Sentencia 2001-00823 de junio 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “B”

Radicación: 13001233100020010082301

Expediente: 30737

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Zamira Esther Manzur Jarma

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Policía Nacional

Naturaleza: Reparación directa

Bogotá D. C., veintiséis de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

I. Competencia

7. El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por concepto de daño emergente, supera la exigida por la norma para el efecto(1).

II. Validez de los medios de prueba

8. Con la demanda se adjuntaron varias fotografías y un recorte de prensa. Las primeras serán tenidas como pruebas válidas en tanto cumplen con los requisitos establecidos por la Sala para tal fin(2), ya que con base en el reconocimiento hecho por el señor Roberto Campo Piña en el documento visible a folio 5 del cdno. 1(3), es posible determinar su origen y el lugar y fecha en la que fueron tomadas.

9. En cuanto a los informes de prensa, la Sala Plena de la corporación en sentencia de 29 de mayo de 2012(4) señaló que estos no tienen, por sí solos, la entidad suficiente para probar la existencia y veracidad de la situación que narran y/o describen, por lo que su eficacia probatoria depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, “cualquier género periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias, crónicas, etc.), en el campo probatorio puede servir solo como un indicador para el juez, quien a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza de los hechos”(5).

10. En consideración a lo anterior, la Sala acogerá el precedente trazado por la Sala Plena de la corporación y, en consecuencia, dará valor probatorio al recorte de prensa publicado por el diario El Universal (fl. 21, cdno. 1), el cual fue aportado junto con la demanda, en la medida en que los hechos que allí se narran guardan correspondencia con las otras pruebas documentales y testimoniales aportadas al proceso.

III. Hechos probados

11. De conformidad con las pruebas válida y oportunamente aportadas al proceso, se tienen probados los siguientes hechos relevantes:

11.1. La señora Zamira Manzur Jarma era la propietaria del restaurante establecimiento de comercio denominado “Puerto Bello”, ubicado en el kilómetro 6 de la carretera que del municipio de Zambrano (Bolívar) conduce al de Plato (Magdalena) (original de la certificación expedida por el personero municipal de Zambrano, Bolívar, el 29 de septiembre de 1999 —fl. 12, cdno. 1—; original de la certificación emitida por el secretario del interior de Zambrano, el 28 de septiembre de 1999 —fl. 13, cdno. 1—).

11.2. El 21 de septiembre de 1999, miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia incineraron el restaurante “Puerto Bello” junto con otros negocios vecinos, causando su total destrucción (original de la certificación expedida por el personero municipal de Zambrano, Bolívar, el 29 de septiembre de 1999 —fl. 12, cdno. 1—; original de la certificación emitida por el secretario del interior de Zambrano, el 28 de septiembre de 1999 —fl. 13, cdno. 1—; oficio 454 de la estación de policía de Zambrano, de 24 de septiembre de 1999 —fl. 20, cdno. 1—; original del recorte del periódico El Universal, del 23 de septiembre de 1999 —fl. 21, cdno. 1—; oficio 2390 del 14 de diciembre de 2002 —fl. 83, 85 cdno. 1—; fotografías —fl. 20-27, cdno. 1—).

IV. Problema jurídico

12. Compete a la Sala determinar si la destrucción del establecimiento de comercio de propiedad de la señora Zamira Esther Manzur, ocurrida el 21 de septiembre de 1999, es imputable a la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Ejército Nacional. Para el efecto, tendrá que establecer si las entidades omitieron la prestación del servicio de protección y vigilancia a su cargo, y si tal omisión fue la causa eficiente del daño.

V. Análisis de la Sala

13. Previo a resolver de fondo cabe precisar que la legitimación en la causa por activa se encuentra acreditada con las certificaciones expedidas por el personero municipal de Zambrano (Bolívar) y por secretario del interior del mismo municipio, en las cuales consta que el negocio parador turístico denominado restaurante Puerto Bello, ubicado en jurisdicción del municipio de Zambrano era de propiedad de la señora Zamira Manzur Jarma (fl. 12, 13, cdno. 1). Estas pruebas resultan idóneas y suficientes para acreditar el interés jurídico que le asiste a la demandante conforme a reiterada jurisprudencia de la Sala en la cual se ha señalado que la titularidad de un establecimiento de comercio puede acreditarse a través de cualquier medio probatorio, sin que sea indispensable para estos efectos aportar copia del respectivo certificado de la Cámara de Comercio(6).

