Sentencia 2001-00582 de mayo 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Proceso: 20001-23-31-000-2001-00582-01(28029)

Actora: Sol Marina Ocampo Gómez y otros

Demandado: municipio del Copey

Acción: reparación directa

Bogotá D.C., veintinueve de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

1. Presupuestos procesales.

1.1. La jurisdicción, competencia y acción procedente.

Como dentro de la controversia está una entidad pública, el municipio del Copey (CCA, arts. 82 y 149), el conocimiento de la misma corresponde a esta jurisdicción, siendo esta corporación la competente para conocer del presente asunto, toda vez que el numeral 1º del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 2º del Decreto 597 de 1988, le asigna el conocimiento en segunda instancia, entre otros asuntos, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por parte de los tribunales administrativos(4).

De otro lado, el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo(5) prescribe que la acción de reparación directa constituye la vía procesal conducente para buscar la responsabilidad extracontractual del municipio de Copey como consecuencia de los hechos descritos en la demanda(6).

1.2. La legitimación en la causa.

De entrada debe advertirse que las causas de la demanda se concretaron en las omisiones de renovación del seguro de vida y la protección del señor Julio César Rodríguez Morón. Siendo así, frente a la legitimación de la parte actora, debe señalarse que las únicas personas que fueron beneficiarias de la póliza son Sol Marina Ocampo y los menores Julio César Rodríguez Ocampo, Kendrys Juliana Rodríguez Sierra y Ariainy Jorieth Rodríguez de la Cruz (fls. 59 y 60, cdno. ppal., fotocopias simples de la póliza 1710403980 allegadas por La Previsora S.A.), quienes además demostraron la calidad, en su orden, de cónyuge e hijos del señor Julio César Rodríguez Morón, con sus respectivos registros civiles de matrimonio y nacimiento (fls. 4 a 8, cdno. 2). En ese orden, están legitimados para demandar.

Ahora, en relación con las señoras Liliana Patricia de la Cruz Hurtado y Mayerly Sierra García se tienen que demostraron su calidad de madres de los hijos de la víctima con los registros civiles de nacimiento (fls. 7 y 8, cdno. ppal.), razón por la cual atendiendo a que la causa petenti también incorpora los perjuicios causados por la falta de protección de la víctima, se impone concluir que la anterior condición resulta suficiente para acreditar su condición de damnificadas, sin perjuicio de que al momento de analizar la indemnización de perjuicios, de ser el caso, se disponga lo que corresponda al material probatorio aportado.

El municipio del Copey está legitimado, en tanto además de ser el empleador del señor Julio César Rodríguez Morón, tiene la obligación de garantizar la seguridad de sus habitantes, con mayor razón se advierte que la víctima se encontraba suspendido en sus funciones como alcalde.

1.3. La caducidad.

Toda vez que la póliza venció el 4 de marzo de 2000 (fl. 59, cdno. ppal.) y la demanda se presentó el 21 de mayo de 2001, fuerza concluir que lo fue en el bienio prescrito en el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo(7). Además, como la muerte del señor Rodríguez Morón fue el 30 de mayo de 2000 se confirma la oportunidad de la demanda presentada.

2. Problema jurídico.

El problema jurídico del presente asunto se concreta en determinar la responsabilidad extracontractual del municipio del Copey por los daños ocasionados a las señoras Sol Marina Ocampo Gómez, Liliana Patricia De La Cruz Hurtado y Mayerlys Sierra García y a sus hijos menores Julio César Rodríguez Ocampo, Aryainy Yorieth Rodríguez de la Cruz y Kendrys Juliana Rodríguez Sierra, como consecuencia de (i) la omisión de renovar el seguro de vida y (ii) proteger al señor Julio César Rodríguez Morón.

3. Los elementos de la responsabilidad extracontractual.

3.1. Con el fin de abordar integralmente la problemática que supone el recurso de apelación interpuesto, la Sala analizará la demostración del daño, toda vez que se trata del primer elemento que debe dilucidarse para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado(8), de manera que, resuelto el tema relativo a la afectación patrimonial de los actores que se alega en la demanda, se entrará a estudiar la imputación.

3.2. Igualmente, precisa referir que los documentos allegados por las partes lo fueron dentro de la oportunidad pertinente, en original, en copia auténtica y copias simples (cdno. ppal.)(9).

