Sentencia 2001-00557 de febrero 23 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 05001-23-31-000-2001-00557-01(18185)

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Demandante: Orgnización Coninsa & Ramón Hache S.A.

Demandada: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Bogotá, D.C., veintitrés de febrero de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos de la apelación propuesta por la demandada, corresponde a la Sala determinar si se ajustan a derecho los actos acusados que negaron el reconocimiento de los intereses moratorios que solicitó la actora, con ocasión de la devolución del impuesto a las ventas que pagó por la compra de materiales para la construcción de VIS. También, si es procedente, como lo ordenó el tribunal, el reconocimiento de intereses corrientes y la indexación de los mencionados valores.

Como hechos relevantes para decidir el presente asunto se tiene que:

— El 23 de julio de 1998 la actora pidió a la división de devoluciones de la Administración de Impuestos de Medellín la devolución del IVA pagado por la adquisición de materiales para la construcción de VIS.

— El 23 de septiembre del mismo año la división de devoluciones dictó la Resolución 053, mediante la cual rechazó la solicitud de devolución.

— El 5 de noviembre de 1998 la actora propuso recurso de reconsideración contra la anterior decisión, que fue decidido favorablemente el 27 de abril de 1999, mediante Resolución 0014 en la que la DIAN ordenó la devolución de la suma reclamada. En consecuencia, el 10 de junio de 1999 fue girado el cheque que hizo efectiva la devolución.

— El 20 de agosto de 1999, mediante petición con radicado 00164, C. & R.H. S.A. pidió a la DIAN el reconocimiento y pago de los intereses moratorios sobre la suma devuelta, desde el vencimiento del plazo legal que tenía la administración para hacer el reintegro del saldo a favor hasta cuando fue girado el cheque.

— Mediante Comunicación 8311062-275 del 10 de septiembre de 1999, la DIAN negó el reconocimiento de los intereses solicitados por la actora.

— El 10 de noviembre de 1999 la demandante formuló recurso de reconsideración contra la anterior decisión, el cual fue decidido de manera desfavorable el 10 de octubre de 2000 por conducto de la Resolución 0071.

El primer tema que deberá estudiar la Sala es el reclamo de la actora por los intereses moratorios que le fueron negados por la Comunicación 8311062-275 del 10 de septiembre de 1999, confirmada por la Resolución 0071 del 10 de octubre de 2000.

La controversia radica, por un lado, en que la DIAN sostiene que el artículo 863 del estatuto tributario solo reconoce intereses moratorios cuando existe un pago en exceso o si resulta un saldo a favor del contribuyente en su declaración tributaria, eventos que no corresponden a la devolución del IVA por la adquisición de materiales de construcción para VIS; por su lado, la demandante afirma que el artículo en mención se aplica a todos los casos de saldos a favor, incluso cuando la devolución se obtiene mediante un trámite especial como el que preveía el Decreto 1288 de 1996(3).

Sea lo primero precisar que, de acuerdo con el artículo 850 del estatuto tributario, tienen derecho a la devolución o compensación del impuesto al valor agregado IVA, quienes adquieren materiales para la construcción de vivienda de interés social, en planes debidamente aprobados por el Inurbe, o por quien este organismo delegue.

El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 1288 de 1996, reglamentó el procedimiento de devoluciones y compensaciones del impuesto sobre las ventas en materiales de construcción. En lo que interesa al caso, el artículo 6º del decreto indicaba que el término para la devolución era el previsto por el artículo 855 del estatuto tributario, a saber, 30 días, contados a partir del día siguiente a la solicitud presentada en debida forma ante la administración(4). Y, el artículo 15 ejusdem, en lo no previsto por el decreto, remitía al estatuto tributario y demás normas concordantes para las devoluciones o compensaciones de saldos a favor.

En ese orden de ideas, contrario a lo que sostiene la DIAN, el artículo 863 del estatuto tributario, que integra la normativa en materia de devoluciones, sí se aplica a los procedimientos relacionados con el reintegro del IVA por la adquisición de materiales para la construcción de VIS, en la medida en que así lo dispuso la norma remisoria del Decreto 1288 de 1996, reglamentario de la devolución; aunado a la consideración de que la existencia de un procedimiento especial para obtener la devolución no es suficiente motivo para entender que la figura pierde su naturaleza ni que se aparta de las previsiones del aludido estatuto.

