Sentencia 2001-00596 de abril 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Exp.: 250002326000200100596 01 (26870)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Universidad Popular del Cesar

Demandado: Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero S.A. – en liquidación

Acción: Controversias contractuales

Bogotá, D. C., nueve de abril de dos mil catorce.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada en contra de la sentencia del once (11) de diciembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de Descongestión, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes procesales

1. La demanda.

La Universidad Popular del Cesar, por conducto de apoderado judicial debidamente constituido, el día veinte (20) de marzo de 2001, presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero S.A., en liquidación. En el escrito de la demanda formuló las siguientes pretensiones(1):

“1a. Que es nulo el aparte de la Resolución 2 proferida el 8 de agosto del año 2000 por el liquidador de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero S.A., en el que se rechazó la reclamación 01-09-00028 a él presentada por la Universidad Popular del Cesar con el objeto de obtener el pago del siniestro consistente en el hurto del vehículo de su propiedad marca Toyota, de placas DVD-322 que se encontraba amparado o asegurado contra ese riesgo mediante la póliza de automóviles AT-17918-99 expedida por Seguros Caja Agraria.

“2a. Que es nula la Resolución 879 proferida el 7 de noviembre del año 2000 por el mismo liquidador de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero S.A. confirmando la antes mencionada Resolución 2 del 2000 y dando por agotada la vía gubernativa.

“3a. Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero S.A., en liquidación a pagar a la Universidad Popular del Cesar la suma de $54.311.552.oo valor asegurado establecido en la póliza de automóviles AT-17918-99 expedida por Seguros Caja Agraria a favor de la actora para el caso de hurto del vehículo de su propiedad marca Toyota de placas DVD-322.

“4a. Que la condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del CCA y se ajustará en su valor desde la fecha del hurto del vehículo antes mencionado hasta la ejecutoria del correspondiente fallo definitivo, tomando como base para la liquidación la variación del índice de precios al consumidor.

“5a. Que se ordene la ejecución de la sentencia que le ponga fin a la presente demanda, dentro de los términos previstos en los artículos 176 y 177 del CCA”.

2. Hechos.

Como fundamentos fácticos de su demanda, la parte actora expuso los que la Sala se permite resumir a continuación:

2.1. Entre la Universidad Popular del Cesar y la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero S.A., en liquidación se suscribió el contrato de seguro de automóviles AT-17918-99, cuya vigencia estaba comprendida entre el 26 de marzo de 1999 y el 26 de marzo de 2000. El 5 de diciembre de 1999 fue hurtado el vehículo asegurado, motivo por el cual fue presentada ante la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero S.A., en liquidación, el catorce (14) de abril de 2000, una reclamación formal por la realización del siniestro.

2.2. Sostuvo el actor que mediante la Resolución 2 de 2000 la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero S.A., en liquidación, rechazó la reclamación presentada por la actora por fuera del término establecido en el artículo 5.5. del Decreto 2418 de 1999 y sin motivar la decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del CCA, alegando una causal “(…) vaga y amplia (…) que se identifica como ‘1020. Fuera de vigencia’” y que, por lo tanto, ha impedido ejercer cabalmente su derecho a la defensa. Presentado el recurso de reposición contra el acto mencionado, el mismo fue desatado con la Resolución 879 del 7 de noviembre de 2000, la cual confirmó el acto recurrido y declaró agotada la vía gubernativa.

2.3. Indica el actor que el Decreto 1065 de 1999 dispuso la disolución y liquidación de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero S. A., y que mediante la Sentencia C-918 de 1999 de la Corte Constitucional el mismo fue declarado inexequible “(…) en su totalidad y desde la fecha de su promulgación (…)”, motivo por el cual la Superintendencia Bancaria expidió la Resolución 1726 del 19 de noviembre de 1999, por medio de la cual se ordenó la intervención, toma de posesión y liquidación de esa misma entidad. Afirma, igualmente, que, por lo anterior, el término de dos (2) meses previsto en el literal c. del artículo 4º del Decreto 2418 del 30 de noviembre de 1999 (literal d. del artículo 117 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 23 de la Ley 510 de 1999), debe contarse a partir de la ejecutoria de la Resolución 1726 de 1999, es decir, a partir del 29 de noviembre de 1999, de suerte que el 29 de enero de 2000 se produciría, en consecuencia, la “(…) expiración legal o terminación automática de las pólizas expedidas por Seguros Caja Agraria (…)”.

2.4. Para el demandante el literal c. del artículo 4º del Decreto 2418 del 30 de noviembre de 1999 (literal d. del artículo 117 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 23 de la Ley 510 de 1999) es de obligatorio cumplimiento y de aplicación preferencial a cualquier otra normatividad, pues son normas de orden público de carácter especial.

3. Normas violadas y concepto de la violación.

La parte demandante consideró que se vulneraron las siguientes normas jurídicas: los artículos 5.5. y 4.c del Decreto 2418 de 1999; el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, y el artículo 117.d del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 23 de la Ley 510 de 1999.

La parte actora señaló como concepto de la violación, en un primer cargo, la expedición irregular y la falta de competencia, en razón a la ausencia de motivación y la extemporaneidad del acto, respectivamente.

Como cargo segundo formuló la falsa motivación de los actos, pues el liquidador alegó una expiración legal o automática de la póliza que no cuenta con el respaldo legal y fáctico necesario, y, además, contraría disposiciones que sí son aplicables al caso sub lite.

4. Actuación procesal.

La demanda presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 20 de marzo de 2001(2), fue admitida mediante auto del 23 de agosto de 2001(3), y notificada en legal forma al Ministerio Público el 19 de septiembre de 2001(4) y a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero S.A., en liquidación el 14 de noviembre de 2001(5).

5. Contestación de la demanda.

Dentro del término de fijación en lista, la entidad pública demandada, mediante escrito presentado el 23 de noviembre de 2001, contestó la demanda, se opuso a las pretensiones de la misma, aceptó algunos hechos y negó la categoría de tales a otros(6).

Sostuvo que del contrato de seguros incorporado en la póliza suscrita por su representada no podría inferirse el nacimiento de obligación alguna, diferente a la devolución de las primas no causadas, y que la reclamación presentada por la demandante fue rechazada por extemporánea.

