Sentencia 2001-00412 de agosto 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 63001-23-31-000-2001-00412-01 (30.529)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: María Sofía Bustamante Osorio

Demandado: Municipio de Armenia - Instituto Nacional de Vías, Invías

Asunto: Acción de reparación directa (sentencia)

Bogotá, D.C., doce de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

La Corporación es competente para conocer el asunto(2), en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante(3), contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Quindío el 10 de noviembre de 2004, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

2. Consideración previa.

2.1. Valoración de las copias simples(4): Dentro del sub lite obran documentos en copia simple allegados por la parte actora con su escrito de demanda, tales como copia simple de la escritura pública de compraventa 2373 de 29 de julio de 1991 (fl. 11, cdno. 1), copia simple de certificado de Agustín Codazzi (fl. 14, cdno. 1) y copia simple de una respuesta dada por el Subdirector de Construcción del Invías junto con copias simples de los convenios interadministrativos celebrados entre dicha entidad y el municipio de Armenia (fls. 20 a 26, cdno. 1).

Tal y como lo ha afirmado esta corporación en diversos pronunciamientos(5), especialmente la sentencia proferida el 28 de agosto de 2013, expediente: 25022, las copias simples allegadas dentro del plenario pueden ser valoradas si aquellas, encontrándose a lo largo del proceso, no fueron tachadas de falsas por alguna de las partes, en atención a la protección del principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal, lo cual a su vez implica garantizar la protección del derecho al acceso a la justicia y la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal consagrados en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, pues como lo ha dispuesto la corporación en numerosas providencias, cuando las partes están de acuerdo en que se valore un documento aportado en copia simple “no sería dable soslayar ese interés para exigir el cumplimiento de una formalidad y las partes no podrían desconocer la decisión que con sustento en tal documento se adoptare por cuanto esa conducta atentaría contra el principio de la buena fe e implicaría atentar contra sus propios actos(6).

Conforme a la reiterada y nueva posición de la Sala Plena de la Sección Tercera en la sentencia mencionada, “resulta pertinente destacar que la posibilidad de valorar la documentación que, encontrándose en copia simple ha obrado en el proceso – y por consiguiente se ha surtido el principio de contradicción, no supone modificar las exigencias probatorias respecto del instrumento idóneo para probar ciertos hechos. En otros términos, la posibilidad de que el juez valore las copias simples que reposan en el expediente no quiere significar que se releve a las partes del cumplimiento de las solemnidades que el legislador establece o determina para la prueba de específicos hechos o circunstancias”(7).

La jurisprudencia de esta corporación ha sido reiterativa en afirmar que si bien a las copias simples ha de restárseles cualquier mérito para ser valoradas, no lo es menos que la conducta procesal de la contraparte inequívocamente encaminada a reconocerle eficacia probatoria al documento allegado en copia —como cuando la parte demandada no discute la autenticidad de la copia simple, o afirma ser cierto el hecho de la demanda referido al documento en cuestión en su contestación o sencillamente solicita se tengan como pruebas los documentos aportados por su contraparte como fundamento de sus alegaciones— evidencia su intención de que dicha prueba sea valorada en el proceso(8), con independencia de que para el juzgador permanezca irresuelto con absoluta exactitud el interrogante de quién suscribió, manuscribió o elaboró el documento.

Así las cosas, la Subsección tendrá como prueba los documentos en copia simple aportados por la demandante, por cuanto la parte demandada no las controvirtió, esto es, no las tachó de falso dentro de las oportunidades procesales del caso.

3. Problemas jurídicos.

De acuerdo con el recurso de apelación, los problemas jurídicos que se contraen a resolver son los siguientes:

¿Existió o no una resolución que ordenó la demolición del inmueble de propiedad de la demandante teniendo en cuenta el oficio suscrito por el Inspector Quinto municipal de Policía y tránsito de octubre de 1999 mediante el cual indicó que no existía resolución que ordenara la demolición del inmueble ubicado en la Carrera 19 Nº 10 - 07?

La resolución contendida dentro del proceso se refirió a un inmueble de una sola planta de edificación, mientras que el inmueble de la demandante era de 4 pisos y, así mismo, se decía que correspondía al barrio Los Álamos cuando el inmueble se encontraba en el barrio La Cabaña. Conforme a lo anterior, ¿se evidenció una vía de hecho por parte de la administración al demoler la propiedad de la parte actora sin orden previa para el efecto?

4. Procedencia de la acción de reparación directa(9). 

Teniendo en cuenta las decisiones proferidas por esta corporación, en la operación administrativa confluyen actos y hechos administrativos, y si la acción se dirige al establecimiento de la responsabilidad derivada de las vías de hecho o irregularidades en que incurrió la Administración para ejecutar su decisión, la acción procedente es la acción de reparación directa(10).

Así mismo será resorte de la acción de reparación directa cuando el acto, en sí mismo, no es ilegal pero es la fuente del perjuicio por implicar rompimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas(11).

Por otra parte, situaciones que pueden ser susceptibles de reparación directa son los eventos en que se ejecuta anticipadamente un acto administrativo, o se notifica indebidamente, o no se notifica antes de quedar en firme la decisión o el recurso o antes de que transcurra, según su caso, el término para quedar debidamente ejecutoriada(12). En este caso, existirá una conducta ilegal de la Administración, que la jurisprudencia la ubica en una operación administrativa ilegal(13).

En el presente asunto el apelante cuestiona una vía de hecho por parte de la administración consistente en la demolición del inmueble de su propiedad, sin que existiera una orden para el efecto. Por tal motivo, la acción de reparación directa es procedente para el estudio del caso.

5. El caso en concreto.

5.1. Acreditación de la propiedad. Dentro del presente asunto se tiene por acreditado que la demandante era propietaria del inmueble ubicado en la Carrera 19 Nº 10-07/10-11 ubicado en el barrio La Cabaña del municipio de Armenia, según consta en la copia de la escritura pública 2373 de 29 de julio de 1991 (fls. 11 y 12, cdno. 1) y en el folio de matrícula 280-64338 (fl. 19, cdno. 1)(14).

5.2. Del daño:

El daño comprendido, desde la dogmática jurídica de la responsabilidad civil extracontractual(15) y del Estado impone considerar aquello que derivado de la actividad o de la inactividad de la administración pública no sea soportable i) bien porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o ii) porque sea “irrazonable”(16), en clave de los derechos e intereses constitucionalmente reconocidos.

En cuanto al daño antijurídico, la Corte Constitucional ha señalado que la:

“(...) antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima”(17).

En el presente asunto el daño consiste en el detrimento patrimonial derivado de la pérdida del inmueble de propiedad de la actora, como consecuencia de su demolición por parte de la administración.

Sin embargo, no es suficiente constatar la existencia de este presupuesto, ya que es necesario realizar el correspondiente juicio de imputación que permita determinar si cabe o no atribuirlo fáctica y jurídicamente a las entidades demandadas.

