Sentencia 2001-0055 de noviembre 3 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

DISMINUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL

No es necesario que el Ministerio de la Protección Social vincule al sindicato en el trámite de aprobación.

EXTRACTOS: «Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por el Sindicato Nacional de Trabajadores de ISAGEN S.A. ESP (en adelante Sintraisagén) contra los actos administrativos mediante las cuales el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (hoy Ministerio de la Protección Social), aprobó la solicitud de disminución de capital de ISAGEN S.A. ESP.

(...)

El acto demandable

Para la sala no asiste razón a ISAGEN en sostener que la demanda adolece de ineptitud sustantiva por no haberse demandado la Resolución 320-337 de 2002 (7 de abril), mediante la cual la Superintendencia de Sociedades autorizó la disminución del capital social.

En efecto, el hecho de que la autorización de la Superintendencia de Sociedades sea conexa a la del Ministerio del Trabajo no desnaturaliza la autonomía y especificidad que les son propias. De allí que la nulidad del acto de autorización de la Superintendencia de Sociedades no conllevaría la de la autorización expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sino la pérdida de su fuerza ejecutoria, por haber desaparecido su fundamentos de hecho y de derecho. Así mismo, la nulidad de los actos expedidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tampoco conllevaría per se la de los actos proferidos por la Superintendencia de Sociedades. Produciría la ineficacia de la autorización otorgada para la reducción del capital social.

La reducción del capital social y la intervención de la Superintendencia de Sociedades y del Ministerio del Trabajo (C.Co., art. 145 ).

Para resolver, es preciso tener en cuenta que el artículo 145 C. Co. faculta a cualquier empresa a reducir su capital social en los siguientes casos:

1. Cuando se pruebe que la sociedad carece de pasivo externo;

2. Cuando una vez realizada la reducción del capital, el activo sea no menos del doble del pasivo externo; y,

3. Cuando los acreedores acepten expresamente y por escrito la reducción cualquiera que fuere el monto del activo o de los activos sociales.

En concordancia con esta disposición, los numerales 7º del artículo 86 de la Ley 222 de 1995 y 20 del artículo 2º del Decreto 1080 de 1996 establecen que corresponde a la Superintendencia de Sociedades autorizar la disminución del capital social en cualquier sociedad, cuando la operación implique un efectivo reembolso de aportes y se acredite el cumplimiento de uno de los requisitos previstos en el artículo 145 C. Co. Además, según el inciso segundo de este artículo, cuando el pasivo externo provenga de prestaciones sociales será necesaria, además, la aprobación del competente funcionario (1) del trabajo.

Con tal fin, el representante legal de la sociedad debe presentar solicitud de autorización ante la Dirección Territorial del Ministerio del lugar del domicilio de la empresa, acompañada de la resolución de autorización expedida por la Superintendencia de Sociedades y de las correspondientes justificaciones.

La Dirección Territorial remitirá la solicitud al Grupo de relaciones laborales individuales y colectivas de la Unidad especial de inspección, vigilancia y control a fin de que analice y determine mediante indicadores la situación económica de la empresa peticionaria para establecer si, pese a la disminución del capital, los pasivos laborales están suficientemente respaldados, por representar los activos no menos del doble del pasivo externo.

Efectuados los análisis correspondientes, el grupo de relaciones laborales individuales y colectivas de la Unidad especial de inspección, vigilancia y control elaborará un concepto que remite a la dirección territorial competente, para que con fundamento en sus conclusiones decida la solicitud de autorización mediante acto administrativo.

(...)

El cargo que alega violación del debido proceso

El actor alega violación del debido proceso porque, en su entender, el Ministerio del Trabajo incumplió el deber de vincularlo desde el inicio de la actuación administrativa a que dio lugar la solicitud de ISAGEN, con miras a obtener autorización para reducir su capital social.

La Sala no encuentra fundamento en este cargo, pues de las normas invocadas por el actor no se deduce que los trabajadores tengan el derecho de hacerse parte en la actuación administrativa adelantada por la empresa ante las autoridades del trabajo con el fin de obtener autorización para reducir el capital social, cuando exista pasivo prestacional.

