Sentencia 2001-00663 de febrero 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Rad.: 250002326000200100663 01

Exp.: 27.157

Actor: Jairo Armando Bernal Salamanca

Demandado: Nación - Rama judicial y otro

Ref.: Apelación sentencia - reparación directa

Bogotá, D.C., doce de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

2.1.1. La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 21 de enero de 2004, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, comoquiera que de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, independientemente de la cuantía del proceso, es decir, sea esta igual o inferior a 500 SMLMV(10).

2.1.2. En cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que el daño por cuya indemnización se demandó —según se indicó—, devino del error jurisdiccional por parte de la entidad demandada, que condenó penalmente al demandante sin haber realizado previamente la respectiva identificación e individualización del verdadero responsable.

Ahora bien, para determinar el momento en el cual ha de efectuarse el cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa para el caso concreto, la Sala tendrá como punto de referencia el día siguiente al que el demandante, señor Jairo Armando Bernal Salamanca tuvo conocimiento del aludido error jurisdiccional, esto es el 12 de mayo de 1999 fecha en que el DAS le expidió su certificado de antecedentes penales, en el cual aparecía una condena penal en su contra(11), razón por la cual, por haberse interpuesto la demanda el 26 de marzo de 2001, se impone concluir que la misma se formuló dentro de los 2 años que establece el numeral 8º del artículo 136 del CCA.

2.2. Precisiones respecto del régimen de responsabilidad aplicable al presente asunto.

Tal y como se dejó indicado en los antecedentes de esta sentencia, el tribunal a quo fundó el análisis del caso y derivó la responsabilidad patrimonial de la demandada por los hechos narrados en la demanda, a partir de la aplicación del denominado “defectuoso funcionamiento de la administración de justicia”, señalando, en consecuencia, que las decisiones mediante las cuales definió la situación jurídica y se condenó al ahora demandante no se ajustaron a las exigencias adjetivas vigentes para la época de los hechos, comoquiera que no se realizó una plena individualización e identificación del verdadero responsable penalmente.

Estas afirmaciones del tribunal ameritan una precisión, en tanto la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado con base en los artículos 66 y 69 de la Ley 270 de 1996(12) ha evidenciado algunas modulaciones en cuanto tiene que ver con el régimen de responsabilidad aplicable a supuestos como el que en ese proceso se examina, en los cuales se discute la responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos producidos por la administración de justicia.

Al respecto, debe precisarse que esta Sección del Consejo de Estado, en forma reiterada, ha considerado que se está en presencia del título de imputación denominado error jurisdiccional, cuando se atribuyen falencias en las que se incurre a través de providencias judiciales por medio de las cuales se interpreta, se declara o se hace efectivo el derecho subjetivo. En cuanto tiene que ver con los presupuestos correspondientes, la Sala ha señalado, como requisitos que deben concurrir para que proceda declarar la responsabilidad patrimonial del Estado con base en el error judicial, los siguientes: a) que conste en una providencia judicial respecto de la cual se hayan agotado los recursos ordinarios legalmente procedentes y b) que la providencia sea contraria a derecho, sin que esto signifique que la contradicción tenga que ser grosera, abiertamente ilegal o arbitraria(13).

Por otra parte, respecto del título de imputación por defectuoso funcionamiento de la administración judicial, la corporación ha sostenido que se está en presencia de este título jurídico de imputación en aquellos supuestos en los cuales la responsabilidad se deriva de las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias de los jueces. En la anotada dirección, la Sala ha discurrido de la siguiente manera(14):

“La doctrina española para diferenciar el error judicial del defectuoso funcionamiento explicó:

‘(...) nos encontramos en el dominio de la responsabilidad por funcionamiento anormal de la administración de justicia, siempre y cuando la lesión se haya producido en el ‘giro o tráfico jurisdiccional’, entendido este como el conjunto de las actuaciones propias de lo que es la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (excluidas las actuaciones de interpretar y aplicar el derecho plasmadas en una resolución judicial que, como se acaba de indicar, caerán en el ámbito del error judicial); a sensu contrario, no entrarían en este concepto aquellas actividades que produjesen un daño —incluso si este fuese identificado plenamente como achacable a la actuación de un juez o magistrado— si su actuación no se hubiese realizado en el mencionado ‘giro o tráfico jurisdiccional’, sino en otro tipo de actuaciones distintas.

En definitiva, en el régimen establecido para la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la administración de justicia habrán de incluirse las actuaciones que, no consistiendo en resoluciones judiciales erróneas, se efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho(15).