3.3. El daño.

En el sub lite, el daño alegado por los actores se concreta en (i) la imposibilidad de reclamar la indemnización del seguro de vida y (ii) la muerte del señor Julio César Rodríguez Morón, atribuidos a la demandada por la falta de renovación de la respectiva póliza y la omisión de protección por parte del municipio del Copey.

En ese orden, se tiene que el 5 de marzo de 1999, la compañía aseguradora La Previsora S.A. expidió la póliza 1710403980 con el fin de amparar (i) vida ($ 48.000.000)(10), (ii) incapacidad total y permanente ($ 48.000.000), (iii) gastos médicos por accidente ($ 5.000.000) y (iv) gastos funerarios ($ 5.000.000), entre otros, del señor Julio César Rodríguez Morón, por el periodo comprendido entre la fecha de expedición y el 4 de marzo de 2000, siendo el tomador la entidad territorial demandada (fls. 59 y 60, cdno. ppal.); el 23 de marzo de 2001, a través de la comunicación 000480, La Previsora S.A. informó al apoderado de los actores lo siguiente:

1. El señor Julio César Rodríguez Morón (Q.E.P.D.) estuvo asegurado por esta compañía de seguros durante la vigencia desde el 05-03-99 hasta 04-03-2000.

2. El mencionado señor Morón estuvo asegurado mediante póliza de vida grupo 1710403980, expedida a solicitud de la alcaldía del municipio del Copey.

3. Durante la vigencia del seguro anotada (sic), en el punto 1 el valor asegurado fue de $ 48.000.000 y los beneficiarios del seguro anotados por el señor Morón fueron los siguientes:

NombreParentescoPorcentaje
Dora Morón CuetoMadre20%
Sol Marina OcampoEsposa20%
Julio César Rodríguez OHijo20%
Kendrys Juliana RodríguezHija20%
Ariainy Jorieth Rodríguez de la CruzHija20%

4. El fallecimiento del señor Julio César Rodríguez Morón fue el 30 de mayo del 2000, fecha en el cual no existía en esta compañía póliza vigente ya que esta se había vencido desde marzo-4-2000 (fls. 18 y 19, cdno. ppal., original).

A folio 4 del cuaderno principal obra el registro civil de defunción del señor Julio César Rodríguez Morón, en el cual se observa como fecha de ese hecho el 30 de mayo de 2000, sin anotaciones que den cuenta de la causa de la muerte.

Del análisis conjunto de las anteriores pruebas se desprende, claramente, el daño deprecado.

3.4. La imputación.

3.4.1. En cuanto a la imputabilidad del daño a la administración, es pertinente poner de presente que en reciente pronunciamiento, la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco podía la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que este puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación(11):

En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia.

Así las cosas, de conformidad con la jurisprudencia citada, no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas tengan que resolverse de la misma forma pues, se insiste, el juez puede —en cada caso concreto— válidamente considerar que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.

3.4.2. En ese orden, frente a la imputación del daño irrogado a los actores, de las pruebas allegadas al plenario, se tiene:

3.4.2.1. El 29 de noviembre de 1998, en elecciones atípicas, fue elegido alcalde del municipio del Copey el señor Julio César Rodríguez Morón para el periodo 1998-2001 (fl. 77, cdno. ppal., certificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil del 10 de julio de 2002 y formulario E26AG, original y copia)(12); cargo en el que se posesionó el 4 de diciembre siguiente (fl. 66, cdno. ppal., copia auténtica).

3.4.2.2. El 5 de marzo de 1999, la compañía aseguradora La Previsora S.A. expidió la póliza 1710403980 con el fin de amparar, entre otros, la vida del señor Julio César Rodríguez Morón, por el periodo comprendido entre la fecha de expedición y el 4 de marzo de 2000, siendo el tomador la entidad territorial demandada y beneficiarios del asegurado las señoras Dora Morón Cueto (madre), Sol Marina Ocampo (cónyuge), Julio César Rodríguez Ocampo, Kendrys Juliana Rodríguez Sierra y Ariainy Jorieth Rodríguez de La Cruz (hijos) (fls. 59 y 60, cdno. ppal.); (ii) póliza que no fue renovada, razón por la cual venció el 4 de marzo de 2000 (comunicación 000480 del 23 de marzo/2001 de La Previsora S.A.).

