Sentencia 2001-00822 de agosto 15 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “B”

Rad.: 41001-23-31-000-2001-00822-01(1548-11)

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Actor: Nayibe Cárdenas Escobar

Demandado: Municipio de Neiva

Autoridades municipales

Bogotá D.C., quince de agosto de dos mil trece

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico

Se trata de establecer si los actos administrativos demandados, mediante los cuales se suprimió el cargo de secretaria, nivel 5, grado 6 ocupado por la demandante, se ajustan a las exigencias legales o si por el contrario fue expedido con desconocimiento de los derechos de carrera administrativa, desviación de poder, falsa motivación y violación de las normas en que debieron fundarse.

Actos acusados

Acuerdo 015 de 28 de marzo de 2001, por medio del cual el Concejo Municipal de Neiva, estableció la estructura orgánica y fijó las funciones de las diferentes dependencias de la Personería Municipal de Neiva (fls. 39-46).

Acuerdo 016 de 28 de marzo de 2001, por medio del cual el Concejo Municipal de Neiva fijó el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos, la planta de personal y estableció la escala de remuneración de la Personería Municipal de Neiva (fls. 18-36).

Resolución 044 de 28 de marzo de 2001, expedida por el personero municipal de Neiva, por medio de la cual incorporó unos funcionarios a la nueva planta de personal y declaró vacantes o no incorporó unos cargos de libre nombramiento y remoción, sin tener en cuenta a la demandante en el cargo de secretaria o su equivalente reclasificado (fls. 15-17).

Oficio 0000111 de 29 de marzo de 2001, suscrito por el personero municipal de Neiva, mediante el cual retiró del servicio a la accionante, argumentando su no incorporación a la planta de personal según acuerdos 015 y 016 de 28 de marzo de 2001 (fls. 47-48).

De lo probado en el proceso

De la vinculación de la actora y los derechos de carrera

De folio 49 a 50 obra la certificación expedida por el personero municipal de Neiva, donde hace constar que la demandante prestó sus servicios a la entidad desde el 17 de mayo de 1996 al 29 de marzo de 2001, desempeñando el cargo de secretaria de la oficina de control interno con una asignación mensual de $ 572.365, y se desempeñó como tesorera pagadora en encargo durante los siguiente periodos:

• Desde el 21 de febrero al 7 de mayo de 1996.

• Desde el 1º al 27 de abril de 1997.

• Del 22 de abril hasta el 21 de mayo de 1997.

• Del 3 al 27 de abril de 1998.

• Del 4 de junio al 24 de julio de 2000.

De la supresión de cargos

Obra en el proceso el documento titulado “Estudio técnico para la reestructuración administrativa de la Personería Municipal de Neiva”, de marzo de 2001 (fls. 237-253), que da cuenta de lo siguiente:

• Se enmarcó dentro de las exigencias requeridas por el Decreto 1572 de 1998 para efectuar el proceso de reestructuración de la planta de personal de la Personería Municipal de Neiva y concluyó que es necesario reducir la planta de personal en más del 50% para ajustar los gastos de funcionamiento al límite establecido en la Ley 617 de 2000 o Ley de Ajuste Fiscal, sin perjuicio de que la supresión de cargos incida en el desmejoramiento y capacidad operativa de la institución.

• Conforme a la Ley 617 de 2000 los entes del orden nacional y territorial deben reducir los gastos de funcionamiento, lo que para la Personería Municipal de Neiva representa que el presupuesto de la vigencia fiscal de 2000 pase de $ 1.169’053.061 a $ 668’671.000 para el año 2001.

El Concejo Municipal de Neiva, expidió el Acuerdo 015 de 28 de marzo de 2001, por medio del cual estableció la estructura orgánica y fijó las funciones de las diferentes dependencias de la Personería Municipal de Neiva (fls. 39-46).

Por Acuerdo 016 de 28 de marzo de 2001, el Concejo Municipal de Neiva fijó el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos, la planta de personal y estableció la escala de remuneración de la Personería Municipal Neiva (fls. 18-36).

