Sentencia 2001-00607 de agosto 28 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Proceso 2001 - 00607

Exp.: 540012331000 200100607 (30137) / 540012331000 1999 1263 (31584) —Acumulados—

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Maribel Maldonado Rangel y otros / Ángel María Rivera Ovallos y otros

Demandada: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y Policía Nacional

Acción: Reparación directa

Bogotá, D.C., veintiocho de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La sala es competente para conocer el proceso 1999-1263, en razón de los recursos de apelación interpuestos por la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional, en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el da 12 de noviembre de 2004, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación dado que la pretensión mayor se estimó en la suma de $ 36.715.420 por concepto de indemnización de perjuicios morales(36), mientras que el monto exigido en 1999 para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia, era de $ 18.850.000 (D. 597/88).

Igualmente, la sala es competente para conocer en segunda instancia del proceso 2001-00607, dado que la pretensión mayor se estimó en la suma de $ 43.551.360 por concepto de perjuicios morales para cada uno de los demandantes(37), mientras que el monto exigido en 2001 para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia, era de $ 26.390.000 (D. 597/88).

2. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos.

Las pretensiones correspondientes al proceso 1999-1263, tienen origen en los daños sufridos por los actores con ocasión de la muerte de la señora Clotilde Rivera Ovallos ocurrida el día 25 de mayo de 1999 y, como quiera que la demanda se presentó el día 25 de noviembre de esa anualidad, resulta evidente que se interpuso dentro del término previsto por la ley.

En lo que concierne al proceso 2001-00607, fue la muerte del señor José Ignacio Arévalo Pérez, ocurrida el día 22 de mayo de 1999, la que dio fundamento a la demanda y como esta se presentó el 21 de mayo de 2001, dable es concluir que el ejercicio de la acción fue oportuno.

3. Obran en los expedientes los siguientes elementos probatorios susceptibles de valoración:

En original o copia auténtica se allegaron los siguientes documentos:

– Certificación expedida por el notario primero encargado del círculo de Cúcuta, por medio del cual se establece que la señora Clotilde Rivera Ovallos falleció en esa ciudad el 25 de mayo de 1999(38).

– Protocolo de necropsia de 26 de mayo de 1999 practicado al cadáver de la señora Clotilde Rivera Ovallos(39).

– Acta de inspección judicial del cadáver del señor José Ignacio Arévalo Pérez que se llevó a cabo el 22 de mayo de 1999, según la cual su cuerpo fue hallado en un potrero sobre la carretera y presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza(40).

– Protocolo de necropsia de 22 de mayo de 1999 practicado al cadáver del señor José Ignacio Arévalo Pérez, a través del cual se establece que su muerte fue consecuencia de una herida en la cabeza producida por arma de fuego(41).

– Oficios 066/XCDO-EST-LAVIC(42), 01845/SIPOL DENOR UNEVA(43), 074 XESAR ASDIS 744(44) y 002259/XSUBCO-COMAN(45), expedidos por la Policía del departamento de Norte de Santander, por medio de los cuales se informa acerca de los acontecimientos ocurridos durante el ataque del 21 de mayo de 1999 a la estación de Policía de La Victoria.

– Oficios BR5-GMMAZ-S2-INT-252(46) y 03602/BR5-GMMAZ-S3-375(47), expedidos por el Ejército Nacional, por medio de los cuales se informa que los señores Clotilde Rivera Ovallos y José Ignacio Arévalo Pérez, fallecieron en desarrollo del ataque guerrillero del 21 de mayo de 1999 a la Estación de Policía de La Victoria.

Se recibieron las siguientes declaraciones testimoniales:

– Dentro del proceso radicado bajo el número 2001-00607, se recepcionaron declaraciones testimoniales de los señores Jesús Maldonado Mesa, Euclides Remolina Pinera, Flor de María Vda. de Cáceres, Agustín Ovallos Rivera, Jorge Eliécer Buitrago Ropero, Julián Remolina Peñaloza, María Estela Mendoza de Silva y Alfonso Garavito Salazar, quienes se manifestaron en relación con las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la incursión guerrillera del 21 de mayo de 1999, así como sobre las circunstancias que rodearon la muerte del señor José Ignacio Arévalo Pérez(48).

– Dentro del proceso radicado bajo el número 1999-1263, se recaudaron varias declaraciones testimoniales que afirmaron que la señora Clotilde Rivera Ovallos falleció, al parecer, por heridas que recibió de disparos efectuados por el avión fantasma mientas apoyaba a los policiales acantonados en la Estación de Policía de La Victoria. En ese sentido, rindieron declaración los señores María Estella Mendoza de Silva, Jorge Eliécer Buitrago Ropero, Rito Elías Castelblanco Lázaro, Carlos Julio Carvajal Vega, Alfonso Garavito Salazar, Jesús Maldonado Mesa, Euclides Remolina Pineda y Flor de María Díaz de Cáceres(49).

– Como testimonios trasladados dentro del proceso 1999-1263, se allegaron los rendidos por los agentes de policía William Omar Miranda Niño y Fabio Pabón Maldonado dentro de la investigación penal que la Fiscalía General de la Nación adelantó con ocasión del ataque guerrillero del 21 de mayo de 1999. Según su propio dicho, los policías estuvieron en la Estación de Policía de La Victoria el día del ataque(50).

En lo que a esta prueba concierne, la Sala considera necesario reiterar lo expresado en sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 11 de septiembre de 2013, respecto de las reglas aplicables al traslado de la prueba testimonial y su mérito probatorio(51):

“En ese orden, la Sala insiste en que los presupuestos formales establecidos en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil para el traslado de los testimonios, tienen sentido para efectos de salvaguardar el derecho a la defensa de las personas que aparecen como partes dentro de un determinado proceso, de tal forma que cuando uno de los extremos de la litis es la Nación representada a través de alguna de sus entidades, entonces es plausible afirmar que, si la prueba trasladada fue practicada por otra entidad también del orden nacional, con el pleno cumplimiento de las formalidades del debido proceso, entonces no le es dable a la Nación —como parte procesal— aducir, con base en el aludido precepto adjetivo, la carencia de validez del medio de convicción, pues es claro que la parte tuvo audiencia en la recopilación del mismo y pudo haber ejercido su derecho de contradicción a través del a entidad nacional que intervino en su recaudación, lo que ocurre en el presente caso cuando se pretende hacer valer frente al Ministerio de Defensa - Ejército Nacional un testimonio recaudado por la Procuraduría General de la Nación, pues lo cierto es que si se hubiera llevado a cabo una investigación seria y coordinada por las entidades nacionales en conjunto, entonces la declaración juramentada habría sido conocida conjuntamente por las autoridades que tenían la función de adelantar la investigación sobre los hechos, sea en el ámbito penal o en el disciplinario.

(...).