3.4.2.3. El 27 de diciembre de 1999, a través del Decreto 000540, el gobernador del departamento del Cesar dispuso:

a) Que la Fiscalía Quinta Delegada ante los jueces del circuito de Valledupar, mediante Oficio UFV/5 1497, calendado noviembre 24 de 1999, recibido el 24 de noviembre de 1999, solicita la suspensión en el ejercicio del cargo del alcalde del Copey (Cesar), por habérsele dictado medida de aseguramiento.

b) Que la Ley 136 del 19 de mayo de 1994 numeral 2º, faculta a los gobernadores para suspender de sus funciones a los alcaldes de su jurisdicción, cuando en contra se dicte medida de aseguramiento, con privación efectiva de la libertad y cuando dicha decisión quede debidamente ejecutoriada, como lo está la proferida contra el alcalde mencionado.

DECRETA:

ART. 1º—Suspéndase provisionalmente del cargo al alcalde electo del municipio del Copey (Cesar), al señor Julio César Rodríguez Morón.

ART. 2º—Desígnese en comisión al funcionario Justo Garantiva Bruges, identificado con la cédula de ciudadanía 12.724.21 (sic) de Valledupar, para que desempeñe las funciones de alcalde para el municipio del Copey (Cesar), mientras se presenta la terna de que habla la Ley 136 de 1994, en su artículo 106 (fl. 62, cdno. ppal., copia auténtica).

3.4.2.4. El 28 de junio de 2000, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar declaró extinguida la acción penal por muerte del señor Rodríguez Morón, para lo cual consideró:

Mediante providencia del 8 de marzo de 2000, la Fiscalía Quinta Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de esta ciudad le dictó resolución de acusación al señor Julio César Rodríguez Morón, por el delito de celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales en concurso con el delito de peculado por apropiación.

El 16 de junio de 2000, dicho proceso correspondió por reparto a esta agencia judicial, aprehendiéndose su conocimiento el 19 de junio del año que discurre y al revisar el mismo se pudo establecer que se encontraba vinculado Julio César Rodríguez Morón, cuyo deceso fue públicamente conocido, toda vez que regentaba el cargo de alcalde municipal del Copey, Cesar, por lo que de manera inmediata se ordenó por auto del 19 de junio del 2000, oficiar a la Notaría Única de aquella población, con el propósito que se allegara a la foliatura el acta de defunción del obitado.

El 27 de junio de 2000, por intermedio del doctor Germán Piñeres Vanegas, defensor del procesado, se allegó a esta agencia judicial copia del registro civil de defunción identificado con el serial 3481134 del 23 de junio de 2000, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil del Copey, Cesar, en el que se da cuenta de la muerte de Julio César Rodríguez Morón quien era titular de la cédula de ciudadanía 7.048.945 de Pedraza, Magdalena.

Corolario natural de lo expuesto en que el despacho, apoyado en lo dispuesto por el artículo 76 del Código Penal, declare la extinción de la acción penal por muerte del sindicado, y en consecuencia, decrete la cesación de todo procedimiento a favor del procesado y por otro lado, ordenar la entrega del depósito judicial 5482432, que por valor de $ 708.849 consignará el procesado en cita para gozar de detención domiciliaria otorgada por la Fiscalía Quinta Delegada, el 29 de septiembre de 1999, al doctor Germán Piñeres Vanegas, cuya fotocopia obra a folio 265 del cuaderno original (fls. 80 y 81, cdno. ppal., copia autentica).

Del análisis conjunto de la anteriores pruebas se tiene que (i) el señor Julio César Rodríguez Morón fue elegido como alcalde del municipio del Copey para el periodo 1999 a 2001; (ii) entre el 5 de marzo de 1999 y el 4 de marzo del siguiente año, estuvo cubierto por un seguro de vida, sin que se renovara después de su vencimiento; (iii) fue suspendido de su cargo desde el 27 de diciembre de 1999 hasta el 28 de junio de 2000 cuando le cesaron la acción penal por muerte, (vi) la que ocurrió el 30 de mayo de 2000.

