Sentencia 2001-00798 de febrero 26 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Radicación: 520012331000200100798 01

Expediente: 32.242

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Isaura Rosalía Sevillano y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y otros

Referencia: Apelación sentencia - Reparación directa

Bogotá, D.C., veintiséis de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

2.1.1. La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia proferida el 12 de agosto de 2005, por el Tribunal Administrativo de Nariño, comoquiera que la demanda se presentó el día 7 de junio de 2001 y la pretensión mayor se estimó en la suma de 4.000 gramos de oro, equivalentes a $ 75’670.880 por concepto de perjuicios fisiológicos para el principal afectado, monto que supera el exigido para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación para aquella época, esto es $ 26’390.000(13).

2.1.2. De otra parte, en cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que la misma se interpuso dentro de los dos (2) años que establece el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que el daño por cuya indemnización se demandó, esto es las lesiones de carácter permanentes padecidas por el soldado William Sevillano fue determinada y, por ende, conocida por los demandantes a partir del 29 de febrero de 2000, día en que se celebró la junta médica laboral para evaluar la incapacidad médico legal del referido soldado(14), razón por la cual, por haberse interpuesto la demanda el 7 de junio de 2000, se impone concluir que la misma se interpuso oportunamente.

2.2. Régimen de responsabilidad en materia de daños causados a personas que prestan servicio militar obligatorio.

En primer término, estima la Sala necesario precisar la diferencia existente entre la clase de vínculo que se crea para el Estado frente a quienes prestan servicio militar obligatorio y el referido a los soldados voluntarios o profesionales; en el primero, el vínculo surge debido al cumplimiento del deber constitucional de defensa de la independencia, de la soberanía nacional y de las instituciones públicas, en el cual no hay vínculo de carácter laboral alguno, en tanto que en el segundo (soldado profesional) el vínculo surge en virtud de una relación legal y reglamentaria consolidada a través del correspondiente acto administrativo de nombramiento y la consiguiente posesión del servidor.

Por lo tanto, a diferencia del soldado profesional, que ingresa en forma voluntaria a las filas del Ejército con el fin de prestar un servicio a cambio de una contraprestación y que goza de una protección integral de carácter salarial y prestacional, el soldado o auxiliar de Policía que presta servicio militar obligatorio se ve impelido a hacerlo por la imposición de una carga o gravamen especial del Estado. Así pues, éste no goza de protección laboral predeterminada frente a los riesgos a los cuales se le somete en cumplimiento de su cometido constitucional, por cuanto la ley tan solo le reconoce algunas “prestaciones”, las cuales de ningún modo pueden catalogarse como laborales y tampoco se asimilan al régimen a for fait previsto por la ley para los soldados profesionales.

Ahora bien, en relación con el título de imputación aplicable a los daños causados a los conscriptos, que prestan servicio militar obligatorio, la Sala ha establecido que los mismos pueden ser: i) de naturaleza objetiva —tales como el daño especial o el riesgo excepcional—, y ii) por falla del servicio, siempre y cuando de los hechos y de las pruebas allegadas al proceso se encuentre acreditada la misma.

Sobre el particular, la jurisprudencia de la Sección(15), ha discurrido de la siguiente forma:

“Atendiendo a las condiciones concretas en las que se produjo el hecho, la Sala ha aplicado en la solución de los casos, los distintos regímenes de responsabilidad. Así, ha decidido la responsabilidad del Estado bajo el régimen de daño especial cuando el daño se produjo como consecuencia del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas(16); el de falla probada cuando la irregularidad administrativa produjo el daño y, el de riesgo cuando éste proviene o de la realización de actividades peligrosas o de la utilización de artefactos que en su estructura son peligrosos; pero, en todo caso, ha considerado que el daño no será imputable al Estado cuando se haya producido por culpa exclusiva de la víctima, por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero, por rompimiento del nexo causal. En providencia de 2 de marzo de 2000, dijo la Sala:

‘… demostrada la existencia de un daño antijurídico causado a quien presta el servicio militar, durante el mismo y en desarrollo de actividades propias de él, puede concluirse que aquél es imputable al Estado. En efecto, dado el carácter especial de esta situación, por las circunstancias antes anotadas, es claro que corresponde al Estado la protección de los obligados a prestar el servicio militar y la asunción de todos los riesgos que se creen como consecuencia de la realización de las diferentes tareas que a ellos se asignen. No será imputable al Estado el daño causado cuando éste haya ocurrido por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima, eventos cuya demostración corresponderá a la parte demandada”(17) (resaltados adicionales).

En consecuencia, frente a los perjuicios ocasionados a soldados conscriptos, en la medida en la cual su voluntad se ve doblegada por el imperium del Estado, al someterlos a la prestación de un servicio que no es nada distinto a la imposición de una carga o un deber público, resulta claro que la organización estatal debe responder, bien porque frente a ellos el daño provenga de i) un rompimiento de las cargas públicas que no tengan la obligación jurídica de soportar; ii) de un riesgo excepcional que desborda aquel al cual normalmente estarían sometidos, y que puede tener origen en el riesgo de la actividad o en el riesgo de la cosa, o iii) de una falla del servicio, a partir de la cual se produce el resultado perjudicial(18).

Asimismo, en relación con las personas que prestan servicio militar obligatorio, el principio iura novit curia reviste una especial relevancia, toda vez que el juzgador debe verificar si el daño antijurídico resulta imputable o atribuible al Estado con fundamento en cualesquiera de los títulos de imputación antes mencionados; además, no debe perderse de vista que, en tanto la administración pública imponga el deber de prestar el servicio militar, debe garantizar la integridad psicofísica del conscripto en la medida en que se trata de una persona que se encuentra sometida a su custodia y cuidado, lo cual, en términos de imputabilidad, significa que debe responder por los daños que le sean irrogados en relación con la ejecución de la carga pública.

De igual forma se ha reiterado que el Estado frente a los conscriptos y reclusos, al doblegar su voluntad, en ambos casos, y disponer de su libertad individual, entra en una relación de especial sujeción que lo hace sujeto responsable de los posibles daños que puedan padecer aquéllos, en el desarrollo de tal relación.