Finalmente, se repite, las variaciones jurisprudenciales expuestas anteriormente —ver párrafos 12.2.5.4, 12.2.5.5 y 12.2.5.6—, se unifican en esta providencia de Sala Plena de Sección, en el sentido de que cuando la demandada es la Nación, y es una entidad del orden nacional quien recaudó los testimonios con plena observancia del debido proceso, entonces puede afirmarse que la persona contra la que pretenden hacerse valer dichas pruebas, por ser la misma, tuvo audiencia y contradicción sobre ellas. En este caso, se entiende que la Nación es la persona jurídica en cuya cabeza radican las garantías que se pretenden preservar con las previsiones del artículo 229 del Código de Procedimiento Civil y, por lo tanto, también es plausible afirmar que tales prerrogativas no se trasgreden cuando se aprecia el testimonio trasladado en las condiciones aludidas”.

De conformidad con la pauta jurisprudencial señalada, se concluye que fue la Nación, por intermedio de la Fiscalía General de la Nación, la que tuvo la oportunidad de velar por el debido proceso en el recaudo de la prueba testimonial trasladada que ahora se pretende usar contra ella misma, pero esta vez representada por el Ministerio de Defensa —Ejército Nacional y Policía Nacional—, razones estas por las cuales se le otorgará valor probatorio.

4. Caso concreto.

4.1. El daño.

Según se desprende de las demandas acumuladas, los daños que se pretenden sean resarcidos consistieron en la muerte de los señores Clotilde Rivera Ovallos y José Ignacio Arévalo Pérez, presuntamente ocurridas como consecuencia de la incursión guerrillera perpetrada en contra de la Estación de Policía de La Victoria el 21 de mayo de 1999.

En lo que corresponde al caso de la señora Clotilde Rivera Ovallos, se allegó al proceso una certificación expedida por el notario primero encargado del círculo de Cúcuta, documento por medio del cual se da cuenta de que su deceso ocurrió en esa ciudad el día 25 de mayo de 1999.

Igualmente obra en el proceso el protocolo de necropsia de la señora Clotilde Rivera Ovallos, documento por el cual se establece que la víctima falleció el día 25 de mayo de 1999 en el Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta como consecuencia de unas heridas producidas por arma de fuego. En efecto, en este documento se registró la siguiente información (Se transcribe tal cual se halla en el texto):

“Nombre: Clotilde Rivera Ovallos edad 40 sexo femenino

Procedencia cadáver: Cúcuta

Fecha de muerte año: 1999 mes: 05 día: 25 hora: 20:00

Fecha de necropsia: año: 1999 mes: 05 día: 26 hora: 09:00

Descripción del cadáver: Cadáver de sexo femenino, adulto, de contextura media. Según historia clínica recibió por proyectil de arma de fuego en flanco izquierdo, fue vista en Sardinata y remitida al Hospital Erasmo Meoz el 22-05, se le practicó laparotomía encontrando herida de yeyuno y colón, hace fascitis necrotizante, el 24 y 25 de 05 le practican debidamente, hace peritonitis y sepsis y el 25-05 a las 20 horas muere.

(...)

Conclusión: mujer adulta con herida por proyectil arma de fuego que presenta peritonitis, sepsis, cuadro neumónico y muere en falla multisistémica”(52) (resaltado por la Sala).

En cuanto al deceso del señor José Ignacio Arévalo Pérez, obra en el expediente el protocolo de necropsia practicado a su cadáver, por medio del cual se establece que falleció el día 21 de mayo de 1999 como consecuencia de un disparo en la cabeza. Así lo dice este documento (Se transcribe tal cual se halla en el texto):

“Nombre: José Ignacio Arévalo Pérez edad 31 sexo M

Fecha de ingreso: día 22 mes 5 año 99 hora 2:30 p.m.

(...)

Fecha de muerte: día 21 mes 5 año 99

Fecha de necropsia día 22 mes 5 año 99

Descripción del cadáver: Hombre adulto que fallece por heridas por arma de fuego en cráneo vestía camisa color verde, con orificios de entrada y salida de proyectil en hombro izq, pantalón gris, correa marrón, zapatos negros, medias gris, caja dental con 2 dientes de oro.

(...)

Cabeza: Se observa orificio de (ilegible) y proyectil Nº 1 y 2 forma circular borde regular es en región occipital izq, de 1 cm x 0.5 cm, orificio de salida en región parietal derecha de 2 cm x 1 cm bordes irregulares.

Equimosis periorbitaria.

(...)

Conclusión: Paciente con causa directa de muerte shock neurálgico debido a heridas por arma de fuego”(53) (resaltado por la Sala).

Lo consignado en el protocolo de necropsia al que acaba de hacerse referencia, coincide con lo determinado en el acta de inspección judicial que se realizó al cadáver del señor José Ignacio Arévalo Pérez, esto es, que su cuerpo presentaba herida de arma de fuego en la cabeza (Se transcribe tal cual se halla en el texto):

“Objetos encontrados en el sitio de los hechos detallar: 2 vainillas al parecer de pistola.

(...)

Descripción detallada de las heridas: impacto arma de fuego orificio entrada parte occipital y salida por el parietal izquierdo”(54).

4.2. La imputabilidad de la responsabilidad.

Dado que los daños con base en los cuales se reclama indemnización están probados, la Sala pasará a analizar si estos le son imputables a la parte demandada. Para estos efectos, se harán las siguientes consideraciones:

Se encuentra probado que la muerte de los señores Clotilde Rivera Ovallos y José Ignacio Arévalo Pérez, se dio en el marco del ataque guerrillero del 21 de mayo de 1999, perpetrado en contra de la Estación de Policía de La Victoria, Norte de Santander.

En efecto, según se desprende del contenido del oficio 0074 XESAR ASDIS 744 expedido por la Policía del departamento de Norte de Santander, durante el ataque guerrillero del 21 de mayo de 1999 en contra de la Estación de Policía de La Victoria, los insurgentes dieron muerte al señor José Ignacio Arévalo Pérez, porque, supuestamente, colaboraba con los policiales de la población. Así mismo, indica el informe que la señora Clotilde Rivera Ovallos resultó herida tras los hechos violentos que tuvieron lugar ese día y fue trasladada al Hospital San Martín de Sardinata. Dice así el documento (Se transcribe tal cual se halla en el texto):

“Respetuosamente me permito informar a mi coronel, señor subcomandante operativo de la unidad, los hechos acaecidos el día 21 de mayo de 1999, cuando a eso de las 19:30 horas, el radio operador de la Estación de Policía de La Victoria, reportaba la presencia de elementos subversivos, que se ubicaban y rodeaban la estación policial, siguiéndose la siguiente secuencia:

19:40 horas: reporte en el cual se indica que comenzaron a atacar con pipetas o cilindros de gas, siendo fuerte la arremetida.

(...)

23:00 horas: llegada del avión fantasma, hacia la Estación La Victoria, que orientado con coordenadas por el radio operador del Comando Tercer Distrito quien hace puente entre el fantasma y la Estación La Victoria, al contarse con el radio y la señal punto a punto. El avión fantasma ametralla los puntos más vulnerables con resultados exitosos.

(...)

03:00 horas: Regresa el avión fantasma.

(...)

6:30 horas: Cesa el fuego. No se vuelven a escuchar más explosiones ni detonaciones, todo vuelve a la calma, pero se desconoce la suerte de los integrantes de la Estación La Victoria, por haberse perdido la comunicación.

(...)

Guerrilleros por establecer dieron muerte al ciudadano José Ignacio Arévalo, sin más datos, con arma de fuego sindicado de ser colaborador de la Policía Nacional, además de venderle víveres en general a los integrantes de la Estación La Victoria.

De la misma manera fueron atendidos en el Hospital San Martín de Sardinata, las siguientes personas:

(...)

Clotilde Rivera, de 30 años de edad, soltera, indocumentada, sin más datos, quien presentaba herida en el abdomen, alojándose un proyectil de arma de fuego en la columna vertebral. Tanto Paulino Vacca Vega como Clotilde Rivera, fueron trasladados a la ciudad de Cúcuta (Hospital Erasmo Meoz), para las atenciones del caso, debido a su gravedad.

(...)”(55) (resaltado por la Sala).

Acorde con la probanza a la que acaba de hacerse referencia, el oficio BR5-GMMAZ-S2-INT-252, proferido por el “Grupo de Cab. Mec. Nº 5 Maza” del Ejército, hizo una relación de las personas que resultaron muertas por la acción de la guerrilla el 21 de mayo de 1999, entre ellas, el señor José Ignacio Arévalo Pérez. Así mismo, se hizo alusión al caso de la señora Clotilde Rivera Ovallos, como una de las personas que resultaron heridas tras el ataque guerrillero, quien posteriormente, falleció en el Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta. Esto dice el oficio (Se trascribe tal cual se halla en el texto):

21:00-May-99: Terroristas integrantes de los frentes Juan Fernando Porras Martínez y Carlos Armando Cacua Guerrero del ELN, incursionaron en el corregimiento de la Victoria del municipio de Sardinata (N.S), destruyendo parcialmente el puesto de Policía, 07 viviendas destruidas, saquearon el comercio robaron dinero a personal civil, fueron heridos subintendente (...) asesinados los particulares Ignacio Arévalo (...) Así mismo en la acción directa los insurgentes dinamitaron el puente de Sardinata.

(...)

27-May-99: Cucuta (sic). Una señora que resultó herida en la toma realizada por subversivos de la ONT ELN, el día 21-May-99, en el corregimiento de la Victoria del municipio de Sardinata, fue llevada al hospital de Erasmo Meoz de Cúcuta, quien posteriormente dejó de existir, respondía al nombre de Clotilde Rivera Ovallos, de 40 años, natural de Bucarasica.

La víctima se encontraba dentro de su residencia cuando fue herida a bala por los subversivos que se tomaron dicha población(56) (resaltado por la Sala).

Igualmente, en el oficio 002259/XSUBCO-COMAN, proferido por la Policía del departamento del Norte de Santander, se informó que los señores José Ignacio Arévalo Pérez y Clotilde Rivera Ovallos, resultaron muertos en desarrollo del ataque guerrillero a la Estación de Policía de La Victoria el 21 de mayo de 1999. Así dice el referido oficio (Se transcribe tal cual se halla en el texto):

“Con toda atención me permito dar respuesta al oficio de la referencia, de fecha 3 de octubre del año en curso, enviando a ese despacho la información solicitada respecto a antecedentes relacionados con toma subversiva a la Estación La Victoria el día 21 de mayo de 1999.

(...)

2. En el hecho resultaron muertos los civiles José Ignacio Arévalo y Clotilde Rivera Ovallos”(57) (resaltado por la Sala)

Con respecto a la muerte del señor José Ignacio Arévalo Pérez, el Policía Fabio Pabón Maldonado, quien se encontraba en la estación de policía atacada el día de los hechos, manifestó que los insurgentes le dieron muerte tras sacarlo de la tienda ubicada en frente del cuartel policial(58) (Se transcribe tal cual se halla en el texto):

“... muertos el señor Ignacio, quien era el tendero del frente de la Estación, ya que fue sacado por la Subversión y fue encontrado muerto a la salida del pueblo”(59).

En similar sentido, la prueba testimonial practicada en el proceso 2001-00607 por los señores Jesús Maldonado Mesa, Euclides Remolina Pineda, Flor de María Vda. de Cáceres, Agustín Ovallos Rivera, Jorge Eliécer Buitrago Ropero, Julián Remolina Peñaloza, María Estela Mendoza de Silva y Alfonso Garavito Salazar, es conteste en señalar que en curso del ataque guerrillero perpetrado en La Victoria el 21 de mayo de 1999, resultó muerto el señor José Ignacio Arévalo Pérez.

Así, por ejemplo, lo dijo el señor Jesús Maldonado Mesa, quien dijo ser el fontanero de La Victoria y que preguntando acerca de lo ocurrido en esta población el día 21 de mayo de 1999, manifestó (Se transcribe tal cual se halla en el texto):

El ataque empezó a las siete de la noche y duró hasta las seis de la mañana, llegó la guerrilla y atacó a la Policía (...) Ellos se atrincheraron en todo el pueblito, el pueblito es pequeño y llovía plomo de todos lados, en la misma casa del señor Nacho, o sea José Ignacio Arévalo, se metieron y desde ahí disparaban. (...) también el señor Ignacio Arévalo murió ese día, además hubo dos heridos(60).

Como se observa, los testimonios rendidos en concordancia con el contenido del oficio 0074 XESAR ASDIS 744, permiten tener por establecido que la noche del 21 de mayo de 1999, en desarrollo del ataque guerrillero a la Estación de la Victoria, los insurgentes sacaron de manera violenta al señor José Ignacio Arévalo Pérez, quien se encontraba en su negocio ubicado junto al cuartel, para posteriormente ser ultimado con un disparo en la cabeza, en retaliación por su presunta amistad con los agentes de Policía, en tanto les vendía víveres.

Respecto a las circunstancias en que resultó muerta la señora Clotilde Rivera Ovallos, el oficio 03602/BR5-GMMAZ-S3-375 expedido por el Ejército Nacional, señala que falleció en el Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta debido a las heridas sufridas durante el asalto guerrillero a La Victoria. El siguiente es su texto (Se transcribe tal cual se halla en el expediente):

“El día 27 de mayo de 1999 mediante informaciones suministradas por la Policía Nacional se tuvo conocimiento del fallecimiento de la señora Clotilde Rivera Ovallos, de 40 años, natural de Bucarasica, falleció en el Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta debido a las heridas sufridas durante el asalto a la localidad de La Victoria, en momentos en que se encontraba dentro de su vivienda”(61) (resaltado por la Sala).