3.4.3. La Sección tiene definido que en casos donde se imputa a las entidades públicas la omisión en el cumplimiento de sus deberes es preciso que “una vez se haya identificado el contenido obligacional a cargo de la entidad pública accionada en el caso concreto, con base tanto en el examen de los preceptos constitucionales o legales que programan la actividad y las decisiones de la misma, como también en el sentido de las disposiciones reglamentarias e, incluso, de los pronunciamientos judiciales de haberlos que hubieren precisado el alcance de las obligaciones y deberes de cuidado a cargo de la entidad respectiva y en la contextualización de dichos elementos en el cuadro fáctico del supuesto específico bajo estudio, debe proceder a establecerse si el sujeto accionado defraudó las expectativas de actuación que se desprendían del que constituye su rol, de este modo configurado”(13).

Con fundamento en lo anterior, la Sala precisa que el ordenamiento jurídico, ni para la fecha en que fue nombrado el señor Rodríguez Morón como alcalde ni para el día en que falleció, imponía la obligación de asegurar la vida de los alcaldes, hasta el punto que ese beneficio tan solo se materializó con la expedición de la Ley 617 de 2000, que en su artículo 87 dispuso:

Seguro de vida para los alcaldes. Los alcaldes tendrán derecho durante el periodo para el cual han sido elegidos a un seguro de vida. Para tal efecto, el concejo autorizará al alcalde para que contrate con una compañía de seguros legalmente autorizada el seguro previsto en este artículo.

El pago de las primas estará a cargo del municipio o distrito.

Sin embargo, esa norma tan solo empezó a regir el 9 de octubre de 2000, con su publicación en el Diario Oficial 44.188, tal como lo dispuso el artículo 96 de la citada norma, fecha para la cual la situación aquí puesta de presente se encontraba consumada, sin que sea posible su aplicación retroactiva. Ahora, la Ley 136 de 1994, en sus artículos 65(14), 68(15), 69(16) y 177(17), tan solo se ocupó del seguro de vida de los concejales y personeros, pero en parte alguna reguló una institución similar para los alcaldes.

Con todo, cabe señalar que el Código Sustantivo del Trabajo, en casos de accidentes profesionales, establecía en el artículo 289(18) la obligación del empleador de cubrir todos los riesgos por muerte de su trabajador a través de un seguro de vida colectivo, norma que si bien no resultaba aplicable al presente asunto, tal como lo disponían los artículos 3(19) y 4(20) ejusdem, resulta importante referir, no solo porque los actores la citan como fundamento de sus pretensiones, sino también porque la Corte Constitucional aclaró que esa norma fue tácitamente derogada por la Ley 100 de 1993 que aseguró a toda la población frente esa clase de riesgos, así(21):

En lo que concierne al segmento normativo “excepto los ocasionales o transitorios” del artículo 289 del Código Sustantivo del Trabajo, relativo al seguro de vida colectivo obligatorio, encuentra la Corte que igualmente se encuentra derogado, en virtud de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

En efecto, se trata de una prestación especial que también fue asumida por el sistema de seguridad social integral establecido por la Ley 100 de 1993, en virtud del cual se garantizó “a toda la población” las contingencias originadas en la muerte. Así se deriva, entre otras normas, de los artículos 10 de la mencionada ley que dispone:

“ART. 10.—Objeto del sistema general de pensiones. El sistema general de pensiones tiene por objeto garantizar a la población el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se reconocen en la presente ley, así como propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones”.

En este sentido, es claro para la Corte que en la actualidad el seguro de vida colectivo fue sustituido por la pensión de sobrevivientes o la correspondiente indemnización sustitutiva contemplada en el sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, las cuales deben ser asumidas por el fondo de pensiones al cual se encuentre afiliado el causante, tal y como lo entendió en alguna oportunidad la Corte Suprema de Justicia. Si bien es cierto, la Ley 100 de 1993 no derogó expresamente el artículo 289 del Código Sustantivo del Trabajo, no cabe duda alguna que el nuevo sistema de seguridad social integral reguló por completo la materia, configurándose así el fenómeno de la derogatoria tácita.