Respecto de la responsabilidad derivada de las obligaciones de especial sujeción que asume el Estado frente a los soldados que prestan servicio militar obligatorio, esta Sala, en providencia del 15 de octubre del 2008(19), sostuvo:

“El Estado frente a los conscriptos y reclusos, adquiere no sólo una posición de garante al doblegar, en ambos casos, su voluntad y disponer de su libertad individual para un fin determinado, sino que de igual manera, el Estado entra en una relación de especial sujeción que lo hace sujeto responsable de los posibles daños que puedan padecer aquéllos.

En conclusión, en cada caso concreto en los cuales se invoque la existencia de una causa extraña por parte de la entidad demandada, es necesario analizar los detalles de tiempo, modo y lugar en que se produjo el daño, por cuanto es posible que el Estado haya contribuido co-causalmente a la generación del mismo, específicamente, al situar al conscripto en la situación de riesgo, o bien por una ruptura de la igualdad ante las cargas públicas o por una falla del servicio.

No se puede, por consiguiente, afirmar de manera simple y llana, que la sola constatación de la existencia de una aparente causa extraña como origen o fuente material o fenomenológica, en relación con los daños ocasionados a conscriptos o reclusos, es suficiente para que estos sean considerados como no atribuibles —por acción u omisión— a la administración pública. Se requiere, además, en estos eventos, que la entidad demandada acredite que su actuación no contribuyó en la producción del daño, motivo por el cual no le es imputable fáctica o jurídicamente. Lo puntualizado, en la medida en que es posible que la causa directa, inmediata y material del daño sea la actuación de un tercero o de la propia víctima, pero tal resultado perjudicial tenga una relación mediata con el servicio que estaba desplegando el soldado conscripto, motivo por el cual la entidad no puede desprenderse de su responsabilidad, por cuanto también puede serle endilgable jurídicamente el daño”.

La misma consideración ha realizado la Sala al señalar la absoluta compatibilidad entre la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto de las llamadas relaciones de especial sujeción entre el Estado y las personas privadas de la libertad. Al respecto, en sentencia del 20 de febrero de 2008, se precisó:

“De acuerdo con lo dicho hasta el momento, las relaciones de especial sujeción que nacen entre las personas privadas de la libertad y el Estado, implican que algunos de sus derechos queden sometidos a ciertas restricciones. Sin embargo, otros derechos fundamentales no pueden ser limitados ni suspendidos; el total sometimiento al Estado, que la Corte Constitucional ha identificado como un estado de indefensión o debilidad manifiesto, implica que el Estado tiene el deber de respetarlos y garantizarlos plenamente; es decir, que todo agente estatal debe abstenerse de conducta alguna que los vulnere y debe prevenir o evitar que terceros ajenos a dicha relación lo hagan.

En efecto, el carácter particular de esta situación implica que corresponde al Estado garantizar la seguridad de las personas privadas de la libertad y la asunción de todos los riesgos que, en esa precisa materia, se creen como consecuencia de tal circunstancia. Bajo esta óptica, demostrada la existencia de un daño antijurídico causado, en su vida o en su integridad corporal, a quien se encuentra privado de la libertad puede concluirse que aquél es imputable al Estado(20) (resaltados adicionales).

Lo anterior no obsta para que en este tipo de situaciones opere la causa extraña en sus diversas modalidades, como causal exonerativa de responsabilidad, casos en los cuales, como resulta apenas natural, la acreditación de la eximente deberá fundarse en la demostración de todos y cada uno de los elementos constitutivos de la que en cada caso se alegue: fuerza mayor, hecho exclusivo de la víctima o hecho exclusivo de un tercero, según corresponda; por consiguiente, no resulta procedente afirmar de manera simple y llana que la sola constatación de la existencia de una aparente causa extraña como origen o fuente material o fenomenológica en relación con los daños ocasionados a soldados regulares, resulte suficiente para que estos puedan considerarse como no atribuibles —por acción u omisión— a la administración pública(21).

Así pues, en cada caso concreto, en el cual se invoque la existencia de una causal eximente de responsabilidad por parte de la entidad demandada, deberán analizarse las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se hubiere producido el daño, por cuanto es posible que el Estado haya contribuido causalmente a la generación del mismo.

En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que tales eximentes de responsabilidad tengan plenos efectos liberadores respecto de la responsabilidad estatal, resulta necesario que la causa extraña sea la causa exclusiva, esto es única, del daño y que, por tanto, constituya la raíz determinante del mismo.

Bajo dicha perspectiva, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, si la entidad demandada es responsable por las lesiones de carácter permanente del soldado William Sevillano.

2.3. El material probatorio recaudado en el expediente.

Dentro de la respectiva etapa procesal y con el lleno de los requisitos legales se recaudaron en el proceso, los siguientes elementos de convicción:

— Copia auténtica del informe de novedad del 17 de noviembre de 1998, suscrito por el comandante de la compañía del Batallón de Boyacá de la ciudad de Pasto, en el cual manifestó lo siguiente:

“Por medio de la presente me permito informar al señor teniente coronel comandante del batallón los hechos ocurrido con el accidente de la explosión de la granada de instrucción ocurrido el 14 de noviembre de 1998 en Cimarrones.

Siendo las 10:30 horas dándose instrucción de granadas de mano y de fusil por parte del señor CS. Peña Fernández Araújo y el señor CS. Peña Juan Carlos, pasé revista de la instrucción a las 9:20, observé que el personal se encontraba bien ubicado en el área de instrucción de acuerdo las medidas de seguridad, me fui para la instrucción de primeros auxilios cuando llegó un soldado a informarme que una granada se había estallado, que el cartucho impulsor había estallado la granada de práctica y le había ocasionado una herida en el pómulo derecho, al SL. Sevillano William se le prestaron los primeros auxilios y se encuentra en el dispensario del batallón”(22) (resaltados adicionales).

— Certificación expedida el 15 de marzo de 2002 por el comandante de Infantería Nº 9 Batalla de Boyacá de la ciudad de Pasto, en el cual se hizo constar que “para el 14 de noviembre de 1998, el soldado regular Sevillano William era orgánico de esta unidad táctica, pertenecía a la compañía b y se encontraba desarrollando la segunda fase de instrucción en el sector de Cimarrón”(23).