Afirmó, igualmente, que el contrato de seguros terminó por decisión unilateral del asegurador, lo cual es válido conforme al artículo 1071 del Código de Comercio. Al efecto precisó que su procurada dio por terminados todos los contratos de seguros a partir del 26 de septiembre de 1999, de suerte que cuando se presentó el siniestro el contrato ya había finalizado.

Propuso las siguientes excepciones:

i) Genérica: Para que sea declarado cualquier hecho que, probado en el proceso, sea extintivo, impeditivo o modificativo del supuesto reclamado por el demandante.

ii) Legalidad de los actos administrativos acusados: Sustenta la excepción afirmando que las resoluciones 2 y 879, ambas de 2000, fueron expedías en desarrollo de las facultades y competencias que correspondían a la demandada.

iii) Improcedencia de la acción contractual: Sobre este particular advierte el accionado que no puede el demandante acudir a la acción contenciosa contractual para solicitar la declaratoria de nulidad de un acto administrativo que le desconoció un crédito.

iv) Falta de jurisdicción: Manifestó en relación con este aspecto, que si lo que se pretende es ejercer una acción por el incumplimiento de un contrato, la misma debe ventilarse ante la jurisdicción ordinaria pues el contrato es de aquellos que corresponden al giro ordinario de las actividades de la entidad estatal, tal como se desprende del parágrafo 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

v) Terminación del contrato: Justificó la excepción, llanamente, en que el contrato de seguros incorporado en la póliza AT-17918-99 terminó por voluntad del asegurador.

6. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público.

En la oportunidad establecida por el a quo, mediante auto de 3 de julio de 2003(7), las partes presentaron sus alegatos de conclusión. El Ministerio Público guardó silencio.

6.1. De la parte actora(8).

En lo sustancial, reiteró los argumentos expuestos en el libelo introductorio de la actuación procesal, y finalizó señalando que la reclamación presentada se hizo dentro de los términos legales, a contrariedad de lo sostenido por la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero S.A.

6.2. De la demandada(9).

Reiteró lo señalado en la contestación de la demanda en cuanto a los hechos constitutivos de las excepciones propuestas. Afirmó la falta de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de las pretensiones formuladas en la demanda dada la naturaleza del contrato en los términos del parágrafo 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

Adicionalmente, en contravía de la de (sic) excepción formulada denominada “improcedencia de la acción contractual” advirtió que la acción procedente es la contractual y no la de nulidad y restablecimiento del derecho. Indicó, finalmente, que la toma de posesión y consecuente liquidación de la Caja Agraria implicó la terminación de los contratos de seguros y que ello fue informado al público en medios de amplia circulación nacional.

7. La sentencia impugnada.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia el 11 de diciembre de 2003(10), a través de la cual se accedió a las súplicas de la demanda.

Como sustento de su decisión, señaló, en síntesis, que los motivos que se indicaron en las resoluciones que rechazaron la reclamación efectuada por la Universidad Popular del Cesar resultan contrarios a la ley, toda vez al haberse declarado inexequible el Decreto 1065 de 1999 a partir de la fecha de su promulgación, tal norma no se podía tener como fundamento para determinar los plazos señalados en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero para la terminación de los contratos de seguros.

Como consecuencia de la declaratoria de nulidad, se ordenó el restablecimiento del derecho mediante el pago de la indemnización solicitada por el actor, compuesta por el valor asegurado del vehículo hurtado, con su respectiva actualización monetaria.

8. El recurso de apelación.

Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte demandada interpuso oportunamente recurso de apelación(11), concedido por el tribunal mediante auto del 29 de enero de 2004(12).

A más de indicar que el recurso de alzada procedía tanto en el evento en que se tratara de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, cuanto en una acción contractual, delimitó su recurso así:

“3. En mi sentir, resulta claro que el contrato de seguros concertado entre demandante y demandada, debe regirse por el derecho privado, no solo por aplicación del art. 13 de la Ley 80 de 1993, sino porque mi mandante concertó el contrato como institución financiera dentro del giro ordinario de sus negocios.

“4. Acorde con lo anterior, le era lícito revocar los contratos de seguros, con fundamento en el art. 1071 del C. de Co.

“5. (…) las sentencias de la Corte Constitucional, no podrían tener el alcance de retrotraer las acciones que se habían iniciado con miras a liquidar la entidad estatal que represento”.

9. El trámite de la segunda instancia.

El recurso presentado fue admitido por auto del 20 de agosto de 2004(13) y, luego de su ejecutoria, mediante proveído del 29 de octubre de 2004(14), se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo.

De esta oportunidad procesal solamente la parte demandada hizo uso, para insistir en los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y en el recurso de apelación, a más de exponer algunas otras consideraciones en relación con el decurso del trámite judicial y de lo que en él se encontraba demostrado. Señaló, en síntesis(15):

(i) Que dada la naturaleza del contrato celebrado entre los extremos de la litis y que la demandada actúo en su calidad de aseguradora y no como autoridad estatal, el conflicto debe dirimirse ante la jurisdicción ordinaria y no ante la de lo contencioso administrativo.

(ii) Que existe incongruencia entre la acción impetrada por el actor respecto de aquella que debió ejercer pues, tal como lo reconoce el a quo, se trata de la acción contractual. Con esto se evidencia la ineptitud de la demanda y la necesidad de un consecuente fallo inhibitorio.

(iii) Que no se encuentran acreditados en el expediente los requisitos exigidos en el artículo 1077 del Código de Comercio para la procedencia de la indemnización impetrada, en particular, “(…) no obra documento alguno que demuestre el hurto vehículo asegurado”.

(iv) Que los contratos de seguros a cargo de la demandada terminaron el 26 de septiembre de 1999 en virtud de lo dispuesto en el artículo 117 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y no podían “revivirse” por la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 1065 de 1999, pues tal decisión “(…) no puede afectar situaciones jurídicas concretas y consolidadas, (…) [pues ello] implicaría que por una decisión de la Corte Constitucional se reviven miles de contratos de seguros legalmente terminados. Desde luego esta situación implicaría un total caos jurídico”.

(v) Que el asegurador puede dar por terminado el contrato de seguro de manera unilateral, tal como lo dispone el artículo 1071 del Código de Comercio.

II. Consideraciones

1. Competencia.

Con el objeto de dilucidar la competencia de esta corporación para conocer el asunto sub lite, resulta menester, previamente, referirse a dos de los fundamentos de la impugnación presentada.

