Sentencia 2001-00733 de agosto 5 de 2010

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2001-00733-01

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades nacionales

Actora: Universal de Casinos S.A.

Bogotá, D.C., cinco de agosto de dos mil diez.

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la actora contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia de 28 de febrero de 2005 que denegó las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. La demanda.

Universal de Casinos S.A., por medio de apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó el 6 de marzo de 2001 la siguiente demanda:

1.1. Pretensiones.

1.1.1. Que se declare nula la Resolución 3512 de 15 de noviembre de 2000, por la cual la jefe de la división liquidación aduanera de la DIAN —administración Medellín— declaró de contrabando y ordenó el decomiso a favor de la Nación, de la mercancía relacionada en el acta de aprehensión 8311070-243 de 29 de abril de 2000.

1.1.2. Que se declare nula la Resolución 86 de 18 de enero de 2001, por la cual la jefe de la división jurídica de la D1AN —administración Medellín— al resolver el recurso de reconsideración, confirmó la anterior.

1.1.3. Que a título de restablecimiento del derecho, se condene a la DIAN a pagar por perjuicios materiales a título de daño emergente pasado la suma de veintitrés millones quinientos cuarenta y tres mil quinientos cuarenta y cuatro pesos ($ 23.543.544) y a título de daño emergente futuro, la suma que certifique Almagrario S.A. por bodegaje de la mercancía. A título de lucro cesante pasado, a pagar la suma de trescientos cuarenta y ocho millones de pesos ($ 348.000.000) y a título de lucro cesante futuro, la suma que por dicho concepto resulte probado dentro del proceso. De igual forma, a pagar a título de perjuicios morales, el equivalente a trescientos (300) gramos oro.

1.1.4. Que la condena sea actualizada de conformidad con el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo y se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo

1.2. Hechos.

Mediante Auto Comisorio 13600109 de 1º de abril de 2000, el jefe de la división de fiscalización aduanera de la DIAN —administración Medellín- comisionó a unos funcionarios para realizar labores de inspección aduanera en el departamento de Antioquia, con el fin de verificar el legal amparo de mercancías de origen extranjero que se encuentren, almacenen, movilicen o comercialicen.

Los funcionarios de la DIAN —administración Medellín— mediante Acta 8311070-243 de 29 de abril de 2000 aprehendieron una mercancía consistente en “máquinas tragamonedas, póker electrónico y monitores”, por no encontrarse amparadas en una declaración de importación de conformidad con el inciso primero del artículo 72 del Decreto 1909 de 1992.

La DIAN profirió el requerimiento especial aduanero 2841 de 13 de septiembre de 2000, mediante el cual el jefe de la división de fiscalización aduanera propuso el decomiso de la mercancía aprehendida, por considerar que no se encontraba amparada por una declaración de importación de conformidad con el artículo 502 del Decreto 2685 de 1999.

Por Resolución 3512 de 15 de noviembre de 2000, la jefe de la división liquidación aduanera de la DIAN —administración Medellín— declaró de contrabando y ordenó el decomiso a favor de la Nación, la mercancía relacionada en el Acta de Aprehensión 8311070-243 de 29 de abril de 2000.

Mediante Resolución 86 de 18 de enero de 2001, la jefe de la división jurídica de la DIAN —administración Medellín— al resolver el recurso de reconsideración, confirmó la anterior.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación.

Según la actora los actos acusados violan los artículos 2º, 4º, 6º, 9º, 13, 29, 83 y 209 de la Constitución Política; 15, 85, 131, 136 a 139, 176 y 206 del Código Contencioso Administrativo; 106 y 107 del Código Penal; 117 a 132 y 228 a 233 del Estatuto Aduanero.

La DIAN no tuvo en cuenta que la actora presentó el 5 de octubre de 2000 ante la autoridad aduanera tres (3) declaraciones de importación, mediante las cuales se encuentra relacionada la totalidad de la mercancía aprehendida. Estas declaraciones se presentaron con el cumplimiento de los requisitos y el pago de los tributos aduaneros más el valor del rescate establecido en el artículo 231 del Estatuto Aduanero.

