Sentencia 2001-00418 de febrero 26 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 11001-3103-039-2001-00418-01

Magistrado Ponente:

Dr. Arturo Solarte Rodríguez

Bogotá, D.C., veintiséis de febrero de dos mil diez.

EXTRACTOS: Consideraciones

1. El debate que en el ámbito casacional suscitó la parte demandante hace referencia, en concreto, a la comprobación del contrato de depósito base de la acción, puesto que mientras el tribunal coligió su falta de acreditación, la citada recurrente, por el contrario, afirmó su cabal demostración.

2. Siendo ese el aspecto central de la impugnación extraordinaria en estudio, se impone recordar que el contrato de depósito, en palabras de la Corte, es aquel mediante el cual "el depositante entrega al depositario una cosa mueble para que la conserve y se la restituya cuando así se lo solicite. Su objeto estriba en la guarda de la cosa depositada, y consecuentemente comporta para el depositario, en su condición de mero tenedor de ella, la obligación de conservarla, sin derecho a usarla, excepto en las hipótesis previstas por los artículos 2245 y 2246 del Código Civil, debiendo restituirla en especie a la finalización del contrato. Se trata de un contrato real, pues solo se perfecciona con la entrega de la cosa" (cas. civ., sent. del nov. 19/2001, Exp. 5933; se resalta).

Ahora bien, su destacado carácter real artículo 1500 del Código Civil— comporta que su perfeccionamiento solo deviene como consecuencia de la efectiva entrega de los bienes materia de la guarda y custodia por parte del depositante al depositario, mas no del simple consenso sobre los términos que habrán de regir la respectiva relación contractual, de lo que se sigue que la plena demostración de su existencia implica, indefectiblemente, acreditar la efectiva realización de dicha entrega, a través de alguna de las diversas modalidades que el ordenamiento jurídico contempla para el efecto.

El planteamiento anteriormente esbozado, bueno es precisarlo, se aplica de manera uniforme en el derecho privado colombiano, en el que, como es suficientemente conocido, existe regulación civil y mercantil de diversos negocios jurídicos, entre ellos del depósito. No obstante la mencionada dualidad, por efecto del artículo 822 del Código de Comercio se produce una integración de los dos ordenamientos, en virtud de la cual "[l]os principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa". Y como en la regulación comercial del contrato de depósito no se encuentra referencia alguna a la forma de perfeccionamiento de tal tipo negocial, es necesario concluir que el depósito mercantil, al igual que el de carácter civil, es un contrato de forma específica, pues requiere para su perfeccionamiento de "la entrega que el depositante hace de la cosa al depositario", tal como con claridad lo dispone el artículo 2237 del Código Civil.

3. Al hacer actuar los conceptos anteriores en el caso sub lite, se deduce, delanteramente, que no era suficiente al censor, en pro de sustentar su argumento relativo a que en este asunto sí existía la prueba del perfeccionamiento del contrato de depósito que orienta las peticiones que elevó en la demanda, aducir que los términos esenciales del mismo fueron definidos con la oferta comercial que la actora propuso a las demandadas, contenida en la carta del 27 de abril de 1998, y con la aceptación que aquellas hicieron de la misma, según comunicación del 8 de mayo siguiente, sino que era indispensable, además, afirmar y comprobar la entrega de los bienes objeto del contrato por parte de las demandadas a la demandante.

Ese deber demostrativo, en puridad, no fue en manera alguna atendido por la actora, como quiera que ella ni siquiera afirmó que la señalada entrega se hubiera verificado, ni en qué forma, si real o ficta, limitándose, aunque para otros efectos, a hacer referencia a la ejecución del contrato, que no a su perfeccionamiento, y a destacar en el punto el carácter remunerado del depósito que se habría ajustado entre las partes.

La deficiencia observada hace, per se, infructuoso el cargo, pues así se admitiera como consecuencia de él que las partes concluyeron exitosamente el proceso dirigido a definir los términos de la convención de que se trata, lo que no hicieron, como adelante se analizará, tal inferencia, de todas maneras, no permitiría tener por demostrado el perfeccionamiento de ese negocio jurídico, en tanto y en cuanto que, se reitera, siendo el contrato de depósito de carácter real, era indispensable la constatación de que se hubiera efectuado la entrega de los bienes objeto de la guarda y custodia.

