Sentencia 2001-00585 de septiembre 8 de 2009

 

Sentencia 2001-00585 de septiembre 8 de 2009 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Edgardo Villamil Portilla

Ref.: Exp. 11001-3103-035-2001-00585-01

Bogotá, D.C., ocho de septiembre de dos mil nueve.

La Corte decide el recurso de casación interpuesto por Mauricio González Rubio Gaitán, contra la sentencia dictada el 14 de septiembre de 2007 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga —obrando como juez ad hoc— decisión que clausuró la segunda instancia del proceso ordinario promovido por Luis Alberto Rojas Castañeda frente a Mauricio González Rubio y Clara Patricia Gaitán Mesa.

Antecedentes

1. El demandante pretendió que se declarara judicialmente que son absolutamente simulados, los contratos de compraventa contenidos en las escrituras públicas 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434 otorgadas todas el 22 de diciembre de 1999 en la Notaría 30 de Bogotá; extendió complementariamente su demanda a la sanción de nulidad de los mismos actos y a las consecuencias de la prosperidad de cada una de las pretensiones.

2. Los hechos propuestos como sustento de las pretensiones admiten la siguiente síntesis:

2.1. Como estrategia para evadir el pago de impuestos, Luis Alberto Rojas Castañeda vendió ficticiamente a Mauricio González Rubio Gaitán, la propiedad que tenía sobre algunos inmuebles; Mauricio el comprador, es hijo de Clara Patricia Gaitán Mesa, quien fue primero compañera permanente y luego esposa del vendedor. Según la demanda, la modalidad de transferencia de los bienes implicaba el compromiso del propietario aparente de devolver los bienes a su verdadero dueño.

2.2. El simulacro aparejó que el vendedor no recibiera contraprestación alguna por parte del comprador, este además carecía de los recursos económicos para cubrir el precio; por supuesto, jamás cumplió con la obligación de restituir al demandante como dueño de los inmuebles que había adquirido simuladamente, y finalmente transfirió a Clara Patricia Gaitán Mesa cinco de aquellos bienes.

3. La demanda se dirigió únicamente contra Mauricio González Rubio Gaitán, no obstante, por iniciativa del demandante se dispuso la “integración del litisconsorte” (fl. 157, cdno.1), en atención a lo cual el juzgado ordenó la vinculación de Clara Patricia Gaitán Mesa al proceso (fl. 160, ibíd.).

Los demandados contestaron separadamente la demanda; Mauricio González Rubio Gaitán primero mediante curador ad litem (fls. 214 y 215 cdno. 1) y luego a través de apoderado judicial (fl. 257 a 276, ibíd.), quien resistió las pretensiones y cuestionó las premisas empíricas que prestan apoyo a las pretensiones; como medio de defensa propuso la inexistencia de la simulación pretendida y el cumplimiento de la obligación de pagar el precio.

La demandada Clara Patricia Gaitán Mesa designó apoderado judicial (fls. 198 y 301, cdno. 1), este contestó la demanda con expresa oposición a las pretensiones principales de la demanda en lo referente a la simulación (fls. 305 a 312, cdno. 1), pues dijo ser ajena a las solicitudes subsidiarias; igualmente argumentó la falta de requisitos para declarar la simulación y afirmó que el precio sí fue pagado.

4. Las pretensiones de la demanda tuvieron acogida en primera instancia, así el juzgado dispuso:

“1. Declarar que los contratos de compraventa celebrados entre Luis Alberto Rojas Castañeda como vendedor y Mauricio González Rubio Gaitán como comprador, contenidos en las escrituras públicas 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434 otorgadas el 22 de diciembre de 1999 en la Notaría 30 de esta ciudad, sobre los predios conocidos como ‘Potrero El Alto’, ‘Los Llanos’, ‘Los Ángeles’, ‘Los Ranchos’, ‘Dios Verá’, ‘El Crédito’, ‘Campoalegre’, respectivamente, con absolutamente simulados.

2. Ordenar que los bienes inmuebles mencionados en el numeral anterior, cuya descripción y linderos están consignados en la demanda, retornen a la situación jurídica en que se hallaban antes de la celebración de dichos contratos, es decir, en cabeza del vendedor Luis Alberto Rojas Castañeda.

3. Declarar sin valor ni efecto, las escrituras públicas 559, 560, 561, 562, del 9 de marzo del año 2001, otorgadas en la Notaría 30 de esta ciudad, conforme a las consideraciones expuestas.

4. Comuníquese esta decisión a la Notaría 30 de Bogotá como también a la Oficina de Registros Públicos correspondiente, para los fines pertinentes.

5. Declarar infundadas las excepciones de mérito propuestas pertinentes.

6. Ordenar al demandado entregar al demandante, los bienes inmuebles descritos en el numeral 1º, dentro de los seis (6) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia” (fl. 907, cdno. 1).

La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. En respuesta, el tribunal tuvo “por firmes los decretos primero, segundo, cuarto, quinto sexto y séptimo de la parte resolutiva de la sentencia”, y revocó el numeral 3º de la misma decisión, todo mediante la providencia que, recurrida en casación al amparo de la causal 5ª, concita ahora la atención de la Corte.

La sentencia impugnada

En lo que importa al recurso de apelación interpuesto, en el acápite denominado “límites del recurso”, el tribunal concluyó que no fue atacado “verdaderamente la declaratoria de simulación que recayó sobre las escrituras que se elaboraron en la Notaría 30 de Bogotá el 22 de diciembre de 1999; y que en verdad la impugnación se orienta únicamente contra el ítem tercero de la sentencia de primer grado”.

A partir de allí, el juzgador apuntó con dicacidad que “a la hora de nona, el debate central del pleito se halla cerrado y que la apelación surgida es parcial, en cuanto se dirige solo a rebatir la decisión del a quo que in extremis declaró una ineficacia que en la demanda y su corrección —es lo cierto— jamás se le pidió declarar” (fl. 167, cdno. 7).

Con tal demarcación restrictiva de su competencia, el ad quem emprendió el análisis del problema jurídico, mismo que confinó a la declaración de la ineficacia de los negocios jurídicos, cuya anormalidad, dijo el ad quem, nunca fue demandada.

Y tras esa reducción del tema de impugnación, el tribunal desembocó en la revocatoria parcial de la sentencia recurrida, en tanto, dijo, “el demandante no picó pues espuelas (sic) contra las negociaciones de su aparente comprador, con su progenitora, el juzgado no podía entonces entrar a tocar tales contratos, so pena de violar la congruencia del fallo”.