— Certificación expedida el 11 de marzo de 2002 por el jefe sección soldados de la dirección de personal del Ejército Nacional, en el cual se hizo constar que “el soldado William Sevillano ingresó el 2 de agosto como soldado regular al Batallón de Infantería Nº 9 Boyacá con sede en Pasto y fue retirado mediante la orden administrativa de personal 1031 de 25 de marzo de 2000, por incapacidad relativa y permanente”(24).

— Mediante oficio de fecha 21 de marzo de 2002 el comandante del batallón batalla de Boyacá manifestó que “revisado el archivo, no se encontró que se haya adelantado investigación disciplinaria alguna, por los hechos ocurridos en cercanías del municipio de Chachagüí, en los que resultó lesionado el SL. William Sevillano”(25).

— Copia auténtica del resumen de historia clínica de fecha 5 de noviembre de 1999 respecto de la atención que le fue brindada al soldado William Sevillano en la Clínica Praga S.A. de la ciudad de Pasto, en dicho documento se consignó la siguiente información:

“22 de noviembre de 1999: Consulta porque presenta trauma ocular en ojo derecho por esquirla de granada presentando pérdida de la agudeza visual y dolor severo.

Al examen se encontró:

Agudeza visual: OD: Percepción de luz, Ifema en ojo derecho 100%.

OI: 20/20.

Tensión ocular: 51, 16.

Diagnóstico: 1) Trauma cerrado en OD. Severo.

2) Hifema 100% no tratado.

3) Glaucoma secundario en OD.

Tratamiento: 1) Bloqueador; 2) esteroides; 3) Midriacyl.

(…).

Diagnóstico definitivo: 1) Neuropatía patica post trauma OD.

2) Pseudofaquia traumatiza OD”(26).

— Copia auténtica del informe de novedad de fecha 10 de noviembre de 1999, suscrito por el director médico del Batallón Boyacá, en el cual, respecto de los hechos que originaron el presente litigio informó:

“Con el presente me permito informar al señor teniente coronel comandante del Batallón Boyacá, el concepto médico del SL. Sevillano William CC. (…), de 21 años de edad perteneciente al 4-C-99, paciente quien el 14 de noviembre de 1998 sufrió accidente con granada en hemicara derecha por lo cual suturan en puesto de salud. Presenta posteriormente dificultad para mirar con ojo derecho siendo valorado por oftalmología, quien le hace adaptación de lentes.

En julio de 1999 es remitido nuevamente a oftalmología, quien hace diagnóstico de catarata pos traumática en ojo derecho, se realiza procedimiento quirúrgico el 24 de agosto de 1999 con evolución satisfactoria.

El 5 de noviembre del presente año control con diagnóstico definitivo de neuropatía postrauma en ojo derecho, pseudofaquia traumática en ojo derecho”(27).

— Copia autentica del acta de junta médica laboral de la dirección de sanidad del Ejército de fecha 29 de febrero de 2000, la cual se realizó para establecer la incapacidad laboral del soldado regular William Sevillano; de dicho documento resulta pertinente citar los siguientes apartes:

“Fecha de iniciación y circunstancias: Presenta herida contusa provocada por espoleta de granada en hemicara derecha con compromiso ocular derecho que ocasionó edema y disminución de la agudeza visual, fue valorado en el Hospital Departamental de Nariño para manejo de la urgencia. Diagnóstico: 1) herida abierta longitudinal desde el pómulo hasta la comisura labial derecha; 2) trauma ocular derecho moderado.

“(…).

“Diagnóstico positivo de las lesiones o afecciones:

Herida por espoleta de granada en hemicara derecha y trauma ocular derecho tratado que deja como secuela a) cicatriz moderada y desfiguración facial; b) agudeza visual OI. 20/400 que corrige 20/200 OI. 20/20, sin corrección.

Clasificación de las lesiones o afecciones y calificación de capacidad sicofísica para el servicio.

Le determina incapacidad relativa y permanente. No apto para actividad militar.

Le produce una disminución de la capacidad laboral del diecinueve punto cinco por ciento % 19.5.

Imputabilidad del servicio: Lesión en el servicio por causa y razón del mismo” (resaltados adicionales).

— Copia auténtica de la Resolución 13234 del 17 de septiembre de 2001, expedida por el jefe de desarrollo humano del Ejército Nacional, a través de la cual se decidió “reconocer y ordenar el pago con cargo al presupuesto del Ejército Nacional a favor del ex soldado William Sevillano la suma de $ 6’873.981”(28).

— Copia auténtica del acta de la junta de calificación de invalidez - Regional Valle del Cauca, realizada el 20 de diciembre de 2002 con el propósito de establecer la incapacidad médico laboral del señor William Sevillano; en dicho documento se concluyó lo siguiente:

“Ojo derecho ciego, secuela de trauma ocular permanente producido por esquirlas de arma de fragmentación.

(…). Por unanimidad los miembros manifestaron que en su concepto la pérdida de la capacidad laboral es la siguiente:

Concepto:

Deficiencia: 11.00

Discapacidad: 2.80

Minusvalía: 18.75

Total: 32.55”(29).

2.4. Conclusiones probatorias y caso concreto.

La Sala encuentra probado que el señor William Sevillano, para el momento de los hechos —14 de noviembre de 1998—, estaba vinculado con las Fuerzas Militares, concretamente con el Batallón de Infantería Nº 9 “Batalla de Boyacá” con sede en la ciudad de Pasto, toda vez que se encontraba prestando servicio militar obligatorio en calidad de soldado regular desde el 2 de agosto de 1998.

De igual forma, se encuentra acreditado el daño antijurídico por cuya indemnización se demandó, esto es la lesión de carácter permanente que padece el señor William Sevillano tal como consta tanto en el resumen de historia clínica de la mencionada persona como en las actas de la junta médico laboral elaboradas por la junta regional de calificación de invalidez del Valle del Cauca y por la Junta Médica Laboral de las Fuerzas Militares, las cuales se ocasionaron mientras aquél prestaba servicio militar obligatorio.

