Sentencia 2001-00655 de febrero 13 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 440012331000200100655 01 (24.254).

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Demandante: Benavides Suárez Levette

Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje

Asunto: Apelación sentencia de reparación directa

Bogotá, D.C., trece de febrero de 2013.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del Tribunal Administrativo de La Guajira, proferida el día 14 de noviembre de 2002.

1. Las pruebas aportadas al proceso.

— Constancia emitida por la coordinadora del grupo industrial del SENA, regional Guajira, emitido el 25 de septiembre de 2001, mediante el cual se certificó que:

“... el alumno Benavides Suárez Levette, identificado con cédula de ciudadanía 84.091.994, expedida en la ciudad de Riohacha (Guajira), asistió y aprobó los cursos de soldadura básica y ornamentación con una intensidad horaria de 200 y 150 horas, el cual (sic) iniciaron el 5 de marzo al 8 de junio y del 5 de junio al 30 de agosto de 2001 respectivamente, en el horario de las 15:00 a las 18:00 horas” (fl. 9, cdno. 1).

— Acta de evaluación por accidente 1, realizada por el Comité de seguridad industrial, grupo SENA industrial, el 13 de julio de 2001 (fls. 10 a 11, cdno. 1); en la mencionada acta se indicó:

“Esta máquina venía presentando ciertas anomalías o fallas, lo cual conlleva a un mal estado de la máquina.

“a) Fatiga estructural.

“b) Grietas mínimas sobre algunos puntos de su estructura.

“c) Pieza de soporte de impacto destruida.

“d) Espacio de operación muy limitado.

“e) Su base no está empotrada o fijada sobre el cimiento (pensar que su propio peso puede sostenerla es un error).

“f) Superficie de desplazamiento de la pesa que equilibra el peso de operación de la cuchilla está en mal estado.

“g) Tornillo prisionero venido.

“El comité de seguridad industrial indiscutiblemente exige que se tomen correctivos sobre lo sucedido y se ponga en marcha un plan de mantenimiento general de todos los talleres de la institución con esto se beneficia la institución y el trabajador alumno.

(El documento fue suscrito por el señor Jorge Acosta, c.c. 84.025.806, y por firma ilegible, c.c. 84.083.523).

— Recibo de caja 09915, del 21 de junio de 2001, emitido por la Sociedad Médica Limitada, por concepto de coopago Secop, por un valor de $ 50.902 (fl. 12, cdno. 1).

— Orden de “Rx mano izquierda. AP - oblicua”, emitida por la Clínica Riohacha el 20 de junio de 2001, para el paciente Benavides Suárez Levette (fl. 13, cdno. 1).

— Incapacidad laboral de 4 semanas a favor del paciente Benavides Suárez Levette, a partir del 20 de junio de 2001, por “amputación traumática del 3º y 4º dedos mano I.”, emitida por la Clínica Riohacha el 20 de junio de 2001 (fl. 14, cdno. 1).

— Orden de “RX mano izquierda AP oblicua” por “amputación total de falange distal del tercer dedo y parcial del cuarto dedo. Espacios interarticulados conservados” (fl. 20, cdno. 1), emitida por la Unidad Médica Radiológica del Carmen, el 22 de junio de 2001.

— Constancia emitida por la coordinadora del Grupo Industrial del SENA, regional Guajira, de abril 6 de 2001 (fl. 33, cdno. 1), mediante la cual se certificó:

“Que el alumno Benavides Suárez Levette, identificado con cédula de ciudadanía 84.091.994, expedida en la ciudad de Riohacha (Guajira), asiste y está matriculado en el curso seguridad industrial con una intensidad horaria de 40 horas, el cual inició el 21 de marzo de 2001 y finaliza el 27 de abril de 2001 en el horario de las 13:00 a las 15:00 horas.

“El curso está comprendido de los siguientes temas:

“Conceptos generales de seguridad industrial.

“Primeros auxilios.

“Prevención y extinción de incendios.

“Uso y transporte de solventes.

“Seguridad en los talleres.

“Seguridad en el mantenimiento eléctrico.

“Análisis e investigación de accidentes.

“Marco legal de la salud ocupacional.

“La presente se expide a solicitud del interesado”.

— Declaración del señor Jaime García Galvis, rendida ante el tribunal a quo, el día 19 de febrero de 2002 (fl. 49 a 50, cdno. 1); respecto de los hechos, el declarante afirmó:

“... existe una demanda de un estudiante, realmente sé que el demandó por el accidente que le ocurrió al joven Benavides Suárez, accidente que ocurrió el día 19 de julio de 2001, siendo aproximadamente las 6:15 de la tarde, el alumno en ese momento hacía parte de un curso de complementación en la especialidad de ornamentación y en el momento se encontraba realizando un ejercicio práctico para el corte con cizalla para lámina, también puedo reconocer que en el accidente el alumno salió afectado con dos de sus dedos de la mano izquierda, unas posibles causas que yo como docente pude analizar allí, pues teniendo en cuenta que el alumno tenía todas las técnicas claras para el manejo de dicha máquina, no tuvo en cuenta de pronto el seguimiento preoperacional que se le efectúa a cualquier máquina antes de operarla, ya que si lo hubiese hecho se podría haber evitado el accidente... Al [estado] de la máquina le puedo decir que sí estaba en buen estado la máquina (sic) y está todavía en buen estado, que como lo dije en el reporte, de pronto había una pequeña falla, consistente en un tornillo que estaba suelto, por esa razón si el joven hubiese hecho el seguimiento preoperacional se habría dado cuenta, el seguimiento preoperacional implica que todo operario de las máquinas como de reglamento debe hacer un seguimiento preoperacional (sic); existen medidas de seguridad, el primer paso es conocimiento de manejo de la máquina, que fue dado tanto por el docente y recibido por el alumno... Yo estaba seguro que la máquina estaba bien, si el tornillo se pudo haber suelto (sic) fue por el uso en el transcurso de la clase” (fl. 49 a 50, cdno. 1).

— Declaración del señor Rolando Javier Mejía Núñez, rendida ante el tribunal a quo, el día 19 de febrero de 2002 (fl. 51 a 52, cdno. 1); respecto de los hechos, el declarante afirmó:

“El motivo de la citación fue por el caso del señor Benavides que tuvo un accidente en el Sena, no me acuerdo de la fecha del accidente, pero la hora del accidente fue a las 5:15 de la tarde, él era estudiante del SENA, estaba cortando una lámina en una cizalla, eso es una cuchilla de cortar lámina de distintos calibres, eso es para puerta, esto lo sé porque yo también era estudiante en el SENA, y al momento de que el profesor dijo que (sic) de que ya cerraran todo, entonces el muchacho tenía la cuchilla levantada y le cayó en el momento la pesa de la cizalla se cayó (sic) y la cuchilla le cayó encima de la mano, la pesa se cayó porque no tenía ninguna seguridad, ella tenía que tener un tornillo de seguridad y el tornillo se lo habían mochado porque ya se había dañado, y lo que tenía hacia delante era una cuña, en sí la máquina no estaba en buen estado, porque desde que nosotros estábamos elaborando el curso nunca le hicieron mantenimiento... Como el profesor siempre que estábamos trabajando en la máquina él (sic) siempre nos decía la máquina tenía problemas porque ella funcionaba, que lo único era que nosotros teníamos que tener cuidado con ella, pero ahí la culpa ya no la tuvo el señor Benavides porque fue problema de la máquina que no estaba en buen estado. El profesor sí le mostró a uno que la máquina tenía ese problema, pero nos dijo que ya bastante habían trabajado con ella y que nunca habían tenido problema para elaborar los trabajos.” (fls. 50 a 52, cdno. 1).

— Declaración del señor Arturo Beltrán Narváez (instructor del SENA en seguridad industrial), rendida ante el tribunal a quo, el día 19 de febrero de 2002 (fls. 58 a 60, cdno. 1); respecto de los hechos, el declarante afirmó:

“...Primero que todo hay un módulo que se llama seguridad industrial, el cual ellos los (sic) conocen, donde se les dan las pautas de qué hacer en un taller, cómo es la inspección preoperacional al equipo o la herramienta, cómo es la necesidad de algunos elementos de protección, forma de cómo cuidarse para no ser afectado por el equipo o por la herramienta y además de eso el jefe de cada taller pues le hace algunas recomendaciones antes de operar el equipo, como al hacer la tarea el instructor le enseña cómo hacer la tarea (sic) y cómo cuidarse, por ejemplo como no estar en un radio de acción donde puede ser afectado (sic) la persona, hacerle la inspección preoperacional con el conocimiento ya del equipo que se lo hace ver el instructor del área, él le presenta la máquina, le dice cuáles son las partes, cómo operar la máquina, todo se lo dice antes de operar .... El operador debe primero que todo conocer la máquina, o sea la cizalladora, para hacerle la inspección, para ponerla a funcionar debe levantar el mástil, o sea la cuchilla, se levanta con el contrapeso, ella se sostiene, el operador coloca la lámina con las indicaciones previas del instructor, que dice al asegurar las láminas nunca deben quedar los dedos en el radio de acción de la cuchilla, él asegura la lámina y baja el mástil y corta la lámina” (fls. 58 a 59, cdno. 1).

