Sentencia 2001-00540 de febrero 28 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

—SUBSECCIÓN “C”—

Proceso número: 25000232600020010054001

Rad.: 36713

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de la Hoz

Actor: Clínica San Sebastián y Cía. Ltda.

Demandado: Caja Nacional de Previsión Social “Cajanal”

Referencia: Contractual - Apelación sentencia.

Bogotá, D.C., veintiocho de febrero de dos mil once.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

El estudio del asunto sometido a examen de la Sala se hará en el siguiente orden: 2.1) La acción incoada; 2.2) La competencia de la Sala; 2.3) El principio del enriquecimiento sin causa como consecuencia de la no existencia del contrato. Elementos de la figura; 2.4) Los hechos probados; 2.5) El caso concreto: 2.5.1. Los pagos efectuados por la entidad pública demandada; 2.5.2. Las sumas reclamadas por el demandante.

2.1. La acción incoada.

En la demanda formulada inicialmente(17), la parte actora manifestó estar ejerciendo la acción de controversias contractuales regulada por el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, norma que para la época en que ocurrieron los hechos y en aquella se dijo lo siguiente:

De las controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato administrativo o privado con cláusula de caducidad podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenaciones o restituciones consecuenciales; que se ordene su revisión; que se declare su incumplimiento y que se condene al contratante responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenaciones. (...)”.

Posteriormente el actor en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 208 del Código Contencioso Administrativo, procede a aclarar y corregir la demanda, en el sentido de indicar que la acción instaurada no es la contractual, sino la acción de reparación directa y/o acción in rem verso(18) —resalta la Sala—.

Entre las otras declaraciones y condenas impetradas por la parte actora, se encuentran: i) la de reconocimiento y pago de intereses y ii) el pago del saldo del valor histórico actualizado, sobre las sumas consignadas en cada factura de cobro, por los servicios médicos de salud que prestara la Sociedad Clínica San Sebastián y Cía. Ltda., por la modalidad de “Actividad y/o “Evento”.

El conjunto de estas circunstancias evidencia que comoquiera que en el caso concreto las pretensiones contenidas en la demanda fueran elevadas con fundamento en el enriquecimiento injustificado de Cajanal, y la sentencia de primera instancia definió la controversia con aplicación de la citada fuente de las obligaciones, se torna imperativo abordar el análisis del tema desde la óptica de esa específica figura.

En este orden de ideas, debe entenderse que la acción ejercitada por el actor es la actio in rem verso, porque en principio no es viable jurídicamente solicitar o discutir por vía de la acción contractual, el reconocimiento económico causado por la ejecución de una prestación causada por fuera de la relación jurídica contractual.

Lo anterior sin perjuicio a que en aplicación del principio “iura novit curia”, el juez interprete si la acción es o no de naturaleza contractual, respetando la causa petendi, con el fin de que la inadecuada escogencia de la acción por parte del demandante no constituya impedimento para dictar sentencia de fondo.

Actuar de manera contraria sería rendirle un culto injustificado a la forma por la simple forma, con desconocimiento del principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial consagrado en el artículo 288 superior, en virtud del cual el juzgador está en el deber de interpretar la demanda, establecer la materia del litigio, con prescindencia de la forma.

2.2. Competencia de la Sala.

La Sala tiene competencia, dado que el proceso tiene vocación de doble instancia, comoquiera que la pretensión mayor, individualmente considerada, corresponde a la de los costos de los servicios médicos de salud prestados por un valor de $ 1.001.201.874, suma que supera la cuantía establecida para que un proceso iniciado en el año 2001, tuviera vocación de doble instancia ($ 154.500.000), según lo establecido en la Ley 446 de 1998, disposición que, para los referidos efectos, se encontraba vigente para ese preciso momento, puesto que la sentencia fue proferida el 10 de diciembre de 2008, esto es, con posterioridad al 1º de agosto de 2006, fecha en que entraron a operar los juzgados administrativos.

(...).

2.4. El principio del enriquecimiento sin causa como consecuencia de la no existencia del contrato. Elementos de la figura.

Habiéndose circunscrito por el actor y el juzgador de primera instancia el tema a debatir en la actio in rem verso, entra la Sala a acometer el estudio de esta figura jurídica.

La prohibición del enriquecimiento injustificado encuentra sustento legal en el artículo 8º de la Ley 153 de 1887(91), en virtud del cual:

“Cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulan casos o materias semejantes, y en su defecto la doctrina constitucional, y las reglas generales del derecho”.

Cuando un particular ejecuta prestaciones en favor de la administración, sin que previamente se hubiere formalizado un contrato o impartido la orden correspondiente, con los requisitos indicados en la ley, o ejecuta prestaciones por fuera de la relación contractual, dicho particular tiene derecho a un reconocimiento económico pero no con fundamento en el contrato, debido a que este nunca se ha perfeccionado o existido, sino, en virtud del principio del no enriquecimiento sin causa.

El principio general del derecho que prohíbe el “enriquecimiento sin causa” ha sido materia de aplicación por la jurisprudencia tanto de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia como de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en virtud de la interpretación efectuada al artículo 8º de la Ley 153 de 1987, según el cual “Cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales del derecho”. De otra parte, el artículo 831 del Código de Comercio consagra este principio en los siguientes términos: “nadie podrá enriquecerse sin justa causa a expensas de otro”.

Así, cuando la administración no ha formalizado un contrato, o se ejecutan prestaciones una vez terminado el vínculo contractual, tal hecho no puede convertirse en fuente de enriquecimiento de su patrimonio, en detrimento del patrimonio del particular que ha ejecutado las correspondientes prestaciones, puesto que en virtud del principio del no enriquecimiento sin causa, la administración se encuentra obligada a restituir aquella parte que fue objeto de su enriquecimiento siempre y cuando se den los elementos de la figura y por ende, se acrediten los presupuestos para la procedencia de la actio de in rem verso.

Desde esta perspectiva el enriquecimiento sin causa se erige en fuente de obligaciones, según lo ha determinado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia(92), al igual que el contrato, el cuasicontrato, los actos jurídicos, los actos ilícitos (delito y cuasi-delitos) y la ley (C.C., art. 1494).

A la luz de la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia(93) y de la Sección Tercera del Consejo de Estado(94)(sic), los elementos constitutivos de la figura del enriquecimiento sin causa, han sido definidos de la siguiente manera:

“1) Que exista un enriquecimiento, es decir, que el obligado haya obtenido una ventaja patrimonial, la cual puede ser positiva o negativa. Esto es, no solo en el sentido de adición de algo, sino también en el de evitar el menoscabo de un patrimonio.

2) Que haya un empobrecimiento correlativo, lo cual significa que la ventaja obtenida por el enriquecido haya costado algo al empobrecido, o sea que a expensas de este se haya efectuado el enriquecimiento.

Es necesario aclarar que la ventaja del enriquecido puede derivar de la desventaja del empobrecido, o a la inversa, la desventaja de este derivar de la ventaja de aquel.

Lo común es que el cambio de la situación patrimonial se opere mediante una prestación dicha por el empobrecido al enriquecido, pero el enriquecimiento es susceptible de verificarse también por intermedio de otro patrimonio.

El acontecimiento que produce el desplazamiento de un patrimonio a otro debe relacionar inmediatamente a los sujetos activo y pasivo de la pretensión de enriquecimiento, lo cual equivale a exigir que la circunstancia que origina la ganancia y la pérdida sea una y sea la misma.

3) Para que el empobrecimiento sufrido por el demandante, como consecuencia del enriquecimiento del demandado, sea injusto, se requiere que el desequilibrio entre los dos patrimonios se haya producido sin causa jurídica.

En el enriquecimiento torticero, causa y título son sinónimos, por cuyo motivo la ausencia de causa o falta de justificación en el enriquecimiento, se toma en el sentido de que la circunstancia que produjo el desplazamiento de un patrimonio a otro no haya sido generada por un contrato o un cuasicontrato, un delito o un cuasidelito, como tampoco por una disposición expresa de la ley.

4) Para que sea legitimada en la causa la acción de in rem verso, se requiere que el demandante, a fin de recuperar el bien, carezca de cualquiera otra acción originada por un contrato, un cuasicontrato, un delito, un cuasidelito, o de las que brotan de los derechos absolutos.

Por lo tanto, carece igualmente de la acción... el demandante que por su hecho o por su culpa perdió cualquiera de las otras vías de derecho. El debe (sic) sufrir las consecuencias de su imprudencia o negligencia.

5) La acción no procede cuando con ella se pretende soslayar una disposición imperativa de la ley.

El objeto del enriquecimiento sin causa es el de reparar un daño, pero no el de indemnizarlo. Sobre la base del empobrecimiento sufrido por el demandante, no se puede condenar sino hasta la porción en que efectivamente se enriqueció el demandado...”(95).

La actio de in rem verso es un acción de carácter subsidiario, en cuanto no puede ser ejercida cuando la ley ha consagrado otra acción especial para reparar el detrimento sufrido en el patrimonio, tampoco podrá intentarse por el interesado cuando por su descuido o negligencia no ejerció oportunamente la acción correspondiente y la dejó caducar. El carácter subsidiario de la acción por enriquecimiento encuentra su justificación en el hecho de que ella no ha sido instituida para reemplazar las acciones especiales expresamente establecidas por la ley o para suplir la negligencia de quienes han dejado prescribir sus acciones.

Sobre la subsidiariedad de la acción de enriquecimiento sin causa ha precisado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia:

“Su característica más notable es la subsidiariedad; esta acción solo procede ante la ausencia de otra acción en pos del empobrecido; en este punto no es de recibo la coexistencia de acciones; por ello, cuando el actor promueve un proceso ejecutivo con el que ha ejercitado la acción cambiaria, no puede mientras el ejecutivo esté en curso, instaurar la acción de enriquecimiento, porque ello implica ejercitar simultáneamente dos acciones(96).

También debe destacarse el carácter compensatorio que se le ha atribuido a la actio in rem verso, puesto que su finalidad se encuentra orientada a recuperar para el patrimonio empobrecido el valor del provecho o ventaja obtenido en el patrimonio enriquecido, puesto que la acción de in rem verso tiende a restablecer el equilibrio roto entre los dos patrimonios que se relacionan entre sí, en virtud del enriquecimiento y del empobrecimiento correlativo; si el desequilibrio inicial ha desaparecido, no tiene ya razón de ser.

Sobre este último tópico tiene sentado la jurisprudencia de la Sección Tercera, que la teoría del enriquecimiento no conduce “a la indemnización del daño, sino a la correspondiente compensación, que se define en consideración al empobrecimiento sufrido por el demandante hasta la porción en que efectivamente se enriqueció el demandado”(97).

Considera la Sala precisar, que en materia contractual, o por lo menos en relación con hechos que afectan la normatividad que rige los contratos estatales, han existido normas que inciden sobre la figura del enriquecimiento sin causa y la actio in rem verso. Se trata de disposiciones que han limitado la ejecución de contratos estatales sin el cumplimiento de ciertos requisitos esenciales, o de normas que prohíben el pago de hechos cumplidos, es decir, de situaciones que ocurren de facto, o sea sin la observancia de los preceptos que regulan la materia.

En efecto, el artículo 202 del Decreto 150 de 1976, prohibía ejecutar contratos no perfeccionados:

“ART. 202.—De la prohibición de ejecutar contratos no perfeccionados. Solo podrá iniciarse la ejecución de los contratos que estuvieren debidamente perfeccionados. En consecuencia, con cargo a los convenios a que se refiere el presente decreto no podrá pagarse suma alguna de dinero ni el contratista iniciar labores, mientras no se haya dado cumplimiento a los requisitos y formalidades que en este estatuto se establecen”.