5.3. El acervo probatorio:

Para resolver los problemas jurídicos, es necesario observar cuáles fueron las pruebas allegadas al plenario. Por tal razón se pasa a describirlas así:

5.3.1. Respecto de la acreditación de la propiedad y la especificación de la misma obran los siguientes documentos:

• Copia simple de escritura pública 2373 de 29 de julio de 1991 en la que se consignó que la señora Bustamante adquirió por compraventa realizada con su padre, el señor Lázaro Bustamante Robles, el inmueble que se describe en el numeral sexto así:

un solar, mejorado con casa de habitación de cuatro pisos en bahareque los pisos superiores y reformada su primera planta en ladrillo y cemento, constante de ocho (8.00 mts) metros de frente, por centro hasta la quebrada “Armenia”, solar que hace parte del lote cuarenta y ocho (48) de la Urbanización “La Cabaña” ubicado en el parte urbana de la ciudad de Armenia, Q., registro catastral 01-5-001-027 en la carrera 19 A. número 10-07 y 10-11 de la actual nomenclatura y alinderado así según el título ##, por el frente con calle once (11), transversal; por un costado, con propiedad de Parmenio Guerrero, por el centro con la quebrada “Armenia” y por el otro costado, con Ascensión Castellanos ##. EXCLUSIÓN: Del anterior inmueble y por haber sido enajenado, — se EXCLUYE un lote de 8.00 metros de frente, por 16,00 metros de fondo. SÉPTIMO. —TRADICIÓN—. Que dicho inmueble lo adquirió LA PARTE VENDEDORA, en su estado civil actual, por compra hecha al señor FRANCISCO ANTONIO SUÁREZ OSSA, por medio de la escritura número es(sic) mil quinientos diez y nueve (3.519) de fecha siete (7) de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho (1988) otorgada en la Notaría Segunda de Armenia, e inscrita en la oficina de registro de esta ciudad (...)” (fls. 11 y 12, cdno. 1) (subrayado fuera de texto).

• Certificado del folio de matrícula 280-64338 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Armenia, impreso el 27 de abril de 1999, código catastral 01-5-001-027 donde se observa que la dirección del inmueble es la CARRERA 19 A 10 – 07 Y 10 -11 TRANSVERSAL U. LOTE 48 LA CABAÑA.

En anotación 3 de fecha 12 de diciembre de 1988 de la Notaría 2 de Armenia se efectuó compraventa de Suárez Ossa Francisco Antonio a Bustamante Robles Lázaro, excluyendo un lote de 8 metros de frente por 16 metros de fondo.

Anotación 4: 31 de julio de 1991 radicación 31-0-10258. Escritura pública 2373 de 29 de julio de 1991 en la Notaría 2 de Armenia compraventa de Bustamante Robles Lázaro a Bustamante Osorio María Sofía, excluyendo un lote de 8 metros de frente por 16 metros de fondo (fl. 19, cdno. 1).

5.3.2. Respecto de las supuestas gestiones y permisos que la demandante estaba efectuando para proceder a la reparación del inmueble de su propiedad, obran los siguientes documentos:

• Oficio de la Curaduría 2ª Urbana de Armenia Quindío, radicación: 2209 que certificó lo siguiente: (fl. 13, cdno. 1)

“(...) Fecha Mayo 11 de 1999 Propietario: MARÍA SOFÍA BUSTAMANTE O. (...). Dirección envío de correspondencia: CARRERA 19 A10- 07 /10-11

Escritura: 3519 Ficha catastral 01-5-001-027

Razón de la solicitud: Reparación fachadas y afectación vial

1. LOCALIZACIÓN DEL PREDIO

Carrera: 19 A Calle: Nº 10-07/10-11

Urbanización: LA CABAÑA

2. ZONIFICACIÓN

Área de actividad: Protección ambiental. Tratamiento: DE REHABILITACIÓN (...)

5. ALTURAS
Nº máx. de pisos 4 mínimo 2
Altura primer piso 2.50
Alturas mayores de agrupación o englobe de 2 lotes
6. LOTEO
(...)

(...)

OBSERVACIONES: SEGÚN PORTE ** SOLICITAR LOCALIZACIÓN DE PARÁMETROS EN LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO, DEBE PRESENTAR ESTUDIO DE SUELOS Y ESTUDIO GEOTÉCNICO.

Nota: Esta autorización no autoriza para construir. Para iniciar obras debe tener licencia de construcción y haber cancelados los respetivos impuestos al municipio. Ajustarse a la Ley 400/97 Decreto 33 de 1998 sobre construcción sismorresistente (...)”.

• Copia simple de un certificado expedido por el profesional especializado del Instituto Agustín Codazzi 389 de fecha 19 de abril de 1999 en el que se consignó la siguiente información: (fl. 14, cdno. 1).

“(...) MATRÍCULA INMOBILIARIA: 280 -0064338-91 (...)

AVALÚO CATASTRAL: 32.486.000 VIGENCIA PREDIAL: 01/01/99

DIRECCIÓN: K 19 A 10-07 UBICACIÓN: URBANO

NOMBRE INSCRITO: BUSTAMENTE OSORIO MARÍA SOFÍA (...)

MEDIDAS Y LINDEROS:

AL NORTE: CARRERA 19 A

EXTENSIÓN 8.00 MTS

AL ORIENTE 01-05-0001-0081-000

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ALICIA Y /O

EXTENSIÓN 13.00 MTS

AL SUR: 041-05-0001-0086-000

SUÁREZ PEÑA ABSALÓN

AL OCCIDENTE: 01-05-0001-0026-000

FRANCO GARCÍA ARTURO

EXTENSIÓN 13.00 MTS

Con base en estas dos anteriores pruebas, se puede deducir que la propietaria estaba iniciando gestiones ante la curaduría urbana, sin que sea cierto, tal como lo aseveró la parte actora en su escrito de demanda, que tenía los permisos para la realización de reparaciones en su vivienda. Para ello, debía obtenerse la correspondiente licencia de construcción o de reparación, con fundamento en lo establecido en la Ley 9ª de 1989(18), Ley 400 de 1997(19) y Decreto Nacional 1052 de 1998(20).

Es importante destacar que la licencia, como acto administrativo, es un acto esencialmente de verificación de naturaleza reglada, vinculado al ejercicio de los derechos subjetivos del interesado, razón por la cual se entiende como determinante para su expedición el cumplimiento de los requisitos imperativos de carácter legal por parte del interesado, lo que para la administración implica irremediablemente el deber de expedir las licencias correspondientes si se dan estos presupuestos. Bajo este concepto, se reitera el carácter reglado de la decisión de licencia y la imposibilidad del ejercicio de facultades discrecionales por la administración para estos efectos(21).

Con base en lo anterior, la demandante no tenía licencias para la reparación de su inmueble, tal como lo adujo en su escrito de demanda.

5.3.3. Respecto de la existencia o no de una orden de demolición al inmueble de la propietaria, obra oficio IQ 1164 suscrito por el Inspector Quinto Municipal de Policía y Tránsito de Armenia y dirigido a la demandante de fecha 21 de octubre de 1999 en el que indicó que “revisados los archivos de este despacho, no se encontró la resolución por la cual se ordenó la demolición del inmueble ubicado en la carrera 19 A 10 - 07” (fl. 15.1).