En ese mismo sentido, los informes administrativos por accidente realizados por la misma institución demandada, fueron consistentes en afirmar que el soldado William Sevillano resultó lesionado como consecuencia de un accidente producido por el estallido de una granada mientras se realizaba una actividad de instrucción militar. A lo anterior se añade lo manifestado en el acta de junta médica laboral realizada por el Ejército Nacional, en la cual se estableció igualmente que el soldado resultó en actividades propias del servicio y por causa y razón de éstas.

Con fundamento en lo expuesto, en los antecedentes de la demanda narrados al inicio de esta providencia y en el material probatorio relacionado, es posible concluir que la imputación de responsabilidad a la entidad pública demandada en el presente asunto debe realizarse bajo el título de riesgo excepcional(30), toda vez que dentro del proceso se encuentra acreditado que la lesión del señor William Sevillano se produjo como consecuencia del estallido de una granada de fragmentación de dotación oficial, mientras se encontraba prestando servicio militar en calidad de soldado regular, el día 14 de noviembre de 1998.

Por consiguiente, se impone concluir que en el sub judice concurren los elementos necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado a causa de los daños sufridos por los demandantes bajo el título jurídico de imputación de riesgo excepcional, a cual el lesionado se vio sometido por haber resultado herido como consecuencia de un estallido de una granada de dotación oficial mientras prestaba servicio militar obligatorio, sin que la entidad demandada hubiere acreditado la existencia de una causa extraña que pudiere eximirla de responsabilidad por ese hecho.

Ciertamente, precisa la Sala que era a la entidad demandada a quien correspondía demostrar —en este caso concreto—, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, la existencia de una causal de exoneración, como fuerza mayor, el hecho exclusivo de un tercero o la culpa exclusiva y determinante de la víctima, y ocurre que ninguna prueba tendiente a tal propósito se trajo al proceso, ni se pidió o buscó aportar por parte de la demandada.

Estas mismas circunstancias probatorias del proceso impiden también declarar concurrencia de causas(31) entre la entidad demandada y el soldado regular William Sevillano, ya que, —reitera la Sala—, no se aportó prueba alguna en ese sentido.

Por consiguiente, la Sala confirmará la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño el 12 de agosto de 2005, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia.

2.5. Indemnización de perjuicios.

2.5.1. Perjuicios morales a favor de los demandantes.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el tribunal de primera instancia reconoció la cantidad de 20 SMLMV a favor del principal afectado, 10 SMLMV a favor de la madre de aquél y 5 SMLMV para cada uno de sus hermanos y que en el recurso de apelación la parte demandante solicitó incrementar el monto de dicho perjuicio moral en los montos deprecados en la demanda, pues partió de afirmar que existían suficientes medios probatorios que acreditaban la existencia y magnitud de los mismos. La Sala estudiará de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso la posibilidad de aumentar dicho monto.

Ahora bien, acerca de los daños causados por las lesiones que sufre una persona, resulta necesario precisar que si bien éstas pueden dar lugar a la indemnización de perjuicios morales, su tasación dependerá, en gran medida, de la gravedad y entidad de las mismas, pues hay situaciones en las cuales éstas —las lesiones sufridas—, son de tal magnitud que su ocurrencia alcanza a tener una entidad suficiente para alterar el curso normal de la vida o de las labores cotidianas de una persona, por manera que la cuantificación de los perjuicios morales que se causen en virtud de unas lesiones personales, se definirá en cada caso por el juez, en proporción al daño sufrido y a las circunstancias particulares de las causas y consecuencias de la lesión.

De igual forma, resulta claro que la tasación de este perjuicio, de carácter extrapatrimonial, dada su especial naturaleza, no puede ser sino compensatoria, por lo cual, corresponde al juzgador, quien con fundamento en su prudente juicio debe establecer, en la situación concreta, el valor que corresponda, para lo cual debe tener en cuenta las circunstancias, la naturaleza, la gravedad de las lesiones sufridas y sus secuelas, de conformidad con lo que se encuentre demostrado en el proceso.

Así pues, es lo común, lo esperable y comprensible, que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afecciones cuando ven disminuidas su salud y sus facultades físicas, especialmente cuando la lesión sufrida es de tal entidad que puede poner en riesgo la vida de una persona, tal y como ocurrió en el sub lite, pues el señor William Sevillano fue víctima de la explosión de una granada de fragmentación mientras realizaba una actividad de instrucción militar lesión que, además, le produjo a la víctima directa una considerable afectación a su integridad física, pues perdió la visión completamente de su ojo derecho(32).

En este caso, tal como se demostró en el proceso, el señor William Sevillano resultó herido por una granada de fragmentación que le significó un porcentaje de incapacidad médico laboral equivalente al “32.55%”, tal y como lo certificó la junta médica laboral - regional Valle del Cauca, todo lo cual le produjo, sin duda, una afección moral que debe ser indemnizada. En efecto, resulta comprensible que una persona que haya sido lesionada de la forma en que quedó acreditada en el proceso y, en consecuencia, que haya visto en riesgo su vida y, además, que hubiere sufrido una invalidez parcial permanente por causa de la pérdida de la visión por un ojo, se sienta moralmente afectada al igual que sus familiares(33).

De otra parte, frente al reconocimiento de perjuicios solicitados a favor de la madre y hermanos del principal lesionado, la Sala en esta oportunidad reiterará su jurisprudencia en el sentido de indicar que el reconocimiento de perjuicios se desprende de la condición personal de damnificado con el daño sufrido, y que el parentesco resulta ser un elemento probatorio adicional que indica la existencia de una relación familiar consolidada. Al respecto la Sala ha razonado de la siguiente manera:

“Ha dicho la jurisprudencia, en forma reiterada, que en estos procesos de responsabilidad la indemnización de perjuicios la piden o solicitan los damnificados de la persona fallecida o herida por causa de la falla del servicio, no en su carácter de herederos de ésta, sino por el perjuicio que les causó esa muerte o esas lesiones, con prescindencia del mismo vínculo parental que gobierna el régimen sucesoral. En otras palabras, la parte demanda porque fue damnificada y no porque es heredera.

“Tan cierto es esto que con alguna frecuencia se niega en estos procesos indemnización al padre, al cónyuge, a los hijos o hermanos, pese a la demostración del parentesco, porque por otros medios se acredita que no sufrieron daño alguno. El caso, por ejemplo, del padre o madre que abandona a sus hijos desde chicos; o del hijo que abandona a sus padres estando estos enfermos o en condiciones de no subsistir por sus propios medios.

