Sentencia 2001-00721 de agosto 9 de 2013

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Proceso: 25000232600020010072101

Número Interno: 31959

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Justiniano Herrera y otro

Demandado: Dirección ejecutiva de administración judicial —rama judicial— y otra

Referencia: Acción de reparación directa. Apelación de sentencia

Bogotá, D.C., nueve de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VII. Consideraciones.

La Sala confirmará la sentencia proferida por el tribunal a quo pero modificará el monto de los perjuicios reconocidos, para lo cual abordará el estudio de los siguientes aspectos: 1) La competencia; 2) El ejercicio oportuno de la acción; 3)Elementos de prueba válidos y relevantes allegados al proceso; 4) Régimen jurídico aplicable; 5) La determinación de la responsabilidad penal de los demandantes; 6) la determinación de la responsabilidad estatal en el caso concreto; 7) Indemnización a la parte actora y, 8) Costas.

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora y la entidad demandada en contra de la sentencia proferida el 7 de julio de 2005 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado(12), sin tener en cuenta la cuantía del proceso.

2. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984(13), la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

En los casos en los cuales se ejerce la acción de reparación directa con fundamento en la privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad o la providencia absolutoria queda ejecutoriada lo último que ocurra. Al respecto, ha manifestado la Sala:

“Dicha acción cuando se fundamente en la privación de la libertad o en el error judicial puede promoverse solo dentro del término de dos (2) años (salvo que se haya acudido previamente a la conciliación prejudicial que resultó frustrada) contados a partir del acaecimiento del hecho que causó o que evidenció el daño, es decir a partir de la eficacia de la providencia judicial que determinó la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la detención preventiva o la decisión judicial, pues solo a partir de este momento se hace antijurídica la situación del privado de la libertad o se concreta la ocurrencia del error judicial.

Para la Sala no hay lugar a plantear ningún cuestionamiento en relación con el momento a partir del cual se debe empezar a contar el término de caducidad de la acción de reparación directa, cuando lo que se persigue es la reparación del perjuicio causado con la privación injusta de la libertad. En este evento, tal como lo señala el apelante, el conteo de ese término solo puede empezar cuando está en firme la providencia de la justicia penal...”(14) (se destaca).

Con fundamento en lo anterior es dable insistir en que el término de caducidad de la acción de reparación directa en los casos en los cuales se invoca la privación injusta de la libertad, se cuenta a partir de la ejecutoria de la providencia en la cual se determina la absolución o preclusión de la investigación en favor del procesado(15).

En el sub examine la responsabilidad administrativa que se impetra en la demanda se origina en los daños sufridos por los demandantes con la privación de la libertad de que fueron objeto, en esta oportunidad el término de caducidad debe empezarse a contar desde la ejecutoria de providencia de segunda instancia de confirmó la preclusión de la investigación seguida contra los actores, esto es el 18 de mayo de 1999(16), pues conforme lo regla el artículo 197 del Decreto 2700 de 1991, se alcanza día dicha al no proceder recurso alguno en su contra, lo que significa que los demandantes tenían hasta el día 18 de mayo de 2001 para presentar oportunamente la demanda y, como ello se efectuó el 30 de marzo de 2001(17), resulta evidente que la acción se ejercitó dentro del término previsto para ello.

3. Elementos de prueba válidos y relevantes allegados al proceso.

(i) Se allegaron al proceso los siguientes registros civiles:

— Copia auténtica del original del registro civil de nacimiento de Justiniano Herrera(18), con el que se demuestra que es “hijo natural” de la señora María Luisa Herrera Riveros, sin que figure anotación del nombre del padre.

— Copia auténtica del registro de defunción de la señora María Luisa Herrera de Ardila, según el cual su muerte acaeció el 21 de marzo de 1999(19).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Néstor Herrera Díaz, según el cual tal hecho ocurrió el 5 de agosto 1982 y se indica es hijo de Justiniano Herrera y María Eucaris Díaz(20).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Viky Janneth Herrera Díaz ocurrido el 10 de octubre de 1985 y en el que se indica que es hija de Justiniano Herrera y María Eucaris Díaz(21).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Carlos Andrés Herrera Díaz, según el cual nació el 27 de abril de 1980 y es hijo de Justiniano Herrera y María Eucaris Díaz(22).

— Copia auténtica del acta de matrimonio celebrado entre Luis Felipe Beltrán y Ana Raquel Jiménez el 3 de febrero de 1947(23).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Salatiel Beltrán Jiménez, según el cual tal hecho ocurrió el 8 de abril de 1960 y en donde se indica que es hijo de Luis Felipe Beltrán y Ana Raquel Jiménez(24).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Marisabel Beltrán Landázuri, según el cual nació el 18 de noviembre de 1997 y es hija de Miriam María Landázuri y Salatiel Beltrán Jiménez(25).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Rosa Inés Beltrán Jiménez, que indica haber nacido el 17 de febrero de 1950 y que es hija de Luis Felipe Beltrán y Ana Raquel Jiménez(26).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Ana Leonor Beltrán Jiménez según el cual habría nacido el 22 de septiembre de 1956 y es hija de Luis Felipe Beltrán y Ana Raquel Jiménez(27).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Carmenza Beltrán Jiménez que indica que nació el 26 de agosto de 1961 y es hija de Luis Felipe Beltrán y Ana Raquel Jiménez(28).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Gloria Aurora Beltrán Jiménez que indica que nació el 26 de mayo de 1965 y es hija de Luis Felipe Beltrán y Ana Raquel Jiménez(29).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Blanca Dolores Beltrán Jiménez, según el cual nació el 27 de marzo de 1970 y es hija de Luis Felipe Beltrán y Ana Raquel Jiménez(30).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Jorge William Beltrán Jiménez que indica que nació el 16 de enero de 1967 y es hijo de Luis Felipe Beltrán y Ana Raquel Jiménez(31).

— Original auténtica del registro civil de nacimiento de José Alfredo Beltrán Jiménez ocurrido el 12 de diciembre de 1979 como hijo de Luis Felipe Beltrán y Ana Raquel Jiménez(32).

— Copia auténtica del registro civil de matrimonio de Salatiel Beltrán Jiménez y Esperanza Benavides Granados, realizado el 16 de junio de 1997(33).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Daniela Beltrán Benavides ocurrido el 16 de marzo de 1998 donde se reporta como hija de Esperanza Benavides Granados y Salatiel Beltrán Jiménez(34).

(ii) Con referencia al desempeño laboral de los demandantes, se aportaron los siguientes documentos:

— Original de la “Mención honorífica” que el director del Inpec otorgó a Justiniano Herrera por el ejemplar comportamiento demostrado en el periodo de 1996 a 1999(35).

— Original de la felicitación que el subdirector del comando superior del Inpec da a Justiniano Herrera por “la magnífica prestación de sus servicios, por su espíritu de trabajo y responsabilidad al frustrar dos fugas”.

— Original del oficio fechado el 25 de agosto de 1995 por el cual el subdirector de la Cárcel del Distrito Judicial de Cali presenta a Justiniano Herrera para que entre a conformar el grupo elite de la institución(36).

— Original de la constancia laboral donde se da cuenta que Justiniano Herrera labora en el Inpec desde el 13 de septiembre de 1977(37).

— Copia de la Resolución 3873 del 15 de junio de 1995, por la cual el Inpec otorga a Justiniano Herrera el distintivo por los “servicios distinguidos”(38).