14. La Sala tiene acreditado el daño sufrido por la señora Zamira Manzur Jarma, consistente en la destrucción del restaurante “Puerto Bello” de su propiedad en hechos ocurridos en la noche del 21 de septiembre de 1999 (ver supra párr. 11.1 y 11.2).

15. La acción fue cometida por un grupo de desconocidos que llegó hasta el kilómetro 6 de la vía que de Zambrano (Bolívar) conduce a Plato (Magdalena) y le prendió fuego al establecimiento de comercio y a los negocios vecinos. Así consta en el oficio 454 expedido por el comandante de la estación de policía de Zambrano (fl. 14, cdno. 1) y en la certificación expedida el 28 de septiembre de 1999 por el secretario del interior del mismo municipio, cuyo texto es el siguiente (fl. 13, cdno. 1):

Que el negocio parador turístico denominado restaurante Puerto Bello ubicado en jurisdicción del municipio de Zambrano, en el kilómetro 6 de la carretera Zambrano-Plato, de propiedad de la señora Zamira Manzur, fue incendiado por manos criminales en la noche del 21 de septiembre del presente año junto con los enceres (sic) y bienes correspondientes a este negocio, los cuales quedaron totalmente incinerados.

Este hecho forma parte del incendio general de otros negocios de este mismo tipo ubicados en el kilómetro 5.

16. Similar información aparece consignada en el artículo titulado “Pánico y muerte en El Carmen”, publicado el 23 de septiembre de 1999 por el diario El Universal, el cual da cuenta además —en concordancia con la información que reposa dentro del expediente (ver infra párr. 21)— de varios homicidios y secuestros, cometidos en el municipio del Carmen de Bolívar, al parecer por los mismos hombres que incendiaron el restaurante “Puerto Bello” (fl. 15, cdno. 1):

Otra noche de terror se vivió en la región de los Montes de María.

Tres hombres asesinados, seis más desaparecidos y 12 kioscos quemados dejó una nueva incursión de los grupos armados al margen de la ley que operan en esta zona de Bolívar.

Las víctimas fueron identificadas como Manuel Dolores Joli Oliveras de 56 años, residente en el barrio Buenos Aires, de oficio celador de un taller de mecánica; Rodolfo Márquez Herrera, de 25 años, residente en el barrio Las Colonias, de profesión albañil; y N.N. “El Turco”, vigilante de una obra en construcción.

(...).

Los desaparecidos, cuya suerte se desconoce, fueron identificados como Freddy Martínez, Miguel Martínez Ferrer, Daguer Polanco Salcedo, Julio Martínez Ferrer y Rafael y Gustavo Morales Restrepo.

Llega el grupo armado

Eran aproximadamente las 10.00 de la noche del viernes. En el perímetro urbano de El Carmen todavía había mucha gente en la calle departiendo, cuando de repente llegaron a la localidad dos vehículos, un camión y una camioneta doble cabina, donde se desplazaban más de 70 hombres vistiendo prendas de uso privativo de las fuerzas militares, todos portando armas de corto y largo alcance.

Los automotores llegaron al sector conocido como Cuatro Bocas y los hombres de replegaron en dos grupos.

Según lo narrado por algunos testigos, parte de los individuos entraron al estadero Candilejas donde requirieron a cinco hombres que estaban allí.

Mientras revisaban la documentación de los presentes, un encapuchado se bajó de uno de los carros y dialogó por unos minutos con el jefe del grupo.

“Él los vio y con la cabeza le hizo señas que no eran. Enseguida salieron del lugar”, relató un testigo.

El resto de los desconocidos se desplazaron hasta el billar Ranchoalegre donde sacaron a la mayoría de las personas que se llevaron.

En ningún momento se identificaron, solo ubicaron a quienes buscaban y los obligaron a que los acompañaran.

Se van del lugar

Una vez cumplieron su cometido, los hombres se embarcaron en los vehículos y se dieron a la fuga.

Minutos más tarde se escucharon unos rafagazos, esta vez en inmediaciones del municipio de El Carmen, en la vía que conduce a Zambrano.

Tan pronto ocurrió el secuestro, algunos habitantes del sector dieron aviso a la Policía y cuando la patrulla se desplazaba al lugar oyeron los disparos.

Los uniformados al llegar a los alrededores del cementerio encontraron tres cadáveres.

Testigos del triple crimen manifestaron que los homicidas tomaron la vía que de El Carmen de Bolívar conduce a Zambrano.