La demanda de casación

Guiado por la causal quinta de casación, el recurrente planteó la nulidad de la sentencia por pretermisión total de la instancia, en lo que toca con la posición procesal del demandado Mauricio González Rubio Gaitán, quien ninguna respuesta recibió en segunda instancia sobre su malestar contra el fallo recurrido.

Luego de describir algunas incidencias del proceso, el censor resaltó cómo los demandados tuvieron apoderados diferentes, pero después unificaron su representación judicial en un mismo profesional, que finalmente interpuso el recurso de apelación, en calidad de mandatario de Mauricio González Rubio Gaitán y Clara Patricia Gaitán Mesa, impugnación cuya finalidad concreta fue la revocación integral de la sentencia, tanto, que se solicitó la radical absolución de ambos demandados.

De cara al alcance del recurso de apelación, el casacionista sostuvo que la demandada sí solicitó al tribunal una revisión integral de la apelación, de manera que en la sustentación del recurso pidió “tener como incorporados a la actuación que me ocupa los escritos de alegato de conclusión de instancia y de fundamento para la refutación del fallo con que ella quedó cerrada, respectivamente”.

Recriminó al ad quem por haber decidido exclusivamente la apelación de Clara Patricia Gaitán Mesa, pues en criterio del censor, el juez de segundo grado erró gravemente cuando consideró que Mauricio González Rubio Gaitán “no había apelado el fallo de primer grado y que se había conformado con este”.

El casacionista hizo referencia al auto admisorio del recurso, providencia proferida por la Corte en la cual se reconoció legitimación a Mauricio González Rubio Gaitán para recurrir en casación, por haber interpuesto el recurso de apelación contra sentencia de primera instancia.

Juzga que el tribunal se abstuvo de resolver la apelación presentada por Mauricio González Rubio Gaitán, a pesar de que ella fue efectivamente interpuesta, todo lo cual comporta, a ojos del recurrente, que hubo pretermisión de la segunda instancia con lo cual se estructura la causal de nulidad prevista en el numeral 5º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.

En otro segmento del cargo, el casacionista agregó que entre Mauricio González Rubio Gaitán y Clara Patricia Gaitán Mesa existe un litisconsorcio facultativo, pues esta última no aparece en los contratos de compraventa cuya simulación se pretendió, por lo tanto, los actos procesales de aquellos deben entenderse como litigantes independientes, de donde dedujo que “tampoco puede aducirse que los efectos del recurso de apelación interpuesto por la otra demandada, de una u otra forma, cobijan el presentado por mi mandante, máxime cuando el tribunal fue categórico al afirmar que en lo que concernía a Mauricio González Rubio Gaitán ‘ya hay cosa juzgada’ ”.

Haciendo eco de algún pasaje jurisprudencial acerca de la causal de nulidad invocada, el recurrente argumentó que era aplicable al caso la doctrina que en asuntos de pretermisión de la consulta y apelación de litisconsortes voluntarios, ha sentado la Corte, porque mutatis mutandi, los dos demandados apelaron el fallo de primer grado, a pesar de que el tribunal “resolvió solo uno de tales recursos, omitiendo resolver el otro”. Solicitó entonces la nulidad de la sentencia impugnada y que sea dispuesto devolver el expediente al tribunal para que renueve la actuación.

Consideraciones de la Corte

1. La recensión del cargo deja en claro que la causal de nulidad traída a casación se encuentra soportada en que Mauricio González Rubio Gaitán efectivamente propuso y sustentó el recurso de apelación contra la sentencia del juzgado, no obstante, el tribunal desconoció tal protesta cuando redujo el thema decidendi en segunda instancia a tan solo la apelación puesta por Clara Patricia Gaitán Mesa, con exclusión de la impugnación planteada en nombre de Mauricio González Rubio Gaitán por el apoderado de ambos.

Para juzgar sobre la existencia de la irregularidad denunciada, por lo mismo constitutiva de la nulidad invocada, es necesario transitar por los linderos de la competencia del superior, para averiguar qué tanto está limitada por la intención del recurrente y cuáles son las reflexiones necesarias para escrutar el designio del impugnador.

2. De cara al primer asunto, importa resaltar adelante que la exigencia de sustentar el recurso de apelación no aparecía en el Código Judicial (L. 105 /31); aunque el artículo 494 de la dicha norma disponía que

“La apelación se entiende interpuesta solo en lo desfavorable al apelante, y, por tanto, el superior no puede enmendar la providencia en la parte que no es objeto del recurso, salvo que, a virtud de la reposición, sea preciso hacer modificaciones a esta parte sobre puntos íntimamente relacionados con la otra”.

El Código de Procedimiento Civil original (D. 1400 /70) tampoco traía semejante exigencia. Entonces el antecedente legislativo del requisito comentado aparece en el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, en cuyo texto se lee:

“Quien interponga el recurso de apelación en proceso civil, penal o laboral deberá sustentarlo por escrito ante el juez que haya proferido la decisión correspondiente, antes de que se venza el término para resolver la petición de apelación. Si el recurrente no sustenta la apelación en el término legal, el juez mediante auto que solo admite el recurso de reposición, lo declarará desierto. No obstante la parte interesada podrá recurrir de hecho. Sustentado oportunamente, se concederá el recurso y se enviará el proceso al superior para su conocimiento”.

Regla que pretende, en palabras de los ponentes en la Cámara de Representantes(1), “dar celeridad al proceso penal (sic) y buscar la lealtad entre las partes, es necesario establecer reglas en lo tocante al recurso de apelación, en el sentido de hacer obligatoria la sustentación, para de esta manera exigir a quien recurre, manifieste la razón o razones de su inconformidad con la decisión jurisdiccional, con el fin de que el juez de segunda instancia se entere de las argumentaciones que se aducen oportunamente y para que las demás partes conozcan la posición jurídica del apelante y tengan oportunidad de contraargumentar” (destaca la Sala), motivación de la cual emerge que fueron la celeridad y la lealtad procesales, los motores que dieron lugar al cambio legislativo que entonces impuso sustentar la inconformidad, con la declaratoria de deserción del recurso de apelación para el caso de contravención de esa exigencia.