1.1. Naturaleza y juez del contrato.

Dado que durante el trámite del presente litigio la parte demandada ha sido reiterativa en la alegación de la falta de jurisdicción para conocer del proceso y que, tal como fue anunciado, uno de los motivos de la apelación radica en la misma circunstancia, esta Sala se referirá, delanteramente, a este respecto. No huelga indicar, además, que el alegato formulado por la demandada refiere a una causal de nulidad procesal insaneable conforme con lo previsto en los artículos 140.1 y 144 in fine del Código de Procedimiento Civil(16), que, por lo mismo, podrá ser declarada por el juez en cualquier etapa del proceso.

Pues bien, la jurisprudencia de esta corporación ha sido reiterativa en resaltar que con la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993 se introdujo un concepto unívoco de “contrato estatal”, superando las clasificaciones que se previnieron en el derogado Decreto 222 de 1983, al entender como tal a todo aquel que “(…) celebren las entidades públicas del Estado, ya sea que se regulen por el Estatuto General de Contratación Administrativa o que estén sujetos a regímenes especiales”(17).

Esta corporación ha señalado, en jurisprudencia que se reitera:

“A partir de la vigencia de la Ley 80, expedida en el año de 1993, el ordenamiento positivo adoptó la categoría del contrato estatal, el cual —al margen de los reparos que amerita la definición contenida en la parte inicial de su artículo 32—, se encuentra legalmente definido como aquel acto jurídico creador de obligaciones a cuya celebración concurra una de las entidades estatales que menciona el artículo 2º ibídem, independientemente de que se trate de contratos previstos o tipificados en el derecho privado, en disposiciones especiales o que sencillamente resulten del ejercicio de la autonomía de la voluntad como suele suceder con los que se clasifican como atípicos e innominados (L. 80, art. 32).

“Así pues, la Ley 80 adoptó un criterio eminentemente subjetivo u orgánico, esto es en atención a la naturaleza de los sujetos u órganos que intervienen en la formación del vínculo contractual, para efectos de determinar que los contratos podrán catalogarse como estatales únicamente en cuanto en uno de sus extremos, al menos, se encuentre una entidad estatal” (se resalta)(18).

La calificación de un contrato como “estatal” no depende, entonces, del régimen jurídico que regule su formación, estructura, contenido, vicisitudes y terminación, sino la calidad de las partes que acuden a su proceso formativo, de suerte que, adoptado un criterio orgánico o funcional por parte del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, serán considerados “contratos estatales” todos aquellos que celebren las entidades que gocen de esa misma naturaleza y que se encuentren enunciadas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Y es que la consideración anterior guarda perfecta consonancia con la nueva conceptualización del contrato estatal, que tiene como fuente dentro del ordenamiento no solo las previsiones del Estatuto de Contratación Pública sino, de manera expresa, las contenidas en los códigos civil y de comercio (L. 80/93, art. 13) e, incluso, en aquellas derivadas de la autonomía de la voluntad. Por lo tanto, junto con el régimen propio de los contratos estatales corren en paralelo y de manera supletiva las normas del denominado “derecho privado” que, en mucho, superan esa órbita, tal como sucede, por ejemplo, con aspectos relativos a la fuerza vinculante de la relación negocial (1602 C.C.), sus elementos configurativos (1501 c.c.) y su auto y hetero integración (1603). Podría afirmarse, consecuentemente, que el régimen de los contratos estatales, por regla general, es mixto en la medida en que no es su fuente exclusiva, que si preferente, el Estatuto General de Contratación Pública de la Administración.

Consecuente con lo anterior, el Estatuto de Contratación estableció con meridiana claridad que el régimen jurídico aplicable a un contrato celebrado por una entidad estatal no determina la jurisdicción competente, pues sobre tal premisa —junto a la univocidad del concepto de contrato estatal y otras que escapan el análisis que acá se realiza— se edifica el sistema contractual previsto en el mencionado estatuto.

En efecto, con el artículo 75 de la Ley 80 de 1993(19) se da consistencia al criterio orgánico que sobre el concepto de contrato estatal trae el referido cuerpo normativo, tal como se dejó dicho, y genera una unidad de jurisdicción en punto de las relaciones contractuales de la administración pública. Se supera, por lo tanto, la dicotómica regulación que en materia de jurisdicción competente establecía la anterior legislación(20), pues se señala a la jurisdicción contencioso administrativa como la competente para conocer de las controversias generadas en los contratos celebrados por las entidades estatales, valga decir, de los contratos estatales(21).

En este punto, entonces, adquiere relevancia señalar que, en el caso concreto, los dos extremos de la litis están conformados por entidades de derecho público, así: La Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero S.A. – en liquidación como sociedad de economía mixta del orden nacional(22) en el extremo pasivo y, en el activo, la Universidad Popular del Cesar como entidad de educación superior oficial del orden nacional(23), por manera que, por este aspecto, se cumpliría con la condición establecida en el Estatuto de Contratación para que el contrato de seguro celebrado entre las partes, objeto de esta litis, pueda calificarse como contrato estatal y, por contera, quede definida la competencia de esta jurisdicción para conocer de los asuntos que, conforme al artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, pueden ser sometidos a debate procesal.

A más de lo anterior, resulta pertinente indicar, a efectos de garantizar la completitud argumentativa en torno a la competencia de esta jurisdicción para este evento, que es posición reiterada de esta Sala el afirmar que, al margen del régimen propio del contrato de seguro, cuandoquiera que alguno de los extremos de la relación negocial este compuesto por una entidad estatal —e incluso cuando el objeto de la garantía refiere a un contrato estatal(24)—, corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa avocar su conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º, 32 y 75 de la Ley 80 de 1993(25).

La Sala ha manifestado:

“(…) es indudable que el contrato de seguro en el que una entidad pública actúa como tomador es un contrato estatal, como quiera que a partir de la Ley 80 de 1.993, todos los actos jurídicos creadores de obligaciones en los que sea parte una de las entidades estatales definidas en el artículo 2º de la ley son contratos estatales, ya sean típicamente administrativos o que estén regulados por normas de derecho privado.