4. Desde otro punto de vista es del caso puntualizar que, frente a la negativa del tribunal de tener por comprobado el contrato de depósito que, en sentir de la actora, la vinculó con las sociedades demandadas, el recurrente, en forma reiterada, sostuvo que el mismo aparece comprobado en el proceso con la oferta comercial de 27 de abril de 1998 y su posterior aceptación del 8 de mayo siguiente.

Siendo ello así, pertinente es recordar que en la época presente el contrato no siempre se perfecciona por la confluencia simultánea de las manifestaciones de las partes interesadas en dar origen al correspondiente negocio jurídico, como parece haber sido el ideal de las primeras codificaciones, sino que, por el contrario, ordinariamente, el mismo es el resultado de un proceso, en ocasiones complejo y dispendioso, en el que aquellos que pretenden su perfeccionamiento, agotan una serie de pasos o etapas dirigidas a lograr, precisamente, el surgimiento del respectivo acto de disposición de intereses. La efectividad de dicho proceso —iter contractus—, superada la etapa preliminar de acercamientos no vinculantes en los que ha de prevalecer la corrección o lealtad en el comportamiento (C. Co., art. 863), depende de la formulación que haga uno de los interesados al otro de una propuesta u oferta y, particularmente, de que el destinatario de la misma, la acepte en forma incondicional, pudiendo acontecer, como es frecuente, que antes de que ello ocurra, las partes efectúen sucesivos y recíprocos planteamientos negociales, los cuales, en la medida en que no traduzcan un consenso pleno o total de los intervinientes, no darán lugar al surgimiento del contrato, objetivo este que solo se obtendrá cuando, se reitera, frente a una oferta definitiva, la contraparte la acepte oportunamente y sin reparos.

Al respecto, el artículo 845 del Código de Comercio concibe la "oferta o propuesta" como "el proyecto de negocio jurídico que una persona formule a otra", exige que contenga "los elementos esenciales" del respectivo acuerdo dispositivo, y dispone que la misma debe haber sido "comunicada al destinatario".

En tratándose de la oferta efectuada por escrito, el artículo 851 de la misma obra señala que esta "deberá ser aceptada o rechazada dentro de los seis días siguientes a la fecha que tenga la propuesta, si el destinatario reside en el mismo lugar del proponente; si reside en lugar distinto, a dicho término se sumará el de la distancia".

Del anterior precepto y de lo establecido en los artículos 846, 850 y 854 ejusdem, se desprende que, en tratándose de contratos meramente consensuales, en los que impera la libertad de forma, su perfeccionamiento requiere que la oferta o propuesta, debidamente comunicada al destinatario, sea aceptada por este, expresa o tácitamente, derivándose lo último, según voces del preindicado artículo 854, de la ocurrencia de "un hecho inequívoco de ejecución del contrato", comportamiento que "producirá los mismos efectos que la [aceptación] expresa, siempre que el proponente tenga conocimiento de tal hecho dentro de los términos indicados en los artículos 850 a 853, según el caso"; y que, si se está en presencia de contratos en los que se exija una forma específica para su perfeccionamiento solemnes o reales—, se deberán cumplir, además, las respectivas formalidades ad substantiam actus o deberá haberse verificado la correspondiente entrega de bienes, en su caso.

Por otra parte, el artículo 855 del citado ordenamiento legal establece que "[l]a aceptación condicional o extemporánea será considerada como nueva propuesta".

En torno de dicha temática, la Sala tiene señalado que "la formación del contrato implica, en no pocas ocasiones, una fase preparatoria, en desarrollo de la cual los interesados progresivamente definen los términos principales y accesorios del contrato mismo que se pretende celebrar, en aras de explicitar su voluntad de cara al respectivo negocio. Solo en el evento de que la intentio de los participantes sea positiva y coincidente respecto de las bases por ellos proyectadas, se estará en presencia de un acuerdo de voluntades que, en el caso de los contratos consensuales, determinará su celebración o, tratándose de los contratos solemnes, exigirá para su cabal perfeccionamiento, la satisfacción de las correspondientes formalidades legales. Si la voluntad de los interesados, o de alguno de ellos, es negativa, o disímil en algún punto determinante materia del negocio, no tendrá lugar el surgimiento o floración plena del contrato en el cosmos jurídico" (se resalta).

