Sentencia 2001-00422 de junio 5 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2001-00422

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Recurso de apelación contra la sentencia de 22 de mayo de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Actor: Inurbe

Bogotá, D.C., cinco de junio de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

A través de la Resolución 001 de 8 de agosto de 2000, la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero S.A. en Liquidación rechazó la reclamación 000106445 presentada por el Inurbe, como crédito que debía estar incluido en la masa de liquidación.

Mediante la Resolución 0283 de 30 de octubre de 2000, se resolvió el recurso de reposición interpuesto por el Inurbe contra la anterior resolución, confirmándola, por lo siguiente:

Explica que la causal de rechazo es la número 12, esto es, “obligación inexistente”, pues no hay título valor ya que se trató de un papel firmado en blanco y la carta de instrucciones contiene inconsistencias, pues menciona el pagaré 27 y posteriormente se hace alusión al pagaré 35, lo que se traduce, de acuerdo con lo previsto en el artículo 622 del Código de Comercio, en la no existencia de intención de convertir el papel firmado en blanco en título valor.

Que el artículo 634, ibídem, exige que en el escrito contentivo del aval se identifiquen plenamente las características del título cuyo pago total o parcial se garantiza de tal manera que se determine en forma precisa e inequívoca su número, serie, monto, término de vencimiento, etc. (fls. 25 a 27 del cdno. de anexos).

Al respecto, la Sala observa lo siguiente:

A folio 29 del cuaderno de anexos obra el “aval bancario”, de 21 de enero de 1998, que es del siguiente tenor:

“La Caja de Crédito Agrario agencia de Candelaria, Valle, por el presente documento declara: Primero: Que constituye aval bancario a favor de: El Inurbe por cuenta de Imvicandelaria para responder por subsidios en proyecto de construcción de vivienda de interés social . Segundo: Cualquiera sea el valor del incumplimiento que aquí se garantiza, la caja solo respalda la suma de quinientos setenta y cinco millones de pesos moneda corriente ($ 575’000.000.00) por cualquier concepto de los especificados en la cláusula primera. Tercero: Esta garantía tiene vigencia hasta el 21 de enero de 1999, fecha a partir de la cual cesa toda responsabilidad para la caja, que pudiera derivarse de la obligación que se contrae por medio de este documento. Cuarto: Esta garantía no es transferible a excepción de que sea para el cobro a través de un establecimiento bancario. Para la caja cesa toda responsabilidad por incumplimientos debidos a fuerza mayor o caso fortuito. Quinto: Los pagos parciales que haga el obligado o las rebajas o condonaciones que obtenga, reducirán en igual proporción la responsabilidad de la caja como garante. Sexto: Este documento para los efectos que le sean pertinentes se rige por las disposiciones del código civil, libro cuarto, título XXXV. Séptimo: El beneficiario para hacer valer este título, debe probar que ha incumplido con las obligaciones pactadas con la persona o personas por cuya cuenta se expide esta garantía. Octavo: Toda petición que formule el beneficiario de la garantía a la caja, debe efectuarse dentro de los horarios hábiles de despacho al público. Noveno: Al hacer la caja pago total o parcial de la garantía, se subroga en todos los derechos del beneficiario contra las personas responsables del incumplimiento, hasta la concurrencia de las sumas pagadas y gastos efectuados. Décimo: Si el 21 de enero de 1999 la caja no hubiere recibido por escrito y debidamente documentada, reclamación por responsabilidad de la misma sobre el objeto que aquí se garantiza, cesa toda responsabilidad presente, futura o pasada y la garantía se extinguirá totalmente (...)” (negrilla y subraya fuera de texto).

A folio 41, ibídem, obra el “pagaré 27”, cuyo suscriptor es Imvicandelaria, a la orden del Inurbe, en el cual consta que Imvicandelaria pagará incondicionalmente el día que sea llenado o completado, a la orden del Inurbe, la suma de (en blanco), que a la fecha adeuda por capital y la cual fue recibida como subsidio anticipado conforme a lo dispuesto en el Acuerdo 22 de 1997, artículo undécimo, proferido por la junta directiva del Inurbe.

A folios 31 a 32, ibídem, obra la “carta de instrucciones pagaré 27”, dirigida al Inurbe, que es del siguiente tenor:

“Yo, Abel Ortega Rico, obrando en calidad de gerente y como tal representante legal del Instituto de Vivienda de Candelaria “Imvicandelaria”, con NIT 800218189-2, otorgante del pagaré en blanco 35, constituido a favor del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana “Inurbe”, me permito dar instrucciones a ese instituto, de manera permanente, expresa e irrevocable, para que proceda a llenar los espacios en blanco del pagaré emitido en su favor, de conformidad con lo establecido en el artículo 622 del Código de Comercio, así:

1. En el espacio reservado para la cuantía de la obligación principal, se colocará la suma que resulte a nuestro cargo por concepto de los subsidios familiares de vivienda recibidos anticipadamente en nuestra condición de oferentes del programa de vivienda “Jardín del Valle” hasta por la suma de quinientos setenta y cinco millones de pesos ($ 575’000.000.00) en los términos previstos en el Acuerdo 22 de 1997, emanado de la junta directiva del Inurbe, en caso de que mi representada incurra en incumplimiento de una cualquiera de las siguientes obligaciones...”.