Queman kioscos

El terror se extendió hasta el kilómetro 5, en jurisdicción de Zambrano, donde un grupo, al parecer el mismo, quemó 16 kioscos con todos los elementos de cocina, sillas y electrodomésticos que había en cada uno de ellos.

Algunos propietarios de los locales, quienes se hicieron presentes en el lugar para recoger lo poco que les quedó, manifestaron que pasadas las 10.30 de la noche hicieron presencia varios sujetos y sin mediar palabra procedieron a prenderle fuego a los kioscos.

(...).

17. Si bien se desconoce la identidad de los autores materiales del hecho, las pruebas aportadas al proceso sugieren que la destrucción de establecimiento de comercio de propiedad de la actora fue perpetrada grupos paramilitares en represalia a acciones cometidas por la guerrilla (fl. 83-85, cdno. 1):

El 220902 (sic) integrantes de las autodefensas que delinquen en el centro del departamento de Bolívar a la altura del kilómetro 5 sobre la vía que del municipio de Zambrano conduce al municipio del Carmen de Bolívar quemaron 16 kioscos donde funcionaban unos restaurantes. Según informaciones colectadas estos establecimientos eran administrados al parecer por informantes del 37 frente de las FARC EP.

Informaciones de inteligencia dan cuenta que esos hechos fueron perpetrados en represalia a los hechos ocurridos el 140909 (sic) en el municipio del Carmen de Bolívar, en donde integrantes de la columna Cacique Yurbaco del frente 37 de las FARC EP ingresaron en el local donde funciona la oficina de apuestas permanentes “El Gato” y asesinaron con arma de fuego al señor Cástulo López Romero, gerente de la empresa.

18. Igualmente, se sabe que los hechos ocurrieron en una zona del territorio nacional caracterizada por una fuerte presencia de grupos armados organizados al margen de la ley, con capacidad para adelantar operaciones militares concertadas y sostenidas. En efecto, los municipios de Zambrano y Carmen de Bolívar, integran la región de los Montes de María, la cual —debido a su posición geográfica estratégica(7)— se volvió desde principios de los años noventa objeto de disputa territorial entre las FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia, principalmente:

Las FARC llegaron a Montes de María a inicios de la década de los noventa, luego de las desmovilizaciones de otras guerrillas anteriormente asentadas en la región; sin embargo, su accionar inició drásticamente en 1994 y se mantuvo con índices elevados hasta 2003. Esta organización guerrillera hizo presencia en la subregión a través de los frentes 35 y 37, adscritos al Bloque Caribe, que no son oriundos de la región sino desplegados del Frente 18, que operaba en Córdoba y el Bajo Cauca. En la zona de montaña se ubicó el Frente 35, donde convergió con estructuras del ELN y el ERP, y en las riberas del río Magdalena operó a través del Frente 37 (Benkos Biohó)(8). La actividad armada de la organización en la región durante la segunda mitad de la década de los noventa y comienzos de la primera década del siglo XXI se distribuyó equitativamente entre acciones bélicas e infracciones al DIH(9). En las primeras prevalecieron los combates, las emboscadas e incursiones, y en las segundas, los homicidios selectivos, los secuestros, el pillaje y la destrucción de bienes civiles, con los cuales se vieron afectados, primordialmente, terratenientes, ganaderos y élites regionales(10).

En medio del proceso de expansión del paramilitarismo en el norte del país, a mediados de la década de los noventa incursionó con fuerza y de manera abierta el fenómeno en los Montes de María. En 1997, del proceso de mutación de las cooperativas de seguridad —Convivir— de San Onofre y Coveñas, y como resultado de la reunión entre élites políticas y ganaderas con los paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) llevada a cabo en la finca ‘Las Canarias’, se conformó el Frente Rito Antonio Ochoa de las AUC, estructura armada que, tras la masacre de El Salado, en febrero del año 2000, se transformó en el Bloque Héroes de Montes de María. Este Bloque fue comandado políticamente por Edward Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’, y militarmente por Rodrigo Mercado Perluffo, alias ‘Cadena’. Esta estructura armada estaba conformada por tres frentes, encargado cada uno de una zona: 1) Frente Golfo de Morrosquillo, comandado por ‘Cadena’ y Marco Tulio Pérez, alias ‘El Oso’; 2) Frente Canal del Dique, comandado por Uber Enrique Banquet Martínez, alias ‘Juancho Dique’, y 3) Frente Sabana, comandado por Román Zabala(11).

