Sentencia 2001-00814 de noviembre 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Exp.: 73001-23-31-000-2001-00814-01 (33.607) Acumulado

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Jesús Antonio Ospina Sánchez y otros

Demandado: Municipio de Ibagué y otros

Ref.: Acción de Reparación Directa

Bogotá, D.C., doce de noviembre de dos mil catorce

Extractos «IV. Consideraciones

1. Competencia.

Las normas de asignación de competencia que rigen la actuación se encuentran previstas en el Decreto 597 de 1988, conforme al cual, para que el asunto pueda ser tramitado en segunda instancia, la cuantía del proceso debe exceder de $26.390.000. Comoquiera que la pretensión de mayor valor formulada en una demanda corresponde a la suma de $296.394.305, solicitada por concepto de perjuicios materiales a favor de uno de los demandantes, se concluye que esta Corporación es competente para conocer del recurso interpuesto.

2. Cuestión previa.

Como ya se mencionó atrás, el Consejo de Estado, mediante el auto admisorio del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, ordenó dar trámite al grado jurisdiccional de consulta; sin embargo, para la Subsección resulta necesario precisar que, en providencia del 9 de febrero de 2012(1), la Sección Tercera en pleno unificó los criterios de competencia y la procedencia de la consulta de sentencias, tras la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998, como pasa a explicarse.

El artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, establece los presupuestos que deben concurrir para que proceda el grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia de primera instancia, así:

“ART. 184.Consulta. Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apeladas (…)”.

De conformidad con la norma transcrita, los requisitos necesarios para que proceda el grado jurisdiccional de consulta en relación con la sentencia de primera instancia son los siguientes: i) que el proceso tenga vocación de doble instancia, en razón de su cuantía, ii) que la condena impuesta por el a quo, a cargo de una entidad pública, sea superior a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales o que la sentencia se haya proferido en contra de una persona que hubiere sido representada en el proceso judicial por curador ad litem y iii) que la sentencia de primera instancia no haya sido apelada.

La anterior supone que, cuando la sentencia de primera instancia impone una condena superior a 300 SMLMV a cargo de una entidad pública o se profiere en contra de quien fue representado por curador ad litem ha sido apelada por alguna de las partes, no procede tramitar el grado jurisdiccional de consulta.

Así las cosas, si bien es cierto que en este caso se profirió sentencia condenatoria de primera instancia en contra de quien en el proceso estuvo representada a través de curador ad litem, es decir, de la señora Mabel Bibiana Wilches Amado, también es cierto que la parte demandante formuló recurso de apelación con el fin de que se declare la responsabilidad solidaria del municipio de Ibagué, de manera que el trámite del grado jurisdiccional de consulta resulta improcedente.

De otro lado, es menester anotar que el artículo 357 del C. de P.C. señala que la apelación se entenderá interpuesta en lo desfavorable al apelante y, por lo tanto, “el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que, en razón de la reforma, fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla”; de esta manera, no se puede agravar la situación del apelante único, en virtud del principio de la no reformatio in pejus, por lo que la Sala se pronunciará únicamente en lo que se debate en el recurso, esto es, la responsabilidad del municipio de Ibagué por las fallas que se le pretenden imputar al Cuerpo Oficial de Bomberos; es decir, no se pronunciará sobre la responsabilidad de la señora Mabel Bibiana Wilches Amado, por cuanto ésta no apeló la sentencia de primera instancia y, por lo tanto, la condena que le corresponde sigue en firme.

3. El caso concreto y análisis probatorio.

Teniendo en cuenta el tema objeto del recurso, debe advertirse que el municipio de Ibagué solo estará llamado a responder en este asunto, si se llega a demostrar que las actividades desplegadas por el Cuerpo de Bomberos fueron la causa de los daños alegados, pues dicha entidad territorial tiene la obligación constitucional y legal de prestar el servicio a cargo de este último.

Al respecto, esta Corporación ha sostenido que los cuerpos de bomberos son entidades de utilidad pública que cumplen funciones de policía, las cuales están a cargo del Estado, aún cuando el servicio respectivo sea prestado por cuerpos voluntarios, es decir, por entes civiles(2).

