Hernán Andrade Rincón

 

Sentencia 2001-00498 de octubre 24 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Hernán Andrade Rincón

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil dieciséis (2016).

Rad.: 230012331000200100498 01

Interno: 36822

Demandante: Adelaida Canabal de Berrocal.

Demandado: Municipio de Montería y otro.

Asunto: Apelación sentencia de reparación directa.

Tema: Ocupación permanente de bien inmueble. Servidumbre eléctrica.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el Municipio de Montería contra la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo de Córdoba, el día 13 de agosto de 2008, mediante la cual se resolvió lo siguiente:

“1. Declárase probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva a favor de la sociedad PROACTIVA Aguas de Montería S.A. ESP. 

2. Declárese al MUNICIPIO DE MONTERÍA responsable de los daños y perjuicios irrogados a la demandante ADELAIDA CANABAL DE BERROCAL, a causa de la (sic) permanente por aquél, del predio de su propiedad denominado ‘Villa Clara, o Villa Elena’, con matrícula inmobiliaria Nº 140-51572 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Montería, en una franja de terreno de área veintiocho mil setecientos sesenta metros cuadrados (28.760 Mts.2), al establecer una servidumbre aérea de redes de conducción de energía eléctrica a la subestación de la planta de tratamiento del acueducto de la ciudad.  

3. En consecuencia, condénase al MUNICIPIO DE MONTERÍA a pagar a la demandante, por concepto de perjuicios materiales y el derecho de dominio sobre la franja ocupada con la servidumbre, la suma de OCHOCIENTOS TRECE MILLONES NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($ 813’009.819). Suma ésta que desde la fecha de ejecutoria de esta sentencia, devengará intereses moratorios hasta que se haga efectivo su pago, de conformidad con el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. 

4. Ordénase la protocolización de esta providencia una vez ejecutoriada, en una de las Notarías de Montería, y su inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria Nº 146-51572 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Montería, como título traslaticio de dominio a favor del Municipio de Montería, sobre el área veintiocho mil setecientos sesenta metros cuadrados (28.760 Mts2), de acuerdo a los linderos señalados en el dictamen pericial. 

5. Ordénase el cumplimiento de este fallo de conformidad con los términos establecidos en los artículos 176 y 178 del Código Contencioso Administrativo. 

6. De no ser apelado, envíese el presente fallo al H. Consejo de Estado para su consulta. 

7. Niéganse las demás pretensiones de la demanda”(1).  

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

En escrito presentado el 6 de septiembre de 2001, la señora Adelaida Canabal de Berrocal, por conducto de apoderado judicial, presentó demanda de reparación directa contra el Municipio de Montería y la sociedad Proactiva Aguas de Montería S.A. ESP, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables por la imposición de hecho de una servidumbre aérea de redes eléctricas en el inmueble denominado Villa Clara, con matrícula inmobiliaria Nº 140-51572 de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos y, por consiguiente, se ordene la inscripción de la sentencia que decreta la servidumbre y su indemnización en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente.

Como consecuencia de lo anterior, la parte demandante solicitó que se condenara a las entidades públicas demandadas a pagar por concepto de perjuicios materiales la suma de $ 512’500.000.

Los supuestos fácticos del libelo demandatorio se pueden resumir de la siguiente manera:

La señora Adelaida Canabal de Berrocal es propietaria de un bien inmueble urbano denominado Villa Clara, el cual se encuentra ubicado en el Municipio de Montería e identificado con la matrícula inmobiliaria Nº 140-515572.

El Municipio de Montería ordenó la construcción y montaje de la subestación eléctrica para la planta de tratamiento del sistema de acueducto del referido ente territorial, circunstancia que conllevó a que se instalaran líneas de conducción eléctrica con sus correspondientes postes de concreto.

Las redes de conducción eléctrica y los postes de concreto atraviesan el inmueble de la señora Adelaida Canabal de Berrocal, lo cual le imponía a dicho predio una servidumbre de redes eléctricas, lo cual le ocasionó una “disminución del valor del bien, ya que por estar en una zona urbana es susceptible de ser urbanizada”.

El Municipio de Montería celebró un contrato de concesión de servicios públicos de acueducto y alcantarillado con la sociedad Proactiva Aguas de Montería S.A. ESP.

Desde el mes de julio de 2000, la ahora demandante adelantó actuaciones tendientes a conseguir la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados con la imposición de la servidumbre; se elaboró una prueba anticipada (inspección judicial) para acreditar la citada servidumbre, la cual arrojó un avalúo de $ 512’500.000.

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante proveído de 3 de octubre de 2001, decisión que se notificó a las entidades demandadas en debida forma(2).

2. Contestaciones de la demanda.

2.1. La sociedad Proactiva Aguas de Montería S.A. ESP propuso las excepciones de: i) falta de legitimación en la causa por pasiva, debido a que las obras que supuestamente impusieron una servidumbre eléctrica sobre el predio de la demandante no fueron contratadas o ejecutadas por dicho ente societario, ni mucho menos “fueron recibidas (...) dentro del inventario de activos recibidos del Municipio de Montería con ocasión de la firma del contrato de concesión”; ii) “inadecuado trámite en el avalúo de la indemnización a que tiene derecho la propietaria del predio afectado con la servidumbre”, como quiera que ha debido seguirse el trámite contenido en la Ley 56 de 1981 y no el previsto en el ordenamiento civil(3).

2.2. El Municipio de Montería sostuvo que debían denegarse las pretensiones esgrimidas en su contra, por cuanto, en el inciso segundo de la cláusula 15 del contrato de concesión celebrado entre dicho ente territorial y la sociedad Aguas de Montería S.A. ESP, se dispuso que dicha entidad territorial no sería “responsable frente a terceros por las obligaciones que asuma o deba asumir el concesionario con aquellos”(4).

3. Alegatos de conclusión en primera instancia.

Agotada la etapa probatoria prevista en proveído de 23 de agosto de 2002(5), el tribunal administrativo a quo, mediante auto de fecha 4 de noviembre de 2003, dio traslado a las partes para alegar de conclusión(6).

La parte actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda(7).

Dentro de la respectiva oportunidad procesal, la sociedad Proactiva Aguas de Montería S.A. ESP, el Municipio de Montería y el Ministerio Público guardaron silencio.

4. La sentencia apelada.

Cumplido el trámite legal correspondiente, el Tribunal Administrativo de Córdoba, profirió sentencia el 13 de agosto de 2008, oportunidad en la cual declaró administrativamente responsable al Municipio de Montería por los daños irrogados a la señora Adelaida Canabal de Berrocal “a causa de la ocupación permanente por aquel, del predio de su propiedad denominado ‘Villa Clara o Villa Elena’ (...) al establecer una servidumbre aérea de redes de conducción de energía eléctrica a la subestación de la planta de tratamiento del acueducto de la ciudad”; la anterior decisión tuvo como fundamento las siguientes consideraciones:

“... está demostrado el daño antijurídico causado a la demandante y su imputabilidad al Municipio de Montería, quien por tanto deberá resarcir a ésta íntegramente por los perjuicios causados; pues la Sala analiza, valora y evalúa la actuación del municipio a la luz del título de imputación de responsabilidad del daño especial, reconocido por el H. Consejo de Estado, dado que para casos como el presente está reservada su aplicación frente a perjuicios no buscados, no queridos, ni tampoco merecidos por parte del demandante. 

(...).  

Es así, como en el presente caso, el Municipio de Montería al realizar una actividad legal, haciendo uso de su fuerza legítima y que redundaría en beneficios a la comunidad limitó el derecho de dominio de la demandante, sobre el predio ya individualizado, de tal manera que, con la imposición de la servidumbre aérea de redes eléctricas se le causó un daño antijurídico pues, la limitación al derecho que conlleva tal actuación, implica un rompimiento al principio de igualdad de las cargas públicas de la demandante, y por tanto el ente demandado tiene el deber legal de indemnizarla integralmente por los perjuicios con ella ocasionados”(8). 