— Acta de la Inspección Judicial realizada por el tribunal a quo, el 26 de febrero de 2002, en las instalaciones del SENA, regional Guajira (fl. 61, cdno. 1); en la mencionada acta se indicó:

“...Acto seguido el Magistrado conductor de la diligencia observa la maquinaria cizalla, en estructura hecha de hierro que corresponde a las fotografías allegadas al proceso; la maquinaria en cuestión está compuesta por un mesón y en una de las esquinas de este tiene adherida en forma mecánica una cuchilla o guillotina, la que tiene puesta en uno de sus espejos, pesa o mástil y en el otro extremo una punta aguda, la que al ser operada por el usuario debe hacer el movimiento de alzada y bajada, según se vaya a colocar la lámina o pieza por cortar sobre la superficie plana del mesón que ha quedado descrito, se observa que el referido equipo no dispone de un sistema o mecanismo de seguridad que garantice en los momentos de preparación o mejor, de colocación de la lámina u otro material que se disponga a cortar con la cizalla o guillotina, esta no se deslice; el mecanismo de seguridad solo está dado por el peso del mástil que esta tiene en uno de sus extremos. En este mástil o pesa se encuentra situado en el centro del mismo un tornillo que tiene como finalidad asegurar el mástil en la cizalla. En efecto, este tornillo, además de la seguridad que implica o cumple dentro del equipo, es el que determina que el mástil se encuentra en el punto de equilibrio con el que debe operar el equipo. De no existir tal tornillo, el mástil se puede deslizar hasta salirse de la estructura de hierro que se encuentra metido y de ocurrir ello, la cizalla o guillotina pierde el punto de balanza o equilibrio pudiendo cerrarse en forma abrupta. Igualmente se observa que en todo el extremo de la barra de la cizalla que sobrepasa el mástil que viene descrito, tiene un hueco o perforación dentro del cual se encuentran dos pedazos de varilla de hierro las que adicionales al tornillo aludido, constituyen un reaseguro del mástil impidiendo que en el evento de soltarse o romperse el tornillo asegurador del mástil, este en todo caso no puede salirse del extremo de la guillotina o cizalla. Así las cosas ha de inferirse que encontrándose en operación la cizalla y que esta se haya cerrado en forma abrupta es porque como en efecto han declarado en el proceso, el tornillo seguro del mástil en el momento del accidente se rompió o no existía e igualmente el reaseguro representado por los pedazos de varilla de hierro que según información de quienes atienden la diligencia, constituye solo un sucedáneo o reemplazo del tornillo que originalmente corresponde al equipo”.

— Informe de accidente, suscrito por el señor Jaime García Galvis, instructor de soldadura, el 20 de junio de 2001 (fl. 57, cdno. 1); en el mencionado informe se indicó:

“Siendo las 6:15 p.m. del día 19 de junio le ocurrió un accidente al joven Benavides Suárez Levette identificado con la cédula de ciudadanía 84.091.994, siendo este alumno del curso por complementación de soldadura básica, en el momento del accidente se encontraba realizando un ejercicio de corte de cizalla para lámina, por lo tanto se encontraba operando la misma ubicada en el taller de soldadura.

“En el accidente, el alumno resultó afectado de dos de sus dedos de la mano izquierda, en el lugar de los hechos se encontraban algunos de sus compañeros del curso, entre ellos uno que presenció claramente el accidente, el cual es Freddy Pertuz, con cédula de ciudadanía 84.084.795.

“Dentro de las causas del accidente podemos señalar algunas como:

“1. Falta de seguimiento preoperacional que se efectúa a una máquina antes de operarla, ignorando así el estado de la misma; ya que si se hubiese hecho el seguimiento se habría evitado el accidente.

“2. Mal manejo de la máquina ya que tenía las manos sobre la cuchilla, cosa que nunca debe hacerse al estar operando una máquina cizalla, o cualquier máquina de corte”.

— Carta del 15 de abril de 2002, mediante la cual el secretario de la junta regional de calificación de invalidez remitió al tribunal a quo copia auténtica del dictamen pericial 92 del 10 de abril de 2002; los peritos concluyeron que el señor Suárez Levette sufrió una pérdida de capacidad laboral del 11.75% (fls. 64 a 66, cdno. 1). Del dictamen pericial se dio traslado a las partes por un término de tres días, mediante auto del tribunal a quo del 25 de febrero de 2002, término durante el cual las partes guardaron silencio.

— Oficio 01643, del 22 de abril de 2002, emitido por el SENA, regional Guajira, con destino al tribunal a quo, mediante el cual se informó que “revisados los archivos de la entidad no se encontraron documentos que demuestren la formal integración del Comité de seguridad del SENA, sin embargo, como sugerencia de un grupo de alumnos del SENA y del instructor de seguridad industrial de la entidad, señor Arturo Beltrán, se formó verbalmente un comité que funciona de la misma manera que otros comité (sic) como el de bienestar estudiantil, de ornato, de aseo, salud, etc., como órganos sugerentes o asesores y no como órganos de decisión” (fl. 70, cdno. 1).

2. Los hechos probados.

En el presente proceso se encuentra plenamente probado que el día 21 de junio de 2001, el señor Suárez Levette sufrió un accidente en el cual perdió dos falanges de su mano izquierda mientras operaba una máquina cortadora de láminas de acero; los hechos se produjeron en el marco de una capacitación sobre ornamentación que la víctima cursaba en el Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA— en las instalaciones de dicha entidad.

3. El análisis de la responsabilidad de la entidad demandada.

Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, la Sala debe analizar, en primer lugar, el régimen de responsabilidad aplicable para accidentes ocurridos en el marco del servicio público de educación, para luego, determinar el alcance de la responsabilidad de la entidad demandada en el caso concreto.

3.1. El régimen de responsabilidad aplicable por accidentes ocurridos en instituciones educativas de naturaleza pública.

La Sala se ha encargado, en repetidas oportunidades, de analizar el régimen de responsabilidad aplicable a aquellos casos en que se cuestiona la responsabilidad patrimonial del Estado por hechos ocurridos con ocasión del servicio público de educación.

En sentencia de 1992, la Sección encontró probada la falla del servicio de un colegio público por la muerte de un menor que sufrió un accidente en las instalaciones de la institución educativa, accidente causado por la limpieza de las escaleras del colegio con ACPM, ocasión en la cual se afirmó:

“En estas circunstancias la Sala considera acertada la decisión del tribunal al deducir responsabilidad patrimonial a la Nación ocasionados a los demandantes; es claro que la causa de la muerte del joven estudiante fue el descuido de las personas encargadas de regentar dicho plantel.

“El descuido es ostensible, por partida doble; primero porque, en tratándose de un sitio que debe albergar adolescentes inquietos por naturaleza, necesitados por la propia exigencia del crecimiento y desarrollo de su cuerpo de una actividad física desbordante, lo indicado es disminuir, hasta donde sea posible, la peligrosidad que puedan revestir las instituciones escolares.

“El caso revela, sin embargo que la conducta fue precisamente la contraria; se incrementó la peligrosidad de las escaleras cuando se hizo su limpieza con ACPM, dejándolas resbaladizas, razón que determinó la caída del estudiante.

“La negligencia fue más lejos: luego del accidente, cuando lo normal y lo aconsejable era acudir a un centro hospitalario, que de los exámenes médicos necesarios, indicase el tratamiento a seguir para tranquilidad de todos, la enfermera del plantel se limitó a suministrar un sedante, sin más precauciones, perdiendo varias horas lo cual sin exageraciones permite pensar que el estudiante pudo haber salvado su vida con una atención médica oportuna.

Las directivas de los colegios y, en general las personas encargadas de su guarda, adquieren con los padres una obligación de resultado respecto de sus pupilos para cuya custodia deben utilizar el máximo de cuidado posible como lo exige su condición” (las negritas son de la Sala)(1).

Este deber de protección y vigilancia no se limita al tiempo que los alumnos pasen efectivamente dentro del colegio, pues tal y como lo ha afirmado de manera reiterada la Sala, cobija todas aquellas actividades ligadas al servicio público de educación; en efecto, en una sentencia de 2005 se consideró:

El artículo 16 de la Carta Política de 1886 establecía, como el actual artículo 2º de la Constitución de 1991, que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Dicho concepto de autoridades de la República no cobija solamente al gobierno y a la fuerza pública, sino a las demás que no perteneciendo a las comúnmente conocidas como tales, ejerzan funciones públicas en virtud de competencias asignadas por la Constitución, la ley o los actos administrativos. Así en lo atinente al caso que se juzga, el Ministerio de Educación, como dependencia de la Nación, ejerce funciones administrativas en cumplimiento de los postulados constitucionales. Y para la fecha de ocurrencia del hecho demandado, 16 de noviembre de 1990, tenía a su cargo el servicio de educación primaria y secundaria. La Escuela Policarpa Salavarrieta estaba a cargo de dicho ministerio, entidad de carácter oficial y perteneciente a la Nación, como se desprende de la certificación que aportó la Nación, en la contestación de la demanda (fls. 50 y 53).