En ese mismo fallo, más adelante, la Corte precisó que "[a]hora bien, ese camino —o iter— negocial puede estar circunscrito a simples tratos preliminares o 'tratativas', mediante los cuales los intervinientes, de ordinario, básicamente exploran recíprocamente sus posiciones e intereses en relación con el potencial contrato. Esos contactos o acercamientos, si bien incluso pueden conducir al logro de acuerdos respecto de ciertos y específicos puntos, no suponen, inexorablemente o in toto, la celebración del contrato propiamente dicho, el que es corolario de un acuerdo más definido alrededor de sus elementos esenciales y, por contera, vinculante, merced al establecimiento de aspectos neurálgicos en la respectiva esfera negocial" (cas. civ., sent. de dic. 19/2006, Exp. 1998-10363-01).

5. Retornando a las particularidades del asunto sometido a consideración de la Corte, se encuentra que milita del folio 10 al 12 del cuaderno principal, copia de la comunicación escrita, adiada el 27 de abril de 1998, dirigida por las sociedades Siamer S.A. y Depacol S.A. a la sociedad "U.P.S. United Parcel Service" y, más exactamente, al señor "Hernan Tochoy Cordero", en su calidad de "Gerente General" de la misma, en la cual aquellas le informaron que "son compañías que se encuentra debidamente autorizadas por la DIAN para la prestación de los servicios de depósito e intermediación aduanera", que "hacen parte integral del Grupo Empresarial Aminona" y, adicionalmente, dijeron formularle una "propuesta comercial" en los términos que pasan a reproducirse:

" Recibo de mercancías de importación en el aeropuerto Eldorado.

Traslado de mercancías a nuestra área de almacenamiento.

Almacenamiento de mercancías con los siguientes servicios:

Asignación de un área exclusiva para sus mercancías con una terminal para el ingreso en el sistema.

Información inmediata vía módem o fax del ingreso de sus mercancías.

Conexión mediante la instalación de una cámara de circuito cerrado de T.V. sobre el área de nuestro depósito asignada a su servicio.

Cuarto frío con capacidad de 20 metros cúbicos.

Dos (2) básculas electrónicas.

Circuito cerrado de T.V. interno.

Seguridad del área de almacenamiento, mediante la dotación de sensores de movimiento infrarrojos y de humo, así como monitoreo de alarmas a través de una compañía especializada.

Seguro contra todo riesgo para las mercancías ingresadas a nuestro depósito.

Modernos equipos para el ingreso, ubicación y retiro de las mercancías.

Desaduanamiento de mercancías.

Atención al cliente en forma directa como parte integral de la compañía que uds. representan.

Asesoría en comercio exterior.

Revisión de documentos y verificación de los mismos.

Toma de referencias y seriales las 24 horas del día.

Preparación de declaraciones de aduana en forma inmediata.

Incorporación inmediata de las declaraciones al sistema sidunea.

Control de las operaciones a diario.

Facilidad para el cliente al verificar sus mercancías.

Entrega de facturas y documentos en un plazo no superior a tres (3) días hábiles.

Trabajo de alianza estratégica de las áreas comerciales de T. G. Express y las empresas del Grupo Aminona.

Tarifas:

Sia Siamer S.A. $ 120.000 por guía aérea más 16% de IVA.

Depacol S.A. $ 85.000 por guía aérea más 16% de IVA mes".

En tanto que la referida copia no fue tachada ni redargüida de falsa por las demandadas al momento de contestar la demanda, pertinente es colegir que la aludida misiva contiene una doble "propuesta comercial", dirigida, en cuanto a ambos aspectos, a "UPS United Parcel Service", consistente en la prestación de los servicios, por parte de la sociedad Siamer S.A., de "desaduanamiento de mercancías", y por la aquí demandante, Depacol S.A., de "[a]lmacenamiento de mercancías", con especificación de las condiciones en que ello tendría lugar e indicación de su valor, el cual sería, para lo primero, de "$ 120.000 por Guía Aérea más el 16% de IVA" y, para lo segundo, de "$ 85.000 por guía aérea más 16% de IVA mes".