“Cuando una entidad estatal celebra contratos que no se rigen por la Ley 80 de 1993 y que deben someterse al régimen del derecho privado como lo es el de seguro, el contrato no pierde su carácter de estatal y por consiguiente, las controversias derivadas del mismo son de conocimiento del juez administrativo”(26).

Por lo anterior, es evidente la competencia de esta jurisdicción para conocer de los conflictos derivados del contrato de seguro de automóviles AT-17918-99.

1.2. Acción impetrada y su ejercicio oportuno.

En el presente asunto, tal como lo ha puesto de presente el demandado en sus alegatos de conclusión de ambas instancias —con algunas vacilaciones respecto de la excepción propuesta denominada “improcedencia de la acción contractual” tal como se dejó dicho en precedencia—, el actor pretende el reconocimiento de una indemnización proveniente de un contrato de seguro celebrado con la demandada, particularmente por la decisión de la compañía de seguros de no reconocer el pago respectivo.

No obstante lo indicado, la génesis del proceso está en la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, lo cual conduce a esta Sala a determinar si esa es la acción pertinente y, en su caso, adoptar las decisiones que desde el punto de vista procesal correspondan.

Para efectos de lo anterior, se reiterará la jurisprudencia que sobre el particular ha adoptado esta Sala para desatar conflictos de similar naturaleza(27).

Pues bien, considerando que los actos administrativos atacados en el presente trámite son actos contractuales propiamente dichos, pues fueron proferidos con posterioridad al perfeccionamiento del vínculo negocial vertido en la póliza de seguro de automóviles AT-17918-99 y en razón de él, es evidente que la acción procedente para demandarlos es la de controversias contractuales, tal como lo reconoció el a quo en la sentencia impugnada.

Ahora, al margen del dislate del actor al indicar como acción pertinente la nulidad y el restablecimiento del derecho, ello no puede edificarse como una circunstancia impeditiva para que, dando aplicación al artículo 228 superior, el juez cuente con la posibilidad de dar prevalencia al derecho sustancial respecto de las ritualidades procedimentales, de suerte que se entienda que la acción promovida por la parte demandante en el presente asunto fue la consagrada en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo y, dentro de tal marco, estudiar y resolver los problemas jurídicos planteados, eliminar barreras de orden adjetivo y materializar el derecho de acceso a la justicia.

La variación del nomen de la acción para efectos de privilegiar el derecho sustancial sobre el meramente adjetivo, sin embargo, debe garantizar la incolumidad de derecho de defensa, contradicción y debido proceso que le asiste a la accionada, pues en el evento en que ello comporte una variación esencial del trámite hasta ahora adelantado, se encontraría la Sala ante la imposibilidad de acoger la acción indebidamente formulada.

Advertido lo anterior, conviene resaltar la similitud sustantiva de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y la de controversias contractuales, pues ambas tienen por objeto o contenido el debate de un derecho de carácter subjetivo —por manera que se requerirá de legitimación en la causa para actuar—, y tienen por teleológica o alcance resarcir, restituir, indemnizar o, en general, reparar el aminoramiento o afectación de un derecho subjetivo conculcado por la administración —de suerte que se requerirá su alegación y, además, su acreditación como fenómeno constatable y cuantificable—. Como notas distintivas de las acciones indicadas, pueden señalarse, entre otras, la fuente material (causa) del daño, vulneración o aminoramiento del derecho subjetivo, que en el caso de la nulidad y restablecimiento del derecho será un acto administrativo y en el de controversias contractuales lo será el negocio jurídico celebrado o las conductas adelantas por las partes en su ejecución —aun cuando su campo de acción se extiende, incluso, a eventos pre y post contractuales, pero todos gravitando en torno de la actividad contractual de la administración pública—. Esta última circunstancia, desde el punto de vista adjetivo comporta, además, diferencias en el contenido propio de la demanda, toda vez que en el caso de la acción de controversias contractuales deberá acompañarse la misma con los medios de convicción que den cuenta de su existencia —salvo que, claro está, una de las finalidades del ejercicio de la acción sea, precisamente, que tal existencia sea declarada—. Por conducto de esta última acción y por su mismo cauce, sin embargo, también podrán atacarse los actos administrativos producidos luego del perfeccionamiento del vínculo contractual. Baste recordar, finalmente, que para el ejercicio de las acciones aludidas se tienen previstos términos de caducidad diferentes, tal como lo previene el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo en sus numerales 2 y 10(28).

Anotado lo anterior, puede afirmarse que la adecuación de la acción, en el presente caso, no reviste complejidades sustanciales, pues se encuentra acreditado el interés subjetivo que le asiste al actor, se ha dado cuenta de la existencia de la relación contractual, el petitum generatriz del sub lite se ajusta al contenido y alcance de la acción contractual, en tanto los actos administrativos atacados fueron fruto de la relación contractual luego de su perfeccionamiento, y, al no haber operado la caducidad de la acción en el caso de la nulidad y el restablecimiento del derecho impetrado, mucho menos se presentó tal fenómeno en la acción de carácter contractual. La adecuación de la acción, entonces, no afecta los intereses de la accionada quien, por el contrario, ha contado con la posibilidad de confrontar y debatir los argumentos relacionados con los ataques formulados en contra de los actos contractuales por ella proferidos y que, en últimas, son el sustrato del presente trámite.

Por lo que antecede, esta corporación es competente para conocer de la apelación interpuesta por la demandada, considerando, además, que la cuantía de la pretensión mayor, esto es, cincuenta y cuatro millones trescientos once mil quinientos cincuenta y dos pesos ($54.311.552,00), supera la legalmente exigida para tramitar el proceso en dos instancias de acuerdo con lo establecido en el Decreto 597 de 1988.

2. Las pruebas que obran en el expediente.

En este proceso se aportaron y se practicaron las pruebas que se mencionan a continuación, todas ellas decretadas como tales por el tribunal administrativo a quo.

2.1. Documentales.

— Copia auténtica de la póliza de seguros de automóviles AT-17918-99 del 26 de marzo de 1999, expedida por “Seguros Caja Agraria”, en la que aparece como tomador, asegurado y beneficiario la Universidad Popular del Cesar(29).

— Copia auténtica de la Resolución 2 del 8 de agosto de 2000 expedida por la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero S.A. – en liquidación(30).

— Copia auténtica del recurso de reposición, fechado a 30 de agosto de 2000, interpuesto por la Universidad Popular del Cesar contra la Resolución 2 de 2000 de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero S.A. – en liquidación(31).