En ese orden, antes de la entrada en vigencia de la Ley 617 de 2000, la cuestión aquí puesta de presente fue asumida por el sistema de seguridad social integral y no con el seguro de vida que reclaman los actores; efectivamente, ese sistema fue creado para “garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad”, con el fin de “obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten”(22). Es así como el sistema de seguridad social en salud otorga a sus afiliados el derecho al cubrimiento de servicios médico-quirúrgicos, indemnización por incapacidad permanente o muerte, gastos funerarios y gastos de transporte originados en accidentes de tránsito, acciones terroristas por bombas o artefactos explosivos, en catástrofes naturales u otros expresamente aprobados por el Consejo de Nacional del Sistema(23); asimismo, el sistema general de riesgos profesionales permite la sustitución pensional o la devolución de los saldos cotizados a los beneficiarios por la muerte del afiliado al sistema general de pensiones por accidente de trabajo o enfermedad profesional(24); igualmente, el sistema general de pensiones otorga el derecho a recibir un auxilio funerario a la persona que muestre que sufragó gastos de entierro de un afiliado o pensionado(25).

Igualmente, es pertinente aclarar que el hecho de que el municipio hubiera asegurado a la víctima no imponía la carga de renovación, siendo que esa situación favorable se constituyó con la intervención de la víctima como responsable de la contratación de la demandada, atendiendo a su condición de representante legal (L. 80/93, art. 11) y a pesar de que el ordenamiento jurídico no establecía ese beneficio a su favor, razón por la cual bien se podía no renovarlo. De lo contrario se abriría la posibilidad para que se generen derechos para los servidores públicos con cargo al patrimonio público, por el solo hecho de que ellos mismos así lo dispusieran en su propio beneficio(26).

3.4.4. De otro lado, aun cuando el a quo no se pronunció frente a la responsabilidad de la demandada por la falta de protección de la víctima, sí se incorporó como una de las causas de reclamación en la demanda (pretensión tercera, fl. 20, cdno. ppal.), razón por la cual la Sala se pronunciará frente a la misma. Al respecto, debe anotarse que se echan de menos pruebas que permitan determinar que (i) que la causa de la muerte fuera violenta, en tanto el registro civil de defunción guarda silencio frente a ese extremo, sin que obre en el expediente el protocolo de necropsia ni las diligencias del proceso penal, las cuales no fueron aportadas ni pedidas por la parte actora a quien le correspondía esa carga (fls. 25 a 27, cdno. ppal., acápite de pruebas de la demanda); (ii) tampoco se conocen las circunstancias en la que falleció el señor Rodríguez Morón, no solamente porque se echan de menos las pruebas anteriormente advertidas, sino también porque ni siquiera se pidieron pruebas testimoniales. Lo expuesto resulta suficiente para declarar infundada la imputación a la demandada, de quien ni siquiera se demostró que tuviera condiciones especiales de orden público que indiquen que la causa de la muerte fuera violenta.

En ese orden, esta corporación ha señalado que este tipo de daños resultan imputables a las entidades públicas siempre que concurran, como ha recordado en varias decisiones el Consejo de Estado(27), las siguientes condiciones: (i) que en la producción del daño antijurídico estuvo presente la complicidad por acción u omisión de agentes del Estado(28), (ii) que se acredite que la persona contra quien se dirigió el ataque había solicitado previamente medidas de protección a las autoridades y estas no se las brindaron, de tal manera que su omisión contribuyó en la producción del daño (infracción a la posición de garante)(29); (iii) que la víctima no solicitó las medidas referidas, pero las fuerzas del orden conocían las amenazas que se cernían contra su vida(30) y (iv) porque en razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, el hecho era previsible y no se realizó actuación alguna dirigida a su protección(31).

Exigencias que difícilmente pueden entenderse satisfechas en el sub lite(32).

En consecuencia, se impone confirmar la decisión de primera instancia.

3.5. Por último, como la conducta de las partes no puede catalogarse como abiertamente temeraria, sino el ejercicio del derecho de acceso a la justicia y de defensa, se impone negar la condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia del 13 de mayo de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, con fundamento en las consideraciones expuestas en esta instancia.

2. Sin condena en costas.

3. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(4) El numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 2º del Decreto 597 de 1988, asignó el conocimiento en primera instancia a los tribunales administrativos de los asuntos de reparación directa y cumplimiento que se promuevan contra la Nación, las entidades territoriales o las entidades descentralizadas de los diferentes órdenes. En consecuencia, como los perjuicios materiales por la imposibilidad de recibir la indemnización del contrato de seguro y la falta de protección de la víctima se calcularon en $ 5.000.000.000 (fl. 20, cdno. ppal.), es decir $ 833.333.333 por cada demandante, es claro que para el 2001, cuando se presentó la demanda (fl. 27, cdno. ppal.), la controversia superaba el valor exigido para que tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación, esto es por encima de $ 26.390.000.

