Sentencia 2001-00706 de julio 6 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN "A"

Exp.: 68001-23-31-000-2001-00706-01 (558-2010)

Consejero Ponente:

Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

Autoridades nacionales

Actor: Jorge Cortés Torres

Bogotá, D.C., seis de julio de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

El asunto se contrae a establecer la legalidad de las resoluciones 2487 de 12 de noviembre de 1999 y 2450 de 24 de octubre de 2000, proferidas por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria - Incora, por medio de las cuales fue sancionado el actor con destitución e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por el término de tres (3) años.

El demandante señala que no existe normativa expresa que prohíba posesionarse a sabiendas de aparecer relacionado como responsable fiscal en los Boletines de la Contraloría General de la República. Explica que si bien es cierto que para los nominadores existe el deber de impedir posesiones en estas circunstancias, so pena de incurrir en causal de mala conducta, también lo es que esta obligación no se convierte en prohibición automática para quienes estando sancionados fiscalmente pretenden acceder a un empleo público.

Advierte que como la Procuraduría General de la Nación absolvió al gerente general del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria por haberle dado posesión, no era procedente la investigación disciplinaria que cursó en su contra. Máxime cuando, como ya se dijo, no existe prohibición legal que impida, en su situación, acceder a un cargo público.

Considera, finalmente, que al no existir los faltantes de retal de hojalata que le fueron reprochados, en su condición de Almacenista del Fondo Rotatorio de la Aduana, a través de los fallos de responsabilidad fiscal 108 de 26 de julio y 135 de 13 de octubre de 1995, queda sin soporte la sanción disciplinaria que se controvierte.

En el sub lite se busca establecer si el actor por tener una sanción de responsabilidad fiscal en firme y debidamente ejecutoriada (fls. 154 a 161, fallos 108 y 135 de 1995) y por no haber satisfecho la obligación económica contenida en ella ($ 2.693.208), estaba inhabilitado para acceder a un empleo público (gerente regional de Santander).

La inhabilidad es la incapacidad, ineptitud o circunstancia que impide a una persona ser elegida o designada en un cargo público y que, en ciertas ocasiones, frena el ejercicio del empleo a quien ya se encuentra vinculado al servicio.

La finalidad de las inhabilidades es garantizar la idoneidad, moralidad, probidad y eficacia en el ejercicio del cargo público. De igual forma, son una garantía de que el comportamiento anterior o el vínculo familiar no afectarán el desempeño del empleo o función.

La jurisprudencia ha puntualizado que es legítimo que en el régimen disciplinario se prevea como falta el intencional desconocimiento del régimen de inhabilidades, pues a pesar de tratarse de dos instituciones diferentes, ellas se encuentran estrechamente relacionadas en tanto procuran asegurar los principios de la función administrativa(1).

El artículo 38 de la ley 200 de 1995, Código Disciplinario Único vigente para la época en que ocurrieron los hechos materia de investigación (posesión), indicó que constituye falta disciplinaria estar incurso en inhabilidades:

Constituye falta disciplinaria y por lo tanto da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes, el abuso o extralimitación de los derechos y funciones, la incursión en prohibiciones, impedimentos, inhabilidades y conflictos de intereses” (resaltado fuera del texto).

Por su parte, el artículo 42 ibídem señaló que se entienden incorporadas al Código Disciplinario Único “las incompatibilidades e inhabilidades previstas en la Constitución, la ley y los reglamentos administrativos” (aparte resaltado declarado inexequible C-448-98).

En este caso, el centro de reproche disciplinario es haber tomado posesión del cargo de gerente regional de Santander a sabiendas de estar relacionado en el Boletín de Responsables Fiscales editado por la Contraloría General de la República.

El aludido boletín contiene una relación de las personas naturales y jurídicas a quienes se les ha dictado fallo con responsabilidad fiscal en firme y ejecutoriado y no han satisfecho la obligación contenida en el(2).

Por disposición legal, los representantes legales, así como los nominadores y demás funcionarios competentes, deben abstenerse de nombrar, dar posesión o celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el Boletín de Responsables Fiscales, so pena de incurrir en causal de mala conducta(3).

Si bien es cierto que el deber enunciado es expreso para los representantes legales, nominadores y demás funcionarios competentes, también lo es que esta obligación está íntimamente correlacionada, para el caso, con la que tiene todo aspirante a ocupar un empleo público de informar oportunamente sobre la existencia o inexistencia de cualquier hecho o circunstancia que implique una inhabilidad o incompatibilidad.