— Copia auténtica de la Resolución 879 del 7 de noviembre de 2000, expedida por la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero S.A. – en liquidación, por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición(32) interpuesto por la Universidad Popular del Cesar contra la Resolución 2 de 2000.

— Copia auténtica de la constancia de notificación personal de la Resolución 879 de 2000(33).

— Copia auténtica de la constancia fechada a 11 de febrero de 2000, expedida por el secretario general de la Superintendencia Bancaria, en la que se hace el recuento del proceso de notificación de la Resolución 1726 de 1999, por medio de la cual se dispuso la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero S.A., así como su liquidación(34).

— Copia auténtica de la comunicación con referencia 2000009716-0 de la Superintendencia Bancaria dirigida a Roberto Daza Suárez, rector de la Universidad Popular del Cesar, por medio de la cual se da respuesta a la comunicación radicada bajo el número de la referencia, en la cual se consulta si “en el caso de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero los tres (3) meses que señala el artículo 116 literal i) del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, deben contarse a partir del 26 de junio de 1999 (fecha en la que se expidió el decreto 1065 declarado inexequible) o a partir de la ejecutoria de la resolución 1726 de noviembre 19 de 1999 emanada del despacho a su cargo y por medio de la cual se adoptó la medida de intervención y toma de posesión con fines liquidatorios de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero”(35).

— Copia auténtica de los avisos publicados por la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero S.A. – en liquidación en el diario La República, correspondientes a los días 7 y 28 de agosto de 1999(36).

3. Los efectos de la declaratoria de inexequibilidad contenida en la Sentencia C-918 de 1999 de la Corte Constitucional.

En garantía de la prevalencia de los principios de seguridad jurídica y buena fe, por regla general, los efectos de las sentencias de constitucionalidad proferidas por la H. Corte Constitucional son ex nunc. Sin embargo, en casos excepcionales, atendiendo la necesidad de salvaguardar la integridad y supremacía de la Constitución Política (artículo 241 superior) puede la Corte misma otorgarle una vigencia retroactiva —ex tunc— a las decisiones por ella adoptadas(37).

Bajo esta óptica se afirma que cuando se trate de un vicio que afecte la validez de la norma, sus efectos deben ser ex tunc —desde siempre— cual si se tratara de una nulidad, para deshacer las consecuencias nocivas derivadas de la aplicación de normas espurias siempre y cuando las condiciones fácticas y jurídicas así lo permitan(38).

Así las cosas, tal decisión pretende eliminar del espectro normativo todos los posibles efectos que la norma inconstitucional haya podido generar durante su vigencia pues, consecuentemente, tales efectos reñirían con el entramado normativo y, principalmente, con la norma superior. En palabras de la Corte, esto equivale a precisar que estas normas nunca produjeron efecto, “(…) sin desconocer la adversa implicación que una determinación de este tipo generará frente a la previsible existencia de situaciones consolidadas al amparo de estas normas”(39).

Ahora bien, con la Sentencia C-918 de noviembre de 1999(40) la H. Corte Constitucional, al declarar inexequibles los decretos 1064 y 1065 de 1999 “(…) a partir de la fecha de su promulgación (…)”, esto es, desde el 26 de junio de 1999, suprimió del mundo jurídico los efectos que esas disposiciones hubiesen podido generar, aun a contrariedad de las situaciones jurídicas subjetivas consolidadas bajo su amparo que, desde el punto de vista normativo, nunca existieron.

En concreto, con la declaratoria de inexequibilidad retroactiva del Decreto 1065 de 1999 la disolución y liquidación de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero S.A., no se produjo el 26 de junio de 1999, sino, posteriormente, con la expedición de la Resolución 1726 del 19 de noviembre de 1999. Es decir, todas las actuaciones realizadas al amparo del Decreto 1065 de 1999 quedaron desprovistas de legalidad, pues debe considerarse que dicha disposición nunca existió.

A esta misma conclusión ya había arribado esta corporación al estudiar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho impetrada por la Superintendencia Bancaria de Colombia en contra de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero S.A., en la que se debatieron, igualmente, los efectos de la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 1065 de 1999(41).

4. El caso concreto.

Encuentra la Sala que el conflicto que se somete a su análisis recae, específicamente, en los fundamentos de derecho que permitieron a la demandada rechazar el reclamo presentado por la Universidad Popular del Cesar ante el acaecimiento del riesgo asegurado mediante el contrato vertido en la póliza AT-17918-99.

En efecto, del contenido de los actos demandados, se advierte:

— El numeral tercero de la parte considerativa de la Resolución 2 del 8 de agosto de 2000 indica(42):

“3. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 292, literal k, del Decreto 663 de 1993, todos los Contratos de Seguros celebrados por la Caja de Crédito Agraria Industrial y Minero S.A. (sic) se terminaron automáticamente el 26 de septiembre de 1999, mediante publicación, (sic) en los diarios El Espectador y La República, los días 27, 28 y 31 de agosto y 1º de septiembre de 1999, dado aviso a los tomadores y beneficiarios de tal hecho”.

— El numeral séptimo de la parte considerativa de la Resolución 879 del 7 de noviembre de 2000 indica(43):

“7. Que una vez estudiados los anteriores argumentos, se encontró que carece de razón el recurrente, como quiera que (…) [e]l siniestro ocurrió el 5 de diciembre de 1999 y los contratos tuvieron vigencia hasta el 26 de septiembre de 1999, no obstante las cláusulas de renovación automática o vigencias posteriores y no obedeció propiamente a la voluntad unilateral de la caja sino a consecuencia legal (sic) de la orden de liquidación”.