Y bien pronto esta Sala aludió a la filosofía de la norma recién trascrita, pues estableció que “con el propósito de armonizar con sistemas procedimentales más avanzados, el legislador colombiano de este año, llenó el vacío hasta entonces observado al estatuir que quien interponga el recurso de apelación” deberá sustentarlo so pena de deserción. Asimismo, sostuvo la Corte que

“... en un plausible avance el legislador patrio subordinó la admisibilidad del recurso de apelación al cumplimiento por el recurrente del deber de sustentarlo y sustentar, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, significa mantener, es decir, en la acepción más afín con la materia regulada, ‘defender o sustentar una opinión o sistema’.

Si, como ya está dicho la apelación es una faceta del derecho de impugnar, expresión esta derivada de la expresión latina ‘impugnare’, que significa ‘combatir, contradecir, refutar’, tiene que aceptarse que el deber de sustentar este recurso consiste precisa y claramente en dar o explicar por escrito la razón o motivo concreto que se ha tenido para interponer el recurso; o sea, para expresar la idea con criterio tautológico, presentar el escrito por el cual, mediante la pertinente crítica jurídica, se acusa a la providencia recurrida a fin de hacer ver su contrariedad con el derecho y alcanzar por ende su revocatoria o su modificación” (auto de ago.30/84, GJT. CLXXVI, pág. 231).

3. La Corte reconoció entonces que a partir del 17 de enero de 1984, fecha de vigencia de la Ley 2ª de 1984, era imprescindible en todas las materias exponer los argumentos que apuntalaran el recurso de apelación, como medio para hacer más dialéctico e ilustrado el debate. No obstante, en esta retrospectiva aparece que el Presidente de la República, autorizado por la Ley 30 de 1987, expidió el Decreto 2282 de 1989, que entró a regir el 1º de junio de 1990, mediante el cual, entre otras reformas, “se ocupó de regular todo lo atinente al recurso de apelación, y específicamente la procedencia, oportunidad y requisitos del mencionado recurso, es de concluir que se reglamentó toda la materia en dicho punto, y por ende, quedó eliminada del mismo, como exigencia para su concesión por el a quo y admisión por el ad quem que el recurrente deba sustentar el referido medio de impugnación” (sent. Cas. Civ. de sep.17/92, exp. 296). En consecuencia, la exigencia de sustentar la apelación fue suprimida en la reforma introducida por el Decreto 2282 de 1989, que por ningún lado previene al recurrente sobre la necesidad de expresar los motivos de su malestar con la providencia impugnada. No sobra añadir que la derogatoria temporal del deber de motivar el recurso de apelación, vino de que en la reforma aludida se reguló íntegramente la materia y no se reprodujo el mandato de sustentar la impugnación, es decir, hubo una pérdida de vigencia orgánica al respecto.

Pero ese eclipse del deber de sustentar el recurso de apelación duró hasta cuando el artículo 36 de la Ley 794 de 2003, revivificó la necesidad anotada al adicionar el artículo 352 del Código de Procedimiento Civil, con un parágrafo que ordena al apelante “sustentar el recurso ante el juez o tribunal que deba resolverlo, a más tardar dentro de la oportunidad establecida en los artículos 359 y 360, so pena de que se declare desierto. Para la sustentación del recurso será suficiente que el recurrente exprese, en forma concreta, las razones de su inconformidad con la providencia”, norma que posibilita acudir a las razones expuestas por el apelante para de ellas extraer la competencia del juez ad quem, es decir, qué tantas facultades tiene este para hallar por sí solo “lo desfavorable” al recurrente, como previene el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil. Dicho en breve, delimitar lo desfavorable al apelante ya no corresponde al libre y soberano arbitrio del ad quem, pues en esa actividad heurística está gobernado por el acto de sustentación del recurso de apelación, en tanto que la función cardinal de la sustentación del recurso de apelación no es mostrar el simple malestar con la sentencia, porque la protesta, la impugnación en sí, emerge de la sola interposición del recurso en primera instancia. Dicho en breve, en una primera fase de interposición del recurso de apelación basta expresar la palabra “apelo” o cualquier otra forma semejante, mientras que en una segunda fase, que no puede ser la misma que la de interposición, corresponde al impugnador expresar las reglas del discurso, pues a partir de ellas puede y debe el juez descifrar qué es aquello desfavorable al recurrente.

4. Así, de antaño la jurisprudencia ha abordado el impacto de la sustentación del recurrente en la competencia del superior, en especial, en el año de 1951, la Corte consideró que

“... cuando un recurrente no ataca sino lo desfavorable que contra él contiene una providencia judicial no recurrida por su contraparte, en lo que le favorezca es inmodificable, pero cuando él mismo expresa categóricamente su voluntad en contrario, combatiendo por ilegal la solución que le favorece, no existe la limitación para resolver el recurso, porque en tal caso desaparece su fundamento, que no es otro que una presunta interpretación de la voluntad de quien recurre” (sent. Cas. Civ. de mar.17/1951, G.J. LXIX, pág. 363).

Igualmente, la Corte en sentencia de casación de 4 de julio de 1979 dijo que

“... no solo el principio antes aludido [se refiere al de la prohibición de la reformatio in pejus] constituye una limitación a los poderes de decisión del sentenciador ad quem, puesto que no siendo absoluto o irrestricto, también se encuentra restringido por el objeto mismo sobre el cual versa el recurso de alzada, o sea, sobre la sujeta materia de apelación. El sentenciador de segundo grado no tiene más poderes que los que le ha asignado el recurso formulado, pues no está autorizado para modificar las decisiones tomadas en la sentencia que no han sido impugnadas por la alzada, puesto que al efecto no tiene competencia, como quiera que se trata de puntos que escapan a lo que es materia del ataque” (G.J. CLIX, primera parte, págs. 236 a 241).

En época más reciente, también se ha escrutado el mismo asunto, estudio que ha dado en establecer que

“Cuando el superior conoce de un proceso en virtud del recurso de apelación interpuesto por una sola de las partes, su competencia no es, en principio, panorámica ni absoluta, cuanto que queda restringida a los puntos de inconformidad del recurrente de quien se entiende, cuando, como aquí se ha expresado en términos limitados, que consiente o acepta las demás determinaciones contenidas en la sentencia apelada. Esta limitación, le impide el juez de segundo grado ir más allá de lo que se le propone, máxime en las circunstancias que ofrece este proceso: a) La delimitación expresa del apelante que no deja duda de que su inconformidad radica en el monto de la condena que estima debe reducirse, incluso en una porción exactamente definida por él, consintiendo plenamente en los demás aspectos del fallo recurrido; b) La conformidad del demandante con la condena impuesta en primera instancia; y c) ante la circunstancia de orden legal civil que, en general, permite al juez que cuando la controversia verse sobre la cantidad de la deuda o sobre sus accesorios pueda ordenar el pago de la cantidad no disputada (C.C., art. 1650)” (sent. Cas. Civ. de oct.12/2004, exp. 7922).