Si bien es cierto, como en efecto lo es, que el artículo 863 del estatuto tributario se aplica a las devoluciones originadas por la adquisición de materiales para la construcción de VIS; también, lo es que cuando la administración incumple el plazo que tiene para devolver el IVA por el referido concepto, necesariamente se causan intereses moratorios a favor del contribuyente desde el vencimiento del término para devolver y hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación(5).

Así las cosas, resulta infundada la apelación de la demandada en cuanto pretende que se revoque el fallo del a quo en punto de la nulidad de los actos acusados, concretamente el numeral primero de la sentencia.

Ahora bien, la demandante pidió el reconocimiento de los intereses moratorios por el lapso de 275 días, contados desde el vencimiento del término fijado por el artículo 855 del estatuto tributario —30 días siguientes a la solicitud presentada en debida forma— hasta el 10 de junio de 1999, cuando se giró el cheque de la devolución.

Por su parte, el tribunal reconoció a la demandante intereses corrientes desde el 23 de septiembre de 1998, cuando la DIAN rechazó la solicitud de devolución mediante la Resolución 053, hasta el 27 de abril de 1999, cuando se dictó la Resolución 014 que ordenó efectuar la devolución; y los intereses moratorios los reconoció desde la última fecha hasta el 10 de junio de 1999.

Al respecto, la DIAN alega que la decisión del a quo fue extra-petita, comoquiera que el reconocimiento de los intereses corrientes se hizo por fuera de lo solicitado por la demandante y de lo que esta expuso como concepto de la violación frente a los actos acusados. Además, que la controversia del sub lite tanto en los argumentos de la demanda como en los de la defensa se centró en el reconocimiento de los intereses moratorios.

Como principio se tiene que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es de carácter rogado, esto es, que el ámbito de decisión del juez se enmarca por lo que pide quien ejerce la respectiva acción, por el ordenamiento legal que se invoca vulnerado por el acto administrativo impugnado, si es que se persigue su nulidad en cualquiera de las modalidades, y por los argumentos encaminados a demostrar dicha vulneración(6).

De allí que el artículo 137 [2 y 4] del Código Contencioso Administrativo prevé que la demanda presentada ante el juez de lo contencioso administrativo debe dar cuenta, entre otras cosas, de lo que se demanda, de los fundamentos de derecho de las pretensiones y, si se controvierte un acto administrativo, es necesario indicar las normas violadas y explicar el concepto de su violación.

Y, de manera coherente con lo anterior, el artículo 170 del mismo código establece que la sentencia tiene que motivarse y debe analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas las peticiones.

Estas previsiones van de la mano con el principio de congruencia de las sentencias, previsto por el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, conforme al cual la resolución judicial tiene que estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las otras oportunidades procesales, así como en las excepciones que aparezcan probadas en la actuación y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

De lo que se sigue, que el demandado no puede ser condenado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en esta. En otras, palabras la sentencia tiene límites en cuanto no puede adicionar lo que el demandante ha pedido, fallo ultra-petita; tampoco reconocer algo que no se ha pedido, fallo extra-petita.

Las reglas y principios descritos tienen como propósito la protección del derecho de las partes a obtener una decisión judicial certera sobre el asunto puesto a consideración del juez de lo contencioso administrativo; asimismo, la salvaguarda del debido proceso y del derecho de defensa del demandado, cuya actuación procesal se dirige a controvertir los argumentos y hechos expuestos en la demanda(7).

Lo dicho hasta acá es suficiente para estimar el motivo de inconformidad de la demandada frente al fallo apelado, en relación con el reconocimiento de intereses corrientes, pues, lo cierto es que la parte actora no los solicitó; por el contrario, su pretensión se dirigió a obtener el reconocimiento de intereses moratorios, a los que tiene derecho como se precisó. Por tanto, el reconocimiento de intereses corrientes es extra-petita y deberá revocarse.

Pero, si en gracia de discusión se admitiera que los intereses corrientes fueron objeto de la litis, tampoco sería procedente su reconocimiento, comoquiera que el artículo 863 del estatuto tributario prevé su causación “cuando se hubiere presentado solicitud de devolución y el saldo a favor estuviere en discusión”. En efecto, conforme con los hechos del proceso, el monto de la devolución —saldo a favor— nunca estuvo en discusión, de manera que no está cumplido el supuesto de hecho de la norma que permite el reconocimiento de dichos intereses.

Por otra parte, la demandada acusa a la sentencia de primera instancia de desconocer el criterio jurisprudencial reiterado por esta Sala, conforme al cual frente al reconocimiento de intereses moratorios no procede la actualización de valores, en la medida en que dichos intereses integran la indexación de la suma de dinero debida.