Si bien es cierto que las declaraciones de importación se presentaron con posterioridad a la aprehensión de la mercancía, la actora pagó el rescate de la misma y los tributos aduaneros, razón por la cual la administración no podía sancionarla con el decomiso de la mercancía.

2. La contestación.

La DIAN sostuvo que los actos acusados fueron proferidos en legal forma, pues el proceso de definición de la situación jurídica de la mercancía aprehendida, se surtió con base en el Decreto 2685 de 1999, norma de carácter sustantivo que establece que las mercancías de procedencia extranjera que circulen por el territorio nacional deben estar acompañadas de los documentos de amparo aduanero, con los cuales se acredite el legal ingreso y permanencia de las mismas al territorio nacional.

El decomiso administrativo es la figura que permite la exclusión del comercio y de la órbita de disponibilidad de los particulares de los bienes importados sin el lleno de los requisitos aduaneros, por ello, implica la previa declaratoria de los bienes como de contrabando. Tal figura no entraña sanción sino calificación de la introducción del bien como ilícita, tal es el supuesto que posibilita su decomiso administrativo, o en su defecto la entrega del mismo.

En el caso presente la mercancía fue aprehendida por carecer de los documentos que acreditaran la legal introducción al territorio nacional, según los establece el inciso primero del artículo 72 del Decreto 1909 de 1992, norma que se encontraba vigente para la fecha de la aprehensión y que fue retomada por el artículo 502, numeral 1.6 del Decreto 2685 de 1999.

La actora aportó al proceso, como prueba de la legal introducción de los bienes aprehendidos, las declaraciones de importación 0313126010603746 de 20 agosto de 1999, 13883020701713 y 13883020701706 de 4 de septiembre de 1996 y la 13883020692609 de 14 de agosto de 1996, las cuales no coinciden con la mercancía aprehendida, pues en estos documentos no se relacionan los seriales de la misma salvo un monitor marca “Pioneer“ con serial 524706, pero que no corresponde con el aprehendido. Así mismo, se aprehendieron dos máquinas tragamonedas marca “Unidesa“, modelo Cirsa, serie 300, serial E96- 00350/E-96-00374 y en la declaración con la que se pretende ampararla se describen unas máquinas tragamonedas de video marca “IGT“ sin más descripción. A su vez, se aprehendieron dos póker electrónicos marca “Mikotin“, modelo 7, serial 0561 y 0558, y la declaración no señala ni siquiera un número de serial.

Las declaraciones de importación que allegó la actora el 5 de octubre de 2000, no fueron aceptadas por el sistema de la DIAN ni se registra pago de las mismas.

Las pruebas allegadas demuestran que la mercancía aprehendida no se encuentra amparada por las citadas declaraciones de importación, con las que la actora pretendía corregir las omisiones en que incurrieron en las declaraciones iniciales, las cuales no fueron presentadas en bancos ni se pagó el valor de los tributos aduaneros correspondientes.

Advirtió que el presente caso no se trata del decomiso de una mercancía por descripción deficiente como se indicó respecto de las declaraciones de importación aportadas inicialmente, sino porque las declaraciones de importación, concretamente de legalización, no la ampara.

Los actos acusados fueron expedidos con fundamento en la normatividad vigente y sobre hechos que constituyen faltas administrativas previamente definidas por el legislador, garantizándose el derecho de defensa del investigado y el debido proceso, toda vez que se ha seguido por parte de la administración los procedimientos establecidos para la definición de situación jurídica de la mercancía aprehendida, acorde con las normas legales aduaneras.

II. La sentencia apelada

El Tribunal.Administrativo de Antioquia denegó las pretensiones de la demanda, por considerar que de acuerdo con las pruebas allegadas al proceso, la mercancía de propiedad de la actora ingresó de manera irregular al país, lo que conllevó a declararla de contrabando y a ordenar su decomiso .

No se trató de un simple problema de descripción de la mercancía o de un error en los seriales o en la identidad de los bienes, sino de un ingreso al país sin el cumplimiento de las normas legales, constituyéndose en contrabando.