(5) “La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa”.

(6) En asuntos similares, pero en relación con las pólizas de vida de los concejales, la Corporación ha admitido esta vía procesal, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 4 de diciembre de 2002, Expediente 13.737, M.P. Germán Rodríguez Villamizar; del 28 de septiembre de 2012, Expediente 19.119, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo; 14 de marzo de 2013, Expediente 23.469, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(7) “La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

(8) Henao, Juan Carlos. El daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, p. 37.

(9) Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, Expediente 25.022, M.P. Enrique Gil Botero. En esa oportunidad se dijo que las copias simples obrantes en el proceso y que surtieran el principio de contradicción tienen plenos efectos probatorios. Claro está salvo: “(...) si se desea acreditar el parentesco, la prueba idónea será el respectivo registro civil de nacimiento o de matrimonio según lo determina el Decreto 1260 de 1970 (prueba ad solemnitatem), o la escritura pública de venta, cuando se busque la acreditación del título jurídico de transferencia del dominio de un bien inmueble (prueba ad sustanciam actus). (...) De modo que, si la ley establece un requisito —bien sea formal o sustancial— para la prueba de un determinado hecho, acto o negocio jurídico, el juez no puede eximir a las partes del cumplimiento del mismo; cosa distinta es si el respectivo documento (v. gr. el registro civil, la escritura de venta, el certificado de matrícula inmobiliaria, el contrato, etc.) ha obrado en el expediente en copia simple, puesto que no sería lógico desconocer el valor probatorio del mismo si las partes a lo largo de la actuación no lo han tachado de falso. Así las cosas, si se desea acreditar el parentesco, la prueba idónea será el respectivo registro civil de nacimiento o de matrimonio según lo determina el Decreto 1260 de 1970 (prueba ad solemnitatem), o la escritura pública de venta, cuando se busque la acreditación del título jurídico de transferencia del dominio de un bien inmueble (prueba ad sustanciam actus). (...) De modo que, si la ley establece un requisito —bien sea formal o sustancial— para la prueba de un determinado hecho, acto o negocio jurídico, el juez no puede eximir a las partes del cumplimiento del mismo; cosa distinta es si el respectivo documento (v. gr. el registro civil, la escritura de venta, el certificado de matrícula inmobiliaria, el contrato, etc.) ha obrado en el expediente en copia simple, puesto que no sería lógico desconocer el valor probatorio del mismo si las partes a lo largo de la actuación no lo han tachado de falso”.

(10) Las sumas que se precisan entre paréntesis corresponden al valor asegurado de cada amparo.

(11) Consejo de Estado, SCA, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, Expediente 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la sentencia de 23 de agosto de 2012, Expediente 23219, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(12) Vale aclarar que si bien en la certificación se dice que la víctima fue elegido como concejal, el formulario que se acompaña con la certificación da cuenta de que la elección fue para el cargo de alcalde.

(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de agosto de 2011, Expediente 17.613, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(14) “Reconocimiento de derechos. Los miembros de los concejos de las entidades territoriales tienen derecho a reconocimiento de honorarios por la asistencia comprobada a las sesiones plenarias. // Así mismo, tienen derecho, durante el periodo para el cual fueron elegidos, a un seguro de vida y a la atención médico-asistencial personal, vigente en la respectiva localidad para los servidores públicos municipales. // Las resoluciones que para efecto de reconocimiento de honorarios expidan las mesas directivas de los concejos, serán publicadas en los medios oficiales de información existentes en el respectivo municipio o distrito. Cualquier ciudadano o persona podrá impugnarlas, y la autoridad competente, según el caso, dará curso a la investigación o proceso correspondiente” (se destaca).

(15) “Seguros de vida y de salud. Los concejales tendrán derecho durante el periodo para el cual han sido elegidos, a un seguro de vida equivalente a veinte veces del salario mensual vigente para el alcalde, así como a la atención médico-asistencial a que tiene derecho el respectivo alcalde. // Para estos efectos, los concejos autorizarán al alcalde para que se contrate con cualquier compañía de seguros legalmente autorizada, el seguro previsto en este artículo. // Solo los concejales titulares que concurran ordinariamente a las sesiones de la corporación, tienen derecho al reconocimiento de un seguro de vida y de asistencia médica, en los mismos términos autorizados para los servidores públicos del respectivo municipio o distrito. // La ausencia en cada periodo mensual de sesiones a por lo menos la tercera parte de ellas, excluirá de los derechos de honorarios y seguro de vida y asistencia médica por el resto del periodo constitucional. // PAR.—El pago de las primas por los seguros estará a cargo del respectivo municipio”.