La misma norma se contempló el artículo 299 del Decreto-Ley 222 de 1983:

“Sólo podrá iniciarse la ejecución de los contratos que estuvieron debidamente perfeccionados. En consecuencia, con cargo a los convenios a que se refiere el presente estatuto no podrá pagarse o desembolsarse suma alguna de dinero ni el contratista iniciar labores, mientras no se haya dado cumplimiento a los requisitos y formalidades que en este estatuto se establecen”.

Igualmente el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 dispuso que:

“ART. 41.—Del perfeccionamiento del contrato. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito.

“Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto.

(...)”.

La jurisprudencia de la Sala, ha venido reiterando el carácter subsidiario de la acción de in rem verso y advirtió que, para solucionar los problemas que se susciten cuando se ejecutan prestaciones sin existir previamente un contrato, o cuando este no es ejecutable, existen otras figuras jurídicas que resultan procedentes al efecto.

De la misma manera reitera sobre la necesidad de que concurran todos los elementos y condiciones que configuran la teoría del enriquecimiento sin causa, para que sea aplicable, puesto que no basta con demostrar únicamente la existencia de un enriquecimiento correlativo a un empobrecimiento, puesto que la aplicación generalizada de la teoría ha comportado la omisión de requisitos especialmente relevantes, cuales son que “el desequilibrio patrimonial no tenga una causa jurídica”; que “mediante la pretensión no se eluda o soslaye una norma imperativa” y que “el actor no haya actuado en su propio interés ni haya incurrido en culpa o negligencia”(98).

2.5. El caso concreto.

La Sala revocará la sentencia apelada toda vez que, en el caso concreto, no se estructuran los presupuestos, para la prosperidad de la acción de enriquecimiento sin causa o actio in rem verso planteada, tal como se indica a continuación.

Según los medios probatorios allegados al proceso, se tiene lo siguiente:

La primera pretensión que solicita la parte actora consiste en que se declare que, “la Caja Nacional de Previsión Social EPS “Cajanal EPS”, se enriqueció sin causa legal alguna a expensas del patrimonio de la sociedad Clínica San Sebastián y Cía. Ltda., al no haberle pagado el valor de los servicios médicos de salud prestados a sus afiliados (cotizantes y beneficiarios en el municipio de Girardot (...); los estudios clínicos y paraclínicos necesarios para calificar y revisar la invalidez de los afiliados cotizantes... que Cajanal EPS, le remitió...; y los estudios clínicos y paraclínicos necesarios para calificar la invalidez de solicitantes no afiliados a Cajanal EPS, que les remitió aquella, por los valores insolutos y/o impagados a que se refieren las cuentas de cobro y/o facturas por servicios en la modalidad de “Actividad” o “Evento” que la sociedad Clínica San Sebastián y Cía. Ltda., presentó (sic) a la Caja Nacional de Previsión Social EPS “Cajanal EPS” y esta recibió los días 12 de enero de 1999; 5 de febrero de 1999; 5 de marzo de 1999; 9 de abril de 1999; 10 de mayo de 1999; 10 de junio de 1999; 9 de julio de 1999; 10 de agosto de 1999; 7 y 10 de septiembre de 1999; 6 de octubre de 1999; 8 y 10 de diciembre de 1999; 6 de enero de 2000; 8 de febrero de 2000; 6 de marzo de 2000; 3 de abril de 2000; 7 de abril de 2000; 20 de junio de 2000; 7 de diciembre de 2000; y el 2 de enero de 2001”(99).

Está probado dentro del expediente, que el 30 de septiembre de 1997, la Clínica San Sebastián y Cía. Ltda., y Cajanal EPS, suscribieron el contrato Nº 150 cuyo objeto consistía en la atención de 6.300 a 10.000 usuarios de los servicios de salud del 1º, 2º y 3er nivel del plan obligatorio de salud y que se especifica en la cláusula 1ª del contrato. El contrato en cita tenía una duración hasta el 31 de agosto de 1999, tal como consta en la cláusula 11ª(100).

También está probado que el contrato No 150 relacionado en el numeral precedente, fue prorrogado por las partes el 30 de abril de 1999, hasta el 31 de diciembre de 1999 y fue adicionado su valor(101).

Con la demanda se allegaron los siguientes documentos:

i) Originales de las cuentas de cobro números: 1824, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, especificándose en cada una de ellas el “concepto de servicios médicos hospitalarios prestados a afiliados y beneficiarios durante el mes de diciembre”, por paciente y el valor del servicio prestado, las cuales aparecen dirigidas a “Cajanal EPS” y suscritas por la subgerente administrativa y por el coordinador del departamento de cartera de la Clínica San Sebastián, señores Martha Lucía Sosa Ardila y Edison Rojas, respectivamente. Documentos que aparecen con sello de radicación en la Caja de Previsión Social - seccional Girardot - división salud - el 12 de enero de 1999(102).

ii) Originales de las cuentas de cobro números: 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1899, 1913, 1914, 1948, 1949, especificándose en cada una de ellas el “concepto de servicios médicos hospitalarios prestados a afiliados y beneficiarios durante el mes de enero”, por paciente y el valor del servicio prestado, las cuales aparecen dirigidas a “Cajanal EPS - Bogotá” y suscritas por la subgerente administrativa y por el coordinador del departamento de cartera de la Clínica San Sebastián, señores Martha Lucía Sosa Ardila y Edison Rojas, respectivamente. Documentos que aparecen con sello de radicación en la Caja de Previsión Social - seccional Girardot - división salud - el 5 de febrero de 1999(103).

iii) Originales de las cuentas de cobro números: 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 2026 y 2034, especificándose en cada una de ellas el “concepto de servicios médicos hospitalarios prestados a afiliados y beneficiarios durante el mes de febrero”, por paciente y el valor del servicio prestado, las cuales aparecen dirigidas a “Cajanal EPS - Girardot, Bogotá, Fusa, Armenia, Ibagué, Villavicencio y Cali”, respectivamente, suscritas por la subgerente administrativa y por el coordinador del departamento de cartera de la Clínica San Sebastián, señores Martha Lucía Sosa Ardila y Edison Rojas, respectivamente. Documentos que aparecen con sello de radicación en la Caja de Previsión Social - seccional Girardot - división salud - el 5 de marzo de 1999(104).

iv) Originales de las cuentas de cobro números: 2139, 2188, 2189, 2190, 2191, 2193, 2194, 2195, 2196, 2212, 2216, 2218, 2219, 2220, especificándose en cada una de ellas el “concepto de servicios médicos hospitalarios prestados a afiliados y beneficiarios durante el mes de abril”, por paciente y el valor del servicio prestado, las cuales aparecen dirigidas a “Cajanal EPS - Girardot (...), suscritas por la subgerente administrativa y por el coordinador del departamento de cartera de la Clínica San Sebastián, señores Martha Lucía Sosa Ardila y Edison Rojas, respectivamente. Documentos que aparecen con sello de radicación en la Caja de Previsión Social - seccional Girardot - división salud - el 10 de mayo de 1999(105).

v) Originales de las cuentas de cobro números: 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2266, 2267, 2285, especificándose en cada una de ellas el “concepto de servicios médicos hospitalarios prestados a afiliados y beneficiarios durante el mes de mayo”, por paciente y el valor del servicio prestado, las cuales aparecen dirigidas a “Cajanal EPS - Girardot (...), suscritas por la subgerente administrativa y por el coordinador del departamento de cartera de la Clínica San Sebastián, señores Martha Lucía Sosa Ardila y Edison Rojas, respectivamente. Documentos que aparecen con sello de radicación en la Caja de Previsión Social - seccional Girardot - división salud - el 10 de junio de 1999(106).

vi) Originales de las cuentas de cobro números: 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2334, 2366, especificándose en cada una de ellas el “concepto de servicios médicos hospitalarios prestados a afiliados y beneficiarios durante el mes de junio”, por paciente y el valor del servicio prestado, las cuales aparecen dirigidas a “Cajanal EPS - Girardot (...), suscritas por la subgerente administrativa y por el coordinador del departamento de cartera de la Clínica San Sebastián, señores Martha Lucía Sosa Ardila y Edison Rojas, respectivamente. Documentos que aparecen con sello de radicación en la Caja de Previsión Social - seccional Girardot – división salud - el 9 de julio de 1999(107).

vii) Originales de las cuentas de cobro números: 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2334, 2366, especificándose en cada una de ellas el “concepto de servicios médicos hospitalarios prestados a afiliados y beneficiarios durante el mes de junio”, por paciente y el valor del servicio prestado, las cuales aparecen dirigidas a “Cajanal EPS - Girardot (...), suscritas por la subgerente administrativa y por el coordinador del departamento de cartera de la Clínica San Sebastián, señores Martha Lucía Sosa Ardila y Edison Rojas, respectivamente. Documentos que aparecen con sello de radicación en la Caja de Previsión Social - seccional Girardot – división salud - el 9 de julio de 1999(108).

viii) Originales de las cuentas de cobro números: 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2432, especificándose en cada una de ellas el “concepto de servicios médicos hospitalarios prestados a afiliados y beneficiarios durante el mes de julio, la Nº 2432, se refiere al mes de Junio”, por paciente y el valor del servicio prestado, las cuales aparecen dirigidas a “Cajanal EPS - Girardot (...), suscritas por la subgerente administrativa y por el coordinador del departamento de cartera de la Clínica San Sebastián, señores Martha Lucía Sosa Ardila y Edison Rojas, respectivamente. Documentos que aparecen con sello de radicación en la Caja de Previsión Social - seccional Girardot - división salud - el 10 de agosto de 1999(109).

ix) Originales de las cuentas de cobro números: 2462, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2543, 2544, especificándose en cada una de ellas el “concepto de servicios médicos hospitalarios prestados a afiliados y beneficiarios la primera durante los meses de febrero-marzo y las restantes durante el mes de agosto, por paciente y el valor del servicio prestado, las cuales aparecen dirigidas a “Cajanal EPS - Girardot (...), suscritas por la subgerente administrativa y por el coordinador del departamento de cartera de la Clínica San Sebastián, señores Martha Lucía Sosa Ardila y Edison Rojas, respectivamente. Documentos que aparecen con sello de radicación en la Caja de Previsión Social - seccional Girardot - división salud - el 7 y 10 de septiembre de 1999(110).

x) Originales de las cuentas de cobro números: 2612, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2624, especificándose en cada una de ellas el “concepto de servicios médicos hospitalarios prestados a afiliados y beneficiarios durante el mes de septiembre, por paciente y el valor del servicio prestado, las cuales aparecen dirigidas a “Cajanal EPS - Girardot (...), suscritas por la subgerente administrativa y por el coordinador del departamento de cartera de la Clínica San Sebastián, señores Martha Lucía Sosa Ardila y Edison Rojas, respectivamente. Documentos que aparecen con sello de radicación en la Caja de Previsión Social - seccional Girardot - división salud - el 6 de octubre de 1999(111).

xi) Originales de las cuentas de cobro números: 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2713, 2714, 2624, especificándose en cada una de ellas el “concepto de servicios médicos hospitalarios prestados a afiliados y beneficiarios durante el mes de octubre, por paciente y el valor del servicio prestado, las cuales aparecen dirigidas a “Cajanal EPS - Girardot (...), suscritas por la subgerente administrativa y por el coordinador del departamento de cartera de la Clínica San Sebastián, señores Martha Lucía Sosa Ardila y Edison Rojas, respectivamente. Documentos que aparecen con sello de radicación en la Caja de Previsión Social - seccional Girardot - división salud - el 8 de noviembre de 1999(112).