De lo anterior se advierte, por una parte, que contrario a lo manifestado reiteradamente por el apoderado de la demandada, la decisión de finalizar los contratos de seguro por parte de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero S.A. – en liquidación, en ningún momento se fundó en la facultad dispuesta en el artículo 1071 del Código de Comercio(44), al punto que, tal como se dejó visto, al resolver la reposición interpuesta se manifestó expresamente que la terminación “(…) no obedeció propiamente a la voluntad unilateral de la Caja (…)”, aspecto este último que reviste la suficiente entidad para descartar la alegación que sobre este punto realiza el apoderado de la demandada. En efecto, entender que la terminación del contrato de seguro AT-17918-99 obedeció a la facultad de revocatoria de la que goza la aseguradora implicaría o bien desconocer las motivaciones expuestas en su momento por la accionada y, por lo tanto, obviar los elementos de convicción acreditados en el sub lite, con lo cual podría viciarse gravemente el trámite procesal que se adelanta, o considerar que tales motivaciones lo fueron solo en apariencia y que existió un móvil soterrado, nunca puesto de presente por la accionada al momento de adoptar sus decisiones, lo cual supondría una grosera transgresión de las cargas negociales de buena fe y corrección, así como de los postulados de publicidad y transparencia de las actuaciones de las entidades públicas y, por supuesto, se afectaría la validez del acto por desviación de poder o falsa motivación.

Por otra parte, es claro que la accionada consideró que el plazo de dos (2) meses previsto en la letra c del artículo del Decreto 2418 de 1999(45), para efectos de la terminación automática de los contratos de seguros por ella celebrados, debió contarse desde la fecha en que lo dispuso el Decreto 1065 de 1999, no obstante su inexequibilidad “(…) a partir de la fecha de su promulgación (…)”.

Así las cosas, resulta evidente que, conforme con lo establecido en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo(46), los actos administrativos objeto de censura incurren en causal de nulidad tal como lo declaró el Tribunal a quo.

En efecto, esta corporación tiene sentado que la falsa motivación del acto tiene ocurrencia cuando i) se presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la administración pública; ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien por error o por razones engañosas o simuladas; iii) porque el autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen y iv) porque los motivos que sirven de fundamento al acto no justifiquen la decisión(47).

En el presente caso, es claro, entonces, que los actos administrativas atacados se motivaron en una norma inexistente, producto de la declaratoria de inexequibilidad retroactiva contenida en la Sentencia C-918 de 1999, de suerte que, por este aspecto, se mantendrá la decisión contenida en la sentencia impugnada.

No obstante lo anterior, estando en la oportunidad procesal para el efecto y contando con la competencia funcional respectiva en el trámite de la segunda instancia del caso sub lite, advierte la Sala que no resulta posible confirmar en su integridad la sentencia impugnada, pues, no obstante haberse guardado silencio por las partes en este aspecto, se encuentra que no existe evidencia material en el expediente que acredite, adecuadamente, el quantum de la reparación requerida.

Debe asumirse, sin embargo, que tanto la ocurrencia del siniestro, como la cuantía de la pérdida fueron demostradas con la reclamación formulada, toda vez que, por una parte, nada sobre el particular se indicó en la Resolución 2 del 8 de agosto de 2000 y, por otra, que tales asuntos no fueron traídos al debate procesal, ni en el ataque formulado en contra de las pretensiones de la demanda, ni en las razones en las que se fundó el recurso de apelación contra la sentencia impugnada(48).

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que una de las pretensiones de la demanda busca la reparación del daño causado por los actos ilegales de la administración, es menester contar con los elementos probatorios necesarios que permitan definir el quantum de la reparación.

Sobre este particular, es oportuno señalar que, dadas las características puramente indemnizatorias del contrato de seguro, al punto que por su virtud no puede propiciarse un enriquecimiento del asegurado(49), es necesaria la prueba efectiva de la extensión económica del daño acaecido objeto del seguro contratado, la cual no puede identificarse, llanamente, con la suma asegurada como lo hizo el a quo, pues ella no equivale a una estimación anticipada de la indemnización(50).

Sobre este particular, en posición que comparte esta Sala, la H. Corte Suprema de Justicia ha indicado(51):

“(…) si fuera dable exigir a la aseguradora el pago de la suma asegurada, con la mera afirmación del reclamante, o sea sin que este demuestre la cuantía de la pérdida, no se cumpliría cabalmente la función de indemnización propia de los seguros de daños y fácilmente se propiciaría el enriquecimiento indebido del asegurado. Dicho en pocas palabras, el daño padecido debe ser cierto y determinado, para que se pueda deducir la responsabilidad contractual de la compañía aseguradora, y, desde esa perspectiva, es preciso dejar previamente sentado que la demostración de la cuantía de la pérdida bien puede darse tanto a propósito de la reclamación extrajudicial del pago del seguro, como dentro del proceso que surja a raíz de no haberse atendido dicho reclamo; y que para el efecto debe estarse a las previsiones legales y contractuales”.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala procederá a revocar parcialmente la sentencia impugnada y, en su lugar, condenará al pago de una indemnización que guardará consonancia con el valor del vehículo al momento de la exigibilidad de la obligación de pago a cargo de la aseguradora, los términos del contrato de seguro celebrado, y las pretensiones de la demanda.

Sea lo primero advertir, que la obligación de pago de la indemnización por parte del asegurador surge en virtud de la celebración del contrato de seguro y conforme con lo que en él se disponga, así como en las normas que supletiva o compulsivamente están llamadas a integrar el negocio jurídico respectivo. La exigibilidad de la obligación, sin embargo, está sometida a la ocurrencia de una condición que consiste, en general, en la realización efectiva del riesgo contratado y, además, en el cumplimiento de una carga negocial específica en cabeza del tomador, asegurado o beneficiario, consistente en la demostración, según las voces del artículo 1077 del Estatuto Mercantil, de la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida; recae en el acreedor del pago del siniestro, entonces, el onus probandi de la ocurrencia de la condición a la que se somete la exigibilidad de la obligación del asegurador.

Trascendental y sensible importancia, dentro de la vida del contrato de seguro, implica la observancia de lo previsto en el artículo 1077 indicado, pues de su adecuado y oportuno ejercicio depende la exigibilidad de la obligación en cabeza de la aseguradora y, por ende, la satisfacción del interés del acreedor y la realización de los efectos finales del negocio que se tuvieron en cuenta al momento de su celebración.

En efecto, de conformidad con los artículos 1053.3 y 1080 del Código de Comercio, la presentación de la reclamación en la que se demuestre la ocurrencia del siniestro y la cuantía del daño implicará que la obligación de la aseguradora devenga en pura y simple si, transcurrido un mes a partir de su presentación, la misma no es objetada de “manera seria y fundada”. Así, las cosas, por una parte, la póliza prestará mérito ejecutivo(52) y, por otra, “[e]l asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro y a reconocer un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad”(53).

