Sentencia 2001-00720 de septiembre 29 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: C-1100131100142001-00720-01

Magistrado Ponente

Dr. Jaime Alberto Arrubla Paucar

Bogotá, D.C., veintinueve de septiembre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «El recurso de casación

Como en su momento se dirá, la Corte limitará el estudio a los cargos tercero y primero, de los tres propuestos, empezando por aquel, por ser el orden lógico que corresponde.

Cargo tercero

1. Denuncia la violación indirecta de los artículos 29 y 228 de la Constitución Política, 1289, 1290, 1405, 1500 y 1741 del Código Civil, 4º y 591 del Código de Procedimiento Civil.

2. Manifiestan los recurrentes que el tribunal pretirió apreciar la prueba de la calidad de heredera de la señora María Eugenia del Rosario Cabo Restrepo, en el proceso de sucesión de Ligia Restrepo de Cabo, su progenitora, así como la afirmación en la demanda de apertura del mismo, efectuada por el demandado Alejandro Ignacio Guillermo Mauricio Cabo Restrepo, sobre la existencia de aquella, en calidad de hermana legítima.

3. Consideran los censores que si el sentenciador hubiere percatado lo anterior, no habría concluido que el requerimiento para aceptar o repudiar la asignación, a solicitud de cualquier interesado con igual derecho, es potestativo, porque esto se aplica únicamente cuando se desconoce la prueba de la existencia de un heredero, pero no en los eventos en que el juez competente tiene a su alcance ese medio, así quien lo aportó no haya elevado petición expresa en ese sentido.

Lo contrario, dicen, el heredero ausente quedaría sometido a la voluntad de quien, como en el caso, inició el trámite de la sucesión, sin ninguna maniobra por parte del funcionario de conocimiento, siendo que, frente a esa prueba, el correcto entendimiento de las disposiciones que regulan la temática, es garantizar el debido proceso de aquel.

4. En suma, para los impugnantes, al negarse la posibilidad de reconvenir para que se aceptara o repudiara la herencia, cuando no media petición de nadie, así obre la prueba de la existencia del asignatario, llevó al tribunal a “concluir que en el trámite sucesorio dicho requerimiento no es un requisito necesario para la validez del proceso”.

Consideraciones

1. Confrontada la sentencia recurrida con el contenido del cargo, la Corte, ante todo, precisa que el tribunal no negó la pretensión de nulidad absoluta de que se trata, sobre la base de no haberse acreditado en la mortuoria de la causante Ligia Restrepo de Cabo, la existencia de la heredera María Eugenia del Rosario Cabo Restrepo, hermana de quien promovió dicho trámite, el ahora demandado, a efectos de requerirla para que aceptara o repudiara la asignación.

La decisión, según se observa, se fundamentó en algo enteramente distinto, como que ese requisito, por las circunstancias que adujo, no era un presupuesto necesario para la validez de la partición y adjudicación de bienes.

2. En ese orden, el sentenciador, sin más, no pudo incurrir en los yerros que se le imputan, porque una cosa es negar determinada pretensión, por no haberse acreditado los supuestos de hecho, y otra, distinta, llegar a ese mismo resultado, pero a partir de considerar que las circunstancias fácticas acreditadas, no se subsumían en la respectiva hipótesis normativa, cuyas consecuencias jurídicas se perseguían.

Si el tribunal, por lo tanto, encontró que la notificación del asignatario ausente, para los fines indicados, no era una formalidad que las leyes prescribían para la validez del acto jurídico de que se trata, el error, entonces, no habría que buscarlo en los hechos y en las pruebas del proceso, sino en las razones que se blandieron con ese propósito.

En concreto, al ser cierto que en el proceso de sucesión se acreditó la existencia de otra asignataria de igual derecho, solo que quien lo promovió no solicitó el requerimiento para los efectos en mención, no era acertado concluir, en sentir de los recurrentes, que esa diligencia era “una facultad que puede ejercerse o no por quien tenga interés”, porque esa no era la única posibilidad que para su realización preveía la ley.

Ahora, como ese planteamiento es netamente jurídico, el camino escogido en el cargo no es el idóneo para elucidarlo, porque ello supone, en principio, que el tribunal no pasó por alto en el proceso de sucesión, así sea implícitamente, la prueba de la existencia de la asignataria y la ausencia de petición de reconvención para los fines señalados.