Como se ve, la Corte encuentra que el juzgador ad quem se halla compelido a respetar las restricciones expresas demarcadas por el recurrente, so pena de romper los confines de su competencia funcional, en conducta reprochable que provocaría la nulidad del fallo del tribunal, en tanto ese juez desbordaría, en palabras de la Sala, “los hitos o mojones que al recurso de apelación le ha propuesto el propio impugnante”.

Enseguida la Corte matizó la postura anterior, para sostener que el tribunal podía superar los argumentos expuestos por los apelantes, pues no es “atinado sostener en verdad que lo que no alegue el apelante es intocable por el superior, habida cuenta que así se distorsionan los principios que informan el recurso ordinario de apelación”; en aplicación de la fórmula legal dispuesta por el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, según la cual, “la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante”, la Corte halló la esencia de la apelación, porque dicha frase, establece “sin duda los contornos de la competencia que adquiere el superior, quien desde allí sabe cuál es la actividad judicial a emprender. Dicho a secas, no es otra que revisar todo lo que perjudica al apelante único. Para expresarlo con criterio de contraste, ajeno a su competencia es todo lo que hasta ahora favorece al apelante”, todo, dijo la corporación, salvo que el recurrente haya acotado los alcances de su impugnación, restricción que solo emerge cuando obren elementos de juicio concluyentes que así lo señalen, pero “lo que no puede es suponerse que si no hay alegato expreso respecto de un punto, es porque el recurrente lo está excluyendo de la apelación”; en síntesis, la Corte fijó como criterio orientador que “el fallador está compelido, en ese orden de ideas, a examinar lo que desfavorece al apelante y a respetar lo que le favorece” (sent. Cas. Civ. de dic.13/2005, exp. 2001-003301, reiterada el dic.19/2006, exp. 0001101).

En otro episodio relacionado con esta polémica, la jurisprudencia, a propósito de declarar próspero un cargo por nulidad procesal, dedujo que una vez negada “la pretensión de nulidad [absoluta del contrato] por el juzgado, y aceptada esa adversa decisión por el demandante afectado con ella, quien no la impugnó, no cabe entender cosa distinta a que ese punto del debate quedó fuera de la órbita de competencia del ad quem, luego de adicionar a lo dicho que el demandado carecía de interés para discutirlo y que en efecto no lo hizo” (sent. Cas. Civ. de jun.30/2006, exp. 0002601); de donde viene que el tribunal carece de competencia para abordar las decisiones del juzgado de primera instancia que hayan sido excluidas de la labor impugnaticia del apelante, pues el juez de segundo grado no puede penetrar en los aspectos que son pacíficos para el recurrente.

Esa postura recién advertida, fue reiterada en otra providencia, en la cual se precisó que

“En tratándose de los procesos de que conoce [el tribunal] como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por uno solo de los extremos litigiosos, la competencia del ad quem ya no es panorámica o totalizadora, en la medida en que, como se acaba de ver, en ese supuesto el ámbito de sus atribuciones queda legalmente circunscrito a los aspectos con relación a los cuales el impugnador hubiese limitado en forma expresa o implícita su inconformidad (...) la competencia sin restricción de ninguna índole, dentro del contexto en que se haya hecho mover el pleito, desde luego aquel [juzgador] la tendrá únicamente en los asuntos en que el apelante no hubiese ceñido su recurso a unos determinados puntos del contenido de la providencia impugnada, de tal manera que le abriera la posibilidad para pronunciarse incluso sobre las decisiones que al inconforme le fueren favorables, cual lo ha sostenido la Sala(2), y en los que ambas partes hubieran apelado o en aquellos donde la que no lo hizo hubiese adherido al propuesto por la contraparte” (sent. Cas. Civ. de mayo.8/2007, exp. 792201).

En el mismo sentido, la Corte ha sostenido que

“El recurso es el objeto mismo de la decisión del ad quem, limita objetivamente su competencia y la ausencia de impugnación o de adhesión a la apelación interpuesta, comporta la aceptación de la providencia y la imposibilidad de revisarla en los aspectos no comprendidos en la alzada” (sent. Cas. Civ. de julio.9/2008, exp. 2002-00017-01).

5.La Corte ha analizado los efectos del acto de sustentación del recurso de apelación, para definir que en dicha oportunidad el interesado en verdad restringe los perfiles de su impugnación, a partir de la situación creada con el fallo de primer grado cuando el recurrente cuenta con una información más precisa acerca de los lindes de la controversia, todo lo cual conduce a que el recurrente pueda replantear o poner “límites cuantitativos a su pretensión, [conducta que] sin duda, tiene honda repercusión en el trámite de la impugnación que sigue” (auto de ago. 15/2007, exp. 0180900). En el mismo sentido, esta Sala determinó que asiste al apelante la facultad de “señalar con precisión aquellos aspectos del fallo que son motivo de su disconformidad y, justamente, como una consecuencia de esa potestad, que al hacerlo, esto es, al concretar las cuestiones objeto de su disonancia, delimita el ámbito de atribuciones de esta corporación, como lo evidencian las sentencias de 30 de septiembre de 2002 (exp. 7605) y 15 de agosto de 2003 (exp. 7840), entre muchas otras. (...) y esto resulta verdaderamente significativo, [pues] manifestaciones como las que asentaron los aquí recurrentes suscitan en la parte vencida cierto convencimiento de que aquellos aspectos que el impugnante dejó de lado en su escrito, quedan sustraídos de ulterior debate, es decir, que sobre ellos fenece toda disputa”.

Remarcó la Corte en aquella oportunidad que

“... si el recurrente restringe en los anotados términos la impugnación, esa declaración, que en razón de los mandatos de la buena fe, debe entenderse seria y encaminada a producir los efectos que le son propios, habilita a su contraparte para pensar que aquellos aspectos que el recurrente dejó de lado adquieren firmeza” (auto de feb.28/2007, exp. 01954 00).