5. La impugnación.

El Municipio de Montería, en su impugnación, manifestó que se revocara la sentencia de primera instancia, puesto que las obras de construcción de redes de conducción eléctrica y de postes de concreto necesarios para el funcionamiento del sistema de acueducto “fueron construidas con posterioridad al contrato de concesión, de lo que se deduce que la responsabilidad en la construcción de las obras necesarias para el funcionamiento para la subestación no es del Municipio de Montería, sino única y exclusivamente, de la empresa concesionaria”.

A lo cual, agregó que:

“De más de tener en cuenta que para la ejecución de este tipo de obras, se requiere necesariamente del concurso, solicitud e información, no sólo del concesionario, sino también del propietario con la empresa prestadora del servicio de energía, para prevenir el impacto que se puedan generar con la realización de las obras y que debe ser previo, para el buen desempeño de la labor encomendada”(9). 

El recurso fue concedido por el tribunal administrativo a quo a través de auto de marzo 31 de 2009(10) y fue admitido por esta corporación el 3 de junio de 2009(11).

6. Mediante auto de fecha 2 de julio de 2009, se corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto, término durante el cual las partes guardaron silencio(12).

El Ministerio Público, en su concepto, solicitó que se confirmara la sentencia de primera instancia, toda vez que el Municipio de Montería, en desarrollo de una actividad lícita

“cual es el adelantamiento de las obras de infraestructura necesarias para la puesta en funcionamiento de la subestación eléctrica para la planta de tratamiento del sistema de acueducto de la ciudad de Montería, accionar con el cual generó un daño al imponer una servidumbre de redes eléctricas al predio de la señora Adelaida Canabal de Berrocal, afectación que abarca un área de más de 28.000 m2, siendo evidente la causación del perjuicio de la accionante, razón por la cual, surge para la administración el deber de indemnizar a la demandante por los perjuicios materiales que le ocasionaron”(13). 

II. CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por el Municipio de Montería contra la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo de Córdoba, el 13 de agosto de 2008, a través de la cual se accedió a las súplicas de la demanda.

1. Competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por el Municipio de Montería contra la sentencia proferida el 13 de agosto de 2008 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, toda vez que la demanda se presentó el 6 de septiembre de 2001 y la pretensión mayor se estimó en la suma de $ 512’500.000, la cual supera el monto exigido para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación para aquella época, esto es $ 143’000.000(14).

2. Ejercicio oportuno de la acción de reparación directa.

En relación con este aspecto conviene precisar que la parte demandante pretende que se declare administrativamente responsables al Municipio de Montería y a PROACTIVA Aguas de Montería S.A. ESP por la supuesta imposición de una servidumbre aérea de redes eléctricas en un predio de propiedad de la referida ciudadana.

Pues bien, el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo consagra un término de dos años contados desde el día siguiente al acaecimiento de la causa del daño por el cual se demanda indemnización para intentar la acción de reparación directa, vencido el cual no será posible solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, porque habrá operado la caducidad.

Si bien es cierto que, como se acaba de señalar, la regla general para la contabilización del término de caducidad es la que se dejó indicada, la jurisprudencia de esta Sección ha señalado que pueden darse eventos en los cuales la manifestación o conocimiento del daño no coincida con el acaecimiento mismo del hecho que le dio origen, resultando —en consecuencia— ajeno a un principio de justicia que, por esa circunstancia que no depende ciertamente del afectado por el hecho dañoso, no pueda éste obtener la protección judicial correspondiente. Por ello, en aplicación del principio pro damnatum y en consideración a que el fundamento de la acción de reparación es el daño, se ha aceptado que en tales casos el término para contar la caducidad de la acción indemnizatoria empiece a correr a partir del momento en que se conozca o se manifieste el daño(15).

Ahora bien, sobre el momento en que se produjo el hecho causante del daño, así como el conocimiento que el afectado tuvo sobre la existencia del hecho y del daño, la Sala destaca la manifestación de la demanda en los siguientes términos:

“3. Las redes de conducción eléctrica y postes de concreto que fueron instalados hace aproximadamente año y medio atraviesan el inmueble de propiedad de mi poderdante, imponiéndole una servidumbre de redes eléctricas, que dicho bien debe soportar; ocasionando con ello disminución del valor del bien, ya que por estar en una zona urbana es susceptible de ser urbanizada.  

(...). 

6. Desde el mes de julio del 2000 mi poderdante a través de apoderado judicial adelantó actuaciones tendientes a conseguir la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados con la imposición de la servidumbre. Para constatar la servidumbre y el avalúo de los daños y perjuicios ocasionados con la imposición de la servidumbre se practicó una inspección judicial para pre-constituir prueba anticipada, resultando el avalúo de dichos daños y perjuicios en la suma de quinientos doce millones quinientos mil pesos ($ 512’500.000)”(16). 

De la anterior transcripción se puede concluir que por lo menos un año y medio antes de la presentación de la demanda (fecha de presentación de la demanda: 6 de septiembre de 2001) el actor tenía conocimiento del supuesto daño o perjuicio que le ocasionó la conducta del demandado, esto es que el daño fue conocido por el actor desde el mismo momento de su acaecimiento, momento desde el cual se empieza a contar el término para intentar la acción.

En este orden de ideas, teniendo en cuenta que las mencionadas redes eléctricas fueron instaladas aproximadamente en el mes de abril de 2000 y la demanda se presentó el 6 de septiembre de 2001, se impone concluir que la demanda fue formulada dentro del término establecido en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

3. Legitimación en la causa por pasiva de la sociedad Proactiva Aguas de Montería S.A. ESP.

Constituye postura sólidamente decantada por la jurisprudencia de esta Sala aquella consistente en excluir la figura de la falta de legitimación en la causa de las excepciones de fondo que puedan formularse dentro del proceso, comoquiera que éstas, a diferencia de aquélla, enervan la pretensión procesal en su contenido, pues tienen la potencialidad de extinguir, parcial o totalmente, la súplica elevada por el actor, en tanto que la legitimación en la causa constituye una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado(17).

Clarificado, entonces, en relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, que la misma no es constitutiva de excepción de fondo sino que se trata de un presupuesto necesario para proferir sentencia de mérito favorable ora a las pretensiones del demandante, bien a las excepciones propuestas por el demandado, resulta menester señalar, adicionalmente, que se ha diferenciado entre i) la legitimación de hecho y ii) la legitimación material en la causa(18).

La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimadode hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda.

Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas(19). De ahí que la falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerve la pretensión procesal en su contenido, como sí lo hace una excepción de fondo, pues, como lo ha precisado la Sala,

«[L]a excepción de fondo se caracteriza por la potencialidad que tiene, si se prueba el hecho modificativo o extintivo de la pretensión procesal que propone el demandado o advierte el juzgador (art. 164 CCA) para extinguir parcial o totalmente la súplica procesal.  

La excepción de fondo supone, en principio, el previo derecho del demandante que a posteriori se recorta por un hecho nuevoy probado modificativo o extintivo del derecho constitutivo del demandante que tumba la prosperidadtotal o parcial de la pretensión, como ya se dijo. 

La legitimación material en la causa activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado» (negrillas en el texto original, subrayas fuera de él)(20).

Así pues, toda vez que la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante legitimado en la causa de hecho por activa y demandado legitimado en la causa de hecho por pasiva y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño.

De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento éste en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores(21).

En suma, en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues ésta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda o, en general, de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales; por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación realde la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta fórmula o la defensa que aquélla realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra(22). De manera ilustrativa, así lo ha explicado la Sala:

«La legitimación ad causam material alude a la participación real de las personas, por regla general, en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que haya demandado o no, o de que haya sido demandado o no. Ejemplo:  

— A, Administración, lesiona a B. A y B, están legitimados materialmente; pero si  

— A demanda a C, sólo estará legitimado materialmente A; además si D demanda a B, sólo estará legitimado materialmente B, lesionado. Si D demanda a C, ninguno está legitimado materialmente.  