La Ley 190 de 1995, por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública, dispuso que todo aspirante a ocupar un cargo público debe presentar el “formato único de hoja de vida” debidamente diligenciado, en el que de fe de la inexistencia de “cualquier hecho o circunstancia que implique una inhabilidad o incompatibilidad del orden constitucional o legal para ocupar el empleo o cargo al que se aspira o para celebrar contrato de prestación de servicios con la administración”(4) (resaltado fuera del texto).

Pretender, como lo sostiene el actor, que no existe inhabilidad porque la prohibición legal de nombrar y dar posesión a quienes aparecen relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales es exclusiva del nominador (L. 42/93 y 610/2000), desconoce la existencia de los fallos fiscales en firme que lo sancionaron y la obligación legal que tenía de poner en conocimiento oportuno esa situación (L. 190/95).

En este punto es necesario evidenciar que, de conformidad con el artículo 41 de la ley 200 de 1995, a los servidores públicos les está prohibido proporcionar “dato inexacto u omitir información que tenga incidencia en su vinculación al cargo o a la carrera, sus promociones o ascensos”.

Para la Sala es indiscutible que las personas que aparezcan relacionadas en el Boletín de la Contraloría General de la República, como el demandante, no pueden celebrar contratos con el Estado ni tomar posesión de cargos públicos, hasta tanto no demuestren, en oportunidad, la cancelación de la totalidad de las obligaciones a su cargo o que el fallo de responsabilidad fiscal se encuentra en una de las siguientes situaciones:

a. Anulado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo;

b. Pérdida de fuerza ejecutoria;

c. Prescripción de la acción de cobro;

d. Terminación del proceso de cobro coactivo; y

e. Revocatoria directa(5).

Al no estar acreditado, para la época de la posesión del cargo (dis. 5/96), que el actor pagó la obligación económica que tenía pendiente ($ 2.693.208) o que los fallos de responsabilidad fiscal que le impusieron esa sanción se encontraban en una de las situaciones descritas (108 y 135 de 1995), es evidente que él estaba incurso en una inhabilidad y, por tanto, en el deber de darla a conocer oportunamente.

Ahora bien, por tener tanto el nominador como el aspirante a un empleo público deberes y prohibiciones definidos con relación a este tema, es procedente que a cada uno de ellos se les pueda investigar disciplinariamente por las omisiones y contravenciones en que hayan podido incurrir.

Así las cosas, el hecho de que la Procuraduría General de la Nación haya investigado y absuelto al gerente general del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria por haber designado y tomado posesión al demandante, per se, no convierte la actuación disciplinaria que se revisa en improcedente ni deslegitima la sanción pecuniaria a la que se arribó.

Finalmente, es preciso manifestar que la discusión relacionada con la inexistencia de faltantes de retal de hojalata, era propia del proceso de responsabilidad fiscal y no de esta vía.

En esta instancia no es posible entrar a revisar conductas que fueron analizadas y reprochadas a través de unos fallos de responsabilidad fiscal en firme (108 y 135 de 1995), para dejar sin fundamento la sanción disciplinaria impuesta al actor.

Del recuento efectuado se puede concluir que el demandante, por no haber satisfecho la obligación económica contenida en los fallos en firme 108 y 135 de 1995 ($ 2.693.208), aparecía en el Boletín de Responsables Fiscales editado por la Contraloría General de la República (fls. 173 y 174, 185) y que esta circunstancia, por tener incidencia directa en la vinculación, no fue dada a conocer a la administración en oportunidad.

Esta omisión, que facilita e implica posesionarse a sabiendas de estar incurso en una causal de inhabilidad, es considerada en el numeral 10 del artículo 25 de la Ley 200 de 1995(6) como una falta gravísima, tal como efectivamente fue calificada para dar lugar a la sanción prevista en las resoluciones acusadas (destitución e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por el término de tres años).

Por no encontrarse anomalía en la calificación de la conducta reprochada disciplinariamente ni en los argumentos de la impugnación, se impone confirmar la decisión del a quo que denegó las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de veintiuno (21) de agosto de dos mil nueve (2009), proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, en el proceso promovido por Jorge Cortés Torres contra el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria - Incora.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen y cúmplase.

La anterior providencia la estudió y aprobó la Sala en sesión de la fecha».

(1) Sentencia C-391 de 2002.

(2) Artículos 84 de la Ley 42 de 1993 y 60 de la Ley 610 de 2000.

(3) Artículos 85 de la Ley 42 de 1993 y 60 de la Ley 610 de 2000.

(4) Numeral 3º del artículo 1º de la Ley 190 de 1995.

(5) Resolución orgánica de la Contraloría General de la República 3466 de 1994.

(6) Normativa declarada exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-391 de 2002.