Y esa facultad del apelante para restringir la polémica viene de que “es la víctima a quien corresponde dar fisonomía a su reclamo y no puede ser sustituido en esa tarea por el juez, en lo cual se manifiesta el principio dispositivo que campea en el proceso civil”, con lo cual se reconoce que tal “acto de impugnación constituye una conducta procesal que traza al juzgador los perfiles de la decisión esperada, la competencia del ad quem, y señala a la contraparte los márgenes definidos sobre los cuales discurrirá el debate en la segunda instancia”, lo que implica que el impugnante tiene la insustituible labor de moldear los límites de la controversia en apelación, pues “el juez de segunda instancia no puede suplantar a la parte interesada en la labor de determinar el alcance de la protesta o para fijar a su antojo qué es ‘lo desfavorable’ al recurrente, ni actuar contra su expresa voluntad, pues tal intervención además de inopinada, quedaría a salvo de cualquier posibilidad de réplica, y por lo mismo de control de las partes; así, ante una construcción hecha por el juez en la sentencia, mediante la cual define a última hora, qué considera desfavorable al apelante, este mismo podría verse sorprendido y sin más opciones” (auto de mar.26/2008, exp. 0208400).

6. Otras salas de la Corte también han destacado algunos efectos que produce la interposición y sustentación del recurso de apelación, como puede verse en las providencias de 7 de diciembre de 2006, expediente 31003 y en la sentencia de 28 de enero de 2003, expediente 19151 de la Sala de Casación Laboral; asimismo, en las decisiones de 3 de abril de 2008, expediente 25234, 2 de septiembre de 2008, expediente 30230 y de 2 de diciembre de 2008, expediente 26156, proferidas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

De lo anterior se sigue que en materia laboral y penal, se ha reiterado que si el apelante en el marco de la sustentación del recurso define sus objetivos, son esos precisos aspectos los que determinan los límites de la actuación del juzgador que decide el recurso de apelación.

7. Del anterior recuento, puede inferirse que la exigencia legal de sustentar el recurso de apelación, reserva al recurrente la tarea de denunciar explícitamente los aspectos de la decisión de primera instancia que le resultan desfavorables e implica que el impugnante tiene la opción de descartar algunas aristas de la decisión, siempre y cuando tales restricciones se deriven nítidamente del contenido de la sustentación, caso en el cual, la competencia del juzgador de segunda instancia se encuentra anudada a los intereses expresados por quien intenta aniquilar el fallo. En el fondo de lo que se trata es de poner dique al poder del juez de segundo grado para que este no pueda irrumpir con su particular criterio para edificar una impugnación que el recurrente no hizo. En suma, hay un desvío de poder si el juez, ante el silencio y abandono del apelante sobre ciertas zonas del litigio, decide involucrar su propia visión para completar o adicionar la impugnación omitida por el recurrente, y hacerlo cuando las partes ya nada pueden hacer para oponerse. En este escenario, el no apelante se preguntaría válidamente si debió defenderse de los argumentos de su antagonista, o si debe replicar a las razones que de su propio cuño abonó el juez, para completar los silencios del impugnador.

8. En desarrollo del principio dispositivo que en múltiples aspectos informa el procedimiento civil, es indudable que corresponde exclusivamente a las partes la función de fijar o delimitar el ámbito de la controversia. Tal facultad deviene de la naturaleza de la intervención del Estado en los asuntos de los particulares, pues los jueces reciben la potestad jurisdiccional en los estrictos marcos señalados por la ley, pero también dentro de los linderos que trazan las partes en las oportunidades que los procedimientos brindan. Y esa restricción a los poderes del juez no se desmiente, si se admite que por cuestiones de orden público o por conexidad necesaria con lo decidido en segunda instancia, sea menester introducir modificaciones por fuera de lo pedido. Entonces, en el proceso civil, el juez no puede irrumpir en la esfera de inmunidades y derechos que el sistema jurídico reconoce a los individuos al amparo del principio de autonomía privada, por lo que, de modo general, es a la víctima de la lesión de un derecho, a quien corresponde dar fisonomía a su protesta y no puede ser sustituido en esa tarea por el juez. Tal es la valía del principio dispositivo que prevalece en el proceso civil, pues expresa que el poder del juez tiene límites y que por lo mismo le está vedado reemplazar al ciudadano en la configuración del reclamo que somete a la consideración del ad quem.

Frente a los medios de impugnación, el aludido principio dispositivo reserva a la parte afectada con una decisión judicial, la facultad de interponer el recurso, lo cual exige a la luz de la legislación vigente, como ya quedó reseñado, exponer los argumentos que soportan su inconformidad(3); así, son ellas las encargadas de fijar el alcance de tales recursos, de manera que el acto de impugnación constituye una conducta procesal que traza al juzgador ad quem los contornos del malestar y su propia competencia, y a la contraparte los márgenes definidos sobre los cuales discurrirá el debate en segunda instancia.

Así, dispone el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil que

“La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones” (destaca la Sala).

En un primer momento la norma establece que la apelación se entiende interpuesta “en lo desfavorable al apelante”, regla de alto valor constitucional pues consagra la interdicción de la reformatio in pejus. En suma, esta primera regla impide desmejorar la posición del apelante único; no obstante, esa parte del precepto no puede leerse como una autorización al juez de segundo grado para hacer el escrutinio y ad nutum y determinar libremente “qué es lo desfavorable al recurrente”, pues a reglón seguido la norma establece una segunda prohibición complementaria, según la cual “no podrá el ad quem enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso” (resalta deliberadamente la Sala).

Puestas las cosas en esta perspectiva, ha de admitirse que el recurso de apelación tiene un objeto genérico tratado en el artículo 350 de Código de Procedimiento Civil y un objeto específico y concreto definido, ya no por el legislador sino por el propio recurrente. Y en ese propósito de dar contornos al “objeto del recurso”, presta su concurso definitivo el artículo 352 de Código de Procedimiento Civil, que según la reforma que introdujo la Ley 794 de 2003, establece la necesidad de sustentar la inconformidad, pues de ese modo se confía y se ordena a la parte fijar el “objeto del recurso” de apelación. Pero además del deber general de sustentación, reeditado en la reforma de 2003, la regla comentada establece que para dicha sustentación es suficiente expresar “las razones de su inconformidad con la providencia”, y de ese modo, el recurso de apelación tiene un “objeto” delimitado, de modo que la inclusión de las “razones de la inconformidad”, deja zonas del litigio fuera de la impugnación, a las cuales el juez no puede acceder mediante una actividad inquisitiva que le permita sustituir al recurrente en la delimitación del “objeto” del recurso.

