Sentencia 2001-00501 de mayo 28 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 25000-23-27000-2001-00501-01

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades nacionales

Actora: María Nurt Ardila de Bolívar

Bogotá, D.C., veintiocho de mayo de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones de la Sala

6.1. Consideración previas.

Codensa S.A. ESP mediante apoderado propuso las excepciones que denominó “procedimiento ajustado al contrato de condiciones uniformes” y “solidaridad entre propietario y tenedores”.

Como las excepciones propuestas constituyen medios de defensa frente a las súplicas de la demanda, se estudiarán en el fondo del presente fallo.

6.2. El caso concreto.

La actora pretende que se revoque el fallo de primera instancia y, como consecuencia de ello se declare la nulidad de las resoluciones 012755 de 1999 (jun. 10) de Codensa y 007321 de 2000 (sep. 8) de la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos, por considerar que con el procedimiento mediante el cual Codensa ESP le impuso una sanción de multa resultaron violados los derechos contenidos en los artículos 2º, 4º, 15, 23, 25, 26, 29, 58, 83, 84, 87, 90, 121 y 209 de la Constitución Política, así como los artículos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 50, 56, 57 y 59 del Código Contencioso Administrativo y las leyes 142 (3) y 143 (4) de 1994, y el Decreto 1165 de 1999.

Desglosa sus argumentos de la siguiente manera:

Frente a la presunta violación de los artículos 2º, 4º, 15, 23, 25, 26, 58, 83, 87, 90, 121 y 209 de la Constitución Política, considera que si la finalidad de la prestación del servicio público de energía eléctrica por parte de Codensa ESP constituye un fin esencial del Estado, dicho precepto fue vulnerado por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, al “encubrir las actuaciones ilegales de Codensa ESP, por cuanto los derechos de la parte actora se han conculcado sin el menor escrúpulo y en franco perjuicio de su patrimonio al informarle una tremenda carga impositiva al sancionarla para que pague la suma de $ 11’821.712 sin que pueda justificarse esa decisión”.

Además considera que en este caso no se le dio prevalencia a normas que por cuya jerarquía y prevalencia se debían aplicar preferentemente sobre otras, sin embargo, no hace alusión a las normas que considera debieron aplicarse.

Argumenta que la circunstancia de que Codensa ESP le hubiera imputado la autoría material del presunto fraude en el uso del servicio energía eléctrica vulnera su buen nombre y honra.

Sostiene que en repetidas ocasiones se dirigió ante Codensa ESP mediante peticiones que no fueron respondidas en oportunidad por el personal competente de dicha empresa.

Aduce que con ocasión de la imposición de la orden de pago a su cargo, se le vulneró el derecho al trabajo, como quiera que “se ha atentado contra un pequeño ingreso de la propietaria del inmueble al anunciarle los arrendatarios que le van a entregar el inmueble ya que no aguantan más la persecución de Codensa”.

Sustenta la violación al debido proceso “al no atenderse los planteamientos y las pruebas de la propietaria del inmueble. Téngase en cuenta que fueron muchos los escritos presentados con sus respectivas pruebas y en ningún momento merecieron la menor reflexión y análisis. El simple hecho de concederle una supremacía a las pruebas de Codensa ESP significa el rompimiento del principio de igualdad ante la ley como también atentarse (sic) contra el principio de equidad y violarse (sic) el debido proceso”.

En el acápite de los fundamentos fácticos de la demanda, argumenta como violatoria del debido proceso, la circunstancia de no haber estado presente en la diligencia en la cual se realizó un análisis a los medidores del inmueble de que es propietaria, que a su juicio, es causal de ilegalidad de los actos administrativos cuya nulidad se pretende, como quiera que al no estar presente no pudo verificar si efectivamente los sellos de los medidores de energía eléctrica fueron violentados y, si en efecto, procedía la instalación de un nuevo medidor.

