Sentencia 2001-00778 de junio 29 de 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 23001-23-31-000-2001-00778-01 (0109-10)

Consejero Ponente:

Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren

Actor: Nicolás Cassab Díaz y otros

Demandado: Municipio de Cereté

Bogotá, D.C., veintinueve de junio de dos mil once.

EXTRACTOS: «Consideraciones

El asunto de la referencia se contrae a establecer si los demandantes tienen derecho al reconocimiento y pago del sobresueldo con base en el artículo 19 de la Ley 65 de 1993, conocido como el Código Penitenciario y Carcelario.

Dicha disposición es del siguiente tenor:

ART. 19.—Recibo de presos departamentales o municipales. Los departamentos o municipios que carezcan de sus respectivas cárceles, podrán contratar con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el recibo de sus presos mediante el acuerdo que se consagrará en las cláusulas contractuales, conviniendo el reconocimiento que los departamentos o municipios hagan del pago de los siguientes servicios y remuneraciones:

a) Fijación de sobresueldos a los empleados del respectivo establecimiento de reclusión;

b) Dotación de los elementos y recursos necesarios para los internos incorporados a las cárceles nacionales;

c) Provisión de alimentación en una cuantía no menor de la señalada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para sus internos;

d) Reparación, adaptación y mantenimiento de los edificios y de sus servicios, si son de propiedad de los departamentos o municipios.

Los guardianes dragoneantes, demandantes en este proceso, solicitaron al municipio de Cereté el reconocimiento y pago de un sobresueldo por atender a la población carcelaria de ese municipio. Sin embargo, la administración municipal denegó la solicitud, mediante el oficio acusado de 1º de junio de 2001, aduciendo la no existencia de un acuerdo interadministrativo con el Inpec que estableciera el reconocimiento y pago de los sobresueldos, precisamente por la difícil situación por la que atravesaba ese ente territorial (fls. 32 y 33).

El tribunal, en el curso el proceso, requirió al Inpec y al municipio de Cereté para que allegaran los convenios o acuerdos celebrados para ese efecto, desde 1990 en adelante (fl. 93 y 160).

El instituto penitenciario en respuesta a lo solicitado informó que “no existe convenio o contrato suscrito entre el Inpec y el municipio de Cereté” y el municipio allegó copia autentica del convenio suscrito entre la cárcel municipal y esa entidad territorial para el año 1998.

En ese convenio, teniendo en cuenta la población carcelaria del municipio este se obligó a una partida de $ 10.000.000, dos unidades de guardia, una secretaria para la dirección del centro y a prestar asistencia médica y odontológica a la población reclusa del penal. En la cláusula sexta se estipuló que el convenio terminaría el 31 de diciembre de 1998 y que dentro de los 5 días siguientes de la vigencia de 1999, se suscribiría un nuevo convenio con los reajustes necesarios, sin embargo no se celebró, como lo afirma la misma parte actora (fl. 163).

Después, se requirió nuevamente al ente territorial para que respondiera si en los años 1990 a 2001, fueron presupuestados los dineros con destino al pago de los sobresueldos de los dragoneantes de la Cárcel del Circuito de Cereté y en qué cantidad (fl. 121). A este requerimiento, el Secretario de Hacienda del Municipio certificó y relacionó los presupuestos de gastos durante ese periodo, tan sólo para el pago de sueldos de dos (2) guardianes de la Cárcel del Circuito de Cereté (fl. 124).

Pues bien, la Ley 65 de 1993, establece la posibilidad de que los entes territoriales y el Inpec, celebren convenios interadministrativos para que los primeros utilicen las instalaciones carcelarias nacionales para albergar su población carcelaria, a cambio de contribuir con sobresueldos a los empleados del respectivo establecimiento de reclusión, dotación de los elementos y recursos necesarios para los internos incorporados a las cárceles nacionales, provisión de alimentación para sus internos y reparación, adaptación y mantenimiento de los edificios y de sus servicios.

Está probado en el sub lite, que desde el año 1990, entre el municipio de Cereté y el Inpec, tan solo se celebró un convenio para el año 1998, en el cual no se acordó para el personal de la cárcel ningún sobresueldo, sino el pago del salario de dos 2 guardianes, asignados directamente a la nómina de la secretaria del gobierno. Encuentra la Sala, que si bien para los demás años no se celebró ningún convenio, el municipio desde el año 1990 al 2001, sí apropió y ejecutó el presupuesto para el reconocimiento y pago de los salarios de esos dos guardianes, según la certificación que obra a folio 124.

Se evidencia entonces, que desde el año de 1990, no se ha consagrado a través de ningún acuerdo o convenio el reconocimiento y pago de sobresueldos para los empleados de la Cárcel de Cereté, pues la contribución del municipio, según las pruebas obrantes del proceso, ha sido el reconocimiento y pago de los salarios de dos guardianes.

En ese orden, no puede la Sala ordenar el reconocimiento y pago de los sobresueldos que reclaman los nueve dragoneantes de la cárcel de Cereté, porque ese derecho salarial, si bien está enunciado en la Ley 65 de 1993, debe estar consagrado expresamente en un acuerdo ente el ente territorial y el Inpec.

Por todo lo anterior, la decisión del tribunal de mantener la legalidad del oficio acusado, debe ser confirmada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

SE CONFIRMA la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba el 20 de agosto de 2009, mediante la cual se denegó las pretensiones de la demanda de la referencia.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha».