño neural antes del parto”.

En el dictamen pericial elaborado por la médica Neuropediatra M. E.M.A.(43), se expresó como conclusión “COMPROMISO SEVERO Y EXTENSO DEL PLEXO BRAQUIAL IZQUIERDO SECUNDARIO A TRAUMATISMO PERINATAL, CON COMPROMISO DE LAS RAICES DE C5 A C8 DE TIPO MOTOR”, entendiéndose como período perinatal, el referido a “todo aquello que es en materia de tiempo inmediatamente anterior o posterior al momento del nacimiento del bebé, es decir, desde la semana 28 de gestación aproximadamente hasta los primeros siete días después del parto”(44), sin que en todo caso se hubiera determinado en la referida experticia el momento exacto en que se produjo la lesión padecida por la menor I.A.M.y las causas que la provocaron.

Por último, es pertinente destacar que en el plenario no existe elemento demostrativo alguno que dé cuenta de la orden que se diera al I.S.S. a través de una sentencia de tutela, encaminada a que se realizara a la menor I.A.M. la práctica de varias cirugías y que ésta orden fuera desatendida por esta entidad, tal como se afirmó en la demanda.

En ese orden de ideas, para la Sala no existe criterio de causalidad que permita vincular la conducta o comportamiento del personal de la entidad demandada con hechos desencadenantes del daño, pues, se reitera, no obran elementos de convicción que permitan inferir que habrían sido las omisiones e irregularidades en el servicio médico prestado las que produjeron el hecho dañoso.

Respecto de la causalidad como elemento de responsabilidad del Estado, la Sala ha sostenido(45):

“Más allá de la compleja cuestión relacionada con la identificación de los elementos estructurales de la responsabilidad extracontractual del Estado a partir de la entrada en vigor de la Constitución Política de 1991(46), incluso frente a supuestos que han dado lugar a comprensiones ─al menos en aparienciadispares en relación con dicho extremo(47), la Sala ha reconocido que con el propósito de dilucidar si procede, o no, declarar la responsabilidad patrimonial del Estado en cualquier supuesto concreto, resulta menester llevar a cabo tanto un análisis fáctico del proceso causal que, desde el punto de vista ontológico o meramente naturalístico, hubiere conducido a la producción del daño, como un juicio valorativo en relación con la posibilidad de imputar o de atribuir jurídicamente la responsabilidad de resarcir el perjuicio causado a la entidad demandada; dicho en otros términos, la decisión judicial que haya de adoptarse en torno a la responsabilidad extracontractual del Estado en un caso concreto debe venir precedida de un examen empírico del proceso causal que condujo a la producción del daño, de un lado y, de otro, de un juicio, a la luz de los diversos títulos jurídicos de imputación aplicables, en torno a la imputabilidad jurídica de dicho daño a la entidad demandada.

En consecuencia, no debe desdeñarse la importancia de precisar con mayor rigor, en el plano jurídico del Derecho de Daños(48), el concepto filosófico de causa(49), toda vez que en esta parte del universo del Derecho dicha noción “no se trata para nada de causa y efecto, en el sentido de las ciencias naturales, sino de si una determinada conducta debe ser reconocida como fundamento jurídico suficiente para la atribución de consecuencias jurídicas, o sea de la relación de fundamento a consecuencia.”(50) (Negrillas del texto original).

A lo anterior se debe agregar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Así pues, la parte demandante no cumplió con la carga probatoria(51) que le impone la norma legal en cita, toda vez que –se reitera-, no allegó al proceso prueba alguna que permita atribuir el hecho dañoso al ente público demandado.

Por manera que, ante la falta absoluta de causalidad del hecho dañoso que pudiere ser imputable al Estado, se impone confirmar la decisión de primera instancia impugnada, que denegó las pretensiones de la demanda.

5. Condena en costas.

Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia del 25 de junio de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca.

2. Sin costas (Art. 55 de la Ley 446 de 1998).

3. Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

23 El recurso de apelación fue interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia el día 6 de noviembre de 2009 (folio 195 del cuaderno del Consejo de Estado).