Pero en todos esos casos todos están legitimados de hecho; y sólo están legitimados materialmente, quienes participaron realmente en la causa que dio origen a la formulación de la demanda»(23).

En consonancia con lo anterior, se ha indicado que la falta de legitimación en la causa no impide al fallador pronunciarse de fondo sobre el petitum de la demanda, comoquiera que la aludida legitimación constituye un elemento de la pretensión y no de la acción, en la medida en que se trata de

“... una condición propia del derecho sustancial y no una condición procesal, que, cuando no se dirige correctamente contra el demandado, constituye razón suficiente para decidir el proceso adversamente a los intereses del demandante, por no encontrarse demostrada la imputación del daño a la parte demandada”(24).

Descendiendo al caso sub examine esta Sala observa que el 29 de diciembre de 1999, el Municipio de Montería y la sociedad Proactiva Aguas de Montería S.A. ESP celebraron un contrato de concesión para la financiación, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y operación de la infraestructura de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado y, sus actividades complementarias del ente territorial aludido.

En efecto, de lo anterior se desprende, de manera clara y diáfana, que el referido ente societario no tenía a su cargo función alguna relacionada con la construcción de infraestructura eléctrica, por el contrario, dentro del expediente se acreditó que el 14 de diciembre de 1998, el Municipio de Montería suscribió un contrato de obra pública(25) con el señor Alfonso Fabra Villa cuya finalidad sería el montaje de la subestación eléctrica para la planta de tratamiento del sistema de acueducto de la ciudad de Montería.

Así las cosas, esta Sala denegará las súplicas de la demanda respecto de la sociedad Proactiva Aguas de Montería S.A. ESP, por cuanto, se acreditó su falta de legitimación en la causa por pasiva, de conformidad con las razones anteriormente expuestas.

4. Lo que se debate.

La parte demandante pretende que se declare administrativamente responsable al Municipio de Montería por los perjuicios materiales causados con ocasión de la imposición de una servidumbre aérea de redes eléctricas en un inmueble de su propiedad denominado Villa Clara, circunstancia que, según la actora, “disminuye su valor por el flujo eléctrico que ésta emana y su reflejo sobre el inmueble”(26).

5. El caudal probatorio obrante en el asunto de la referencia.

En atención al material probatorio obrante en el expediente, recaudado oportunamente y con el lleno de los requisitos legales, se tienen debidamente demostrados en este proceso los siguientes hechos:

Que a folio 62 del cuaderno 1 obra el certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria Nº 140-51572, de cuyo contenido se desprende que la señora Adelaida Canabal de Berrocal es la propietaria del bien inmueble Villa Clara ubicado en el área rural del Municipio de Montería; en la anotación 3 «de fecha 17-12-98»(27) se dejó constancia de la existencia de una servidumbre eléctrica a cargo de CORELCA.

Que el 31 de diciembre de 1998, el Municipio de Montería y el señor Alfonso Fabra Villa suscribieron un contrato de obra pública, cuyo objeto consistía en el montaje de subestación eléctrica para la planta de tratamiento del sistema de acueducto del Municipio de Montería en las cantidades, precios, especificaciones técnicas y demás condiciones especificadas en los pliegos de condiciones de la licitación pública 03-MDM-98(28) (Se destaca).

Que el 29 de diciembre de 1999, el Municipio de Montería y la sociedad Proactiva Aguas de Montería S.A. ESP suscribieron un contrato de concesión para la financiación, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y operación de la infraestructura de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado y, sus actividades complementarias del ente territorial aludido.

En el referido negocio jurídico se dispuso que el Municipio de Montería tenía a su cargo la obligación de:

“entregar al CONCESIONARIO los predios y las servidumbres requeridos para el desarrollo de la construcción de las obras de expansión de los sistemas de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Montería, con antelación no inferior a dos (2) meses a la fecha en que, de conformidad con el programa de ejecución de las obras de expansión de los mismos sistemas, deban iniciarse los trabajos respectivos.  

Si el MUNICIPIO incurriere en demora en la entrega de predios y servidumbres necesarios para la ejecución de las obras del proyecto le será aplicable la sanción a que se refiere la CLÁUSULA 14 de este contrato”(29).  

En la misma línea, la cláusula 10 del señalado contrato impuso a cargo del Municipio de Montería la siguiente obligación:

“Entregar los predios y las servidumbres requeridos para el desarrollo de la construcción de las obras objeto del presente contrato de concesión con antelación no inferior a dos (2) meses a la fecha en que, de conformidad con el programa de ejecución de las obras de expansión de los mismos sistemas, deban iniciarse los trabajos respectivos”(30).

Que el 19 de julio de 2000, la ahora demandante solicitó ante los Juzgados Civiles del Circuito de Montería (reparto) la intervención de peritos y la citación personal del alcalde municipal para que se practicara:

“una inspección judicial en el inmueble de propiedad de mi poderdante, denominado Villa Clara, ubicado en el perímetro rural de la jurisdicción de esta ciudad, con el fin de constatar los siguientes HECHOS: 

1. Que dentro de los predios del inmueble propiedad de mi poderdante, el Municipio de Montería ordenó la construcción y/o montaje de (sic) subestación eléctrica para la planta de tratamiento del sistema de acueducto del Municipio de Montería.

2. Que en dichos predios además de la construcción de la subestación eléctrica, fueron instalados postes de concreto con redes eléctricas de alta tensión.  

3. Que la obra antes mencionada y descrita somete (sic) al predio de mi poderdante a soportar una servidumbre que desvaloriza considerablemente el inmueble de su propiedad.  

4. Que se constate la extensión del inmueble sujeto a la servidumbre y los perjuicios con su imposición a mi poderdante”(31). 

Que el 25 de julio de 2000, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería ordenó la práctica de la diligencia de inspección judicial con intervención de peritos en el predio denominado Villa Clara(32); el 21 de septiembre de la misma anualidad, el citado despacho judicial ordenó la citación de la sociedad Proactiva Aguas de Montería S.A. ESP(33).

Que el 12 de octubre de 2000, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería practicó la diligencia de inspección judicial con intervención de peritos en el predio Villa Clara, en la cual se dejó constancia de lo siguiente:

“(...) la suscrita Juez Primera Civil del Circuito, en asocio de su secretario se constituyó en audiencia dentro de la solicitud de prueba anticipada promovida mediante mandataria judicial por la señora Adelaida Berrocal de Canabal contra el Municipio de Montería y Proactiva Aguas de Montería S.A. E.S.P. con el objeto de constituir prueba anticipada mediante inspección judicial con intervención de peritos en el predio denominado VILLA CLARA, comprensión del Municipio de Montería a fin de constatar la construcción y montaje de Estación o Subestación Eléctrica para la Planta de Tratamiento del Sistema de Acueducto de esta ciudad. (...). Se procede a identificar el predio en la siguiente forma: predio finca denominado Villa Clara, ubicado en la región Los Araujos, en la vía que de Montería conduce al corregimiento de Guateque, del mismo municipio, con área aproximada de 66 hectáreas, y que colinda en la siguiente forma: Por el Norte, con predios de Alfonso Berrío con carreteable Montería a Guateque de por medio; por el Este con Alberto Salcedo, con carreteable de por medio que de Montería conduce a Guateque; por el Sur, con propiedad de Francisco Mejía y por el Oeste con el mismo Francisco Mejía. Agregamos que por el Este colinda además con la Subestación Río Sinú de Corelca. En este estado de la diligencia, se requiere a los señores peritos para que rindan el correspondiente dictamen, a lo cual manifestaron que: ‘solicitamos a la señora juez se nos conceda un término de ocho (8) días para rendir el dictamen, dado que nosotros requerimos de investigación suficiente para poder hacer el experticio correspondiente’. Siendo la anterior petición procedente, la señora juez accederá a ella (...)”(34) (Negrillas adicionales).