5.3.4. Respecto de los decretos, actos administrativos, comité técnico y orden de demolición del inmueble ubicado en la Carrera 19 A Nº 10 - 11 obra los siguientes medios probatorios:

• El Decreto Nacional 182 de 26 de enero de 1999(22) expedido por el Presidente de la República declaró la situación de desastre nacional y especificó los departamentos y municipios del país afectados por el movimiento telúrico presentado el 25 de enero de 1999 en el territorio nacional. Así mismo, ordenó la aplicación de un régimen normativo especial que contemplaba disposiciones excepcionales, entre otras materias, aquella relativa a la demolición de inmuebles(23). Así mismo, las autoridades municipales, facultadas por la ley y los decretos reglamentarios, tomaron las medidas pertinentes, razón por la cual, el Alcalde de Armenia mediante el Decreto 16 de 26 de enero de 1999 dictó las normas sobre demolición de inmuebles en el municipio, en uso de sus facultades otorgadas por el Decreto 919 de 1989(24) y la Ley 136 de 1994(25) (fl. 35. cdno. 2).

• El Alcalde de Armenia, mediante el Decreto 16 de 1999 dispuso, con fundamento en el Decreto 919 de 1989, (que faculta al alcalde para que en circunstancias de especial urgencia, prescindiera del régimen de notificaciones y recursos de la vía gubernativa para proceder a demoler los inmuebles de firma inmediata), lo siguiente: (fl. 35, cdno. 2).

“ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar y ejecutar la demolición inmediata de toda edificación o construcción que amenace ruina o que por su estado de deterioro ponga en peligro la seguridad y la tranquilidad pública, de acuerdo al inventario y concepto técnico rendido por la comisión que se crea por el artículo segundo de este decreto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Créase la comisión técnica que evaluará y determinará la demolición en cada caso concreto según informe escrito, integrada así: El Secretario de Infraestructura y Valorización Municipal y la Sociedad de Ingenieros del Quindío.

ARTÍCULO TERCERO: Deléguese en los Inspectores Municipales de Policía la facultad de ordenar las demoliciones de que trata este Decreto y en el Secretario de Infraestructura y Valorización Municipal la ejecución de las mismas.

PARÁGRAFO. Los Inspectores Municipales de Policía procederán mediante Resolución motivada, previo el concepto técnico, el cual hará parte integral de la respectiva Resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Copia de la Resolución que ordene la demolición será fijada en la sede provisional de la Alcaldía Municipal, ubicada en las instalaciones de la Defensa Civil, carrera 19 calle 36 norte, por el término de 10 días hábiles.

ARTÍCULO QUINTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Armenia, Quindío, a los veintiséis días del mes de enero de mil novecientos noventa y nueve (1999) (...)”. (Subrayado por la Sala)

De la lectura del decreto mencionado, establecía que las autoridades delegadas, en este caso, la Inspección Quinta municipal de Policía y Tránsito de Armenia, al expedir el acto administrativo que ordenara la demolición de algún inmueble que amenazara ruina o peligro para la comunidad, debía motivarlo, esto es, determinar la demolición o no de un inmueble, previo concepto del Comité Técnico que se creó para tales efectos.

• Obra copia auténtica del informe técnico y del Acta 29 de 26 de abril de 1999 mediante los cuales se consignó la siguiente información:

Copia auténtica del Acta 29 fecha 26 de abril de 1999 mediante el cual la Comisión Técnica conformada por la Secretaría de Infraestructura Básica y Valorización, la Sociedad de Ingenieros del Quindío, el Departamento de Planeación y Evaluación del municipio y la Sociedad de Arquitecto Seccional Quindío por medio del Decreto 16 del 26 de enero de 1999 y el Decreto 22 del 4 de febrero de 1999 y de acuerdo al inventario y concepto técnico rendido por un grupo de ingenieros especialistas en estructuras.

“(...) determinó la demolición Total o Parcial de las Edificaciones relacionadas en el documento anexo que hace parte integral de esta Acta. Así mismo en esta Acta se evaluaron los conceptos emitidos por un grupo de ingenieros especialistas sobre las edificaciones que fueron cobijadas por el Decreto 37 del 4 de marzo de 1999 y a las cuales se les recomendó su demolición por el incumplimiento al mencionado decreto o entraron en la etapa de apuntalamiento para verificación posterior por parte de la administración municipal.

Se recomienda que la administración municipal tome las medidas pertinentes para evitar el ingreso de personas a los inmuebles que van hacer demolidos (...)” (fl. 38, cdno. 2).

Copia de la ficha técnica en la que se describe el barrio, la dirección del inmueble y las observaciones y en ella aparece en el renglón 8 la siguiente información: (fl. 39, cdno. 2)

BarrioDirección inmuebleObservaciones
Barrio Los ÁlamosCarrera 19 A Nº 10-11Demoler

• Copia auténtica de la Resolución 3924 de 17 de junio de 1999 mediante el cual la Inspectora Quinta Municipal de Policía y Tránsito de Armenia Quindío ordenó la demolición de una obra en los siguientes términos (fls. 35 a 37, cdno. 2):

“(...) POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UNA DEMOLICIÓN DE OBRA DEL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 19 A Nº 10 - 11 BARRIO LOS ÁLAMOS (Subrayado fuera de texto).

INSPECCIÓN QUINTA MUNICIPAL DE POLICÍA Y TRÁNSITO ARMENIA QUINDÍO

En la ciudad de Armenia Quindío, a los diecisiete (17) días del mes de junio de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999) la suscita Inspectora Quinta Municipal de Policía y Tránsito, en uso de sus atribuciones legales en especial las conferidas por el Decreto 16 del 26 de enero de 1999, el Decreto 1355 de 1970 artículos 198 y 216 y, por encontrarse a despacho el concepto de la Comisión Técnica de la Sociedad de Ingenieros del Quindío, se procede a decidir previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

a) Que debido al movimiento telúrico presentado en esta ciudad el día 25 de enero de 1999 el señor Alcalde Municipal dispuso mediante el Decreto 16 del 26 de enero del presente año y con base en el Decreto 919 de 1989, la demolición inmediata de toda edificación o construcción que amenace ruina o que por su estado de deterioro ponga en peligro la seguridad y la tranquilidad pública.

b) Que el mismo decreto creó la Comisión Técnica encargada de evaluar y determinar los casos concretos en que se debe proceder a la demolición e igualmente delegó en los Inspectores Municipales de Policía la facultad de ordenar las demoliciones en aquellos casos que así lo ameriten, y en el Secretario de Infraestructura y Valorización la ejecución de la misma.

c) Que la Comisión Técnica presentó un informe ante esta Inspección, donde se da cuenta de la existencia de una construcción ubicada en la CARRERA 19 A Nº 10 - 11 BARRIO ÁLAMOS edificación de Un (1) piso, uso residencial, cubierta teja de barro, colapso parcial, daño en fachada, enchape de baños y cocinas, y en muros, la cual se encuentra en avanzado estado de deterioro y amenazando ruina (subrayado fuera de texto).

d) Que de dicha situación se desprende la necesidad de ordenar la demolición de obra de la construcción indicada anteriormente, ya que al amenazar con ruina pone en peligro la seguridad y tranquilidad pública de todos los habitantes del municipio.