Como fue la tendencia nacional, el accionar paramilitar en la región se concentró en infracciones al DIH, es decir, en acciones contra la población civil tipificada, en el marco de la estrategia contrainsurgente, como ‘colaboradora’ o ‘base de la guerrilla’. Los homicidios selectivos, las desapariciones y las masacres fueron los cruentos mecanismos utilizados. En el territorio de Montes de María, entre 1996 y 2003, paramilitares cometieron 42 masacres, dentro de las que se destacan las ejecutadas en los municipios y corregimientos de Pichilín (1996), Macayepo (2000), El Salado (2000), Mampuján (2000), Ovejas (2000), Colosó (2000) y Chengue (2001). En ese mismo período, 30.677 personas fueron víctimas de desplazamiento en la región(12), y, como resultado de su accionar, tras su desmovilización en 2005, el Bloque Héroes de Montes de María tiene registradas 6.686 víctimas en la Unidad de Justicia y Paz(13).

(...).

La presencia y confrontación de los actores armados en la región no han sido homogéneas; estas se dividen y diferencian según las tres zonas geográficas antes caracterizadas. Según el documento “Panorama actual de los Montes de María y su entorno” del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, en el litoral caribe, zona golfo de Morrosquillo, primero hubo presencia y compra de tierras por parte del narcotráfico, y posteriormente se consolidaron y asentaron allí los paramilitares; ésa es la zona de la finca El Palmar, base de operaciones paramilitares. En la ribera del río Magdalena, dada la existencia de ganadería extensiva y la agricultura comercial, que venían siendo atacadas por la guerrilla, incursionan paramilitares. Finalmente, en la serranía de San Jacinto, zona de montaña, ha habido presencia y accionar de las organizaciones guerrilleras.

De esa manera, la zona de montaña y la troncal del río Magdalena se caracterizaron por ser lugares de disputa entre actores armados, donde las FARC tenían retaguardias estratégicas y los paramilitares incursionaban atacando a la población civil para posteriormente replegarse. Por su parte, el golfo de Morrosquillo, particularmente el municipio de San Onofre, fue zona de asentamiento y consolidación paramilitar, así como un lugar estratégico para el tráfico y embarque de cocaína. La convergencia de estos factores posibilitó el establecimiento del dominio paramilitar en San Onofre y sus corregimientos y el despliegue de particulares repertorios de violencia, regulación y control sobre los habitantes de esa zona(14).

19. Los informes consultados también dan cuenta que la dinámica del conflicto en la región estuvo marcada por el incremento de las acciones violentas cometidas contra la población civil a partir de 1997 por parte de los grupos de autodefensa y, en menor medida, por la guerrilla de las FARC:

Según un informe elaborado en el año 2009 por el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto —CERAC—, retomando estadísticas de violencia del Observatorio de DDHH y DIH de la Vicepresidencia de la República, durante la primera mitad de la década del 90, los niveles de conflicto y confrontación entre guerrilla, paramilitares y ejército, fueron relativamente bajos en la región, y en algunos períodos inexistentes: “Así, mientras en el periodo 1990-1996 el número de eventos anuales de conflicto no superaba los 40 en promedio anual, en 1997 se registraron más de 120. Ello coincide con la incursión paramilitar en la región que se manifiesta en las numerosas acciones unilaterales que efectuaron en 1997 y que condujeron a la mayoría de muertos civiles reportados ese año”(15). De acuerdo al informe citado, es a partir del año 1997 que tiene lugar un incremento considerable de los niveles de violencia asociada al conflicto, victimizando especialmente a la población civil.

(...).

El informe de CERAC —anteriormente citado— precisa también que en el periodo de 1997 a 2002 son coincidentes las disminuciones de combates con el incremento de las acciones unilaterales de los actores armados ilegales y del Ejército, que no necesariamente se relacionan con campos minados o emboscadas, sino con una masiva victimización a la población civil, presentándose en promedio anual unas 220 muertes civiles asociadas al conflicto, con responsabilidad directa en un 80% de los casos a acciones paramilitares, mientras que para el mismo periodo las fuerzas combatientes no alcanzan a reportar “bajas” en sus filas superiores a 50 personas(16).

En el periodo comprendido entre los años 1996 y 2003, el informe al que se ha hecho referencia, reseña que los dos principales actores victimizantes contra la población civil son en su orden las AUC y las FARC. El gráfico 3 muestra que las mayores bajas de miembros de las FARC se dan en el 2001, año en el cual —tal vez por el repliegue táctico de la guerrilla— se concentra el mayor accionar de las AUC, perpetrando cerca de 220 asesinatos. En el periodo comprendido entre el 2003 y el 2007, el reagrupamiento de los grupos paramilitares generó un promedio de 10 a 12 asesinatos por año, en su mayoría selectivos(17).