3. Además, al margen del requerimiento dicho, distinto es que al acreditarse que en el proceso de sucesión no participó el otro asignatario concurrente, o por lo menos que la partición y adjudicación de bienes no le era oponible, se pudiere interpretar la demanda genitora del proceso en el sentido de que la acción propuesta no se refería tanto a la nulidad absoluta de ese acto jurídico, como se nominó expresamente, sino a la acción de petición de herencia, pero como nada de eso fue planteado, la Corte no puede proceder de oficio, dado el carácter estricto y dispositivo del recurso de casación.

4. El embate, por lo tanto, resulta infundado.

Cargos primero y segundo

1. En ambos cargos se denuncia la violación directa de las mismas normas enunciadas en el cargo tercero, en general, bajo una misma argumentación, solo que el primero por interpretación errónea y el segundo por falta de aplicación.

2. Común a ambas censuras, los recurrentes sostienen que cuando no media petición de parte y la prueba de la existencia de un asignatario ausente la conoce el juez, resulta equivocado concluir que la notificación para aceptar o repudiar la asignación se torna en una mera “facultad que puede ejercerse o no por quien tenga interés en el proceso de sucesión”, razón por la cual esa diligencia no era un “requisito necesario para la validez de la partición y adjudicación, ni tampoco para la validez del proceso de sucesión”.

En ese caso, afirman los impugnantes, el requerimiento oficioso se imponía, pues lo contrario implicaría limitar al juez el poder de dirección de la actividad judicial, en función protectora de los derechos sustanciales, y a dejar al heredero que no ha comparecido a la voluntad y capricho de otro interesado, proceder que “deviene contrario al debido proceso que comprende la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio, la garantía a la defensa y a la asistencia de un abogado”.

3. Solicitan, en consecuencia, los recurrentes, según se trate de interpretación errónea o de falta de aplicación, que se case la sentencia del tribunal y que se proceda de conformidad.

Consideraciones

1. La interpretación errónea de un precepto sustantivo supone que el sentenciador lo aplicó, solo que con un entendimiento que no correspondía, pues al decir de la Sala, “interpretar erróneamente un precepto legal es, pues, en casación, aplicarlo al caso litigado por ser el pertinente, pero atribuyéndole un sentido o alcance que no le corresponde. De consiguiente, el quebranto de una norma sustancial, en la especie de interpretación errónea, excluye la falta de aplicación de la misma; y excluye igualmente la aplicación indebida, porque en el caso del yerro hermenéutico se aplica la disposición legal que corresponde, pero con una inteligencia que no puede dársele, en tanto que en la aplicación indebida se emplea el precepto que no corresponde al caso litigado”(1).

Por lo tanto, al ser incompatibles las dos acusaciones, la Corte, con fundamento en lo previsto en el artículo 51, numeral 4º del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, limitará el estudio al concepto de la violación por interpretación errónea, considerando que es el que guarda relación con el fallo atacado, porque el tribunal expresamente se refirió a los artículos 1289 del Código Civil y 591 del Código de Procedimiento Civil, que son los que gobiernan el requerimiento del asignatario para que acepte o repudie la asignación deferida, punto toral de la controversia, y porque al decir que, en todos los casos, pues no hizo ninguna limitación, su aplicación es facultativa, ello denota que esas normas de manera alguna fueron pasadas por alto.

2. La nulidad absoluta del trabajo de partición y adjudicación de bienes, y de la respectiva sentencia aprobatoria, se fundamentó, como se recuerda, en que en la sucesión de Ligia Restrepo de Cabo, se tramitó sin la “comparecencia” de María Eugenia del Rosario Cabo Restrepo, fallecida en el transcurso del proceso, hija legítima de aquella, a su vez madre de los actores, pese a que la condición de tal fue probada por el demandado Alejandro Ignacio Guillermo Mauricio Cabo Restrepo, quien al informar ese hecho se abstuvo de solicitar la reconvención de que se trata.