En mérito de lo expuesto, la suscrita Inspectora

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Se ordena la demolición total de la construcción ubicada en la CARRERA 19 A Nº 10 - 11 BARRIO LOS ÁLAMOS por lo antes expuesto.

Parágrafo: El concepto emitido por la Comisión Técnica el día diecinueve (19) de abril de 1999 hace parte de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: La demolición de la obra deberá realizarse en firme inmediata, por la Secretaría de Infraestructura y Valorización del Municipio, por lo expuesto en la parte motiva de esta resolución.

ARTÍCULO TERCERO: Copia de la presente resolución se fijará en un lugar visible de la sede provisional de la Alcaldía Municipal y de este despacho ubicada en las instalaciones del Club América calle 189 Nº 13- 55, por el término de diez (10) días hábiles.

Armenia, Quindío 17 de junio de 1999

CÚMPLASE.

ÁNGELA MARÍA LOZANO CABAL.

Inspectora (...)”.

• Copia del informe secretarial de 18 de junio de 1999 en donde se informó que se fijó la Resolución 3924, teniendo como días hábiles del 18 al primero de julio de 1999, salvo los días 19, 20, 26 y 27 de junio de 1999. Así mismo obra constancia secretarial en la que se indicó que se desfijó el 1º de julio de 1999 a las seis de la tarde (fl. 43, cdno. 2).

• Copia auténtica de acta de demolición de fecha 14 de julio de 1999. La Inspección Quinta Municipal de Policía de Armenia procedió a dar cumplimiento a la Resolución 3924 de 17 de junio de 1999 y se hicieron presentes en la Carrera 19 A Nº 10 - 11 el inspector y el ingeniero a cargo de la ejecución de la demolición (fl. 42, cdno. 2).

5.3.5. Respecto del convenio interadministrativo celebrado por el municipio de Armenia con el Invías, obra copia del convenio 2 de 29 de enero de 1999 para la ejecución de demoliciones de edificaciones que amenazan ruina y que se establecieran de conformidad con el Decreto 16 de 1999, así como la remoción de escombros ordenada por el Secretario de Infraestructura Básica y Valorización del Municipios (fls. 22 a 24, cdno. 1).

Así mismo obra contratos adicionales de fecha 28 de abril y 28 de junio de 1999 que prorrogaron el plazo para la ejecución del objeto del convenio interadministrativo (fls. 24 y 25, cdno. 1).

5.3.6. Prueba de oficio solicitada por el Tribunal de Primera instancia.

El Tribunal de primera instancia en atención a la facultad oficiosa contemplada en el artículo 169 inciso 2º del CCA, solicitó información al Instituto Geográfico Agustín Codazzi para determinar si la dirección carrera 19 A Nº 10 - 07/10 - 11 correspondía a un solo inmueble o si eran distintos; cuál era el barrio que se encontraba ubicada la dirección referida; si la dirección se encontraba tanto en el barrio Álamos y La Cabaña o si por el contrario, era única y si los barrios mencionados eran próximos o distantes.

Conforme a lo anterior, el Director Territorial del Instituto Agustín Codazzi mediante oficio de 2 de agosto de 2004 el dio respuesta a la solicitud hecha por el Tribunal y en el que indicó la siguiente información (fl. 118, cdno. 1).

“(...) I. Revisada nuestra base de datos, la señora MARÍA SOFÍA BUSTAMANTE OSORIO aparece inscrita en el predio 01-05-0001-0027-000 nomenclado como Carrera 19 A Nº 10-07/11, como un solo predio.

II. El barrio que figura en nuestros registros y documentos se denomina “La Cabaña”.

III. La dirección Carrera 19 A Nº 10 - 07 y 10 - 11 se encuentran según nuestros documentos en el barrio La Cabaña (subrayado fuera de texto).

IV. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi no elabora nomenclatura de barrios o comunas, por lo tanto dicha información deberá ser solicitada a la Oficina de Planeación Municipal (...)”.

5.3.7 Respecto de la prueba referente a la demolición del inmueble de la demandante, obran declaraciones de testigos, que por su importancia pasan a describirse:

• Declaración de Marina Toro Vásquez quien fue arrendataria del inmueble de propiedad de la demandante (fls. 18 y 19, cdno. 2).

“(...) PREGUNTADO: Sabe usted la razón por la cual se encuentra hoy en este despacho judicial. En caso afirmativo por favor exprésela. CONTESTÓ: Por lo que yo vengo es por la casa que tumbaron ubicada en la Carrera 19 A Nº 10 - 07 en La Cabaña (...). PREGUNTADO: Por favor informe al despacho si dicha casa o edificio se encontraba ocupada en el momento del sismo del 25 de enero del 99, en caso afirmativo por quién o quiénes? CONTESTÓ: Sí yo sé que estaba ocupada pero no sé el nombre de los inquilinos. PREGUNTADO: Sabe usted la razón por la cual los inquilinos del inmueble citado o referenciado, después del sismo referido desocuparon el inmueble. CONTESTÓ: Sé que desocuparon porque se cayo (sic) el techo que era de barro, pero tenía muy buenas columnas, de material porque antes yo vivía en el primer piso, era de cuatro pisos, pero antes del terremoto yo había desocupado porque compré casita. PREGUNTADO: Por favor explique al Despacho con base en qué afirma en su respuesta anterior que el edificio o casa tenía muy buenas las columnas, que solo se le cayó el techo? CONTESTÓ: Sí porque yo fui y la vi (...).

Pregunta el apoderado de la parte demandante. PREGUNTADO: En algunos apartes del expediente (...) aparece el bien materia de demolición como ubicado en el barrio Los Álamos y en otros documentos como ubicado en el barrio La Cabaña. Indíquele a este despacho si lo sabe a ciencia cierta en cuál de estos sectores de la ciudad estaba ubicada esta edificación? (...). CONTESTÓ: (...) en el barrio La Cabaña porque yo vivía allá. PREGUNTADO: Igualmente dentro de este proceso para identificar el inmueble que fue materia de demolición se habla de uso documento (sic) de una edificación de un solo piso y en otros apartes de sostiene que el bien demolido era un edificio de cuatro pisos. Sírvase aclararle a este Tribunal si usted conocía el bien objeto de demolición propiedad de la señora BUSTAMENTE de cuántos pisos era esta construcción? CONTESTÓ: De cuatro pisos porque yo vivía en el primero (...).