20. Esta información coincide con aquélla contenida en el oficio 2390/Sipol Debol suscrito por la seccional de inteligencia del departamento de policía de Bolívar, visible dentro del expediente, el cual da cuenta de que solo en el municipio de Zambrano, en el lapso de menos de veinte (20) días, comprendidos entre el 3 y el 21 de septiembre de 1999, se registraron tres acciones armadas contra la población civil atribuibles tanto a la guerrilla como a los grupos de autodefensa (fl. 84-85, cdno. 1):

Actividades grupos al margen de la ley mes de septiembre de 1999

030999ZambranoA las 13:30 horas guerrilleros del 37 frente de las FARC efectuaron retén en la vía al Carmen (...).FARC
080999ZambranoEn predios de la finca propiedad Víctor Martínez personal de la Policía encontró abandonadas dos granadas para mortero de 60 milímetros, tipo M-60 (...).FARC
100909ZambranoEn la vereda Tuna varios campesinos descubrieron el cadáver en avanzado estado de descomposición de un agricultor con dos impactos de arma de fuego, identificado como José Luis Rivera, 48 años, presenta varios signos de tortura en el cuerpo.Desc.
220999ZambranoA la altura del kilómetro 5 vía que conduce al Carmen de Bolívar desconocidos quemaron 16 kioscos donde funcionaban restaurantes (...).ACCU
250909ZambranoEn el caño aguas negras corregimiento Sitio Nuevo jurisdicción entre los departamentos de Magdalena y Bolívar personal de la Fiscalía practicó levantamiento de los cadáveres de Rubén Guillermo Pérez Quintero, Hermides José Redondo Bohórquez Y Rafael Ángel Montes Restrepo, quienes habían sido secuestrados en Carmen de Bolívar el día 210909.ACCU

Para la fecha solicitada en el requerimiento (se refiere al 21 de septiembre de 1999) se presentaron tres asesinatos y el secuestro de ocho personas en el perímetro urbano del municipio del Carmen de Bolívar en donde un número indeterminado de hombres armados incursionó el perímetro de ese municipio, entrando al establecimiento denominado Rancho Alegre (billar) y asesinaron a los señores Manuel Dolores Julio Olivera de 58 años, Rodolfo Márquez Herrera de 25 años y NN alias El Turco.

Igualmente, se llevaron a los particulares Rafael Ángel Montes Restrepo De 20 años, Gustavo Adolfo Montes Restrepo de 24 años, propietario del billar, Fredy De Jesús Martínez Ferrer de 28 años, Miguel Martínez Ferrer de 25 años, Hermides José Redondo Bohórquez, Rubén Guillermo Pérez Quintero, 34 años, latonero, Julio Martínez Ferrer Y Dober Elías Polanco Salcedo, hecho perpetrado por las autodefensas.

21. Lo dicho hasta el momento, sirve para ilustrar que el ataque cometido contra el restaurante de propiedad de la señora Zamira Esther Manzur Jarma no constituye un hecho aislado de delincuencia común, sino que se inscribe dentro de un contexto de conflicto armado caracterizado, geográfica y temporalmente, por el incremento de las acciones cometidas por los grupos armados ilegales, especialmente por las llamadas autodefensas, contra la población civil.

22. En un contexto de este tipo, el Estado asume una posición de garante —entendida en los términos del artículo 1º de la Convención Americana de Derechos Humanos(18)—de los derechos de las personas que no participan directamente en las hostilidades. Por ello, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe adoptar todas las medidas a su alcance para evitar o conjurar situaciones que sean razonablemente previsibles y que supongan una amenaza real e inmediata para un individuo o grupo de individuos determinado(19).

23. La actora sostuvo que el daño es imputable a la administración a título de falla en la prestación del servicio de protección y vigilancia a su cargo. En concreto, afirmó que la destrucción del establecimiento de comercio de su propiedad se produjo porque la Policía y el Ejército Nacional, teniendo conocimiento de la situación de peligro que enfrentaba, omitieron adoptar medidas para proteger su patrimonio.