De conformidad con las premisas anteriores, se tiene que en el caso concreto, tal como se encuentra demostrado en el expediente, la actora presentó la reclamación de que tratan los artículos 1053, 1077 y 1080 del Código de Comercio el 14 de abril de 2000(54), motivo por el cual la exigibilidad de la obligación a cargo de la demandada principió el 14 de mayo de 2000, teniendo en cuenta, evidentemente, que la objeción formulada a la reclamación mediante la Resolución 2 de 2000 y reiterada en la Resolución 879 del mismo año, tal como se dejó dicho, carece de sustento normativo y, por lo tanto, no puede considerarse como “seria y fundada” en los términos del artículo 1053 in fine del Código de Comercio.

En cuanto a la definición del quantum del perjuicio, la Sala considerará el avalúo del vehículo asegurado de conformidad con lo establecido por el Ministerio de Transporte mediante la Resolución 2525 del 30 de noviembre de 2000 (publicada en el Diario Oficial Nº 43803 del 3 de diciembre de 1999) “(…) por la cual se establecen los avalúos comerciales de los vehículos clase automóvil y campero de servicio público y particular y de las motocicletas, para el año fiscal del 2000”. Tal valor corresponde al grupo F8 de las tablas que acompañan el mencionado acto, esto es, a la suma de cuarenta y cinco millones novecientos cuatro mil pesos ($45.904.000,oo). Adicionalmente, la Sala considerará para la estimación del quantum que, de acuerdo con la póliza de seguro de automóviles AT-17918-99(55), el valor del deducible en caso del siniestro de hurto corresponde al 20% de la indemnización respectiva.

Por lo anterior, el monto base de la indemnización corresponderá a la suma de treinta y seis millones setecientos veintitrés mil doscientos pesos ($36.723.200,oo), la cual será actualizada aplicando los índices de precios al consumidor certificados por el DANE(56), de conformidad con la siguiente fórmula:

S-2001-00596-1.png
 

Donde:

Vp corresponde al valor presente.

Vh corresponde al valor histórico o inicial que será actualizado.

Índice final corresponde al IPC vigente a la fecha de esta providencia, es decir, marzo de 2014.

Índice inicial corresponde al IPC de la fecha en la que se hizo exigible la obligación, es decir, mayo de 2000.

Aplicada la formula al caso concreto, tenemos:

S-2001-00596-2.png
 

Entonces, el valor presente de la obligación a cargo de la demandada es igual a sesenta y nueve millones seiscientos ochenta y siete mil ochocientos trece pesos ($69.687.813).

Por último, esta Sala debe precisar que no se realizará el reconocimiento de los intereses moratorios de que trata el artículo 1080 del Código de Comercio (modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999) pues ellos no hace parte del petitum de la demanda formulada.

6. Costas del proceso.

Toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, debido a que ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: CONFIRMAR el ordinal primero de la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2003 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de Descongestión.

Segundo: REVOCAR el ordinal segundo de la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2003 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de Descongestión, y en su lugar disponer:

Segundo: CONDENAR a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero S.A. – en liquidación a pagar a la Universidad Popular del Cesar, la suma de sesenta y nueve millones seiscientos ochenta y siete mil ochocientos trece pesos ($69.687.813).

Tercero: Dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Decreto 1 de 1984(57)—Código Contencioso Administrativo—, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cuarto: Sin condena en costas.

Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Magistrados: Hernán Andrade Rincón—Mauricio Fajardo Gómez—Carlos Alberto Zambrano Barrera.

(1) Folios 2 a 10 del cuaderno Nº 1.

(2) Folio 10 del cuaderno Nº 1.

(3) Folio 16 del cuaderno Nº 1.

(4) Anverso del folio 16 del cuaderno Nº 1.

(5) Folio 25 del cuaderno Nº 1.

(6) Folios 26 a 32 del cuaderno Nº 1.

(7) Folio 71 del cuaderno Nº 1.

(8) Folios 72 a 73 del cuaderno Nº 1.

(9) Folios 74 a 77 de cuaderno Nº 1.

(10) Folios 81 a 93 del cuaderno Nº 2.

(11) Folio 95 del cuaderno Nº 2.

(12) Folio 98 del cuaderno Nº 2.

(13) Folio 107 del cuaderno Nº 2.

(14) Folio 109 del cuaderno Nº 2.

(15) Folios 111 a 116 del cuaderno Nº 2.

(16) La Ley 1437 de 2011 en su artículo 208 remite, en general, a las nulidades señaladas en el Código de Procedimiento Civil e instruye que, conforme con el artículo 209, su estudio se tramite por vía incidental.

(17) Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 20 de agosto de 1998, expediente 14202, C. P. Juan de Dios Montes Hernández. Posición reiterada en sentencia del 8 de febrero de 2001, expediente 16661, C. P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia del 6 de junio de 2002, expediente 20634, C. P. Ricardo Hoyos Duque; auto del 7 de octubre de 2004, expediente. 27052. C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia de 20 de abril de 2005, expediente 14519, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia del 23 de septiembre de 2009, expediente 24639, C. P. Myriam Guerrero de Escobar.

(18) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 30 de enero de 2008, expediente 32867. C. P. Mauricio Fajardo Gómez.

(19) Artículo 75, Ley 80 de 1993. “Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa”.

(20) Decreto 222 de 1983, artículo 17: “La calificación de contratos administrativos determina que los litigios que de ellos surjan son de conocimientos de la justicia contencioso administrativa; los que se susciten con ocasión de los contratos de derecho privado serán de conocimiento de la justicia ordinaria”.

(21) Esta competencia se mantuvo con la expedición de la Ley 1437 de 2011 que en su artículo 104, numeral 2, preceptuó que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de los procesos “relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado”.

(22) V. Ley 57 de 1931.

(23) V. Ley 34 de 1976.

(24) V. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 30 de enero de 2008, expediente 32867, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.

(25) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 2 de febrero de 2005, expediente 27929, C. P. María Elena Giraldo Gomez.

(26) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 15 de agosto de 2002, expediente 18937, C. P. Ricardo Hoyos Duque.

(27) V. entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de julio de 2005, expediente 12249, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia del 18 de marzo de 2010, expediente 14390, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencias del 18 de enero de 2012, expediente 20461, C. P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

(28) Ley 1437 de 2011, artículo 164, numeral 2, literales d. y j.