“En otros términos, lo que se debe probar siempre es el hecho de ser damnificada la persona (porque el hecho perjudicial afectó sus condiciones normales de subsistencia, bien en su esfera patrimonial o moral) y no su carácter de heredera.

“El equívoco se creó cuando la jurisprudencia aceptó, para facilitar un tanto las cosas, que el interés de la persona damnificada resultaba demostrado con la prueba del vínculo de parentesco existente entre la víctima y el presunto damnificado.

“Esta idea, de por sí bastante clara, creó el equívoco, hasta el punto de que se confundió el interés del damnificado con el del heredero.

“Lo anterior hizo que los demandantes se contentaran simplemente con acompañar al proceso las pruebas del parentesco. Y esto, en la mayoría de los casos es suficiente porque la jurisprudencia, por contera, terminó aceptando la presunción de hombre o judicial de que entre padres e hijos o cónyuges entre sí se presume el perjuicio por el sólo hecho del parentesco.

“Pero fuera de que se han limitado a esas pruebas del estado civil, las han practicado mal o en forma incompleta, lo que ha impedido en muchos eventos reconocer el derecho pretendido porque no se acreditó bien el interés en la pretensión”(34).

Así las cosas, la valoración probatoria que debe hacer el juez para acceder al reconocimiento de los perjuicios morales no puede entenderse en forma alguna como una simple verificación de la relación de parentesco de los demandantes, sino que es deber del fallador hacer acopio de todos los elementos probatorios obrantes de manera que verifique la existencia de criterios o referentes objetivos para su cuantificación tales como: “las características mismas del daño, su gravedad y extensión, el grado de afectación en el caso a cada persona, vale decir, el conjunto de elementos o circunstancias de hecho que enmarcan la situación del demandante afectado, para, por vía del análisis de conjunto, debidamente razonado, llegar a concretar un monto indemnizatorio determinado”(35).

Con fundamento en lo anterior, concluye la Sala que la lesión de carácter permanente padecida por el principal lesionado, produjo ciertamente —como plantea la demanda— un padecimiento moral a su madre y hermanos. En efecto, —reitera la Sala—, es lo común, lo esperable y comprensible, que los seres humanos sientan tristeza, depresión, angustia, miedo y otras afectaciones de los sentimientos, cuando un ser querido sufre una lesión con secuelas permanentes.

Finalmente, debe advertirse que obran en original y copia auténtica los respectivos registros civiles nacimiento de los señores William Sevillano, Isaura Rosalía Sevillano, Johana Sevillano, Astrid Patricia Sevillano, Licenia Valencia Sevillano e Ingrid Johana Banguera Sevillano, los cuales dan cuenta de la relación de parentesco existente entre el primero de los nombrados y quienes acuden en calidad de su madre y hermana, respectivamente(36).

Precisado lo anterior y teniendo en cuenta tanto la prueba recaudada con la cual se demostró las afectaciones sufridas por los demandantes, como los parámetros jurisprudenciales sostenidos por la Sección, se impone modificar la sentencia apelada y, en consecuencia, acceder al reconocimiento de las siguientes cantidades y a favor de las siguientes personas:

William Sevillano (lesionado)50 SMMLV
Isaura Rosalía Sevillano (madre)50 SMMLV
Johana Sevillano (hermana)25 SMMLV
Astrid Patricia Sevillano (hermana)25 SMLMV
Ingrid Johana Banguera Sevillano (hermana)25 SMMLV
Licenia Valencia Sevillano (hermana)25 SMMLV

2.5.2. Perjuicios por daño a la salud.

Habida cuenta de que la sentencia de primera instancia reconoció la suma de 10 SMLMV por este rubro para el principal afectado, señor William Sevillano y que en el recurso de apelación se solicitó se aumentara dicho reconocimiento en la cuantía señalada en la demanda (4.000 gramos de oro), la Sala estudiará dicha solicitud a partir de las pruebas allegadas al proceso.

De conformidad con la posición jurisprudencial adoptada por la Sección Tercera de la corporación, cuando el daño antijurídico radica en una afectación psicofísica de la persona, esta debe ser indemnizada bajo el concepto del daño a la salud, entendido este como categoría autónoma de perjuicio. Al respecto así dijo la Sala(37).

“Por lo tanto, cuando el daño tenga origen en una lesión corporal (daño corporal), sólo se podrán reclamar y eventualmente reconocer los siguientes tipos de perjuicios —siempre que estén acreditados en el proceso—:

“i) los materiales de daño emergente y lucro cesante;

“ii) y los inmateriales, correspondientes al moral y a la salud o fisiológico, el primero tendiente a compensar la aflicción o padecimiento desencadenado por el daño, mientras que el último encaminado a resarcir la pérdida o alteración anatómica o funcional del derecho a la salud y a la integridad corporal(38).

“Desde esa perspectiva, se insiste, el daño a la salud comprende toda la órbita psicofísica del sujeto. En consecuencia, la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta corporación.

“Es decir, cuando el daño antijurídico radica en una afectación psicofísica de la persona, el daño a la salud surge como categoría autónoma y, por lo tanto, desplaza por completo denominaciones o tipos de perjuicios abiertos que han sido empleados en otras latitudes, pero que, al igual que en esta ocasión, han cedido paso al daño corporal como un avance jurídico que permite la reparación efectiva y objetiva del perjuicio proveniente de la lesión al derecho constitucional y fundamental a la salud...

“…Así las cosas, el daño a la salud posibilita su reparación considerado en sí mismo, sin concentrarse de manera exclusiva y principal en las manifestaciones externas, relacionales o sociales que desencadene, circunstancia por la cual este daño, se itera, gana concreción y objetividad en donde las categorías abiertas la pierden y, por lo tanto, permite garantizar los principios constitucionales de dignidad humana y de igualdad material”.