24. Las pruebas aportadas al proceso, sin embargo, no permiten comprobar la veracidad de esta afirmación. No existe evidencia contundente de que la actora haya acudido ante las autoridades para denunciar amenazas en su contra. El testimonio de la señora Nacira Cecilia Manzur Jarma, hermana suya, no ofrece verosimilitud a la Sala, por cuanto se limita a afirmar que la demandante “estaba haciendo vueltas” para obtener protección de las autoridades(20), sin puntualizar de qué tipo ni el avance de las gestiones.

25. En cambio, la Policía Nacional allegó un oficio suscrito el 26 de junio de 2003 por el comandante de la estación del Carmen de Bolívar, en el cual consta que “revisados los archivos del distrito y estación con anterioridad al 210999 (sic) no reposan antecedentes de que la señora Zamira Esther Manzur Jarma halla (sic) solicitado protección alguna por amenazas contra su integridad y bienes” (fl. 86, cdno. 1).

26. Con todo, se pregunta la Sala si dadas las condiciones políticas del momento y del lugar en que ocurrieron los hechos era necesario que la actora formulara una solicitud expresa de protección para que surgiera a cargo de las autoridades la obligación de adoptar medidas especiales para preservar su vida, su integridad y su patrimonio. O, en otras palabras, si el daño era razonablemente previsible por estar expuesta la demandante a una situación objetiva de riesgo o de amenaza de vulneración de sus derechos fundamentales.

27. La respuesta a este interrogante condiciona los resultados del juicio de responsabilidad pues, según ya se indicó, si se demuestra que el Ejército y la Policía tenían el deber de garantizar la seguridad de los habitantes del municipio de Zambrano, en general, y de la señora Zamira Esther Manzur en particular, y que omitieron adoptar medidas para prevenir y contrarrestar la acción de los grupos armados ilegales, el daño les resultaría jurídicamente imputable. Al respecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado que:

(...) el hecho de que el daño se haya originado en la conducta de un tercero no significa, necesariamente, que se haya configurado una causa extraña que exonere de responsabilidad a la administración pública, toda vez que aquél puede ser imputable a esta última si su comportamiento fue relevante y determinante en el desencadenamiento del mismo, bien porque se contribuyó con una acción a su producción o porque, pudiendo evitarlo, se abstuvo de hacerlo, en este caso siempre y cuando se constate que la entidad demandada se encontraba en posición de garante, es decir, que de conformidad con el ordenamiento jurídico estaba compelida a evitar el resultado(21).

28. En el caso concreto, está demostrado que los hechos ocurrieron en una zona del territorio nacional afectada por una fuerte presencia de grupos armados organizados al margen de la ley, y en un momento histórico caracterizado por una agudización del conflicto a causa del incremento de las acciones cometidas, tanto por la guerrilla como por los paramilitares, contra la población civil. Esta circunstancia permite afirmar que los habitantes de los 15 municipios que integran la región de los Montes de María, entre ellos, el municipio de Zambrano, se encontraban en situación permanente de riesgo que, por su gravedad y notoriedad, no podía escapar al conocimiento de las autoridades.

29. En este contexto, no hay duda de que la Policía y el Ejército tenían una posición de garantes respecto de los derechos de estas personas y que, por tal razón, estaban compelidas al cumplimiento de un conjunto de obligaciones, algunas de carácter negativo o de abstención, como las que se derivan del artículo 3º común a los Convenios de Ginebra(22), y otras de carácter positivo o de realización, tendientes a impedir que terceros o agentes no estatales convirtieran a los pobladores de estos municipios en objeto de sus ataques. Lo anterior en consonancia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional:

(...) las Fuerzas Militares, así como la Policía Nacional, tienen una posición de garante derivada de su obligación de cumplir deberes irrenunciables en un Estado social de derecho. El artículo 217 de la Constitución dispone que es función de las fuerzas militares garantizar el orden constitucional. Dicho orden no se limita a preservar la estructura democrática del país, sino que comprende el deber de participar activa y eficazmente (C.P., art. 209) en la defensa de los derechos constitucionales de los asociados. Tales derechos constituyen los bienes respecto de los cuales el Estado tiene el deber —irrenunciable— de proteger.

Respecto de dicho deber, las fuerzas armadas ocupan un lugar primordial. En efecto, parte esencial del respeto por los derechos constitucionales se edifica sobre la obligación del Estado en proteger a los titulares de tales derechos contra las violaciones a los mismos por los particulares. La defensa de los derechos no se limita a la abstención estatal en violarlos. Comporta como se ha indicado, enfrentar a los agresores de tales derechos. La existencia de fuerzas armadas se justifica por la necesidad de asegurar, más allá del mandato normativo, la eficacia de los derechos. (...)