(iii) Original del certificado expedido por la división de gestión humana del Inpec donde hace saber que “mediante resolución enviada por la Fiscalía General de la Nación se ordenó la preclusión de la investigación a favor del señor Justiniano Herrera, reintegrado al Inpec por Resolución 3339 del 31 de julio de 1997, por lo que se hace necesario efectuar el pago de los emolumentos adeudados durante el tiempo de suspensión” razón por la cual le cancelaron la suma de $ 9.612.080 por el lapso que va del 18 de enero de 1996 al 4 de agosto de 1997(39) (se destaca).

(iv) Original de la constancia dada por el centro de reclusión de la Policía Nacional donde se da cuenta que Justiniano Herrera ingresó a dicho establecimiento el 19 de enero de 1996, sindicado por el delito de fuga de presos con boleta de encarcelación S-16-012 de la dirección regional de fiscalías(40) y que salió en libertad el 22 de abril de 1997, según boleta de libertad 101788 beneficio otorgado por la fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional.

(v) Original de la constancia firmada por Doris Molina Reyes quien en su condición de rectora del “Liceo Adolfo León Gómez” de Santafé de Bogotá, da a conocer que los alumnos Carlos Andrés Herrera Díaz y Néstor William Herrera Díaz cursaban satisfactoriamente los grados noveno y sexto, respectivamente, en dicho plantel educativo y que debieron retirarse debido al no pago de las mensualidades correspondientes ante la privación de la libertad de su padre(41).

(vi) Originales de las consultas que con la psicóloga del Centro Radiológico Teusaquillo, Clínica Páez y del Centro Politécnico del Olaya asistió Justiniano Herrera(42).

(vii) Original de la constancia del centro de reclusión de la Policía Nacional donde se hace saber que:

“... el señor Salatiel Beltrán Jiménez (...) ingresó a este establecimiento carcelario el diecinueve (19) de enero de mil novecientos noventa y seis (1996) sindicado del delito de fuga de presos a órdenes de la dirección regional de fiscalías, con boleta de encarcelación S-16-011 (proceso 27689) (...) y salió con libertada provisional el veintidós (22) de abril de mil novecientos noventa y siete (1997), beneficio otorgado por la fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional, según boleta 101787. Permaneciendo físicamente un (1) año, tres (3) meses y tres (3) días”(43) (se destaca).

(viii) El Centro de Reclusión de la Policía Nacional, a solicitud del tribunal de instancia, certificó que:

“... los señores Justiniano Herrera y Beltrán Jiménez Salatiel, estuvieron recluidos en esta establecimiento carcelario desde el día 19 de enero de 1996 y salieron con libertad provisional el 22 de abril de 1997, según lo dispuesto por la fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional”.

(ix) A solicitud del a quo atendiendo la petición que incoara la parte actora(44), el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, remitió copia auténtica e integral del expediente adelantado contra los aquí demandantes dentro del cual y de cara a los hechos analizados por esta instancia, se encuentran las siguientes decisiones judiciales que interesan a la presente causa:

— Con providencia del 16 de enero de 1996(45), la Fiscalía Regional de Bogotá declaró abierta la instrucción y vinculó al proceso a los aquí demandantes. Por ello Salatiel Beltrán Jiménez y Justiniano Herrera rindieron indagatoria el 19 de enero de 1996(46).

— El citado despacho judicial, en providencia del 25 de enero de 1996, decidió “proferir medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, sin beneficio de libertad provisional, contra: (...) Salatiel Beltrán Jiménez (...) y Justiniano Herrera”(47), justificándose la imposición de la medida a Beltrán Jiménez con las siguientes consideraciones:

“Pero en las horas de la tarde cuando estaba de apoyo en el mismo puesto y teniendo a su disposición el radio de comunicaciones, no reporta la llegada del carro, no exige autorización de ingreso y en últimas estuvo prácticamente ausente de su deber, porque si bien es cierto que ya no era titular del puesto, eso no le exonera del deber de cuidado en la vigilancia dado que precisamente apoyo significa cubrir, auxiliar y colaborar con el compañero en la tarea de encomendada, de su injurada se infiere una completa negligencia en el cumplimiento de su responsabilidad y esta conducta se inscribe en la inobservancia de reglamentos que influyó en el favorecimiento de la fuga de Santacruz Londoño”(48).

Por su parte, para justificar la imposición de la medida a Justiniano Herrera, se consideró que el implicado:

“... no correspondió a las expectativas de comportamiento que de él era eran exigibles como miembro de guardia del cuerpo elite del pabellón de alta seguridad y con su conducta aportó un eslabón al éxito del plan de fuga, de tal forma hay un compromiso en la infracción de la ley cuyo señalamiento provisional se ha enunciado”.

— La procuraduría delegada para el Ministerio Público en asuntos penales, rindió concepto “pre-calificatorio” y, en relación con la situación jurídica de los demandantes, manifestó:

“Esta agencia especial, tal como lo expresó en su concepto previo a la definición de la situación jurídica de los implicados, quiere hacer hincapié en que estos incriminados no tenían ninguna responsabilidad en el control de entrada y salida de vehículos, ni del secretario de la Fiscalía, cuyas entradas estaban bajo la responsabilidad de la dirección del penal, la cual se abrogó el director del pabellón de alta seguridad, el propio Santiago Badillo que dio las órdenes de control Nº 1 o guardia interna y de la garita Nº 1 quienes atendían estos menesteres.

(...).

Así que estos funcionarios del Inpec, ni siquiera estaban en la ruta de fuga de Santacruz Londoño y aunque vieron pasar el campero de vidrios polarizados, no estaban a su paso sino a un lado y separados por una reja.

Hoy es aún más clara la falta de compromiso de Herrera y Beltrán, pues con inspección judicial realizada por el señor Fiscal del CTI durante su comisión y a pedido del Ministerio Público, se establecieron diáfanamente las circunstancias que se anotan.

Lo anterior amerita para esta agencia fiscal que se precluya la investigación contra Justiniano Herrera y Salatiel Beltrán como se le solicita al señor fiscal y por consiguiente se abstenga presentar cargos en su contra”(49).

— Mediante providencia del 13 de abril de 1996(50), se dictó contra los implicados, resolución de acusación(51), contra ella el Ministerio Público interpuso recurso de apelación(52), el cual al ser desatado por la fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional(53) que decretó la nulidad parcial “a partir de la resolución que decretó el cierre dela investigación” respecto de los aquí demandantes, “por haber incurrido en irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso” y, al ser reconstruida la actuación procesal, el Ministerio Público rindió concepto antes de la calificación del mérito del sumario reiterando lo expuesto en precedencia al considerar que no ha variado el estado probatorio de cara a la responsabilidad de los implicados(54). En la misma providencia se les concedió el beneficio de la libertad provisional, previa constitución de garantía prendaria equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes y la suscripción de la diligencia de compromiso.

— Reconstruido el trámite procesal, la Fiscalía en providencia del 26 de octubre de 1999(55), decidió “declarar la preclusión” en favor de los aquí demandantes(56) y frente a su participación en los hechos se argumentó:

“5-6 Justiniano Herrera y Salatiel Beltrán: guardias de la penitenciaria La Picota encargados de las puertas que dan acceso al reclusorio por donde entran los peatones (visitantes, abogados, empleados del penal etc.) no tuvieron ninguna acción u omisión en relación con el vehículo y presuntos funcionarios judiciales, es decir que su sitio de trabajo no estaba en la ruta de fuga de Santacruz, razón por la cual mal podría esta delegada llamarlos a responder en juicio criminal por hechos que efectivamente aparece demostrado en el plenario que estos no lo cometieron” (se destaca)(57).

(x) La jefe de la unidad delegada ante los jueces penales del circuito especializada(58) certificó el trámite dado al proceso penal adelantado contra los demandantes y precisó en relación con el goce efectivo de la libertad de estos que:

“En el numeral segundo de la precitada resolución [hace referencia a la fechada el 13 de abril de 1997], la fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional, concede el beneficio de excarcelación a Justiniano Herrera, Salatiel Beltrán y otros, previa consignación de garantía prendaria y suscripción de diligencia de compromiso, la cual se suscribió por cada uno de los vinculados el 22 de abril de 1997”(59) (se destaca).

(xi) El tribunal de instancia recibió la declaración de la señora Doris Molina de Reyes(60), quien en su calidad de directora del Colegio Liceo “Adolfo León Gómez” refirió que el señor Justiniano Herrera matriculó a sus hijos en dicho plantel educativo y que estos tuvieron inconvenientes sicológicos y económicos cuando su padre fue privado de la libertad, pero que después de seis meses de no poder cancelar las pensiones se realizó una recolecta para dotarlos de mercado y se les concedió un plazo para que pagaran las mensualidades atrasadas, no obstante lo cual la situación se tornó tan grave que terminaron retirados del plantel educativo, sin que tenga conocimiento posterior de cuál fue la suerte de los niños.

Resaltó que el colegio acompañó a los niños prestándoles asesoría psicológica e igualmente, en varias oportunidades, les ayudó económicamente convocando a los estudiantes para que les suministraran elementos para su alimentación.

(xii) Copia autenticada por la división de recursos humanos de las hojas de vida de los actores, las cuales conforman el cuaderno de anexos Nº 3.

4. El régimen de responsabilidad.

Previamente al análisis de los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, en relación con la imputación jurídica del daño, debe decirse que la Sala Plena de la Sección, en sentencia de 19 de abril de 2012(61), unificó su posición para señalar que, al no existir consagración constitucional de ningún régimen de responsabilidad en especial, corresponde al juez encontrar los fundamentos jurídicos de sus fallos, por lo que los títulos de imputación hacen parte de los elementos argumentativos de la motivación de la sentencia. En este sentido se expuso:

“En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia”.

Aquí falta incorporar especificidades de la imputación por privación injusta. Mira otros que van para esta sala y que fueron en las anteriores [sic]

En consonancia con lo anterior, resulta acertado precisar que la demanda de la referencia tiene por objeto la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado, por razón de la privación injusta de la libertad a la cual fueron sometidos los señores Justiniano Herrera y Salatiel Beltrán Jiménez desde el 19 de enero de 1996 hasta el 22 de abril de 1997.

Tomando como referencia los citados extremos temporales, se evidencia que para la decisión de los hechos debe tenerse en consideración tanto lo dispuesto en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 por ser la norma vigente al momento de la captura de los actores, pero también bajo el marco normativo establecido en la ley estatutaria de administración de justicia que entró el regir el 7 de marzo de 1996, por cuanto, conforme lo sostiene la jurisprudencia de la Sala el acaecimiento del daño se configura con la ejecutoria de la providencia que determinó la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la detención ya que solo a partir de este momento se torna antijurídica la situación del privado de la libertad o se concreta la ocurrencia del error judicial y tal como anotó, ello ocurrió el 18 de mayo de 1999, fecha en la cual ya se encontraban vigentes las disposiciones estatutarias reglamentarias del tema.

En este sentido debe tenerse presente que el texto del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, dispone:

“ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave” (se destaca).

Por su parte el artículo 65 de la Ley 270 de 1996, prescribe lo siguiente:

“ART. 65.—De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad” (se destaca).

Respecto de la norma legal transcrita, la Sala ha considerado que su interpretación no se agota con la declaración de la responsabilidad del Estado por detención injusta cuando esta sea ilegal o arbitraria(62), sino que se ha determinado que las hipótesis de responsabilidad objetiva, también por detención injusta, mantienen vigencia para resolver de la misma forma la responsabilidad del Estado derivada de privaciones de la libertad. Significa lo anterior que desde lo reglado por el artículo 414 del decreto citado y después con la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, debe entenderse que cuando una persona privada de la libertad sea absuelta o precluida la investigación penal seguida en su contra dichas circunstancias se constituyen en eventos de detención injusta(63) y ello en virtud de la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, prevista en el artículo 90 de la Constitución Política. En tal sentido, la Sala, mediante sentencia del 2 de mayo de 2007, precisó:

“Como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hipótesis precisada por el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en la cual procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado por detención injusta, en los términos en que dicho carácter injusto ha sido también concretado por la Corte Constitucional en el aparte de la Sentencia C-03[7] de 1996 en el que se analiza la exequibilidad del proyecto del aludido artículo 68 —y que se traduce en una de las diversas modalidades o eventualidades que pueden generar responsabilidad del Estado por falla del servicio de administración de justicia—, esa hipótesis así precisada no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los que el Estado deba ser declarado responsable por el hecho de haber dispuesto la privación de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigación penal, siempre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

Tal es la interpretación a la que conducen no solo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1997, mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la ley estatutaria de la administración de justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado —a la que se hizo referencia en apartado precedente— ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la administración de justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996”(64).

Ahora bien, ciertamente la Sala en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y aplicar el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal(65). En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado históricamente en cuatro distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente(66).

En una primera etapa, la Sala sostuvo que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamentaba en el error judicial que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene toda autoridad judicial de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso y sin que resulte relevante el estudio de la conducta del juez o magistrado a efecto de establecer si la misma estuvo caracterizada por la culpa o el dolo(67). Bajo este criterio, la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva se tenía como una carga que todas las personas tenían el deber de soportar(68).

Posteriormente, una segunda postura indicó que la carga procesal de demostrar el carácter injusto de la detención con el fin de obtener la indemnización de los correspondientes perjuicios —carga consistente en la necesidad de probar la existencia de un error de la autoridad jurisdiccional al ordenar la medida privativa de la libertad— fue reducida solamente a aquellos casos diferentes de los contemplados en el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal(69), pues en relación con los tres eventos señalados en esa norma legal se estimó que la ley había calificado de antemano que se estaba en presencia de una detención injusta(70), lo cual se equiparaba a un tipo de responsabilidad objetiva, en la medida en que no era necesario acreditar la existencia de una falla del servicio(71).

En un tercer momento, tras reiterar el carácter injusto atribuido por la ley a aquellos casos enmarcados dentro de los tres supuestos previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, se agregó la precisión de acuerdo con la cual el fundamento del compromiso para la responsabilidad del Estado en estos tres supuestos no es la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que esta no tiene la obligación jurídica de soportarlo(72), reiterando que ello es así independientemente de la legalidad o ilegalidad del acto o de la actuación estatal o de que la conducta del agente del Estado causante del daño hubiere sido dolosa o culposa(73).

Finalmente, en una cuarta etapa, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente, a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio in dubio pro reo, de manera tal que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima hubiera dado lugar a que se profiriera, en su contra, la medida de aseguramiento(74).

Estas últimas tesis han estado fundadas en la primacía de los derechos fundamentales, en la consecuente obligación estatal de garantizar el amparo efectivo de los mismos y en la inviolabilidad de los derechos de los ciudadanos entre los cuales se cuenta, con sumo grado de importancia, el derecho a la libertad. En relación con estos aspectos, la Sala, en sentencia proferida el 4 de diciembre de 2006, precisó:

“Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado social y democrático de derecho la persona —junto con todo lo que a ella es inherente— ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquel y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas (...).

Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia del interés general constituye uno de los principios fundantes del Estado —a voces del artículo 1º in fine de la Constitución Política—, no lo es menos que el artículo 2º de la propia Carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la protección de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización del interés general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que la salvaguarda de estas forma parte, igualmente, del contenido teleológico esencial con el que la norma fundamental programa y limita la actividad de los distintos órganos del Estado, esa protección de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte del interés general (...).

De ahí que los derechos fundamentales se configurasen como límites al poder(75) y que, actualmente, se sostenga sin dubitación que el papel principal del Estado frente a los coasociados se contrae al reconocimiento de los derechos y libertades que les son inherentes y a ofrecer la protección requerida para su preservación y respeto(76). No en vano ya desde la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1798(77), en su artículo 2º, con toda rotundidad, se dejó consignado:

‘ART. 2º—El fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión’.

Después de la vida, el derecho a la libertad constituye fundamento y presupuesto indispensable para que sea posible el ejercicio de los demás derechos y garantías de los que es titular el individuo. No es gratuito que, en el catálogo de derechos fundamentales contenido en el capítulo 1 del título II de la Constitución Política, inmediatamente después de consagrar el derecho a la vida —artículos 11 y 12— se plasme el derecho a la libertad. La garantía de la libertad es, a no dudarlo, el principal rasgo distintivo entre las formas de estado absolutistas, totalitarias y el Estado de derecho.

Todo lo expuesto impone, ineludiblemente, la máxima cautela antes de calificar cualquier limitación a la libertad, como una mera carga pública que los individuos deben soportar por el hecho de vivir en comunidad”.

Así las cosas, se tiene que el ordenamiento jurídico colombiano, orientado por la necesidad de garantizar de manera real y efectiva los derechos fundamentales de los ciudadanos, no puede escatimar esfuerzos que conlleven al aseguramiento y disfrute de esos derechos. Es por lo anterior que no puede aceptarse que los administrados estén obligados a soportar como una carga pública la privación de la libertad y que, en consecuencia, se deban aceptar como un beneficio gracioso que posteriormente la medida sea revocada. No, en los eventos en que ello ocurra y se configuren condiciones previstas, tanto por las normas positivas como en la jurisprudencia, el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo hubiere privado del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues esa es una carga que ningún ciudadano está obligado a soportar por el solo hecho de vivir en sociedad.

Ahora bien teniendo en consideración que corresponde a la Sala atender lo debatido en los recursos de apelación interpuestos, se aborda, en primera medida lo alegado por la Fiscalía General de la Nación quien solicitó ser exonerada de la responsabilidad declarada por el a quo; como segundo tópico se analizara lo reclamado por la parte actora en relación con el monto de los perjuicios reconocidos.

5. La determinación de la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación.

Aunque la investigación penal a la que estuvieron vinculados los actores se inició como consecuencia de un hecho de trascendencia nacional, como fue la fuga de uno de los narcotraficantes más buscados en el país y que producto de ello el Estado debía adoptar los correctivos a fin de sancionar a los responsables de haberle colaborado en su fuga, resulta necesario dejar claro que el ius puniendi o derecho a castigar es el derecho que corresponde al Estado para crear y aplicar el conjunto de normas penales(78). El ejercicio exclusivo del ius puniendi por parte del Estado se constituye en garantía de la sociedad, “en cuanto esta requiere que sean perseguidas y sancionadas aquellas conductas que la afectan colectivamente, bien por atentar contra bienes jurídicos estimados valiosos, ya por causar daño a los derechos de los asociados”(79), pero también constituye una garantía de los derechos fundamentales del individuo, en cuanto el ejercicio de este poder se encuentra sometido a “los principios de estricta legalidad, presunción de inocencia, proporcionalidad, razonabilidad, igualdad y responsabilidad por el acto”(80).

En el Estado social de derecho el recurso al ius puniendi se ha considerado como la ultima ratio, cuando no hay medidas menos restrictivas de los derechos fundamentales que tengan la aptitud para brindar protección al bien jurídico agraviado.

La elección de esa medida para la protección de un determinado interés social corresponde al legislador, que como representante de la voluntad general es el llamado “a fijar los lineamientos de la política que en materia criminal ha de aplicarse para posibilitar la convivencia pacífica en sociedad y para asegurar la defensa de los valores, derechos y garantías ciudadanas, tomando como referente válido las circunstancias históricas del momento y las diversas situaciones de orden coyuntural que se generan al interior de la comunidad, atribuibles a una dinámica social, política, económica e incluso cultural de permanente cambio y evolución”(81), así como diseñar los procedimientos para el juzgamiento de tales conductas, garantizando el respeto por los derechos fundamentales de los sindicados.

Es por ello que el ejercicio de esa potestad sancionadora posee límites constitucionales, entre otros, en los artículos 4º, 11, 12, 17, 29, 31, 34 y 228, que establecen los valores, principios, reglas y presupuestos sustanciales y procedimentales, que comportan una garantía para el individuo frente al gran poder que tiene el Estado para limitar sus derechos. Así, en razón de estas normas, no podrá el legislador sancionar conductas constitucionalmente excluidas de tipificación penal, ni omitir la criminalización de aquellos comportamientos que, conforme a la Carta y los tratados internacionales que se tornan obligatorios por expresa disposición constitucional, por su gravedad y daño social deben ser objeto de sanción penal; ni imponer penas como la de muerte, la tortura o los tratos crueles, inhumanos o degradantes, el destierro, la prisión perpetua o la confiscación(82).

Es a través de la imposición de la pena como ultima ratio que el Estado atiende su deber de protección social y del individuo, en tanto la misma tiene “un fin preventivo, que se cumple básicamente en el momento del establecimiento legislativo de la sanción, la cual se presenta como la amenaza de un mal ante la violación de las prohibiciones; un fin retributivo, que se manifiesta en el momento de la imposición judicial de la pena, y un fin resocializador que orienta la ejecución de la misma, de conformidad con los principios humanistas y las normas de derecho internacional adoptadas”(83).

Pero, para la imposición de esa pena prevista por el legislador debe adelantarse un proceso judicial, que tiene como finalidad desvirtuar la presunción de inocencia que protege al individuo. Así lo ha señalado la Corte Constitucional:

“Ante la evidencia de que contra la persona se inicia un proceso penal que eventualmente puede culminar en una sentencia en su contra, aquella cuenta con la garantía constitucional que presume su inocencia. Es el Estado el que corre con la carga de la prueba y, en consecuencia, es de su resorte impulsar la actividad procesal orientada a establecer la verdad de los hechos y a desvirtuar, si las pruebas que aporte y que se controvierten a lo largo del proceso se lo permiten, la presunción que favorece al procesado. De allí resulta que este, quien no está en la posición jurídica activa, se halla exento de la carga de la prueba. No debe demostrar su inocencia. Le es lícito, entonces, hacer o dejar de hacer; decir o dejar de decir todo aquello que tienda a mantener la presunción que el ordenamiento jurídico ha establecido en su favor. Y en esa actitud, que es justamente la que el debido proceso protege, le es permitido callar. Más aún, la Constitución le asegura que no puede ser obligado a hablar si al hacerlo puede verse personalmente comprometido, confesar o incriminar a sus allegados”(84).

En este orden de ideas —se concluye para este caso— no le asiste razón a la Fiscalía General de la Nación al alegar que la medida de aseguramiento impuesta a los demandantes, se encontraba justificada en las pruebas que reposan en el plenario, pues desde el inicio de la investigación el Ministerio Público solicitó, en sus plurales intervenciones, abstenerse de restringir la libertad de los implicados al no existir medios de convicción que demostraran su participación en los hechos referidos a la fuga de presos, muy por el contrario advertía que ellos no tenían nada que ver con las circunstancias que permitieron la fuga del señor José Santacruz Londoño, pese a lo cual la entidad demandada los privó de la libertad por el lapso antes precisado.

En efecto, obra en el expediente la copia auténtica e integral(85) del proceso penal que por el delito de favorecimiento en la fuga de presos se adelantó en contra de los aquí demandantes, foliatura que se remitió por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, ante su decreto por parte del a quo atendiendo la solicitud que presentara la parte actora, y desde donde se infiere, sin mayores esfuerzos que la preclusión de la investigación estuvo motivada porque los implicados no lo cometieron, lo cual sirve como argumento suficiente para demostrar que los señores Justiniano Herrera y Salatiel Beltrán Jiménez estuvieron privados de la libertad injustamente desde el 19 de enero de 1996 hasta el 22 de abril de 1997.

Debe recordar la Sala que en casos como este no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: —actuación del Estado, daño antijurídico e imputación—, extremos que están suficientemente demostrados en el expediente, pues fue una decisión de la administración de justicia, emanada de la Fiscalía General de la Nación la que determinó que tuvieran que padecer la limitación a su libertad hasta cuando, algo más de un año después, fue precluida de las imputaciones que le fueron enrostradas por el Estado al momento de la imposición de la medida de aseguramiento, decisión que se correspondió con la circunstancia de no haber podido determinarse por parte de la Fiscalía que fueran responsables del delito por el cual se lo investigó al existir evidencias que no lo cometieron y por ello debe reparar los perjuicios causados a los aquí demandantes, atendiendo los criterios que se explican a continuación.

6. Indemnización de perjuicios.

El punto de apelación de la parte actora se reduce a cuestionar las cuantías reconocidas por perjuicios, limitando su censura a los aspectos que a continuación se presentan.

6.1. En relación con los perjuicios morales.

El apelante reclamó el reconocimiento integral de lo solicitado en la demanda donde exigió por concepto de perjuicios morales el pago de 5000 gramos de oro para los señores Justiniano Herrera y Salatiel Beltrán Jiménez e igual cantidad por perjuicios psicológicos y, para cada una de los demás demandantes, 1000 gramos oro por concepto de perjuicios morales e igual cantidad por perjuicios psicológicos.

De las citadas pretensiones, el a quo reconoció como perjuicios morales a los demandantes la suma de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de la sentencia y a Néstor William Herrera Díaz, Viky Janneth Herrera Díaz y Carlos Andrés Herrera Díaz, en su condición de hijos de Justiniano Herrera, la cantidad de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno. Igualmente a la señora Esperanza Benavides Granados, esposa de Salatiel Beltrán Jiménez y a Marisabel Beltrán Landázuri y Ana Raquel Jiménez de Beltrán, en sus calidades de hija y madre, respectivamente, de Salatiel Beltrán Jiménez la cantidad de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por su parte a Gloria Aurora Beltrán Jiménez, Jorque William Beltrán Jiménez, Rosa Inés Beltrán Jiménez, Ana Leonor Beltrán Jiménez, Carmenza Beltrán Jiménez, José Orlando Beltrán Jiménez y Blanca Dolores Beltrán Jiménez, en su condición de hermanos de Salatiel Beltrán Jiménez, se les reconoció como perjuicios morales la suma de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En relación con el perjuicio moral ha reiterado la jurisprudencia de la corporación que la indemnización que se reconoce a quienes sufran un daño antijurídico, tiene una función básicamente satisfactoria(86) y no reparatoria del daño causado y que los medios de prueba que para el efecto se alleguen al proceso pueden demostrar su existencia pero no una medida patrimonial exacta frente al dolor, por lo tanto, corresponde al juez tasar prudencialmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta la gravedad del daño causado al demandante en virtud del principio de arbitrio iuris. La magnitud del dolor puede ser apreciada por sus manifestaciones externas y por esto se admite para su demostración cualquier tipo de prueba(87).

Igualmente se ha definido en diversos pronunciamientos que la condición personal de la que pende la demostración del daño es la de “damnificado”, puesto que “tanto el parentesco dentro de ciertos grados (padres, hijos y hermanos), como el vínculo matrimonial, hacen presumir tal condición y por consiguiente la legitimación”(88). Se ha explicado igualmente que “en el proceso de reparación directa no interesa la calidad de heredero sino de damnificado y esta se demuestra a lo largo del proceso”(89).

Las diferencias existentes entre esas dos calidades, fueron precisadas por la Sección en sentencia proferida el 1º de noviembre de 1991; así:

“Ha dicho la jurisprudencia, en forma reiterada, que en estos procesos de responsabilidad la indemnización de perjuicios la piden o solicitan los damnificados de la persona fallecida o herida por causa de la falla del servicio, no en su carácter de herederos de esta, sino por el perjuicio que les causó esa muerte o esas lesiones, con prescindencia del mismo vínculo parental que gobierna el régimen sucesoral. En otras palabras, la parte demanda porque fue damnificada y no porque es heredera.

Tan cierto es esto que con alguna frecuencia se niega en estos procesos indemnización al padre, al cónyuge, a los hijos o hermanos, pese a la demostración del parentesco, porque por otros medios se acredita que no sufrieron daño alguno. El caso, por ejemplo, del padre o madre que abandona a sus hijos desde chicos; o del hijo que abandona a sus padres estando estos enfermos o en condiciones de no subsistir por sus propios medios.

En otros términos, lo que se debe probar siempre es el hecho de ser damnificada la persona (porque el hecho perjudicial afectó sus condiciones normales de subsistencia, bien en su esfera patrimonial o moral) y no su carácter de heredera.

El equívoco se creó cuando la jurisprudencia aceptó, para facilitar un tanto las cosas, que el interés de la persona damnificada resultaba demostrado con la prueba del vínculo de parentesco existente entre la víctima y el presunto damnificado.

Esta idea, de por sí bastante clara, creó el equívoco, hasta el punto de que se confundió el interés del damnificado con el del heredero.

Lo anterior hizo que los demandantes se contentaran simplemente con acompañar al proceso las pruebas del parentesco. Y esto, en la mayoría de los casos es suficiente porque la jurisprudencia, por contera, terminó aceptando la presunción de hombre o judicial de que entre padres e hijos o cónyuges entre sí se presume el perjuicio por el solo hecho del parentesco.

Pero fuera de que se han limitado a esas pruebas del estado civil, las han practicado mal o en forma incompleta, lo que ha impedido en muchos eventos reconocer el derecho pretendido porque no se acreditó bien el interés en la pretensión”(90).

Posteriormente, en providencia proferida el día 17 de mayo de 2001(91), se explicó que la ley —artículo 86 del Código Contencioso Administrativo—, en materia de la acción de reparación directa, otorga el derecho de acción a la persona interesada —legitimación de hecho, por activa—, y no condiciona su ejercicio a la demostración, con la demanda, de la condición que se alega en esta, precisamente, porque el real interés es objeto de probanza en juicio —legitimación material por activa—.

De esta manera se precisó —y ahora se reitera— que no se puede confundir la prueba del estado civil con la prueba de la legitimación material en la causa. Cuando la jurisprudencia partió de la prueba del parentesco para deducir, judicialmente, que una persona se halle legitimada materialmente por activa, lo ha hecho porque infiere de la prueba del estado civil —contenida en el registro o en la copia de este—, su estado de damnificado, porque de ese registro infiere el dolor moral. Es por ello que cuando el demandante no acredita el parentesco —relación jurídica civil— y, por tanto, no se puede inferir el dolor, debe demostrar la existencia de este para probar su estado de damnificado y con ello su legitimación material en la causa —situación jurídica de hecho—.