En cuanto a la forma de tasar la indemnización de dicho perjuicio, la Sala acogió que éste consta de un componente objetivo, en el cual se revisa la magnitud de la lesión y otro subjetivo, encaminado al análisis de las consecuencias que dicho menoscabo causa en cada individuo. Así lo explicó la Sala en aquella oportunidad:

“De allí que no sea procedente indemnizar de forma individual cada afectación corporal o social que se deriva del daño a la salud, como lo hizo el tribunal de primera instancia, sino que el daño a la salud se repara con base en dos componentes: i) uno objetivo determinado con base en el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo, que permitirá incrementar en una determinada proporción el primer valor, de conformidad con las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada.

“Así las cosas, el daño a la salud permite estructurar un criterio de resarcimiento fundamentado en bases de igualdad y objetividad, de tal forma que se satisfaga la máxima “a igual daño, igual indemnización”(39).

Así las cosas, la valoración probatoria que debe hacer el juez para acceder al reconocimiento de los perjuicios morales no puede entenderse en forma alguna como una simple verificación de la relación de parentesco de los demandantes, sino que es deber del fallador hacer acopio de todos los elementos probatorios obrantes de manera que verifique la existencia de criterios o referentes objetivos para su cuantificación tales como: “las características mismas del daño, su gravedad y extensión, el grado de afectación en el caso a cada persona, vale decir, el conjunto de elementos o circunstancias de hecho que enmarcan la situación del demandante afectado, para, por vía del análisis de conjunto, debidamente razonado, llegar a concretar un monto indemnizatorio determinado”(40).

La indemnización, en los términos del fallo referido está sujeta a lo probado en el proceso, única y exclusivamente para la victima directa, en relación con dos componentes o elementos del daño a la salud: de una parte el objetivo y de otra, el subjetivo, asignándoles en conjunto hasta 400 SMLMV de indemnización, distribuidos de la siguiente manera: para el criterio objetivo, hasta 300 SMLMV y para el subjetivo, hasta 100 SMLMV, estos quantum deberán motivarse por el juez y ser proporcionales a la intensidad del daño, tal y como se grafica seguidamente.

Bajo el propósito expuesto, debe determinarse el contenido del elemento objetivo que como regla general se realizará con base en la calificación de gravedad de la afectación corporal o psicofísica, debidamente probada dentro del proceso, relativa a los aspectos o componentes funcionales, biológicos y psíquicos del ser humano. Para lo anterior el juez deberá considerar las consecuencias de la enfermedad o accidente que reflejen alteraciones al nivel del comportamiento y desempeño de la persona dentro de su entorno social y cultural que agraven la condición de la víctima. Para estos efectos, de acuerdo con el caso, se considerarán las siguientes variables:

— La pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica (temporal o permanente).

— La anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura corporal o mental.

— La exteriorización de un estado patológico que refleje perturbaciones al nivel de un órgano.

— La reversibilidad o irreversibilidad de la patología.

— La restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad normal o rutinaria.

— Excesos en el desempeño y comportamiento dentro de una actividad normal o rutinaria.

— Las limitaciones o impedimentos para el desempeño de un rol determinado.

— Los factores sociales, culturales u ocupacionales.

— La edad.

— El sexo.

— Las demás que se acrediten dentro del proceso(41).

Reparación del daño a la salud
regla general
Gravedad de la lesiónVíctima directa
 SMLMV
Igual o superior al 50%100
Igual o superior al 40% e inferior al 50%80
Igual o superior al 30% e inferior al 40%60
Igual o superior al 20% e inferior al 30%40
Igual o superior al 10% e inferior al 20%20
Igual o superior al 1% e inferior al 10%10

El componente subjetivo del daño a la salud permitirá incrementar con fundamento en el material probatorio y la sana crítica, el quantum determinado en el aspecto objetivo, en cuyo efecto se determina como límite para los casos de mayor afectación el equivalente hasta de 100 SMLMV.

Asimismo, se determinó que en casos excepcionales y cuando existan circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño a la salud, podrá otorgarse una indemnización mayor a la señalada en la tabla anterior, sin que en tales casos el monto total de la indemnización por este concepto pueda superar la cuantía equivalente a 400 SMLMV. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño, con aplicación de las mismas variables referidas. En conclusión, la liquidación del daño a la salud se efectuará de la siguiente manera:

Reparación del daño a la salud
  
ConceptoCuantía máxima
Regla general100 SMLMV
Regla de excepción400 SMLMV

Con relación a los parámetros anteriores, se aclara que ellos son excluyentes y no acumulativos, de manera que la indemnización reconocida nunca podrá superar el límite de 400 SMLMV(42).

Ahora bien, para el caso sub examine, se cuenta con dos dictámenes de la pérdida de capacidad laboral del señor William Sevillano, uno realizado el 29 de febrero de 2000 por la junta de calificación de invalidez de la sanidad del Ejército Nacional que conceptuó dicha incapacidad en un 19.5%, y el otro emitido el 20 de diciembre de 2002 por la junta regional de calificación de invalidez del Valle del Cauca que concluyó que dicho porcentaje equivalía al 32.55%.

Sobre el particular, advierte la Sala que acogerá el dictamen emitido por la junta de calificación regional de invalidez del Valle del Cauca pues además de que se realizó de forma posterior, el mismo abarca todas las situaciones de índole laboral y no solo las relativas al servicio militar.

Ahora bien para el caso sub examine, teniendo en cuenta la pérdida de la capacidad laboral del señor William Sevillano equivalente al 32.55% y, aplicando la directriz jurisprudencial en este tipo de casos, se reconocerá la indemnización por concepto de daño a la salud en una suma equivalente a 60 SMLMV, lo cual impone la necesidad de modificar la sentencia apelada en este aspecto.

2.5.3. Perjuicios materiales.

Comoquiera que en el recurso de apelación no se cuestionó la decisión que denegó los perjuicios materiales por daño emergente, la Sala se ocupará, exclusivamente, de la solicitud de indemnización de perjuicios correspondiente al lucro cesante a favor del señor William Sevillano, reconocimiento que se estima procedente en consideración a que si bien no se encuentra demostrada la actividad económica desplegada por éste antes de su incorporación al Ejército Nacional, lo cierto es que por encontrarse en una edad productiva al momento de su desvinculación del Ejército Nacional, se aplicará la presunción de que la misma le generaba por lo menos el salario mínimo legal mensual vigente para aquella época.