24 La cuantía de la demanda supera la exigida para que esta Corporación pueda conocer en segunda instancia respecto de un proceso de reparación directa, de conformidad con la Ley 954 de 2005, esto es 500 S.M.L.M.V., que equivalían a $143’000.000 teniendo en cuenta que la demanda se presentó en el año 2001 y el salario mínimo para ese año se fijó en la suma de $286.000; por concepto de indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, se solicitó la suma de 300’000.000 a favor de los señores Carmen Eugenia Muñoz Orozco y Julián Horacio Aguilar Fernández.

25 De este hecho da cuenta la copia auténtica del oficio de 28 de mayo de 2003 suscrito por el Jefe del Departamento Comercial del ISS – Seccional Cauca (Folio 13 a 14 del cuaderno de pruebas No. 1).

26 De este hecho da cuenta la copia auténtica del oficio de 3 de julio de 2003 suscrito por el Gerente del Centro de Atención Ambulatoria del ISS – Popayán (Folio 28 a 29 del cuaderno de pruebas No. 1).

27 Folio 171 del cuaderno de pruebas No. 1.

28 Folios 343 del cuaderno de pruebas No. 2.

29 Folios 366 y reverso del cuaderno de pruebas No. 2.

30 Folio 234 del cuaderno de pruebas No. 1.

31 Folios 238 del cuaderno de pruebas No. 2.

32 Folio 55 del cuaderno de pruebas No. 1 y 278 del cuaderno de pruebas No. 2.

33 Folio 343 del cuaderno de pruebas No. 2.

34 Folios 366 del cuaderno de pruebas No. 2.

35 Folios 253 a 255 reverso del cuaderno de pruebas No. 2.

36 Folios 248 a 252 reverso del cuaderno de pruebas No. 2.

37 Tumor de parto o caput succedaneum es una inflamación del cuero cabelludo de un recién nacido, ocasionada con mayor frecuencia por la presión del útero o la pared vaginal durante un parto con presentación cefálica. www.clinicadam.com/salud/5/001587.html. Página consultada el 08/08/2016 a las 01:01 pm.

38 Folios 235 del cuaderno de pruebas No. 2.

39 La puntuación de Apgar, es la primera prueba para evaluar a un recién nacido, se lleva a cabo en la sala de alumbramiento inmediatamente después del nacimiento del bebé. Esta prueba fue desarrollada por la anestesista Virginia Apgar en 1952 para saber lo más rápidamente posible el estado físico de un recién nacido y para determinar cualquier necesidad inmediata de cuidados médicos adicionales o tratamientos de emergencia. http://kidshealth.org/es/parents/apgar-esp.html consultada el 09/08/2016.

40 Folios 248 a 252 reverso del cuaderno de pruebas No. 2.

41 Folios 62 a 64 del cuaderno de pruebas No. 1.

42 Folios 392 a 393 reverso del cuaderno de pruebas No. 2.

43 Folios 399 a 406 del cuaderno de pruebas No. 2.

44 Información consultada en http://www.definicionabc.com/salud/perinatal.php., consultada el 10/08/2016.

45 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 11 de febrero del 2009. Exp. 17.145 y del 20 de mayo del mismo año, Exp. 17.405.

46 La complejidad del asunto traído a colación quedó puesta de presente, por vía de ejemplo, con ocasión de la aprobación del siguiente pronunciamiento por parte de esta Sala: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del treinta y uno (31) de mayo de dos mil siete (2007); Consejero ponente: Enrique Gil Botero; Radicación número: 76001-23-25-000-1996-02792-01(16898). En aquella oportunidad, la posición mayoritaria de la Sala se inclinó por señalar que lo procedente de cara a llevar a cabo “…el análisis de los elementos que constituyen la responsabilidad extracontractual del Estado”, es acometer dicha tarea “…a través de la siguiente estructura conceptual: 1º) daño antijurídico, 2º) hecho dañoso, 3º) causalidad, y 4º) imputación”. Empero, frente a la anotada postura, el Magistrado Enrique Gil Botero optó por aclarar su voto por entender que la comprensión que se viene de referir “…desconoce los postulados sobre los cuales se fundamenta la responsabilidad del Estado a partir de la Carta Política de 1991, en tanto el artículo 90 del estatuto superior estableció sólo dos elementos de la responsabilidad, los cuales son: i) El daño antijurídico y, ii) la imputación del mismo a una autoridad en sentido lato o genérico”.