“El artículo 20 ibídem disponía que los funcionarios públicos son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución y de las leyes, y por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de estas. Por su parte el Código Civil en el artículo 2.347 enseña que los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado “pero cesará la responsabilidad de tales personas, si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere, no hubieren podido impedir el hecho”; y el artículo 44 del Decreto-Ley 2.277 de 14 de septiembre de 1979 ‘estatuto docente’ enlista como dos de los deberes de los docentes vinculados al sector oficial cumplir la Constitución y las leyes de Colombia, y desempeñar con solicitud y eficiencia las funciones de su cargo.

“Por lo tanto el ordenamiento jurídico vigente para cuando ocurrió el hecho demandado, le imponía a la Nación (Ministerio de Educación), como autoridad de la República, a través del director y profesores de la Escuela Policarpa Salavarrieta, las obligaciones de velar por la seguridad de los alumnos que asistieron al paseo, especialmente de aquellos de más corta edad, circunstancia que los expone con mayor intensidad a un posible riesgo para su integridad, como es el caso del menor Alexander Mosquera Potes, quien tenía 8 años de edad.

“La jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado ha destacado que se presenta falla cuando el descuido de los profesores, en su calidad de vigilantes, permite la ocurrencia de accidentes, o cuando los encargados no proveen la seguridad necesaria de sus instalaciones. En un caso responsabilizó al Estado por la deficiencia en la construcción de las instalaciones físicas de una escuela, que generó la caída de un muro, hecho en el cual pereció una menor de cinco años quien se encontraba allí por orden de su profesora,(2) y en otro caso también lo responsabilizó por la conducta irregular de un profesor oficial, quien en un paseo de colegio, desarrollado a una de las playas de Cartagena, autorizó a sus alumnos a bañarse en el mar a pesar de encontrarse “mar de leva”, y que aún así no estuvo atento a sus alumnos y uno de ellos murió al ser golpeado por las olas contra unas rocas(3).

“Sobre el tema también la doctrina ha hecho pronunciamientos; así los hermanos Mazeaud abordaron el tema desde la perspectiva de la obligación de vigilancia, para exponer que cuando la víctima se sitúa en el terreno de la falta de vigilancia, ante todo se necesita que quien sea demandado tenga realmente la obligación de vigilar al menor. Para puntualizar los casos en los que existe esa obligación, los tribunales no dejarán de utilizar las soluciones dadas por la jurisprudencia anterior a la Ley de 1937, en Francia, cuando por definir al profesor, determinaba el requisito de vigilancia. Por consiguiente, hay que recordar que el hecho de dar una enseñanza no lleva siempre consigo y por solo la obligación de vigilancia. En particular, cabe admitir que los profesores de la enseñanza superior no tienen que asegurar la vigilancia de aquellos que siguen sus cursos y que son ‘estudiantes’, más bien ‘simples oyentes que alumnos propiamente dichos’; el profesor no asumiría, pues, ninguna responsabilidad por los daños que aquellos pudieran causar. Pero se impone una solución contraria, ciertamente, en la medida en que un profesor, incluso de la enseñanza superior, dirige trabajos de laboratorios que pudieran ser peligrosos. Y al explicar el término ‘maestro’, señalan que se aplica a todos aquellos que tienen bajo su vigilancia a grupos de niños o de jóvenes: profesores, monitores, directores de colonias de vacaciones o de patronato. Y agregan que poco importa, que la vigilancia sea ejercida de manera continua; es suficiente con que se ejerza en el momento en que la enseñanza se da, y si el alumno es interno o externo; ni siquiera da lugar a poner aparte los casos en los que la enseñanza se da de manera intermitente: por ejemplo, en la forma de lecciones particulares. Pero se distinguía habitualmente según que las lecciones fueran dadas, o no, en el domicilio del alumno:

“Para encontrarse en condiciones de reprochar una falta de vigilancia al demandado, la víctima debe probar que aquel soportaba esa obligación de vigilancia en el momento preciso de la realización del daño. (...) La obligación de vigilancia se extiende incluso a las horas consagradas al recreo y a los paseos (Cas. Civ., jul. 24/51: Gaz. Pal., 1951, 1., 2, índice, voz resp. Civ., 44; Civ., soc, nov. 3/51: Gaz. Pal., 1951, 2. 409); comienza desde que el alumno queda autorizado para entrar en los locales destinados a la enseñanza y cesa desde el instante en que sale de ellos, a menos que el profesor se encargue de la vigilancia de los alumnos durante el trayecto entre el colegio y la casa; subsiste también aunque no sea ejercida efectivamente: si el profesor se ausente sin motivo legítimo (...).

Daño que el menor se causa a sí mismo. Sucede que un menor se lesiona en el colegio durante un trabajo, o durante un recreo; y también que le ocurre un accidente mientras está en una colonia de vacaciones. (...) Supóngase que, suele ser el caso normal, que un profesor, un monitor o un organizador haya asumido una obligación de vigilancia; esa persona responderá del accidente si no ha dado pruebas de la necesaria diligencia, o si ha llegado a exponer al menor a peligros que no debería haber corrido. No tendrá que responder, sin embargo, de todo accidente; a la vez, porque siempre puede producirse un accidente en el curso de un juego normal, y porque un niño puede cometer una culpa en condiciones de subitaneidad, de indisciplina o de disimulación tales, que el vigilante no haya podido intervenir’(4)(5).

En similar dirección, en sentencia de 2011, la Sala afirmó:

‘En la sentencia de 7 de septiembre de 2004, la Sala hizo consideraciones sobre la relación de subordinación existente entre el docente y el alumno, debido a la posición dominante que ostenta el primero en razón de su autoridad, lo cual le crea no solo el compromiso sino la responsabilidad de impedir que el segundo actúe de una forma imprudente(6). Consideró la Sala en esta oportunidad, que los establecimientos educativos deben adoptar una serie de medidas de seguridad que garanticen la integridad física de los alumnos, no solo respecto de los daños que puedan causarse a sí mismos sino de aquellos que puedan ocasionar a los demás:

‘...si bien dentro de las nuevas tendencias pedagógicas, la educación que se imparte en los colegios debe respetar ciertos parámetros de libertad y autonomía, ello no obsta para que se adopten las medidas de seguridad necesarias con el fin de garantizar la integridad física de los alumnos, respetando desde luego la independencia que se les otorga.

‘Este deber encuentra su fundamento en la protección que debe brindarse al alumno, no solo respecto de los daños que este pueda causarse a sí mismo, sino también de los que pueda ocasionar a los demás.

‘El centro educativo se erige en garante y adquiere la obligación de responder por los actos del educando que pudieran lesionar derechos propios o ajenos, es decir, que la obligación de cuidado de los maestros con respecto a los alumnos origina responsabilidad de los centros educativos y de los mismos maestros por cualquier daño que los alumnos puedan llegar a causar o sufrir, aunque aquellos pueden exonerarse de responsabilidad si demuestran que actuaron con absoluta diligencia o que el hecho se produjo por fuerza mayor, caso fortuito o culpa exclusiva de la víctima.

‘Así lo establece el inciso final del artículo 2347 del Código Civil: ‘Pero cesará la responsabilidad de tales personas, si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho’.

‘Debe advertirse que el deber de vigilancia de los centros educativos por los daños que causen o puedan sufrir los alumnos, es inversamente proporcional a su edad o capacidad de discernimiento, es decir, es mayor frente a alumnos menores o con limitaciones físicas o sicológicas, pero será más moderado en relación con alumnos mayores de edad. Es decir, aunque los centros educativos mantienen el deber de seguridad y cuidado sobre todos los alumnos, es claro que entre más avanzada sea la edad de los mismos, mayor libertad de decisión deberá concedérseles y por lo tanto, el deber de vigilancia se mantendrá para advertirles del peligro, prohibirles el ejercicio de actividades que puedan representarles riesgos y rodearlos de todas las medidas de seguridad aconsejables.

‘No obstante, sin consideración a la edad de los alumnos, las entidades educativas responderán por los daños que se generen como consecuencia de los riesgos que ellas mismas creen en el ejercicio de las actividades académicas, sin que le sea exigible a los alumnos y padres asumir una actitud prevenida frente a esas eventualidades, en razón de la confianza que debe animar las relaciones entre educandos, directores y docentes. Así por ejemplo, los establecimientos educativos y los docentes responderán por los daños que se cause en ejercicio de una práctica de laboratorio, cuando el profesor encargado de la clase confunda sustancias químicas y ocasione una explosión en la que muere o resulta lesionado el alumno que las manipulaba. En este caso, es evidente la responsabilidad de la institución educativa y del docente, pues es este quien posee la instrucción académica necesaria para hacer seguras dichas prácticas, sin que sea exigible a los alumnos y padres cerciorarse previamente de la corrección de tales prácticas”(7).

“Así mismo, ha reiterado la Sala que el centro educativo asume una posición de garante en relación con sus alumnos y por ende la obligación de responder por los daños que estos sufran o causen a terceros, siendo posible su exoneración demostrando su diligencia o la existencia de una causa extraña, en virtud de lo consagrado en el artículo 2347 del Código Civil(8).