Considera que el a quo erró al haber dado por ciertas las acusaciones de Codensa ESP relativas al rompimiento de los sellos de los medidores por su culpa o causa y al haberle adjudicado la obligación de desvirtuar tal circunstancia; igualmente considera que no era procedente el cambio de los medidores del bien inmueble sin su consentimiento, o, sin al menos haber estado presente en la diligencia en que tuvo lugar tal procedimiento.

Cuestiona la decisión del tribunal al no haber tenido como indicio grave la circunstancia de que Codensa ESP se allanara a la corrección de la factura correspondiente al periodo comprendido entre el 20 de enero y 16 de marzo, indicador de la existencia de actos dolosos por parte de la empresa para imputar a la propietaria el fraude que generó la sanción.

6.3. Las pruebas.

De los documentos allegados al proceso, sobresalen los siguientes:

— Acta de la orden de revisión 2489523 (sin fecha) del jefe del departamento de gestión cliente CNR por la cual se le comunica a la demandante que realizada una visita al inmueble ubicado en la carrera 11A Nº 115-23, se encontraron una serie de anomalías en el registro de consumo que obedecen al rompimiento de los sellos del medidor de energía eléctrica.

— Oficio 0134926 de 1999 (jul. 12) (5) por medio del cual Codensa ESP resuelve el recurso de reposición presentado por la actora contra la Resolución 0127155 de 1999 (jun. 10), en el cual se lee:

“Como es de su conocimiento, el pasado 11 de marzo de 1999, se practicó una visita al inmueble que se encuentra ubicado en la cra. 11A Nº 115-23 de Bogotá, con NIE. 06511772, al cual le corresponde el medidor Nº 57901268.

Dicha visita la realizó personal autorizado por la empresa y fue atendida por el señor Ricardo Castañeda identificado con cédula de ciudadanía 93’117.962 expedida en El Espinal, en la cual se detectaron las siguientes anomalías:

• Bajo factor de potencia.

• Medidor no registra por fase T.

• Sellos violados en la tapa principal(2).

Efectuado el análisis técnico en el laboratorio, el área de evaluación, equipos de medida, dictaminó las siguientes anomalías adicionales:

• Sellos violados en la tapa principal.

• No da continuidad en la bobina de tensión (T) porque se encuentra aislada.

• Aislamiento deteriorado.

• Tornillería defectuosa.

• Bobina de tensión T desconectada y/o aislada.

• Deja de registrar el 33%.

Mediante comunicación 127155 de 1999 (jun. 10), proferida por el departamento de gestión de clientes CNR notificada personalmente al señor Orlando Ardila identificado con cédula de ciudadanía 17’109.182 expedida en Bogotá, se estableció un cobro al suscriptor responsable del inmueble mencionado por el uso no autorizado del servicio de energía y normalización de la cuenta, en cuantía de once millones ochocientos veintiún mil setecientos doce pesos m.l. ($ 11’821.712).

[...].

Una vez estudiada la solicitud, la empresa considera que debe confirmar el cobro de la sanción por las siguientes razones:

En revisión del 11 de marzo de 1999, se detectaron los sellos de seguridad violados, encontrando a partir de las pruebas, que el equipo no registraba por una de sus fases, anomalía que ocasionaba la descalibración del equipo alterando la precisión de su funcionamiento, por lo cual se efectuó su retiro para determinar la causa de la falla en el laboratorio.

El informe de análisis integral del equipo, detecta los dos (2) sellos de lámina gris de protección de la caja principal como violados y reconstruidos con pegante, encontrando en el circuito de tensión de la bobina de la fase (T) aislada y/o desconectada, consecuentemente, dejando de registrar el consumo real en un 33%.

Es de indicar, que el consumo calculado de 14400 KWH, se efectúa con base en la necesidad de estimar un promedio sobre la carga instalada de 25 KW para un bimestre (1440 horas), con un factor de utilización del 40%, por la falta de registro real del medidor, ante la incidencia de las anomalías encontradas.