xii) Originales de las cuentas de cobro números: 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2808, 2809, especificándose en cada una de ellas el “concepto de servicios médicos hospitalarios prestados a afiliados y beneficiarios durante los meses de noviembre, agosto, octubre por paciente y el valor del servicio prestado, las cuales aparecen dirigidas a “Cajanal EPS - Girardot (...), suscritas por la subgerente administrativa y por el coordinador del departamento de cartera de la Clínica San Sebastián, señores Martha Lucía Sosa Ardila y Edison Rojas, respectivamente. Documentos que aparecen con sello de radicación en la Caja de Previsión Social - seccional Girardot - división salud - el 6 de diciembre de 1999(113).

xiii) Originales de las cuentas de cobro números: 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2752, 2753, 2754, 2755, especificándose en cada una de ellas el “concepto de servicios médicos hospitalarios prestados a afiliados y beneficiarios durante los meses de noviembre, diciembre de 1998, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio de 1999, por paciente y el valor del servicio prestado, las cuales aparecen dirigidas a “Cajanal EPS - Girardot A.C, y Bogotá, respectivamente, suscritas por la subgerente administrativa y por el coordinador del departamento de cartera de la Clínica San Sebastián, señores Martha Lucía Sosa Ardila y Edison Rojas, respectivamente. Documentos que aparecen con sello de radicación en la Caja de Previsión Social - seccional Girardot - división salud - el 23 de noviembre de 1999(114).

xiv) Originales de las cuentas de cobro números: 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2875, 2886, 2887, 2888, especificándose en cada una de ellas el “concepto de servicios médicos hospitalarios prestados a afiliados y beneficiarios durante los meses de diciembre y octubre de 1999, por paciente y el valor del servicio prestado, las cuales aparecen dirigidas a “Cajanal EPS - Girardot, suscritas por la subgerente administrativa y por el coordinador del departamento de cartera de la Clínica San Sebastián, señores Martha Lucía Sosa Ardila y Edison Rojas, respectivamente. Documentos que aparecen con sello de radicación en la Caja de Previsión Social - seccional Girardot - división salud - el 6 de enero de 2000(115).

xv) Originales de las cuentas de cobro números: 2953, 2954, 2955, 2956, 2958, 2962, 2979, especificándose en cada una de ellas el “concepto de servicios médicos hospitalarios prestados a afiliados y beneficiarios durante los meses de diciembre/99 y enero/00, por paciente y el valor del servicio prestado, las cuales aparecen dirigidas a “Cajanal EPS - Girardot, suscritas por la subgerente administrativa y por el coordinador del departamento de cartera de la Clínica San Sebastián, señores Martha Lucía Sosa Ardila y Edison Rojas, respectivamente. Documentos que aparecen con sello de radicación en la Caja de Previsión Social - seccional Girardot - división salud - el 2 de febrero de 2000(116).

xvi) Original de la cuenta de cobro número: 3050, especificándose en ella el “concepto de servicios médicos hospitalarios prestados a afiliados y beneficiarios durante el mes de “diciembre”, por paciente y el valor del servicio prestado, la cual aparece dirigida a “Cajanal EPS - Girardot, suscritas por la subgerente administrativa y por el coordinador del departamento de cartera de la Clínica San Sebastián, señores Martha Lucía Sosa Ardila y Edison Rojas, respectivamente. Documentos que aparecen con sello de radicación en la Caja de Previsión Social - seccional Girardot - división salud - el 6 de marzo de 2000(117).

xvii) Original de las cuentas de cobro números: 3139, 3141, 3142, indicándose en cada una de ellas que “adjunto a la presente anexamos facturación por concepto de reradicación servicios médicos hospitalarios prestados a afiliados y beneficiarios” e durante (sic) los meses de agosto, septiembre y octubre de 1999, por paciente y el valor del servicio prestado, las cuales aparecen dirigidas a “Cajanal EPS - Girardot, suscritas por la subgerente administrativa y por el coordinador del departamento de cartera de la Clínica San Sebastián, señores Martha Lucía Sosa Ardila y Edison Rojas, respectivamente. Documentos que aparecen con sello de recibido de 3 de abril/2000, —sin indicarse la entidad que recibe—(118).

xviii) Original de la cuenta de cobro número: 3342 indicándose en ella que “adjunto anexamos facturación por concepto de reradicación servicios médicos prestados a afiliados y beneficiarios” durante el mes de enero - septiembre - noviembre - diciembre de 1999, la cual aparece dirigida a “Cajanal EPS - Girardot, suscritas por la subgerente administrativa y por el coordinador del departamento de cartera de la Clínica San Sebastián, señores Martha Lucía Sosa Ardila y Edison Rojas, respectivamente. Documentos que aparecen con sello de recibido de 20 de junio de 2000.

xix) Original de la cuenta de cobro número 3877 (Factura Nº 66717) por valor de $ 5´891.256. 3844, indicándose en ella que “adjunto anexamos facturación por concepto de servicios médicos prestados a afiliados y beneficiarios” durante el mes de noviembre, la cual aparece dirigidas a “Cajanal EPS - Girardot, suscritas por la subgerente administrativa y por el coordinador del departamento de cartera de la Clínica San Sebastián, señores Martha Lucía Sosa Ardila y Edison Rojas, respectivamente. Documentos que aparecen con sello de recibido de 7 de diciembre/2000.

Obsérvese como, las cuentas de cobro, visibles a folios 255 a 270 del cuaderno Nº 7, las cuales aparecen remitidas a Cajanal EPS, el día 15 de enero de 2000, por el coordinador de cartera de la Clínica San Sebastián y Cía. Ltda., todas y cada una de ellas se refieren a servicios prestados durante los meses de julio, octubre, noviembre y diciembre de 1999, fecha durante las cuales se encontraba en vigencia y ejecución el contrato Nº 150 de 1997. —Resalta la Sala—.

Igualmente las cuentas de cobro, visibles a folios 271 a 279 del cuaderno Nº 7, las cuales aparecen remitidas a Cajanal EPS, el día 15 de febrero de 2000, por el coordinador de cartera de la Clínica San Sebastián y Cía. Ltda., todas y cada una de ellas se refieren a servicios prestados durante los meses de noviembre y diciembre de 1999. A excepción de las facturas contenidas en la cuenta de cobro 2979, la cual se refiere a servicios prestados por alto costo en el mes de enero de 2000. Sin embargo, si se lee con detenimiento la citada cuenta de cobro visible a folio 279 del cuaderno Nº 7, se tiene que las facturas números 54335 de fecha 1º de enero; la 55066 de fecha 20 de enero y la Nº 55040 de 7 de enero de 2000, todas aparecen como devueltas y el valor de las mismas, el cual asciende a la suma de $ 9.669.212, es descontado del valor total de la factura, por la parte actora, la cual queda con un monto total de $ 57´537.689, que es una de las sumas que cobra el actor en la demanda y que fue aceptada por la sentencia de 1era instancia. —Resalta la Sala—.

Lo mismo acontece con la cuenta de cobro visible a folio 281 del cuaderno Nº 7, que relaciona las facturas 55174 y 55926, las cuales aparecen remitidas y radicadas en Cajanal EPS, el día 6 de marzo de 2000, por la subgerente administrativa de la Clínica San Sebastián, aquellas se refieren a servicios médicos prestados durante el mes de diciembre de 1999, fecha durante la cual se encontraba en vigencia y ejecución el contrato Nº 150 de 1997. —Resalta la Sala—.

De la misma manera ocurre con las cuentas de cobro, visibles a folio 281 del cuaderno Nº 7, las cuales aparecen remitidas y radicadas en Cajanal EPS, el día 3 de abril de 2000, por la subgerente administrativa de la Clínica San Sebastián, aquellas se refieren a reradicación de facturas por servicios médicos prestados durante los meses de marzo, julio, agosto, septiembre y octubre de 1999, fechas durante las cuales se encontraba en vigencia y ejecución el contrato Nº 150 de 1997 de diciembre de 1999.

Así mismo la cuenta de cobro, visible a folio 294 del cuaderno Nº 7, la cual aparece remitida y radicada en Cajanal EPS, el día 20 de enero de 2000, por la subgerente administrativa de la Clínica San Sebastián y el coordinador de cartera, aquellas se refieren a reradicación de facturas por servicios médicos prestados durante los meses de enero - septiembre - noviembre y diciembre de 1999, fechas durante las cuales se encontraba en vigencia y ejecución el contrato Nº 150 de 1997 de diciembre de 1999.

Finalmente la cuenta de cobro, visible a folio 294 del cuaderno Nº 7, la cual aparece remitida y radicada en Cajanal EPS, el día 20 de enero de 2000, por la subgerente administrativa de la Clínica San Sebastián y el coordinador de cartera, aquellas se refieren a reradicación de facturas por servicios médicos prestados durante los meses de enero - septiembre - noviembre y diciembre de 1999, fechas durante las cuales se encontraba en vigencia y ejecución el contrato Nº 150 de 1997 de diciembre de 1999.

Lo anterior está demostrando que no es cierto lo afirmado por la parte actora, cuando dice que “...vencido y/o finalizado el término de vigencia del contrato estatal Nº 150 del 30 de septiembre de 1997 y su adición Nº 1º el 31 de diciembre de 1999, y agotada su cuantía y valor presupuestal reservado y registrado Cajanal EPS, continuó remitiendo sus afiliados para la prestación de los servicios médicos a la sociedad Clínica San Sebastián y Cía. Ltda. y esta los continuó atendiendo, por la modalidad de “Actividad” o “Evento”, prestando efectivamente los servicios”.

De la misma manera el material probatorio antes analizado y existente en el proceso, desvirtúan sin lugar a equívocos, la posición adoptada por el a quo en la sentencia de primera instancia, cuando de manera contundente dijo que “Se encuentra probado que la Clínica San Sebastián y Cía. Ltda., prestó servicios médicos asistenciales a los afiliados de Cajanal desde el mes de diciembre de 1998 hasta el mes de noviembre de 2000.

Para la Sala, tampoco es acertada la conclusión a que llega el juzgador de instancia, cuando en uno de los apartes de la sentencia dice que: “...Obran en el expediente las facturas presuntamente radicadas los días 5 de febrero de 1999; 5 de marzo de 1999; 9 de abril de 1999; 10 de mayo de 1999; 10 de junio de 1999; 9 de julio de 1999; 10 de agosto de 1999; 7 y 10 de septiembre de 1999; 23 de noviembre de 1999; 6 de enero de 2000; 8 de febrero de 2000; 6 de marzo de 2000; 3 de abril de 2000; 7 de abril de 2000; 20 de junio de 2000; 7 de diciembre de 2000; y el 2 de enero de 2001, por un valor de mil treinta y seis millones setecientos veinte mil seiscientos sesenta y siete pesos ($ 1.036.720.667); frente a las cuales, la entidad nunca las tacho (sic) de falsas, por lo tanto, la Sala encuentra que si bien las facturas no tienen sello de radicación, la entidad tuvo la oportunidad de conocerlas y de controvertirlas, pero en ningún momento las desconoció...”. —Resalta la Sala—.

Al igual que no tampoco es cierto, cuando dice el a quo que “La Sala observa que pese a que el contrato Nº 150 ya había terminado, la Clínica San Sebastián, continuó prestando sus servicios a los usuarios de Cajanal, como consecuencia de la celebración de ese contrato, por lo tanto, y de conformidad con las mencionadas facturas, existe certeza en cuanto a la efectiva prestación de los servicios según las facturas emitidas por la actora, por lo que se considera probado que la entidad pública recibió a satisfacción las prestaciones derivadas del objeto contractual.