“En otros pronunciamientos hechos en casos similares relacionados con accidentes ocurridos en actividades escolares, la Sala ha deducido la responsabilidad de los centros educativos por la falta de vigilancia sobre los alumnos, aún en la realización de actividades recreativas, cuando no se extreman las medidas de seguridad para evitar el peligro que estos puedan sufrir. No obstante, en esas decisiones se ha reconocido que, inclusive en relación con alumnos menores de edad hay lugar a analizar si su conducta contribuyó igualmente a la realización del daño, para disminuir el valor de la indemnización(9)(10).

En este orden de ideas, la Sala ha considerado que por las especiales condiciones del servicio público de educación, tanto el establecimiento educativo, como los profesores y directivos asumen una posición de garante frente a los alumnos que han sido puestos a su cuidado.

El fundamento normativo de la anterior posición se encuentra en el artículo 2347 del Código Civil, a cuyo tenor:

“ART. 2347.—Toda persona es responsable, no solo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado.

“Así, los padres son responsables solidariamente del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa.

“Así, el tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo que vive bajo su dependencia y cuidado.

“Así, los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado, y los artesanos y empresarios del hecho de sus aprendices, o dependientes, en el mismo caso.

“Pero cesará la responsabilidad de tales personas, si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho” (las negritas son de la Sala).

Sin embargo, cabe resaltar que la jurisprudencia citada se ha desarrollado a partir de casos en los cuales se trata de perjuicios sufridos por alumnos menores de edad que se encuentran bajo el cuidado de los funcionarios encargados de prestar el servicio público de educación. Situación que resulta sustancialmente distinta del caso en el cual el servicio público lo presta una institución de educación técnica, tecnológica o profesional, tanto por la edad en la cual se accede a este tipo de educación como por el carácter especializado de la misma, evento que obliga a analizar, según las particularidades de cada caso concreto, el alcance de la posición de garante del profesor respecto del alumno, puesto que aun cuando esta relación adquiere una dimensión singular, continúa siendo de carácter dominante.

Agréguese a lo anterior que según jurisprudencia constante de la Sala, el Estado debe responder patrimonialmente por los daños producidos por los elementos materiales —bienes muebles o inmuebles— mediante los cuales se preste un servicio público. Así, para la Sala:

“Bueno es recordar el criterio jurisprudencial que ha venido orientando la cuestión de la guarda como elemento de imputación de daños y respecto del cual la Sala ha acogido los criterios expuestos por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia:

“El responsable por el hecho de cosas inanimadas es su guardián, o sea quien tiene sobre ellas el poder de mando, dirección y control independientes.

“Y no es cierto que el carácter de propietario implique necesaria e ineludiblemente el de guardián, pero sí lo hace presumir como simple atributo del dominio, mientras no se prueba lo contrario.

“De manera que si a determinada persona se le prueba ser dueña o empresaria del objeto con el cual se ocasionó el perjuicio en desarrollo de una actividad peligrosa, tal persona queda cobijada por la presunción de ser guardián de dicho objeto —que desde luego admite prueba en contrario— pues aún cuando la guarda no es inherente al dominio, sí hace presumirla en quien tiene el carácter de propietario.

“O sea, la responsabilidad del dueño por el hecho de las cosas inanimadas proviene de la calidad de guardián que de ellas presúmase tener.

“Y la presunción de ser guardián puede desvanecerla el propietario si demuestra que transfirió a otra persona la tenencia de la cosa en virtud de un título jurídico, como el de arrendamiento, el de comodato, etc., o que fue despojado inculpablemente de la misma, como en el caso de haberle sido robada o hurtada” (negrillas de la Sala) (sic).

“De allí que, como lo ha precisado la Sala, ‘si con un vehículo oficial —o uno particular, respecto del cual una entidad pública tenga la guarda—, se producen lesiones o la muerte de una persona, dicha entidad debe responder e indemnizar los perjuicios que ocasionó’; no obstante, el demandado podrá exonerarse de responsabilidad patrimonial, únicamente, mediante la demostración de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima.

“Al respecto, cabe precisar que de las afirmaciones tendientes a señalar que la volqueta presentaba fallas mecánicas antes de presentarse el accidente, así como que hubiera podido ser advertible que la vía presentara alguna condición particular que hiciera previsible un deslizamiento, se advierte que frente a tales afirmaciones no se aportó prueba alguna al proceso, razón por la cual hay lugar a concluir que las alegadas causales exonerativas de responsabilidad —fuerza mayor y/o caso fortuito—, propuestas por la entidad demandada, no están llamadas a prosperar”(11).

Así las cosas, desde un punto de vista estrictamente funcional en el caso del servicio público de educación, es posible sostener que la administración deberá responder por los daños causados con ocasión del servicio a los alumnos, en virtud de la posición de garante que asumen frente a ellos, posición que se deberá relativizar en aquellos casos en que la institución educativa lo sea de carácter técnico, tecnológico o profesional; de la misma manera, el establecimiento educativo deberá responder por la idoneidad y seguridad de los elementos e instrumentos mediante los cuales preste el servicio, puesto que es guardián de los mismos, obligación que adquiere un alcance particular cuando la actividad que constituya el objeto del servicio tenga un carácter peligroso, por ejemplo, la enseñanza del manejo y operación de maquinaria, caso en el cual el régimen de responsabilidad corresponderá al del riesgo excepcional, sin perjuicio de aplicar la teoría de la falla del servicio si esta resulta probada.

3.2. La responsabilidad de la entidad demandada.

En el expediente se acreditó de manera suficiente que al momento de la ocurrencia de los hechos, el señor Suárez Levette tenía la calidad de alumno del Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA—; de la misma manera, del acervo probatorio se colige, sin lugar a dudas, que en el curso de una clase en la cual se le estaba enseñando a manejar una máquina cortadora de láminas de acero, esta descendió repentinamente y le amputó dos falanges de la mano izquierda. Se acreditó, igualmente, que la máquina funcionaba defectuosamente puesto que le faltaba un tornillo de seguridad —ya fuere porque como lo indicó el testigo Rolando Javier Mejía Núñez (fls. 51 a 52, cdno. 1), la máquina siempre tuvo esa falencia o porque respecto de la misma “de pronto había una pequeña falla, consistente en un tornillo que estaba suelto”, cuestión que se pudo producir por la misma utilización, como lo indicó el instructor del caso Jaime García Galvis—, cuya función era la de evitar que se produjera la caída intempestiva de la sierra; de las probanzas, finalmente, se pudo establecer que el señor Suárez Levette había recibido instrucciones sobre los dispositivos de seguridad necesarios para operar ese tipo de maquinaria, entrenamiento que incluía la prohibición de ubicar alguna parte del cuerpo en el radio de acción de la máquina.

En cuanto a la naturaleza y régimen jurídicos del Servicio Nacional de Aprendizaje, la Ley 119 de 1994 estableció las siguientes reglas:

“ART. 1º—Naturaleza. El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, es un establecimiento público del orden nacional con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

“ART. 2º—Misión. El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, está encargado de cumplir la función que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país.

“ART. 3º—Objetivos. El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, tendrá los siguientes objetivos:

“1. Dar formación profesional integral a los trabajadores de todas las actividades económicas, y a quienes sin serlo, requieran dicha formación, para aumentar por ese medio la productividad nacional y promover la expansión y el desarrollo económico y social armónico del país, bajo el concepto de equidad social redistributiva.

“2. Fortalecer los procesos de formación profesional integral que contribuyan al desarrollo comunitario a nivel urbano y rural, para su vinculación o promoción en actividades productivas de interés social y económico.

“3. Apropiar métodos, medios y estrategias dirigidos a la maximización de la cobertura y la calidad de la formación profesional integral.

“4. Participar en actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y social, que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la formación profesional integral.

“5. Propiciar las relaciones internacionales tendientes a la conformación y operación de un sistema regional de formación profesional integral dentro de las iniciativas de integración de los países de América Latina y El Caribe.

“6. Actualizar, en forma permanente, los procesos y la infraestructura pedagógica, tecnológica y administrativa para responder con eficiencia y calidad a los cambios y exigencias de la demanda de formación profesional integral.

“ART. 4º—Funciones. Son funciones del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, las siguientes:

“1. Impulsar la promoción social del trabajador, a través de su formación profesional integral, para hacer de él un ciudadano útil y responsable, poseedor de valores morales éticos, culturales y ecológicos.

“2. Velar por el mantenimiento de los mecanismos que aseguren el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, relacionadas con el contrato de aprendizaje.

“3. Organizar, desarrollar, administrar y ejecutar programas de formación profesional integral, en coordinación y en función de las necesidades sociales y del sector productivo.

“4. Velar porque en los contenidos de los programas de formación profesional se mantenga la unidad técnica.

“5. Crear y administrar un sistema de información sobre oferta y demanda laboral.

“6. Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los términos previstos en las disposiciones legales respectivas.

“7. Diseñar, promover y ejecutar programas de formación profesional integral para sectores desprotegidos de la población.

“8. Dar capacitación en aspectos socioempresariales a los productores y comunidades del sector informal urbano y rural.