De acuerdo con lo establecido en los artículo 53 y siguientes de la Resolución CREG -108 de 1997 y por la cláusula novena (9ª) del contrato de servicio público, Codensa S.A. ESP sancionará el incumplimiento del contrato en los casos de uso no autorizado o fraudulento del servicio de energía eléctrica.

[...].

De conformidad con el contrato de condiciones uniformes para la prestación del servicio de energía, los clientes son los custodios del equipo de medida. Por lo tanto son responsables de las instalaciones, o de cualquier alteración en los sellos o interferencias en los medidores de energía debidas al uso incorrecto del servicio.

En los casos de ausencia, ruptura o indicio de adulteración en uno o más de los elementos de seguridad y/o sellos de seguridad instalados en los equipos de medición, de protección o de control del gabinete, celdas o que los encontrados no correspondan a los instalados por la empresa, se procederá a verificar en su sitio de instalación, o en el laboratorio de la empresa cuando se estime necesario, caso en el cual se procederá a su retiro. Si se dictamina alguna anomalía en los mencionados se procederá a tramitar el proceso de incumplimiento del contrato imponiendo las sanciones a que haya lugar.

Según el parágrafo 6.11 del contrato de condiciones para la prestación del servicio para los clientes y/o suscriptores deben informar inmediatamente a al entidad, sobre cualquier irregularidad anomalía o cambio que se presente en las instalaciones eléctricas en el medidor o equipo de medida, en el uso del inmueble (clase de servicio) o por variación de la carga, de propietario, dirección u otra novedad que implique modificación a las condiciones y datos registrados en el contrato de servicio.

Sin embargo, es de aclarar cada uno de los factores tenidos en cuenta para la liquidación del presente caso.

Conforme al contrato de condiciones uniformes para la prestación del servicio los empleados autorizados por la misma tendrán derecho a controlar y revisar periódicamente las instalaciones del cliente y/o suscriptor del servicio, a operar, utilizar y revisar los equipos instalados, tomar lectura de los medidores, o cualquier otro trabajo necesario para la adecuada prestación del servicio. Se efectuará el cobro de esta operación conforme a lo estipulado por las resoluciones 108 y 225 de 1997 expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y demás normas que rijan en materia, vigentes al momento de la detección.

Conforme al contrato de condiciones uniformes para la prestación del servicio de energía eléctrica —art. 8.2— La reposición del medidor se hará cuando se establezca que el funcionamiento del medidor no permite determinar en forma adecuada los consumos.

Será obligación del cliente hacerlo reparar o reemplazar a satisfacción de la empresa. Y/o cuando la empresa determine que existen nuevos desarrollos tecnológicos que ponen a su disposición instrumentos de medida más precisos, en ese evento, la empresa comunicará al cliente tal decisión y procederá a reemplazar instalar y facturar al cliente el nuevo medidor.

[...].

Cuando la empresa mediante personal debidamente autorizado, encuentre fraude en las conexiones o aparatos de medición y control o alteraciones que impidan su funcionamiento normal, cobrará el consumo no registrado, o sea la diferencia entre el consumo estimado por la empresa y el consumo registrado en el equipo de medida, por el tiempo de permanencia de la anomalía, valorado con las tarifas vigentes y multiplicado por dos (2) cuando se trate por primera vez y por cuatro (4) en caso de reincidencia, siempre que la diferencia sea positiva. Se utilizará como tarifa vigente, la correspondiente al mes de detección de la anomalía que en todos los casos será la tarifa máxima de energía según la clase de servicio, nivel de voltaje y sistema de facturación.

[...].

En ningún momento esta empresa ha imputado a título personal la autoría material de las anomalías detectadas en la visita del 11 de marzo de 1999. Por consiguiente el objeto de la comunicación impugnada consiste en sancionar al cliente y/o suscriptor del inmueble beneficiario de la prestación del servicio de energía eléctrica, y la cuenta del mismo.