Una vez analizados los testimonios recaudados dentro del proceso 1999-1263, la Sala encuentra que estos dan fe de la ocurrencia del ataque guerrillero del 21 de mayo de 1999, al tiempo que permiten establecer, en concordancia con los documentos anteriormente relacionados, que el deceso de la señora Clotilde Rivera Ovallos fue consecuencia de heridas de arma de fuego recibidas en desarrollo de ese ataque.

En efecto, así se expresó el señor Rito Elías Castelblanco Lázaro, quien dijo conocer a la señora Clotilde Rivera Ovallos y que respecto de su muerte, expuso (Se transcribe tal cual se halla en el texto):

“La fecha fue en mayo hace dos años, creo que fue el 21 de mayo, no estoy bien seguro, la causa de la muerte de ella se supone que fue un disparo que hizo el avión fantasma, ya que el tiro estaba ahí en la cama y ella estaba debajo de la cama, tal vez se había metido ahí para favorecerse (...) yo estaba en esa fecha en la casa, queda a 50 metros del puesto de policía, eran como las siete de la noche cuando empezó un tiroteo y ante eso nos escondimos por ahí donde se podía y ese tiroteo duró como hasta las seis de la mañana”(62) (resaltado por la Sala).

De modo similar el señor Jorge Eliecer Buitrago Ropero, quien dijo conocer a la señora Clotilde Rivera Ovallos y que respecto de su muerte, manifestó (Se transcribe tal cual se halla en el texto):

“Ella murió como el veintiuno de mayo, hace como unos dos años, dicen que el motivo de la muerte fue por el avión fantasma, a causa de ese tiro que entró por la cumbrera de la casa y ella estaba debajo de la cama escondida y el tiro le cayó al orillo de la cama y cruzó, no sé por dónde le pegaría el tiro porque yo no la miré (...) eso se formó como a las siete de la noche del día 21 de mayo, como hasta las seis de la mañana del día 22 de mayo, dándose plomo la guerrilla con la Policía”(63) (resaltado por la Sala).

Los señores María Estella Mendoza de Silva, Carlos Julio Carvajal Vega, Alfonso Garavito Salazar, Jesús Maldonado Mesa, Euclides Remolina Pineda y Flor de María Díaz de Cáceres, declararon en el mismo sentido que los señores Rito Elías Castelblanco Lázaro y Jorge Eliécer Buitrago Ropero.

De las probanzas antes referenciadas, la Sala concluye que está debidamente demostrado que el día 21 de mayo de 1999 se produjo un ataque subversivo contra la estación de Policía de La Victoria, en el cual resultó herida la señora Clotilde Rivera Ovallos mientras se encontraba en su casa resguardándose del ataque guerrillero. Como consecuencia de tales heridas falleció el 25 de mayo de 1999 en el Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta.

Sobre este punto, es oportuno precisar que si bien los testigos afirmaron que los disparos que hirieron de muerte a la señora Clotilde Rivera Ovallos provinieron del avión fantasma mientras apoyaba a los policías en tierra, lo cierto es que ninguno de los declarantes estaba en condiciones de dar fe sobre esa circunstancia, en tanto no se encontraba con la víctima al momento de recibir los impactos de bala.

En cuanto a la responsabilidad de la Nación – Policía Nacional – por los perjuicios derivados de la muerte de los señores José Ignacio Arévalo Pérez y Clotilde Rivera Ovallos, la prueba recaudada permite establecer lo siguiente:

La Nación – Policía Nacional – sabía, con amplia anticipación al ataque del 21 de mayo de 1999 que la guerrilla estaba planeando una incursión armada a La Victoria. Así se desprende del contenido oficio 01845/SIPOL DENOR UNEVA de 4 de noviembre de 2003, suscrito por el jefe de Policía Seccional de Inteligencia de Norte de Santander, por medio del cual se consignan diversos poligramas a través de los cuales se alertó a los policiales acantonados en la estación de esa población acerca de un posible ataque (Se transcribe tal cual se halla en el texto):

En atención al oficio de la referencia, por medio del presente me permito enviar la información solicitada, referente a informes de inteligencia con antelación a los hechos acerca de una posible toma por parte de grupos subversivos a la Estación de Policía del corregimiento La Victoria, jurisdicción del municipio de Sardinata, así:

‘Revisados los archivos y registros que se llevan en esta seccional con anterioridad a la toma subversiva ocurrida el 21 05 99 al corregimiento La Victoria se tienen las siguientes anotaciones relacionadas con poligramas enviados a esa unidad donde se alertaba sobre posibles tomas por parte de grupos al margen de la ley, así:

Poligrama sin número de fecha 29 de julio de 1998, firmado por el señor coronel Luis Fernando Bautista Uribe, comandante departamento Policía de Norte de Santander que a la letra dice: Informaciones obtenidas diferentes fuentes indican bandoleros ELN acordaron atacar estación La Victoria y Toledo o Telidito, en cumpliento (sic) políticas máximo cabecillas esa organización buscando acelerar diálogos regionales paz. Prevéese escalada subversiva este departamento mismo fin. Extremen medidas de seguridad personal e instalaciones.

Poligrama sin número de fecha 4 de agosto de 1998, firmado por el señor coronel Luis Fernando Bautista Uribe, comandante departamento Policía de Norte de Santander que a la letra dice: Informaciones de inteligencia obtenidas diferentes fuentes indican bandoleros ELN tienen planeado atacar estaciones de Policía Sardinata como las mercedes como La Victoria como El Zulia como la del Rosario como CAI siete y dinamitar peaje Los Acacios ubicado vía Cucuta (sic) Pamplona. Por tal motivo extremar medidas de seguridad, instalar planes defensa personal e instalaciones, desplegar labores de inteligencia fin detectar presencia personas y artefactos sospechosos.

Poligrama Nº 003 de fecha 6 de enero de 1999 firmado por el señor TE Nicolás Carmen Aristizabal, jefe Isspol Denor, que a la letra dice: Permítome informarles presente mes grupos guerrilleros celebran siguientes fechas especiales, que pueden ser utilizadas para realización acciones terroristas: (...)”(64) (resaltado por la Sala).

Igualmente, se tiene probado que mediante oficio 066/XCDO-EST-LAVIC de 16 de mayo de 1999, esto es, cinco días antes del ataque del 21 de ese mes y año, el comandante de la Estación de Policía de La Victoria informó al comandante del Tercer Distrito con sede en el municipio de Sardinata, acerca de la orden dada a los policiales de dicha población para que estuvieran alertas, en tanto se había detectado presencia de insurgentes en el sector (Se transcribe tal cual se halla en el texto):

“Asunto: Informe de inteligencia.