De otro lado, la secuencia de los traslados del recurso de apelación prevista en el inciso 1º del artículo 360, en concordancia con el inciso 1º del artículo 359 del Código de Procedimiento Civil, señala también que la parte no recurrente debe estar al tanto de los motivos y el alcance de la impugnación, con el fin de responder los planteamientos de su antagonista. Esta estructura dialéctica de exposición del recurrente, y la réplica esperada de su contendiente, podría resentirse si los silencios del impugnante son suplidos por la actividad oficiosa del juzgador que ad libitum decide remover una zona del litigio que el apelante abandonó. Y la peor consecuencia que apareja un situación semejante, es que el juzgador puede rescatar del abandono los fragmentos de la decisión que olvidados fueron por el apelante, y que ese rescate oficioso ocurra en un momento en el cual quien no recurrió, ya nada pueda hacer. Se quiebra con el exceso de intervención del funcionario, la simetría de oportunidades, porque quien no es recurrente se ve sorprendido, en la sentencia misma, con argumentos que abona el juez de su propia cosecha cuando ya no hay remedio ni contradicción para ellos, proceder con el cual desborda el límite de su competencia.

En verdad, cuando se produce la sentencia de primera instancia, por el deber legal de motivar las decisiones judiciales, el perdedor ya conoce cabalmente cuál es la medida del daño que la sentencia le irroga y las razones de ese quebranto, de modo que nada impide que vertebre la acusación, no con expresiones formales o exigencias sacramentales, pero sí haciendo la protesta que corresponde hacer a quien se siente frustrado y que debe dar dimensión a su menoscabo, de modo que sea conocida por su antagonista y por el juez de segundo grado.

Entonces, si bien al inicio del proceso todo está por averiguarse, no ocurre lo propio cuando ya se ha emitido una sentencia de primera instancia plenamente motivada, pues a esa altura del debate la incertidumbre no es igual, en tanto que el perdedor ya conoce la medida y las razones de su quebranto. En tal segmento del proceso, y ante un fallo debidamente soportado, la forma en que el impugnante debe expresar su disenso le impone dar los argumentos que circunscriban el ámbito en el cual se puede mover el juez de segunda instancia.

A ello se suma que conocidas los motivos de inconformidad del recurrente, a quien ha triunfado le atañe una tarea que ya no puede cumplir el juez a quo: la defensa del fallo de primera instancia; y cuando lo hace enfrenta a su adversario con razones que están en el espacio público del proceso, porque fueron expuestas por el impugnante. Así, quien no es recurrente podrá combatir lealmente las pretensiones de revocatoria y reforma que se plantearon por aquel, pero mal podría rebatir anticipadamente aquellas decisiones, pacíficas en las instancias, pero indebidamente revividas por el ad quem a última hora en la sentencia que extiende de oficio la dimensión de lo desfavorable al apelante.

Entonces, la trascendencia de la sustentación del recurso se soporta en que el propio recurrente es insustituible en la labor de medir el malestar frente a la sentencia recurrida, porque aquel es quien sabe, como el que más, la dimensión y extensión de su inconformidad.

En ese escenario, el juez de segunda instancia no puede suplantar a la parte interesada en la labor de determinar el alcance de la protesta o para fijar qué es “lo desfavorable” al recurrente, pues tal intervención además de inopinada y sorpresiva, quedaría a salvo de cualquier posibilidad de réplica, y por lo mismo de control de las partes; así, ante una construcción hecha por el juez en la sentencia de segunda instancia, mediante la cual define a última hora, qué considera desfavorable al apelante, este mismo podría verse sorprendido y sin más opciones.

Dicho en breve, varios son los caminos por los cuales el impugnante puede circunscribir la competencia del superior; uno, el que no ofrece duda alguna, consiste en delimitar expresamente y excluir con toda explicitud alguna zona de la decisión, la que por tanto sería intangible para el juez ad quem. Pero no siempre ocurre así, pues es posible que el abandono del recurrente y por supuesto su asentimiento con la decisión de primera instancia venga de la intensión o perseverancia con que censura una parte de la decisión y el silencio frente a otras resoluciones aparentemente adversas, casos en los cuales mediante la debida interpretación, siempre consultando la defensa de la doble instancia, es posible el hallazgo de restricciones trazadas por el mutismo del apelante frente a una parte de la decisión que el ad quem no podría examinar con argumentos acuñados a su antojo, leyendo en el silencio de la parte para descifrar qué es lo que aquella debió considerar desfavorable, pero que quedó sumido en el arcano de donde no puede ser rescatado por el juez.

Por supuesto que la labor de indagación por el alcance de la apelación ha de hacerse en cada caso, pues solo con vista en los perfiles de cada controversia y examinando la especificidad textual de cada sustentación y el contexto de la misma, puede saberse la cobertura y dimensión del acto de imputación.

Como corolario de todo lo dicho, queda la afirmación de que el juez de segundo grado no es libre en la definición de los contornos de su competencia, ni puede concretar sin ataduras “qué es lo desfavorable al apelante”, para atraer una competencia de la que carece o desdeñar una que nítidamente le ha sido atribuida, no solo por la ley, sino por el acto procesal de parte que le transmite la desazón del litigante frente al fallo. Tal es el genuino sentido del principio tantum devolutum quantum apelattum, de este modo ya no es posible la apelación general (appellatio generalis respectu causae non valet), pues la exigencia legal de sustentación del recurso de apelación impide que hoy haya el tipo de apelación “apud acta” en el que bastaba con decir “apelo”.

9. De otro lado, el artículo 29 de la Constitución Política, consagra que toda persona tiene derecho a un debido proceso, valor que garantiza el sano ejercicio del poder por parte de la autoridad, pues no deja al ciudadano inerme ante los abusos y excesos, pues cualquier desvío grave debe provocar la aniquilación total o parcial del proceso. En ese contexto, las nulidades permiten a las partes el restablecimiento del derecho al debido proceso y su finalidad no es otra que “la de amparar los intereses de las partes para que no sean objeto de arbitrariedades con actuaciones desarrolladas ignorando las ritualidades que reglan la conducta de los sujetos que intervienen en el proceso” (CCLII, pág. 128, reiterado en sent. Cas. Civ. de sep.5/2006, exp. 01069-01)

El principio constitucional de la doble instancia garantiza, en palabras de la Corte, que la controversia sea conocida “sucesivamente por dos jueces de jerarquía distinta cuando los interesados lo requieren mediante la proposición del recurso de apelación y, en algunos casos, por el grado de consulta forzosa que la ley establece para cierta clase de sentencias” (sent. Cas. Civ. de jun.8/1999, exp. 5127).