Tanto las afirmaciones de la parte actora, como las que hace el juzgador de primera instancia, son desvirtuadas por las pruebas que hemos discriminado y detallado una por una en los literales antes relacionados.

Antes por el contrario, lo que demuestran las facturas en comento, las cuales pretende cobrar el demandante en este proceso, es que los servicios médicos de salud que prestó la sociedad Clínica San Sebastián y Cía. Ltda., a Cajanal EPS, y que dieron origen a las citadas facturas, tuvieron ocurrencia durante el término de vigencia y ejecución inicial del contrato Nº 150 de 1997 y otros durante el período de prórroga del mismo. —Resalta la Sala—.

Se sabe que uno de los requisitos para que se configure el enriquecimiento sin causa, es el i) enriquecimiento de la entidad y el correlativo empobrecimiento del particular La Sala considera que en este caso, no puede hablarse que el enriquecimiento de Cajanal y el correlativo empobrecimiento de la sociedad Clínica San Sebastián y Cía. Ltda.; o el desequilibrio económico entre los dos patrimonios, se haya producido sin causa jurídica, porque está probado dentro del expediente, que el posible desplazamiento patrimonial que reclama la sociedad demandante, tuvo como causa o fuente obligacional el contrato Nº 150 de 1997.

El otro presupuesto axiológico para la prosperidad de la acción de enriquecimiento sin causa, es que el ii) demandante carezca de otra acción procedente para reparar el empobrecimiento.

Para la Sala es evidente que este otro requisito tampoco se cumple, toda vez que, como se explicó anteriormente, la acción que procedería para reparar los daños derivados de la inejecución de prestaciones contractuales es precisamente la de controversias contractuales y no la actio in rem verso.

Finalmente otros de los requisitos que se exige para la configuración del enriquecimiento sin causa, es iii) que no se pretenda soslayar una disposición imperativa de la ley. Se reitera lo dicho por la jurisprudencia de la Sección Tercera, que aplicar la teoría del enriquecimiento sin causa bajo los supuestos que las facturas de cobro, dejaron de pagarse por parte de Cajanal, por agotamiento del valor de la reserva y apropiación presupuestal del contrato Nº 150 de 1997, lo anterior conllevaría a evadir el cumplimiento de normas imperativas(119), pues al considerar que el contratista tiene derecho a que se le pague el valor total de los servicios médicos de salud ejecutados una vez “finalizado el término de vigencia del contrato estatal Nº 150 del 30 de septiembre de 1997 y su adición y agotada su cuantía y valor presupuestal reservado y registrado”(120), se omitiría el cumplimiento del artículo 41 de la Ley 80 de 1993(121), que condiciona la ejecución del contrato a la aprobación de las garantías y al registro presupuestal.

No le asiste razón al a quo al afirmar que, pese a que el contrato Nº 150 ya había terminado, la Clínica San Sebastián, continuó prestando sus servicios a los usuarios de Cajanal, como consecuencia de la celebración de ese contrato (...). Por lo tanto, se concluye que la demandada no ha pagado por la prestación de los servicios médicos asistenciales, sin que mediara un contrato estatal y, por ende, será condenada al pago de los mismos”(122); porque tal como lo hemos venido anotando a lo largo de esta exposición, si se leen con detenimiento todas y cada una de las facturas que relaciona el juzgador de instancia en las paginas 187 vto. y 188 de la sentencia, al rompe se observa que todas, sin excepción, se refieren a servicios médicos de salud prestados por la sociedad demandante a Cajanal, durante el término de vigencia y de ejecución inicial o de prórroga del contrato, el cual tenía duración inicial hasta el 31 de agosto de 1999, según la cláusula 11(123) y el 30 de abril del mismo año, las partes prorrogaron el contrato hasta el 31 de diciembre de 1999 y adicionaron su valor(124).

Para demostrar lo anterior, basta examinar las cuentas de cobro, visibles a folios 271 a 279 del cuaderno Nº 7, las cuales aparecen remitidas a Cajanal EPS, el día 15 de febrero de 2000, por el coordinador de cartera de la Clínica San Sebastián y Cía. Ltda., todas y cada una de ellas se refieren a servicios prestados durante los meses de noviembre y diciembre de 1999. A excepción de las facturas contenidas en la cuenta de cobro 2979, la cual se refieren a servicios prestados por alto costo en el mes de enero de 2000. Sin embargo si se lee con detenimiento la citada cuenta de cobro visible a folio 279 del cuaderno Nº 7, se tiene que las facturas números 54335 de fecha 1º de enero; la 55066 de fecha 20 de enero y la Nº 55040 de 7 de enero de 2000, todas aparecen como devueltas y el valor de las mismas, el cual asciende a la suma de $ 9.669.212, es descontado del valor total de la factura, por la parte actora, la cual queda con un monto total de $ 57´537.689, que es una de las sumas que cobra el actor en la demanda y que fue reconocida en la sentencia de primera instancia. —Resalta la Sala—.

En este orden de ideas fuerza concluir, que en este caso no se acreditan los presupuestos para la procedencia de la actio de in rem verso, y no se configuran los elementos de la teoría del enriquecimiento sin causa, para su prosperidad.

Sin embargo para la Sala es necesario, tal como se dijo en otro aparte de esta sentencia, aplicar en este caso el principio “iura novit curia”, el cual faculta al juzgador para interpretar si la acción es o no de naturaleza contractual, respetando la causa petendi, con el fin de que la inadecuada escogencia de la acción por parte del actor no constituya impedimento para emitir un fallo de fondo, estudiando o adecuando al asunto la acción que se debió escoger. Es decir, estudiando este asunto desde la óptica de la acción contractual.

Asumir una posición contraria por parte de la Sala, sería rendirle un culto injustificado a la forma por la simple forma, con desconocimiento del principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial consagrado en el artículo 288 superior, en virtud del cual el juzgador está en el deber de interpretar la demanda, establecer la materia del litigio, con prescindencia de la forma.

El conjunto de estas circunstancias evidencia que la acción que fue incoada, (acción de enriquecimiento sin causa o actio in rem verso), escogida por la parte actora y como lo entendió el a quo, realmente no correspondía a las características que identifican a dicha acción, ni las pretensiones tenían como finalidad la solución de controversias suscitadas en relación con un contrato estatal concebido en los términos establecidos por el estatuto contractual.

En este orden de ideas, no hay duda para la Sala que la acción ejercitada por el actor debió ser la acción contractual, en tanto que no es posible discutir, por vía de la acción in rem verso, el reconocimiento económico causado por la ejecución de una prestación, cuando está de por medio un contrato, es decir, cuando su fuente es contractual, por lo que se acometerá su estudio.

La acción de controversias contractuales está regulada por el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, norma que para la época en que ocurrieron los hechos y se presentó la demanda consagraba lo siguiente:

“De las controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato administrativo o privado con cláusula de caducidad podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenaciones o restituciones consecuenciales; que se ordene su revisión; que se declare su incumplimiento y que se condene al contratante responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenaciones. (...)”.

Mediante la acción de controversias contractuales prevista por el citado artículo 87, es posible controvertir todas aquellas diferencias que se susciten entre la entidad pública contratante y el particular contratista referidas a: i) La existencia o inexistencia del contrato; ii) La validez del negocio jurídico o de alguna de sus cláusulas cuandoquiera que se encuentre viciado de nulidad absoluta o relativa; iii) La revisión económica encaminada a determinar si se presentó desequilibrio en las condiciones que fueron previstas al momento de contratar o de presentar oferta; iv) El incumplimiento en el evento de que las partes de la relación negocial incurran en conductas que configuren el desconocimiento de las prestaciones a su cargo o el cumplimiento tardío de las mismas; v) La condena al pago de perjuicios para la parte responsable del daño y vi) Otras declaraciones y condenas que necesariamente deben estar relacionas con el contrato celebrado, dada la naturaleza de la acción.

Tal como se enfocó la demanda en el caso sub lite, las pretensiones y condenas no tenían como finalidad resolver diferencias surgidas entre la entidad pública contratante y el particular contratista, con ocasión de la presunta celebración de un contrato celebrado entre ellas, o por lo menos, encaminadas a establecer la existencia misma de la relación contractual, lo que hace más complejo el estudio de la misma.

Sin embargo del contexto de la demanda, de la interpretación de la misma, el tema a dilucidar lo podríamos analizar desde el punto de vista del incumplimiento del contrato, a fin de establecer si las partes en desarrollo de la relación negocial incurrieron en conductas que configuren el desconocimiento de las prestaciones a su cargo o el cumplimiento tardío de las mismas.

Veamos: está probado hasta la saciedad que la Caja Nacional de Previsión Social EPS “Cajanal EPS”, suscribió con la sociedad Clínica San Sebastián y Cía. Ltda. el contrato de “Prestación de servicios de salud” Nº 150 del 30 de septiembre de 1997, con una duración desde su perfeccionamiento hasta el 31 de agosto de 1999, prorrogable antes de su vencimiento a voluntad de las partes, para que esta prestara servicios a seis mil trescientos (6.300) hasta diez mil (10.000) usuarios los servicios de salud del primero, segundo y tercer nivel del plan obligatorio de salud POS, incluyendo medicamentos del POS y fuera del POS, a las personas acreditadas e identificadas como afiliados (cotizantes y beneficiarios) de Cajanal EPS del municipio de Girardot y su área de influencia de los municipios de (...), con los recursos humanos, físicos, y tecnológicos, de su institución suficientes para mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda; los estudios clínicos y para clínicos necesarios para calificar y revisar la invalidez de los afiliados cotizantes (trabajadores activos y pensionados por invalidez) que Cajanal EPS le remitiera; y los estudios clínicos y para clínicos necesarios para calificar la invalidez de solicitantes no afiliados a Cajanal EPS, que esta le remitiera”.

Que el contrato Nº 150 del 30 de septiembre de 1997 fue adicionado por el Nº 1 del 30 de abril de 1999, prorrogándose su ejecución hasta el día 31 de diciembre de 1999, y adicionando su valor en la suma de trescientos treinta y dos millones de pesos ($ 332.000.000) moneda corriente, para continuar prestando los servicios contratados y adicionalmente los servicios quirúrgicos-hospitalarios del II, III y IV niveles del plan obligatorio de salud POS”.

Posteriormente fue adicionado por segunda vez el contrato 150 de 1997 con la disponibilidad presupuestal Nº 1254 del 20 de septiembre de 1999 por la suma de ciento ochenta y nueve millones cuatrocientos cincuenta mil pesos ($ 189.450.000) moneda corriente”.