De conformidad con lo anterior, procederá la Sala a realizar la liquidación de dicho perjuicio. Entonces:

Ingresos de la víctima al momento de su desvinculación del Ejército Nacional: $ 260.100

Expectativa de vida total de la víctima: 58 años (696 meses)(43)

Período consolidado: 180 meses

Período futuro: 516 meses

Índice final: enero de 2015 (118,91)

Índice inicial: marzo de 2000(44): 60.07

Actualización de la base:

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RA = $ 514.874, que por ser inferior al salario mínimo legal mensual que rige para el año 2015 ($ 644.350), se tomará éste último para la liquidación. Adicionalmente, el mismo será adicionado en un 25% por concepto de prestaciones sociales ($ 805.437). No obstante, de dicha suma sólo se tendrá en cuenta el porcentaje establecido por la Junta de calificación Nacional de Invalidez como la incapacidad laboral permanente, esto es 32,55%, lo cual arroja el resultado de: $ 262.169

Consolidado: Desde la fecha de la desvinculación del Ejército nacional del señor William Sevillano (mar./2000) hasta la fecha de esta sentencia (feb./2015), esto es 180 meses, aplicando la siguiente fórmula:

Ra = $ 262.169

I = Interés puro o técnico: 0.004867

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S = $ 262.169 x 286,895

S = $ 75’215.184

Futuro: Por el resto del período de vida probable de la víctima (William Sevillano), esto es 516 meses, aplicando la siguiente fórmula:

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aaaa149

S = $ 262.169 X 188,706

S = $ 49’472.961

Total perjuicios materiales para el señor William Sevillano: ciento veinticuatro millones seiscientos ochenta y ocho mil ciento cuarenta y cinco pesos ($ 124’688.145).

Finalmente, estima la Sala necesario precisar que si bien mediante Resolución 13234 de 17 de septiembre de 2001, el Ministerio de Defensa —Ejército Nacional— reconoció al principal afectado la suma de $ 6’873.981 por concepto de “prestaciones sociales”, lo cierto es que cuando se reconocen a favor del lesionado o de sus familiares los derechos de carácter prestacional, dichas sumas de dinero emanan de una relación jurídica de la cual se deriva una responsabilidad distinta a la que aquí se reclama y cuyo origen lo constituye la vinculación jurídico-laboral, razón por la cual no existe justificación alguna para ordenar el descuento del valor de las prestaciones reconocidas al actor, del monto de la indemnización que se llegare a reconocer por el ejercicio de la acción de reparación directa, de conformidad con las razones anteriormente expuestas(45).

2.6. Condena en costas.

Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. MODIFICAR la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño el 12 de agosto de 2005, la cual quedará así:

“1º) Declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, por los perjuicios ocasionados a los demandantes por las lesiones sufridas por el soldado regular William Sevillano, según hechos ocurridos el día 14 de noviembre de 1998, cuyas consecuencias fueron determinadas el 28 de febrero de 2000, de conformidad con la parte motiva de esta sentencia.

2º) Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, a pagar a favor de William Sevillano a título de indemnización por perjuicios morales la suma equivalente en pesos de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria del presente fallo.

3º) Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa a pagar a favor de William Sevillano a título de perjuicios materiales la suma de ciento veinticuatro millones seiscientos ochenta y ocho mil ciento cuarenta y cinco pesos ($ 124’688.145).

4º) Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa a pagar a favor de William Sevillano a título de indemnización por daño a la salud la suma equivalente en pesos a sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria del presente fallo.

5º) Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar a favor de Isaura Rosalía Sevillano, madre del lesionado a título de indemnización por perjuicios morales a la suma equivalente en pesos a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria del presente fallo.

6º) Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar a favor de Johana Sevillano, Astrid Patricia Sevillano e Ingrid Johana Banguera Sevillano y Licenia Valencia Sevillano, hermanas del lesionado William Sevillano, a título de indemnización por perjuicios morales a la suma equivalente en pesos a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la ejecutoria del presente fallo para cada una.

SEGUNDO: DENIÉGANSE las demás súplicas de la demanda.

TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas.

CUARTO: CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(13) Decreto 597 de 1988.

(14) (Fls. 96 a 98, cdno. 2) Al respecto consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de mayo de 2012, expediente 24.673, M.P. Mauricio Fajardo Gómez y la proferida el 14 de mayo de 2014, expediente 33.679, en las cuales se precisó lo siguiente:

“En el asunto sub examine si bien se tiene certeza del momento de la ocurrencia de los hechos generadores de las lesiones sufridas por el señor Jairo Albarracín Ferrer, lo cierto es que el demandante sólo tuvo conocimiento de la magnitud del daño que había soportado a partir de la calificación realizada por la junta médica laboral de la dirección de sanidad del Ejército, razón por la cual la Sala contabilizará la caducidad de la acción respectiva desde el momento en el cual la junta médica determinó que la víctima presentaba una incapacidad de carácter relativa y permanente, la cual le impedía ejercer la actividad militar.

“En este orden de ideas, puede concluirse entonces que si bien el actor sufrió el daño en una fecha determinada, lo cierto es que sólo pudo conocer con certeza acerca del mismo y de su magnitud el día 24 de septiembre de 1998, por lo cual se tiene que la demanda presentada ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el 19 de octubre de 1999, resulta oportuna” (se resalta).

(15) Al respecto, consultar por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 30 de julio de 2008, expediente 18.725, M.P. Ruth Stella Correa Palacio y del 23 de abril de 2009, expediente 17.187.

(16) “En sentencia de 10 de agosto de 2005, expediente 16.205, la Sala al resolver la demanda instaurada con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios causados por las lesiones sufridos por un soldado, quien en cumplimiento de la orden proferida por su superior jerárquico, de realizar un registro de área en horas de la noche, al saltar un caño se cayó y golpeó contra una piedra, consideró: “...la causación de los daños material, moral y a la vida de relación tienen sustento, en este proceso, en el actuar de la administración de sometimiento del soldado conscripto a una carga mayor a la que estaba obligado a soportar, cuando en el cumplimiento de la misión conferida a él por el comandante del escuadrón B de contraguerrillas de registro del área general del municipio de Paz de Ariporo dentro del servicio y con ocasión de él, se tropezó cayendo contra la maleza, lesionándose el ojo derecho”.

(17) Expediente 11.401.