En sentencia del 11 de noviembre de 2009(3), se sostuvo lo siguiente:

“Está claro, entonces, que la obligación de prestar el servicio público de prevención y control de incendios, con anterioridad a la vigencia de la Ley 322 de 1996, radicaba, principalmente, en los alcaldes municipales, como máximas autoridades de policía, quienes contaban con los poderes inherentes a esa función, para planear, dirigir y ejecutar medidas encaminadas a prevenir ese tipo de siniestros”.

Esto no varió con la expedición de la Ley 322 de 1996(4), aplicable al presente caso, pues en su artículo 2(5) dispuso:

“La prevención y control de incendios y demás calamidades conexas a cargo de las instituciones bomberiles, es un servicio público esencial a cargo del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, en forma directa o por medio de los cuerpos de bomberos voluntarios.

“Corresponde a la Nación la adopción de políticas, la planeación y las regulaciones generales.

“Los departamentos ejercen funciones de coordinación; de complementariedad de la acción de los distritos y municipios; de intermediación de éstos ante la Nación para la prestación del servicio y de contribución a la cofinanciación de proyectos tendientes al fortalecimiento de los cuerpos de bomberos.

“Es obligación de los distritos, municipios y entidades territoriales indígenas la prestación del servicio a través de los cuerpos de bomberos oficiales o mediante la celebración de contratos para tal fin, con los cuerpos de bomberos voluntarios”.

Así las cosas, las funciones asignadas a las instituciones de bomberos son un servicio público esencial a cargo del Estado, de manera que son éstas las llamadas u obligadas a asegurar su prestación eficiente en el territorio nacional, en forma directa, a través de los Cuerpos Oficiales de Bomberos o mediante la celebración de contratos para tal fin con los Cuerpos de Bomberos Voluntarios.

Dicho lo anterior, la Sala abordará el análisis de imputación tendiente a establecer si el daño antijurídico es atribuible o no al municipio de Ibagué, en solidaridad con Mabel Bibiana Wilches Amado, en los términos alegados por la parte demandante, toda vez que la falla en el servicio que se le atribuye se fundamenta en la ineficiente prestación del servicio de control urbano y en la inoportuna atención de la emergencia por parte del Cuerpo de Bomberos.

Está probado que, el 15 de octubre de 1997, el señor Jesús Antonio Ospina y otros residentes de la calle 12 entre carreras 4ª y 5ª de Ibagué, presentaron queja ante el Departamento Administrativo de Vigilancia Comercial, con el fin de que se ordenaran la suspensión y el cierre inmediato de la discoteca Arcano ubicada en la calle 12 Nº 4-26, ya que las actividades que allí se realizaban perturbaban la tranquilidad y la seguridad del sector (fl. 11, cdno. 5).

Mediante oficio 3151 del 10 de agosto de 1998, el Departamento Administrativo de Control Urbanístico y Comercial rindió un informe sobre el operativo nocturno realizado el 6 de agosto de ese año en el centro de Ibagué, en el cual se encontró, entre otras situaciones, lo siguiente (se transcribe tal como obra en el expediente):

“Arcano: Ubicado en la calle 12 Nº 4-26. De propiedad de Mabel Wilches. En el momento de la visita se pudo constatar que presenta polución sonora con 71.7 db. Por esta razón se citó a la propietaria a la Inspección Primera urbana de Policía con boleta Nº 38427 para el 13 de agosto del presente año entre las 3 p.m.” (fls. 1 y 2, cdno. 5).

Según oficio 5169 del 15 de diciembre de 1998 remitido por el Departamento Administrativo de Control Urbanístico y Comercial a la Inspectora Primera Urbana de Policía, el 11 de esos mismos mes y año, en un nuevo operativo, se encontró que el mencionado establecimiento “presenta polución sonora con 77 decibeles. Siendo reincidente” (fl. 23, cdno. 5).