Resolución 044 de 28 de marzo de 2001, expedida por el personero municipal de Neiva, por medio de la cual incorporó unos funcionarios a la nueva planta de personal y declaró vacantes o no incorporó unos cargos de libre nombramiento y remoción, sin tener en cuenta a la demandante en el cargo de secretaria o su equivalente reclasificado como de auxiliar administrativo, destacándose la vacancia de uno con una asignación mensual de $ 572.365 (fls. 15-17).

Mediante Resolución 59 de 29 de mayo de 2002, el personero municipal de Neiva nombró en provisionalidad a María Elvira Bonilla Vargas en el cargo de auxiliar administrativo, código 550, grado 06, mientras se realiza el concurso para proveer el cargo (fls. 15-16)

Oficio 0000111 de 29 de marzo de 2001, suscrito por el personero municipal de Neiva, mediante el cual retiró del servicio a la accionante, argumentando su no incorporación a la planta de personal según acuerdos 015 y 016 de 28 de marzo de 2001 (fls. 47-48)

Por escrito de 3 de abril de 2001 la actora, una vez conocida la decisión de supresión del cargo, optó por tener un tratamiento preferencial para ser reincorporada dentro de los seis [6] meses siguientes a la supresión del cargo (fls. 83)

Ante el silencio del personero municipal, el 23 de abril de 2001 la actora radicó ante la Comisión de Personal de la Personería Municipal de Neiva escrito en ejercicio del artículo 39 de la Ley 443 de 1998, solicitando se le designe en el cargo de auxiliar administrativo (fls. 84-86)

La Comisión de Personal de la Personería Municipal de Neiva, mediante Acta 001 de 17 de mayo de 2001, decidió en el numeral 2º de sus conclusiones, lo siguiente: “Que analizadas las pruebas allegadas a esta comisión de personal, se tiene la certeza de que la reclamación formulada por la señora Nayibe Cárdenas Escobar fue presentada extemporáneamente; en consecuencia, la comisión no procede a agotar el procedimiento reglado en los decretos 1568 y 1570 de 1998, por los considerando antes expuestos” (fls. 87-90).

Con posterioridad la actora por escrito de 12 de junio de 2001 le manifestó al personero municipal de Neiva que revocaba su decisión de optar por la reincorporación, y en su lugar solicitaba la liquidación y pago de cesantías, indemnización de ley y demás emolumentos laborales que en derecho le correspondan (fl. 91).

El personero municipal de Neiva el 8 de agosto de 2001 le comunicó a la actora la improcedencia de revocar su decisión, de conformidad con el parágrafo del artículo 45 del Decreto 1568 de 1998 (fl. 92).

Mediante Resolución 0204 de 7 de noviembre de 2001, el personero municipal de Neiva, ordenó el reconocimiento y pago de la indemnización por supresión del cargo a los beneficiarios de la actora, por la suma de $ 2’800.163 (fls. 184-186).

De la sucesión procesal

A folio 60 del expediente obra el Registro Civil de Defunción de la señora Nayibe Cárdenas Escobar el día 31 de agosto de 2001.

La inspectora municipal de Tres Esquinas del Cagüan - Caquetá, certificó que el 8 de marzo de 1970, nació Nayibe Cárdenas Escobar, hija legítima de José Yamil Cárdenas y María Oliva Escobar (fl. 59).

Análisis de la sala

Cuestión Previa - De la sucesión procesal

En el presente caso la señora Nayibe Cárdenas Escobar el 27 de junio de 2001 instauró acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Neiva y la Personería Municipal, no obstante a folio 57 del expediente se acreditó su deceso el día 31 de agosto de 2001, por lo que se presentaros sus padres como sucesores procesales. La Sala estima necesario efectuar algunas precisiones al respecto:

El artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, con relación a la sucesión procesal, dispone lo siguiente:

“Fallecido un litigante o declarado ausente o en interdicción, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos, o el correspondiente curador.

Si en el curso del proceso sobreviene la extinción de personas jurídicas o la fusión de una sociedad que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo caso, la sentencia producirá efectos respecto de ellos aunque no concurran.

El adquirente a cualquier título de la cosa o derecho litigioso, podrá intervenir como litisconsorte del anterior titular. También podrá sustituirlo en el proceso, siempre que la parte contraria lo acepte expresamente.

El auto que admite o rehace a un sucesor procesal e apelable.

Las controversias que se susciten con ocasión del ejercicio del derecho consagrado en el artículo 1971 del Código Civil se decidirán como incidente”.

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil en sentencia de 14 de marzo de 2001, Expediente 5647, M.P. José Fernando Ramírez Gómez, indicó lo siguiente:

“[...] En este orden de ideas, la cesión del derecho litigioso debe considerarse dentro de la órbita procesal señalada, como el acto por medio del cual una de las partes del proceso cede en favor de otra persona, total o parcialmente, la posición de sujeto de la relación jurídica procesal, y con ella la posibilidad de ejercer las facultades y derechos que de allí se derivan con miras a conseguir una decisión final favorable, que en manera alguna garantiza la cesión.

Desde luego que este acto está desprovisto de cualquier clase de solemnidad, no solo por el examen independiente de la cosa litigiosa, sino porque ninguna norma legal exige algún tipo de formalidad. Por su lado, el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, se limita a reconocer el fenómeno, partiendo de la distinción entre cosa y derecho litigioso, al establecer la facultad que tiene el adquirente de intervenir como litisconsorte del anterior titular, o sustituirlo, dándose lugar a la llamada sucesión procesal, siempre que la parte contraria lo acepte expresamente, pero sin indicar formalidad o solemnidad alguna, como la misma práctica judicial lo ha entendido. Otro tanto sucede en el marco del Código Civil, donde los artículos 1969 a 1972, regulan el tema sin que por parte alguna distinga entre el tipo de derecho litigioso (personal o real), o establezca solemnidades para la perfección del acto en consideración a la clase de bien comprometido con la demanda [...]”.

El Consejo de Estado, Sección Tercera en sentencia de 7 de febrero de 2007, Expediente 22043, M.P. Alier Hernández Enríquez, con relación al tema, ha señalado lo siguiente:

“[...] En efecto, tal como se precisó anteriormente, si la cesión no es aceptada por el cedido, el negocio jurídico produce efectos, solo que el cesionario entrará al proceso —a la relación jurídico procesal— con la calidad de litisconsorte del cedente. Por el contrario, si el cedido acepta expresamente el negocio jurídico de cesión de derechos litigiosos, esa circunstancia genera el acaecimiento del fenómeno de la sustitución procesal, motivo por el cual, el cesionario tomará la posición que ostentaba el cedente —lo sustituye integralmente— y, por lo tanto, este último resulta excluido por completo de la relación procesal [...]”.

La Corte Constitucional también se ha pronunciado sobre los requisitos de la sucesión procesal; es así como en sentencia C-1045 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis al estudiar la constitucionalidad de la expresión “también podrá sustituirlo en el proceso, siempre que la parte contraria lo acepte expresamente” del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, indicó que:

“Por consiguiente, no le asiste razón al actor al pretender que, en respeto del derecho al libre desarrollo de la personalidad de cedente y cesionario, el juez deba vincular al adquirente del derecho litigioso a la relación procesal en curso y desplazar al cedente, sin intervención del contradictor, porque, si así fuera, se desconocería el derecho a la autonomía personal de quien no intervino en la negociación, puesto que, sin haber manifestado su consentimiento se le opondrían derechos y obligaciones de otros. Además, la expresión ‘También podrá sustituirlo en el proceso, siempre que la parte contraria lo acepte expresamente’ que hace parte del inciso tercero del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil en nada interfiere con la libertad negocial de quienes convienen en la cesión de derechos litigiosos, porque nada dice al respecto, simplemente controla los efectos de la negociación en el proceso en curso, porque es deber del órgano legislativo diseñar mecanismos capaces de impedir la utilización de la administración de justicia con fines que puedan serle contrarios”.

Quiere decir, que por distintas razones puede ocurrir que, durante el desarrollo del proceso, una de las partes [actor o demandado] en cualquier momento pueda ser reemplazado por otro sujeto que pasa a ocupar su lugar en el litigio, que produce como efecto inmediato el cambio de titularidad de los derechos subjetivos que conforman el objeto del proceso. El fenómeno es conocido como sucesión procesal.

Atendiendo a la causa que la origina, se debe distinguir entre sucesión procesal por muerte de una de las partes y la sucesión procesal surgida por transferencia de la cosa en litigio por acto entre vivos.

De suerte que para que se produzca la sucesión procesal se deben dar los siguientes requisitos:

1. Después de producida la litispendencia, se provoque la transferencia del derecho litigioso que es objeto del proceso;

2. Dicha transferencia genera un cambio de partes, y

3. En la relación procesal pendiente se solicite, notifique y decrete el cambio de partes, antes que se dicte una sentencia que alcance el efecto de cosa juzgada.

En el sub examine la señora Nayibe Cárdenas Escobar falleció el 31 de agosto de 2001, hecho que fue dado a conocer en el proceso por sus padres [José Yamil Cárdenas y María Oliva Escobar Rojas] el día 4 de abril de 2002 y solicitaron ser reconocidos como sucesores procesales, para lo cual arrimaron el respectivo registro civil de nacimiento de la causante (fls. 57-60).

El despacho por Auto de 18 de agosto de 2011 (fls. 392-393) puso en conocimiento de la contraparte [municipio de Neiva, Personería Municipal] y de los posibles herederos sucesorales de la señora Nayibe Cárdenas Escobar en los términos de los artículo 60 y 318 del Código de Procedimiento Civil.

En consecuencia en el proceso de la referencia los señores José Yamil y María Oliva Escobar Rojas asumieron la sucesión procesal de su hija, la señora Nayibe Cárdenas Escobar.

Indebida acumulación de acciones

Previo a decidir sobre el fondo de la controversia se observa que la parte demandante acumuló indebidamente dos acciones, la de nulidad de actos de carácter general, como son las ordenanzas 015 y 016 de 28 de marzo de 2001 y la de nulidad y restablecimiento del derecho, contra los actos que reestructuraron la entidad y dispusieron la desvinculación de la actora del cargo de secretaria de la oficina de asuntos internos, nivel 5, grado 6 de la Personería Municipal de Neiva.

Esta corporación(5) ya ha tenido oportunidad de expresarse en el sentido de que cuando se presenta la indebida acumulación, lo procedente es inhibirse respecto de los actos de carácter general y estudiar el fondo del asunto en lo atinente a los que crearon una situación particular y concreta.

La nulidad de la comunicación de supresión del cargo

La accionante pretende que se declare la nulidad del Oficio 0000111 de 29 de marzo de 2001, a través del cual, el personero municipal de Neiva, le comunicó la supresión del cargo de secretaria de la oficina de control interno, nivel 5, grado 6.

Observa la Sala que este oficio no fue el que dispuso el retiro de la actora por supresión del cargo, siendo de trámite que comunica la voluntad de la administración. Al respecto la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación,(6) indicó:

“(...) Conforme a la normatividad y la jurisprudencia que se analiza, para que se pueda hablar de acto administrativo, debe concurrir en él una manifestación de voluntad unilateral de la administración, y los requisitos de validez (sujetos, objeto y causa o motivo), de suerte que la ausencia de uno de ellos, impide catalogar el Oficio acusado como un acto administrativo.

La manifestación unilateral de voluntad de la administración debe estar orientada a crear, modificar o extinguir derechos concretos de una persona natural o jurídica, y si no lo hace, mal puede hablarse de acto administrativo objeto de reproche en sede jurisdiccional a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (...)

Quiere decir, que el citado oficio de 27 de diciembre de 2001, suscrito por el director de talento humano del Departamento de Boyacá, comunicándole al demandante que el cargo de guardián, código 630, grado 07 fue suprimido y le brinda la opción de ser incorporado o percibir la indemnización, no es enjuiciable debido a que esta jurisdicción está facultada para juzgar actos administrativos,(7) máxime que no fue el acto que retiró del servicio al demandante, pues apenas constituye una actuación de trámite en obedecimiento a lo dispuesto por el artículo 44 del Decreto 1568 de 1998, lo que impide un pronunciamiento de fondo (...)”.

Quiere decir que el citado oficio no es enjuiciable debido a que esta jurisdicción está facultada para juzgar actos administrativos; y si en gracia de discusión pudiera anularse la comunicación, ello resultaría infructuoso, pues no tendría ningún efecto jurídico respecto de los actos que determinaron la supresión del cargo de secretaria de la oficina de control disciplinario que desempeñaba la actora en la Personería Municipal de Neiva, toda vez que continuarían vigentes, de tal manera que no procede emitir pronunciamiento de fondo en relación con el oficio demandado.

En esas condiciones la Sala se inhibe de emitir pronunciamiento alguno.

Del derecho preferencial de incorporación

Considera la demandante que con la expedición de la Resolución 044 de 28 de marzo de 2001 se desconocieron los derechos de carrera administrativa por cuanto las funciones de secretaria, nivel 5, grado 6, que venía desempeñando en la Personería Municipal de Neiva se siguen cumpliendo por empleados que fueron vinculados al cargo de auxiliar administrativo y que no gozan de la idoneidad requerida para desempeñarlas y no cuentan con la experiencia y formación profesional que ella por el contrario sí acreditó. En igual sentido, al no ser incorporada a la nueva planta de personal se le desconocieron los derechos por encontrarse inscrita en carrera administrativa y prefirieron efectuar nombramientos en provisionalidad y posteriormente contratar a supernumerarios para asumir la labor secretarial. En relación con el derecho preferencial de incorporación la Sala puntualiza:

El inciso 1º del artículo 209 de la Constitución Política estableció el fin y principios con los cuales debe cumplir la función administrativa, con el siguiente tenor literal:

“ART. 209.—La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones (...)”.

En otras palabras, para el ejercicio de la función administrativa se debe consultar el bien común; esto es, persiguiendo esos objetivos de carácter general, que se encuentran consignados en la Constitución Política y en la ley, en especial en el artículo 2º; que señala los fines esenciales del Estado, así.

“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo” “(...)”.

Dentro del ejercicio de la función administrativa, la Constitución le confiere a las Autoridades un poder reglado, de acuerdo con postulados característicos del Estado de Derecho, pero en materias, como las relativas a la gestión económica y social, se deja un margen de discrecionalidad para que el Estado, en forma eficaz, procure la satisfacción del interés colectivo, imprimiéndole el carácter social del Estado de derecho, donde la función administrativa se encuentra al servicio del interés general, y se base en principios como la eficacia y la celeridad(8).

Cuando las reformas de las plantas de personal conllevan la supresión de empleos, se erigen en criterios y condiciones relacionados con las necesidades del servicio o modernización de la administración, siendo objetivas las razones que justifican la reforma.

La decisión de retirar a un empleado de la planta de cargos, como consecuencia de una supresión, puede originarse bien porque todos los cargos de su categoría fueron suprimidos por el acto general, o bien porque en la nueva planta de personal no se creen cargos con funciones iguales o equivalentes en uno de los cuales pudiera incorporarse(9).

En el sub-examine, la demandante considera que con la supresión del cargo que venía desempeñando en la Personería Municipal de Neiva se le desconocieron sus derechos de carrera, teniendo en cuenta que hasta la fecha de presentación de la demanda se encontraba vacante un cargo de auxiliar administrativo, que posteriormente se proveyó mediante nombramiento provisional.

La supresión de un cargo de carrera administrativa puede ocurrir por diferentes razones, verbi gracia fusión o liquidación de una entidad pública; la reestructuración; por modificación de la planta de personal; por reclasificación de los empleos, o simplemente por políticas de modernización del Estado con el fin de hacer más eficaz la prestación del servicio público.

En el presente caso, aparece probado que la actora laboraba como secretaria, nivel 5, grado 6 adscrita a la oficina de control interno de la Personería Municipal de Neiva (fls. 49); y el concejo de municipal (sic) expidió el Acuerdo 015 de 28 de marzo de 2001, que dispuso la supresión de algunos cargos de la planta de personal de la Personería Municipal de Neiva, en la cual aparecía el cargo desempeñado por la demandante (fls. 39-46).

Igualmente está probado que mediante el Oficio 0000111 de 29 de marzo de 2001, el personero municipal de Neiva le informó a la acciónate que el cargo desempeñado había sido suprimido, advirtiéndole que podía optar entre ser incorporada o percibir la indemnización, conforme con las reglas establecidas en el artículo 39 de la Ley 443 de 1998 (fls. 47-48).

No obstante según da cuenta la Resolución 044 de 28 de marzo de 2001, por medio de la cual se incorporaron algunos funcionarios a la planta de personal de la entidad el cargo de auxiliar administrativo, código 55006, con una asignación mensual de $ 572.365 creado mediante los acuerdos 015 y 016 de 28 de marzo de 2001, permaneció vacante hasta la fecha de presentación de la demanda.

De igual manera la parte actora en procura de probar que el personero municipal de Neiva en el cargo de auxiliar administrativo vinculó en provisionalidad a una funcionaria, solicitó la recepción de unos testimonios, así: la señora Beatriz Lucía Serrano Rojas, señaló que: “[...] Sé que hay una funcionaria en provisionalidad que desempeña funciones de secretaria pero no sé el grado, ni el cargo preciso, se lama María Elvira. [...]” (fls. 293-295) Luego la señora Yolanda Sandoval Rojas, indicó que: “[...] de las 35 persona que éramos salieron 25 de los cuales la conformaban de carrera y libre nombramiento, después de la reestructuración nombraron unos de libre nombramiento y una niña que hay en provisionalidad como auxiliar administrativo María Elvira Bonilla. [...] Sí la única que han nombrado en provisionalidad es a María Elvira Bonilla por contrato. [...]” (fls. 296-298).

Así mismo está probado que el personero municipal de Neiva, mediante Resolución 0059 de 29 de mayo de 2002 nombró en provisionalidad a la señora Elvira Bonilla Vargas en el cargo de auxiliar administrativo, código 550, grado 06, con una asignación mensual de $ 572.365 igual a la que percibía la actora al momento de la supresión del cargo (fls. 15-16, cdno. 2).

Ahora bien, según da cuenta la certificación de tiempo de servicio expedida por el personero municipal de Neiva, la señora Nayibe Cárdenas Escobar al momento del retiro del servicio, tenía una asignación mensual de $ 572.365 (fls. 49-50), es decir, la misma asignada al cargo de auxiliar administrativo, código 550, grado 06.

El anterior análisis probatorio le permite a la Sala llegar a la conclusión que efectivamente en la nueva planta de personal de la Personería Municipal de Neiva, existía un cargo similar al de secretaria, nivel 5, grado 6 desempeñado por la demandante, el cual permaneció por un tiempo vacante hasta que se nombró en provisionalidad a otra persona, sin tener en cuenta que la señora Cárdenas Escobar ostentaba derechos de carrera, los cuales fueron desconocidos por la parte demandada al no proceder a su reincorporación.

Por las anteriores razones la Sala revocará la decisión de primera instancia que negó las súplicas, para en su lugar decretar la nulidad de la Resolución 044 de 28 de marzo de 2001 y ordenar el reconocimiento y pago de las sumas adeudadas desde la fecha del retiro hasta el 31 de agosto de 2001, fecha del deceso de la señora Nayibe Cárdenas Escobar, empero se inhibirá respecto de los acuerdos 015 y 016 de 28 de marzo de 2001 por indebida escogencia de la acción, dado que se trata de actos administrativos de carácter general, así como del Oficio 0000111 de 29 de marzo de 2001, por tratarse de una mera comunicación.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia de 4 de mayo de de 2011, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, que negó las súplicas de la demanda incoada por Nayibe Cárdenas Escobar contra el municipio de Neiva, Personería Municipal de Neiva, y en su lugar se dispone:

2. DECLÁRASE INHIBIDA la Sala para pronunciarse respecto de los acuerdos 015 y 016 de 28 de marzo de 2001 proferidos por el Concejo Municipal de Neiva, así como del Oficio 0000111 de 29 de marzo de 2001 suscrita por el personero municipal de Neiva, de conformidad con lo expuestos en la parte motiva de esta providencia.