El sustento central de las pretensiones de el actor, las hace consistir en que la Caja Nacional de Previsión Social EPS “Cajanal EPS, no le ha cancelado a la sociedad Clínica San Sebastián y Cía. Ltda., el valor de los servicios médicos de salud prestados a sus afiliados (cotizantes y beneficiarios) en el municipio de Girardot, departamento de Cundinamarca, y su área de influencia, del primero, segundo, tercer y IV niveles completos del plan obligatorio de salud POS, incluido el suministro de medicamentos del POS y fuera del POS que se requerían para los mismos niveles; el segundo y tercer nivel ambulatorio del POS y del IV nivel a los afiliados que le remitió de los municipios de (...); los estudios clínicos para clínicos (sic) necesarias para calificar y revisar la invalidez de solicitantes no afiliados a Cajanal EPS que le remitió aquella, por los valores insolutos y/o impagados a que se refieren las cuentas de cobro y/o facturas por servicios en la modalidad de “Actividad” o “Evento” que la sociedad Clínica San Sebastián y Cía. Ltda. prestó a la Caja Nacional de Previsión Social EPS “Cajanal EPS” y esta recibió los días 12 de enero de 1999; 5 de febrero de 1999; 5 de marzo de 1999; 9 de abril de 1999; 10 de mayo de 1999; 10 de junio de 1999; 10 de agosto de 1999; 7 y 10 de septiembre de 1999; 6 de octubre de 1999; 8 y 10 de diciembre de 1999; 6 de diciembre de 1999; 23 de noviembre de 1999; 6 de enero de 2000; 8 de febrero de 2000; 6 de marzo de 2000; 3 de abril de 2000; 7 de abril de 2000; 20 de junio de 2000; 7 de diciembre de 2000; y el 2 de enero de 2001; valor insoluto que asciende a la suma de mil un millones doscientos un mil ochocientos setenta y cuatro pesos ($ 1.001.201.874).

Por mandato del artículo 1757 del Código Civil, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta.

En materia probatoria, las cargas impuestas a las partes enfrentadas en un litigio obedecen a principios como la eficacia de la prueba, su neutralidad o la posibilidad de contradicción. La doctrina del onus probandi ha tenido un extenso desarrollo desde su postulación inicial. Bajo estos supuestos funciona también la técnica de las presunciones legales que permiten al juez deducir la existencia de los supuestos de hecho a partir de otros hechos debidamente demostrados en el proceso (CPC, art. 176), con el fin de establecer la veracidad o no de lo afirmado por las partes.

Las reglas y principios jurídicos que regulan la actividad probatoria —entre ellos los principios de la carga de la prueba— delimitan la forma válida para incorporar los hechos al proceso y de controvertir su valor para definir su incidencia en la decisión judicial.

El sistema de cargas procesales obedece a la racionalidad de las reglas y principios de la actividad probatoria y a la crítica del juicio normativo por el cual se adjudican efectos jurídicos a los hechos debidamente demostrados en el proceso.

Dentro de las cargas procesales fijadas por ley a las partes se encuentra la institución de la carga de la prueba. Esta incumbe a quien tiene interés en los efectos jurídicos de las normas que regulan los supuestos de hecho afirmados o negados (CPC, art. 177). La finalidad última de la actividad probatoria es lograr que el juez se forme una convicción sobre los hechos, por lo que el deber de aportar regular y oportunamente las pruebas al proceso, está en cabeza de la parte interesada en obtener una decisión favorable.

Las cargas procesales no implican una sanción para la persona que las soporta. Los efectos de su incumplimiento acarrean riesgos que pueden concretarse en una decisión adversa.

Luego de una prolongada evolución, las reglas de la carga de la prueba en materia civil han decantado hasta el punto que es posible resumir su doctrina en tres principios jurídicos fundamentales: “onus probandi incumbit actori”, al demandante le corresponde probar los hechos en que funda su acción; “reus, in excipiendo, fit actor”, el demandado, cuando excepciona, funge de actor y debe probar los hechos en que funda su defensa; y, “actore non probante, reus absolvitur”, según el cual el demandado debe ser absuelto de los cargos si el demandante no logra probar los hechos fundamento de su acción.

Los anteriores principios están recogidos en la legislación sustancial (C.C., art. 1757) y procesal civil colombiana (CPC, art. 177) y responden principalmente a la exigencia para la persona que afirma algo de justificar lo afirmado con el fin de persuadir a otros sobre su verdad.

Las reglas generales de la carga de la prueba admiten excepciones si se trata de hechos indefinidos o si el hecho objeto de prueba está respaldado por presunciones legales o de derecho.

En el primer evento, se trata de aquellos hechos que por su carácter fáctico ilimitado hacen imposible su prueba para la parte que los aduce. Las negaciones o afirmaciones indefinidas no envuelven proposiciones que puedan ser determinadas por circunstancias de tiempo, modo o lugar. La imposibilidad lógica de probar un evento o suceso indefinido —bien sea positivo o negativo— radica en que no habría límites a la materia o tema a demostrar. Ello no sucede cuando se trata de negaciones que implican una o varias afirmaciones contrarias, de cuya probanza no está eximida la parte que las aduce. A este respecto establece el inciso 2º del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil: “Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.

La dispensa de la prueba opera igualmente por la existencia de presunciones legales o de derecho, aunque de forma relativa. A la persona o sujeto procesal favorecido por la presunción solo le basta demostrar el hecho conocido que hace creíble el hecho principal y desconocido, de cuya prueba está exento. Corrientemente la presunción conlleva el desplazamiento de la carga de la prueba a la parte contraria, salvo cuando se trata de las presunciones iuris et de iure, que no admiten prueba en contrario.

En este caso le asiste razón al a quo, cuando dijo que “finalmente, en cuanto a la posición de la demandante en cuanto a que no ha recibido el pago de dichos servicios, ella constituye una negación indefinida y, por ende, está exenta de prueba de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. Ello implica que la entidad demandada tenía la carga de desvirtuar dicha afirmación, lo que no aconteció en el sub lite, toda vez que no adujo en su defensa ni demostró haber realizado el pago de los servicios cuyo valor reclama el demandante”.

“Por lo anterior, es claro para la Sala que si la entidad hubiera pagado las sumas reclamadas por la actora, así lo habría señalado en la oportunidad procesal pertinente. Por lo tanto, se concluye que la demandada no ha pagado por la prestación de los servicios médicos asistenciales, sin que mediara un contrato estatal y, por ende, será condenada al pago de los mismos”.

No admite discusión para la Sala, la tesis que cuando se alega como causal de terminación del contrato, el no de pago de ciertas prestaciones por parte del contratante obligado a ello, aspecto que en este asunto es invocada por el demandante para exigir el incumplimiento del contrato y consecuencialmente el pago de la prestación que se le adeuda, lo anterior coloca al demandante ante la imposibilidad de demostrar un hecho indefinido: el no pago. No es lógico aplicar a este evento el principio general del derecho probatorio según el cual “incumbe al actor probar los hechos en los que basa su pretensión”. Si ello fuera así, el demandante se vería ante la necesidad de probar que Cajanal S.A. EPS, en liquidación, no le ha pagado en ningún momento, en ningún lugar y bajo ninguna modalidad, lo cual resultaría imposible dada las infinitas posibilidades en que pudo verificarse el pago. Precisamente por la calidad indefinida de la negación —no pago—, es que opera, por virtud de la ley, la inversión de la carga de la prueba. Al demandado, en este caso Cajanal le corresponde entonces desvirtuar la causal invocada por el demandante, ya que para ello le bastará con la simple presentación de los recibos o consignaciones correspondientes o cualquier otra justificación válida exigidas como requisito procesal para desvirtuar el no pago.

2.5.1. Los pagos o glosas efectuados por la entidad pública demandada.

Entre el material probatorio aportado al plenario, se destacan los documentos que adjuntó la parte demandada, el 4 de mayo de 2007(125), así: 1) Copia auténtica de la Resolución 803 del 7 de noviembre de 2006(126), por medio de la cual el Liquidador de Cajanal S.A. EPS, resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Clínica San Sebastián y Cía. Ltda, contra las resoluciones 291 del 8 de noviembre de 2005 y 300 del 15 de noviembre de 2005, expedidas dentro del proceso de liquidación que se adelanta contra aquella, con los siguientes anexos: i) Nº 11 contentivo del documento auditado por la “Unión Temporal de Auditoría Médica, UTAM Cajanal”, denominado: acreedores asistenciales individualizados –Informe valor total reconocido auditoria recursos de reposición Resolución 291 y 300 de 2005, donde aparece como datos del reclamante la Clínica San Sebastián y se consignan el número de las facturas objeto y no objeto del recurso de reposición(127); ii) Anexo 12 el cual contiene el documento auditado por la “Unión Temporal de Auditoría Médica, UTAM Cajanal”, denominado: acreedores asistenciales individualizados – informe determinación de valores a reconocer por validación de recursos de reposición, donde aparece como datos del reclamante la Clínica San Sebastián y se consignan los siguientes datos: 2. Valor reclamación por factura, Nº factura, valor factura, valor glosa jurídica, pagos, valor glosa contable, transferencia, anticipos, retenciones, valor glosa médica y otros datos(128); iii) Anexo 14 el cual contiene el documento auditado por la “Unión Temporal de Auditoría Médica, UTAM Cajanal”, denominado: acreedores asistenciales individualizados – informe facturas incluidas en providencias judiciales y acuerdos de pago, donde aparece como datos del reclamante la Clínica San Sebastián y Cía. Ltda. y se consignan los siguientes datos: 2. Valor reclamación por providencias judiciales y acuerdos de pago; 3. Facturas incluidas en providencias judiciales y acuerdos de pago, Nº factura, valor factura, valor glosa jurídica, pagos, valor glosa contable, transferencia, anticipos, retenciones, valor glosa médica y otros datos(129); iii) Anexo 8, el cual contiene el documento auditado por la “Unión Temporal de Auditoría Médica, UTAM Cajanal”, denominado: reclamaciones oportunas - informe general auditoria integral - valor reconocido acreedores asistenciales individualizados, donde aparece como datos del reclamante la Clínica San Sebastián y Cía. Ltda. y se consignan los siguientes datos: 2. Valor reclamación por factura; Nº cuenta de cobro, Nº factura, valor factura, valor glosa jurídica, pagos, valor glosa contable, transferencia, anticipos, retenciones, valor glosa médica y valor a reconocer(130).

Los anteriores documentos están acreditando que la Clínica San Sebastián y Cía. Ltda., pese a que estaba adelantando este proceso, paralelamente acudió al trámite del proceso liquidatorio que se adelantaba contra Cajanal, con el objeto de solicitar el pago de las facturas que aparecen especificadas en los citados anexos; facturas que coinciden con las que se pretenden cobrar dentro del proceso que hoy ocupa la atención de la Sala, facturas que se dejaron de pagar por parte de Cajanal, dentro del trámite liquidatorio, no por qué se hubiese ejecutado el valor total del contrato Nº 150 de 1997 y sus adicionales o por qué se hubiese producido el agotamiento del valor de la reserva y apropiación presupuestal del mismo, tal como lo afirmó el actor y lo acepta el a quo, sino que aquellas dejaron de pagarse por otras causas jurídicas, tales como glosas jurídicas, contables o médicas efectuadas por la entidad demandada a las cuentas de cobro presentadas.

A título de ejemplo traemos a colación la cuenta de cobro número 1868, integrada por las facturas de cobro números: i) 37809 por valor de $ 42.468; ii) 38576 por valor de $ 845.5410; iii) 37970 por valor de $ 55.118, allegadas con la demanda; facturas que son idénticas a las que se especifican y relacionan en los anexos números 8, 11(131); 12(132) y 14(133) del proceso liquidatorio(134), y dentro del cual la entidad demanda les formuló algunas glosas, aspecto que se repite con las demás cuentas de cobro cuyo pago se persiguen con este asunto.

La Sala considera, que en aras de la seguridad jurídica y la lealtad procesal que debe reinar dentro del trámite de los procesos judiciales, debe darle plena eficacia probatoria, al material probatorio relacionado en los incisos precedentes, documentos a los cuales se les debe dar el mérito y el valor de una verdadera prueba trasladada, que es aquella que habiendo sido recibida en un proceso puede apreciarse en otro por reunir los requisitos de validez que le son propios y, además por haberse practicado a petición de parte contra la cual se aducen o con su intervención, en este caso la Clínica San Sebastián.