Así también lo previó el legislador colombiano cuando dispuso que, fuera de los casos de error jurisdiccional y privación injusta de la libertad, ‘quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación’ (L. 270/96, art. 69)” (negritas fuera del texto original).

De conformidad con lo anterior, concluye la Sala que el presente asunto bien puede analizarse bajo la óptica del título jurídico de imputación denominado error jurisdiccional comoquiera que el hecho dañoso demandado se habría originado en una providencia judicial. En consecuencia, se procederá a estudiar, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, si la Nación —Dirección Ejecutiva de Administración Judicial— es responsable por los hechos narrados en la demanda.

No obstante, debe precisarse que comoquiera que se trata de una sentencia condenatoria apelada únicamente por la entidad estatal llamada a responder, la competencia al momento de resolver se encuentra restringida en lo que respecta solamente a los aspectos objeto del recurso de apelación, en virtud de la la garantía de la non reformatio in pejus, por virtud de la cual no resulta válidamente posible que, con su decisión, el juez de la segunda instancia agrave, empeore o desmejore la situación que en relación con el litigio correspondiente le hubiere sido definida al apelante único mediante la sentencia de primera instancia(16).

2.2. Los hechos probados.

Del acervo probatorio recaudado se destacan las siguientes actuaciones procesales allegadas en copia auténtica por el Juzgado 31 Penal del Circuito de Bogotá(17):

a. El 29 de junio de 1991 en la ciudad de Bogotá fue capturada una persona quien dijo llamarse Jairo Amando Bernal, por habérsele encontrado en su poder unas papeletas de “bazuco”. Por tales hechos la referida persona fue vinculada al proceso penal mediante indagatoria(18).

b. Mediante providencia proferida el 10 de julio de 1991 se impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del señor “Jairo Armando Bernal” por el delito de “transporte de estupefacientes”. Respecto de la individualización del sindicado el proveído señaló:

“El señor dijo llamarse Jairo Armando Bernal, hijo de Ana Rosa Bernal y padre desconocido, nacido en Bogotá el 12 de octubre de 1962, de 29 años de edad, estudió hasta quinto de primaria, de profesión constructor, de estado civil unión libre con Beatriz Buitrago”(19).

c. Una vez cumplido el trámite instructivo, el Juzgado 31 Penal del Circuito de Bogotá mediante sentencia proferida el 10 de julio de 1991 declaró la responsabilidad penal del señor Jairo Armando Bernal por el (sic) “infringir la ley 30 de 1986” y, en consecuencia, lo condenó a la pena principal de 12 meses de prisión. En el acápite correspondiente a la identidad del procesado se manifestó:

“Jairo Armando Bernal, natural de esta ciudad, de 29 años, nacido el 12 de octubre de 1962, hijo de Ana Rosa Bernal, tiene una hija de 18 meses, estudió hasta quinto de primaria en la escuela Ciudad de Anzoaqtegui, profesión constructor, posee un puesto de tinto en Chapinero, identificado con la C.C. 19’415.812 de Bogotá”.

d. A través de proveído de fecha octubre 31 de 1991, el Juzgado 31 Penal del Circuito de Bogotá, otorgó al señor Jairo Armando Bernal el subrogado de la condena de ejecución condicional y, en tal virtud, suspendió la ejecución de la condena por un período de dos años, previo el pago de una caución monetaria y el compromiso de presentarse cada treinta días al referido Juzgado; no obstante dicho beneficio fue revocado mediante proveído del 16 de febrero de 1995, por cuanto el condenado incumplió con los compromisos pactados(20).

e. Mediante memorial de fecha 27 de mayo de 1999, el señor Jairo Armando Bernal Salamanca formuló ante el Juzgado 31 Penal del Circuito de Bogotá la siguiente solicitud:

“Acudo a su despacho con el fin de que me sea expedida una constancia en la cual se acredite que no estoy involucrado en el proceso Nº 5500 y muchos menos que fui condenado. Esto obedece a que solicité mi pasado judicial en el DAS y me aparece esa anotación, entonces me solicitan esta constancia porque puede ser un homónimo que figura como Jairo Armando Bernal”.

f. La anterior solicitud fue resuelta por el Juzgado 31 Penal del Circuito de Bogotá, a través de la providencia calendada el 23 de septiembre de 1999, en la cual se ordenó, entre otras medidas “[o]ficiar a las diferentes autoridades donde se comunicó el fallo para señalar que Jairo Armando Bernal Salamanca, identificado con C.C. 19’415.812 de Bogotá no ha sido sindicado en el expediente 5500, por infracción a la Ley 30/86. Que el fallo dictado por este juzgado afectó a Jairo Armando Salamanca (sic) como verdadero procesado, indocumentado, hijo de Ana Rosa Bernal, de profesión vendedor de tintos y oficio de construcción”.

