Sentencia 2001-00807 de febrero 27 de 2013

 

Sentencia 2001-00807 de febrero 27 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad. 27001-23-31-000-2001-00807-01 (25.973)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Gráficas Platin

Demandado: Lotería del Chocó

Proceso: acción contractual

Asunto: recurso de apelación

Bogotá, D.C., veintisiete de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

1. El proceso es una relación jurídica que persigue dar una solución a una o varias pretensiones que se han formulado y por consiguiente supone la existencia de unos requisitos que permitan su surgimiento.

Uno de tales requisitos o presupuestos es la capacidad para ser parte y consiste en que la tal relación jurídica procesal debe trabarse entre sujetos de derecho para que la solución se pueda imponer con autoridad y con carácter coercitivo.

Por regla general toda persona puede ser parte en un proceso, como lo pregona el inciso primero del artículo 44 del Código Procedimiento Civil, sin embargo de manera excepcional la ley permite que algunos entes que carecen de personalidad puedan ser partes en un proceso tal como sucede con la herencia yacente, los bienes del ausente, los bienes del que está por nacer, los patrimonios autónomos resultantes del negocio fiduciario o la masa de la liquidación judicial, etc. (L. 1306/2009, arts. 114 y ss.; C. Co., 1226 y ss.; L. 1116/2006).

Pero salvo estos excepcionales casos previstos en la ley, todo el que comparezca a un proceso como demandante o como demandado debe ostentar la calidad de persona.

En consecuencia, si quien comparece al proceso no tiene la calidad de persona o no es de aquellos entes que de manera excepcional la ley permite que asistan al proceso como parte sin tener personalidad, la relación jurídica procesal no surge y por consiguiente no puede darse una solución con autoridad y coercibilidad frente a todos los intervinientes, razón por la cual se impone la inhibición.

En síntesis, la falta de capacidad para ser parte equivale a la inexistencia de alguna de ellas, o de las dos, y es así como la trata el Código de Procedimiento Civil al enlistarla como excepción previa en el numeral 4º del artículo 97, situación que implica que la relación jurídica procesal no pueda surgir pues un vínculo supone la presencia de dos extremos que se relacionan.

2. Según el artículo 25 del Código de Comercio “se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio”.

Por su parte el artículo 515 de la misma codificación señala que “se entiende por establecimiento de comercio un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona podrá tener varios establecimientos de comercio, y, a su vez, un solo establecimiento de comercio podrá pertenecer a varias personas, y destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales”.

De otro lado, el artículo 516 del Código de Comercio expresa que “salvo estipulación en contrario, se entiende que forman parte de un establecimiento de comercio:

1) La enseña o nombre comercial y las marcas de productos y de servicios;

2) Los derechos del empresario sobre las invenciones o creaciones industriales o artísticas que se utilicen en las actividades del establecimiento;

3) Las mercancías en almacén o en proceso de elaboración, los créditos y los demás valores similares;

4) El mobiliario y las instalaciones;

5) Los contratos de arrendamiento y, en caso de enajenación, el derecho al arrendamiento de los locales en que funciona si son de propiedad del empresario, y las indemnizaciones que, conforme a la ley, tenga el arrendatario;

6) El derecho a impedir la desviación de la clientela y a la protección de la fama comercial, y

7) Los derechos y obligaciones mercantiles derivados de las actividades propias del establecimiento, siempre que no provengan de contratos celebrados exclusivamente en consideración al titular de dicho establecimiento”.

De los anteriores preceptos se desprende que el comerciante o empresario es quien ostenta la calidad de persona y por ende es el sujeto de derechos, persona esta que organiza una actividad económica de producción, transformación, circulación o administración de bienes, o para prestar servicios, la que realiza mediante uno o varios establecimientos de comercio, esto es, mediante un conjunto de bienes que una vez organizados le permiten alcanzar los fines propios de su empresa.

Por consiguiente, la enseña o el nombre comercial, las marcas de los productos, la propiedad industrial, las mercancías en proceso de elaboración o en inventario, las instalaciones y el mobiliario, etc., son simplemente cosas a las que la ley en ninguna parte les atribuye personalidad o les permite que comparezcan a un proceso como demandantes o como demandados.

O acaso, por ejemplo, ¿podríamos imaginarnos fungiendo como demandantes o como demandados en un proceso a los escritorios, máquinas o mercancías que ha organizado el empresario para realizar su actividad?

¿Será que podrían ser parte de una relación jurídica procesal que permita decidir frente a ellos, no sobre ellos, con autoridad y coercibilidad?

La lógica elemental y los preceptos jurídicos imponen un no rotundo.

Con otras palabras, el establecimiento de comercio no es una persona ni un ente al que la ley le conceda la posibilidad de ser parte en un proceso, lo que en últimas significa que no tiene capacidad para ser parte.