Entre las causas de nulidad del proceso vinculadas con la garantía constitucional recién aludida, hállase la pretermisión íntegra de la instancia, con alcance de invalidez insaneable, (num. 3º in fine del art.140, e inciso final del art. 144, CPC), motivo que consiste, según la jurisprudencia, en “la omisión completa o íntegra y no parcialmente, por ignorancia, olvido o rebeldía de los diversos grados de competencia funcional asignada por la ley a los diversos fines en un proceso determinado, sean ambos o el único previsto en la ley, o solamente alguno de ellos, el primero o el segundo; dándose este último cuando no se surte la segunda instancia de la sentencia apelada, o el grado jurisdiccional de la consulta en las sentencias consultables” (sent. Cas. Civ. de 14 de ago./1989, reiterada en sent. Cas. Civ. de nov.4/98, exp. 5201).

10. De cara al asunto que hoy transita por la Corte, no hay duda alguna sobre que el recurrente incorporó a la sustentación del recurso de apelación, los argumentos expresados en los alegatos de conclusión, pues así lo dijo con toda explicitud, cuando integró al recurso de apelación los razonamientos allí expuestos.

No obstante, el tribunal concluyó, con notorio error, que esa remisión era fragmentaria, es decir, que solo buscaba incluir el reparo atingente a los actos que involucran a terceros y no para cuestionar la médula del asunto, es decir la simulación decretada. En verdad, el recurrente anudó a la sustentación del recurso de apelación los alegatos de instancia con las siguientes expresiones: “Entonces en aras de evitar repetir lo pretéritamente expuesto, bajo el principio de la economía procesal ruego a vuestra superioridad tener como incorporados a la actuación que me ocupa [la sustentación] reproducidos los alegatos de conclusión de instancia y de fundamento para la refutación del fallo, con que ella quedó cerrada” (fl. 7, cdno. 7).

Es decir, que los recurrentes en apelación realizaron una integración intelectual, conformada por la sustentación presentada ante el tribunal y los alegatos de conclusión aportados ante el juzgador a quo, agregado que viene a estructurar la verdadera extensión de la inconformidad de la parte demandada.

Y visto el mencionado alegato de conclusión presentado por el apoderado único de los demandados, sin duda puede concluirse que allí aparece el segmento de crítica que echó de menos el tribunal, cuando dijo que la censura se limitaba al numeral “tercero” de la sentencia recurrida, pues lo cierto es que a desdén del argumento del ad quem, tal escrito final (fls. 855 a 860, cdno. 1), contempla varias razones por las cuales, en la perspectiva del alegato, debieron prosperar las excepciones propuestas por los demandados, apoyados en la veracidad y existencia real de las ventas cuya simulación se pretendió, ora en el pago del precio que eventualmente descartaría la prosperidad de la resolución de los contratos por incumplimiento, que fue planteada como pretensión subsidiaria, estos dos medios de defensa interpuestos tanto por Mauricio González Rubio Gaitán (fls. 266 a 271, cdno. 1), como por Clara Patricia Gaitán Mesa (fls. 309, ibíd.—durante el traslado de la reforma de la demanda—), argumentos que, incorporados a la impugnación, ninguna respuesta recibieron del juzgador de segunda instancia.

En otras palabras, los recurrentes jamás abdicaron la posibilidad de ser absueltos conjuntamente y tal postura se tradujo en el planteamiento del recurso de apelación sin reservas de ninguna naturaleza. Y obsérvese que el tribunal nunca hizo reparo a esa modalidad de integración de los dos escritos como soporte de la reducción temática, es decir, ese juzgador no reprochó que el apelante pudiera integrar al recurso los alegatos finales, pues simplemente nada dijo acerca de tal forma de sustentar, que de otro lado constituye un modo de preparar el recurso que no está vedado por ningún mandato de orden legal y que por lo mismo no puede dar lugar a la deserción del recurso, como en la práctica y erradamente dedujo el ad quem.

Seguidamente el apelante dijo textualmente “hacer énfasis” en cómo la sentencia afectaba a terceros, intensión o fuerza retórica que desde luego no excluye los demás aspectos de la sentencia, si es que antes ya había pedido la “revocatoria integral” de la sentencia, y la absolución de “los demandados”, expresada así en plural y no respecto de uno solo de ellos. No obstante, el tribunal entendió recortadamente la impugnación pues entendió que “no se atacó verdaderamente la declaratoria de simulación... y que en verdad la impugnación se orienta únicamente contra el ítem tercero, lo cual significa que a la hora de nona, el debate central del pleito se halla cerrado y que la apelación surgida es parcial”, sin reparar, se reitera, en que se pidió la “revocatoria integral”.

Como se aprecia, el tribunal dio un entendimiento equivocado a las palabras del recurrente, y lo hizo en el sentido más limitativo de la segunda instancia. Se sigue de lo anterior, que el juez sí puede y debe interpretar los actos procesales de las partes cuando ellos sean ambiguos o de difícil intelección, pero en materia de recursos ha de propiciarse aquella interpretación que no vaya en detrimento de las garantías constitucionales, es decir, que la regla más plausible indica resolver la duda a favor de la preservación de la doble instancia, y no como procedió en este caso el tribunal.

Entonces, el ad quem optó por aquella alternativa que resiente el derecho a la impugnación y por ello no ha de recibir el auspicio de la Corte.

Se insiste en que el tribunal hizo la hermenéutica del escrito de sustentación como si fuera penumbroso, cuando en verdad no lo es, pues, bien miradas las cosas, no es verdad que la conjugación de los dos escritos, el de la sustentación de la apelación y el de los alegatos finales, arroje sombras sobre el efecto pretendido con la inconformidad, sino todo lo contrario; en verdad la lectura compendiada de los dos escritos, muestra con rasgos protuberantes el alcance la impugnación, tanto, que la parte no apelante sí entendió lo que el tribunal se negó a ver, y en la réplica hecha al descorrer el traslado se refirió frondosamente a todos los temas de que se ocupó la sentencia recurrida, en el intento de defender ese fallo y no solamente al punto tercero al que el tribunal redujo indebidamente su ámbito de competencia.