“9. Organizar programas de formación profesional integral para personas desempleadas y subempleadas y programas de readaptación profesional para personas discapacitadas.

“10. Expedir títulos y certificados de los programas y cursos que imparta o valide, dentro de los campos propios de la formación profesional integral, en los niveles que las disposiciones legales le autoricen.

“11. Desarrollar investigaciones que se relacionen con la organización del trabajo y el avance tecnológico del país, en función de los programas de formación profesional.

“12. Asesorar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la realización de investigaciones sobre recursos humanos y en la elaboración y permanente actualización de la clasificación nacional de ocupaciones, que sirva de insumo a la planeación y elaboración de planes y programas de formación profesional integral.

“13. Asesorar al Ministerio de Educación Nacional en el diseño de los programas de educación media técnica, para articularlos con la formación profesional integral.

“14. Prestar servicios tecnológicos en función de la formación profesional integral, cuyos costos serán cubiertos plenamente por los beneficiarios, siempre y cuando no se afecte la prestación de los programas de formación profesional”.

Sobre el particular, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado conceptuó en el sentido de señalar la imposibilidad de considerar al SENA como una institución de educación superior, dado el régimen jurídico especial del cual gozan estas últimas a partir del texto constitucional, pero reafirmó el importante rol que realizan en el marco de la prestación del servicio de educación. En efecto:

“La formación profesional integral como objetivo y función principal del SENA es reiterada en los artículos 3º y 4º de esa ley. Ahora bien, el numeral 6º del artículo 4º permite al SENA adelantar ‘programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los términos previstos en las disposiciones legales respectivas’.

“Integrando la Ley 119 de 1994 con lo expuesto en el artículo 137 de la Ley 30 de 1992, es posible distinguir tres situaciones:

i) “En cuanto a la formación profesional integral y otros servicios de capacitación a los trabajadores, aspectos que conforman su misión esencial desde que fue creado en 1957, se aplicarán las normas especiales de la Ley 119 de 1994.

ii) “En su funcionamiento se regirá por las normas especiales que le son propias, lo cual es concordante con la Ley 30 de 1992, y,

iii) “En cuanto desarrolle programas de educación superior, el régimen académico de esa actividad será el de la Ley 30 de 1992, y las normas que la modifiquen o reformen.

“Esto último significa que en desarrollo de esa actividad académica, según se ha explicado, el SENA deberá ajustar el contenido de los programas y títulos que otorga a lo dispuesto en las normas que regulan la educación superior, esto es, la Ley 30 de 1992 y las que la adicionen, modifiquen o reformen, como es el caso de la Ley 749 de 2002.

“Advierte la Sala que la autorización dada al SENA para ofrecer programas en la modalidad de formación tecnológica y técnica profesional, no la convierte o transforma en institución de educación superior, por la sencilla razón que su régimen jurídico definido por ley ha establecido sin asomo de duda su naturaleza jurídica y misión específica encomendada y, por tanto, no puede tener esa condición. A ello debe agregarse que nunca ha sido considerada como institución de educación superior por las normas que rigen ese servicio.

“De esta manera lo dispuesto en la Ley 119 en el sentido de autorizar al SENA para ofrecer programas de educación superior en la modalidad de formación tecnológica y técnica profesional, resulta compatible con lo establecido en las leyes 30 y 749 sobre el régimen académico aplicable al SENA respecto de tales programas, y con la naturaleza jurídica, misión y objetivos de esa entidad previstos en la Ley 119, sin que ello signifique que el SENA deba cumplir con todos los requerimientos y exigencias de una institución de educación superior, comoquiera que, se insiste, su naturaleza, misión, organización y funcionamiento no corresponde a ese tipo de entidades”(12).

A la luz de lo anterior, para la Sala si bien el SENA no puede ser catalogado como una institución de educación superior, no es menos cierto que no existe duda alguna en que al cumplir su misión de formación profesional integral, presta el servicio de educación y se le deben aplicar las reglas relativas a la falla de este servicio.

Descendiendo al caso concreto, la Sala encuentra que el SENA es responsable patrimonialmente por los perjuicios causados al señor Suárez Levette por el accidente que ocurrió el 20 de junio de 2001, por las siguientes razones:

i) Frente a sus alumnos, los profesores o instructores del SENA se encuentran en posición de garante; son ellos los que tienen el conocimiento especializado de la actividad cuyo correcto ejercicio pretenden transmitir, por lo tanto, no es viable que el instructor o la institución se excusen en el hecho del incumplimiento de la inspección preoperacional de la máquina por parte del alumno, puesto que la verificación final de su cumplimiento le compete al profesor, lo cual se debe reflejar, en principio, en la calificación del estudiante.

Si bien es cierto que en el caso del SENA la posición de garante se debe relativizar, por lo avanzado de la edad de sus estudiantes, no es menos cierto que dicho establecimiento público tiene un deber especial de seguridad y cuidado para con sus estudiantes, quienes dado el carácter de los conocimientos que allí reciben se encuentran avocados a actuar con especial cautela en el mundo técnico profesional.

ii) El SENA tiene el deber funcional, tanto frente al país como a sus estudiantes, de velar porque las herramientas, instrumentos, implementos, maquinaria, etc., cumplan de manera satisfactoria con los estándares de seguridad; en este sentido, si la actividad educativa que realiza el mencionado establecimiento público requiere de la utilización de instrumentos técnicos especiales, resulta necesario que los medios de ese servicio sean los adecuados tanto desde el punto de vista técnico como de seguridad; los accidentes causados por la falta de idoneidad de la maquinaria comprometen su responsabilidad.

iii) En la medida en que el servicio público de educación involucre el uso de maquinaria o de herramientas peligrosas, dicha actividad se encuentra sometida al régimen jurídico de la responsabilidad por riesgo excepcional; es decir, cuando quiera que la actividad que se enseña implique un grado de peligro para el alumno y para la comunidad, los accidentes causados en el curso de su realización se deben analizar a partir de dicho régimen objetivo de responsabilidad.

Siguiendo el anterior razonamiento se tiene que la entidad demandada solo podrá verse exonerada de responsabilidad mediante la demostración de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o hecho exclusivo de la víctima(13).

Sobre la culpa exclusiva de la víctima, esta Sala ha afirmado:

“Las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad —fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima— constituyen diversos eventos que dan lugar a que devenga jurídicamente imposible imputar, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro del mismo. En relación con todas ellas, tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado, extremos en relación con los cuales la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido lo siguiente:

‘En cuanto tiene que ver con (i) la irresistibilidad como elemento de la causa extraña, la misma consiste en la imposibilidad del obligado a determinado comportamiento o actividad para desplegarlo o para llevarla a cabo; en otros términos, el daño debe resultar inevitable para que pueda sostenerse la ocurrencia de una causa extraña, teniendo en cuenta que lo irresistible o inevitable deben ser los efectos del fenómeno y no el fenómeno mismo —pues el demandado podría, en determinadas circunstancias, llegar a evitar o impedir los efectos dañinos del fenómeno, aunque este sea, en sí mismo, irresistible, caso de un terremoto o de un huracán (C.C., art. 64) algunos de cuyos efectos nocivos, en ciertos supuestos o bajo determinadas condiciones, podrían ser evitados—.

‘Por lo demás, si bien la mera dificultad no puede constituirse en verdadera imposibilidad, ello tampoco debe conducir al entendimiento de acuerdo con el cual la imposibilidad siempre debe revestir un carácter sobrehumano; basta con que la misma, de acuerdo con la valoración que de ella efectúe el juez en el caso concreto, aparezca razonable, como lo indica la doctrina:

“La imposibilidad de ejecución debe interpretarse de una manera humana y teniendo en cuenta todas las circunstancias: basta que la imposibilidad sea normalmente insuperable teniendo en cuenta las condiciones de la vida(14).

‘En lo referente a (ii) la imprevisibilidad, suele entenderse por tal aquella circunstancia respecto de la cual “no sea posible contemplar por anticipado su ocurrencia”,(15)toda vez que “[P]rever, en el lenguaje usual, significa ver con anticipación”,(16) entendimiento de acuerdo con el cual el agente causante del daño solo podría invocar la configuración de la causa extraña cuando el hecho alegado no resulte imaginable antes de su ocurrencia, cuestión de suyo improbable si se tiene en cuenta que el demandado podría prefigurarse, aunque fuese de manera completamente eventual, la gran mayoría de eventos catalogables como causa extraña antes de su ocurrencia, más allá de que se sostenga que la imposibilidad de imaginar el hecho aluda a que el mismo jamás hubiera podido pasar por la mente del demandado o a que este deba prever la ocurrencia de las circunstancias que resulten de más o menos probable configuración o a que se entienda que lo imprevisible está relacionado con el conocimiento previo de un hecho de acaecimiento cierto.