(29) Folio 3 del cuaderno de pruebas.

(30) Folios 30 a 49 del cuaderno de pruebas.

(31) Folios 4 a 15 del cuaderno de pruebas.

(32) Folios 52 a 54 del cuaderno de pruebas.

(33) Folio 50 del cuaderno de pruebas.

(34) Folio 16 del cuaderno de pruebas.

(35) Folios 17 a 19 del cuaderno de pruebas.

(36) Folios 66 a 67 del cuaderno de pruebas.

(37) Ley 270 de 1996, artículo 45: “Reglas sobre los efectos de las sentencias proferidas en desarrollo del control judicial de constitucionalidad. Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario”.

(38) Corte Constitucional, Sentencia C-444 del 25 de mayo de 2011, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.

(39) Corte Constitucional, Sentencia C-333 del 12 de mayo de 2010, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.

(40) Corte Constitucional, Sentencia C-918 del 18 de noviembre de 1999, M. P. José Gregorio Hernández Galindo. Mediante la citada providencia la H. Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de los decretos 1064 y 1065 de 1999, pues los mismos fueron expedidos por el Presidente de la República con absoluta carencia de facultades constitucionales para expedir normas con fuerza de ley. La Corte arriba a tal conclusión considerando que los decretos antes mencionados fueron expedidos por el Presidente de la República con fundamento en las facultades extraordinarias que le fueron conferidas por el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, norma esta que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-702 del 20 de septiembre de 1999, “(…) a partir de la fecha de la promulgación de la Ley 489 de 1998 (…)”, es decir, desde el 29 de diciembre de 1998 (Diario Oficial Nº 43458).

(41) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 4 de octubre de 2007, expediente 8686, C. P. Marco Antonio Velilla Moreno.

(42) Folio 31 del cuaderno de pruebas.

(43) Folio 53 del cuaderno de pruebas.

(44) Código de Comercio, artículo 1071: “El contrato de seguro podrá ser revocado unilateralmente por los contratantes. Por el asegurador, mediante noticia escrita al asegurado, enviada a su última dirección conocida, con no menos de diez días de antelación, contados a partir de la fecha del envío; por el asegurado, en cualquier momento, mediante aviso escrito al asegurador.

“En el primer caso, la revocación da derecho al asegurado a recuperar la prima no devengada, o sea, la que corresponde al lapso comprendido entre la fecha en que comienza a surtir efectos la revocación y la de vencimiento del contrato. La devolución se computará de igual modo, si la revocación resulta del mutuo acuerdo de las partes.

“En el segundo caso, el importe de la prima devengada y el de la devolución se calcularán tomando en cuenta la tarifa de seguros a corto plazo.

“Serán también revocables la póliza flotante y la automática a que se refiere el artículo 1050”.

(45) Decreto 2418 de 1999: “ART. 4º—Contenido del acto que ordene la liquidación. El acto administrativo por el cual la Superintendencia Bancaria ordene la liquidación de una entidad que haya sido objeto toma de posesión tendrá los efectos previstos por el artículo 117 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y deberá disponer:

“(…)

“c) En el caso de entidades aseguradoras, la advertencia acerca de la terminación automática al vencimiento de un plazo de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo, de los contratos de seguros vigentes, cualquiera que sea su clase, salvo cuando se trate de seguros de cumplimiento o de vida, evento en el cual el plazo podrá ser ampliado hasta en seis meses. Lo anterior, salvo que la entidad objeto de la toma de posesión ceda los contratos correspondientes, lo cual deberá hacerse en todo caso cuando se trate de contratos de seguros que otorguen las coberturas de la seguridad social previstas en la Ley 100 de 1993 y en el Decreto-Ley 1295 de 1994 y los de seguros obligatorios de accidentes de tránsito”.

(46) Código Contencioso Administrativo, artículo 84. (Subrogado. D.E. 2304/89, art. 14). “Acción de nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos.

“Procederá no solo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió.

“También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro”.

(47) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 25 de febrero de 2009, expediente 15797, C. P. Myriam Guerrero de Escobar.

(48) Como se dejó visto, solo de manera tangencial se refirió el apoderado de la demandada sobre este asunto en los alegatos de conclusión presentados en la segunda instancia, ut supra.

(49) Previne al efecto el artículo 1088 del Código de Comercio: “Respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento. La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero este deberá ser objeto de un acuerdo expreso”.

(50) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 27 de agosto de 2008, expediente 11001-3103-022-1997-14171-01, M. P. William Namén Vargas.

(51) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 11 de septiembre de 2000, expediente 6119, M. P. Silvio Fernando Trejos Bueno.

(52) Código de Comercio, artículo 1053, modificado por la Ley 45 de 1990, art. 80: “Mérito ejecutivo de la póliza de seguro. La póliza prestará mérito ejecutivo contra el asegurador, por sí sola, en los siguientes casos:

(…)

3. Transcurrido un mes contado a partir del día en el cual el asegurado o el beneficiario o quien los represente, entregue al asegurador la reclamación aparejada de los comprobantes que, según las condiciones de la correspondiente póliza, sean indispensables para acreditar los requisitos del artículo 1077, sin que dicha reclamación sea objetada de manera seria y fundada. Si la reclamación no hubiere sido objetada, el demandante deberá manifestar tal circunstancia en la demanda”.

(53) Artículo 1080 ejusdem, modificado por la Ley 510 de 1999, art. 111, par.: “El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad.

El contrato de reaseguro no varía el contrato de seguro celebrado entre tomador y asegurador, y la oportunidad en el pago de este, en caso de siniestro, no podrá diferirse a pretexto del reaseguro.

El asegurado o el beneficiario tendrán derecho a demandar, en lugar de los intereses a que se refiere el inciso anterior, la indemnización de perjuicios causados por la mora del asegurador.

(54) Esto se desprende tanto de lo afirmado en el acápite de hechos de la demanda (fl. 6 del cdn. Nº 2), como de la aceptación expresa que de tal hecho realizó la accionada en su contestación (fl. 27 del cdn. Nº 2).

(55) Folio Nº 3 del cuaderno de pruebas.

(56) Fuente: http://www.dane.gov.co/ consultada el día 9 de abril de 2014 a las 4:30 p.m.

(57) Normatividad aplicable al asunto de la referencia por expresa disposición del artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.