Este entendimiento es congruente con la posición recientemente reiterada por la Sala Plena de la Sección Tercera(92), en el sentido de señalar la necesidad de acreditación probatoria del perjuicio moral que se pretende reclamar, sin perjuicio de que, en ausencia de otro tipo de pruebas, pueda reconocerse con base en las presunciones derivadas del parentesco, las cuales podrán ser desvirtuadas total o parcialmente por las entidades demandadas, demostrando la inexistencia o debilidad de la relación familiar en que se sustentan.

Es así como la Sala acude a la regla de la experiencia que señala que el núcleo familiar cercano se afije o acongoja con los daños irrogados a una de sus miembros, lo cual es constitutivo de un perjuicio moral, por lo que en tratándose de la privación injusta de la libertada de una persona es claro que el dolor se proyecta en los miembros de dicho núcleo familiar, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades(93), siendo claro que, según tales reglas, el dolor de los padres y de los hijos de la víctima directa del daño es, cuando menos, tan grande como el de este.

Ahora bien, aplicando los anteriores lineamientos al caso concreto resulta claro sostener que los perjuicios reconocidos por el a quo se encuentran debidamente soportados con los registros civiles allegados al plenario, tal como quedaron relacionados en el acápite respectivo de esta providencia, toda vez que se acreditó debidamente el vínculo familiar entre los reclamantes y las víctimas, así como las relaciones filiales entre estos y el dolor moral que sufrieron con la privación de la libertad de que fueron objeto.

En estas condiciones, se impone conceder la indemnización solicitada pero fijándola en salarios mínimos legales mensuales vigentes, ya que de acuerdo con lo expresado en sentencia del 2001(94), la Sección abandonó el criterio según el cual se consideraba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980 para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales.

Se ha considerado, en efecto, que la valoración de dichos perjuicios debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y se ha sugerido la imposición de condenas en salarios mínimos legales mensuales por la suma de dinero equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquel se presente en su mayor grado(95), por lo que resulta pertinente reconocer por concepto de indemnización por el daño moral padecido con los hechos a que se refiere la demanda las siguientes sumas, a favor de cada uno de estos demandantes:

— A Justiniano Herrera, el equivalente en pesos a la cantidad de noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de la sentencia.

— A Néstor William Herrera Díaz, Viky Janneth Herrera Díaz y Carlos Andrés Herrera Díaz, hijos de Justiniano Herrera, el equivalente en pesos de la cantidad de noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno, para la fecha de la sentencia.

— A Salatiel Beltrán Jiménez, el equivalente en pesos a la cantidad de noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de la sentencia.

— A Esperanza Benavides Granados, cónyuge de Salatiel Beltrán Jiménez a su menor hija Marisabel Beltrán Landázuri y su señora madre Ana Raquel Jiménez de Beltrán, el equivalente en pesos de la cantidad de noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada una, para la fecha de la sentencia.

— A Gloria Aurora Beltrán Jiménez, Jorque William Beltrán Jiménez, Rosa Inés Beltrán Jiménez, Ana Leonor Beltrán Jiménez, Carmenza Beltrán Jiménez, José Orlando Beltrán Jiménez y Blanca Dolores Beltrán Jiménez, hermanos de Salatiel Beltrán Jiménez, el equivalente en pesos de la cantidad de cuarenta y cinco (45) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno, para la fecha de la sentencia.

La Sala considera que pese a existir un considerable margen de ponderación, por parte del juez, para tasar los perjuicios reclamados, en el sub lite, la anotada cuantificación se funda en el hecho que entre los miembros de la familia, entendida como el núcleo primario de toda sociedad, existe cariño, fraternidad, vocación de ayuda y solidaridad, por lo que la privación injusta de la libertad de algunos de ellos afecta su integridad al verse separado de ella perdiendo así su entorno emocional inmediato, lo que apareja una afectación moral y sentimental de todos sus integrantes, por tanto se está frente a una circunstancia que reviste la dimensión y gravedad suficiente para catalogar de grave la aflicción que padecen los miembros del núcleo familiar del detenido, afectándose, significativamente, la vida ordinaria en la que desarrollaban su existencia, pues los hijos se ven privados del acompañamiento emocional de sus padres y todos los demás ven alteradas sus condiciones vivenciales al no contar con el apoyo de uno de sus filiales, razones más que suficientes para reconocer los perjuicios en la cuantía que se fijó en precedencia.

6.2. Indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente. Reconocimiento de los honorarios cancelados por los demandantes al defensor dentro del proceso penal.

En relación con la negativa a reconocer, como daño emergente, el pago que por honorarios los actores debieron realizar a un abogado para que los representara judicialmente dentro del proceso penal adelantado en su contra, se tiene en el expediente que el defensor de los ahora demandantes, certificó a Justiniano Herrera(96) y Salatiel Beltrán Jiménez(97) que cada uno, y de manera individual, le pagaron la suma de $ 11.100.000, por la defensa en el proceso 27689 que la fiscalía regional de Santafé de Bogotá les adelantó por el presunto delito de fuga de presos.

Además de lo anterior, se pudo comprobar que, efectivamente, el defensor actuó en causa penal, lo que se evidencia al revisar las copias del proceso traídas en debida forma a la presente actuación ya que presentó escrito precalificatorio solicitando la preclusión de la investigación(98), conducta que reiteró con posterioridad a la declaratoria de nulidad parcial(99) y, luego a ello se decretó la terminación de la investigación a favor de los investigados.

Las anteriores razones se conjugan para acceder al reconocimiento indemnizatorio deprecado el cual se liquidará en suma debidamente actualizada, tomando como referente temporal la fecha de la presentación de la demanda, esto es el 30 de marzo de 2001(100), toda vez que no existen elementos de juicio adicionales para inferir la fecha del pago de honorarios y fue este el momento que tal situación se puso en conocimiento del juez; lo que se realizará de acuerdo con la siguiente fórmula:

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Donde:

Vp: Valor actual de la prestación

Vh: capital o suma que se actualiza

Índice final: a la fecha de esta sentencia (IPC junio de 2013)

Índice inicial: marzo de 2001.

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Al valor histórico de la suma que debieron pagar los demandantes por la defensa en el proceso penal se le aplicará un interés del 6% anual desde la fecha en que las constancias fueron puestas en conocimiento del juez de instancia —marzo de 2001— hasta la fecha de esta providencia, toda vez que dicha erogación le causó al demandante el perjuicio de no poder lucrarse con las ganancias que este dinero le habría podido reportar si no hubiese salido de su patrimonio, lo anterior teniendo en cuenta que los intereses busca compensar el perjuicio sufrido por la privación temporal del uso del capital y, en consecuencia, hacen parte de la indemnización integral y son compatibles con la indexación(101).

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De donde I: corresponde al interés liquidado; C es el capital, esto es, el valor que pagó por la defensa, fijado conforme a las pautas anteriores; R: es la rata mensual (0.5%) y T: es el tiempo o número de meses, que en el presente caso abarca desde la fecha de la fecha de reconocimiento del pago hasta la fecha de esta providencia.

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En conclusión habiéndose demostrado que cada uno de los demandantes canceló por honorarios la suma referida, se torna obligatorio reconocerle a Justiniano Herrera la cantidad de 28.262.979 y, a Salatiel Beltrán Jiménez igual suma, correspondiente al daño emergente causado.

Ahora bien en cuanto hace relación a la negativa de reconocer perjuicios morales a Teresa Riveros Liévano por no haberse acreditado, en debida forma, la calidad de compañera permanente de Justiniano Herrera, pues a juicio del a quo, la declaración extrajuicio de José Arles Martínez Duque y Luz Mery Raigosa Agudelo(102) no puede ser tenida como válida y, pese a que la pareja “viven bajo el mismo techo en unión marital de hecho” sin que existan hijos de tal relación.