47 De hecho, en el pronunciamiento que acaba de referenciarse ─nota a pie de página anterior─, a pesar de la claridad en torno al título jurídico de imputación aplicable al asunto de marras ─riesgo excepcional derivado del funcionamiento de redes eléctricas y de alto voltaje─, las súplicas de la demanda fueron desestimadas porque desde el punto de vista de la causalidad, esto es, desde una perspectiva eminentemente naturalística, fenomenológica, el actor no consiguió demostrar el acaecimiento del suceso que atribuía a la entidad demandada ─una sobrecarga eléctrica─ y con fundamento en el cual pretendía que se atribuyese responsabilidad indemnizatoria a ésta última como consecuencia del advenimiento de los daños que ─esos sí─ fueron cabalmente acreditados dentro del plenario. Y adviértase que en relación con el sentido de la decisión ─y, por tanto, en relación con esta manera de razonar─ no hizo explícito, en la también referida aclaración de voto, su desacuerdo el H. Consejero de Estado que la rubricó.

48 Se hace la delimitación acerca del campo jurídico (Derecho de Daños) en el cual se examinará el concepto de causa para que el análisis correspondiente no se extienda, de manera equivocada, a otros terrenos como el Derecho de las Obligaciones o el de los Contratos, en los cuales su sentido y alcance resultan diferentes por completo, tal como lo refleja, entre otros, el artículo 1524 del Código Civil según cuyo inciso segundo “Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por causa ilícita la prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público”.

49 Tarea que acomete, con singular fortuna, Isidoro GOLDENGERG, en su obra La relación de causalidad en la responsabilidad civil, 2ª edición ampliada, La Ley, Buenos Aires, 2.000, especialmente en pp. 8-12.

50 El énfasis ha sido efectuado en el texto original. Cfr. ENNECCERUS, LUDWIG-LEHMANN, HEINRICH, Derecho de las obligaciones, 11ª edición, traducción de B., Pérez González y J., Alguer, Barcelona, Bosch, 1948, citado por GOLDENGERG, Isidoro, La relación de causalidad en la responsabilidad civil, cit., p. 10. Por la misma senda marchan los planteamientos de Adriano DE CUPIS, quien no obstante considerar operativo el tema de la relación de causalidad al interior del análisis jurídico, estima existente la que denomina “causalidad jurídica” misma, que a su entender “no es más que un corolario del principio enunciado por nosotros, según el cual, el contenido del daño se determina con criterios autónomos [en el ámbito jurídico]. Debemos preocuparnos de averiguar no ya cuándo el daño pueda decirse producido por un hecho humano según las leyes de la naturaleza, sino más bien cuándo ese daño pueda decirse jurídicamente producido por un hecho humano” (énfasis en el texto original). Cfr. DE CUPIS, Adriano, El daño. Teoría general de la responsabilidad civil, traducción de la 2ª edición italiana por A. Martínez Sarrión, Bosch, Barcelona, 1975, p. 248.

51 De manera más detallada el tratadista Devis Echandía expone lo siguiente: “Para saber con claridad qué debe entenderse por carga de la prueba, es indispensable distinguir los dos aspectos de la noción: 1°) por una parte, es una regla para el juzgador o regla del juicio, porque le indica cómo debe fallar cuando no encuentre la prueba de los hechos sobre los cuales debe basar su decisión, permitiéndole hacerlo en el fondo y evitándole el proferir un non liquet, esto es, una sentencia inhibitoria por falta de pruebas, de suerte que viene a ser un sucedáneo de la prueba de tales hechos; 2°) por otro aspecto, es una regla de conducta para las partes, porque indirectamente les señala cuáles son los hechos que a cada una le interesa probar (a falta de prueba aducida oficiosamente o por la parte contraria; cfr., núms. 43 y 126, punto c), para que sean considerados como ciertos por el juez y sirvan de fundamento a sus pretensiones o excepciones.” DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Bogotá: Editorial Temis. 2002., pág. 405. De lo anterior, este último autor afirma: “De las anteriores consideraciones, deducimos la siguiente definición: “carga de la prueba es una noción procesal que contiene una regla de juicio, por medio de la cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos, para evitarse las consecuencias desfavorables.” Ídem. pág 406.