El artículo 185 del Código de Procedimiento Civil señala que las pruebas practicadas válidamente en un proceso (en este caso dentro del proceso liquidatorio adelantado contra Cajanal S.A. EPS en Liquidación), podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quienes aducen o con audiencia de ella.

Es así, como por auto fechado 15 de noviembre de 2006, el tribunal de instancia, ordena “oficiar a Cajanal en Liquidación, para que se sirva certificar (...), si dentro de los valores cancelados al contratista, según lo anotado en el Oficio DAF-537 del 16 de julio de 2002 (fl. 327, cdno. 2), se encuentran las cuentas de cobro relacionadas en la demanda en los numerales 6.1 a 6.19(135).

A través de Oficio OJUR 2612, fechado en Bogotá, el 14 de diciembre de 2006, suscrito por la doctora Magdalena Sabogal de Urrego, en su condición de abogada área jurídica de Cajanal EPS y dirigido al doctor Luis Alberto López Alfonso, secretario del Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera, le comunica lo siguiente:

“(...)”.

“En atención al oficio citado en la referencia, me permito remitir original del Oficio TES. 551-2006 en el cual se adjunta relación de pagos efectuados a la Clínica San Sebastián y Cía. Ltda. (...)”(136).

De conformidad con lo anterior el a quo consideró que la respuesta dada en el oficio relacionado en el inciso precedente “es insuficiente para determinar lo pretendido por la prueba de oficio...” y ordena por auto fechado 18 de abril de 2007(137), requerir nuevamente a Cajanal en Liquidación, para que se sirva “certificar... si dentro de los valores cancelados al contratista, según lo anotado en el Oficio DAF - 537 del 16 de julio de 2002(138) (se encuentran las cuentas de cobro relacionadas en la demanda en los numerales 6.1 a 6.19)(139).

En respuesta al requerimiento anterior, la apoderada de la entidad demandada, en escrito presentado el 4 de mayo de 2007(140), manifiesta que, “me permito anexar, para que sea tenido como prueba, copia de la Resolución 1018 de diciembre 29 de 2006 que resolvió el recurso de reposición interpuesto por la Clínica San Sebastián, con todos sus anexos. Resolución 803 de noviembre 7 de 2006 que resuelve recurso de reposición interpuesto por la Clínica San Sebastián, con sus respectivos anexos, carpeta contable que relaciona el resultado de auditoría practicado a las facturas presentadas por la Clínica San Sebastián(141).

Se precisa que los anexos que se adjuntan con el memorial presentado el 4 de mayo de 2007, por la parte demandada, conforman el cuaderno de pruebas trasladadas Nº 6.

No hay duda que en el presente caso, las pruebas trasladadas allegadas a este proceso, provenientes del proceso liquidatorio seguido contra Cajanal S.A. EPS en liquidación y en donde acudió la Clínica San Sebastián Ltda., con el objeto de hacer efectivo el pago de las cuentas de cobro, que hoy reclama en este otro proceso; están demostrando que allí se expusieron de manera clara y precisa las razones jurídicas por las cuales la sociedad demandada, no accedió al pago de las facturas, es decir, allí se especifican la serie de glosas jurídicas, médicas y contables que se le hicieron a los citados documentos, las que condujeron a que no se reconociera el pago que reclamaba la entidad demandante. Razones jurídicas, médicas o contables que cobran validez en este asunto, porque no hay razón lógica para suponer que si dentro del citado trámite (proceso liquidatorio) luego de surtirse un proceso serio y minucioso de auditoría médica, jurídica y contable, no se reconoce el pago de las facturas de cobro cuyo pago se reclama en este otro proceso; creemos ciertamente que esas mismas razones deben servirle a la Sala, para no acceder a las pretensiones de la demanda en este proceso, porque la prueba trasladada cumple con los requisitos legales para darle plena validez en este otro proceso, prueba trasladada legalmente decretada por el magistrado sustanciador en el trámite de la primera instancia y que han sido del conocimiento de las partes (demandante y demandado) en los respectivos procesos, de modo que tienen el carácter de pruebas controvertidas, sin que las razones jurídicas que se esgrimieron dentro del proceso liquidatorio para el no pago de las referidas facturas, hubiesen sido redargüidas o desvirtuadas por la sociedad demandante en este otro proceso. No hay una sola prueba dentro del expediente que así lo demuestre.

Además, como ya se dijo el traslado de la prueba se ordenó mediante auto debidamente proferido por el a quo, el cual fue notificado, sin que ninguna de las partes lo recurriera teniendo la oportunidad de hacerlo y pronunciarse respecto de las condiciones de dichas pruebas para establecer si reunían o no la calidad de prueba trasladada.

De otra parte, considera la Sala, que al darle validez probatoria a la prueba trasladada en este caso, ello hace que se fortalezcan los principios de seguridad jurídica, lealtad procesal y se eviten fallos contradictorios sobre un mismo asunto.

No sería lógico, sensato, ni jurídico que si la sociedad Clínica San Sebastián y Cía. Ltda., pese a estar adelantando este proceso, acude posteriormente al proceso liquidatorio que se inicia contra Cajanal EPS, en Liquidación, para reclamar el pago de las facturas de cobro tantas veces relacionadas, donde el pago le fue negado por las razones jurídicas expuestas en su momento; a contrario sensu en este otro proceso se acceda al pago, sin existir razones jurídicas distintas para hacerlo; sin que a su vez la Clínica San Sebastián hubiese hecho uso de la facultad o el derecho que le otorgaba el artículo 6º del Decreto 4409 de 2004(142), es decir, recurriendo los actos proferidos por el liquidador referentes a la no aceptación y rechazo de los créditos que pretendía hacer valer, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en razón a que los actos proferidos por el liquidador son considerados verdaderos actos administrativos.

Lo anterior no ocurre así, sino que la sociedad demandante ante la adversidad que tuvo dentro del trámite del proceso liquidatorio; regresa a este proceso a continuar con el trámite que había iniciado con anterioridad, el cual ocupa hoy la atención de la Sala, como queriendo decir, que si en aquel proceso no tuve éxito en este posiblemente sí, lo que desnaturaliza la función judicial y permite una diversidad de trámites que entorpecen la buena marcha de la administración de justicia.

Si bien es cierto que los trámites de los procesos ordinarios no se suspenden como consecuencia del proceso liquidatorio, —cosa distinta acontece con los procesos ejecutivos— sin embargo creemos que las acciones judiciales deben ejercerse con ecuanimidad y dentro de los parámetros que la misma ley señala, para no tener sorpresas desagradables al final de los procesos. Creemos que la entidad demandante desperdició la única salida válida que tenía para la prosperidad de sus pretensiones, como lo era hacer uso del derecho que le otorgaba el artículo 6º del Decreto 4409 de 2004, antes citado, iniciando la acción pertinente dentro del escenario natural que le representaba el citado trámite y desvirtuar allí utilizando todas las herramientas jurídicas que le otorgaba la ley, los argumentos jurídicos que tuvo la entidad en liquidación para no acceder al pago de las facturas de cobro cuyo pago reclamaba.

Finalmente quiere la Sala hacer referencia a los dictámenes periciales existentes dentro del proceso, para concluir que estos no tienen la virtualidad de desvirtuar los argumentos expuestos en los incisos precedentes.

En efecto: mediante auto de 13 de noviembre de 2003, el tribunal decretó la práctica de dictamen pericial, a fin de que absuelva “el interrogatorio formulado en el numeral 6º del folio 18, cuaderno 1, es decir, para determinar el valor y el costo de los servicios médicos prestados por la parte actora(143).

El auxiliar de la justicia el 8 de marzo de 2004, rindió dictamen, del cual se extractan los apartes más trascendentales en lo que se puntualiza lo siguiente:

“(...) Según los anexos de la demanda revisados y examinados por el suscrito perito, efectivamente la Clínica San Sebastián y Cía. Ltda. presentó “Cajanal EPS”, y esta le recibió conforme las constancias registradas en las mismas, las siguientes cuentas de cobro o facturas, que fueron revisadas y auditadas por aquella así:

“(...)”.

III. Dictamen pericial

2. Para desarrollar y estructurar el dictamen me trasladé a las dependencias de contabilidad de la Clínica San Sebastián en Girardot donde fui atendido por el gerente Jorge Lara Salinas y el coordinador de cartera señor Edison Rojas Ortiz y se obtuvieron los documentos siguientes:

“(...) C) Documento de contabilidad sobre la ejecución del contrato Cajanal EPS Nº 150-97 (dos folios) que registra una deuda a cargo de Cajanal por la suma de mil un millones doscientos un mil ochocientos setenta y cuatro pesos ($ 1.001.201.874) pesos moneda corriente”.

“D) Documento de contabilidad de la “Facturación radicada por eventos por cancelar” a cargo de Cajanal EPS (cinco folios), con detalle del número de la cuenta de cobro; mes en que se prestó el servicio; el valor de la cuenta individual; descuentos; valor neto de cada cuenta; valores acumulados y fecha de radicación de cada cuenta. Igualmente registra un saldo idéntico a cargo de Cajanal EPS por cancelar de mil un millones doscientos un mil ochocientos setenta y cuatro pesos ( $ 1.001.201.874) pesos moneda corriente”.

E) Certificación original de fecha 23 de diciembre de 2003 y sus anexos (seis folios) dirigida a Clínica San Sebastián y Cía. Ltda., suscrita por el auditor de cuentas médicas de Cajanal EPS (doctor Pedro Fabián Dávalos Verdugo) de la auditoría de segunda revisión de las cuentas que son objeto de cobro o recaudo por la Clínica San Sebastián y Cía. Ltda., en el proceso de radicación 2001-0540 por un valor de ochocientos cuarenta y siete millones noventa y cuatro mil ciento un pesos ($ 847.094.101) moneda legal; glosas definitivas por valor de veintiún millones veintitres mil cuatrocientos setenta y siete pesos ($ 21.023.477), para un total de valor avalado como deuda de Cajanal EPS de ochocientos veintiséis millones setenta mil seiscientos veinticuatro pesos ($ 826.070.624) moneda legal”.

2. El suscrito perito da por aceptadas por la demandante Clínica San Sebastián y Cía. Ltda. las glosas definitivas formuladas por Cajanal EPS por la suma de $ 21.023.477, en razón de que la certificación sobre la auditoría de segunda revisión de las cuentas objeto de la demanda, fue firmada, aceptándose las glosas como definitivas por la auditora de cuentas médicas y el coordinador de cartera ambos funcionarios de la Clínica San Sebastián”.

“F) Según los anexos de la demanda y los documentos de contabilidad de la actora recaudados que se anexan con este dictamen, la Clínica San Sebastián radicó en Cajanal EPS y esta entidad recibió efectivamente facturas por valor de ciento setenta y siete millones novecientos cincuenta y cuatro mil doscientos setenta y cuatro pesos ($ 177.954.274) moneda legal que fueron extraviadas en poder de Cajanal EPS”. —Negrillas son de la Sala—.

Al leer con detenimiento el referido dictamen, la Sala advierte que presentan las siguientes irregularidades: i) se sacan conclusiones acerca del monto o cálculo de los perjuicios teniendo solo como base los documentos allegados por la parte demandante. Monto que además no es sustentado adecuadamente, porque el experto no analiza otro material que estuviese en poder de la parte demandada, con el fin de confrontarlos con los allegados por la parte demandante, limitándose a decir sin ningún sustento probatorio que “según los anexos de la demanda y los documentos de contabilidad de la actora recaudados que se anexan con este dictamen, la Clínica San Sebastián radicó en Cajanal EPS y esta entidad recibió efectivamente facturas por valor de de ciento setenta y siete millones novecientos cincuenta y cuatro mil doscientos setenta y cuatro pesos ( $ 177.954.274.00) moneda legal que fueron extraviadas en poder de Cajanal EPS” —Resalta la Sala—; sin que esta última apreciación encuentre respaldo probatorio dentro del expediente, afirmación que es una mera apreciación subjetiva del perito.