Frente a tal reclamo a la Sala no le queda más camino que avalar la posición adoptada por la primera instancia, por encontrarla ajustada a la postura jurisprudencial(103) en relación con la valoración probatoria de las declaraciones extrajuicio, pues frente a dicho tópico se ha sostenido que:

“... sobre la prueba testimonial recibida extraproceso sin citación y asistencia de la parte contra la cual se aduce, se advierte que ella carece por completo de eficacia probatoria cuando no ha sido ratificada en el proceso en el cual se pretende hacer valer, por el mismo testigo y previo el juramento de ley, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 229, 298, 299 del Código de Procedimiento Civil, salvo que esté destinada a servir de prueba sumaria en los casos en los que la ley autoriza la aducción de este medio probatorio, como sucede comúnmente en los procesos civiles como por ejemplo el de deslinde y amojonamiento y el de disolución, nulidad y liquidación de sociedades (CPC, arts. 461 y 628)”.

Por consiguiente, como la declaración extrajuicio se tomó por fuera del presente proceso, sin la audiencia de la parte demandada, se concluye que no fue objeto de ratificación en este juicio y dado que la ley no las permite en esta clase de procesos, resulta claro que no pueden valorarse; así como tampoco se observa que en el expediente repose algún otro elemento de convicción que permita inferir la existencia de una relación de convivencia permanente entre la aludida demandante y el señor Justiniano Herrera, para la época en la que sucedieron los hechos, ni tampoco que a raíz de su privación injusta de la libertad hubiere padecido sufrimiento o daño moral alguno, en consecuencia, no habrá lugar a efectuar condena alguna a su favor por concepto de perjuicios morales.

Finalmente en lo que tiene que ver con los denominados “perjuicios psicológicos” dicho reclamo carece de soporte probatorio para su reconocimiento, pues si bien es cierto obran en el expediente varias “constancias”(104) de la asistencia de Justiniano Herrera y sus hijos a citas médicas con diferentes psicólogos, ello no es suficiente para que sea tenido como un medio de convicción válido para demostrar su existencia, motivo por el cual no puede ser atendido dicho reclamo.

7. Costas del proceso.

Finalmente, toda vez que, para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Decreto 1 de 1984(105), modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas, tal como lo determinó el a quo en la sentencia de instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia proferida el 7 de julio de 2005 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, la cual quedará así:

1. Declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad de que fueron víctimas los señores Justiniano Herrera y Salatiel Beltrán Jiménez.

2. Condenar a la Fiscalía General de la Nación a pagar por perjuicios morales, a favor de Justiniano Herrera la suma equivalente a noventa (90) salarios mínimos legales mensuales.

3. Condenar a la Fiscalía General de la Nación a pagar por perjuicios morales, a favor de Salatiel Beltrán Jiménez la suma equivalente a noventa (90) salarios mínimos legales mensuales.

4. Condenar a la Fiscalía General de la Nación a pagar por perjuicios morales, a favor de Néstor William Herrera Díaz, Viky Janneth Herrera Díaz y Carlos Andrés Herrera Díaz, hijos de Justiniano Herrera, el equivalente en pesos de la cantidad de noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno, para la fecha de la sentencia.

5. Condenar a la Fiscalía General de la Nación a pagar por perjuicios morales, a favor de Esperanza Benavides Granados, cónyuge de Salatiel Beltrán Jiménez a su menor hija Marisabel Beltrán Landázuri y su señora madre Ana Raquel Jiménez de Beltrán, el equivalente en pesos de la cantidad de noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada una, para la fecha de la sentencia.

6. Condenar a la Fiscalía General de la Nación a pagar por perjuicios morales, a favor de Gloria Aurora Beltrán Jiménez, Jorque William Beltrán Jiménez, Rosa Inés Beltrán Jiménez, Ana Leonor Beltrán Jiménez, Carmenza Beltrán Jiménez, José Orlando Beltrán Jiménez y Blanca Dolores Beltrán Jiménez, hermanos de Salatiel Beltrán Jiménez, el equivalente en pesos de la cantidad de cuarenta y cinco (45) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno, para la fecha de la sentencia.

7. Condenar a la Fiscalía General de la Nación a pagar por perjuicios materiales, a favor de Justiniano Herrera la suma de veintiocho millones doscientos sesenta y dos mil novecientos setenta y nueve pesos ($ 28.262.979).

8. Condenar a la Fiscalía General de la Nación a pagar por perjuicios materiales, a favor de Salatiel Beltrán Jiménez la suma de veintiocho millones doscientos sesenta y dos mil novecientos setenta y nueve pesos ($ 28.262.979).

9. Negar las demás pretensiones de la demanda.

10. Dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Decreto 1 de 1984(106) —Código Contencioso Administrativo—, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

11. Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

12. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(12) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 9 de septiembre de 2008, Expediente 2008 00009, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(13) Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

(14) Sentencia del 14 de febrero de 2002, Expediente 13.622, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(15) Criterio reiterado por la Subsección en sentencia de 11 de agosto de 2011, Expediente 21801, C.P. Hernán Andrade Rincón, así como por la Sección en auto de 19 de julio de 2010, Radicación 25000-23-26-000-2009-00236-01(37410), C.P. (E) Mauricio Fajardo Gómez.

(16) Fl. 271, cdno. 2.

(17) Fl. 34, vto.

(18) Fl. 1, cdno. 2.

(19) Fl. 2, cdno. 2.

(20) Fl. 3, cdno. 2.

(21) Fl. 4, cdno. 2.

(22) Fl. 4, cdno. 2.

(23) Fl. 8, cdno. 2.

(24) Fl. 9, cdno. 2.

(25) Fl. 10, cdno. 2.

(26) Fl. 11, cdno. 2.

(27) Fl. 12, cdno. 2.

(28) Fl. 13, cdno. 2.

(29) Fl. 14, cdno. 2.

(30) Fl. 15, cdno. 2.

(31) Fl. 16, cdno. 2.

(32) Fl. 17, cdno. 2.

(33) Fl. 18, cdno. 2.

(34) Fl. 19, cdno. 2.

(35) Fl. 21, cdno. 2.

(36) Fl. 23, cdno. 2.

(37) Fl. 24, cdno. 2.

(38) Fl. 30, cdno. 2.

(39) Fl. 29, cdno. 2.

(40) Fl. 34, cdno. 2.

(41) Fl. 41, cdno. 2.

(42) Cfr. fls. 42 a 46.

(43) Fl. 49, cdno. 2.

(44) Contenida en el numeral 2.7 del libelo de la demanda.

(45) Fl. 82, cdno. 2.

(46) Fls. 85 y 96, cdno. 2.

(47) Fl. 131, cdno. 2.

(48) Fl. 126, cdno. 2.

(49) Fl. 151, cdno. 2.

(50) Fl. 152, cdno. 2.

(51) Fl. 174, cdno. 2.

(52) Fl. 176, cdno. 2.

(53) Fl. 181, cdno. 2.

(54) Fl. 236, cdno. 2.

(55) Fl. 250, cdno. 2.

(56) Fl. 269, cdno. 2.

(57) Fl. 265, cdno. 2.

(58) Fl. 297, cdno. 2.

(59) Fl. 298, cdno. 2.

(60) Fl. 383, cdno. 2.

(61) Expediente 21.515, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(62) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias proferidas el dos de mayo de 2007, Expediente 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros y el 26 de marzo de 2008, Expediente 16.902, actor: Jorge Gabriel Morales y otros, entre otras.