La anterior decisión se originó en las siguientes consideraciones:

“A decir verdad el fallo corresponde a una persona cierta, existe físicamente y que estuvo privado de la libertad desde el día 2 de julio de 1991 hasta noviembre 12 de 1991 cuando recobró la libertad. Desde luego hay que reconocer el equívoco al anotarse como suyo un número de cédula de ciudadanía que no correspondía y que precisamente esa falencia del procesado indujo en error con perjuicio del señor Jairo Bernal Salamanca que nada tiene que ver en este proceso, no solamente por las marcadas y claras diferencias de sus datos personales, sino que el verdadero implicado mintió cuando se le interrogó por el número de documento de identidad.

Frente a esta realidad procesal, resultaría no menos que injusto pretender mantener en duda o tela de juicio el nombre de un ciudadano totalmente ajeno a este proceso penal, como lo es el reclamante Jairo Armando Bernal Salamanca, identificado con C.C. 19’415.812 no es el procesado en el expediente Nº 5500 adelantado por el delito de Infracción a la Ley 30/86, sino que el verdadero condenado es Jairo Armando Bernal, indocumentado, hijo de Ana Rosa Bernal, padre desconocido y demás datos descritos en este auto y en la misma sentencia”(21) (se ha resaltado).

g.- A través de oficios 3050, 3051 y 3212 el Juzgado 31 Penal del Circuito penal de Bogotá libró los correspondientes oficio a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al DAS y al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá(22).

2.3. Conclusiones probatorias y caso concreto.

Las circunstancias descritas en el anterior acápite de esta sentencia evidencian que el 29 de junio de 1991 en la ciudad de Bogotá fue capturada una persona indocumentada que dijo llamarse Jairo Armando Bernal, quien tenía en su poder varias papeletas de una sustancia estupefaciente. Luego del respectivo trámite penal dicha persona fue condenada a la pena privativa de la libertad por doce meses de prisión; sin embargo, dentro del proceso penal no se realizó una correcta individualización e identificación del procesado, pues se indicó que su número de cédula de ciudadanía era el 19’415.812, pero en realidad dicho número correspondía a otra persona —un homónimo—, quien aproximadamente cinco años después de que se profiriera dicha sentencia se enteró de que en su certificado de antecedentes penales figuraba una condena en su contra por “infracción a la Ley 30 de 1986”, razón por la cual formuló una solicitud de aclaración al Juzgado 31 Penal del Circuito de Bogotá que tramitó el proceso penal contra el verdadero responsable, obteniendo una respuesta favorable solamente cuatro meses después de formular dicha solicitud.

Así las cosas, ha de señalar la Sala que en el sub lite se encuentra acreditado un “error jurisdiccional” por parte de la administración pública demandada, el cual habrá de declararse(23). En efecto, estima la Sala que en el sub lite se encuentra acreditada una manifiesta y protuberante falla del servicio respecto de toda la investigación, incluida la decisión que vinculó a la persona que dijo llamarse Jairo Armando Bernal al proceso penal, circunstancia que se infiere, además de las conclusiones a las que arribó el propio Juzgado 31 Penal del Circuito de Bogotá, según las cuales “hay que reconocer el equívoco al anotarse como suyo un número de cédula de ciudadanía que no correspondía y que precisamente esa falencia del procesado indujo en error con perjuicio del señor Jairo Bernal Salamanca que nada tiene que ver en este proceso”.

En ese sentido, resalta la Sala que de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos, una de las finalidades de la investigación previa adelantada por el respectivo funcionario instructor era, precisamente “practicar y recaudar las pruebas indispensables en relación con la identidad o individualización de los autores o partícipes del hecho y su responsabilidad(24).