(16) “Seguros de vida y de salud en caso de reemplazo por vacancia. En caso de faltas absolutas, quienes sean llamados a ocupar el cargo de concejal tendrán derecho a los beneficios a que se refiere el artículo anterior, desde el momento de su posesión y hasta que concluya el periodo correspondiente a la vacante, según el caso. // En caso de falta absoluta quien sea llamado a ocupar el cargo de concejal tendrá estos mismos derechos desde el momento de su posesión”.

(17) “Salarios, prestaciones y seguros. Los salarios y prestaciones de los personeros, como empleados de los municipios, se pagarán con cargo al presupuesto del municipio. La asignación mensual de los personeros, en los municipios y distritos de las categorías especial, primera y segunda será igual al cien por ciento (100%) del salario mensual aprobado por el concejo para el alcalde. En los demás municipios será igual al setenta por ciento (70%) del salario mensual aprobado por el concejo para el alcalde. // Los personeros tendrán derecho a un seguro por muerte violenta, el cual debe ser contratado por el alcalde respectivo”.

(18) Modificado por el artículo 12 de la Ley 11 de 1984, así: “Empresas obligadas. Toda empresa de carácter permanente debe efectuar a su cargo el seguro de vida colectivo de todos sus trabajadores, excepto de los ocasionales o transitorios, y cubrir el riesgo de la muerte sea cualquiera la causa que la produzca”.

(19) “Relaciones que regula. El presente código regula las relaciones de derecho individual del trabajo de carácter particular, y las de derecho colectivo del trabajo, oficiales y particulares”.

(20) “Servidores públicos. Las relaciones de derecho individual del trabajo entre la administración pública y los trabajadores de ferrocarriles, empresas, obras públicas y demás servidores del Estado, no se rigen por este código, sino por los estatutos especiales que posteriormente se dicten”.

(21) Corte Constitucional, Sentencia C-823 del 4 de octubre de 2006, Expediente D-6267, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(22) Artículo 1º de la Ley 100 de 1993. Las normas que se citan a continuación son de esta misma ley.

(23) “ART. 167.—Riesgos catastróficos y accidentes de tránsito. En los casos de urgencias generadas en accidentes de tránsito, en acciones terroristas ocasionadas por bombas o artefactos explosivos, en catástrofes naturales u otros eventos expresamente aprobados por el consejo nacional de seguridad social en salud, los afiliados al sistema general de seguridad social en salud tendrán derecho al cubrimiento de los servicios médico-quirúrgicos, indemnización por incapacidad permanente y por muerte, gastos funerarios y gastos de transporte al centro asistencial. El fondo de solidaridad y garantía pagará directamente a la institución que haya prestado el servicio a las tarifas que establezca el Gobierno Nacional de acuerdo con los criterios del consejo nacional de seguridad social en salud. // PAR. 1º—En los casos de accidentes de tránsito, el cubrimiento de los servicios médico-quirúrgicos y demás prestaciones continuará a cargo de las aseguradoras autorizadas para administrar los recursos del seguro obligatorio de accidentes de tránsito con las modificaciones de esta ley. PAR. 2º—Los demás riesgos aquí previstos serán atendidos con cargo a la subcuenta del fondo de solidaridad y garantía, de acuerdo con la reglamentación que establezca el Gobierno Nacional. PAR. 3º—El Gobierno Nacional reglamentará los procedimientos de cobro y pago de estos servicios. PAR. 4º—El sistema general de seguridad social en salud podrá establecer un sistema de reaseguros para el cubrimiento de los riesgos catastróficos”.