(...) No se requiere calidad específica en la persona que recibe la visita a excepción de ser mayor de edad y poseer cédula de ciudadanía.

[...]”.

— Resolución 007321 de 2000 (sep. 8) (6) de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios “por la cual se resuelve un recurso de apelación” que confirma el recurso presentado por la actora contra la Decisión 0127155 de 1999 (jun. 10).

Procede la Sala al estudio de los cargos y argumentos de la actora que le sirven de sustento a la interposición del recurso de apelación, como se sigue a continuación.

6.4. El primer cargo.

Respecto de este cargo de violación de los artículos 2º, 4º, 15, 25, 26, 58, 83, 84, 87, 90, 121 y 209 de la Constitución Política y 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 50, 56, 57 y 59 del Código Contencioso Administrativo y de las leyes 142 y 143 de 1994 así como del Decreto 1165 de 1999, la Sala observa que la actora se limita a señalar como violada dicha normativa sin identificar y establecer las causas que considera determinantes de la violación a tales preceptos jurídicos.

Por lo mismo, el estudio de los cargos y del concepto de la violación se restringirá en adelante, únicamente, a la presunta violación al artículo 29 de la Carta, que trata sobre el derecho fundamental al debido proceso, como quiera que sobre ese punto la actora edifica el recurso de apelación que da lugar a este fallo.

6.5. La violación al derecho fundamental al debido proceso.

La actora considera que en la diligencia de visita que generó la orden de pago por las presuntas anomalías detectadas en el medidor, se le conculcó su derecho al debido proceso, como quiera que no tuvo ocasión de ejercer su derecho de defensa y contradicción frente a las decisiones que en dicha diligencia tomaron los empleados de Codensa ESP.

En efecto, si bien pudo ejercer los recursos de reposición y apelación como en efecto ocurrió, no fue posible desvirtuar favorablemente la afirmación hecha tanto por Codensa como por la superintendencia al resolver el recurso de apelación en el sentido de que los sellos se encontraban violados en la tapa principal, circunstancia que a nadie —salvo el empleado de Codensa— le consta puesto que quien suscribió el acta de visita en calidad de “usuario” fue el señor Ricardo Castañeda, quien era un visitante ocasional que nada tenía que ver con el contrato de condiciones uniformes puesto que se encontraba realizando una reparación de una lavadora.

Al adquirir la prestación del servicio público de energía eléctrica, las partes celebran un contrato de condiciones uniformes a cuyas cláusulas se sujeta la prestación de dicho servicio. Sobre el particular, dispone la Ley 142 de 1994, lo siguiente:

“ART. 128.—Contrato de servicios públicos. Es un contrato uniforme, consensual, en virtud del cual una empresa de servicios públicos los presta a un usuario a cambio de un precio en dinero, de acuerdo a estipulaciones que han sido definidas por ella para ofrecerlas a muchos usuarios no determinados.

Hacen parte del contrato no solo sus estipulaciones escritas, sino todas las que la empresa aplica de manera uniforme en la prestación del servicio. Existe contrato de servicios públicos aún cuando algunas de las estipulaciones sean objeto de acuerdo especial con uno o algunos usuarios.

Los contratos entre quienes presten el servicio de larga distancia nacional e internacional y sus usuarios se someterán a las reglas del contrato de servicios públicos que contiene esta ley. Las comisiones de regulación podrán señalar, por vía general, los casos en los que el suscriptor podrá liberarse temporal o definitivamente de sus obligaciones contractuales, y no será parte del contrato a partir del momento en que acredite ante la empresa, en la forma en que lo determinen las comisiones, que entre él y quienes efectivamente consumen el servicio existe actuación de policía o proceso judicial relacionado con la tenencia, la posesión material o la propiedad del inmueble. En estos casos se facilitará la celebración del contrato con los consumidores.

ART. 129.—Celebración del contrato. Existe contrato de servicios públicos desde que la empresa define las condiciones uniformes en las que está dispuesta a prestar el servicio y el propietario, o quien utiliza un inmueble determinado, solicita recibir allí el servicio, si el solicitante y el inmueble se encuentran en las condiciones previstas por la empresa.

ART. 130.—Partes del contrato. Son partes del contrato la empresa de servicios públicos, y los usuarios.

El propietario del inmueble, el suscriptor y los usuarios del servicio son solidarios en sus obligaciones y derechos en el contrato de servicios públicos.

Las deudas derivadas de la prestación de los servicios públicos podrán ser cobradas ejecutivamente ante los jueces competentes o bien ejerciendo la jurisdicción coactiva por las empresas oficiales de servicios públicos. La factura expedida por la empresa y debidamente firmada por el representante legal de la entidad, prestará mérito ejecutivo de acuerdo a las normas del derecho civil y comercial.

ART. 131.—Deber de informar sobre las condiciones uniformes. Es deber de las empresas de servicios públicos informar con tanta amplitud como sea posible en el territorio donde prestan sus servicios, acerca de las condiciones uniformes de los contratos que ofrecen.

Las empresas tienen el deber de disponer siempre de copias de las condiciones uniformes de sus contratos; el contrato adolecerá de nulidad relativa si se celebra sin dar una copia al usuario que la solicite.

ART. 132.—Régimen legal del contrato de servicios públicos. El contrato de servicios públicos se regirá por lo dispuesto en esta ley, por las condiciones especiales que se pacten con los usuarios, por las condiciones uniformes que señalen las empresas de servicios públicos, y por las normas del Código de Comercio y del Código Civil.

Cuando haya conflicto entre las condiciones uniformes y las condiciones especiales, se preferirán éstas. Al definir los efectos fiscales del contrato de servicios públicos, se tendrá en cuenta que, a pesar de tener condiciones uniformes, resulta celebrado con cada usuario en particular”.

Por mandato expreso de los artículos 128 y 132 de la Ley 142 de 1994, hacen parte del contrato de condiciones uniformes no solo las disposiciones de la Ley 142 de 1994, sino todas aquellas que comúnmente sean pactadas por las partes y aquellas que la empresa prestadora del servicio considere imprescindibles para la eficiente prestación del servicio.

En el anexo 1 del contrato de condiciones uniformes de Codensa ESP se encuentra establecido el procedimiento para la detección, evaluación y comprobación de anomalías. En particular, señala este anexo:

“Procedimiento para detección, evaluación y comprobación de anomalías

Detección de anomalías. En los casos de ausencia, ruptura o indicio de adulteración en uno o más de los elementos de seguridad y/o sellos de seguridad instalados en los equipos de medición, de protección o de control de gabinete, celdas o que los encontrados no correspondan a los instalados por la empresa, se procederá a verificar el medidor en su sitio de instalación, o en el laboratorio de la empresa cuando se estime necesario, caso en el cual se procederá a su retiro.

Los elementos de seguridad y/o sellos faltantes o con anomalía serán reemplazados por nuevos, así mismo se podrá reemplazar cualquiera de los sellos instalados para su verificación en el laboratorio, caso en el cual si se dictamina alguna anomalía en los sellos o en los equipos de medición, se procederá a tramitar el proceso de incumplimiento del contrato imponiendo las sanciones a que haya lugar.

Siempre que se verifique cualquiera de las anomalías descritas en los numerales 1º, 2º, 4º, 6º y 7º del presente anexo, conductas que generan el incumplimiento del contrato por el uso no autorizado o fraudulento del servicio se procederá a la realización del aforo de la carga instalada en el inmueble. En todo caso se levantará un acta de la cual se dejará copia a la persona que atendió la revisión, quien deberá firmarla. En caso de no firmar el acta el cliente se dejará constancia de ello.