(...).

Respetuosamente me permito enviar con destino a ese comando el informe de actividades de inteligencia obtenidas por personal de esta unidad así:

Se tuvo conocimiento que durante la presente semana subversivos pertenecientes al ELN, ejecutaron movimientos en la jurisdicción especialmente por las Veredas de Naranjales y San Luis, igualmente hicieron presencia en un sitio llamado Santa Rosa, sitio este que queda entre esta jurisdicción y las Mercedes al parecer recogieron información sobre los operativos que estaba desarrollando el ejército en esta zona. Por lo anterior se dio la respectiva instrucción al personal para que esté atento ante cualquier situación”(65) (resaltado por la Sala).

Como puede verse, por labores de inteligencia adelantadas por la Nación —Policía Nacional—, los policiales acantonados en la Estación de Policía de La Victoria fueron advertidos en al menos tres oportunidades, el 29 de julio de 1998, el 4 de agosto de 1998 y el 6 de enero de 1999, sobre la posibilidad de que se presentara una incursión armada en su contra.

Así mismo, el policía William Omar Miranda Niño, quien defendió la Estación de La Victoria el 21 de mayo de 1999 rindió testimonio dentro del proceso penal que la Fiscalía adelantó con ocasión de lo ocurrido ese día, manifestó que había información acerca de la posibilidad de que se presentara un ataque insurgente(66) (Se transcribe tal cual se halla en el texto):

“La información andaba volando en el pueblo y habían rumores el día exacto no se sabía, el comandante en su reportes informaba sobre la presencia de subversivos en la jurisdicción”(67).

De lo que viene de verse, para la Sala no queda duda alguna en cuanto que la Nación —Policía Nacional—, tenía información certera que miembros de la guerilla pretendían un ataque en contra el cuartel policial de La Victoria.

Así las cosas, resulta inverosímil lo expresado por la Nación —Policía Nacional—, en el sentido de afirmar que carecía de información respecto de un eventual ataque guerrillero a la Estación de Policía de La Victoria, como lo manifestó en oficio 002259/XSUBCO-COMAN expedido por la Policía del departamento de Norte de Santander, en el que se consignó lo siguiente (Se transcribe tal cual de halla en el texto):

“Con toda atención me permito dar respuesta al oficio de la referencia, de fecha 3 de octubre del año en curso, enviado a ese despacho la información solicitada respecto a antecedentes relacionados con toma subversiva a la Estación La Victoria el día 21 de mayo de 1999.

(...)

7. Informes de inteligencia con antelación a los hechos y oficios con información de tomas anteriores no se encontraron”(68) (resaltado por la Sala).

Como puede verse, el documento anteriormente transcrito en nada coincide con la información que arroja el conjunto del acervo probatorio que obra en el proceso, el cual permite acreditar, con plena claridad, que la Nación —Policía Nacional—, sabía de la inminencia del ataque guerrillero del que finalmente fue objeto la Estación de Policía de La Victoria el 21 de mayo de 1999, razón por la cual dicha prueba carece de relevancia en el análisis que viene adelantando la Sala.

De conformidad con lo probado en el proceso, la Sala concluye: i) que los policías acantonados en la Estación de La Victoria enfrentaron, con el apoyo del avión fantasma, desde la noche del 21 de mayo de 1999 y hasta la mañana siguiente, el ataque de un nutrido número de insurgentes; ii) La Nación —Policía Nacional— tenía elementos de juicio suficientes que le permitían prever la inminencia de un ataque subversivo que finalmente tuvo lugar ese día; iii) no obstante la presivilidad de lo ocurrido ese día, la Nación —Policía Nacional—, se limitó a advertir por escrito a los policiales de la Estación de La Victoria, que se preparan para afrontar un ataque guerrillero, sin que obre prueba que indique que se hubieran adoptado medidas preventivas o dirigidas a contener la inminencia de la incursión armada, tales como el de refuerzo de personal, de armamento o de aprovisionamiento con la finalidad de disuadir la presencia insurgente en la zona y así neutralizar la amenaza que había en ese momento.

En cuanto a la participación del Ejército en los hechos materia de discusión, el oficio 03602/BR5-GMMAZ-S3-375 expedido por esa institución, afirma que carecían de información acerca de un eventual ataque en contra de la Estación de Policía de La Victoria. El siguiente es su texto (Se transcribe tal cual se halla en el expediente):

“g) Revisados los archivos no se encontró informe de inteligencia con antelación a los hechos de una posible toma a la localidad de La Victoria, municipio de Sardinata”(69).

Según lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que si la Policía sabía del eventual ataque en contra de la Victoria y el Ejército no, esta circunstancia denota serias irregularidades en la manera como el Ministerio de Defensa administraba la información de inteligencia recopilada por la Fuerza Pública, circunstancia que la Sala no puede dejar a un lado, pues se trata de una falencia en la manera como dicho ministerio se ocupaba de atender su deber constitucional de velar por el orden público.

Ahora bien, la Sala advierte que los hechos ocurridos en la Estación de Policía del corregimiento La Victoria el 21 de mayo de 1999 en el departamento de Norte de Santander, se enmarcan dentro del conflicto armado interno que el país viene sufriendo desde hace décadas, lo que hacía exigible al Estado un deber de protección respecto de la población civil.

Desde la perspectiva del conflicto armado interno, el deber derivado de la tutela de los derechos humanos a la que el Estado está llamado a responder, se concreta en la aplicación de medidas de precaución (anticipación del riesgo) y de prevención. En ese sentido, el Estado tiene la obligación de garantizar la creación, la preservación o, siquiera, la existencia de las condiciones necesarias para evitar la vulneración del derecho a la vida y demás derechos fundamentales.

El deber del Estado de adoptar medidas de prevención y protección de los derechos de los ciudadanos, se encuentra condicionado al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenirlo o evitarlo.

Indefectiblemente las pruebas allegadas al proceso indican que la Policía Nacional solo alertó por escrito a sus agentes de La Victoria acerca de un eventual ataque, acción que, de conformidad con lo expuesto anteriormente, en nada contribuyó a crear las condiciones necesarias para evitar la vulneración del derecho a la vida de los señores Clotilde Rivera Ovallos y José Ignacio Arévalo Pérez, vale decir, del conocimiento de esas circunstancias ningún comportamiento se derivó.

La prueba recaudada permite una falla en el servicio por omisión respecto de la Nación —Ministerio de Defensa—, de su deber de adoptar medidas preventivas y de precaución, encaminadas a proteger la población civil de un ataque subversivo anunciado y que resultaba previsible que, como se dejó visto, causó la muerte de los señores Clotilde Rivera Ovallos y José Ignacio Arévalo Pérez.