Por otra parte, respecto del contenido de las sentencias dictadas en procesos penales, el artículo 180 del aludido Código de Procedimiento Penal establecía lo siguiente:

“ART. 180.—Redacción de la sentencia. Toda sentencia contendrá:

1. Un resumen de los hechos investigados.

2. La identidad o individualización del procesado.

3. Un resumen de la acusación y de los alegatos presentados por los sujetos procesales.

4. El análisis de los alegatos y la valoración jurídica de las pruebas en que ha de fundarse la decisión.

5. La calificación jurídica de los hechos y de la situación del procesado.

6. Los fundamentos jurídicos relacionados con la indemnización de perjuicios.

7. La condena a las penas principal y accesorias que correspondan, o la absolución.

8. La condena en concreto al pago de perjuicios si a ello hubiere lugar.

9. La suspensión condicional de la sentencia, si fuere procedente” (se ha destacado).

De la lectura de las anteriores disposiciones legales se infiere que era deber de los entes encargados de llevar a cabo la investigación y juzgamiento de los procesados, practicar, recaudar y examinar de manera exhaustiva todas y cada una de las piezas procesales con el fin de verificar la identidad de los autores o partícipes del hecho punible, así como que se hubiesen satisfecho —material y formalmente— todos los requisitos legales para dictar sentencia; sin embargo, en el presente asunto, tanto el Juzgado 123 de Instrucción Criminal de Bogotá como el Juez 31 Penal del Circuito de Bogotá encontraron “plenamente identificado” a la persona que dijo llamarse Jairo Armando Bernal, sin advertir la grave inconsistencia respecto de la identificación e individualización del procesado.

En efecto, dichas autoridades penales vincularon al proceso penal y condenaron a una persona sin haber satisfecho los requisitos de identificación e individualización del procesado, pues no adelantaron labor alguna tendiente a lograr la plena identificación e individualización del verdadero responsable del hecho ilícito, sino que se limitaron a adelantar el proceso con los datos que les suministró el mismo sindicado.

Todo el panorama expuesto pone en evidencia que en este caso se incurrió en un error de hecho al no haberse identificado e individualizado al verdadero responsable del hecho ilícito lo cual conllevó a que se profiriera una condena contra una persona inocente —homónimo—, circunstancia que fue reconocida por el mismo despacho judicial al responder la solicitud formulada por el ahora demandante.

Así las cosas, la Sala concluye el daño sufrido por el señor Jairo Armando Bernal Salamanca, consistente en la afectación a sus derechos de buen nombre y honra, es de carácter anormal e injusto y que es consecuencia del error jurisdiccional imputable a la Nación —Dirección Ejecutiva de Administración Judicial—, razón por la cual la sentencia apelada habrá de confirmarse en este aspecto.

2.4. Indemnización de perjuicios.

2.4.1. Perjuicios morales.

Teniendo en cuenta que el tribunal condenó a la entidad demandada a pagar a favor del demandante la suma de dinero equivalente al valor de 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que en la apelación la demandada solicita se revoque dicha condena, por cuanto —en su sentir—, no se allego prueba alguna que los acreditara, la Sala estudiará las pruebas que permiten establecer la existencia e intensidad de dicho perjuicio.

— A folio 239 a 240 del cuaderno 2 obran copias auténticas de los títulos de graduación de bachiller académico y contador público del señor Jairo Armando Bernal Salamanca y a folio 241 de ese mismo cuaderno obra la tarjeta profesional de contador público de la referida persona.

— Oficio del 11 de septiembre de 2001 suscrito por el grupo de identificación y antecedentes del Departamento Administrativo de Seguridad DAS y dirigido al tribunal a quo, en el cual se manifestó lo siguiente:

“El señor Jairo Armando Bernal Salamanca identificado con la C.C. 19’415.812 solicitó su certificado judicial en esta repartición el 21 de mayo de 1999 asignándosele el documento 6147385, como puede apreciarse en nuestro archivo sistematizado, dicho trámite fue preciso aplazar al figurar en nuestra base de datos, sin comprobación dactiloscópica una condena con el cupo numérico de su cédula de ciudadanía impuesta por el Juez 31 Penal del Circuito de Bogotá dentro del proceso 5500. El certificado del denunciante fue expedido el día 8 de noviembre de 1999, teniendo en cuenta la constancia de la autoridad competente donde nos informa que mediante interlocutorio del 23 de septiembre de 1999 descartó al señor Bernal Salamanca por no ser la persona condenada(25)(negrillas adicionales).

— Copia auténtica del contrato de servicios profesionales celebrado el 1º de junio de 1999 en la ciudad de San José de Costa Rica, entre el señor Jairo Armando Bernal Salamanca y la empresa “Edificaciones y Proyectos de Vivienda S.A. (EPROVI)”, cuyo objeto consistió en “prestar sus servicios profesionales a EPROVI en los proyectos habitacionales denominados (...), en los siguientes rubros: estudios preliminares, presupuestos, programación, diseño de construcción y urbanismo (...), el desarrollo de lo estipulado tiene una duración máxima de diez meses contados a partir de la firma de este contrato”(26).