Igualmente se fijan unos valores por concepto de glosas, sin que lo anterior obedezca a un juicio de valor, a un análisis o examen detallado de documentos que estuviesen en poder tanto de la demandante como de la entidad demandada y de esta manera sacar una conclusión lógica, de tal suerte que la prueba pericial así rendida no otorga convicción al juez para soportar sus decisiones, por carecer de fundamento.

El hecho anterior lo reconoce el mismo experto en su dictamen, cuando dice que, como perito estuvo personalmente visitando en varias ocasiones en las oficinas de Cajanal EPS a la señora Rosalba Cedeño Obregón, profesional especializada de base de pagos y saldos de Cajanal EPS (...), para que pusieran a su disposición los archivos para determinar la existencia de las cuentas extraviadas, su revisión y su eventual cancelación, sin que hubiere sido posible, debido a la gran cantidad de documentos que allí existen, pero de los cuales no existe un sistema de archivo que permita identificar los documentos respectivos racionalmente”.

Considera la Sala que, si el perito no identificó o no tuvo acceso a los documentos sobre los cuales iba a fundamentar o a rendir su dictamen, no podía de ninguna manera sacar una conclusión objetiva, que se ajustara a la realidad de lo que realmente examinó.

Porque tal como lo dijo la apoderada judicial de la parte demandada, al momento en que se le corrió traslado del citado dictamen que

“(...) que el señor Perito no tuvo la suficiente diligencia en el trabajo a él encomendado ya que su dictamen se fundamentó única y exclusivamente en los documentos que le puso a disposición la demandante”.

“Si el señor Germán Pachón hubiese estudiado con cuidado los documentos que reposan en la empresa y hubiese realizado el cotejo con las facturas presentadas por la demandante otro hubiese sido el resultado del dictamen objeto de aclaración”.

Tan cierto es lo anterior, que el mismo juzgador de instancia, por auto de fecha 30 de mayo de 2007(144), ordena que comoquiera que “obra en el proceso un dictamen pericial rendido por el experto Germán Hernando Pachón Gómez (cdno. 4 ó 5) en el que concluye que la suma adeudada por Cajanal a la actora equivale a $ 1.345.509.856 (...) y teniendo en cuenta la ocurrencia de un hecho nuevo consistente en la existencia de un acto administrativo que previo a su expedición requirió la elaboración de auditorías médicas en orden a determinar lo realmente adeudado por Cajanal y dado que dicha suma difiere sustancialmente de la establecida en el dictamen pericial practicado dentro del proceso y que esta situación genera dudas insalvables respecto de la obligación objeto de esta controversia, la Sala antes de proferir un pronunciamiento de fondo, y de conformidad con el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo, decreta la siguiente prueba de oficio: Numeral Único. Decrétese la práctica de un dictamen pericial a cargo de un experto en contabilidad y finanzas en orden a resolver lo siguiente: 1. De acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso se deberá establecer cuál es el valor efectivamente adeudado por Cajanal a la demandante como producto de las cuentas de cobro relacionadas en los numerales 6.1 a 6.19 (fls. 9 - 10, cdno. 1)”.

En consecuencia, ordena el tribunal de oficio un nuevo dictamen pericial, en orden a resolver lo siguiente: 1. De acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso se deberá establecer cuál es el valor efectivamente adeudado por Cajanal a la demandante como producto de las cuentas de cobro relacionadas en los numerales 6.1 a 6.19 (fls. 9 - 10, cdno. 1). Lo anterior teniendo en cuenta los siguientes documentos: — Cuentas de cobro presentadas por la parte demandante. — Auditorías médicas, jurídicas y financieras realizadas por Cajanal, tanto al momento de presentación de la cuenta de cobro como al de la expedición de los actos administrativos relacionados en esta providencia. — Facturas que soportan cada una de las cuentas de cobro mencionadas en la demanda. — Contrato 150 de 1997 y su respectiva adición. 2. Así mismo, se deberá determinar cuáles sumas fueron causadas dentro de la ejecución del contrato y cuáles por fuera de esta”(145).

La auxiliar de la justicia el 28 de noviembre de 2007(146), rindió dictamen, en el que se extractan los siguientes apartes:

“(...)”.

III. Dictamen pericial

“Pregunta: de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso se deberá establecer cuál es el valor efectivamente adeudado por Cajanal a la demandante como producto de las cuentas de cobro relacionadas en los numerales 6.1 a 6.19 (fls. 9 - 10, cdno. 1). Lo anterior teniendo en cuenta los siguientes documentos:

— Cuentas de cobro presentadas por la parte demandante.

— Auditorías médicas, jurídicas y financieras realizadas por Cajanal, tanto al momento de presentación de la cuenta de cobro como al de la expedición de los actos administrativos relacionados en esta providencia.

— Facturas que soportan cada una de las cuentas de cobro mencionadas en la demanda.

2. Así mismo, se deberá determinar cuáles sumas fueron causadas dentro de la ejecución del contrato y cuáles por fuera de esta”.

“Respuesta:

1. Cajanal adeuda al demandante por concepto de las cuentas de cobro relacionadas en los numerales 6.1 a 6.9 de la demanda, a 31 de octubre de 2007, fecha del dictamen pericial la suma de tres mil ciento ochenta y ocho millones seiscientos noventa y siete mil ochocientos cincuenta y ocho pesos ($ 3.188.697.858) m/cte.

“2. La suma anterior corresponde a la ejecución del contrato Nº 150 de 30 de septiembre de 1997 y sus adiciones.

“A continuación se insertan dos cuadros que permiten conocer en detalles las cifras y los cálculos efectuados para llegar a la anterior cuantía.

1. Cuadro resumen valor intereses de mora calculados desde cada una de las fechas de vencimiento de las cuentas hasta el 31 de octubre de 2007, fecha del dictamen pericial, acorde con lo señalado en la Ley 80 de 1994, artículo 4º y al Decreto 679 de 1984, artículo 1º y que registra con relación a las cuentas la fecha de presentación y el número; con relación a las facturas el número, el valor actualizado teniendo como base el IPC expedido por el DANE y el valor total de los perjuicios a 31 de octubre de 2007, fecha de dictamen pericial”.

2. Cuadro que registra el valor de cada una de las cuentas, la fecha de presentación, la fecha de vencimiento y los diferentes cálculos correspondientes a intereses y actualización teniendo como base el IPC, para llegar al valor total de los perjuicios, acorde con lo señalado en la Ley 80 de 1994, artículo 4º y al Decreto 679 de 1984, artículo 1º” y se adjuntan los cuadros que “Resumen valor intereses de mora calculados desde cada una de las fechas de vencimiento de las cuentas hasta el 31 de octubre de 2007, fecha del dictamen pericial, acorde con la Ley 80 de 1994, artículo 4º y al Decreto 679 de 1994, artículo 1º”(147).

Fundamento:

1. Procedimiento:

“A continuación explico el procedimiento empleado para llegar a las respuestas de las preguntas objeto del dictamen pericial, en razón a que el demandante pretende el reconocimiento y pago de cuentas de cobro que relaciona en los numerales 6.1 a 6.9 de la demanda y la demandada efectúa sus registros y controles mediante facturas, fraccionando los valores de las cuentas de cobro. Para entender lo anterior, y como ejemplo, explico el caso de la cuenta de cobro Nº 1824 presentada por la demandante, la cual en las contabilizaciones de la demanda aparece:

Factura Nº 36982 por valor de $ 44.016 y

Factura Nº 36983 por valor de $ 89.040.

“Con el fin de identificar el número de las facturas asignadas a cada una de las cuentas de cobro a que se refiere la demanda y tener la certeza de que no han sido pagadas, analicé y clasifiqué el Anexo 8 a la Resolución 803 del 7 de nov-2006, documento auditado por la “Unión Temporal de Auditoría Médica, UTAM Cajanal”, denominado: reclamaciones oportunas - informe general auditoría integral. Anexo 8 - valor reconocido acreedores asistenciales individualizados” (fls. 355 y 373, cdno. 6).

“El Anexo 8 aparece auditado por la Unión Temporal de Auditoría Médica, donde se reconoce que las cuentas fueron presentadas oportunamente y corresponde al acreedor: Clínica San Sebastián y Cía. Ltda., parte demandante”.

“Para analizar el Anexo 8, conformado por las páginas 1 al 148, (cdno. 6, fls. 351 a 499), fue necesario localizar cada una de las facturas con sus números y valores y agruparlas en cada una de las cuentas de cobro a las que se refieren numerales 6.1 a 6.9 de la demanda”.

“Obtenida la información de las acreencias que reconoce la demandada conformada por facturas y agrupada por cuentas de cobro a que se refiere la demanda, la crucé con la información que aparece en el Anexo 14 a la Resolución 803 del 7 de noviembre de 2006, documento este auditado por la “Unión Temporal de Auditoría Médica, UTAM Cajanal”, denominado “Acreedores asistenciales individualizados - informe facturas incluidas en providencias judiciales y acuerdos de pago” (fls. 222 a 293, cdno. 6).

“(...)”.

“El cuadro permite conocer las facturas y valores que reconoce la demandada y al frente de cada una de ellas se observan las facturas que han sido objeto de la demanda”.

“Posteriormente se verificaron cada una de las glosas médicas señaladas por la demandada, con el fin de tener certeza de que no aparecieran facturas glosadas o no aceptadas por la demandada, pendientes de pago”.

“(...)”.

“El estudio y análisis de los documentos reconocidos y aceptados por la demandada permitió llegar a la cuantía de las obligaciones pendientes de pago por la demandada y constituye la base de los cálculos de intereses y actualización monetaria, teniendo como fundamento el IPC expedido por el DANE (Anexo 3) y siguiendo los lineamientos señalados en la ley de 1994, artículo 4º y al Decreto 679 de 1984, artículo 1º”.

“(...)”.

IV. Conclusión general

“(...)”.

2. Cajanal adeuda al demandante por concepto de las cuentas de cobro relacionadas en los numerales 6.1 a 6.9 de la demanda, a 31 de octubre de 2007, fecha del dictamen pericial la suma de: tres mil ciento ochenta y ocho millones seiscientos noventa y siete mil ochocientos cincuenta y ocho pesos ($ 3.188.697.858) m/cte” (fls. 1 a 19, cdno. 7. —Negrillas fuera de texto—).

Sin embargo para la Sala, dicho dictamen es contraevidente a la realidad procesal existente dentro del proceso. No es cierto lo que afirma la experta cuando dice que,

“Para entender lo anterior, y como ejemplo, explico el caso de la cuenta de cobro Nº 1824 presentada por la demandante, la cual en las contabilizaciones de la demanda aparece:

Factura Nº 36982 por valor de $ 44.016 y

Factura Nº 36983 por valor de $ 89.040.

“Con el fin de identificar el número de las facturas asignadas a cada una de las cuentas de cobro a que se refiere la demanda y tener la certeza de que no han sido pagadas, analicé y clasifiqué el Anexo 8 a la Resolución 803 del 7 de nov-2006, documento auditado por la “Unión Temporal de Auditoría Médica, UTAM Cajanal”, denominado: reclamaciones oportunas - informe general auditoría integral. Anexo 8 - Valor reconocido acreedores asistenciales individualizados” (fls. 355 y 373, cdno. 6).