Pregunta el apoderado del Invías: “(...) PREGUNTADO: De acuerdo a los hechos de la demanda figuran a folio uno del cuaderno principal, el hecho 2.1 afirma que la demandante es propietaria del inmueble ubicado en la carrera 19 A Nº 10 - 07 y 10 - 11 y afolios (sic) 50 aparece la resolución de demolición de obra de pedio ubicado en la carrera 19 A Nº 10 - 11. Sírvase decirle al despacho de acuerdo a su conocimiento si estas direcciones son las mismas? CONTESTÓ: Sí 10 - 07 y 10 - 11 de la carrera 19 A del Barrio La Cabaña donde yo viví (subrayado fuera de texto).

• Declaración de Alexander Bustamante Toro (fls. 19 y 20, cdno. 2) hermano paterno de la demandante.

“(...) PREGUNTADO: Por favor informe si sabe cuál era la composición o estructura del edificio referido y si en el mismo habitaba su hermana? CONTESTÓ: El edificio está ubicado en el barrio La Cabaña, constaba de cuatro pisos, de materia con estructuras, de techo de barro, sostenido por cuartones y guadua. Ahí conviví con mi hermana en el segundo piso hasta la fecha del terremoto. PREGUNTADO: Sírvase explicar al despacho por qué solo hasta la fecha del terremoto, que se aclara ocurrió el 25 de enero del 99, habitó usted con su hermana el segundo piso del edificio citado? CONTESTÓ: Por el terremoto, por el pánico y además a la vivienda se le había caído el techo y dentro del mismo pánico porque los otros predios aledaños habían sufrido (...). PREGUNTADO: Por favor informe al despacho si los otros pisos del citado edificio se encontraban ocupados en el momento en que ocurrió el sismo del 25 de enero del 99? CONTESTÓ: Hasta la fecha del terremoto estaban ocupados. PREGUNTADO: Aclare al despacho en qué calidad estaban ocupados los distintos pisos del edificio excepción hecha del segundo. CONTESTÓ: En calidad de arrendatarios (...).

Pregunta el apoderado de la parte demandante: En unos apartes del expediente (...) se dice que el bien materia de demolción (sic) de la señora SOFÍA BUSTAMANTE estaba ubicado en el barrio Los Álamos y en otros documentos se dice que estaba ubicado en el barrio La Cabaña de Armenia. Indíquele a este despacho en cuál de estos barrio (sic) quedaba este inmueble? CONTESTÓ: El inmueble estaba ubicado sobre la carrera 19 A identificado con el Nº 10 - 07 y 10 - 11 del Barrio La Cabaña de Armenia. PREGUNTADO: Sírvase decirle a este despacho si usted presenció la demolición del inmueble y sabe en qué época se hizo? CONTESTÓ: A nosotros nos avisó el señor FERRER uno que había sido el arrendatario, la época fue a mediados de junio del 99, el día no lo recuerdo pero sí fue a mitad del año del 99, cuando nosotros llegamos ya estaba la máquina trabajando allá, ESO ES LO QUE ME CONSTA. PREGUNTADO: Sírvase decirle a este despacho si sabe qué diligencias estaba realizando la señora SOFÍA BUSTAMANTE para reparar la vivienda? CONTESTÓ: Había hecho las gestiones pertinentes con la Curaduría Urbana, con Planeación Municipal y Secretaria de Infraestructura en el cual ellos habían dado unos lineamientos para las obras que se iban a llevar a cabo para la reparación del inmueble. PREGUNTADO: Sabe usted si alguno de los funcionarios de estas dependencias visistó (sic) el inmueble y adelantó algún concepto sobre el estado del mismo? CONTESTÓ: Ahí estuvo un profesional universitario enviado por Planeación y alguien de la Secretaría de Infraestructura y posteriormente ese concepto fue lo que se llevó a la Curaduría. PREGUNTADO: Sírvase decirle a este despacho si ya se le había concedido el permiso para la reconstrucción o este solamente estaba en trámite en el momento de la demolción (sic). CONTESTÓ: Creo que ya estaba aprobado (...)”.

• Declaración de Adolfo Antonio Ferrer (fls. 22 y 23, cdno. 2)

(...) PREGUNTADO: Por favor informe al despacho si sabe la razón por la cual se encuentra hoy acá. En caso afirmativo por favor exprésela. CONTESTÓ: Sí estoy acá para declarar sobre la tumbada de una casa que no estaba autorizada a demoler. PREGUNTADO: Por favor explique al despacho por qué afirma usted que una casa no estaba autorizada su demolición fue demolida. Y por favor aclare al despacho a qué casa se está refiriendo. CONTESTÓ: La casa no estaba autorizada para demoler porque ya los ingenieros habían revisado las estructuras y todo y vieron que lo único que se cayó fue el techo por ser teja de barro (...). La casa que me refiero está en la calle 19 A Nº 10 - 07 (...). PREGUNTADO: Aclare al despacho porque conoce usted que hubo el concepto de ingenieros a que usted ha hecho referencia? CONTESTÓ: Yo los vi personalmente a lso (sic) ingenieros que revisaron esa (sic) cuadra, toda esa manzana. PREGUNTADO: Los ingenieros aludidos expresaron su concepto por escrito o verbalmente? CONTESTÓ: Verbalmente no, y escrito ellos ponen en un papel que decía habitable y ese papel desapareció, lo pusieron en la ventana. PREGUNTADO: Cuál es la razón porla (sic) cual usted conoció lo que hasta ahora nos ha narrado. CONTESTÓ: Porque yo vivía ahí hasta más o menos un mes antes del terremoto y me pasé a vivir a media cuadra. PREGUNTADO: Sabe usted si la propietaria del inmueble señora MARÍA SOFÍA BUSTAMANTE OSORIO habitaba en la edificación a la cual nos hemos venido refiriendo, igualmente sabe si toda la edificación estaba habitada en el momento del sismo de enero del 99? CONTESTÓ: Yo creo que sí, MARÍA SOFÍA yo la veía casi todos los días, ella vivía ahí con un hermano EDUARDO. Toda la casa estaba habitada. PREGUNTADO: como usted dice que vivió allí, por favor aclare el (sic) despacho como (sic) estaba conformado el edificio. CONTESTÓ: El edificio o la casa consta de cuatro pisos y toda estaba habotada (sic) (...).

Pregunta el apoderado de la parte demandante (...). PREGUNTADO: Sírvase decirle a este despacho si usted estuvo presente el día que ocurrió la demolición. En caso afirmativo en que (sic) fecha aconteció ese hecho y qué aconteció? CONTESTÓ: Sí estuve presente el día de la demolición y di aviso inmediato a MARÍA SOFÍA, eso ocurrió exactamente no lo sé, pero sí fueron por ahí unos cuatro o cinco meses después del terremoto (...)”.

5.3.8. Dictamen pericial efectuado en el sitio donde se encontraba ubicado el inmueble y dentro del cual se procedió a realizar operación tendiente a determinar el valor que tendría el inmueble a la fecha de la diligencia y la renta mensual que aquella edificación generaba. Para el efecto, los peritos tuvieron en cuenta las declaraciones rendidas dentro del proceso y los documentos arrimados al mismo (fls. 53 a 57, cdno. 2).