(63) Sobre el particular, consultar la sentencia de 4 de diciembre de 2006, Expediente 13168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(64) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del dos de mayo de 2001, Expediente 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros.

(65) El tenor literal del precepto en cuestión es el siguiente: “ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

(66) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente 13.168; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, Expediente 15.463.

(67) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de junio de 1994, Expediente 9734.

(68) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de julio de 1994, Expediente 8.666.

(69) Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

(70) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de noviembre de 1995, Expediente 10.056.

(71) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre de 1996, Expediente 10.229.

(72) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de abril de 2.002, Expediente 13.606.

(73) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de septiembre de 2000, Expediente 11.601; sentencia del 27 de septiembre de 2000, Expediente 11.601; sentencia del 25 de enero de 2001, Expediente 11.413.

(74) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del dos (2) de mayo de dos mil siete (2.007); Radicación 20001-23-31-000-3423-01; Expediente 15.463; actor: Adiela Molina Torres y otros; demandado: Nación - rama judicial.

(75) Sobre el punto, véase De Asís Roig, Agustín. Las paradojas de los derechos fundamentales como límites al poder, Debate, Madrid, 1992; Rodríguez-Toubes Muñiz, Joaquín, La razón de los derechos, Tecnos, Madrid, 1995.

(76) Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Tratado de Derecho Administrativo, tomo I, Introducción, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, D.C., 2003, pág. 375.

(77) Se toma la cita de la trascripción que del texto de la Declaración efectúa Fioravanti, Maurizio, Los derechos fundamentales..., cit., pág. 139.

(78) La doctrina distingue entre el derecho penal objetivo y el derecho penal subjetivo o ius puniendi, entendiendo por el primero el conjunto de normas penales y por el segundo el derecho a crear y aplicar esas normas. Santiago Mir Puig Derecho Penal. Parte General, 8ª Ed., Reppertor, Barcelona, 2008.

(79) Sentencia de la Corte Constitucional C-157 de 1997. Agrega esa sentencia: “En el sistema jurídico colombiano, es el Congreso el llamado a definir, mediante la consagración de tipos delictivos, cuáles son los comportamientos que ameritan sanción penal, describiendo sus elementos esenciales y previendo en abstracto la clase y medida de la sanción aplicable a quien incurra en ellos (...) el legislador, mientras no quebrante principios o preceptos constitucionales y en cuanto cumpla su función en términos de razonabilidad y proporcionalidad, goza de plenas atribuciones para crear nuevos delitos y que, por ese solo hecho, no viola norma constitucional alguna”.

(80) Sentencia de la Corte Constitucional C-205 de 2003.

(81) Corte Constitucional Sentencia C-762 de 2002.

(82) Este tema fue desarrollado por la Corte Constitucional en Sentencia C-762 de 2002.

(83) Sentencia C-806 de 2002.Se agrega en esa sentencia que “solo son compatibles con los derechos humanos penas que tiendan a la resocialización del condenado, esto es a su incorporación a la sociedad como un sujeto que la engrandece, con lo cual además se contribuye a la prevención general y la seguridad de la coexistencia, todo lo cual excluye la posibilidad de imponer la pena capital”.

(84) Sobre este tema ver, por ejemplo, sentencia de la Corte Constitucional C-621 de 1998.

(85) Fl. 76, cdno. 2.

(86) En tratándose del perjuicio o daño moral por la muerte o las lesiones de un ser querido, la indemnización tiene un carácter satisfactorio, toda vez que —por regla general— no es posible realizar una restitución in natura, por lo que es procedente señalar una medida de satisfacción de reemplazo, consistente en una indemnización por equivalencia dineraria. Al respecto puede consultarse el criterio doctrinal expuesto por el doctor Renato Scognamiglio, en su obra El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual. Traducción de Fernando Hinestrosa, Bogotá, Edit. Antares, 1962, pág. 46.

(87) Ver, por ejemplo, sentencia de 2 de junio de 2004, Expediente 14.950. En el mismo sentido, se ha determinado que es razonable que el juez ejerza su prudente arbitrio al estimar el monto de la compensación por el perjuicio moral y que para el efecto ha de tenerse en consideración los lineamientos expresados en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, en virtud de los cuales, dentro de los procesos contencioso administrativos: “la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad”.

(88) Sentencia de 26 de octubre de 1.993, Expediente 7793.

(89) Sentencia de 1º de octubre de 1993; Expediente 6657.

(90) Expediente 6469; actor: Ferney Londoño Gaviria y otros, criterio que fue igualmente reiterado en sentencia de 24 de mayo de 2001, Expediente 12.819, C.P. María Elena Giraldo.

(91) Expediente 12956; actor: Hernando Palacios Aroca y otros.

(92) Sentencia de 23 de agosto de 2012, Expediente 1800-12-33-1000-1999-00454-01 (24392), C.P. Hernán Andrade Rincón.

(93) Ver entre otras 15980 de 20 de febrero de 2008, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(94) Consultar sentencia del 6 de septiembre de 2001, Expediente 13.232-15.646. C.P. Alier E. Hernández Enríquez.

(95) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Expediente 13.232-15.646.

(96) Fl. 47, cdno. 2.

(97) Fl. 56, cdno. 2.

(98) Fl. 171, cdno. 2.

(99) Fl. 179, cdno. 2.

(100) Fl. 34, vto.

(101) En sentencia del 7 de marzo de 1990, Expediente 5322, dijo la Sala: “Ha entendido la doctrina que si un crédito reajustado en función de la depreciación sufrida entre la fecha en que se causó la obligación y el pago, se le suman intereses corrientes bancarios, se originaría un enriquecimiento sin causa, porque, esta clase de intereses incluye un ‘plus’ destinado a recomponer el capital. No se excluyen entre si los rubros de devaluación e intereses puros puesto que tienen causas diferentes: los intereses buscan compensar el perjuicio sufrido por la privación temporal del uso del capital (lucro cesante), en tanto que la compensación por depreciación monetaria se dirige a mantener indemne el patrimonio del acreedor que sufriría menoscabo si recibiese como reparación el monto del daño originado en signo monetario envilecido (daño emergente). Se habla de intereses puros porque los bancarios corrientes llevan en su seno una parte que busca compensar la incidencia del fenómeno inflacionario. Por eso no sería equitativo evaluar y cobrar esta clase de intereses. De allí que comparte la Sala que si se realizan reajustes del crédito, el interés debe ser un interés puro exclusivamente retributivo del precio del uso del capital que es lo que ha dejado de ganar el acreedor por la falta de inversión de sus fondos excluyendo el plus del interés que tiene otra función. Toda indemnización debe ser integral y completa, de modo que compense para su acreedor el daño que se le produce con el no pago oportuno de la obligación. Así, debe comprender no solo el rendimiento que dejó de percibir, traducido ordinariamente en intereses, sino también la pérdida del valor adquisitivo de la moneda con la que pretende pagar. En este orden de ideas el equilibrio o la justeza de la indemnización debe mostrar esta o similar ecuación: indemnización debida igual a deuda en la fecha del perjuicio, más intereses hasta que el pago se efectúe, más devaluación”.

(102) Fl. 20, cdno. 2.

(103) Cfr. Sentencia del 28 de abril de 2010 dictada dentro del Radicado 68001-23-15-000-1997-00023-00(17995), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(104) Cfr. fls. 42 a 46, cdno. 2.

(105) Normatividad aplicable al asunto de la referencia por expresa disposición del artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que a su tenor literal dispone:

“ART. 308.—Régimen de transición y vigencia. El presente código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este código solo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

(106) Normatividad aplicable al asunto de la referencia por expresa disposición del artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.