3. En este asunto se ha presentado como parte demandante un establecimiento de comercio denominado “Gráficas Platin”, como pasa a demostrarse:

Al folio 29 del cuaderno 1 se ve el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá en el cual consta que el señor Luis Fernando Platín Tovar se encuentra matriculado como comerciante, que su actividad es el servicio de litografía, tipografía y screen, el diseño y el diagrama de publicidad y la venta de útiles de oficina y papelería en general, y que es propietario de un establecimiento de comercio denominado “Gráficas Platin”.

La demanda que dio inicio al proceso, obrante a los folios 3 a 9 del cuaderno 1, contiene las siguientes manifestaciones:

“Migdonio Mosquera Murillo, abogado en ejercicio, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderado judicial de Gráficas Platin, debidamente inscrita en el Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá, bajo el número 79.116997-4; legalmente representado por el señor Luis Fernando Platino Tovar (...)(2).

Que como consecuencia de la declaración se condene a la Lotería del Chocó a pagar a Gráficas Platin el resto de las prestaciones ejecutadas (...)(3).

La firma Gráficas Platin celebró con la Lotería del Chocó un contrato de prestación de servicios para la elaboración de una pauta publicitaria impresa...”(4).

Pues bien, como todas estas manifestaciones enseñan que aquí demanda un establecimiento de comercio pues en su nombre se pide y se relacionan hechos es evidente que la relación jurídica procesal no pudo surgir toda vez que el extremo activo es inexistente por no ser persona ni ser un ente autorizado por la ley, de manera excepcional, para comparecer a un proceso como demandante o como demandado.

Careciendo el establecimiento de comercio denominado “Gráficas Platin” de capacidad para ser parte, se sigue que frente a ese conjunto de bienes no puede ser resuelta ninguna pretensión que a su nombre se aduzca o que contra él se proponga y por consiguiente la decisión no puede ser sino inhibitoria.

Como la providencia apelada negó las pretensiones de la demanda, esto es resolvió el fondo del asunto, debe ser revocada para en su lugar proferir sentencia inhibitoria.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia apelada y en su lugar SE INHIBE para decidir el fondo del asunto.

2. Devolver el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Folio 3 del cdno. 1.

(3) Ibídem.

(4) Ibídem.

Salvamento de voto

Con el acostumbrado respeto frente a las decisiones de la Sala, procedo a señalar las razones por las cuales me aparto de la decisión adoptada el 27 de febrero del año en curso —consejero ponente Jaime Orlando Santofimio—, en el proceso de la referencia.

1. Síntesis de la providencia.

La sentencia consideró que Gráficas Platin, carecía de capacidad para ser parte en el proceso, pues se trata de un establecimiento de comercio y no podía comparecer en calidad de demandante, porque no ostenta la calidad de persona, además de que tampoco es de aquellos entes que excepcionalmente la ley permite que asistan como parte sin tener personalidad jurídica. Al respecto indicó la Sala para justificar esta decisión, en mi criterio formalista:

“De los anteriores preceptos se desprende que el comerciante o empresario es quien ostenta la calidad de persona y por ende es el sujeto de derechos, persona ésta que organiza una actividad económica de producción, transformación, circulación o administración de bienes, o para prestar servicios, la que realiza mediante uno o varios establecimientos de comercio, esto es, mediante un conjunto de bienes que una vez organizados le permiten alcanzar los fines propios de su empresa.

“Por consiguiente, la enseña o nombre comercial, las marcas de los productos, la propiedad industrial, las mercancías en proceso de elaboración o en inventario, las instalaciones y el mobiliario, etc., son simplemente cosas a las que la ley en ninguna parte les atribuye personalidad o les permite que comparezcan a un proceso como demandantes o como demandados” —fl. 8 de la sent.—.

(...).

“3. En este asunto se ha presentado como parte demandante un establecimiento de comercio denominado ‘Gráficas Platin’, como pasa a demostrarse:

“Al folio 29 del cuaderno 1 se ve el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá en el cual consta que el señor Luis Fernando Platín Tovar se encuentra matriculado como comerciante, que su actividad es el servicio de litografía, tipografía y screen, el diseño y el diagrama de publicidad y la venta de útiles de oficina y papelería en general, y que es propietario de un establecimiento de comercio denominado ‘Gráficas Platin’” —fl. 9 de la sent.—.

“Pues bien, como todas estas manifestaciones enseñan que aquí demanda un establecimiento de comercio pues en su nombre se pide y se relacionan hechos es evidente que la relación jurídica procesal no pudo surgir toda vez que el extremo activo es inexistente por no ser persona ni ser un ente autorizado por la ley, de manera excepcional, para comparecer a un proceso como demandante o como demandado” —fl. 10 de la sent.—.