De conformidad con el artículo 233 del CPC, la peritación como medio de prueba es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. El perito debe informarle razonadamente al juez lo que de acuerdo con esos conocimientos especializados sepa de los hechos —y no cuestiones de derecho— que se sometan a su experticio, sin importarle a cuál de las partes beneficia o perjudica, de manera que su dictamen debe ser personal y contener conceptos propios sobre las materias objeto de examen y no de otras personas por autorizadas que sean, sin perjuicio de que pueda utilizar auxiliares o solicitar por su cuenta el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad (numeral 2º del artículo 237 del CPC)(26).

Por su parte, el artículo 241 ibídem señala que al valorar o apreciar el juez el dictamen de los peritos, este tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso. Si en el proceso aparecen otras pruebas que desvirtúen las conclusiones del dictamen o al menos dejen al juez en situación de incertidumbre sobre el mérito que le merezca, luego de una crítica razonada y de conjunto, aquel no puede tener plena eficacia probatoria”(27).

Por lo tanto, el juez está en el deber de estudiar bajo la sana crítica el dictamen pericial y en la libertad de valorar sus resultados; si lo encuentra ajustado, puede tenerlo en cuenta total o parcialmente al momento de fallar; o desechar sensatamente y con razones, los resultados de la peritación por encontrar sus fundamentos sin la firmeza, precisión y claridad que deben estar presentes en el dictamen para ilustrar y transmitir el conocimiento de la técnica, ciencia o arte de lo dicho, de suerte que permita al juez otorgarle mérito a esta prueba por llegar a la convicción en relación con los hechos objeto de la misma”(28).

En el presente asunto, esta Subsección no tendrá en cuenta dicho dictamen por cuanto los valores que arroja consistentes en el valor del metro cuadro y los cánones de arrendamiento, no están sustentados probatoriamente, sino solamente con el dicho de los declarantes anteriormente mencionados. En otras palabras, los razonamientos expuestos en aquel están sin la eficacia, firmeza, precisión y claridad que se deben predicar de los mismos.

Conforme a todo lo anterior, puede decirse que se encuentra acreditado que la demandante era propietaria del inmueble ubicado en la Carrera 19 A Nº 10 - 07 / 10 -11 de la ciudad de Armenia y que tal inmueble se encontraba ubicado en el barrio La Cabaña. Así mismo, según los testimonios, se encuentra acreditado que fue demolido a mediados de 1999. Ahora bien, es indiscutible que existe una contrariedad entre la escritura pública 2373 de 1991, el folio de matrícula 280-64338 y el informe técnico y la Resolución 3924 de 17 de junio de 1999, por cuanto en los primeros documentos se evidencia que la dirección del predio es la carrera 19 A Nº 10 - 07 / 10 -11 barrio La Cabaña, mientras que los segundos documentos establece que se trataba de las Carrera 19 A Nº 10 - 11 barrio Los Álamos.

Sin embargo, contrario a lo sostenido por la parte demandante, es evidente que sí existió una orden previa de demolición del inmueble de propiedad de la parte actora, por cuanto debe entenderse que el inmueble ubicado en la carrera 19 A Nº 10 - 07 / 10 - 11 correspondía a una sola nomenclatura y a un solo predio, tal como lo indica el oficio del Instituto de Agustín Codazzi, así como las declaraciones de Marina Toro Vásquez y Alexander Bustamante.

Por su parte, el impugnante considera que el oficio del Inspector Quinto de Policía y Tránsito de fecha 21 de octubre de 1999 en el cual indicó que “revisados los archivos de este despacho, no se encontró la resolución por la cual se ordenó la demolición del inmueble ubicado en la carrera 19 A 10 - 07” constituye prueba suficiente para determinar que la administración demolió el inmueble sin orden previa.

La Subsección al analizar el anterior oficio, infiere que la parte actora solicitó copia de la resolución que contenía la dirección Carrera 19 A Nº 10 - 07 pero es claro que el inmueble de la misma tenía como dirección total la carrera 19 A Nº 10 - 07 / 10 - 11, y si se revisa el informe técnico así como la Resolución 3924 de 17 de junio de 1999, correspondía a la dirección Carrera 19 A Nº 10 - 11, esto es, la misma dirección del inmueble de la demandante, conforme a lo establecido en la escritura pública, el folio de matrícula, el oficio del Instituto Agustín Codazzi y las declaraciones de dos de los testigos.

Para el efecto, es importante resaltar que las declaraciones de los testigos no indican cuál era el estado del inmueble con posterioridad al sismo, ni tampoco la parte demandante acreditó su estado con otros medios probatorios, por lo que la parte actora no dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 177 del CPC(29) y por lo tanto, se concluye entonces que no se evidenció una vía de hecho, por cuanto la administración obró con fundamento en lo establecido en el Decreto 16 de 1999 y de acuerdo con el trámite de notificación contemplado en el Decreto 919 de 1989.

Adicionalmente existen serias dudas respecto de las buenas condiciones en que se encontraba el inmueble, porque, de una parte, el impugnante no lo acreditó por ningún medio probatorio, y adicionalmente porque, contrario a ello, la Resolución 3924 de 17 de junio de 1999 adujo que se trataba de un inmueble de una sola planta, lo que hace inferir que la vivienda de la demandante se encontraba en dicho estado y era necesaria su demolición.

Por otro lado, si bien es cierto que la dirección mencionada por la parte demandante corresponde al barrio La Cabaña con fundamento en lo establecido en el oficio del Instituto Agustín Codazzi y la resolución adujo que se trataba del barrio Los Álamos, no pasa de ser un problema de error de digitación en el acto administrativo.

Todo indica, según el análisis de las pruebas que se trataba del mismo inmueble, tanto el alegado por la parte impugnante como el descrito en la Resolución 3924 de 1999, pero que por un error en la digitación, se cambió el nombre del barrio en el que se encontraba la vivienda de la señora Bustamante.

Así mismo, la parte actora alega que en la Resolución 3924 de 1999 se indicó que se iba a demoler un inmueble de una sola planta mientras que la propiedad de la señora Bustamante era de cuatro pisos, sin embargo, la parte actora no demostró el estado posterior del inmueble luego de movimiento telúrico; ejemplo de ello es que las declaraciones de los testigos no indican cuál era el estado posterior al sismo presentado el 25 de enero de 1999, simplemente se refirieron al número de pisos de la edificación, si este se encontraba o no ocupado para el momento del sismo, las razones por las cuales quedó desocupado el inmueble posterior al movimiento telúrico, si la demandante vivía en la misma casa, cuánto devengaba la actora por el arrendamiento y si aquella estaba gestionando trámites para la reparación del inmueble. Contrario a ello, se observa que, teniendo en cuenta que el acto administrativo correspondía efectivamente al inmueble de la propiedad de la actora, la vivienda tenía un piso de “uso residencial, cubierta teja de barro, colapso parcial, daño en fachada, enchape de baños y cocinas, y en muros, la cual se encuentra en avanzado estado de deterioro y amenazando ruina”.