(18) Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de octubre de 2008, expediente 18586, M.P. Enrique Gil Botero.

(19) Ibídem.

(20) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2006, expediente 20.125, C.P. Alier Hernández Enríquez. Sentencia de 20 de febrero de 2008, expediente 16996, C.P. Enrique Gil Botero, posición jurisprudencial también reiterada en la sentencia del 29 de enero de 2009, expediente 16975, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(21) Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de octubre de 2008, expediente 18586, M.P. Enrique Gil Botero.

(22) Folio 88, cuaderno 1.

(23) Folio 91, cuaderno 1.

(24) Folio 91, cuaderno 1.

(25) Folio 99, cuaderno 1.

(26) Folio 60 a 64, cuaderno 1.

(27) Folio 39, cuaderno 2.

(28) Folios 28 a 29, cuaderno 2.

(29) Folio 141, cuaderno 1.

(30) Cuando se someta al funcionario a un riesgo excepcional diferente o mayor al que deban afrontar sus demás compañeros, ha considerado la Sala que se vulnera el principio de igualdad frente a las cargas públicas y hay lugar a la indemnización plena o integral de los perjuicios causados. Así por ejemplo, en sentencia del 3 de abril de 1997, expediente 11.187, se precisó:

“Valga precisar en cuanto al riesgo que asumen quienes se vinculan a las fuerzas armadas, que ese riesgo cobija a todos los integrantes por igual. Solo cuando alguno de ellos es puesto en circunstancias que intensifican el riesgo puede hablarse de que se rompe el principio de igualdad frente a las cargas públicas. Pero el principio de la igualdad siempre debe mirarse referidos a quienes se encuentran en condiciones de igualdad, en este caso frente a los demás miembros del cuerpo armado.

“En tratándose del riesgo a perder la vida o a sufrir lesiones personales, no puede predicarse igualdad entre cualquier asociado y quien pertenece a las fuerzas armadas del Estado. La vinculación a esas instituciones de suyo implica la asunción del riesgo, diferente a aquel que se presenta frente al asociado común”.

(31) En relación con la denominada “concausa”, esta Sección del Consejo de Estado ha sostenido que el comportamiento de la víctima o de un tercero, habilita al juzgador para reducir el quantum indemnizatorio (C.C., art. 2357) puesto que aquel contribuye, de manera cierta y eficaz, en la producción del hecho dañino, es decir cuando la conducta de la persona participa en el desenlace del resultado, habida consideración de que la víctima o el tercero contribuyó realmente a la causación de su propio daño. Ver por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de septiembre de 1999, expediente 14.859 y del 10 de agosto de 2005, expediente 14.678, M.P. María Elena Giraldo Gómez, entre otras decisiones.

(32) “La orquiectomía consiste en la extirpación total o parcial del testículo. Si la orquiectomía es total, también se extirpará el epidídimo y parte del cordón testicular, en otras ocasiones la orquiectomía es sólo parcial, extirpando únicamente la parte funcional del testículo dejando el resto de estructuras (orquiectomía subalbuginea).

La orquiectomía total está indicada en procesos tumorales, infecciosos que destruyeron el testículo, y en casos de atrofia testicular (pudiéndose colocar posteriormente una prótesis)”. En http://www.hespanol.com.ar/upload/Orquidectom%C3%ADa.pdf.

(33) Esta conclusión resulta congruente con la posición reiterada por la Sala Plena de esta Sección del Consejo de Estado, en el sentido de señalar la necesidad de acreditación probatoria del perjuicio moral que se pretende reclamar. Sentencia de 23 de agosto de 2012, expediente 1800-12-33-1000-1999-00454-01 (24392)

(34) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1º de noviembre de 1991, expediente 6.469, criterio reiterado en sentencia de 24 de mayo de 2001, expediente 12.819, M.P. María Elena Giraldo.

(35) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 23 de agosto de 2012, expediente 24392.

(36) Folios 17 a 20, cuaderno 1 y 228 cuaderno principal.

(37) Sentencia de unificación del 14 de septiembre de 2011, expediente 19031, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativa, M.P. Enrique Gil Botero.

(38) “Se está en presencia de un nuevo sistema clasificatorio del daño que acepta la existencia de tres modalidades del mismo: los patrimoniales, los morales y el biológico. Diferenciándose el biológico en cuanto al moral en la medida en que el primero es la lesión en sí misma considerada, y otra diferente, son los sufrimientos, el dolor y los afectos que de dicha lesión se pueden derivar, lo que constituiría el efecto o daño moral; sin embargo, ambos hacen parte del daño no patrimonial, esto es, no susceptible de contenido económico”. Gil Botero, Enrique “Daño corporal - Daño Biológico - Daño a la vida de relación”, pág. 10.

(39) “En el histórico fallo 184 de 1986 la Corte Constitucional italiana afirmó que el criterio de liquidación que debe adoptarse para el resarcimiento del daño biológico “debe, de un lado, responder a una uniformidad pecuniaria de base (el mismo tipo de lesión no puede valorarse de manera diferente para cada sujeto) y, de otro, debe ser suficientemente elástico y flexible para adecuar la liquidación del caso concreto a la incidencia efectiva de la lesión sobre las actividades de la vida cotidiana, por medio de las cuales se manifiesta concretamente la eficiencia sicofísica del sujeto perjudicado”. Rozo Sordini, Paolo “El daño biológico”, Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, págs. 209 y 210.

(40) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 23 de agosto de 2012, expediente 24392.

(41) Referentes para la reparación de perjuicios inmateriales que fueron discutidos y aprobados por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, según consta en sentencia del 28 de agosto de 2014.

(42) Consejo de Estado, Sala Plena Sección tercera, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, expediente 31.170, Enrique Gil Botero.

(43) De conformidad con el registro civil de nacimiento de la referida persona, se tiene que nació el 14 de enero de 1978 (fl. 2, cdno. 2).

(44) Según el oficio del 12 de marzo de 2002 suscrito por el jefe de sección de soldados de la dirección de personal del Ejército, el referido soldado fue reiterado mediante orden administrativa del 25 de marzo de 2000 (fl. 92, cdno. 1).

(45) En ese mismo sentido consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de mayo de 2010, expediente 18.950, entre otras.