No obra en el expediente prueba alguna que demuestre que la administración municipal, al conocer sobre la irregularidad que se presentaba en el establecimiento de comercio denominado Arcano, haya adoptado las medidas correctivas o sancionatorias necesarias para evitar la perturbación a la tranquilidad denunciada por los residentes de la calle 12 con carreras 4ª y 5ª; sin embargo, aunque dicha omisión revela una falla en el servicio por parte del municipio de Ibagué, lo cierto es que ésta no puede entenderse como la causa adecuada o eficiente del hecho dañoso que alegaron los demandantes (incendio), máxime que, como se verá más adelante, se desconoce el origen del mismo.

De otra parte, se encuentra acreditado que, en horas de la madrugada del 5 de marzo de 1999, se presentó un incendio en la discoteca antes mencionada, al respecto, el Cuerpo Oficial de Bomberos de esa ciudad elaboró el siguiente informe:

“Incendio de locales y viviendas del día 5 de marzo de 1999

“Lugar: Calle 12 Cras 4ª y 5ª.

“Hora de llamada: 4.00 a.m.

Local donde aparentemente se produjo el incendio: Arcano (taberna)

“Propietaria del negocio: Mabel Bibiana Wilches

“Pérdida total: aproximadamente $10.000.000.

“Propietario local: Jesús Botero

“Causas desconocidas: en inspección realizada por algunos elementos de juicio se presume que el incendio se produjo por corto circuito.

“Otros locales afectados

“(…)

“Calle 12 Nº 4-30

“Propietario: Jesús Antonio Ospina

“Pérdida total: perdidas aproximadamente $50.000.000 edif. y $100.000.000 muebles y enseres.

“Entre las dos viviendas: 1 planta y sotano habitaban 6 personas que fueron evacuadas.

“Tipografía Nº 4-32 y 4-40 tipografía fotomecánica 'Logos y Letras'

“Propietario: José Hernando Conde

“Pérdida total: aproximadamente $20.000.000 en equipos y materiales

“(…)

“Nota: Hicieron presencia en el evento unidades del cuerpo oficial de bomberos (12 unidades bomberiles) con las maquinas 01 (snorkel), 04, 05 y 08.

“Se utilizaron aproximadamente 12.000 galones de agua para la extinción del incendio.

“Elementos Utilizados

“Cisallas, hachapica, barra, pala, pica, pertuga, rompecandados, magueras (5 tramos de 1-1/2 y 5 tramos 2-1/2).

“Hidrantes Utilizados: Cra. 3ª Calle 12 Esquina”

Según el artículo 12 de la Ley 322 de 1996, vigente para el momento de los hechos, los Cuerpos de Bomberos debían atender oportunamente las emergencias relacionadas con incendios, explosiones y calamidades conexas, investigar las causas de las emergencias que atendieran y presentar su informe oficial a las autoridades correspondientes. Pasa, entonces, la Sala a determinar, de conformidad con las pruebas practicadas, si el Cuerpo Oficial de Bomberos del municipio de Ibagué respondió adecuadamente a la emergencia o si, por el contrario, tal como lo afirmaron los demandantes, incurrió en una falla en la prestación del servicio asignado.

Sobre las circunstancias fácticas que rodearon la emergencia y sobre la actuación del Cuerpo de Bomberos de Ibagué, los testigos declararon lo siguiente (transcripciones que corresponden al texto que obra en el expediente, incluso con errores):

— “Ese día a las 4 de la mañana empezó el incendio, mi esposo, mi hijo y yo vivíamos en la calle 12 Nº 4-44, ante tal hecho comenzamos a sacar la gente, los vecinos llamaron a los bomberos, empezamos a salir, mucho rato después, yo digo que por ahí a una hora fue que llegaron los bomberos, primero llegó un carro de bomberos al frente del incendio que estaba todo en furor ahí en el negocio llamado Arcano, y la gente le gritaba a los bomberos que no se vayan, no se vayan, más sin embargo, arrancaron y se fueron, después alguien comentó que venían de otro incendio y de pronto no tenían agua, también oí que la gente decía que estaban recolectando plata para pagar la gasolina de los carros de los bomberos, ya como a los 15 minutos apareció el carro de los bomberos de Ibagué, o sea los oficiales, y ahí se comenzaron a echar agua, pero ya era demasiado tarde porque había cogido mucha fuerza, ya había pasado la candela a la casa del señor Ospina y llegando las llamas a la casa mía, pues el techo era de madera y era fácil de prender… prácticamente nosotros tenemos la certeza de que en el negocio llamado Arcano empezó la conflagración, porque pasaba uno por la noche y dentro del establecimiento se veían velas, veladoras, antorchas…” (Se resalta. Testimonio de Leonor Isabel Castilla Aldana, fls. 94 y 95, cdno. 2).