Por lo tanto, no se evidenció una vía de hecho por parte de las entidades demandadas, por cuanto, se insiste, existió un acto administrativo que, previo al concepto técnico proferido por la Comisión técnica, era necesaria la demolición del inmueble y que si bien se hizo referencia a un barrio diferente, este error es simplemente de digitación, pues la dirección del inmueble concuerda con aquel consignado en el folio de matrícula, la escritura pública 2373, el acta de comité y la Resolución 3924 de 17 de junio de 1999.

Por último, teniendo en cuenta que no existió falla en el servicio por parte de la entidad territorial, tampoco existió una irregularidad en la actividad desplegada por el Invías, ya que el personal de esta entidad actuó con fundamento en lo establecido en el convenio interadministrativo, esto es, que procederían a la demolición de los inmuebles previo concepto técnico y el acto Administrativo que lo ordenara. Y teniendo en cuenta que sí existía acto administrativo que ordenaba la demolición del inmueble de la demandante, la actuación del Invías estuvo acorde con lo dispuesto por el Decreto 16 de 1999 y los convenios suscritos por el municipio de Armenia.

Como segundo punto importante, se advierte que en el presente asunto, efectivamente se expidió un acto administrativo que ordenaba la demolición del inmueble de la demandante, con fundamento en lo establecido en el informe técnico según acta 29 de 1999.

Dicho acto administrativo (Resolución 3924 de 17 de junio de 1999) fue fijado en el despacho de la Inspección a partir del 18 de junio hasta el 1º de julio del mismo año, tal como se dejó descrito en líneas anteriores.

Por lo tanto, la actuación de la administración se encontraba amparada por las normas especiales consagradas en el Decreto 919 de 1989 al prescindir de las formas de notificación contenidas en el Decreto 1 de 1984, lo anterior por cuanto el acto administrativo se fundamentó en especial urgencia ante el evento ocurrido el 25 de enero de 1999.

Es así como el Decreto 919 de 1989 en su artículo 32, inciso cuarto, dispuso que en los casos de especial urgencia la resolución proferida por el Alcalde o por la autoridad delegada por este (facultad otorgada conforme al parágrafo del artículo 33 del mencionado decreto) que ordene la demolición de un inmueble, podrá advertir expresamente que ella se llevará a cabo en forma inmediata, caso en el cual, no procede notificación alguna, sino que simplemente copia de la resolución se fijaría en la misma fecha de su expedición y durante diez días hábiles, en el despacho de la alcaldía respectiva. El interesado en estos eventos, podría ejercer las acciones contencioso-administrativas a que hubiera lugar dentro del término previsto en el Código Contencioso Administrativo, contado desde la fecha en que se haya efectuado la demolición(30).

En el presente asunto la Resolución 3924 de 17 de junio de 1999 fue fijada en el lugar público de las instalaciones de la Inspección Quinta de Policía y Tránsito por el término de diez días hábiles, tal como se indicó en líneas anteriores. Por lo tanto, de la lectura de la resolución y de acuerdo con su motivación, esto es, que se trataba de un caso de especial urgencia, se procedió a ejecutar procedimiento establecido en los artículos 32 y 33 del Decreto 919 de 1989, prescindiendo de la forma de notificación que establece el CCA, por cuanto dicha normatividad facultaba la actuación de la administración, especialmente de la Alcaldía municipal.

Por lo tanto, esta Subsección confirmará la sentencia de primera instancia pero por las consideraciones expuestas en la presente providencia.

6. Condena en costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

RESUELVE:

1. CONFÍRMESE la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Quindío de fecha 10 de noviembre de 2004 por las consideraciones expuesta en esta providencia.

2. Sin condena en costas.

3. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

2 De conformidad con el artículo 129 del CCA, subrogado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el Acuerdo 55 de 200 artículo 1º que modifica el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999.

3 El Decreto 597 de 1988 consagró que para que un proceso de reparación directa que inició en el año 2001 tuviere vocación de doble instancia, la pretensión mayor de la demanda debía superar la suma de $ 26.390.000. En efecto, para la fecha de presentación de la demanda —2 de mayo de 2001— se solicitó por lucro cesante el valor de cien millones de pesos ($ 100.000.000), suma que supera la cuantía para que proceda la segunda instancia ante esta corporación.

4 Posición reiterada en sentencia de la Subsección C de 12 de febrero de 2014, expediente 40.802.

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, 4 de mayo de 2000, expediente 17566; 27 de noviembre de 2002, expediente 13541; 31 de agosto de 2006, expediente 28448; 21 de mayo de 2008, expediente 2675; 13 de agosto de 2008, expediente 35062, 18 de enero de 2012, expediente 19920, entre otras.

6 Sentencia de la Subsección C de 18 de enero de 2012, expediente 19920.

7 Sentencia Sala Plena de Sección Tercera, 28 de agosto de 2013, radicado 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022). M.P. Enrique Gil Botero.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, 18 de enero de 2012, expediente 19920. “De conformidad con las manifestaciones de las partes, para la Sala dicho documento que obra en copia simple, tiene en esta oportunidad mérito para ser analizado y valorado, comoquiera que la parte demandada pidió tener esa copia como prueba y valorarla como tal; en otras palabras, la Nación no desconoció dicho documento ni lo tachó de falso, sino que conscientemente manifestó su intención de que el mismo fuese valorado dentro del proceso (…) resulta necesario recordar que en la contestación de la demanda la Nación, no solo aceptó el hecho que se pretendía probar con el documento aportado en copia simple, sino que además admitió a este último como prueba, sin haber alegado en momento alguno que tal documento no se podía valorar, circunstancia que por demás, hubiere significado la trasgresión al principio constitucional de buena fe que protege la confianza que los particulares depositan al deber de coherencia en el actuar de quien tiene la carga de respetar y de someterse a una situación creada anteriormente por su propia conducta”.

9 Posición reiterada en sentencia proferidas por la Subsección C de 19 de noviembre de 2012, expediente 25097; 20 de marzo de 2013, expediente 25828; 8 de mayo de 2013, expediente 25834; y 13 de junio de 2013, expedientes 29010 y 29505.

10 Sentencia Sección Tercera, 31 de agosto de 1995, expediente 8331.

11 Sentencia Sección Tercera, 23 de agosto de 2001, expediente 13344.

12 Ver sentencias de Sección Tercera de 17 de abril de 1991, expediente 6602; 30 de junio de 1992, expediente 4315 y 17 de agosto de 1995 expediente 7095.

13 Ver sentencias de la Sección Tercera de 17 de agosto de 1995, expediente 7095; 31 de agosto de 1991, expediente 8331; sentencia de 23 de agosto de 2001, expediente 13344.