2. Razones y fundamentos del salvamento de voto.

Me aparto, de manera muy respetuosa, desde luego, de las afirmaciones transcritas, con fundamento en las siguientes consideraciones:

El artículo 228 de la Constitución Política consagra el derecho de acceso a la administración de justicia, y dispone la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, lo que entre muchos otros fines busca evitar decisiones inhibitorias. En tal sentido, la Corte Constitucional ha señalado, en forma reiterada, que los jueces deben agotar las posibilidades que el ordenamiento jurídico ofrece para fallar de fondo, porque es un deber constitucional administrar justicia(1), y para ello utilizarán los poderes asignados por la ley, con el fin de evitar los fallos inhibitorios(2) —artículo 37 numeral 4º del Código de Procedimiento Civil—; de manera que solo se acepta que el funcionario judicial adopte una decisión de esta naturaleza cuando agotadas las posibilidades jurídicas para resolver el caso resulta imposible hacerlo(3). Lo anterior tiene relevancia en cuanto se pretende impedir que la garantía de acceso a la administración de justicia la entorpezcan las formas procesales.

Por ende, en el caso concreto considero que era posible estudiar de fondo el asunto, porque en el certificado expedido por la Cámara de Comercio —aportado con la demanda (fl. 30, cdno. 1)— se constata que el señor Luis Fernando Platín Tovar está inscrito como comerciante en el registro mercantil, además de que figura como propietario del establecimiento de comercio denominado “Gráficas Platin”(4). Así mismo, está demostrado que este mismo señor —no el establecimiento de comercio— confirió el poder para iniciar el proceso de la referencia, en el cual, incluso, indicó que obraba en su propio nombre, de manera que era obvio entender que quien demandó en realidad fue él, en calidad de propietario del establecimiento de comercio. En este sentido se indicó en el poder que se confirió para iniciar el proceso:

“Luis Fernando Platín Tovar, mayor de edad, residenciado en Bogotá, identificado como aparece al pie de mi nombre y firma, otorgo poder especial, amplio y suficiente al doctor Migdonio Mosquera Murillo, abogado en ejercicio, identificado como aparece al pie de su nombre y firma, para que en mi nombre y representación inicie y culmine acción contenciosa contractual contra la Lotería del Choco (sic), a fin de obtener la nulidad de las resoluciones mediante las cuales se terminó unilateralmente el contrato 000006 del 18 de enero de 1999, y se resuelve negativamente el recurso de reposición; igualmente se le ordene cancelarme el excedente del contrato dejado de cancelar, al igual que reconocerme el pago de los perjuicios de orden material, el daño emergente y el lucro cesante que me fueron ocasionados...” — fl. 1, cdno. 1—.

Lo anterior se evidencia, además, al revisar el encabezado de la demanda, donde se destaca que ella se promueve a solicitud de Luis Fernando Platín Tovar, quien representa a “Gráficas Platin”, y si bien se trata de una impropiedad del apoderado judicial no era difícil para esta Sala entender el orden correcto de las cosas, sin menoscabar con ello el derecho al debido proceso de las demás partes del litigio:

“Migdonio Mosquera Murillo, abogado en ejercicio, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderado judicial de Gráficas Platin, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Santafe (sic) Bogotá, bajo el número 79.116997-4; legalmente representada por el señor Luis Fernando Platín Tovar, promuevo acción contenciosa contractual contra la Lotería del Chocó, representada por la gerente, doctora Ilma Zabala de Córdoba o quien haga sus veces, para que previos los trámites que consagran el título XXIV del Código Contencioso Administrativo, en sus artículos 87, 206 y siguientes; con citación y audiencia del Ministerio Público, en sentencia de mérito se hagan igual o semejantes: ...” —fl. 2, cdno. 1—.

Del mismo modo, se acreditó que el contrato que dio lugar a la presentación de la demanda lo suscribió el gerente de la Lotería del Chocó y Luis Fernando Platín, el 18 de enero de 1999, por lo tanto no había razón que impidiera entender en este proceso que él actuaba a través de apoderado judicial con el fin de obtener la declaratoria del incumplimiento del contrato y, en consecuencia, el pago de los perjuicios materiales.

En conclusión, al interpretar la demanda y sus pruebas resultaba muy fácil advertir que el demandante —persona natural con capacidad para ser parte en un proceso— era el propietario del establecimiento de comercio, de manera que abstenerse de decidir solo porque aparentemente el actor fue un establecimiento y no su propietario le rinde un culto a la forma que no puede admitirse.

En los anteriores términos, dejo planteada mi posición sobre la necesidad de haber estudiado el fondo del asunto, como quiera que en aras de hacer efectivo el derecho sustancial, el vicio de forma pudo subsanarse perfectamente.

Atentamente,

Enrique Gil Botero 

(1) Corte Constitucional, sentencia de diciembre 13 de 1999, T-1017/99, Ref. expedientes acumulados T-229134 y T-261098.

(2) Corte Constitucional, sentencia de junio 26 de 2002, C-487/02, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(3) Corte Constitucional, sentencia de febrero 18 de 2004, T-134/04, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(4) El Código de Comercio, en el artículo 32 numeral 2º, dispone que: “... Se presumirá como propietario del establecimiento quien así aparezca en el registro”.