Como sea que no tomó las medidas de prevención ante la amenaza del ataque guerrillero en La Victoria, se impone declarar en cabeza de la Nación —Ministerio de Defensa—, la responsabilidad por los perjuicios causados a los demandantes por la muerte de José Ignacio Arévalo Pérez y Clotilde Rivera Ovallos, toda vez que omitió adoptar medidas de prevención para afrontar el ataque guerrillero en contra de la Estación de Policía de La Victoria el 21 de mayo de 1999, el cual, como se dejó visto, era previsible.

7. (sic) El centro de imputación en el caso concreto.

En ese punto de la providencia, cabe anotar que aunque la demanda 2001-00607 se dirigió en contra de la Nación —Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional—, el auto admisorio de este proceso solo se notificó a la Nación —Ministerio de Defensa— a través del comandante del Grupo Mecanizado # 5 Maza del Ejército Nacional.

Adicionalmente, en el recurso de apelación interpuesto por la Nación —Ejército Nacional— dentro del proceso 2001-00607, se dijo que en vista de que la demanda también se dirigió en contra de la Nación —Policía Nacional—, era indispensable que se notificara a esa institución, por cuanto en caso de declarar su responsabilidad, dicho acto procesal resultaba indispensable.

Como quiera que lo dicho por la Nación —Ejército Nacional— en su recurso de apelación tiene que ver con la comparecencia y representación judicial de la Nación en los procesos en los cuales es parte en la causa por pasiva, la Sala considera pertinente retomar los planteamientos que esta subsección ha plasmado en otras oportunidades(70).

Aunque la rama ejecutiva —Ministerio de Defensa Nacional— es parte del poder público de la misma persona jurídica Nación, es claro que cuando esta se vincula a un proceso como parte demandada, debe comparecer a juicio representada por el funcionario de mayor jerarquía de la entidad que expidió el acto produjo el hecho, que en este caso es el Ministerio de Defensa, teniendo en cuenta que el hecho causante del daño antijurídico por el cual se reclama fue ocasionado por miembros de la Fuerza Pública, la que orgánicamente se ubica dentro de la estructura del Ministerio de Defensa Nacional.

De ahí que la representación de la Nación en los procesos en los cuales interviene como parte demandada debe recaer, por mandato legal, en el funcionario de mayor jerarquía de la entidad de la cual provino la actuación. Al respecto señala el Código Contencioso Administrativo(71):

“ART. 149.—Modificado. Ley 446 de 1998, art. 49. Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas podrán obrar como demandantes, demandadas o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados. Ellas podrán incoar todas las acciones previstas en este código si las circunstancias lo ameritan.

En los procesos contencioso administrativos la Nación estará representada por el ministro, director de departamento administrativo, superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General, Procurador o Contralor o por persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho.

El Presidente del Senado representa a la Nación en cuanto se relacione con el Congreso. La Nación – rama judicial estará representada por el director ejecutivo de administración judicial.

En los procesos sobre impuestos, tasas o contribuciones, la representación de las entidades públicas la tendrán el director general de impuestos y aduanas nacionales en lo de su competencia, o el funcionario que expidió el acto.

PAR. 1º—En materia contractual, intervendrá en representación de las dependencias a que se refiere el artículo 2º, numeral 1º, literal b) de la Ley 80 de 1993, el servidor público de mayor jerarquía en estas.

PAR. 2º—Cuando el contrato haya sido suscrito directamente por el Presidente de la República en nombre de la Nación, la representación de esta se ejerce por él o por su delegado” (se resalta).

Desde esta perspectiva se advierte que dentro del proceso 2001-00607 se cumplió a cabalidad con el presupuesto de la legitimación en la causa por pasiva, en cuanto que los actores dirigieron la demanda contra la Nación, representada por el Ministerio de Defensa Nacional, el cual tiene vocación jurídica para obrar como parte demandada en este tipo de procesos.

En efecto, como advierte la doctrina, el Estado colombiano está constituido por un conjunto de personas jurídicas de derecho público que ejerce las distintas facetas del poder público —funciones públicas— y dentro de ellas se encuentra la Nación, que “es la persona jurídica principal de la organización estatal en la cual se centraliza el conjunto de dependencias que ejercen las funciones públicas esenciales propias del Estado Unitario”(72). Así lo previó de vieja data el ordenamiento jurídico al reconocer que la Nación es una persona jurídica —artículo 80 de la Ley 153 de 1887—, 3ª la cual pertenecen diversas entidades y dependencias de las distintas ramas del poder público y de los entes autónomos.

La persona jurídica “Nación” está representada por diversos funcionarios de las distintas ramas del poder público que despliegan las tradicionales funciones públicas legislativa, administrativa y jurisdiccional y de los órganos autónomos e independientes para el cumplimiento de las demás funciones del Estado —fiscalizadora y electoral, entre otras—, tal y como lo establece el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 49 de la Ley 446 de 1998(73).

Al respecto, la jurisprudencia de la Sección razonó como sigue(74):

“Ocurre, sin embargo, que esta persona jurídica (la Nación) está representada por diversos funcionarios según la rama del poder público o a la dependencia u órgano que deba concurrir al proceso porque ‘los actos administrativos, los hechos, las operaciones administrativas y los contratos administrativos y privados con cláusula de caducidad de las entidades públicas’ que juzga la jurisdicción de lo contencioso administrativo (CCA, art. 83) les sean atribuibles de manera directa, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 149 Código Contencioso Administrativo.

Podría afirmarse que el centro genérico de imputación —Nación— es una persona jurídica unitaria y como tal, para efectos procesales, considerada parte, solo que en cuanto a su representación esa imputación se particulariza teniendo en cuenta la rama, dependencia u órgano al que, específicamente para los efectos de la responsabilidad extracontractual del Estado, se le atribuya el hecho, la omisión, la operación administrativa o la ocupación causante del daño indemnizable (CCA, art. 86)”.

En igual dirección, la jurisprudencia constitucional ha discernido sobre el tema bajo el siguiente temperamento(75):

“3.1. El Estado, como organización socio-política y estructura jurídica del poder público, para los efectos de cumplir y realizar sus fines, se desenvuelve en el orden institucional a través de un conjunto de órganos, dirigidos, coordinados y manejados por personas naturales que ostentan la calidad de agentes, funcionarios o autoridades públicas, cuyos actos relacionados con el servicio son imputables directamente al ente político estatal, representado en cada caso por sus entidades u organismos del nivel central y descentralizado, Esto último, en razón a que el Estado se concibe como un ente ficticio impedido para obrar directamente por carecer de entidad material, debiendo hacerlo entonces por intermedio de las instituciones públicas que lo conforman, a quienes en razón de sus objetivos constitucionales la propia Carta Política y las leyes le reconoce la respectiva personalidad jurídica.