Que el 21 de noviembre de 2000, los peritos allegaron al correspondiente despacho judicial el dictamen pericial encomendado, del cual se lee lo siguiente:

Se trata de una finca denominada “VILLA CLARA” de propiedad de la señora ADELAIDA CANABAL DE BERROCAL, ubicada en las afueras del Municipio de Montería contigua al barrio ‘Los Araujos’ y en el carreteable que conduce de esta ciudad al corregimiento de Guateque, con un área total de 66 has. 1339 m2, terrenos planos, bajos y ondulados, sembrado en postes artificiales y explotada en ganadería. 

En la colindancia ‘Este’ de esta finca se encuentra una subestación eléctrica llamada ‘Río Sinú’ de propiedad de ‘CORELCA’; de esta subestación se desprende una línea de distribución de energía que transporta 110.000 voltios, con una extensión de 2050 metros lineales, levantada en postes de concreto de 12 metros de alto.  

Esta línea como dijimos parte de la subestación en la colindancia con Botero y atraviesa la finca ´VILLA CLARA’ hasta llegar a los cerros.  

Después de la diligencia de inspección judicial, en la cual estuvimos presentes como peritos, pudimos constatar:  

1. Que por el predio denominado ‘FINCA VILLA CLARA’, para una línea de distribución eléctrica que transporta 110.000 voltios que llega a una planta de tratamiento de agua para el acueducto de Montería. 

2. Esta línea de distribución de energía, tiene una extensión de 2050 metros lineales en 19 postes de cemento de 12 metros de alto.  

3. Que por lo anterior, el predio ‘FINCA VILLA CLARA’ de propiedad de la señora ADELAIDA CANABAL DE BERROCAL se está perjudicando en su normal explotación, no se puede construir viviendas, corrales, etc., ni sembrar árboles que superen la altura de las líneas eléctricas, como también la de construir vivienda de interés familiar o urbanizaciones, pues el predio está en el perímetro urbano.  

4. Que por transmitir un alto voltaje (110.000 voltios) consideramos un ancho de reflejo de 10 metros (cinco (5) de cada lado de la línea).

5. Que el área de servidumbre considerada resulta de multiplicar el largo de la línea de distribución eléctrica (2.050 metros) por el ancho de reflejo (10 metros) o sea 2.050 x 10 = 20.500 m2 (veinte mil quinientos metros cuadrados). 

AVALÚO 

2.050 metros x 10 metros = 20.500 m2  

Teniendo en cuenta las limitaciones que ejerce esta línea de distribución eléctrica, sobre el predio en condiciones urbanizable y demás aspectos, consideramos que el metro cuadrado alcanza un valor de $ 25.000 pesos moneda legal colombiana; que multiplicado por el total de la servidumbre (20.500 m2) nos da un gran total de $ 512’500.000 (quinientos doce millones quinientos mil pesos M/L). 

(...) 

LINDEROS DEL BIEN INMUEBLE. 

NORTE: Propiedad de Alfonso Berrío y carreteable Montería-Guateque de por medio. 

SUR: Predios de Francisco Mejía y Óscar Botero.  

ESTE: Propiedades de Alberto Salcedo con carreteable Montería-Guateque de por medio y la Subestación Eléctrica ‘Río Sinú’ de propiedad de CORELCA.  

OESTE: Propiedad de Francisco Mejía y Óscar Botero.  

Con el presente dictamen ajustamos plano de la línea de distribución eléctrica que atraviesa el predio, su longitud, número de postes, linderos y demás especificaciones”(35). 

Que tanto la sociedad Proactiva Aguas de Montería S.A. ESP(36) como el Municipio de Montería(37) objetaron por error grave el dictamen pericial antes referenciado.

En efecto, Proactiva Aguas de Montería S.A. ESP adujo que se desconocía el criterio que tuvieron los peritos para determinar que las redes eléctricas objeto de la servidumbre transportaban 110.000 voltios de energía, así como tampoco expresaron “las razones en que se fundan para manifestar que las redes de energía tienen un reflejo en el predio Villa Clara de 10 metros de ancho. Tal como lo afirman en su dictamen, es una consideración o apreciación personal para fijarlo”.

Por su parte, el Municipio de Montería sostuvo que el montaje de la subestación eléctrica requería “atravesar un predio particular denominado VILLA CLARA” y, frente al dictamen respectivo señaló que “el avalúo practicado por los peritos (...) carece de un estudio técnico especializado si tenemos en cuenta que se trata de la instalación de una línea de distribución de energía que por la importancia del servicio al ser de interés público”(38) (Se destaca).

Que con ocasión de tales objeciones, el 1º de febrero de 2001 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería decretó la práctica de una nueva prueba pericial, a fin de “determinar el área efectivamente ocupada con la línea de servidumbre sobre el predio”(39) de propiedad de la ahora demandante.

Que el 23 de mayo de 2001 los peritos designados allegaron nuevo dictamen pericial, del cual se desprende la siguiente información:

“A continuación rendimos el presente avalúo sobre la servidumbre de una red de alto voltaje, que se desprende de la subestación propiedad de Corelca llamada ‘Río Sinú’ y termina en la planta de captación de aguas de la ciudad de Montería, hoy propiedad de Proactiva, atravesando el predio de propiedad de la señora Adelaida Canabal de Berrocal, (...). 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES.  

La red antes mencionada como se dijo, atraviesa el predio urbano de propiedad de la señora Adelaida Canabal de Berrocal llamada Finca Villa Clara, ubicado en el Municipio de Montería, contiguo al barrio Los Araujos. En una extensión lineal de 2.064 metros.  

1.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PREDIO. 

El predio en mención se halla ubicado como lo expresamos antes, en el casco urbano de la ciudad de Montería, y a un minuto en carro desde donde termina el pavimento, a mano derecha de la carretera que de Montería conduce al corregimiento de Guateque; con una extensión superficiaria de 66.2 hectáreas. 

El terreno en su mayoría es plano, con algunas protuberancias en la zona Este, precisamente donde culmina la red, materia del avalúo. Terreno apto para futura urbanización. 

1.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA RED.  

La red de alto voltaje alimental al acueducto de Montería, con líneas de conducción de 34.500, colgada sobre 9 postes de concreto armado de 12 mts. de alto cada uno. Por la calidad y peligrosidad de dichas líneas se debe dejar un ancho de 10 metros (5 mts. de cada lado) para protección de personas y animales, para no ser lesionados por la fuerza de atracción del voltaje en mención. 

2. AVALÚO.  

Por ser este terreno apto para construcción de viviendas y por estar ubicado en el perímetro urbano de Montería, conceptuamos que el valor (sic) metro cuadrado no debe exceder a $ 30.000,oo. Como el área ocupada por la línea de conducción resulta de multiplicar el largo que equivale a 2.064 metros por el ancho que dijimos en el punto anterior que era de 10 metros; resultaría un área de 20.640 M2. 

Si multiplicamos el área ocupada de la línea por el valor estipulado del metro cuadrado, nos daría un valor total de seiscientos diecinueve millones doscientos mil pesos $ 619’200.000,oo, valor este que tendríamos que multiplicarlo por el 80% que el factor con el que Corelca trabaja cuando se trata de terrenos urbanos; por lo tanto aplicándole a este factor nos daría como valor total del avalúo $ 495’360.000,oo. 

3. CONCLUSIÓN.  

El valor de la zona afectada por la red de conducción es de cuatrocientos noventa y cinco millones trescientos sesenta mil pesos M/Colombiana ($ 495´360.000,oo). 

Nota: Es de anotar que en caso de urbanizar dicho segmento de terreno, tomado por la línea de conducción, necesita ser delimitado por una cerca para evitar pérdidas humanas, por lo de la atracción energética. Como constancia de todo lo anterior firmamos el día 16 del mes de mayo de dos mil uno”(40) (Se destaca).