— “El incendio se produjo entre las 3 y 4 de la mañana del día 5 de marzo de 1999, el incendio se inició en la fuente de soda Arcano, yo me encontraba en la casa 4-28 de la calle 12 que estaba pegada junto a esa fuente de soda, ya que se inició en ese negocio y traspasó a la casa siguiente donde yo vivía y me tocó que salir que me gritaron incendio, incendio, salí porque o si no me cogía la candela, quienes llamaron a los bomberos fueron los vecinos de esta cuadra, la primera máquina de bomberos oficiales llegó como a la media hora de haberse prendido el local y los locales de esa cuadra, y llegó y no tenía agua, sacó las mangueras y salió un chorrito de agua y se fue otra vez y se siguió incendiándose los locales, a la media hora llegó otro carro de bomberos y empezó a echar agua, pero no alcanzó a apagarlo todo y a los 20 minutos llegó la otra máquina que se instaló en la 12 con carrera 5ª a echar agua desde ese lado, pero ya todo estaba en cenizas, se había consumido todos los locales, ya que no había ningún hidrante en ese sector… Por la cuarta no hay hidrantes, por la quinta hay uno en la diez con quinta, el carro de bomberos grande echó el agua desde la carrera 5ª con calle 12 a las casas que aún no les había cogido el incendio o las llamas, para que de esta forma no se siguiera propagando más el incendio” (se resalta. Testimonio de Hertman Ospina Alarcón, fls. 98 y 99, cdno. 2).

— “El incendio fue en la madrugada del día 5 de marzo de 1999, yo vi que salía humo de esos lados de las tipografías, exactamente era de una discoteca que quedaba ahí llamada Alcano, cuando yo vi eso llamé a mi cuñado para que llamara a Hernando y miraran a ver que hacían, al rato aparecieron los bomberos pero se fueron rápidamente sin hacer nada, no sacaron las mangueras, no fueron a apagar el incendio, solamente miraron. Al rato volvieron las gentes les tocó recoger plata para la gasolina, tampoco tenían agua en las máquinas, después volvió un carro de bomberos más pequeño, pero el agua que traía no alcanzó, de hecho al otro día toda vía estaban apagando ese incendio… el incendio fue por unas velas que dejaron prendidas en ese establecimiento (se resalta. Testimonio de María Isabel Saldaña Mendoza, fls. 100 y 101, cdno. 2).

Así, para la Sala es claro que, el 5 de marzo de 1999, en la calle 12 entre carreras 4ª y 5ª de la ciudad de Ibagué, se generó un incendio en un establecimiento de comercio denominado Arcano (se desconoce la causa de la conflagración)(6), el cual se propagó por los inmuebles colindantes, causando perjuicios a los acá demandantes.

Según los testigos escuchados en este proceso, los vecinos de la zona hicieron llamados al Cuerpo Oficial de Bomberos. Transcurrido un tiempo aproximado de 30 a 60 minutos, llegó el primer carro; sin embargo, todos los declarantes coincidieron en afirmar que los oficiales adoptaron una posición pasiva frente a la emergencia y que, pese a las peticiones que la gente les hacía para que se quedara, se retiraron del lugar porque no contaban —al parecer— con la cantidad de agua necesaria para extinguir el fuego. Afirmaron también los deponentes que, transcurridos entre 15 y 30 minutos después de que el primer carro abandonó el escenario, arribó la segunda máquina y, después de 20 minutos, llegó un tercer vehículo; no obstante, los daños materiales fueron inevitables, ya que el fuego se había propagado con fuerza y los inmuebles estaban totalmente destruidos.