Descargos: Si el resultado de la orden de servicio es corrección de la anomalía, retiro o cambio del medidor, el cliente podrá presentar descargos que justifiquen la presencia de las anomalías detectadas, por escrito en el momento de firmar el acta o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes en comunicación dirigida al departamento de inspección de suministros, del proyecto de pérdidas, la cual debe ser radicada en la sede de Codensa S.A. ESP, citando el número de la orden de servicio y el número de identificación eléctrica (NIE).

Evaluación y comprobación de las anomalías: La empresa, una vez detectada la ocurrencia de alguna anomalía que se constituya en posible uso no autorizado o fraudulento del servicio, procederá a realizar las evoluciones y comprobaciones correspondientes que permitan establecer el incumplimiento del contrato por parte del cliente y su correspondiente sanción pecuniaria.

Para ello se tendrán en cuenta como prueba de existencia de las anomalías entre otras, las siguientes:

1. Acta de revisión de instalaciones y equipos de medidas efectuadas por personal autorizado por la empresa, en donde conste la presencia de anomalías en las instalaciones, elementos de seguridad o equipos de medida.

2. Examen técnico practicado en los laboratorios de la empresa, que permita identificar o detectar alteraciones internas, rastros o muestras de manipulación del medidor de energía o equipo de medida, o en los elementos de seguridad que impidan o hayan impedido el normal registro.

3. Fotografías, videos, y demás medios que comprueben el uso no autorizado o fraudulento del servicio de energía eléctrica.

4. Certificaciones de visitas efectuadas por empleados de la empresa o personal autorizado por ella en donde consten diferencias de lecturas que se constituyen en irregularidades al ser inferiores o iguales a otras previamente realizadas y que no sean plenamente justificadas por el cliente.

5. Cálculo efectuado por la empresa del consumo del cliente, utilizando factores de utilización de acuerdo con la clase de servicio de que se trate, aplicando la carga instalada aforada, en donde dicho cálculo sea superior al consumo histórico registrado por el medidor de energía antes de la detección de la anomalía.

Cuando se presente uno de los eventos anteriormente señalados, la empresa procederá a sancionar el incumplimiento del contrato en las cuantías señaladas en el presente anexo”.

La recurrente sustenta el cargo fundamentalmente en la vulneración de su derecho de defensa y contradicción con base en el hecho de que quien firmó el acta de visita del 11 de marzo de 1999 fue el ciudadano Ricardo Castañeda, quien al tenor de lo expresado en la demanda y en el recurso de apelación se encontraba de paso arreglando una lavadora en el lugar de los hechos lo cual no permitió la verificación de las anomalías que se anotaron.

De las normas transcritas se observa que de la diligencia de visita debe levantarse un acta en la cual se relacionen las anomalías que se detecten, acta que debe ser suscrita por “el cliente” como se deduce claramente al determinar que en caso de no firmar el acta el “cliente” se debe dejar constancia de ello; y, no puede ser de otra manera, puesto que el cliente es finalmente el responsable ante la empresa de servicios públicos. También observa la Sala que para la evaluación y comprobación de las anomalías, se prevé entre otros elementos de comprobación, la existencia de “fotografías, videos y demás medios que comprueben el uso no autorizado o fraudulento del servicio de energía”, lo cual no se tuvo en el presente caso en el cual el procedimiento se limitó a consignar en el acta suscrita por un extraño, completamente ajeno al contrato entre las partes, que se encontraron dos sellos violados en la tapa principal, bajo factor de potencia y medidor no registra por fase T, sin que hubiera existido para el usuario o cliente, forma de comprobar que efectivamente esa era la situación real existente al momento de la visita.