Sostuvo que al confrontar el acta de aprehensión, las declaraciones de importación 23019010004405 de 24 de junio de 1993 y 13126010609746 de 19 de agosto de 1999, con las cuales se pretendió justificar la entrada de la mercancía aprehendida, y las declaraciones que posteriormente presentó la actora con la intención de legalizar los bienes, se deduce que la mercancía no fue legalizada por las siguientes razones:

Las supuestas declaraciones de legalización fueron presentadas en una aduana distinta a aquella donde se encontraba la mercancía. Además, no existe constancia de su aceptación, presupuesto indispensable para que pueda decirse que se presentaron en debida forma.

No hay prueba en el expediente que demuestre que el levante de la mercancía fue autorizado por la administración y tampoco aparece que el valor del rescate se hubiera liquidado y pagado en la forma indicada en el artículo 231 del Decreto 2685 de 1999, en cuantía del cincuenta por ciento (50%) del valor en aduana, pues se trataba de mercancía aprehendida y su legalización no puede reputarse como voluntaria, en tanto que ya se había iniciado un procedimiento administrativo de definición de la situación jurídica de la misma ingresada al país de contrabando.

III. Recurso de apelación

La actora manifiesta que el a quo hizo una serie de afirmaciones contrarias a la realidad jurídica y procesal, pues durante el trámite de la vía gubernativa la DIAN sostuvo que la aprehensión de la mercancía obedeció a un error u omisión en la descripción de la misma y el tribunal modificó el supuesto de hecho, violando el derecho de defensa, al afirmar que la mercancía ingresó al país de contrabando.

La legalización de la mercancía desde el inicio se acreditó con las declaraciones de importación 13126010603746 de 20 de agosto de 1996, 13883020701713 de 4 de septiembre de 1996, 13883020701706 de 4 de septiembre de 1996 y 13883020692609 de 14 de agosto de 1996, las cuales no fueron valoradas por el tribunal, pues ni siquiera se refiere a ellas para descalificarlas o desconocerlas.

El tribunal no analizó la Declaración de Importación 13883020692609 de 14 de agosto de 1996, que sí fue valorada en su momento por la DIAN, aunque en forma errónea, en donde se refería a un problema de descripción de la mercancía.

Contrario a lo manifestado por el tribunal, dentro del plenario si existe constancia de aceptación de las declaraciones de importación; en efecto, con la demanda se allegaron copias de todas y cada una de las citadas importaciones con el número y fecha asignados por el sistema informático aduanero. Estos documentos no fueron desconocidos, ni tachados de falsos por la demandada.

El hecho de que en el libro radicador de declaraciones de importación de la división de comercio exterior de la DIAN —administración Medellín— figurara una nota “...no proceden 3 declaraciones según el artículo 229...”, no significa que las mismas no fueran aceptadas y devueltas sin ser radicadas. De la afirmación de que tales declaraciones “no proceden”, no se puede colegir la devolución de los documentos y la falta de radicación, pues son dos cosas distintas, menos aún cuando al proceso se allegaron esos documentos con la constancia de radicación y numeración.

En cuanto a la condena en costas impuesta por el a quo, la recurrente manifiesta que la presentación de la demanda no implica el abuso de un derecho, menos cuando los argumentos fácticos y jurídicos son tan claros como en el casó en estudio, a pesar del cuestionamiento jurídico que sobre ellos pueda ejercerse.

IV. Alegatos de conclusión en segunda instancia

La DIAN reiteró sus argumentos expuestos en la contestación. La actora no alegó de conclusión.

El Ministerio Público guardó silencio.