Lo anterior evidencia que, aunque los Bomberos del municipio de Ibagué llegaron al sitio del incendio, evacuaron a las familias y atendieron la situación, la respuesta a la emergencia, cuya naturaleza requería inminente atención, no resultó oportuna ni eficiente pues, tal como quedó demostrado, la primera máquina tardó entre 30 minutos y una hora en llegar y no estaba preparada para suministrar el agua requerida; de esta manera, mientras llegaban los demás vehículos, el incendio se enardeció y se propagó por los inmuebles contiguos a la discoteca Arcano, las cuales eran de propiedad de los acá demandantes.

Agrégase a ello que, según el informe del Cuerpo de Bomberos, para la atención de esta emergencia se utilizó el hidrante ubicado en la esquina de la calle 12 con carrera 3ª, lo cual indica que bien pudo el primer vehículo que arribó al lugar del incendio, ante la escases del agua, abastecerse tanto de dicha fuente como del hidrante que, según el testigo Hertman Ospina Alarcón, se encontraba en la calle 10 con carrera 5ª; sin embargo, las unidades de bomberos, a pesar de la gravedad de la situación e ignorando los dos puntos de captación de agua existentes en la zona, optaron por retirarse del lugar, tal como se ha relatado.

En suma, se demostró que, cuando el Cuerpo de Bomberos llegó al lugar del incendio para ahogar el fuego, no contaba con el suministro de agua necesario, siendo éste un deber apenas lógico y acorde con su principal función. Lo anterior permite tener por demostrado que, en el sub lite, la prestación del servicio falló, razón por la cual los daños son imputables al municipio de Ibagué, en virtud de la responsabilidad que le otorgó la Ley 322 de 1996.

Ahora, a la luz del inciso primero del artículo 177 del C. de P.C.(7), constituía una carga procesal de la parte demandada demostrar que actuó con observancia de cada uno de sus deberes, que siguió el protocolo establecido para afrontar estas situaciones y que, a pesar de su actuación, fue inevitable la ocurrencia del daño, porque, por ejemplo, no fue informada a tiempo; no obstante, esto no fue probado en el proceso.

Atendiendo a todo lo anterior, la Sala encuentra demostrada la falla en el servicio atribuible al municipio de Ibagué y su nexo con el daño invocado por la parte actora, consistente en la incineración de los inmuebles ubicados en la calle 12 Nº 4-26, Nº 4-28 y Nº 40-30.

Por consiguiente, la Sala modificará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima y, en consecuencia, declarará la responsabilidad solidaria del municipio de Ibagué y de la señora Mabel Bibiana Wilches Amado, por el daño causado a la parte demandante.

4. Indemnización de perjuicios.

El Tribunal Administrativo del Tolima declaró la responsabilidad de la señora Mabel Bibiana Wilches Amado por los perjuicios materiales causados a los demandantes en el incendio del 5 de marzo de 1999 y le impuso una condena, a favor de Jesús Antonio Ospina Sánchez, por la suma de $304.300.592 y, para los señores Martha Isabel Varón y José Hernando Conde Almadio, por $66.047.976.

La Sala actualizará estas sumas, teniendo como índice inicial el vigente a la fecha de la sentencia de primera instancia y como final el que corresponde al mes anterior a la fecha de esta sentencia, y aplicando la siguiente fórmula:

Ra = RhIpc f)
Ipc (i)

Para Jesús Antonio Ospina Sánchez

Ra=Renta actualizada a establecer.
Rh=Condena decretada a su favor, en primera instancia: $304.300.592.
Ipc (f)=Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 117.68 que es el correspondiente a octubre de 2014.
Ipc (i)=Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 87.46 que es el que corresponde a la fecha de la sentencia de primera instancia (octubre de 2006).