Que el 16 de julio de 2001, Electricaribe y Electrocosta le informaron al Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería que “de acuerdo a la visita realizada por funcionarios de la empresa en los predios de propiedad de la señora ADELAIDA CANABAL DE BERROCAL, se pudo constatar la existencia de un ramal de conducción de energía eléctrica de tres fases a 13.800 voltios, perteneciente a la empresa de acueducto PROACTIVA S.A.”(41).

Que el 8 de agosto de 2001, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería se abstuvo de “tomar decisión alguna sobre la objeción que fuera planteada al experticio rendido en este asunto”, decisión que tuvo como fundamento las siguientes consideraciones:

“De otro lado, dentro de la presente actuación se acopiaron las pruebas correspondientes, e incluso se le dio trámite al escrito de objeciones al experticio rendido dentro del mismo. Más, sucede que hay que tener en cuenta que se trata la presente de una actuación como prueba anticipada, en la cual no es procedente la segunda instancia, vale decir, las providencias que se profieran no (sic) susceptibles del recurso de alzada; y en tales condiciones, no le es dable al despacho resolver el fondo de la cuestión, o sea, hacer pronunciamiento acerca de la objeción presentada al dictamen, pues de hacerlo, se podría llegar a violar el derecho a la defensa. 

Quiere ello decir que la actuación de este juzgado debe darse por finalizada y de conformidad con lo ordenado en el auto que acogió la solicitud, disponer el archivo de la actuación”(42).  

Que la Lonja de Propiedad Raíz de Montería efectuó el avalúo comercial del predio Villa Clara, en el cual se lee lo siguiente:

“El presente informe se realiza para determinar el avalúo comercial del predio urbano identificado número (sin diligenciar), ubicado en el sector urbano del Municipio de Montería, Córdoba, identificado con la nomenclatura urbana carrera 9, vía Guateque, de propiedad de ADELAIDA CANABAL DE BERROCAL, (sic) cual fue solicitado por el Tribunal Administrativo de Córdoba, según oficio PGA 2001-0498 del 2005 con destino a establecer el valor de la afectación programa de servicios públicos, practicado por el perito, el día 24 de noviembre del 2005. 

(...).  

Se trata de un inmueble denominado como Finca ‘VILLA ELENA’ CON CABIDA DE 66.1339 (sic) Ha, ubicada en el sector Sur de la ciudad de Montería, Vía Guateque sobre la prolongación de la carrera 9 con característica suburbano, de forma irregular, topografía plana y ligeramente ondulada con pendiente del -3% al 12% que parte de la subestación de CORELCA. Determinada por los linderos actuales representados en el plano topográfico.  

(...).  

Se trata de una zona ocupada por redes de transmisión de 34.5 KVA que parte de la subestación de CORELCA, al interior de la finca denominada ‘VILLA ELENA’ en el sector urbano con topografía plana y ligeramente ondulada con pendiente del -3% al 12% en distancia de 2.876,00 MI. Atravesando la finca hacia la planta de tratamiento, con afectación de una franja de diez (10.00) mtrs. Cinco (5.00) metros a partir del eje de la línea, requiriéndose un área de 28.760 M2 de servidumbre, el cual se encuentra en la actualidad en pastos en buen estado. 

(...).  

CÁLCULO DEL AVALÚO. 

Determinación del valor.  

El valor de la indemnización, por la servidumbre generada por servicios públicos, se calcula sobre (para este caso) la base del valor del terreno. 

* Determinándose así el valor comercial por metro cuadrado o por hectárea en la zona donde se establece la servidumbre.  

* Sobre el valor encontrado se aplica el (sic) % base sobre el cual se adicionará la calificación de las variables.  

(...).  

TOTAL DEL INFORME TÉCNICO: SON QUINIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS $ 503’300.000,oo.  

(VALOR OBTENIDO POR M2. $ 17.500,oo). 

CONSIDERACIONES ESPECIALES.  

No asumimos la responsabilidad de descripciones que se encuentran consignadas en los planos y escrituras como tampoco por las consideraciones de tipo legal que de ellas se deriven. Aceptamos que el título de propiedad consignado tanto en la escritura como en la matrícula inmobiliaria es correcto como también toda la información contenida en esos documentos, por lo tanto no respondemos por la precisión de los mismos, ni por los errores de tipo legal contenidos en ellas. (...)”(43) (Negrillas adicionales).

6. Responsabilidad del Municipio de Montería.

En el asunto de la referencia se encuentra acreditado que en el predio Villa Clara de propiedad de la ahora demandante existe una servidumbre de redes de conducción eléctrica que parte desde la Subestación Eléctrica de CORELCA, la cual atraviesa el aludido predio hacia la planta de tratamiento del sistema de acueducto del Municipio de Montería.

Ahora bien, en tratándose de eventos de responsabilidad del Estado por ocupación permanente de inmuebles, la Sala ha precisado que resulta procedente aplicar un régimen de estirpe objetivo y que hay lugar a declararla una vez se demuestre que una parte o la totalidad de un bien inmueble de propiedad del quien demanda, haya sido ocupado de manera permanente por la administración o por particulares que actúan autorizados por ella(44).

La imposición de la obligación resarcitoria a cargo del Estado en este tipo de casos se justifica por la ruptura del principio de igualdad frente a las cargas públicas en que la ocupación se traduce, pues no existe para el particular afectado el deber jurídico de soportar, sin compensación alguna, el detrimento que a su patrimonio material o inmaterial se ocasiona a causa de la realización de unas obras o trabajos públicos que bien pueden reportar beneficio para la colectividad entera, pero lesionan desproporcionadamente los derechos de un coasociado. La concreción y prevalencia del interés general artículo 1º de la Constitución Política, si bien respalda y orienta teleológicamente la actividad administrativa, no justifica el desproporcionado sacrificio de la esfera de derechos e intereses del individuo, cuya salvaguarda también constituye fin esencial del Estado a tenor de lo normado por el artículo 2º de la Carta. De ahí que la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad de los artículos 219 inciso 2º y 220 del Código Contencioso Administrativo, razonara de la siguiente manera en relación con la responsabilidad del Estado frente a eventos como el que, en el sub júdice, ocupa la atención de la Sala:

«...las autoridades públicas tienen el deber constitucional de respetar el derecho de propiedad privada sobre toda clase de bienes y, por consiguiente, cuando requieran bienes inmuebles para cumplir los fines del Estado consagrados en el artículo 2º de la Constitución deben obrar con sujeción al principio de legalidad y garantizando el derecho al debido proceso contemplado en el artículo 29 ibídem, o sea, deben adquirir el derecho de propiedad sobre ellos en virtud de enajenación voluntaria o de expropiación si aquella no es posible, en las condiciones contempladas en la ley, y no pueden obtenerlos mediante su ocupación por la vía de los hechos. 

No obstante, cuando el Estado ha ocupado de hecho los inmuebles, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución debe responder patrimonialmente e indemnizar en forma plena y completa al titular del derecho de propiedad privada, por el daño antijurídico causado, es decir, por el daño que no tenía el deber de soportar. 

Por tanto, en cuanto el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 31 de la Ley 446 de 1998, y el artículo 136 del mismo código, modificado por el artículo 44 de dicha ley, contemplan la vía para obtener la reparación de los perjuicios causados con la ocupación permanente de los inmuebles, tales disposiciones no son contrarias al artículo 58 de la Constitución, ya que protegen el derecho de propiedad privada, en vez de vulnerarlo, al asegurar a su titular el reconocimiento y pago de la indemnización correspondiente. 

Debe observarse que dichas normas no autorizan al Estado para que ocupe de hecho los inmuebles, pretermitiendo los procedimientos legales para la adquisición del derecho de propiedad privada, sino que buscan remediar por el cauce jurídico la situación irregular generada con dicho proceder de las autoridades públicas. 