“Sin embargo, el carácter imprevisible de la causa extraña también puede ser entendido como la condición de “imprevisto” de la misma, esto es, de acontecimiento súbito o repentino, tal y como lo expresan tanto el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, como el artículo 64 del Código Civil(17) y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con la cual “[I]mprevisible será cuando se trate de un acontecimiento súbito, sorpresivo, excepcional, de rara ocurrencia”(18). La recién referida acepción del vocablo “imprevisible” evita la consecuencia a la cual conduce el entendimiento del mismo en el sentido de que se trata de aquello que no es imaginable con anticipación a su ocurrencia, toda vez que esta última comprensión conllevaría a que la causa extraña en realidad nunca operase, si se tiene en cuenta que prácticamente todos los sucesos que ocurren a diario ya han sido imaginados por el hombre.

“No está de más señalar, en cualquier caso, que la catalogación de un determinado fenómeno como imprevisible excluye, de suyo, la posibilidad de que en el supuesto concreto concurra la culpa del demandado, pues si este se encontraba en la obligación de prever la ocurrencia del acontecimiento al cual se pretende atribuir eficacia liberatoria de responsabilidad y además disponía de la posibilidad real y razonable de hacerlo, entonces los efectos dañinos del fenómeno correspondiente resultarán atribuibles a su comportamiento culposo y no al advenimiento del anotado suceso. Culpa e imprevisibilidad, por tanto, en un mismo supuesto fáctico, se excluyen tajantemente.

“Así pues, resulta mucho más razonable entender por imprevisible aquello que, pese a que pueda haber sido imaginado con anticipación, resulta súbito o repentino o aquello que no obstante la diligencia y cuidado que se tuvo para evitarlo, de todas maneras acaeció, con independencia de que hubiese sido mentalmente figurado, o no, previamente a su ocurrencia. En la dirección señalada marcha, por lo demás, la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha matizado la rigurosidad de las exigencias que, en punto a lo ‘inimaginable’ de la causa extraña, había formulado en otras ocasiones:

(...)

“Y, por otra parte, en lo relacionado con (iii) la exterioridad de la causa extraña, si bien se ha señalado que dicho rasgo característico se contrae a determinar que aquella no puede ser imputable a la culpa del agente que causa el daño o que el evento correspondiente ha de ser externo o exterior a su actividad, quizás sea lo más acertado sostener que la referida exterioridad se concreta en que el acontecimiento y circunstancia que el demandado invoca como causa extraña debe resultarle ajeno jurídicamente, pues más allá de sostener que la causa extraña no debe poder imputarse a la culpa del agente resulta, hasta cierto punto, tautológico en la medida en que si hay culpa del citado agente mal podría predicarse la configuración —al menos con efecto liberatorio pleno— de causal de exoneración alguna, tampoco puede perderse de vista que existen supuestos en los cuales, a pesar de no existir culpa por parte del agente o del ente estatal demandado, tal consideración no es suficiente para eximirle de responsabilidad, como ocurre en los casos en los cuales el régimen de responsabilidad aplicable es de naturaleza objetiva, razón por la cual la exterioridad que se exige de la causa del daño para que pueda ser considerada extraña a la entidad demandada es una exterioridad jurídica, en el sentido de que ha de tratarse de un suceso o acaecimiento por el cual no tenga el deber jurídico de responder la accionada(19).

“Por otra parte, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder —activo u omisivo— de aquella tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que la conducta desplegada por la víctima sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima(20)(21).

En el presente caso concreto surge con claridad que aun cuando la conducta del señor Suárez Levette, al poner su mano debajo de la cuchilla de la máquina, no fue adecuada a los conocimientos previamente transmitidos en cuanto al manejo de ese tipo de maquinaria, no es menos cierto que el elemento determinante para la causación daño fue la falta de condiciones y mantenimiento de la máquina cortadora de láminas de acero, por lo tanto, la conducta de la víctima no exime a la entidad demandada de su responsabilidad en el sub lite.

No obstante lo anterior, le asiste razón al recurrente en tanto al señor Suárez Levette, dada su formación técnica en temas de seguridad industrial, le es exigible una conducta más diligente de la que se esperaría de alguien que no tuviera dichos conocimientos, por lo tanto, la Sala encuentra que en el presente caso se configuró la concurrencia de culpas en la producción del daño.

En este orden de ideas, para la Sala, dado que a la entidad pública demandada se encontraba obligada a garantizar el mantenimiento de las máquinas e instrumentos que puso a disposición del señor Suárez Levette y que sin el incumplimiento a dicha obligación no se hubiere producido el daño, el SENA deberá asumir el 75% de la condena; por otro lado en cuanto se encuentra que la conducta imprudente del señor Suárez Levette contribuyó en un 25% en la producción del daño, el quantum indemnizatorio, en los términos del artículo 2357 del Código Civil, decretado por el tribunal a quo, se reducirá en esa proporción.

La concurrencia de causas ha sido un tema ampliamente desarrollado por la jurisprudencia de la Sala; al respecto se ha considerado:

“Sobre el tema de la concausa, esta corporación ha sostenido(22) que el comportamiento de la víctima habilita al juzgador para reducir el quantum indemnizatorio (C.C., art. 2357) en la medida en que la misma haya dado lugar al daño; es decir, cuando la conducta de los perjudicados participa de manera cierta y eficaz en el desenlace del resultado.

“Tratándose de la responsabilidad patrimonial del Estado, una vez configurados los elementos estructurales —daño antijurídico, factor de imputación y nexo causal—, la conducta del dañado solamente puede tener relevancia como factor de aminoración del quantum indemnizatorio, a condición de que su comportamiento adquiera las notas características para configurar una co-causación del daño. En esta dirección puede sostenerse que no es de recibo el análisis aislado o meramente conjetural de una eventual imprudencia achacable a la víctima, si la misma no aparece ligada co-causalmente en la producción de la cadena causal.

“Bien se ha dicho sobre el particular que la reducción del daño resarcible con fundamento en el concurso del hecho de la víctima responde a una razón de ser específica, es decir, que la víctima hubiere contribuido realmente a la causación de su propio daño, caso en el cual esa parte del perjuicio no deviene antijurídico y, por ende, no tiene la virtud de imputarse al patrimonio de quien se califica responsable(23)(24).

Es decir, la concurrencia de causas se ve reflejada no en la existencia o no de la responsabilidad sino en la determinación del quantum indemnizatorio.

4. La cuantificación de los perjuicios.

El tribunal a quo condenó a la entidad demandada al pago de las siguientes sumas de dinero:

1. Por concepto de perjuicios materiales, la suma de $ 3’038.182.28;

2. Por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente a 35.83 S.M.L.M.V.

3. Por concepto de daño fisiológico, la suma de $ 13’839.800.

Con el fin de determinar el monto de la condena, la Sala actualizará a valores presentes la condena del tribunal a quo y restará del resultado el 25% correspondiente a la concausa por el hecho de la víctima, lo cual se hará mediante el uso de la siguiente fórmula:

Ra=índice final - septiembre/12 (111.68)
________________________________
índice inicial - noviembre/02 (71.20)

4.1. Perjuicios materiales.

Ra= $ 3’038.182.28índice final - septiembre/12 (111.68)
_______________________________
índice inicial - noviembre/02 (71.20)

Ra= $ 4’765.508

El 25% de la renta actualizada es $ 1’191.377, suma que deberá descontarse por razón de la concausa que debe asumir la víctima, lo cual arroja como resultado la suma de $ 3’574.131, por concepto de perjuicios materiales.

4.2. Perjuicios morales.

El tribunal a quo condenó al pago de una suma equivalente a 35.83 smlmv, a la cual deben restarse 8.95 smlmv, correspondientes al mencionado porcentaje por la concausa que debe asumir la parte demandante, lo cual da el resultado de una suma equivalente a 26,88 smlmv, por concepto de perjuicios morales.

4.3. Daño fisiológico.

Ra= $ 13’839.800 índice final - septiembre/12 (111.68)
______________________________
índice inicial - noviembre/01 (71.20)

Ra= $ 21’708.270

El 25% de la renta actualizada es $ 5’427.067, suma que deberá descontarse por razón de la concausa que debe asumir la víctima, lo cual arroja como resultado la suma de $ 16’281.203, por concepto de daño fisiológico.

No obstante la anterior denominación, vale la pena resaltar que en reciente sentencia la Sección Tercera sentó su posición respecto de la procedencia del llamado “perjuicio fisiológico”, sustituyéndolo por el de “daño a la salud”:

“En esa perspectiva, se insiste, la noción de daño a la vida de relación que sirvió al Consejo de Estado para indemnizar los perjuicios inmateriales sufridos por el sujeto, diferentes al moral, no es más que un concepto que ya no es utilizado por la doctrina y jurisprudencia italianas, en la medida en que se ha reconocido independencia entre el perjuicio biológico o fisiológico —relacionado con la órbita psicofísica del individuo— y otros perjuicios que afectan valores, derechos o intereses de la persona que, en la actualidad, en Italia, serían indemnizados bajo la panorámica del daño existencial (v. gr. la tranquilidad del ser humano, la seguridad, las condiciones de existencia, entre otros),(25) sin que esta última categoría se encuentre lo suficientemente decantada en otras latitudes, razón para rechazar en esta instancia su adopción en el derecho colombiano, máxime si de manera reciente fueron proferidas cuatro sentencias de la Sección Unida (Sala Plena) de la Corte de Casación Italiana, en la que se recoge el daño existencial dado, precisamente, de la amplitud y falta de delimitación conceptual que implicaba (imposibilidad de objetivización)(26).