V. Consideraciones de la Sala

Según Acta 8311070-243 de 29 de abril de 2000 (fl. 26 c. 1), la actuación administrativa se inició con la aprehensión de “02 póker electrónico marca Niko HN, modelo 7, seriales: 0558, 0561; 01 monitor Pionner de 40” modelo SD-P4060, serial MK 10005145; 02 máquinas tragamonedas, marca Unidesa, modelo Cirsa serie 300, seriales E96-00358, E96-00374” que fueron finalmente decomisados mediante los actos acusados, aprehensión que se llevó a cabo bajo la vigencia del Decreto 1909 de 1992, cuyo artículo 72, fundamento legal de los mismos, preceptúa:

“ART. 72.—Mercancía no declarada o no presentada. Se entenderá que la mercancía no fue declarada, cuando no se encuentra amparada por una declaración de importación, cuando en la declaración se haya omitido la descripción de la mercancía o esta no corresponda con la descripción declarada, o cuando la cantidad encontrada sea superior a la señalada en la declaración.

Se entenderá que la mercancía no fue presentada, cuando no se entregaron los documentos de transporte a la aduana, cuando la introducción se realizó por lugar no habilitado del territorio nacional, o cuando la mercancía no se relacionó en el manifiesto de carga o fue descargada sin la previa entrega del manifiesto de carga a la aduana.

En estos eventos, así como en los demás que se encuentran previstos en el literal a) del artículo 1º del Decreto 1750 de 1991, procederá la multa de que trata el inciso primero del artículo 3º del citado decreto, equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de la mercancía, sin perjuicio de su aprehensión y decomiso. Lo anterior, siempre que la mercancía no haya sido legalizada mediante el rescate” (negrilla fuera de texto).

El 13 de septiembre de 2000, el jefe de la división de fiscalización aduanera profirió el requerimiento especial aduanero 2841 (fls. 43-47 antecedentes) contra la actora y propuso el decomiso de la mercancía aprehendida, por considerar que no se encuentra amparada por una declaración de importación de conformidad con el artículo 502 del Decreto 2685 de 1999.

El artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 establece:

“ART. 502.—Causales de aprehensión y decomiso de mercancías.

Dará lugar a la aprehensión y decomiso de mercancías la ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos: [...].

1.6. “Numeral modificado por el artículo 6º del Decreto 1161 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:” Cuando la mercancía no se encuentre amparada en una planilla de envío, factura de nacionalización o declaración de importación, o no corresponda con la descripción declarada, o se encuentre una cantidad superior a la señalada en la declaración de importación, o se haya incurrido en errores u omisiones en su descripción, salvo que estos últimos se hayan subsanado en la forma prevista en los numerales 4º y 7º del artículo 128 y en los parágrafos primero y segundo del artículo 231 del presente decreto, en cuyo caso no habrá lugar a la aprehensión. [...]” (negrilla fuera de texto).

La Sala debe analizar si la mercancía aprehendida por la DIAN corresponde a la descrita en las declaraciones de importación allegadas por la actora.

Obra en el expediente la declaración de importación 13883020692609 de 14 de agosto de 1996 (fl. 14 antecedentes), en la que se describió como mercancía importada —un monitor Pionner 40” CRTS a color 110V microprocesador 68-HC000 serie Nº 524706 y accesorios para su funcionamiento”.

Asimismo, obra en el expediente la declaración de importación 13126010603746 de 20 de agosto de 1999 (fl. 1A antecedentes), en la que se describió como mercancía importada “juego de Caribbean Stud Poker. mod. y ref. Stud Poker, fabricante Mikohn, Estados Unidos, material madera, aluminio, cobre”.

En la declaración de importación 13883020705296 de 12 de septiembre de 1996 (fl. 5 antecedentes) se describe la mercancía así: “maquinas tragamonedas marca Unidesa modelo series 300 DIM. alto 1.72 mts. ancho 72MM. fondo 71MM, microprocesador 8088 Intel cap. almacenamiento: ram32 Kbeprom 832 KB, CAP. monedas: 1200, peso apro. 110 kls. tipo juego rieles, seriales S; E96-0339, E96-0342, E96-0343, E96-0349, E96-0351, E96-0356, E96-0371, E96-0344, E96-0379, E96-0341, E96-0377, E96-0378, E96-0381 (...) con sus accesorios y conexiones para su funcionamiento”.