Sobre este punto no puede quedar duda alguna. Las fuerzas militares tienen la obligación absoluta de impedir el desconocimiento del derecho internacional humanitario (restricción absoluta aun frente a los estados de excepción según lo dispone el artículo 214 de la Constitución) y los derechos que, conforme a los tratados internacionales ratificados por Colombia, no pueden ser suspendidos durante tales estados (C.P., art. 93). Permitir que ocurran, sea porque activamente intervienen en ellas o porque omiten el deber estatal de proteger a los asociados en sus derechos, constituye una flagrante violación a la posición de garante de las condiciones mínimas y básicas de la organización social y, por lo mismo, nunca podrán considerarse como un acto relacionado con el servicio(23).

30. Pese a ello, no hay evidencia dentro del proceso que demuestre que el Ejército o la Policía adoptaron medidas especiales para prevenir la actuación de los grupos armados ilegales en la región de los Montes de María o para reaccionar con prontitud antes tales actuaciones. Al contrario, la evidencia indica que la población civil se encontraba en tal estado de desprotección que los paramilitares no enfrentaron ningún obstáculo para incursionar armados en pleno casco urbano del municipio de Carmen de Bolívar, cometer tres asesinatos y varios secuestros a la vista de todo el mundo, continuar su marcha en dos vehículos por la vía que de este municipio conduce al de Zambrano, e incendiar varios establecimientos comerciales ubicados apenas a 6 kilómetros de distancia de la anterior población.

31. Se puede deducir, por lo tanto, que el daño antijurídico no se hubiera generado de haberse verificado una actuación pro activa por parte de la fuerza pública, ya que ante la comprobación de que los grupos armados al margen de la ley venían victimizando masivamente a la población civil en la región de los Montes de María, se han debido adoptar medidas especiales con el fin de combatirlos, de prevenir sus actuaciones y de mejorar los esquemas y protocolos de seguridad en las distintas poblaciones.

32. En esta perspectiva no son de recibo los argumentos presentados por el Ejército Nacional, en el sentido de que como los hechos ocurrieron en una zona calificada como de orden público, debe darse aplicación a la teoría de la relatividad de la falla del servicio, toda vez que el análisis del contexto y de los distintos medios de convicción, permite plenamente dar por acreditado que las autoridades militares y de policía conocían de la situación de peligro a la que estaban expuestos los pobladores de la región de los Montes de María en el marco del conflicto armado. Entonces, lo que se le endilga al Estado no es una obligación de imposible cumplimiento, sino el daño antijurídico que ocasionó por no haber adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad en la zona y para proteger la vida, la integridad y el patrimonio de sus habitantes.

33. Por las razones anotadas, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará a la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Ejército Nacional administrativamente responsables de la destrucción del restaurante Puerto Bello, de propiedad de la señora Zamira Esther Manzur Jarma, en hechos ocurridos el 21 de septiembre de 1999 en jurisdicción del municipio de Zambrano (Bolívar).

V. Liquidación de perjuicios

34. Procede la Sala a fijar el monto de los perjuicios de conformidad con las pretensiones de la demanda y las pruebas que obran dentro del expediente.

1) Perjuicios morales

35. En relación con los perjuicios morales que puedan derivarse de una pérdida o afectación de carácter material, la Sala reitera lo dicho en anteriores oportunidades, en el sentido de que su reconocimiento solo procede si los mismos se encuentran debidamente acreditados, pues respecto de ellos no opera ningún tipo de presunción:

No obstante, la Sala ha adoptado un criterio más amplio, para considerar que hay lugar a indemnizar todo perjuicio moral, sin importar su origen, como el derivado de la pérdida de bienes materiales o el causado con el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, siempre que, como sucede en relación con cualquier clase de perjuicios, aquéllos sean demostrados en el proceso(24).

36. El mismo criterio ha sido acogido por la doctrina nacional, que considera que el fundamento que debe servir al juez para reconocer la existencia de dichos perjuicios y para proceder consecuentemente a declararlos indemnizables estriba en que los mismos aparezcan probados(25), siempre que, como es obvio, el mismo se origine en una actuación, activa u omisiva, imputable a la administración.