Así mismo, si en tales circunstancias la entidad pública es condenada a pagar la indemnización, es razonable que se ajuste a derecho, así sea a posteriori, la adquisición del vulnerado derecho de propiedad privada por parte de aquella, pues como efecto del pago ulterior y cierto de la condena por parte del Estado no existe jurídicamente ninguna justificación para que el titular de dicho derecho continúe siéndolo. Si así fuera, se configuraría un enriquecimiento sin causa de este último a costa del Estado, pues aunque en virtud de la ocupación aquella adquirió la posesión del inmueble, la misma no tendría el poder jurídico de disposición del bien, a pesar de haberle sido impuesta la obligación de reparar todo el derecho”(45).

Con fundamento en los anteriores presupuestos, la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta corporación ha considerado que la declaratoria de la responsabilidad patrimonial del Estado por ocupación permanente de inmuebles supone la concurrencia de dos elementos:

«i) el daño antijurídico, que consiste en la lesión al derecho subjetivo, real o personal, de que es titular el demandante. Están comprendidos, por tanto, no sólo los perjuicios derivados de la afectación del derecho de propiedad,(46) sino también los perjuicios provenientes de la ocupación jurídica del inmueble, por la limitación al ejercicio de las facultades propias de los derechos reales y del menoscabo del derecho de posesión que se ejerce respecto del predio ocupado.(47)

y ii) la imputación jurídica del daño al ente demandado, que se configura con la prueba de que la ocupación permanente, total o parcial, del bien inmueble de propiedad del demandante, provino de la acción del Estado.(48) 

El Estado podrá exonerarse de responsabilidad, si desvirtúa la relación causal mediante la prueba de una causa extraña tal como la fuerza mayor, el hecho exclusivo de tercero o el hecho exclusivo de la víctima(49)».

Empero, la Sala ha señalado que, además de operar la responsabilidad objetiva como título de imputación general en esta clase de eventos, cuando surja comprobada dentro del proceso una falla del servicio como causante del hecho dañoso por el cual se reclama, es necesario evidenciarla en la sentencia que profiera esta Jurisdicción, para efectos de que la Administración tome nota de sus falencias y adopte los correctivos que considere necesarios(50).

En efecto, la Sala, de tiempo atrás, ha dicho que la falla del servicio ha sido en nuestro derecho, y continúa siendo, el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado. Ciertamente, si al Juez Administrativo le compete una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda de que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual(51), cuando quiera que se presente tal fenómeno: el de la falla o falta en el servicio.

También ha sostenido que el mandato que impone la Carta Política en el artículo 2º inciso 2º, consistente en que las autoridades de la República tienen el deber de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades “debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra etc., para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera”(52), así, las obligaciones que están a cargo del Estado —y por lo tanto la falla del servicio que constituye su trasgresión—, han de mirarse en concreto frente al caso particular que se juzga, teniendo en consideración las circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama, su mayor o menor previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo(53).

Se le exige al Estado la utilización adecuada de todos los medios de que está provisto, en orden a cumplir el cometido constitucional en el caso concreto; si el daño se produce por su incuria en el empleo de tales medios, surgirá su obligación resarcitoria; por el contrario, si el daño ocurre pese a su diligencia no podrá quedar comprometida su responsabilidad.

Ahora bien, la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la Administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte, se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la Administración presta el servicio pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal. Y obviamente se da la omisión o ausencia del mismo cuando la administración, teniendo el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía(54).

Pues bien, esta Subsección procederá a analizar las implicaciones que trae consigo la imposición de una servidumbre de conducción eléctrica sobre el predio de un particular, a efectos, de dilucidar si dentro del presente asunto se configuró una falla del servicio atribuible a la entidad pública demandada.

6.1. Aspectos legales y jurisprudenciales de la servidumbre de conducción eléctrica.

En primer lugar, el artículo 18 de la Ley 126 de 1938(55) facultaba a las entidades, que tenían a su cargo la construcción, ensanche o mejoramiento de las plantas eléctricas, para que gravaran con la servidumbre legal de conducción de energía eléctrica los predios por los cuales deban pasar las correspondientes líneas de interconexión eléctrica.

A su turno, el artículo 25 de la Ley 56 de 1981 dispuso que la servidumbre pública de conducción de energía eléctrica establecida por el artículo 18 de la Ley 126 de 1938, suponía para las entidades públicas que tienen a su cargo la construcción de centrales generadoras, líneas de interconexión, transmisión y prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica, la facultad de pasar por los predios afectados, por vía aérea subterránea o superficial, las líneas de transmisión y distribución del fluido eléctrico, ocupar las zonas objeto de la servidumbre, transitar por los mismos, adelantar las obras, ejercer la vigilancia, conservación y mantenimiento y emplear los demás medios necesarios para su ejercicio.

En efecto, el artículo 27 del mencionado cuerpo normativo le impuso a la correspondiente entidad de derecho público que esté ejecutando algún proyecto de construcción de plantas eléctricas el deber de promover en calidad de demandante los procesos que sean necesarios para hacer efectivo el gravamen de servidumbre de conducción de energía eléctrica, los cuales finalizarían con una indemnización a favor del poseedor o tenedor del predio gravado(56).

A su turno, la Ley 142 de 1994, vigente al momento de los hechos por los cuales se demandó, en su artículo 33 le confirió facultades especiales a aquellas empresas que prestaran servicios públicos, así:

“Quienes presten servicios públicos tienen los mismos derechos y prerrogativas que esta Ley u otras anteriores, confieren para el uso del espacio público, para la ocupación temporal de inmuebles, y para promover la constitución de servidumbres o la enajenación forzosa de los bienes que se requiera para la prestación del servicio; pero estarán sujetos al control de la jurisdicción en lo contencioso administrativo sobre la legalidad de sus actos, y a responsabilidad por acción u omisión en el uso de tales derechos(Se destaca).

Pues bien, como desarrollo de tales facultades especiales, el artículo 57 de la citada ley, dispuso lo siguiente:

“Cuando sea necesario para prestar los servicios públicos, las empresas podrán pasar por predios ajenos, por una vía aérea, subterránea o superficial, las líneas, cables o tuberías necesarias; ocupar temporalmente las zonas que requieran en esos predios; remover los cultivos y los obstáculos de toda clase que se encuentren en ellos; transitar, adelantar las obras y ejercer vigilancia en ellos; y, en general, realizar en ellos todas las actividades necesarias para prestar el servicio. El propietario del predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo a los términos establecidos en la Ley 56 de 1981, de las incomodidades y perjuicios que ello le ocasione. 

Las líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica y gas combustible, conducciones de acueducto, alcantarillado y redes telefónicas, podrán atravesar los ríos, caudales, líneas férreas, puentes, calles, caminos y cruzar acueductos, oleoductos, y otras líneas o conducciones. La empresa interesada, solicitará el permiso a la entidad pública correspondiente; si no hubiere ley expresa que indique quien debe otorgarlo, lo hará el municipio en el que se encuentra el obstáculo que se pretende atravesar” (Se destaca).

De igual forma, el artículo 117 de la Ley 142 reiteró que la empresa de servicios públicos que tuviera interés en beneficiarse de una servidumbre, para cumplir su objeto, tiene dos posibilidades, o solicitar la imposición de la servidumbre mediante acto administrativo o promover el proceso de imposición de servidumbre al que se refiere la Ley 56 de 1981.

A su turno, los artículos 118 y 119 establecieron lo siguiente:

“Artículo 118. Tienen facultades para imponer la servidumbre por acto administrativo las entidades territoriales y la Nación, cuando tengan competencia para prestar el servicio público respectivo, y las comisiones de regulación”. 

Artículo 119. Ejercicio y extinción del derecho de las empresas. Es deber de las empresas, en el ejercicio de los derechos de servidumbre proceder con suma diligencia y cuidado para evitar molestias o daños innecesarios a los propietarios, Poseedores o tenedores de los predios y a los usuarios de los bienes, y para no lesionar su derecho a la intimidad (Negrillas adicionales).

Ante tal perspectiva normativa, esta Subsección considera que si bien las empresas y/o entidades encargadas de la prestación de servicios públicos tienen la facultad de imponer servidumbres sobre bienes inmuebles, lo cierto es que los propietarios, poseedores o tenedores afectados tienen derecho a ser indemnizados, tal como lo disponen las Leyes 56 de 1981 y 142 de 1994.