“El Anexo 8 aparece auditado por la Unión Temporal de Auditoría Médica, donde se reconoce que las cuentas fueron presentadas oportunamente y corresponde al acreedor: Clínica San Sebastián y Cía. Ltda., parte demandante”.

“Para analizar el Anexo 8, conformado por las páginas 1 al 148, (cdno. 6, fls. 351 a 499), fue necesario localizar cada una de las facturas con sus números y valores y agruparlas en cada una de las cuentas de cobro a las que se refieren numerales 6.1 a 6.9 de la demanda”.

“Obtenida la información de las acreencias que reconoce la demandada conformada por facturas y agrupada por cuentas de cobro a que se refiere la demanda, la crucé con la información que aparece en el Anexo 14 a la Resolución 803 del 7 de noviembre de 2006, documento este auditado por la “Unión Temporal de Auditoría Médica, UTAM Cajanal”, denominado “Acreedores asistenciales individualizados - informe facturas incluidas en providencias judiciales y acuerdos de pago” (fls. 222 a 293, cdno. 6).

“(...)”.

“El cuadro permite conocer las facturas y valores que reconoce la demandada y al frente de cada una de ellas se observan las facturas que han sido objeto de la demanda”.

“Posteriormente se verificaron cada una de las glosas médicas señaladas por la demandada, con el fin de tener certeza de que no aparecieran facturas glosadas o no aceptadas por la demandada, pendientes de pago”.

“(...)”.

Basta, leer con detenimiento el Anexo 8 y más concretamente a la cuenta de cobro Nº 1824(148), que toma como ejemplo la experta, allí se puede leer sin lugar a equívocos, que la cuenta de cobro 1824, contentivas de la facturas números 36982, por valor de $ 44.016 y la Nº 36983 por valor de $ 89.040, la entidad demandada les efectúa “glosa jurídica” por el mismo valor.

De la misma manera en el anexo 14(149) a que hace referencia la experta se relacionan las facturas 36982 y la 36983, donde se establece el mismo valor de cada uno de ellas y el monto de la glosa jurídica establecido en el Anexo 8, donde se establece como valor a reconocer “0,0021.1.

Lo anterior desvirtúa, lo dicho en el dictamen pericial, porque si bien es cierto que “El cuadro permite conocer las facturas y valores que reconoce la demandada y al frente de cada una de ellas se observan las facturas que han sido objeto de la demanda”; lo que no es cierto es la conclusión que hace la experta cuando dice que, “Posteriormente se verificaron cada una de las glosas médicas señaladas por la demandada, con el fin de tener certeza de que no aparecieran facturas glosadas o no aceptadas por la demandada, pendientes de pago; porque basta comparar los cuadros en mención, para concluir que las cuentas de cobro que tomó como ejemplo la experta para explicar el procedimiento que utilizó, se le formularon glosas jurídicas, y que esa fue la razón de su no pago por parte de la entidad demandada. Lo mismo acontece con las otras facturas cuyo pago se pretendió reclamar dentro del proceso liquidatorio y que hoy se pretenden reclamar igualmente en este proceso.

Es tanto el desfase en que incurre la experta, que el monto de las facturas que cobra la parte demandante en este proceso, los tasó en la suma de mil treinta y seis millones setecientos veinte mil seiscientos sesenta y siete pesos ($ 1.036.720.667); sin embargo, en este el último dictamen, la auxiliar de la justicia concluye diciendo que la suma que “Cajanal adeuda al demandante por concepto de las cuentas de cobro relacionadas en los numerales 6.1 a 6.9 de la demanda, a 31 de octubre de 2007, fecha del dictamen pericial es la suma de: tres mil ciento ochenta y ocho millones seiscientos noventa y siete mil ochocientos cincuenta y ocho pesos ( $ 3.188.697.858) m/cte” (fls. 1 a 19, cdno. 7). —Resalta la Sala—.

Lo anterior llevó al a quo a decir que “En relación con el dictamen pericial, encuentra la Sala, que la perito que en su aclaración del experticia concluyó que la entidad debía a la demandante por concepto de cuentas de cobro relacionadas en los numerales 6.1 a 6.9 de la demanda, a 31 de octubre de 2007, la suma de tres mil ciento ochenta y ocho pesos (sic) ($ 3.188.697.858) m/cte., por concepto de servicios prestados por la modalidad de “actividad o eventos”, por fuera del contrato Nº 150 de 1997 y sus adiciones.

“Al respecto, la Sala encuentra que esta suma excede a las pretensiones formuladas en la demanda, por lo que no se reconocerá, toda vez que al ser la justicia administrativa rogada no puede fallar ultra petita”(150).

Lo antes expuesto conduce a que la Sala considere que, este segundo dictamen pericial practicado dentro de proceso, adolece de las mismas fallas que se le endilgaron al primer dictamen antes analizado, está fundado sobre bases equivocadas, se advierte la falta de sustentación y un estudio serio del material probatorio existente en el proceso, lo cual los llevó a sacar unas conclusiones que son contraevidentes a la realidad fáctica jurídica. Va contra toda lógica y no existe razón válida que justifiquen las razones que motivaron al perito a efectuar una variación tan exagerada entre el monto que pide la parte demandante y la suma que finalmente señala el dictamen, circunstancia que impide al juez tener certeza sobre la idoneidad de la prueba pericial y por lo tanto valorarla para tomar sus decisiones.

Ante esa realidad procesal, la Sala no le da eficacia probatoria a los dictámenes rendidos en la primera instancia, por infundados y como se anotó en otras partes de esta sentencia, al no desvirtuar la parte demandante las razones jurídicas, médicas o contables que tuvo la entidad demandada, para no acceder al pago de las facturas aquí relacionadas; esas mismas razones deben servirle a la Sala, para revocar el fallo impugnado y en su lugar no acceder a las pretensiones de la demanda en este proceso, porque la prueba trasladada cumple con los requisitos legales para darle plena validez en este otro proceso, prueba legalmente decretada por el magistrado sustanciador en el trámite de la primera instancia, la cual fue puesta en conocimiento de las partes (demandante y demandada) en los respectivos trámites (liquidatorio y trámite de este asunto), de tal manera que no puede negársele el carácter de prueba controvertida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C” administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Revocar la sentencia del 10 de diciembre de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera - Subsección B.

2. En consecuencia, deniéganse las súplicas de la demanda.

3. En firme este fallo, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(17) Fls. 1 a 20, cdno. 1.

(18) Fls. 33 y 34, ib.

(91) Esta norma fue demanda ante la Corte Constitucional, y fue declarada exequible mediante el fallo Nº D-665, del 1º de marzo de 1995, con ponencia del magistrado Carlos Gaviria Díaz.

(92) En sentencia de 6 de septiembre de 1940, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia precisó que el enriquecimiento sin causa constituye una fuente de obligaciones, así discurrió: “Dentro de la ciencia jurídica moderna ha prevalecido, entre las diversas clasificaciones que se han hecho de las fuentes de las obligaciones, unas excesivamente complejas y muy sintéticas otras, la que vincula su nacimiento a una de estas cuatro fuentes: 1) El acto jurídico, que es el ejecutado por las personas con el propósito deliberado de producir consecuencias en derecho, comprensivo del contrato, del cuasicontrato, y del hecho voluntario de la persona que se obliga, en la enumeración del artículo 1494 del Código Civil. 2) El hecho ilícito, o sea el calificado legalmente como delictuoso y el simplemente culposo, que comprende el delito y el cuasidelito de nuestra clasificación legal. 3) La ley, que impone a quien se halle en determinada situación jurídica ciertas obligaciones, enunciadas también en el sistema del código. 4) El enriquecimiento sin causa”.

(93) Sentencias de 14 de abril de 1937, M.P. Liborio Escallón; de 6 de septiembre de 1940; de 6 de septiembre de 1940, M.P. Hernán Salamanca; de 10 de diciembre de 1999, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo; de 11 de enero de 2000, M.P. Manuel Ardila Velásquez; de 10 de diciembre de 1999, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo; entre otras.

(94) (sic).

(95)(sic) Gaceta Judicial XLIV, 474. (Cita original sent. jun. 7/2007, Exp. 14669).

(96) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia 1 de 11 de enero de 2000, Expediente 5808, M.P. Manuel Ardila Velásquez.

(97) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 7 de junio de 2007, Expediente 14669; M.P. Ramiro Saavedra.

(98) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 2009, Expediente 15662, M.P. Myriam Guerrero de Escobar.

(99) Fls. 3 y 4, cdno. 1.

(100) Fls. 298, 308 a 320, cdno. 2 ó 7.

(101) Fls. 303 a 307, ib.

(102) Fls. 28 a 35, ib.

(103) Fls. 40 a 55, cdno. 7.

(104) Fls. 56 a 70, ib.

(105) Fls. 94 a 113, ib.

(106) Fls. 118 a 129, cdno 7.

(107) Fls. 134 a 147, ib.

(108) Fls. 134 a 147, ib.

(109) Fls. 152 a 164, ib.

(110) Fls. 169 a 183, cdno. 7.

(111) Fls. 188 a 199, ib.

(112) Fls. 201 a 212, ib.

(113) Fls. 219 a 231, cdno 7.

(114) Fls. 235 a 254, ib.

(115) Fls. 258 a 270, ib.

(116) Fls. 272 a 279, cdno. 7.

(117) Fl. 281, ib.

(118) Fls. 284, 287 y 291, ib.

(119) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de junio de 2007, Radicado Interno 14.669.

(120) Fl. 200, cdno. 2ª instancia.

(121) “ART. 41.—Del perfeccionamiento del contrato. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito. “Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica, del presupuesto”.

(122) Fl. 188, cdno. 2ª instancia.

(123) Fl. 16, cdno. 3.

(124) Fl. 2 a 6, ib.

(125) Cuaderno de pruebas Nº 6.

(126) Fls. 30 a 65, ib.

(127) Fls. 65 y ss., ib.

(128) Fls. 303 a 382. ib.

(129) Fls. 230 a 301, cdno. 6.

(130) Fls. 352 a 500, ib.

(131) Fls. 114, 115 y ss., cdno. 6.

(132) Fls. 150, 151 y ss., ib.

(133) Fls 246, 247 y ss., ib.

(134) Fls. 352, 353, 354, 355, 356 y ss., cdno. 7.

(135) Fls. 9 y 10, cdno. 1; fl. 136, cdno. 1.

(136) Fls. 355 a 358, cdno. 2.

(137) Fl. 145, cdno. 1.

(138) Fl. 327, cdno. 2.

(139) Fl. 145, cdno. 1.

(140) Fl. 147, ib.

(141) Fl. 147, ib.

(142) “ART. 6º—De los actos del liquidador. Los actos del liquidador relativos a la aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos y, en general, los que por su naturaleza constituyan ejercicio de funciones administrativas, son actos administrativos y serán objeto de control por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Los actos administrativos del liquidador gozan de presunción de legalidad y su impugnación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo no suspenderá en ningún caso el proceso de liquidación. Contra los actos administrativos del liquidador únicamente procederá el recurso de reposición y contra los actos de trámite, preparatorios, de impulso o ejecución del proceso, no procederá recurso alguno”.

(143) Fl. 78, cdno. 1.

(144) Fls. 151 y 152, ib.

(145) Fls. 151-152, cdno. 1.

(146) Fls. 1 a 19, cdno. 7.

(147) Fls. 4 a 13, cdno. 7.

(148) Fls. 355, 373, cdno. 6.

(149) Fl. 270, ib.

(150) Fls. 186 a 188, cdno. 2ª instancia - cursivas y negrillas fuera de texto.