Sentencia 2001-00504 de diciembre 2 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2001-00504-01

Consejera Ponente

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades nacionales

Actor: Guillermo Antonio David López

Bogotá, D.C., dos de diciembre de dos mil diez.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por el actor contra la sentencia de la Sala de Descongestión para los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar de 31 de mayo de 2005, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

EXTRACTOS: « V. Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala determinar si los actos demandados por medio de los cuales se dispuso el decomiso de una “camioneta, marca: Toyota FJ62, clase: Station Wagon, color: Rojo, modelo: 1992 aproximado, placas: ZCA-999, motor: 3F-0360267”, por presentar sus sistemas de identificación regrabados no originales de fábrica, se ajustó o no a las normas legales, pues el apelante considera que la administración violó el debido proceso por haber omitido practicar una inspección judicial con el fin de cotejar los sistemas de identificación del vehículo en el estudio técnico practicado por la Sijin el 4 de abril de 2000 y la Declaración de despacho para consumo 02574 de 23 de diciembre de 1992; prueba solicitada oportunamente y que estima hubiera cambiado el curso de la investigación.

Para resolver se considera:

La Sala ha precisado en reiteradas ocasiones(2) que la prosperidad de este cargo depende de que en la instancia jurisdiccional, en la que obviamente se tiene la oportunidad para ello, se pidan y practiquen esas mismas pruebas, u otras pertinentes, con el fin de que en el proceso respectivo quede evidenciado que la importancia o trascendencia del supuesto fáctico que se echa de menos era tal que resultaba imprescindible considerarlo para efectos de inclinar, en uno u otro sentido, la decisión administrativa controvertida.

En el caso presente, el actor solicitó la diligencia de inspección judicial en esta instancia jurisdiccional con el mismo propósito que se había propuesto en la vía administrativa (demostrar que el vehículo fue importado con los sistemas de identificación adulterados). Mediante auto de 28 de enero de 2002 (fl. 66), el a quo ordenó la práctica de la diligencia mencionada, la cual fue llevada a cabo el 19 de septiembre de 2002 (fl. 137) por un técnico en identificación de automotores del CTI, en la que consta:

“Informe estudio técnico

Asunto: Practíquese diligencia de inspección judicial y cotejo de improntas tomadas al vehículo marca Toyota Land Cruiser de placas ZCA-999, de propiedad de Guillermo Antonio David López, para lo cual se le aportan las improntas tomadas y se las compare con las que aparecen en la DIAN de Riohacha.

Resultados obtenidos: Una vez recibida la misión de trabajo y recibido el oficio 3167 de fecha 6 de septiembre de 2002 emanado del tribunal administrativo, en el cual se me informa que el documento contra el que debo comparar las improntas debe hacerse contra las que aparecen en los archivos de la DIAN de Riohacha “Declaración de importación 02574 de diciembre 23 de 1992”, me desplacé hasta la ciudad de Riohacha y me hice presente en las instalaciones de la DIAN, en donde fui atendido por la doctora Francisca Álvarez de Martínez, jefe de la sección de recursos físicos y financieros de la DIAN de Riohacha, quien me informó que “no se pueden buscar esos documentos porque son muchos los que están almacenados para esa fecha”, además de informarme que para poder encontrar ese documento, se debe anexar al número que le informé (declaración de importación 02574), el número preimpreso o sticker o el número de levante, y que además al parecer ese número no le corresponde a una declaración de importación, que supuestamente puede ser un manifiesto de aduana o de un saneamiento, y ante tanta imprecisión en los datos, se hizo imposible la realización de diligencia, toda vez que la información aportada fue insuficiente.

Por lo anterior, le sugiero respetuosamente, se sirva enviar por comisionado al CTI de la ciudad de Riohacha el texto completo del documento con los números de la referencia, el número preimpreso, el número del sticker, el número de levante y demás que fuesen necesarios a la hora de buscar el documento, para evitar estos impases que impiden el cumplimiento de la comisión”.

Asimismo, obra en el expediente copia de la Declaración de despacho para consumo 02572 de 23 de diciembre de 1992 (fl. 159) en la cual consta:

“Importador: Luis Vence Cujía. “País de procedencia: Venezuela departamento de destino: Guajira características del vehículo: Marca: Toyota

Tipo: Station Wagon

Modelo: Samurai GX

Año: 1992

Clase: Camioneta

Motor: 3F-0360267

Carrocería: FJ62-910391

Color: Rojo vinotinto

Uso: Particular

Capacidad: 6 puestos”.

Por su parte, mediante oficio 0313 de 3 de abril de 2000 (fl. 0313) el jefe kardex automotores de la Sijin de la unidad seccional de Policía Judicial de Valledupar efectuó un concepto de revisión técnico numérica y antecedentes de la “camioneta marca: Toyota, tipo: Station Wagon, color: Rojo, modelo: 1992, motor: 3F-0360267 regrabado no original, plaqueta serial: FJ62-910391 falsa, Chasis: FJ62-910391 regrabado no original, placas: ZCA-999 originales radicadas en la Oficina de Tránsito de Valledupar”, en el que se observa lo siguiente:

“Los datos anteriormente señalados deben ser comparados y confrontados oportunamente con los documentos que lo amparan (factura de compra y manifiesto de aduana). Vistos los puntos anteriores, se deduce que el vehículo automotor motivo de estudio el cual se tuvo a la vista y se puso de presente para revisión numérica, queda sin identificación técnico numérica, por portar los guarismos de identificación del motor y chasis reestampados no originales de fabrica, la plaqueta de serie su material con que está constituido y los números que lleva estampados no son originales de fabrica (falsa integralmente). La parte de la superficie metálica donde va estampado el número que identifica el chasis fue devastada a profundidad con esmeril, con el propósito de ocultar el número original que le correspondía, posteriormente la superficie fue rellenada con soldadura y luego pulimentada para reestampar nuevamente los guarismos que porta en la actualidad no originales de fábrica. Este proceso lo hacen con el fin de evitar la revelación de sus números originales al ser aplicado el reactivi (sic) químico revelador de números en superficies metálicas. Analizada la pintura de adentro hacia fuera se hallo un color rojo no original de fabrica. Las placas que porta en la actualidad (dos) con las letras y dígitos zca-999 reúnen los requisitos exigidos por el ministerio de transporte de Colombia y corresponden para el tránsito de la ciudad de Sincelejo (Sucre), con traslado de cuenta a la Secretaría de Tránsito Municipal de Valledupar. Por lo anterior se debe confrontar con las autoridades de tránsito respectivas si las placas le fueron asignadas al automotor en comento. Teniendo en cuenta que por asignación las placas anteriormente citadas le corresponden para un automotor modelo 1995 aproximado. Siendo el automotor objeto de estudio según los documentos modelo 1992. Por sus características generales el tipo y morfología de los números corresponden para los automotores ensamblados en la República de Venezuela. Sin confrontación de los documentos tales como factura de compra y manifiesto de aduana que acrediten la legal tenencia, procedencia y estadía en el territorio nacional de Colombia.

Informe de kardex nacional de vehículos hurtados: De acuerdo al sistema Risch 6000 que se lleva en la sala de informática de la Sijin Deces (sic) no registra antecedentes ni pendientes por hurto. Teniendo en cuenta que sus sistemas de identificación en la actualidad son reestampados no originales de fábrica”.

De tal manera que los cargos aducidos por el actor, en lo que a la violación del debido proceso, del derecho de defensa y del derecho de propiedad se refieren, no tienen vocación de prosperidad pues, según quedó visto, el tribunal ordenó la práctica de la inspección judicial solicitada por el actor, la cual se inició el 19 de septiembre de 2002 (fl. 137) pero no se pudo llevar a cabo ante la “imprecisión en los datos o información insuficiente”.

Sin embargo, para la Sala la prueba de inspección judicial con el fin de realizar un cotejo de las improntas tomadas del vehículo y las que obran en la Declaración de despacho para consumo 02572 de 23 de diciembre de 1992 (fl. 159) es innecesaria, toda vez que en el expediente existen otros elementos de juicio, que conforme el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por integración de materia a este asunto, pueden probar como cierta la circunstancia que pretende demostrarse.

En tal sentido y habida cuenta de que al proceso se allegó copia del Oficio 0313 de 3 de abril de 2000 (fl. 0313), mediante el cual el jefe kardex automotores de la Sijin de la unidad seccional de Policía Judicial de Valledupar efectuó un concepto de revisión técnico numérica al vehículo en cuestión, la Sala considera que existen los elementos de juicio necesarios para que se entienda probado el supuesto fáctico controvertido.

Dicho lo anterior, considera la Sala que las pruebas allegadas demuestran de manera inequívoca que los guarismos originales del vehículo decomisado fueron adulterados y reemplazados por los que constan en la citada declaración para hacer creer que esta efectivamente amparaba el automotor.

La colocación de una plaqueta serial falsa y la regrabación del número del chasís, evidencian que el vehículo decomisado no es el amparado por la declaración de despacho para consumo y por ende, que no se demostró su legal introducción al territorio nacional.

De otra parte, cabe advertir que en relación con el principio de la buena fe que aduce el actor, dada su calidad de tenedor (comprador), que el artículo 3º del Decreto 1909 de 1992 es claro en señalar como responsables de las obligaciones aduaneras al importador, al transportador y al tenedor. De tal manera que la calidad de tenedor que tiene el actor no lo exime de responder ante las autoridades aduaneras en el evento de que, como en este caso, la, mercancía se encuentre en su poder con los sistemas de identificación regrabados no originales de fábrica, no obstante que haya obtenido el levante.

Al efecto, dijo la Sala en sentencia de 22 de junio de 2006(3) que “el acto de levante es un acto sujeto a condición, pues no obstante su expedición, si con posterioridad al mismo las autoridades aduaneras advierten la comisión de una infracción, mediante la facultad de fiscalización que tienen, deben proceder a imponer las sanciones correspondientes”.

Además, el actor no logró demostrar que los sistemas de identificación del vehículo se encontraban adulterados desde el momento de su importación, y que cuando se suscribió el contrato de compraventa del mismo ya tenía ese defecto.

Para la Sala, es claro que correspondía al actor demostrar que actuó de manera diligente al momento de adquirir el vehículo en cuestión, allegando la prueba correspondiente e idónea de la legalidad del mismo y que, por lo tanto, la administración no podía ordenar su decomiso, pues según el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por reenvío del artículo 168 del Código Contencioso Administrativo, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Por lo anterior, debe confirmarse la sentencia de primera instancia, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFIRMASE la sentencia de 31 de mayo de 2005 proferida por la Sala de Descongestión de los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de Santander y Cesar.

Cópiese, notifíquese y, en firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 2 de diciembre de 2010.

(2) Sentencia de 20 de agosto de 2004. Expediente: 1999-2068. Actora: Avianca S.A.; Sentencia de 5 de julio de 2002. Expediente: 7150. Actora: Tampa S.A.; Sentencia de 30 de enero de 2004. Expediente: 7785. Actora: Tampa S.A. M.P. Gabriel E. Mendoza Martelo. Sentencia de 22 de abril de 2009, Expediente: 2002-0035, Actora: Varig S.A., M.P. María Claudia Rojas Lasso.

(3) Expediente: 2000-00168. Actor: Nelson Jair Zapata Calderón. M.P. Gabriel E. Mendoza Martelo.