3. DECLÁRASE la nulidad parcial de la Resolución 044 de 28 de marzo de 2001, proferida por el personero municipal de Neiva, en cuanto no se incorporó a la actora en el cargo de auxiliar administrativo, código 550, grado 06, de conformidad con las razones antes expuestas.

4. ORDÉNASE al municipio de Neiva, Personería Municipal de Neiva pagar a los señores José Yamil Cárdenas y María Oliva Escobar Rojas los sueldos, primas, bonificaciones, subsidios, vacaciones y demás prestaciones dejados de percibir desde cuando se produjo su retiro hasta cuando aconteció su deceso [ago. 31/2001], con la aclaración, para todos los efectos legales y prestacionales, de que no ha habido solución de continuidad en la prestación del servicio.

5. ORDÉNASE que de la condena impuesta se efectúe el descuento de la indemnización optativa recibida por la actora cuando se suprimió su cargo.

6. De igual modo se ordena la actualización de las condenas en los términos del artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, dando aplicación a la siguiente fórmula:

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En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (R.H.), que es lo dejado de percibir por la demandante desde la fecha en que fue desvinculada del servicio en virtud de los actos acusados, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que debió hacerse el pago, según se dispuso en la parte motiva de la providencia.

Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes por mes, para cada mesada salarial y para los demás emolumentos teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos.

7. DECLÁRASE que para todos los efectos legales no constituye doble asignación recibida del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, lo percibido por la libelista desde la fecha del retiro hasta la fecha que se produjo su deceso [ago. 31/2001].

8. Se dará cumplimiento a la sentencia con arreglo a lo ordenado en los artículos 176 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

9. NIÉGANSE las demás súplicas de la demanda.

Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

(5) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección ‘B’, sentencia de 8 de marzo de 2007, Expediente 4854-2005, M.P. Alejandro Ordoñez Maldonado, al respecto indicó lo siguiente:

“(...) En esta medida, en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en estricto rigor procesal y respecto de los cargos formulados por la supresión del cargo, debía solicitarse la pretensión anulatoria del Acuerdo 025 de 26 de abril de 2001, proferido por el Concejo Distrital de Bogotá, aspecto que al examinar las pretensiones fue omitido. No obstante lo anterior, el escollo aludido puede considerarse superado en aras de hacer prevalecer el derecho al acceso a la administración de justicia, con la petición de inaplicación que se formuló porque ella surte para el caso los mismos efectos de la declaración de nulidad pues logra que, con efectos inter partes, vale decir, única y exclusivamente para el asunto particular y subjetivo que se estudia, desaparezca la presunción de legalidad de la decisión en el evento de comprobarse la existencia de algún vicio de legalidad en su expedición (...)”.

Tesis reiterada mediante sentencia de 6 de diciembre de 2007, Expediente 4318-2005, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

(6) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, sentencia de 17 de mayo de 2012, Expediente 2113-08, M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

(7) La Sección Segunda en sentencia de 21 de octubre de 2009, Expediente 2336-08, M.P. Alfonso Vargas Rincón.

(8) Corte Constitucional, Sentencia T-1701 de 7 de diciembre de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(9) Así lo ha expresado la Sección Segunda de esta corporación en sentencia de 6 de julio de 2006, M.P. Ana Margarita Olaya Forero, que dijo:

“(...) Por ello la planta de personal de una entidad puede estipular cargos de igual denominación que no obstante serán diferentes empleos cuando el manual específico les asigne funciones, requisitos y/o responsabilidades distintas; y la supresión del empleo no ocurrirá cuando subsistan en la planta de la entidad igual o superior número de cargos de la misma o distinta denominación, cuando las funciones asignadas, los requisitos y la responsabilidad inherente a dichas funciones sea idéntica. Por el contrario, si el número de cargos se reduce en las mismas condiciones, habrá ocurrido una real supresión de empleos (...)”.