Estas normas deben armonizarse e interpretarse sistemáticamente con los preceptos constitucionales y legales que defieren a la autonomía de la voluntad las decisiones que incumbe adoptar a los accionistas de un ente societario en materia de la conformación del capital social (arts. 16 y 333 CP y 373 ss. C. Co.).

El capital social es la suma de los valores nominales de los aportes de los socios, luego su determinación compete a estos exclusivamente (C.Co., arts. 98, 110-5 y 122). La noción misma de capital descarta que la decisión de reducirlo deba concertarse con los trabajadores. Cosa distinta es que el Estado intervenga en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia para velar por que la decisión no comprometa los intereses superiores de la colectividad y de los trabajadores. En otros términos: los accionistas pueden reducir el capital social, respetando los límites y restricciones impuestas por la ley (C. Co., art. 145), los cuales deben ser garantizados por las autoridades. Como quedó visto, el Ministerio del Trabajo interviene por ministerio de la ley (C. Co., art. 145) para proteger los derechos de los trabajadores, constatando que la disminución del capital social no reste respaldo al pasivo prestacional. El Ministerio del Trabajo interviene en cumplimiento de un deber legal y la autorización que le compete impartir es el instrumento establecido por la ley para tutelar en este evento los derechos prestacionales de los trabajadores.

En el caso presente el estudio de viabilidad de la disminución del capital de ISAGEN se consignó en Oficio 111330 de 5 de mayo de 2000, remitido por la coordinadora del Grupo de relaciones laborales individuales y colectivas de la Unidad especial de inspección, vigilancia y control del Ministerio del Trabajo a la Directora Territorial de Antioquia. Este concluyó que los activos sociales de la empresa respaldaban en 2.61 veces los pasivos externos, cumpliéndose así con la exigencia del artículo 145 C.Co. Allí se lee:

“... Los activos totales en el balance proyectado ascienden a $ 2.486.972; comparándolos con los pasivos que son del orden de $ 952.025, da una relación de 2.61, mostrando que la empresa posee un respaldo de $ 2.61 de activo por cada $ 1.00 de pasivo (...).

El pasivo laboral asciende a $ 29.261, representado en pensiones de jubilación, cesantías, vacaciones, etc. Al comparar este valor con los activos nos da una relación de 96.77, demostrando que los pasivos laborales están suficientemente respaldados por los activos, en una proporción de $ 96.77 a $ 1.00.

Realizado el estudio económico de ISAGEN S.A. - ESP se considera pertinente autorizar la disminución del capital de $ 404.558.800.oo a $ 66.630.000.000”.

Con fundamento en el citado estudio, en el acto acusado la Dirección Territorial de Antioquia otorgó a ISAGEN la autorización para reducir el capital social en la cuantía acordada por la asamblea general de accionistas en la reunión ordinaria celebrada el 22 de febrero de 2000, pues, habiendo constatado el cumplimiento de la exigencia prevista en el artículo 145 C. Co., concluyó:

“... cuenta con los recursos suficientes para garantizar los pasivos laborales existentes, protegiéndose así los derechos de los trabajadores y pensionados que dependen directamente de esta, por lo tanto al darse la disminución de capital solicitado, no se ven afectados los derechos laborales de sus trabajadores”.

Al interponer los recursos de reposición y apelación, lo mismo que en sede judicial, el actor bien pudo haber objetado el estudio económico de la empresa efectuado por el Ministerio del Trabajo, o demostrado que la disminución del capital de ISAGEN en la cuantía aprobada afectaba el pasivo prestacional, o que el activo social, efectuada la disminución, no representaba el doble del pasivo externo, como lo exige el artículo 145 C.Co. para autorizar tal reducción. Sin embargo, guardó silencio.

(...)

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Deniéganse las pretensiones de la demanda».

(Sentencia de 3 de noviembre de 2005. Expediente 2001-0055. Consejero Ponente: Dr. Camilo Arciniegas Andrade).

(1) Decreto 1128 de 1999, artículo 19. Funciones de las Direcciones Territoriales. Las Direcciones Territoriales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrán las siguientes funciones: [...] 22. Resolver las solicitudes de autorización para el cierre parcial o total de empresas, suspensión de actividades hasta por 120 días, despidos colectivos, declaraciones de unidad de empresa, disminuciones de capital y planes de vivienda (énfasis fuera de texto).

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