A propósito de lo anterior, la Sección Tercera, en caso similar al que ahora nos ocupa, expresó lo siguiente:

“Se tiene entonces que la ley impuso a las entidades públicas que tienen a su cargo la construcción de centrales generadoras, líneas de interconexión, transmisión y prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica, el deber de tramitar las correspondientes servidumbres públicas de conducción de energía eléctrica, con fundamento en las cuales, los titulares de derechos respecto de los predios debían permitir el paso de las líneas de conducción de energía eléctrica, a cambio del pago de una justa indemnización. Dicha servidumbre otorgaba a los constructores de las líneas la facultad de ocupar, transitar, adelantar las obras, ejercer la vigilancia y el mantenimiento de las mismas. 

Respecto de la denominada servidumbre por la referida ley, cabe señalar que la Sala ‘ha precisado que corresponde más bien a un gravamen al derecho real de dominio en interés de la actividad energética, en el entendido de que es una restricción impuesta al titular del derecho, que queda sometido a exigencias que pueden ser de hacer, no hacer o dejar de hacer en su predio’. 

(...). 

En el caso concreto se probó la utilización de franjas de terreno de propiedad de los actores para la instalación de las torres portadoras de las líneas de conducción o interconexión, en los términos que se expresan en los hechos de la demanda, como también que no hubo acuerdo o negociación con los propietarios ni pago alguno por dicho gravamen, de manera que se incumplió lo dispuesto en la Ley 56 de 1981(57) (Se destaca).

De igual forma, la Corte Constitucional, en sede de tutela, ha analizado la procedencia de la indemnización con ocasión de las servidumbres eléctricas, así:

“En esta forma, debe concluirse i) que corresponde a las empresas del sector eléctrico promover, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la constitución de las servidumbres de utilidad pública, necesarias para adelantar obras, prestar el servicio de energía eléctrica y ejercer mantenimiento y vigilancia sobre las instalaciones, a las que se refieren los artículos 18 de la Ley 126 de 1938, 25 de la Ley 56 de 1981 y 57 de la Ley 142 de 1994 y ii) que compete a la jurisdicción civil, atendiendo a las previsiones del derecho privado en la materia, decidir sobre la reivindicación de los predios ocupados de manera permanente, con fines de conducción de energía eléctrica”(58) (Se destaca).

Al descender al caso concreto, esta Subsección considera que dentro del presente asunto se encuentra acreditado que el predio Villa Clara se encuentra ocupado por una servidumbre eléctrica de hecho, la cual fue instalada con fundamento en el contrato de obra pública celebrado entre el Municipio de Montería y el señor Alfonso Fabra Villa, cuyo objeto -se reitera- consistía en el montaje de la subestación eléctrica para la planta de tratamiento del acueducto de la ciudad de Montería.

De igual forma, debe advertirse que en el encuadernamiento NO obra medio de acreditación alguno que demuestre que entre el Municipio de Montería y la propietaria del predio Villa Clara se hubiere llegado a algún tipo de acuerdo o negociación con ocasión del gravamen aludido, circunstancia que, a todas luces, impone a esta Sala concluir que se inobservó el contenido de los artículos 18 de la Ley 126 de 1938, 25 de la Ley 56 de 1981 y 57 de la Ley 142 de 1994, esto es, que previamente a la instalación de la servidumbre eléctrica, el Municipio de Montería -se insiste- debía promover, en calidad demandante, un proceso para hacer efectivo el gravamen aludido respecto del predio de la hoy actora, el cual debía finalizar con la determinación, y pago de una indemnización a favor de la señora Adelaida Canabal de Berrocal.

En consecuencia, se impone concluir que sobre el predio de la señora Adelaida Canabal de Berrocal se instaló una “servidumbre eléctrica de facto”, habida consideración que se insiste se encuentra plenamente acreditado que la entidad pública demandada no adelantó los trámites aludidos, a efectos de lograr la imposición de tal gravamen ya fuere a través de acto administrativo o a través de un proceso judicial.  

En tal orden de ideas, la Sala declarará administrativamente responsable al Municipio de Montería por los daños causados a la parte demandante con ocasión de la falla en el servicio en la cual incurrió dicha entidad territorial con la imposición de una servidumbre de redes eléctricas al predio denominado Villa Clara.

7. Actualización de la condena.

La Subsección mantendrá la condena por concepto de perjuicios materiales, puesto que, por un lado, el objeto del recurso de apelación de la parte demandada estuvo orientado, única y exclusivamente, a que se analizara la responsabilidad de la entidad pública accionada, no obstante, no efectuó reparo alguno frente a la condena de primera instancia, razón por la cual, tal circunstancia impide efectuar un pronunciamiento al respecto. En tal sentido se ha pronunciado la Sala(59):

“Con fundamento en los argumentos expuestos, la Sala confirmará la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, el 3 de febrero del 2000, en cuanto declaró la responsabilidad de la entidad demandada por los hechos de la demanda, así como la condena por concepto de perjuicios morales y materiales (lucro cesante); puesto que, por un lado, el objeto del recurso de apelación estuvo orientado a que se absolviera a la entidad demandada, lo cual supone la inconformidad frente a la condena patrimonial impuesta en su contra en primera instancia, en este caso la parte apelante no señaló razones o fundamentos de su inconformidad frente a ese aspecto, lo cual impide a la Sala hacer pronunciamiento alguno al respecto, por carecer de elementos para realizar dicho análisis y, por otro, los mencionados perjuicios fueron acreditados con suficiente material probatorio dentro del proceso y, además, fueron debidamente establecidos por el Tribunal de primera instancia”.  

Así las cosas, la condena por concepto de perjuicios materiales reconocidos en primera instancia en cuantía equivalente a $ 813’009.819, será actualizada, para lo cual se aplicará la fórmula utilizada reiteradamente por esta corporación para tal efecto, a saber:

Índice final –septiembre de 2016(60) (132.78)

Ra = $ 813’009.819(61) ---------------------------------------------------------------

Índice inicial – agosto de 2008 (99.13)

Ra = $ 1.088’988.638

8. Condena en costas.

Habida cuenta de que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE el numeral tercero de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Córdoba, el día 13 de agosto de 2008, el cual quedará así:

“3. Condénase al Municipio de Montería a pagar a la demandante, por concepto de perjuicios materiales la suma de mil ochenta y ocho millones novecientos ochenta y ocho mil seiscientos treinta y ocho pesos ($ 1.088’988.638)”. 

2. CONFÍRMANSE los demás numerales de la providencia apelada.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Hernán Andrade Rincón—Marta Nubia Velásquez Rico—Carlos Alberto Zambrano Barrera.

1 Fls. 244-255 cdno. ppal.

2 Fls. 74 cdno. 1.

3 Fls. 78-80 cdno. 1.

4 Fls. 97-100 cdno. 1.

5 Fl. 107 cdno. 1.

6 Fl. 194 cdno. 1.

7 Fl. 195 cdno. 1.

8 Fls. 244-255 cdno. ppal.

9 Fls. 257-258 cdno. ppal.

10 Fl. 268 cdno. ppal.

11 Fl. 273 cdno. ppal.

12 Fl. 275 cdno. ppal.

13 Fls. 277-284 cdno. ppal.

14 Artículo 40, Ley 446 de 1998. Salario mínimo mensual (2001): $ 286.000

15 Consultar sentencia del 16 de agosto de 2001, Exp. 13.772 (1048), mencionado en la Sentencia del 13 de febrero de 2003, Exp. 13237 (Rad. 2555), M.P. Ricardo Hoyos Duque.

16 Fl. 2 cdno. 1.

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2001, C.P. María Elena Giraldo Gómez, Exp. 13356.