Desde esa panorámica, los daños a la vida de relación o a la alteración de las condiciones de existencia, no podrán servir de instrumento para obtener la reparación del daño a la salud, es decir, son improcedentes para reparar las lesiones a la integridad psicofísica puesto que parten de confrontar, o mejor de un parangón entre la esfera individual y la externa o social; el primero en la carga relacional del sujeto (relaciones sociales) lo que llevó a que fuera considerado en Italia como un daño subjetivo, inequitativo e desigualitario —dado que una persona puede tener una vida social o relacional más activa que otra, sin que eso suponga que deba indemnizarse diferente el daño—, y el segundo, por referirse a una alteración grave y significativa del proyecto de vida, es decir, a los planes y objetivos de la persona hacia el futuro.

Entonces, como se aprecia, el daño a la salud gana claridad, exactitud y equidad donde los precisados perjuicios la pierden, puesto que siempre está referido a la afectación de la integridad psicofísica del sujeto, y está encaminado a cubrir no solo la modificación de la unidad corporal sino las consecuencias que las mismas generan, razón por la que, sería comprensivo de otros daños como el estético, el sexual, el psicológico, entre otros, sin que existiera la necesidad de ampliar en demasía la gama o haz de daños indemnizables, con lo que se conseguiría una sistematización del daño no patrimonial(27).

En otros términos, se insiste, en Colombia el sistema indemnizatorio está limitado y no puede dar lugar a que se abra una multiplicidad de categorías resarcitorias que afecten la estructura del derecho de daños y la estabilidad presupuestal que soporta un efectivo sistema de responsabilidad patrimonial del Estado, motivo por el que, se itera, cuando el daño se origine en una lesión psíquica o física de la persona el único perjuicio inmaterial, diferente al moral que será viable reconocer por parte del operador judicial será el denominado “daño a la salud o fisiológico”, sin que sea posible admitir otras categorías de perjuicios en este tipo de supuestos y, mucho menos, la alteración a las condiciones de existencia, categoría que bajo la égida del daño a la salud pierde relevancia, concreción y pertinencia para indemnizar este tipo de afectaciones.

En ese orden de ideas, el concepto de salud comprende diversas esferas de la persona, razón por la que no solo está circunscrito a la interna, sino que comprende aspectos físicos y psíquicos, por lo que su evaluación será mucho más sencilla puesto que ante lesiones iguales corresponderá una indemnización idéntica(28). Por lo tanto, no es posible desagregar o subdividir el daño a la salud o perjuicio fisiológico en diversas expresiones corporales o relacionales (v. gr. daño estético, daño sexual, daño relacional familiar, daño relacional social), pues este tipo o clase de perjuicio es posible tasarlo o evaluarlo, de forma más o menos objetiva, con base en el porcentaje de invalidez decretado por el médico legista.

De allí que no sea procedente indemnizar de forma individual cada afectación corporal o social que se deriva del daño a la salud, como lo hizo el tribunal de primera instancia, sino que el daño a la salud se repara con base en dos componentes: i) uno objetivo determinado con base en el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo, que permitirá incrementar en una determinada proporción el primer valor, de conformidad con las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada.

Así las cosas, el daño a la salud permite estructurar un criterio de resarcimiento fundamentado en bases de igualdad y objetividad, de tal forma que se satisfaga la máxima “a igual daño, igual indemnización”(29).

En consecuencia, se adopta el concepto de daño a la salud, como perjuicio inmaterial diferente al moral que puede ser solicitado y decretado en los casos en que el daño provenga de una lesión corporal, puesto que el mismo no está encaminado al restablecimiento de la pérdida patrimonial, ni a la compensación por la aflicción o el padecimiento que se genera con aquel, sino que está dirigido a resarcir económicamente —comoquiera que empíricamente es imposible— una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, la afectación del derecho a la salud del individuo.

“Por lo tanto, cuando el daño tenga origen en una lesión corporal (daño corporal), solo se podrán reclamar y eventualmente reconocer los siguientes tipos de perjuicios —siempre que estén acreditados en el proceso—:

“i) los materiales de daño emergente y lucro cesante;

“ii) y los inmateriales, correspondientes al moral y a la salud o fisiológico, el primero tendiente a compensar la aflicción o padecimiento desencadenado por el daño, mientras que el último encaminado a resarcir la pérdida o alteración anatómica o funcional del derecho a la salud y a la integridad corporal(30).

“Desde esa perspectiva, se insiste, el daño a la salud comprende toda la órbita psicofísica del sujeto. En consecuencia, la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v. gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta corporación.

“Es decir, cuando el daño antijurídico radica en una afectación psicofísica de la persona, el daño a la salud surge como categoría autónoma y, por lo tanto, desplaza por completo denominaciones o tipos de perjuicios abiertos que han sido empleados en otras latitudes, pero que, al igual que en esta ocasión, han cedido paso al daño corporal como un avance jurídico que permite la reparación efectiva y objetiva del perjuicio proveniente de la lesión al derecho constitucional y fundamental a la salud”(31).

Por las razones expuestas, la Sala modificará, en la parte resolutiva de esta sentencia, la denominación de perjuicio fisiológico y utilizará la de daño a la salud como perjuicio resarcible.

5. Condena en costas.

Habida cuenta que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Modifícase la sentencia del Tribunal Administrativo de La Guajira, proferida el día 14 de noviembre de 2002, la cual quedará así:

“1. Declarar administrativamente responsable al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de las lesiones causadas al señor Benavides Suárez Levette, el día 20 de junio de 2001, de conformidad con las consideraciones que anteceden y con una concausalidad que asumirá la víctima en un monto equivalente al 25%.

“2. Como consecuencia de la anterior declaración, condenar al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) a pagar al señor Benavides Suárez Levette, la suma de tres millones quinientos setenta y cuatro mil ciento treinta y un pesos m/cte. ($ 3.574.131), por concepto de perjuicios materiales, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia.

“3. Condenar al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) a pagarle al señor Benavides Suárez Levette, por concepto de perjuicios morales la suma equivalente a 26,88 smlmv, de conformidad con las consideraciones que anteceden.

“4. Condenar al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a pagarle al señor Suárez Levette, la suma de dieciséis millones doscientos ochenta y un mil doscientos tres pesos m/cte. ($ 16.281.203), por concepto de daño a la salud, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

“5. Sin costas.

“6. Dar cumplimiento a esta sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo”.

2. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de diciembre de 1992, Expediente 7635, C.P. Juan de Dios Montes Hernández.

(2) Cita textual del fallo: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 1996, Expediente 10.395, Actor: Jaime Roberto Cuellar Caballas. Consejero ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández.

(3) Cita textual del fallo: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de junio de 1997, Expediente 12.098, Actor: Caridad del Carmen Aviles Ramos. Consejero ponente: Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros.

(4) Cita textual del fallo: hermanos Mazeaud, Tratado Teórico-Práctico de la Responsabilidad Civil, Delictual y Contractual, ediciones jurídicas Europa-América, Buenos Aires, Tomo primero, vol. II; Traducción por Luis Alcalá-Zamora y Castillo. 1962, páginas 537, 538, 543 y 547.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de julio de 2005, Expediente 14998, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(6) Cita textual del fallo: sostiene la doctrina que “Para encontrarse en condiciones de reprochar una falta de vigilancia al demandado, la víctima debe probar que aquel soportaba esa obligación de vigilancia en el momento preciso de la realización del daño... La obligación de vigilancia se extiende incluso a las horas consagradas al recreo y a los paseos; comienza desde que el alumno queda autorizado para entrar en los locales destinados a la enseñanza y cesa desde el instante en que sale de ellos, a menos que el profesor se encargue de la vigilancia de los alumnos durante el trayecto entre el colegio y la casa; subsiste también aunque no sea ejercida efectivamente, si el profesor se ausenta sin motivo legítimo”. (Mazeaud Tunc. Responsabilidad Civil Delictual y Contractual. Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1977, primer tomo, volumen II, p. 545).

(7) Cita textual del fallo: Sentencia de 7 se septiembre de 2004, ya citada.

(8) Cita textual del fallo: ver sentencias de 18 de febrero de 2010, Expediente 17533, de 23 de agosto de 2010, Expediente 18657 y de de 24 de marzo de 2011, Expediente 19032.

(9) Cita textual del fallo: Así, en sentencia del 21 de febrero de 2002, Expediente 14.081, se condenó a la entidad demandada por la muerte de un alumno que se ahogó durante la realización de un paseo programado por el colegio, por considerar que no se tomaron las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad de los alumnos y que a pesar de que los profesores les habían prohibido nadar en el río, no había lugar a reducir la responsabilidad de la entidad porque el daño no se produjo como consecuencia de la desatención de la orden, sino porque “La administración al desarrollar su labor educativa, olvidó que simultáneamente debía garantizar la seguridad en la salida pedagógica, ya que no incluyó el apoyo en la vigilancia del grupo para evitar que se pusiera en peligro la vida de los alumnos”, como tampoco había previsto los riesgos a los cuales se exponía a los alumnos al llevarlos al lugar donde ocurrieron los hechos, “evento que por ser organizado y autorizado por las autoridades educativas debía presumirse brindaba las mínimas condiciones o garantías para una estadía libre de riesgos”. En igual sentido, sentencias de 13 de febrero de 1997, Expediente 11.412 y de 20 de febrero de 2003, Expediente 14.144.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo de 2011, Expediente 18279, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de junio de 2010, Expediente 18376.