Aunque lo anterior es cierto, conviene precisar que el tribunal negó la pretensión en comento, porque la diligencia dicha no constituía “un hecho de los que la ley considera necesario para la validez de la partición y adjudicación”, al punto que, según lo explicó, era potestativa. En cambio, en la acusación se sostiene, en términos generales, que el sentenciador recortó el alcance de las disposiciones citadas, porque esa tesis era de recibo únicamente cuando las mencionadas circunstancias no aparecían en el proceso de sucesión, pero no en los casos en que el juez competente las conocía.

3. Sin embargo, aquí no hay lugar a elucidar si en algunos casos el requerimiento del asignatario ausente para que acepte o repudie la asignación deferida, sea que se conozca o no su paradero, es inquisitivo, porque inclusive en la hipótesis de aceptar que el juez no puede ser un convidado de piedra cuando a sus ojos tiene la prueba de la existencia de otros herederos que no han comparecido, su falta de citación, con esos propósitos, no es un requisito o formalidad de validez del trabajo de partición y adjudicación de bienes, y de la sentencia aprobatoria, dado que ninguna norma positiva, que es el condicionante para el efecto, según el artículo 1741 del Código Civil, así lo exige.

Lo ideal, desde luego, es que el proceso de sucesión surta su trámite con la presencia de todos los interesados que, concurrentemente, son llamados por la ley a recoger la herencia, porque con ello no solo se asegura el ejercicio de sus derechos, sino que esa intervención evita que los asignatarios que se hicieron presentes se vean expuestos por los ausentes a soportar los riesgos de una acción de petición de herencia.

El problema planteado, entonces, no sería de nulidad absoluta, sino de eficacia de la partición y adjudicación de bienes, y de la sentencia aprobatoria de la misma, en cuanto debido a sus alcances relativos, no podría oponerse a los que no participaron en su elaboración. En ese caso, en palabras de la Sala, a ellos “obviamente le es inoponible el acto partitivo llevado a cabo (…) en el proceso de sucesión”, toda vez que “no puede vincular a quien fue extraño a esa actuación y que ante esa circunstancia no puede mantenerse en pie, pues se hace equitativo e imperioso realizarlo de nuevo”(2).

4. En ese orden de ideas, con independencia de que la notificación para aceptar o repudiar la herencia, en algunos casos, como se sostiene, sea obligatorio, el tribunal no pudo incurrir en ningún error iuris in judicando, derivado de errónea interpretación de las normas que gobiernan la materia, al concluir que esa diligencia no constituía “un hecho de los que la ley considera necesario para la validez de la partición y adjudicación”.

De una parte, porque como quedó explicado, el requerimiento en cuestión, sea a solicitud de parte o de oficio, no se encuentra consagrado en la ley como requisito o formalidad de validez del referido acto jurídico ni de la respectiva sentencia aprobatoria; y de otra, porque la omisión alegada en manera alguna pudo desconocer los derechos de la madre de los demandantes, respecto de la sucesión de su progenitora, por el contrario, los protege, dado que desde el punto de vista sustancial y procesal, esas actuaciones, en lo desfavorable, le son totalmente inoponibles, quedándoles, por lo tanto, expedito el camino de la acción de petición de herencia, distinta en todo caso de la nulidad absoluta, consagrada, como se explicó en el antecedente antes citado, para que el heredero pueda reclamar, “ya sea en forma excluyente la universalidad de los bienes que integran el patrimonio de su causante ocupados por otra u otras personas que alegan también título de herederos, ya para concurrir con ellos en la cuota que le corresponde de acuerdo con los órdenes sucesorales”.

5. Los cargos primero y segundo, en consecuencia, con las limitaciones dichas, no se abren paso.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 19 de noviembre de 2007, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia, en el proceso ordinario de Lucas, Pau y Bru Soler Cabo contra Alejandro Ignacio Guillermo Mauricio Cabo Restrepo.

Las costas en casación corren a cargo de los demandantes recurrentes. Tásense.

Cópiese, notifíquese y devuélvase, en su oportunidad, el expediente al tribunal de origen para lo pertinente».

(1) Sentencia de 5 de noviembre de 2002, expediente 6717, reiterando doctrina anterior.

(2) Sentencia 31 de octubre de 1995 (CCXXXVII-1316), reiterando doctrina anterior.