18 Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera sentencia de 15 de junio de 2000, C.P. María Elena Giraldo Gómez; Exp. 10.171; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintiocho (28) de abril de dos mil cinco (2005), C.P. Germán Rodríguez Villamizar, Rad. 66001-23-31-000-1996-03266-01(14178).

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del treinta y uno (31) de octubre de dos mil siete (2007); Referencia: 13.503; Rad. 110010326000199713503 00.

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001), C.P. María Elena Giraldo Gómez; Rad. 10973.

21 A propósito de la falta de legitimación en la causa material por activa, la Sección ha sostenido que “... si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001), C.P. María Elena Giraldo Gómez; Rad. 10973.

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de diecisiete (17) de junio de dos mil cuatro (2004), C.P. María Elena Giraldo Gómez; Rad. 76001-23-31-000-1993-0090-01(14452). En similar sentido y complementando lo dicho en el texto, se ha afirmado lo siguiente: “La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado. Nótese que el estar legitimado en la causa materialmente por activa o por pasiva, por sí solo, no otorga el derecho a ganar; si la falta recae en el demandante el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo -no el procesal-; si la falta de legitimación en la causa es del demandado, de una parte al demandante se le negarán las pretensiones no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder; por eso, de otra parte, el demandado debe ser absuelto, situación que se logra con la denegación de las súplicas del demandante”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintidós (22) de noviembre de dos mil uno (2001); C.P. María Elena Giraldo Gómez; Expediente 13.356. Puede verse, en la misma dirección, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de veintisiete (27) de abril de dos mil seis (2006), C.P. Ramiro Saavedra Becerra; Rad. 66001-23-31-000-1996-03263-01(15352).

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del quince (15) de junio de dos mil (2000), C.P. María Elena Giraldo Gómez; Rad. 10171.

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 1º de marzo de 2006, C.P. Alier E. Hernández Enríquez, Exp. 13764.

25 Fls. 204-213 cdno. 1.

26 Fl. 3 cdno. 1.

27 Servidumbre anterior a la construida por el Municipio de Montería, tal como se desprende de los demás elementos de prueba.

28 Fls. 204-215 cdno. 1.

29 Cláusula 8. Fl. 91 cdno. 1.

30 Fl. 94 cdno. 1.

31 Fls. 7-8 cdno. 1.

32 Fl. 10 cdno. 1.

33 Fl. 16 cdno. 1.

34 Fls. 22-24 cdno. 1.

35 Fls. 25-28 cdno. 1.

36 Fls. 36-37 cdno. 1.

37 Fl. 38 cdno. 1.

38 Fl. 38 cdno. 1.

39 Fls. 42-43 cdno. 1.

40 Fls. 53-56 cdno. 1.

41 Fl. 60 cdno. 1.

42 Fl. 61 cdno. 1.

43 Fls. 227-232 cdno. 1.

44 En este sentido, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de veintiocho (28) de abril de dos mil cinco (2005), Rad. 52001-23-31-000-1993-05663-01(13643), C.P. Germán Rodríguez Villamizar, Actor: Pablo Daniel Portilla Maya, Demandado: Municipio de Túquerres.

45 Corte Constitucional, Sentencia C-864 del 7 de septiembre de 2004, Ref. Exp. D-5073, Actor: Carlos Alberto Jaramillo Villegas, M.P. Jaime Araújo Rentería.

46 Nota de la sentencia citada: Vgr. sentencias proferidas el 28 de junio de 1994, Exp. 6806 y de 25 de junio de 1992, Exp. 6947.

47 Nota de la sentencia citada: Al respecto cabe tener en cuenta la sentencia del 13 de febrero de 1992, Exp. 6643, en la cual se reconoció indemnización porque al propietario de un inmueble se le limitó el ejercicio de su derecho de dominio y posesión sobre sus predios por causa de la declaración de parque natural, con lo cual se le impidió vender, gravar o explotar económicamente su bien. De igual manera, en sentencia proferida el 25 de junio de 1992, en el proceso Nº 6974, se reconoció indemnización por la limitación por parte del Inderena a los derechos de propiedad y posesión de los demandantes sobre un predio, al prohibir la explotación agropecuaria del mismo sin reconocer suma alguna de dinero como compensación por los perjuicios sufridos.

48 Nota de la sentencia citada: Al respecto cabe consultar la sentencia 11783 del 10 de mayo de 2001.

49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de diez (10) de agosto de dos mil cinco (2005), Rad. 15001-23-31-000-1990-10957-01(15338), C.P. Ruth Stella Correa Palacio, Actor: Josué Eliécer Junco Romero, Demandado: Departamento De Boyacá.

50 En similar sentido, consultar sentencia de 10 de agosto de 2016, Exp. 37040.

51 Sentencias del 13 de julio de 1993, Exp. 8163 y del 10 de marzo del 2011, Exp. 17.738, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

52 Sentencia del 8 de abril de 1998, Exp. 11837.

53 Sentencia del 3 de febrero de 2000, Exp. 14.787

54 Sentencia del 30 de noviembre de 2006, Exp. 14.880.

55 Ley 126 de 1938, a través de la cual se regula lo concerniente al “suministro de luz y fuerza eléctrica a los Municipios, adquisición de empresas de energía eléctrica, de teléfonos y de acueductos e intervención del Estado en la prestación de los servicios de las mimas empresas”. Se advierte que el artículo 97 de la Ley 143 de 1994 derogó la Ley 126 con excepción de los artículos 17 y 18 de dicho cuerpo normativo.

56 Artículo 31 de la Ley 56 de 1981: “Con base en los estimativos, avalúos, inventarios o pruebas que obren en el proceso, el juez dictará sentencia, señalará el monto de la indemnización y ordenará su pago. // Si en la sentencia se fijare una indemnización mayor que la suma consignada, la entidad demandante deberá consignar la diferencia en favor del poseedor o tenedor del predio, y desde la fecha que recibió la zona objeto de la servidumbre hasta el momento en que deposite el saldo, reconocerá intereses sobre el valor de la diferencia, liquidados según la tasa de interés bancario corriente en el momento de dictar la sentencia”.

57 Consejo de Estado, sección tercera, sentencia de 23 de noviembre de 2005, Exp. 14.631, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

58 Corte Constitucional, Sentencia T-824 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

59 Sentencia de abril 15 de 2011, Exp. 18.284.

60 Último conocido.

61 En la sentencia de primera instancia se señaló que: “Para la cuantificación del perjuicio material objetivado, se toma el dictamen rendido por la Lonja de Propiedad Raíz de Montería, que por la especialidad de sus peritos en la materia, genera convicción de certeza al juzgador sobre la estimación del valor consignado en él; de suerte que a partir del área total del predio de 66-1339 Has., y su ubicación en zona sub-urbana, al que se afecta con la servidumbre de redes de transmisión eléctrica a 34.5 KVA, en una franja de 2876 metros lineales, por diez metro (10.00 mts.) de ancho, distribuidos cinco metros (5.00 mts.) a cada lado del eje de las líneas, para un área de 28.760 mtr2, y terrenos que según el dictamen dada su calificación puede ser urbanizada, o en explotación agrícola o ganadera. Perfiles que según el análisis de mercado, fijan en $ 10.000 el valor del mtr2, suma que teniendo en cuenta el porcentaje del área afectada, de 1.75% en relación con el área total, resulta ajustado a su valor a $ 17.500 el mtr2, que multiplicado por el área de 28.760 mtr2, arroja un total de ($ 503’300.000, 00) Quinientos tres millones trescientos mil pesos, en que estima el dictamen pericial el monto de los perjuicios. Y suma esta que dada la fecha del dictamen, 28 de noviembre de 2005, se le aplica el ajuste del valor al presente, según el I.P.C., certificado por el DANE, desde aquella fecha, 28 de noviembre de 2005, hasta la fecha presente y alcanza el valor de OCHOCIENTOS TRECE MILLONES NUEVE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS ($ 813’009.819), suma esta que a partir de la ejecutoria de la sentencia devengará intereses moratorios hasta su pago efectivo” (fl. 254 cdno. ppal.).