Se añade, por si fuera menester, que la apelación interpuesta por el apoderado designado conjuntamente por los demandados, en principio lo fue a favor de ambos (fls. 910 y 911, cdno. 1), vale decir, Mauricio González Rubio Gaitán y Clara Patricia Gaitán Mesa, conclusión que se extrae sin necesidad de indagar por el preciso vínculo procesal existente entre ellos, pues lo cierto es que el abogado interpuso la apelación en la condición de apoderado de la parte “demandada”, situación que nítidamente señala que ambos sujetos estaban cobijados por el acto procesal de impugnación de la sentencia, en tanto que dicho apoderado en ningún momento excluyó expresamente a ninguno de sus representados.

En suma, más allá de la ortodoxia del artificio argumental usado para sustentar el recurso de apelación, mediante la reedición de los alegatos de instancia, encuentra la Corte que tanto Mauricio González Rubio Gaitán como Clara Patricia Gaitán Mesa recurrieron la sentencia de primer grado y pidieron su revocatoria integral.

11. Llegados a este momento, se advierte que hubo pretermisión integral de la instancia, cuando el tribunal, a despecho de la interposición y sustentación de la alzada efectivamente presentada por Mauricio González Rubio Gaitán, terminó por excluir del debate las decisiones desfavorables a este, contenidas en la sentencia de primera instancia, con lo cual cercenó el derecho a impugnar la providencia desfavorable a sus intereses y de contera produjo una seria lesión del debido proceso en perjuicio del recurrente, garantía que se expresa entre otros derechos, en la posibilidad de acceder a un segundo nivel de la jurisdicción para buscar la enmienda de la decisión judicial.

Es que dados los especiales perfiles del caso, los intereses procesales de Mauricio González Rubio Gaitán en nada coincidían con los de Clara Patricia Gaitán Mesa, pues esta última jamás tuvo pretensiones específicas en su contra, en tanto vista la demanda original (fls. 134 a 158, cdno. 1), y la reforma de la misma (fls. 277 a 280, ibíd.), las pretensiones apenas se limitaron a la declaratoria de simulación absoluta o resolución de los contratos obrantes en las escrituras 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434 otorgadas el 22 de diciembre de 1999 en la Notaría 30 de Bogotá, negocios jurídicos en los cuales aparecen como vendedor Luis Alberto Rojas Castañeda y como comprador Mauricio González Rubio Gaitán, de donde se desprende que, para los efectos que ahora interesan, existe una radical diferencia en la posición de las personas que comparecieron al proceso en calidad de demandados, situación corroborada con la decisión del tribunal, que revocó solo el fragmento de la sentencia de primera instancia que concernía a Clara Patricia Gaitán Mesa y, en cambio, declaró en firme los demás numerales del fallo del juzgado que involucraban las pretensiones de la demanda contra Mauricio González Rubio Gaitán.

En síntesis, la suerte dicótoma de los integrantes de la parte demandada, imponen la inferencia de que cuando el tribunal resolvió sobre la apelación de Clara Patricia Gaitán Mesa y desdeñó la de Mauricio González Rubio Gaitán, acabó por pretermitir integralmente la instancia en lo que a este demandado se refería.

Y no se diga que para conjurar la situación recién advertida, el recurrente tenía en sus manos el mecanismo de complementación previsto en el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, pues en el sentido natural, complementar significa “dar complemento a algo”, mientras complemento es la “cosa, cualidad o circunstancia que se añade a otra para hacerla íntegra o perfecta”, y la realidad del proceso demuestra a las claras que el tribunal jamás abordó la instancia, en lo que concierne al demandado Mauricio González Rubio Gaitán, luego ningún déficit tenía la decisión, simplemente, para este recurrente no hubo segunda instancia, pues desapareció al mismo tiempo en que debía nacer, es decir, cuando el ad quem fijó indebidamente los contornos de la decisión.

De otro lado, el artículo 144 del estatuto procesal civil ha dispuesto que en ningún caso puede sanearse la nulidad de que trata el numeral tercero del artículo 140 ibidem, por tratarse de un desvío que atañe al desconocimiento del factor funcional que de manera vertical estructura la actividad jurisdiccional, anomalía que comporta la vulneración del derecho al debido proceso a quien se desconoce la posibilidad de ascender en el escaño de la jerarquía judicial, con sensibles repercusiones en la aplicación del principio de la doble instancia y la misión correctora que está llamada a cumplir.

Entonces, el cargo prospera.

12. En consecuencia, se casará la sentencia recurrida para declarar que el tribunal deberá resolver el recurso de apelación interpuesto por Mauricio González Rubio Gaitán, conservando en su vigor las decisiones adoptadas frente a Clara Patricia Gaitán Mesa , en tanto fue desistido el recurso de casación propuesto por la parte demandante (fls. 180 y 208, cdno. 7).

No habrá condena en costas, ante la prosperidad del recurso de casación interpuesto

Decisión

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 14 de septiembre de 2007 dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga —por descongestión— decisión que clausuró la segunda instancia del proceso ordinario promovido por Luis Alberto Rojas Castañeda frente a Mauricio González Rubio y Clara Patricia Gaitán Mesa, en consecuencia remítase el expediente al tribunal de origen para que dicte la sentencia que resuelva el recurso de apelación propuesto por Mauricio González Rubio Gaitán contra el fallo proferido por el a quo.

Sin costas en el recurso de casación ante su prosperidad. Notifíquese.

William Namén Vargas—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Pedro Octavio Munar Cadena—Arturo Solarte Rodríguez—César Julio Valencia Copete—EdgardoVillamil Portilla. 

(1) Archivo del Congreso - Cámara, exposición de motivos leyes 1ª y 2ª, 1984, pág. 285.

(2) Sentencias de casación civil de 13 de diciembre de 2005, expediente 00033-01 y de 19 de diciembre de 2006, expediente 00011-01, entre otras.

(3) Inciso 2º del artículo 348 (reposición), parágrafo 1º del artículo 352 (apelación), inciso 2º del artículo 363 (súplica), numeral 3º del artículo 374 (casación), inciso 6º del artículo 378 (queja), numeral 4º del artículo 382 (revisión) —todas las normas citadas corresponden al Código de Procedimiento Civil—.