Tampoco hay duda del recibo de dicha comunicación escrita por parte de la demandada Thomas Greg Express S.A., habida cuenta que el representante legal de esta, señor Hollman Gregorio Jiménez Monroy, en el interrogatorio de parte que absolvió, al ser preguntado asertivamente sobre si era cierto o no "que en el mes de abril de 1998, la sociedad que Usted representa recibió una oferta comercial dirigida por las sociedades Depacol S.A. y Siamer S.A. para la prestación del servicio de almacenamiento de mercancías y control aduanero", luego de consultar los documentos obrantes del folio 10 al 12 del cuaderno 1, respondió "sí" y, seguidamente, aclaró que "en el citado documento no aparece el sello de recibo de mi representada que me haga confirmar lo dicho".

6. Del mismo modo, obra a folio 918 también del cuaderno 1, copia auténtica de la carta fechada el 8 de mayo de 1998, remitida por el señor Hernán Tochoy Cordero, actuando como "Gerente División UPS" de Thomas Greg Express S.A. se entiende, aunque la comunicación no lo indica expresamente—, al señor Jorge Welter, Gerente General de Depacol S.A., en la que le manifestó:

"Con la presente les hacemos saber que empezando el 11 de Mayo de 1998, han sido seleccionados como depósito aduanero para los envíos de mayor valor de nuestro representado United Parcel Service... En el curso de los próximos días nos reuniremos para establecer las condiciones de operación de esta alianza... Esperamos con su colaboración brindar a UPS y a sus usuarios el mejor servicio puerta a puerta de Importación".

Valorado tal escrito, se establece, por una parte, que de él no se desprende, en forma inequívoca, la aceptación expresa de la propuesta mercantil anteriormente analizada, a la cual, en verdad, no hace ninguna mención; por otra, que de entenderse que dicha comunicación sí tuvo relación con la memorada oferta, ella no comportó aprobación de las "condiciones de operación" planteadas por la demandante, ni del precio que esta propuso, aspectos cuya definición fue diferida para ser convenida en una reunión posterior; y, finalmente, que, conforme su fecha, tal respuesta no se dio dentro del término de seis (6) días establecido en el artículo 851 del Código de Comercio, que sería el aplicable, por tratarse de un oferta mercantil escrita y porque tanto la sede de la proponente como de la destinataria se encontraban ubicadas en esta ciudad de Bogotá.

7. Imperioso es, por lo tanto, colegir que, de conformidad con los analizados artículos 851 y 855 del Código de Comercio, la comunicación en precedencia comentada no corresponde, en sentido estricto, a la aceptación de la oferta comercial que, como se dijo, la aquí demandante formuló a las demandadas, sino que la mencionada misiva, lo que es bien distinto, habría tenido el carácter de una contrapropuesta —una nueva oferta— realizada por Thomas Greg Express S.A. a Depacol S.A.

8. Se constata así el desatino de la censura, pues si su fundamento radica en que el contrato de depósito base de la acción, cuya comprobación echó de menos el tribunal, estaría acreditado en el proceso con la aludida propuesta y con la aceptación que las demandadas hicieron de la misma, por tratarse, según estima el recurrente, de un negocio jurídico de carácter consensual, tal planteamiento, gratia discussione, resulta errado en cuanto hace al segundo de sus basamentos, puesto que, como viene de registrarse, la referida carta del 8 de mayo de 1998 no tiene el alcance jurídico que le atribuyó el censor, es decir, se reitera, de aceptación de la indicada oferta comercial, toda vez que no cumple con los requisitos que al efecto se desprenden de las analizadas normas, esto es, que en forma expresa, incondicional y tempestiva exteriorice la voluntad del destinatario de acoger el proyecto de negocio jurídico en los términos en que le fue comunicado.