Ciertamente, en este caso no puede hablarse de la existencia de un aval autónomo, pues este garantiza obligaciones cambiarias, que no son a las que se refiere el citado documento denominado “aval bancario”. Obsérvese que a través de este la caja de crédito agrario, industrial y minero garantiza el manejo que Imvicandelaria le dé al anticipo recibido, representado en los subsidios de vivienda que el Inurbe otorgó a las personas destinatarias de las viviendas a construir, anticipo este que fue de $ 575’000.000.00.

Esta garantía que, como ya se dijo, guarda relación con el buen manejo del anticipo que le entregó Inurbe a Imvicandelaria por concepto de subsidios de vivienda, en cuantía de $ 575’000.000, para que efectivamente se destine a la ejecución del proyecto, difiere de la garantía de cumplimiento, por la cual Imvicandelaria suscribió póliza expedida por la Compañía de Seguros de la Caja Agraria, por el 20% del monto de los recursos que le fueron asignados, según se desprende del texto del artículo décimo segundo del Acuerdo 11 de 1998, que modificó el Acuerdo 22 de 1997, expedido por la junta directiva del Inurbe, visible a folio 715 del cuaderno de anexos.

De ahí que la consideración del a quo en cuanto a que en este caso se está en presencia de una fianza, resulte acertada.

En efecto, el artículo 2361 del Código Civil establece que “la fianza es una obligación accesoria, en virtud de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o en parte, si el deudor principal no la cumple”, lo que perfectamente encaja en el contenido del documento denominado “aval bancario”; amén de que la fianza está consagrada en el Código Civil, libro cuarto, título XXXV, a cuyas normas se remitió el documento en mención.

En este caso está demostrado que Imvicandelaria incumplió con la obligación de entregar las viviendas en el plazo acordado. Ello se deduce de los documentos obrantes en el expediente, particularmente de la copia de la carta enviada el 18 de enero de 1999, por parte del presidente de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero al gerente general del Inurbe, visible a folio 61, ibídem, en la cual expresó:

“... Apreciado señor gerente:

... Como se le manifestó en la mencionada reunión, el ánimo de la Caja Agraria no es otro que el de contribuir para terminar con éxito el proyecto de construcción, que en su primera etapa hará realidad el deseo de doscientas cincuenta familias de escasos recursos económicos de tener vivienda propia.

Teniendo en cuenta lo anterior, comedidamente le solicitamos reconsiderar la decisión del Inurbe de ejecutar el aval que la Caja Agraria le concedió a Imvicandelaria, por cuanto consideramos que dicho cobro solo retrasaría aún más el proyecto, perjudicando a las familias beneficiadas” (resaltado fuera de texto).

Empero, la garantía de la Caja Agraria en este caso, como ya se dijo, estaba relacionada con el debido manejo de la suma de $ 575’000.000.00 que el Inurbe le entregó a Imvicandelaria, proveniente del subsidio de vivienda. De tal manera que la efectividad de dicha garantía solo puede darse en la medida en que en el proceso se demuestre que la referida suma no se invirtió en el proyecto.

En documento obrante a folios 621 a 622 del cuaderno de antecedentes, emanado del Inurbe el 16 de julio de 1998, se lee que el programa de construcción fue declarado elegible mediante Resolución 1002 de 7 de octubre de 1997 y consta de 250 viviendas mínimas con un valor por solución de $ 12’000.000; que, posteriormente se amplió el cupo a 657 subsidios familiares de vivienda para un total de mil quinientos once millones de pesos; que el porcentaje de obra ejecutado en acueducto y alcantarillado es un 70% y un 10% de construcción de vivienda.

En documento obrante a folios 64 a 68, ibídem, elaborado por la vicepresidencia de crédito y cartera de la Caja Agraria se informa que en visita realizada el 15 de enero de 1999, a la cual asistieron el gerente regional del Inurbe; el interventor de Imvicandelaria; el gerente regional de la Caja Agraria, el director de obra, el residente y el abogado, se pudo constatar que el avance de la obra es del 41% con una inversión de $ 1.448.4 millones, faltando por invertir $ 1.877.3 millones.

Y que se verificó que efectivamente están invertidos en obra todos los recursos recibidos por parte del Inurbe ($ 575’000.000), así como los recursos de la Caja Agraria ($ 450’000.000.00).

De tal manera que está demostrado en el proceso que la suma de $ 575’000.000 que recibió Imvicandelaria del Inurbe sí se invirtió en la obra, en razón del cumplimiento parcial que se produjo, por lo que no hay causa alguna para que se pueda reclamar la efectividad de la fianza por parte de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero.

Desde esta perspectiva, los actos acusados no pueden ser declarados nulos y, por ende, la sentencia apelada debe revocarse para disponer, en su lugar, la denegatoria de las pretensiones de la demanda, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia apelada y, en su lugar, se dispone DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de junio de 2008».

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