Para el caso sub lite, entiende la Sala que el ostensible error jurisdiccional en que incurrió la entidad demandada en la identificación e individualización del verdadero responsable del hecho ilícito, llevó a que en el certificado de antecedentes penales del señor Jairo Armando Bernal Salamanca figurara una condena penal por un delito que no había cometido, error jurisdiccional que solo fue enmendado cuatro (4) meses después de que el mismo afectado —hoy demandante—, hubiera formulado dicha solicitud.

Así pues, a partir de las reglas de la experiencia, es razonable inferir que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia y otras afecciones cuando por causa de un error jurisdiccional una persona se ve sorprendida al conocer que en el certificado de antecedentes penales figura una condena en su contra por un delito que no cometió y, adicionalmente, se vea sometida a esperar aproximadamente cuatro meses para que la misma autoridad jurisdiccional enmiende el error en que incurrió y que, sin duda, afectó su derecho al buen nombre y honra.

No obstante lo anterior, la Sala modificará en este aspecto la sentencia de primera instancia, toda vez que el reconocimiento de 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes resulta desproporcionado en relación con la real afectación sufrida por el actor. En efecto, a partir de los medios probatorios con los que cuenta el proceso y a los que se hizo referencia no es posible inferir que dicha circunstancia hubiese afectado la suscripción del contrato de prestación de servicios profesionales en San José de Costa Rica, pues este se suscribió el 1º de junio de 1999, así como tampoco se probó que dicho error jurisdiccional hubiere generado un padecimiento moral adicional que permita suponer una afectación moral que ameritara un reconocimiento equivalente a 30 SMLMV, razón por la cual la Sala reconocerá la suma equivalente en pesos a 10 SMLMV por concepto de indemnización de perjuicios morales a favor del señor Jairo Armando Bernal Salamanca.

2.6. Condena en costas.

Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, del 21 de enero de 2004, la cual quedará así:

“1. Declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación - rama judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por los perjuicios producidos al actor, con ocasión de un defectuoso funcionamiento del servicio de la justicia atribuible a dicha entidad, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, condenar a la Nación - rama judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a pagar a título de indemnización por perjuicios morales al señor Jairo Armando Bernal Salamanca, el valor equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia”.

2. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

3. Sin condena en costas.

4. CUMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

5. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(10) Al respecto consultar las precisiones que sobre el particular realizó la S. Plena de lo Contencioso Administrativo del C.E. a través de auto de sep. 9/2008. Exp. 110010326000200800009 00.

(11) En ese mismo sentido consultar, por ejemplo, C.E., Sec. Tercera, sent. de sep. 13/2001, Exp. 13.392, M.P. Dr. Alier Hernández Enríquez, entre muchas otras.

(12) A cuyo tenor: “ART. 66.—Error jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.

(…).

“ART. 69.—Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.

(13) C.E., Sec. Tercera, sent. de nov. 22/2001, M.P. Ricardo Hoyos Duque, Exp. 13164, reiterada en sent. de ago. 14/2008, Exp. 16.594, entre otras.

(14) Sent. de nov. 22/2001, C.P. Ricardo Hoyos Duque, Exp. 13.164, reiterada en sents. de ago. 14/2008, Exp. 16.594, y de feb. 4/2010, Exp. 17.956.

(15) Nota original de la sentencia citada: Cobreros Mendazona, Eduardo. La responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento anormal de la administración de justicia. Madrid: Cuadernos Civitas, 1998. Pág. 25.

(16) C.E., Sec. Tercera, S. Plena de Sección, sent. feb. 9/2012, Exp. 21.060, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(17) Fls. 14-136, cdno. 2.

(18) A fl. 17, cdno. 2, se encuentra copia auténtica del acta mediante la cual unos agentes de la Policía Nacional ponen a disposición del Juzgado 12 de Instrucción Criminal a la referida persona.

(19) Fls. 41-47, cdno. 2.

(20) Fls. 86-89 y 114, cdno. 2.

(21) Fls. 123-127, cdno. 2.

(22) Fls. 129-131, cdno. 2.

(23) La Sala, de tiempo atrás ha dicho que la falla del servicio ha sido en nuestro derecho, y continua siendo, el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al juez administrativo le compete una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una obligación a su cargo, no hay duda que es ella el mecanismo más idóneo para asentar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual. Al respecto consultar, por ejemplo, C.E., Sec. Tercera, sents. de jul. 13/93, Exp. 8163 y de jul. 16/2008, Exp. 16423, ambas con ponencia del Consejero Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

(24) D.L. 2700/91, art. 319.

(25) Fl. 138, cdno. 2.

(26) Fl. 138, cdno. 2.