(12) Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 16 de septiembre de 2010, Expediente 2026, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo.

(13) La Sala ha precisado conceptualmente el ámbito de las llamadas causales eximentes o exonerativas de responsabilidad al señalar:

“Pues bien, de la dicotomía causalidad-imputación que se ha dejado planteada y explicada, se desprende, ineluctablemente, la siguiente conclusión: frente a todo caso concreto que el juez de lo contencioso administrativo someta a examen habida consideración de que se aduce y se acredita la producción de un daño antijurídico, el nexo o la relación de causalidad entre la acción o la omisión de la autoridad pública demandada existe o no existe, pero no resulta jurídica ni lógicamente admisible sostener que el mismo se rompe o se interrumpe; si ello fuese así, si tal ruptura o interrupción del proceso causal de producción del daño sufriese una interrupción o ruptura, teniendo en cuenta que la causalidad constituye un fenómeno eminente y exclusivamente naturalístico, empírico, no cabría posibilidad distinta a concluir y verificar, sin ambages, que el daño no se habría producido, esto es, al no presentarse o concurrir alguna de las condiciones necesarias para su ocurrencia, la misma no llegaría a tener entidad en la realidad de los acontecimientos.

“Así pues, aunque constituye prácticamente una cláusula de estilo en la jurisprudencia contencioso administrativa el sostener que la configuración, en un caso concreto, de alguna de las denominadas “causales eximentes de responsabilidad” —fuerza mayor, caso fortuito y hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima— conduciría a la ruptura o a la interrupción del nexo o de la relación de causalidad entre el hecho dañoso y el resultado dañino, en estricto rigor y en consonancia con todo cuanto se ha explicado, lo que realmente sucede cuando se evidencia la concurrencia y acreditación de una de tales circunstancias es la interrupción o, más exactamente, la exclusión de la posibilidad de atribuir jurídicamente la responsabilidad de reparar el daño a la entidad demandada; es decir, la operatividad en un supuesto concreto de alguna de las referidas “eximentes de responsabilidad” no destruye la tantas veces mencionada relación de causalidad, sino la imputación.

“Por tanto, quede claro que el análisis que ha de llevarse a cabo por parte del juez de lo contencioso administrativo cuando se le aduzca la configuración de una de las que han dado en denominarse “eximentes de responsabilidad” —como ocurre en el sub judice—, no constituye un examen de tipo naturalístico, fenomenológico, sino eminentemente valorativo-normativo, orientado a seleccionar, más allá del proceso causal de producción del daño, a cuál de los intervinientes en su causación debe imputarse o atribuirse jurídicamente la responsabilidad de repararlo, de conformidad con la concepción de justicia imperante en la sociedad, la cual se refleja en la pluralidad de títulos jurídicos de imputación disponibles dentro del sistema jurídico.

“Por consiguiente, frente a supuestos como el que examina la Sala en el presente asunto, el razonamiento en torno a si resulta aplicable, o no, una de las llamadas “eximentes de responsabilidad” antes referidas para desatar la litis, debe partir, como presupuesto, de la circunstancia de que exista nexo o relación de causalidad entre la acción o la omisión desplegada por la entidad demandada; de lo que se tratará, por consiguiente, es de analizar si más allá de esa incuestionable realidad material constituida por la causalidad, comoquiera que el daño se ha producido y se ha demostrado, existen razones de orden jurídico-normativo —imputación— que justifiquen la atribución de la responsabilidad de indemnización de los correspondientes perjuicios a la parte demandada dentro del proceso. Las circunstancias características del presente asunto resultan propicias para ilustrar la dinámica que se acaba de describir.” Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de febrero de 2009, Expediente 17145.

(14) Nota original en la sentencia Citada: Robert, André, Les responsabilites, Bruselas, 1981, p. 1039, citado por Tamayo Jaramillo, Javier, Tratado de responsabilidad civil, cit., p. 19.

(15) Nota original en la sentencia citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 20 noviembre de 1989, Jurisprudencia y Doctrina, tomo XIX, Bogotá, Legis, p. 8.

(16) Nota original en la sentencia citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 26 mayo de 1936, Gaceta Judicial, tomo XLIII, p. 581.

(17) Nota original en la sentencia citada: cuyo tenor literal es el siguiente: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”.

(18) Nota original en la sentencia citada: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 26 de enero de 1.982, Gaceta Judicial, tomo CLXV, p. 21.

(19) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2008, Expediente 16.530.

(20) Cita textual del fallo referido: “En la anotada dirección, ha sostenido la Sala: ‘El hecho de la víctima, al decir de los hermanos Mazeaud, solo lleva ‘consigo la absolución completa’ cuando ‘el presunto responsable pruebe la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho de la víctima. Si no se realiza esa prueba, el hecho de la víctima, cuando sea culposo y posea un vínculo de causalidad con el daño, produce una simple exoneración parcial: división de responsabilidad que se efectúa teniendo en cuenta la gravedad de la culpa de la víctima’. Henri y León Mazeaud, Jean Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil. Parte segunda. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires. 1960, páginas 332 y 333’. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de mayo dos (02) de dos mil siete (2007); Expediente 190012331000199800031 01; Radicación: 24.972”.

(21) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de junio de 2010, Expediente 17605.

(22) Cita textual del fallo: Sección Tercera, sentencia de 13 de septiembre de 1999, Expediente 14.859; Demandante: Edgar Gallego Salazar y otros.

(23) Cita textual del fallo: en similares términos consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia el 29 de agosto de 2007, Expediente 16.052, Actor: Bernardo Franco Rodríguez y otros.

(24) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de junio de 2010, Expediente 18376.

(25) “Cita textual del fallo: Allí se define el daño existencial [se refiere a la Sentencia de la Sala Plena de la Corte de Casación Italiana 6572 del 24 de marzo de 2006] como todo perjuicio causado en el hacer no reditual del sujeto, susceptible de ser constatado de manera objetiva, que altera sus hábitos y su modo de relacionarse, induciéndolo a alternativas de vida distintas, que inciden en el despliegue y realización de su personalidad en el mundo exterior.” Koteich Khatib, Milagros “El daño extrapatrimonial”, en “Diritto Romano Comune e America Latina”, Universidad Externado de Colombia, página 259.

(26) Cita textual del fallo: ver: Corte de Casación Italiana, sentencia del 24 de junio de 2008, publicada el 11 de noviembre de 2008, 26972.

(27) Cita textual del fallo: fruto del trabajo jurisprudencial en Italia, se llegó a establecer dentro de este orden que el concepto daño biológico agrupa entre otros: el daño a la vida de relación, el daño estético, el daño a la esfera sexual y el daño a la incapacidad laboral genérica, todo lo cual ha sido recogido y reconocido por la Corte Suprema de Casación de ese país. Ver entre otras, las sentencias: 2761 de 1990, 1341 de 1991, 11133 de 1990, 9170 de 1994, y 7262 de 1991.

(28) Cita textual del fallo: “Este estado de cosas no solo deja la sensación de desorden, sino que también crea desigualdades entre víctimas, cuyos intereses aparecen, en igual medida, dignos de protección; así pues, el problema de fondo es el de establecer los límites, que deben ser “límites razonables”, determinados sí, en términos jurídicos” Cortés, Edgar ob. cit. Página 57.

(29) Cita textual del fallo: “En el histórico fallo 184 de 1986 la Corte Constitucional italiana afirmó que el criterio de liquidación que debe adoptarse para el resarcimiento del daño biológico “debe, de un lado, responder a una uniformidad pecuniaria de base (el mismo tipo de lesión no puede valorarse de manera diferente para cada sujeto) y, de otro, debe ser suficientemente elástico y flexible para adecuar la liquidación del caso concreto a la incidencia efectiva de la lesión sobre las actividades de la vida cotidiana, por medio de las cuales se manifiesta concretamente la eficiencia sicofísica del sujeto perjudicado”. Rozo Sordini, Paolo “El daño biológico”, Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, páginas 209 y 210.

(30) Cita textual del fallo: “Se está en presencia de un nuevo sistema clasificatorio del daño que acepta la existencia de tres modalidades del mismo: los patrimoniales, los morales y el biológico. Diferenciándose el biológico en cuanto al moral en la medida en que el primero es la lesión en sí misma considerada, y otra diferente, son los sufrimientos, el dolor y los afectos que de dicha lesión se pueden derivar, lo que constituiría el efecto o daño moral; sin embargo, ambos hacen parte del daño no patrimonial, esto es, no susceptible de contenido económico.” GIL Botero, Enrique “Daño corporal - daño biológico - daño a la vida de relación”, página 10”.

(31) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de septiembre de 2011, Expediente 38222, C.P. Enrique Gil Botero.