Por su parte, en la declaración de importación 13883020701713 de 4 de septiembre de 1996 (fl. 8 antecedentes), se describe la mercancía: “máquinas tragamonedas marca Unidesa modelo series 300 dim. alto 1.72 mts. ancho 72MM. fondo 71MM, microprocesador 8088 Intel cap. almacenamiento: RAM32 Kbeprom 832 KB, cap. monedas: 1.200, peso apro. 110 kls. tipo juego rieles, seriales S; E96-0345, E96-0351, E96-0356, E96-0359, E96-0362, E96-0364, E96-0382, E96-0388, E96-0397, E96-0419, E96-0423, E96-0423, E96-0424 con sus accesorios y conexiones para su funcionamiento”.

Finalmente, la declaración de importación 13883020701706 de 4 de septiembre de 1996 (fl. 11 antecedentes) describe la mercancía así: “Máquinas tragamonedas marca Unidesa modelo series 300 dim. alto 1.72 mts. ancho 72MM. fondo 71MM, microprocesador 8088 Intel cap. almacenamiento: RAM32 Kbeprom 832 KB, cap. monedas: 1200, peso apro. 110 kls. tipo juego rieles, seriales S; E96-0340, E96-0341, E96-0344, E96-0346, E96-0347, E96-0348, E96-0352, E96-0353, E96-0354, E96-0355, E96-0357, E96-0360, (...) E96-03373, E96-0375 (...) con sus accesorios y conexiones para su funcionamiento”.

El 1º de abril de 2000, funcionarios de la DIAN practicaron la diligencia de reconocimiento y avalúo de la mercancía y dejaron constancia mediante Acta 08311070-243 de 29 de abril de 2000 (fl. 16 antecedentes) de lo siguiente:

Dos Póker electrónico marca Niko HN, modelo 7, seriales: 0558, 0561.

Un monitor Pionner de 40”, modelo SD-P4060, serial MK 10005145.

Dos máquinas tragamonedas, marca Unidesa, modelo Cirsa serie 300, seriales E96-00358, E96-00374”.

Comparada la mercancía relacionada por la actora en las declaraciones de importación transcritas en los acápites anteriores, con la del acta de aprehensión, se observa que en ellas se indican seriales que no coinciden con los seriales de la mercancía aprehendida.

Es preciso resaltar que si la mercancía aprehendida consistente en diferentes tipo de máquinas como “póker electrónico, monitor y tragamonedas” son de distintas marcas y poseen su respectivo número de serial o referencia, como ocurre en este caso, según se evidencia del acta de aprehensión, ello pone de relieve que se trata de un dato sustancial para su diferenciación y sin el cual resultaría imposible su individualización.

Correspondía a la actora demostrar que en realidad no existió el hecho que dio lugar a la aprehensión y al posterior decomiso de la mercancía, pues según el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por reenvío del artículo 168 del Código Contencioso Administrativo, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Dado que la actora no demostró la legal introducción al país de la mercancía aprehendida con las respectivas declaraciones de importación, no puede predicarse violación de las normas invocadas en la demanda.

Asimismo, la Sala en sentencia de 10 de abril de 2008(1) sostuvo que la prosperidad del cargo sustentado en razones de violación del debido proceso por falta de análisis probatorio está condicionado a que en la instancia jurisdiccional, en la que obviamente se tiene la oportunidad para ello se pidan y practiquen esas mismas pruebas, u otras pertinentes, a objeto de que en el proceso respectivo quede evidenciado que la importancia o trascendencia del supuesto fáctico que se echa de menos era tal que resultaba imprescindible considerarlo para efectos de inclinar, en uno u otro sentido, la decisión administrativa controvertida.

Por lo anterior, la Sala considera que no puede predicarse violación de las normas invocadas en la demanda, ni del debido proceso al no haberse desvirtuado la legalidad de los actos demandados.

Se impone, pues, confirmar la sentencia proferida por el a quo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia proferida el 28 de febrero de 2005 por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Cópiese, notifíquese y, en firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de agosto.

(1) Expediente: 2000-2295. Actora: Caropa Importaciones Ltda. y otro. M.P. Dr. Marco Antonio Velilla Moreno.