9. Si como ya se observó, para conseguir el derrumbamiento del fallo impugnado se imponía al recurrente desvirtuar el argumento base de la sentencia del tribunal, es decir, la falta de demostración del contrato de depósito esgrimido por la actora, el logro de tal fin dependía de que el cargo elucidara con acierto jurídico los errores que atribuyó a dicho sentenciador y no de que, como en definitiva aconteció, los expusiera pero, por una parte, con prescindencia de los elementos de juicio que, eventualmente, hubiesen permitido en realidad afirmar el perfeccionamiento del enjuiciado contrato, y por otra, con notorio desvío del genuino sentido que podía desprenderse del material probatorio.

En efecto, siendo, como ya se ha señalado, el depósito mercantil un contrato de carácter real, la comprobación de la efectiva entrega de los bienes depositados en las instalaciones de Depacol S.A. requería hacer referencia a que, una vez acordados los términos contractuales, la respectiva tenencia se había radicado en cabeza de esta última sociedad, y la labor impugnativa del censor, en su crítica a la sentencia del tribunal, debía encaminarse a demostrar la falta de apreciación por parte del ad quem de las probanzas que así lo acreditaran, labor que está completamente ausente en la demanda de casación.

Incluso, situada la Corte en el terreno en el que el recurrente planteó el cargo, es decir, en el del carácter consensual del depósito mercantil, se evidencia, como ya se estableció, que el alcance jurídico atribuible a la carta del 8 de mayo de 1998 es el de una contrapropuesta que la demandada Thomas Greg Express S.A. habría hecho a Depacol S.A., y, por tanto, es claro que la comprobación de la existencia del consentimiento negocial en cuestión solo se hubiese podido derivar de la aceptación tácita que, en cuanto a esta nueva oferta, en principio, cabría inferir del hecho de haber procedido la original oferente, a partir del día 11 de esos mismos mes y año a ejecutar el contrato, como quiera que desde esa fecha recibió las primeras mercancías transportadas por United Parcel Service Co. y las depositó en sus instalaciones, comportamiento que, a la vez, se enmarcaría dentro de la preceptiva del artículo 854 ibídem, no obstante lo cual ninguno de tales aspectos fue materia de los reproches elevados por el casacionista, ni referencia alguna se hizo a los medios demostrativos que llevarían a la señalada conclusión.

10. La aducción de los argumentos en precedencia esbozados dejan en claro que el cargo auscultado, ni en lo tocante con la argumentación jurídica en que se respaldó, ni en lo relativo a la apreciación probatoria que expuso, fue atinado, defecto que, como ya se anunció, provoca su fracaso.

Debe tenerse presente que en forma constante e invariable la Corte ha sostenido que, en tratándose del recurso extraordinario de casación, "la actividad ex officio de esta corporación, en lo que se refiere a la demanda interpuesta, es harto restringida, habida cuenta de que le impide auscultar '…defectos de la sentencia que no hayan sido denunciados formalmente por el recurrente y decidir la invalidación del fallo por errores no invocados en la demanda de casación' (G.J., t. LXXXI, p.426)", ni "le es permitido…, sin resquebrajar caros axiomas que estereotipan el recurso en comento, suplir o incluso complementar la tarea impugnativa asignada al recurrente, en atención a que —en línea de principio— debe circunscribirse a la demanda respectiva, la cual se erige en carta de navegación para todo Tribunal de casación", al punto que "le está vedado recrear el cargo o enmendar por su cuenta los defectos que este contiene" (…)" (cas. civ., sent. de mar. 23/2000, Exp. 5259; se resalta).

11. Es resultado de todo lo expresado que no aflora viable el quiebre del fallo del tribunal, toda vez que el cargo aducido resulta insuficiente, con todo y que combatió la deducción fáctica del ad quem en torno a la falta de prueba del perfeccionamiento del contrato de depósito mercantil, como quiera que, según ya se ha explicado, la censura planteada por el recurrente no tiene la virtualidad de resquebrajar los fundamentos de la sentencia acusada.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, actuando en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 1º de noviembre de 2007 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario al inicio referenciado.

Se condena en costas del recurso extraordinario a quien lo propuso. Tásense.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y, en oportunidad, devuélvase el expediente al tribunal de origen.