(24) “ART. 255.—Accidentes de trabajo y enfermedad profesional. La pensión de sobrevivientes originada en accidente de trabajo o enfermedad profesional continuará rigiéndose por las disposiciones vigentes, salvo que se opte por el manejo integrado de estas pensiones de conformidad con lo previsto en el artículo 157 de esta ley”. // “ART. 256.—Devolución de saldos por muerte causada por accidente de trabajo o enfermedad profesional. En caso de muerte del afiliado al sistema de ahorro individual con solidaridad, derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional, no habrá lugar a bono pensional y el saldo de la cuenta individual de ahorro pensional podrá utilizarse para incrementar el valor de la pensión que se financia con la cotización del empleador, si el afiliado así lo hubiere estipulado o los beneficiarios lo acuerdan. // En caso contrario hará parte la masa sucesoral del causante. Si no hubiere causahabientes dichas sumas se destinarán al financiamiento de la garantía estatal de pensión mínima”.

(25) “ART. 51.—Auxilio funerario. La persona que compruebe haber sufragado los gastos de entierro de un afiliado o pensionado, tendrá derecho a percibir un auxilio funerario equivalente al último salario base de cotización, o al valor correspondiente a la última mesada pensional recibida, según sea el caso, sin que este auxilio pueda ser inferior a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, ni superior a diez (10) veces dicho salario. // Cuando los gastos funerarios por disposición legal o reglamentaria deban estar cubiertos por una póliza de seguros, el Instituto de Seguros Sociales, cajas, fondos o entidades del sector público podrán repetir contra la entidad aseguradora que lo haya amparado, por las sumas que se paguen por este concepto”.

(26) La Corte Constitucional ha puesto de presente los siguientes requisitos para que se configure el principio de confianza legítima: “Por otra parte, esta corporación ha manifestado que para que se configure este principio, deben concurrir los siguientes presupuestos: a) la necesidad de preservar de manera perentoria el interés público; b) la demostración de que el particular ha desplegado su conducta de conformidad con el principio de la buena fe; c) la desestabilización cierta, razonable y evidente en la relación entre la administración y el particular y, finalmente; d) la obligación de adoptar medidas transitorias para que el particular se pueda acomodar a la nueva situación creada por el cambio intempestivo de actitud por parte de la administración”. En T-210 del 23 de marzo de 2010, Expediente T-2.367.072, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

(27) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de agosto 29 de 2012, Expediente 24.444, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo; sentencia de agosto 11 de 2011, Expediente 20.325, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(28) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de septiembre 4 de 1997, Expediente 10140, M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.

(29) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de noviembre de 2008, Expediente 20511, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(30) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de junio 19 de 1997, Expediente 11875, M.P. Daniel Suárez Hernández.

(31) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de octubre 30 de 1997, Expediente 10958, M.P. Ricardo Hoyos Duque.

(32) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de marzo de 2013, Expediente 23.469, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. En esa oportunidad, sobre la carga de la prueba, precisó: “[e]l precepto que en el derecho positivo colombiano gobierna el tema, tratándose de los procedimientos que se adelantan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por virtud de la incorporación que el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo efectúa respecto de las normas del Código de Procedimiento Civil que regulan materias no desarrolladas en aquella codificación, es el artículo 177 del citado Estatuto Procesal Civil, cuyo tenor literal es el siguiente: // “ART. 177.—Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. // Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”. // La referida norma legal desarrolla el tradicional aforismo de acuerdo con el cual quien afirma un hecho debe probarlo: “incumbit probatio qui dicit non qui negat”. Ello se traduce, en los procesos que cursan ante el juez de lo contencioso administrativo, en que quien pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho de las normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de la prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al paso que concierne al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales basa sus excepciones o su estrategia de defensa. Si aquel no cumple con su onus probandi, la consecuencia que habrá de asumir será la desestimación, en la sentencia, de su causa petendi; si es este, en cambio, quien no satisface la exigencia probatoria en punto de los supuestos fácticos de las normas cuya aplicación conduciría a la estimación de sus excepciones o de los argumentos de su defensa, deberá asumir, consiguientemente, una fallo adverso a sus intereses. // Los planteamientos que se han dejado expuestos son, entonces, los que han de ilustrar el proceder del juez ante la falta o la insuficiencia de los elementos demostrativos de los hechos que constituyen el thema probandum del proceso —es decir, aquellos respecto de los cuales se predica la necesidad de su demostración— pues la autoridad judicial, en cualquier caso, no puede declinar su responsabilidad de resolver el fondo del asunto, de suerte que las anotadas reglas de la carga de la prueba indicarán si procede despachar favorablemente las pretensiones del actor o, por el contrario, si lo que se impone es acceder a la oposición formulada por la parte demandada”.