3.2. El reconocimiento de la personalidad jurídica a los órganos constitucionales del Estado, permite y facilita su sometimiento al orden institucional en los mismos términos en que se encuentran los demás sujetos de derecho —personas naturales y jurídicas de derecho privado—, haciéndolo particularmente responsable por las acciones u omisiones de quienes legalmente lo integran y representan. En este sentido, la personalidad jurídica y política reconocida a los órganos del Estado, fundada en los principios de la representación y del mandato, no solo le confieren a este último capacidad y cierto grado de libertad para desarrollar y ejecutar sus actos, sino que también configura un centro de imputación jurídica, que le permite a los asociados formular en su contra las pretensiones de responsabilidad contractual y extracontractual, las cuales constituyen una garantía constitucional de las personas frente a los daños antijurídicos que puedan causar los distintos órganos estatales en el ejercicio de los poderes de gestión e intervención”.

En este punto, de cara al argumento expuesto en el recurso de apelación formulado por la Nación —Ejército Nacional—, existe absoluta claridad en que la Nación es una sola persona jurídica, capaz de comparecer a juicio y que su representación debe ser ejercida por el funcionario de mayor jerarquía en el área de la cual provino la actuación que dio lugar a la formulación de una demanda.

Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que la representación de la Nación radica en el ministro del ramo o en sus delegados, de tal manera que en asuntos de defensa nacional aquella radica en el Ministro de la Defensa, independientemente de la Fuerza Pública a la cual se le imputen los hechos de la demanda, pues, al carecer de personería jurídica, ni el Ejército, ni la Policía, ni la Armada, ni la Fuerza Aérea son instituciones independientes o autónomas respecto de la Nación(76).

Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en las resoluciones 6162 de 1993 y 10729 de 1997(77), el Ministerio de Defensa, en ejercicio de las facultades de delegación previstas en el artículo 21 del entonces vigente Decreto-Ley 2050 de 1968(78) y del artículo 29 del Decreto 2304 que modificó el artículo 150 del Código Contencioso Administrativo, delegó la facultad para notificarse de las demandas formuladas en contra de la Nación —Ministerio de Defensa Nacional— Fuerza Pública en los comandantes del Ejército y de la Policía Nacional. Así, cuando la Nación interviene en un proceso judicial por un asunto relacionado con la defensa nacional, lo debe hacer a través del Ministro de Defensa o sus delegados en cada una de las instituciones que integran la Fuerza Pública, quienes actúan en nombre de la Nación —Ministerio de Defensa— y no de la institución militar independientemente considerada, como si se tratara de una persona jurídica diferente de aquella.

En este orden de ideas, se impone concluir que no era indispensable que se notificara el auto admisorio de la demanda 2001-00607 a un apoderado de la Policía Nacional, pues, como se dejó visto, el centro de imputación de la responsabilidad es la Nación —Ministerio de Defensa—, como la persona jurídica que debe asumir el pago de la condena impuesta en primera instancia.

8. Actualización de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander dentro del proceso con radicación número 2001-00607:

Si bien en la parte resolutiva de la sentencia 14 de julio de 2004 se reconoció para cada uno de los señores Maribel Maldonado Rangel, Elber Arévalo Maldonado, Fabio Arévalo Maldonado, Lized Arévalo Maldonado, Maricela Arévalo Maldonado, Nicasio Arévalo Maldonado y Leonor Pérez Vergel, la suma de $ 35.800.000 por indemnización por concepto de perjuicios morales; y $ 17.900.000, por el mismo concepto para cada uno de los señores Edgar Ariel Arévalo Pérez, Solangel Arévalo Pérez y Elizabeth Arévalo Pérez, lo cierto es que de conformidad con la parte considerada de dicho fallo, estas sumas de dinero corresponden, respectivamente, al equivalente a 100 y 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes para ese momento.

Por lo antes dicho, no es procedente actualizar las sumas de dinero anteriormente mencionadas, sino confirmar el fallo apelado al pago de los salarios mínimos mensuales expresados en su parte considerativa.

Por concepto de indemnización de perjuicios materiales se condenó al pago de las siguientes sumas de dinero:

Para Maribel Maldonado Rangel $ 32.554.595; Elber Arévalo Maldonado $ 3.719.750; Fabio Arévalo Maldonado $ 4.265.945; Lized Arévalo Maldonado $ 4.980.806 y Maricela Arévalo Maldonado $ 5.693.806.

Esas cantidades de dinero serán actualizadas con aplicación de la siguiente fórmula:

Ca = Ch x índice final

Índice inicial

En donde:

Ca:Capital actualizado a establecer.
Ch:Capital histórica que se va a actualizar
Ipc (f):Es el índice mensual de precios al consumidor final, es decir, el vigente a la fecha en que se realiza la actualización: (jul./2014) 117,09
Ipc (i):Es el índice mensual de precios al consumidor inicial, es decir, el correspondiente a la fecha de la sentencia de primera instancia: (jul./2004): 79,50

Así entonces, para Maribel Maldonado Rangel $ 47.947.390; Elber Arévalo Maldonado $ 5.478.560; Fabio Arévalo Maldonado $ 6.283.012; Lized Arévalo Maldonado $ 7.335.881 y Maricela Arévalo Maldonado $ 8.386.009.

9. Costas.

Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984, como fuera modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia, las sentencias proferidas dentro de los procesos 2001-00607 y 1999-1263 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, las cuales, en su parte resolutiva quedarán así:

1. DECLARAR administrativamente responsable a la Nación —Ministerio de Defensa—, por los perjuicios causados como consecuencia de la muerte del señor José Ignacio Arévalo Pérez y la Señora Clotilde Rivera Ovallos, con ocasión de la toma guerrillera a la Estación de Policía del corregimiento de La Victoria, municipio de Sardinata, departamento Norte de Santander.

2. CONDENAR a la Nación —Ministerio de Defensa—, a pagar indemnización por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas de dinero:

• Para los demandantes dentro del proceso 2001-00607:

– Cien (100) salario mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria del presente fallo, para cada una de las siguientes personas:

Maribel Maldonado Rangel, Elber Arévalo Maldonado, Fabio Arévalo Maldonado, Lized Arévalo Maldonado, Maricela Arévalo Maldonado, Nicaso Arévalo Durán y Leonor Pérez Vergel.

– Cincuenta (50) salario mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ejecutoria del presente fallo, para cada una de las siguientes personas:

Edgar Ariel Arévalo Pérez, Solangel Arévalo Pérez, Wilman Arévalo Pérez y Elizabeth Arévalo Pérez.

• Para los demandantes dentro del proceso 1999-1263:

– Para cada uno de los señores Ángel María Rivera Ovallos, Belén Rivera Ovallos, Benjamín Rivera Ovallos, Carmen Consuelo Rivera Ovallos, Alba Monguí Ovallos, Gladys Rivera Ovallos, Ana Rosa Rivera Ovallos, José del Carmen Rivera Ovallos y Sofía Rivera Ovallos, el equivalente a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de ejecutoria del presente fallo

3. CONDENAR a la Nación —Ministerio de Defensa—, a pagar indemnización por concepto de perjuicios materiales, las siguientes sumas de dinero:

• Para los demandantes dentro del proceso número 2001-00607:

– Para Maribel Maldonado Rangel, cuarenta y siete millones novecientos cuarenta y siete mil trescientos noventa pesos ($ 47.947.390).

– Para Elber Arévalo Maldonado, cinco millones cuatrocientos setenta y ocho mil quinientos sesenta pesos ($ 5.478.560).

– Para Fabio Arévalo Maldonado, seis millones doscientos ochenta y tres mil doce pesos ($ 6.283.012).

– Para Lized Arévalo Maldonado, siete millones trescientos treinta y cinco mil ochocientos ochenta y un pesos ($ 7.335.881).

– Para Maricela Arévalo Maldonado, ocho millones trecientos ochenta y seis mil nueve pesos ($ 8.386.009).

4. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

6. Para el cumplimiento de esta sentencia, expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

7. SIN condena en costas.

Ejecutoriada la presente providencia, por secretaría DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(36) Los perjuicios morales para cada uno de los demandantes de estimaron en 2.000 gramos de oro y dado que a la fecha de interposición de la demanda, 25 de noviembre de 1999, el precio de venta del gramo oro era de 18.357,71, esa cantidad del preciado metal en pesos ascendía a $ 36.715.420.

(37) Los perjuicios morales para cada uno de los demandantes de estimaron en 2.000 gramos oro dado que a la fecha de interposición de la demanda, 21 de mayo de 2001, el precio de venta del gramo oro era de 21.755,68, esa cantidad del preciado metal en pesos ascendía a $ 43.551.360.

(38) Folio 45, cuaderno principal proceso 1999-1263.

(39) Folios 165-167, cuaderno principal proceso 1999-1263.

(40) Folios 74-75, cuaderno de pruebas 2 proceso con radicación 1999-1263.

(41) Folios 160-163, cuaderno principal proceso 2001-0607.

(42) Folio 185, cuaderno principal proceso 2001-0607.

(43) Folios 394-395, cuaderno principal proceso 2001-0607.

(44) Folios 281-283, cuaderno principal proceso 2001-0607.

(45) Folios 201-202, cuaderno principal proceso 1999-1263.

(46) Folios 170-172, cuaderno principal proceso 2001-0607.

(47) Folios 176-178, cuaderno principal proceso 1999-1263.

(48) Folios 245-262, cuaderno principal proceso 2001-0607.

(49) Folios 216-241, cuaderno principal proceso 1999-1263.

(50) Folios 145/136- 147/138, folios 151/148- 152/149 y folios 148/142-150/147, cuaderno de pruebas proceso 1999-1263.

(51) C.P. Danilo Rojas Betancourth. Expediente 20601, Radicación 41001-23-31-000-1994-07 654-01, actor: María del Carmen Chacón y otros.

(52) Folios 165-167, cuaderno principal proceso 1999-1263.

(53) Folios 160-163, cuaderno principal proceso 2001-0607.

(54) Folios 74-75, cuaderno de pruebas 2 proceso con radicación 1999-1263.

(55) Folios 281-283, cuaderno principal proceso 2001-0607.

(56) Folios 170-172, cuaderno principal proceso 2001-0607.

(57) Folios 201-202, cuaderno principal proceso 1999-1263.

(58) Testimonio trasladado del proceso penal que se llevó a cabo con ocasión de la toma armada del 21 de mayo de 1999 en contra de la Estación de Policía de La Victoria.

(59) Folios 148/142-150/147, cuaderno de pruebas proceso 1999-1263.

(60) Folios 245-247, cuaderno principal proceso 2001-0607.

(61) Folios 176-178, cuaderno principal proceso 1999-1263.

(62) Folios 225-227, cuaderno principal proceso 1999-1263.

(63) Folios 222-224, cuaderno principal proceso 1999-1263.

(64) Folios 394-395, cuaderno principal proceso 2001-0607.

(65) Folio 185, cuaderno principal proceso 2001-0607.

(66) Testimonio trasladado del proceso penal que se llevó a cabo con ocasión de la toma armada del 21 de mayo de 1999 en contra de la Estación de Policía de La Victoria.

(67) Folios 145/136-147/138, cuaderno de pruebas proceso 1999-1263.

(68) Folios 201-202, cuaderno principal proceso 1999-1263.

(69) Folios 176-178, cuaderno principal proceso 1999-1263.

(70) Ver sentencia proferidas por la Sección Tercera – Subsección A, del 14 de mayo de 2014, Expediente 25000-23-26-000-2005-02506-01 (38.669) y de 23 de mayo de 2012, Expediente 05001-23-31-000-1995-01841-01 (21.539).

(71) En similares términos regulaba el Código Contencioso Administrativo el tema de la representación judicial de la Nación, antes de las modificaciones introducidas por la Ley 446 de 1998. La norma vigente a la fecha de presentación de la demanda señalaba: “ART. 149.—Representación de las personas de derecho público podrán obrar como demandantes, demandadas o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados. Ellas podrán incoar todas las acciones previstas en este código si las circunstancias lo ameritan.

En los procesos contencioso administrativos la Nación estará representada por el ministro, jefe de departamento administrativo, superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, procurador o contralor, según el caso; en general, por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho.

Sin embargo, el Ministro de Gobierno representa a la Nación en cuanto se relacione con el Congreso y el de justicia en lo referente a la rama jurisdiccional.

En los procesos sobre impuestos, tasas o contribuciones, la representación de las entidades públicas la tendrán el director general de impuestos nacionales en lo de su competencia, o el funcionario que expidió el acto.

(...)” (Se destaca).

(72) Ibáñez Najar, Jorge Enrique, Estudios de derecho constitucional y administrativo, Ed. Legis, Bogotá, segunda edición, 2007, pág. 222.

(73) En este sentido puede consultarse, entre otras providencias, la sentencia de 18 de junio de 2008, Expediente: 70001-23-31-000-2003-00618-01 (AP), C.P. Dra. Ruth Stella Correa Palacio.

(74) Al respecto puede consultarse la sentencia de septiembre 4 de 1997, Radicación 10285, C.P. Dr. Ricardo Hoyos Duque. En el mismo sentido sentencia de 7 de diciembre de 2004, Ref. 14.676 (0491), C.P. Dr. Alier E. Hernández Enríquez.

(75) Sentencia C-619 de 2002, criterio reiterado en la Sentencia C-306 de 2004.

(76) En este sentido se pronunció la Sección en sentencia de 28 de enero de 2009, Radicación 19001-23-31-000-1999-00107-01 (23678), C.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

(77) Resoluciones vigentes antes y después de la fecha de notificación de la demanda, respectivamente.

(78) Decreto derogado expresamente por el artículo 121 de la Ley 489 de 1998.