Si bien la jurisprudencia de esta sección ha determinado en otros casos que la responsabilidad en estos casos es objetiva, también ha aceptado que no es así cuando las revisiones se realizan a espaldas del usuario. En efecto, en sentencia del 14 de junio de 2007, en un caso similar, esta Sección manifestó:

“La anomalía a que se alude en los actos acusados, fue detectada en los laboratorios de Codensa el 25 de septiembre de 1997, esto es, cuando los equipos no se encontraban bajo la custodia de la actora, de ahí que no pueda aducirse su responsabilidad objetiva máxime si, como ya se dijo, el día en que se produjo el retiro de los mismos no se hizo mención alguna al respectivo” (7) .

Argumento similar es predicable en el siguiente caso en el cual, si bien los equipos sí estaban bajo custodia del usuario puesto que se encontraban en el inmueble en el momento de la visita, a nadie diferente del empleado de Codensa le consta que efectivamente presentaban las anomalías anotadas, además de que el contador fue retirado y revisado en los laboratorios de Codensa sin presencia del usuario quien, como se ha reiterado, tampoco estuvo presente en la visita que al parecer fue atendida por alguien que se encontraba ocasionalmente en el lugar. Para la salvaguarda de los derechos de los usuarios es necesario que en la diligencia de visita se encuentre presente el cliente o usuario del servicio ó que la empresa tome las fotografías, videos o testimonios que permitan la verificación de las irregularidades que observe.

Conforme al artículo 132 antes trascrito, el contrato de servicios públicos se rige por la Ley 142 de 1994, por las condiciones uniforme que señalen las empresas de servicios públicos y por las normas del Código Civil y Código de Comercio. El artículo 871 de este último dispone que los contratos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe. En el mismo sentido, el artículo 1603 del Código Civil consagra una disposición semejante. También la Constitución Política consagra en el artículo 83 principio de la buena fe y determina que “las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”.

No resulta entonces procedente atribuir al usuario una responsabilidad por un deterioro o por anomalías que no se comprobaron con fotografías, videos o testigos que permitieran establecer la veracidad de las mismas y que sólo le consta al empleado de Codensa que practicó la visita.

Por otra parte, la circunstancia de que Codensa ESP se hubiera allanado a la corrección de la factura de cobro correspondiente al período comprendido entre el 20 de enero y el 16 de marzo de 1999, previa reclamación de la actora, es demostrativa de que el consumo estaba dentro de los límites esperados.

El artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, dispone:

“ART. 177.—Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.

Correspondía a Codensa ESP probar que efectivamente se habían adulterado los sellos y las demás anomalías relacionadas en el acta de visita, tal como lo dispone el proceso de evaluación y comprobación de anomalías, una de cuyas formas hubiera sido, se reitera, mediante fotografías, videos o incluso testimonios pues, en virtud del principio constitucional de la buena fe, no es posible trasladar al usuario, que no estuvo presente en la visita realizada por la empresa, la responsabilidad por hechos que no fueron comprobados.

En consecuencia, procede revocar el fallo del a quo y, en su lugar, acceder a las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia de 4 de febrero de 2004 mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Cuarta - Subsección A) negó las súplicas de la demanda.

2. DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 0127155 de 1999 de la empresa Codensa S.A. ESP y 007321 de 2000 proferida por la Superintendencia de Servicios Públicos que confirmó la anterior al resolver el recurso de apelación, así como del Auto 0134926 de junio de 1999 que resolvió el recurso de reposición contra la primera de ellas.

3. A título de restablecimiento del derecho, se ordena a la empresa Codensa S.A. ESP devolver a la accionante las sumas que hubiere cancelado por concepto de la sanción impuesta en los actos acusados, debidamente indexada.

4. RECONÓCESE personería a la doctora Sonia Smith Niño Suárez como apoderada judicial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 28 de mayo de 2009».

(3) Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.

(4) Por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, trasmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones en materia energética.

(5) Folios 30 a 35.

(6) Folios 101 a 108.

(7) Sentencia Sección Primera. 14 de junio de 2007, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza.

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