Ra = $304.300.592117.68= $409.445.388
87.46 

Así, entonces, la suma a reconocer por concepto de perjuicios materiales a favor de Jesús Antonio Ospina Sánchez es de cuatrocientos nueve millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil trescientos ochenta y ocho pesos ($409.445.388).

Para Martha Isabel Varón Solano y José Hernando Conde Almadio

Ra=Renta actualizada a establecer.
Rh=Condena decretada a su favor, en primera instancia: $66.047.976.
Ipc (f)=Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 117.68 que es el correspondiente a octubre de 2014.
Ipc (i)=Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 87.46 que es el que corresponde a la fecha de la sentencia de primera instancia (octubre de 2006).

 

Ra = $66.047.976117.68= $88.869.492
87.46

En consecuencia, la suma a reconocer por concepto de perjuicios materiales a favor de los señores Martha Isabel Varón Solano y José Hernando Conde Almadio es de ochenta y ocho millones ochocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos noventa y dos pesos ($88.869.492).

5. Condena en costas.

Comoquiera que el Tribunal de primera instancia condenó en costas a la señora Mabel Bibiana Wilches Amado y que, en virtud del principio de la no reformatio in pejus, a que se refiere el artículo 357 del C. de P.C., el juez que conoce del recurso de alzada no puede pronunciarse sobre asuntos que no fueron debatidos en éste ni agravar la situación del apelante único, se impone para la Sala confirmar tal condena.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

Falla

Modificar la Sentencia del 18 de octubre de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, la cual quedará así:

1. Decláranse patrimonial y solidariamente responsables al municipio de Ibagué y a Mabel Bibiana Wilches Amado, por los perjuicios materiales ocasionados a la parte demandante, en el incendio del 5 de marzo de 1999.

2. En consecuencia, Condénase al municipio de Ibagué y a la señora Mabel Bibiana Wilches Amado a pagar, en forma solidaria, a título de indemnización por perjuicios materiales, las siguientes sumas:

2.1. Para el señor Jesús Antonio Ospina Sánchez, cuatrocientos nueve millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil trescientos ochenta y ocho pesos ($409.445.388).

2.2. Para los señores Martha Isabel Varón Solano y José Hernando Conde Almadio, ochenta y ocho millones ochocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos noventa y dos pesos ($88.869.492).

3. Niéganse las demás pretensiones de la demanda.

4. Condénase en costas a Mabel Bibiana Wilches Amado.

5. Dése cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del CPC.

6. Ejecutoriada esta providencia, Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Consejo de Estado, Sección Tercera, Expediente 21060, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(2) Ver Sentencia de la Sección Tercera, 12 de mayo de 2011, Expediente 19785, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, Expediente 18892, C.P. Enrique Gil Botero.

(4) “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se dictan otras disposiciones”. Esta ley fue derogada por la 1575 de 2012.

(5) “La prevención y control de incendios y demás calamidades conexas a cargo de las instituciones bomberiles, es un servicio público esencial a cargo del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, en forma directa o por medio de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios. Corresponde a la Nación la adopción de políticas, la planeación y las regulaciones generales.

Los Departamentos ejercen funciones de coordinación; de complementariedad de la acción de los distritos y municipios; de intermediación de éstos ante la Nación para la prestación de servicio y de contribución a la cofinanciación de proyectos tendientes al fortalecimiento de los Cuerpos de Bomberos.

Es obligación de los distritos, municipios y entidades territoriales indígenas la prestación del servicio a través de los Cuerpos de Bomberos Oficiales o mediante la celebración de contratos para tal fin, con los Cuerpos de Bomberos Voluntarios.

“PAR.— Los Concejos Municipales y Distritales, a iniciativa del alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, circulación y tránsito, demarcación urbana, predial, telefonía móvil o cualquier otro impuesto de ese nivel territorial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad bomberil”.

(6) Según el informe del Cuerpo Oficial de Bomberos, se presumió que la causa del incendio fue un corto circuito; sin embargo, en otro reporte rendido por la misma institución se advirtió que “se desconocen las causas, son materia de investigación” (fls. 10 a 12, cdno. 2).

(7) “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.