14 Es importante aclarar que, de acuerdo con la nueva posición de la Sala Plena de la Sección Tercera en sentencia de 12 de mayo de 2014, expediente 23128, la prueba idónea para acreditar la propiedad de un inmueble es el certificado del registrador de instrumentos públicos. Indicó la sentencia que “(…) Ciertamente, si el Estado considera como un servicio público el registro de instrumentos públicos por las finalidades de interés general que este sistema involucra y, si para ello le exige a los Registradores adelantar un procedimiento técnico, jurídico y especializado con el propósito de solo inscribir aquellos títulos que reúnan los presupuestos legales previstos para ello, decisión final —inscripción— que se presume legal tanto por la presunción de legalidad propia de los actos administrativos, como por el principio de la legitimidad registral, propio, a su vez, de los sistemas técnicos registrales como el contenido en el Decreto-Ley 1250 de 1970 y en la Ley 1579 de 2012, según el cual el derecho inscrito en favor de una persona realmente le pertenece puesto que así lo dice el registro, no puede más que concluirse que esa inscripción es suficiente para probar la propiedad respecto de un bien inmueble, en especial, cuando ese derecho pretende acreditarse para efectos de demostrar la legitimación por activa en un proceso de que se adelante en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. El artículo 43 del Decreto-Ley 1250 de 1970 —norma que fue reproducida en el artículo 46 de la Ley 1579 de 2012— confirma el anterior aserto, en la medida en que se indica que un título sujeto a registro solo tiene mérito probatorio cuando efectivamente ha sido inscrito en la correspondiente oficina, disposición que necesariamente debe entenderse de manera sistemática con el conjunto de normas y principios que conformar el Sistema de Registro Inmobiliario en el ordenamiento nacional (...)”.

15 “(...) el perjudicado a consecuencia del funcionamiento de un servicio público debe soportar el daño siempre que resulte (contrario a la letra o al espíritu de una norma legal o) simplemente irrazonable, conforme a la propia lógica de la responsabilidad patrimonial, que sea la Administración la que tenga que soportarlo”. PANTALEÓN, Fernando. “Como repnsa, Fernando. "hos e intereses constitucionalmente reconocidos.xtracontractual puede encontrarse posturas segómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, p. 185.

16 “(...) que lo razonable, en buena lógica de responsabilidad extracontractual, para las Administraciones públicas nunca puede ser hacerlas más responsables de lo que sea razonable para los entes jurídico-privados que desarrollan en su propio interés actividades análogas”. PANTALEÓN, Fernando. “Como repnsa, Fernando. "hos e intereses constitucionalmente reconocidos.xtracontractual puede encontrarse posturas segómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”. ob. cit., p. 186.

17 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003. Así mismo, se considera: “El artículo 90 de la Carta, atendiendo las (sic) construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico. Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal —bien sea por la no prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardía— sino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002. Debe advertirse que revisada la doctrina de la responsabilidad civil extracontractual puede encontrarse posturas según las cuales “debe rechazarse que el supuesto de hecho de las normas sobre responsabilidad civil extracontractual requiera un elemento de antijuricidad (sic)”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM. Nº 4, 2000, p. 168.

18 Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones. Artículos 63 y siguientes.

19 Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismorresistentes.

20 Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes a licencias de construcción y urbanismo, al ejercicio de la curaduría urbana, y las sanciones urbanísticas.

21 “(...) La potestad es reglada en los casos del cumplimiento estricto de las exigencias normativas completas, determinadas agotadoramente por las normas superiores. La norma determina al extremo, agotando el contenido y los supuestos de su operancia, constituyendo un supuesto normativo completo y una potestad aplicable, absolutamente definible en términos y consecuencias (...)”. Carácter colectivo de las licencias urbanísticas bajo los presupuestos del Estado social y democrático de derecho. La ruptura del individualismo clásico en el procedimiento y la decisión administrativos de licencia urbanística. Autor: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. En http://portal.uexternado.edu.co/pdf/Derecho/Revista%20Digital%20de%20Derecho%20Administrativo/Edici%C3%83%C2%B3n%202/Art%C3%83%C2%ADculos/1_jaimeSantofimio.pdf.

22 En http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0182_1999.htm.

23 El artículo 2º del mencionado decreto se expuso lo siguiente: Será de aplicación en los municipios señalados en el artículo anterior el régimen normativo especial para situaciones de desastre contemplado en los artículos 24 y siguientes del Decreto 919 de 1989, así como lo dispuesto por el artículo 56 del Decreto 1909 de 1992 y demás disposiciones concordantes. Igualmente se dará aplicación a las normas en materia de vivienda.

24 Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y se dictan otras disposiciones.

25 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.

26 Posición similar se puede encontrar en las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, 19 de agosto de 2010, expediente 17957; 9 de mayo de 2012, expediente 2185, 26 de septiembre de 2012, expediente 23340.

27 Sentencia de 3 de mayo de 2008, expediente 16098. En la misma sentencia se cita a Hernando Devis Echandía, Teoría general de la prueba, Medellín, Editorial Dike, 1ª edición, tomo II, 1977. Véase también sentencia de 5 de junio de 2008, expediente 15911.

28 Consejo de Estado, Sección Tercera, 3 de marzo de 2010, expediente 37269.

29 Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

30 Artículo 32. ORDEN DE DEMOLICIÓN. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 11 y 216 del Decreto 1355 de 1970 (Código Nacional de Policía), los alcaldes de los municipios comprendidos dentro de las áreas geográficas determinadas en la declaratoria de una situación de desastre, podrán ordenar la demolición de toda edificación que amenace ruina o que por su estado de deterioro ponga en peligro la seguridad o salubridad de los habitantes de la misma o de otras personas.
La orden será impartida mediante resolución motivada que será notificada al dueño, o al poseedor y al tenedor del respectivo inmueble, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de su expedición. Copia de la resolución a que hace referencia el inciso anterior será fijada por el mismo término en el inmueble cuya demolición se ordene, fijación, que suplirá la notificación personal si ella no puede realizarse.
Contra la resolución que ordene la demolición de un inmueble solo cabe el recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de notificación personal o de conclusión del término de fijación de la resolución en el inmueble, y se resolverá de plano por el alcalde respectivo.
En casos de especial urgencia la resolución que ordene la demolición podrá advertir expresamente que ella se llevará a cabo en forma inmediata, caso en el cual no se procederá la notificación alguna, sino que simplemente copia de la resolución se fijará en la misma fecha de su expedición y durante diez días hábiles, en el despacho de la alcaldía respectiva. El interesado podrá ejercer las acciones contencioso-administrativas a que haya lugar dentro del término previsto en el Código Contencioso Administrativo, contado desde la fecha en que se haya efectuado la demolición.
Artículo 33. EJECUCIÓN DE LA DEMOLICIÓN. Ejecutoriada la resolución que ordene la demolición por haberse decidido negativamente el recurso de reposición o por haber transcurrido el lapso legal sin que el recurso se hubiere interpuesto, se procederá a la inmediata demolición del inmueble.
Cuando por circunstancias de especial urgencia se haya prescindido del régimen de notificación y recursos en la vía gubernativa, la autoridad podrá proceder a la demolición en forma inmediata.
Parágrafo. La competencia para ordenar y ejecutar la demolición de que trata el presente artículo y el precedente, podrá ser delegada por los alcaldes municipales en cualquiera otra autoridad pública municipal.