Por su parte, la demandante alega que en el presente caso no se trata del reconocimiento de intereses moratorios de manera conjunta con la actualización de lo debido, evento prohibido por la jurisprudencia, sino que como los intereses se causaron hasta una fecha determinada, a saber, el 10 de junio de 1999, es necesario desde entonces y hasta la fecha de la sentencia definitiva actualizar su valor, pues, en caso contrario, su monto resultaría simbólico por efecto del paso del tiempo.

En varios pronunciamientos, entre otros, la sentencia del 3 de julio de 2003, Expediente 13355, la Sala ha sostenido que no es procedente el reconocimiento de intereses moratorios junto con la actualización de las sumas debidas(8), porque el artículo 863 del estatuto tributario no establece otro mecanismo, distinto de la causación de los intereses moratorios y los corrientes, si es del caso, “(…) para determinar y compensar el perjuicio sufrido por los contribuyentes (…)”(9) ante el retardo de la administración en la devolución de saldos a favor.

Y, aun en el evento propuesto por la demandada, a saber, que los intereses moratorios se causaron hasta determinada fecha, lo cierto es que no existe norma que permita que aquellos puedan ser objeto de corrección monetaria alguna, por lo que es forzoso realizar su cálculo en los precisos términos del artículo 864 del estatuto tributario, que remite al artículo 635 del mismo estatuto.

Aunado a lo anterior, el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, precepto con el que la demandante funda su solicitud de indexación, no obliga al juez a actualizar los valores reconocidos en la sentencia; lo que dicha norma prevé es la forma de ajustarlos si es que así se ordena(10). En consecuencia, se debe revocar el fallo apelado en cuanto ordenó la actualización de los intereses moratorios, de acuerdo con el criterio expuesto.

Finalmente, como se reconoció el derecho de la actora al pago de los intereses moratorios por la tardanza de la administración en la devolución del IVA que pagó por la compra de materiales para la construcción de VIS, de conformidad con el artículo 863 [3] del estatuto tributario, su causación se produjo desde el vencimiento del término para devolver, 7 de septiembre de 1998, y hasta la fecha de giro del cheque de la devolución, 10 de junio de 1999, así:

Liquidación interés moratorio

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Tasa de mora vigente: Decreto 495/99: 47,13%

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Por tanto, se confirmará el numeral primero de la sentencia apelada en cuanto declaró la nulidad de los actos acusados, es decir, la Comunicación 8311062-275 del 10 de septiembre de 1999 y la Resolución 0071 del 10 de octubre de 2000. Pero, se revocará el numeral segundo que reconoció intereses moratorios y corrientes y dispuso su actualización para, en su lugar, como restablecimiento del derecho reconocer a la actora la suma de $143.504.639, por concepto único de intereses moratorios.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE el numeral primero de la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia del 27 de octubre de 2009, dictada en el asunto de la referencia.

2. REVÓCASE el numeral segundo de la sentencia apelada y, en su lugar:

A título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la DIAN que pague a la actora la suma de $ 143´504.639 por concepto de intereses moratorios, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia.

3. RECONÓCESE personería a la abogada Lina María Ávila Amézquita para actuar como apoderada de la DIAN, en los términos del poder que obra en el folio 147.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

(3) El Decreto 1288 de 1996 fue derogado por el Decreto 1243 de 2001, pero estaba vigente en la época de los hechos que suscitaron la controversia en estudio.

(4) Artículo 855 del estatuto tributario vigente para la época de los hechos disponía que: “La administración de impuestos deberá devolver, previa las compensaciones a que haya lugar, los saldos a favor originados en los impuestos sobre la renta y complementarios y sobre las ventas, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la solicitud de devolución presentada oportunamente y en debida forma (…).

(5) En el mismo sentido, ver sentencias del 24 de enero de 2006, C.P. doctor Héctor J. Romero Díaz, Expediente 13742 y del 16 de septiembre de 2010, C.P. doctora Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, Expediente 16605.

(6) Cfr. sentencia del 16 de septiembre de 2010, C.P. doctora Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, Expediente 16605.

(7) Ibídem.

(8) Cfr. entre otras, sentencia del 3 de marzo de 2011, C.P. doctor William Giraldo Giraldo, Expediente 17741.

(9) Cfr. sentencia del 3 de julio de 2003, C.P. doctor Juan Ángel Palacio Hincapié, Expediente 13355.

(10) Cfr. sentencia del 24 de enero de 2006, C.P. doctor Héctor J. Romero Díaz, Expediente 13742.