37. Con base en lo expuesto se considera que no hay lugar al reconocimiento de la indemnización pretendida en la demanda por concepto de perjuicios morales porque no se aportó ninguna prueba acerca de la aflicción, congoja o sufrimiento padecido por la señora Zamira Esther Manzur a causa de la destrucción de su establecimiento de comercio. Si bien es posible que la actora experimentara alguno de estos sentimientos en virtud de esta situación, no está probado que estos fueran extraordinarios o de tal envergadura como para tener por demostrada la existencia del perjuicio que aduce.

2) Perjuicios materiales

38. La actora estimó en $60.000.000 el monto del daño emergente causado por la destrucción del establecimiento de comercio y de los bienes que lo integraban. Para probar este perjuicio, aportó unas fotografías en las cuales se observan algunos de los equipamientos del restaurante, concretamente, sillas y mesas, construidas algunas en madera y otras en plástico (fl. 17-19, cdno. 1), y un documento que contiene el balance general del establecimiento a 21 de septiembre de 1999, elaborado por el contador público Antonio Hincapié Peña (fl. 4, cdno. 1), cuyo texto es el siguiente (fl. 3, cdno. 1):

Activo
Corriente:
Caja:
Clientes:
Inventario inicial de mercancía:
$1.540.000
980.000
2.350.000
$4.870.000
Total activo corriente
Propiedades, planta y equipos.
Construcciones y edificaciones
Muebles y enseres
Maquinaria y equipos
Total propiedades planta y equipos
Total activo

$39.800.000
6.700.000
8.850.000
$55.350.000
$60.220.000

39. De otra parte, estimó en $38 400 000 el lucro cesante causado por el mismo hecho, y aportó como prueba de su valor el estado de ganancias y pérdidas del restaurante Puerto Bello, efectuado por el mismo contador (fl. 2, cdno. 1):

Estado de ganancias y pérdidas
periodo del 30 de marzo al 21 de septiembre de 1999
Ingresos operacionales
Comercio al por mayor y por menor
Costo de venta inventario inicial de mercancía
Mas compras neta
Mercancía disponible para la venta
Inventario final de mercancía
$4.380.000
Utilidad bruta operacional
$9.600.000
$9.600.000
$2.380.000
4.350.000
$6.730.000
$2.350.000

$5.220.000
Gastos operacionales
Gastos de personal
Arriendo
Gastos legales

Mantenimiento y repuesto
Utilidad neta del ejercicio
$1.218.000
$1.200.000
$450.000
$280.000 $3.148.000
$2.072.000

40. Es de resaltar que ninguna de las cifras contenidas en el balance general y en el estado de ganancias y pérdidas encuentra respaldo en documentos confiables, tales como declaraciones de renta, facturas de compra, o libros de contabilidad. Su único sustento se halla en el testimonio del señor Hincapié Peña, quien manifestó que fue contratado por la actora para que le llevara la contabilidad del establecimiento, y que los datos corresponden a la información recopilada el 15 de septiembre de 1999, que fue la última vez que visitó el negocio (fl. 71, cdno. 1):

Zamira me contrató para que le llevara la contabilidad, yo la visitaba, visitaba el negocio cada 15 días. En cada visita yo cogía los movimientos, ingresos y gastos. Ya teniendo el balance general porque este es un estado de resultados. El documento a folio 2 es un estado de pérdidas y ganancias, estado de resultados, a folio 3 es un balance general. De la información tomada se sacaba el rendimiento que había dado el negocio en el periodo en que se está haciendo la información, o sea, el estado. De ahí se sacaban los ingresos, el informe se elabora tomando el total de ingresos del periodo, al total de ingresos se le restan los gastos, y nos va a dar el resultado, la utilidad o la pérdida en este caso no está dando la utilidad.

41. De lo dicho por el contador en su declaración, también se evidencia que el establecimiento de comercio sí disponía de libros de contabilidad, pero que estos resultaron destruidos en el incendio, sin que se tenga certeza si los mismos fueron registrados ante la Cámara de Comercio (fl. 72, cdno. 1):

Preguntado: sírvase manifestar a este despacho qué libros existían en el restaurante Puerto Bello, con qué frecuencia hacía los informes y cuál era la fecha de corte de esos informes. Contestó: Los libros registrados eran libro de inventario, libro de compras y ventas y el libro mayor y otros auxiliares, unos dos o tres auxiliares que se tenían. Con respecto al periodo pues cada mes, el último día de cada mes se hacían los estados, yo los iba a visitar cada quince días, el cual inventariábamos la mercancía que había salido, la que quedaba en existencia, más las compras que se hacían en el periodo. Preguntado: manifieste al despacho si usted tiene en su poder y puede exhibir en esta diligencia los libros relacionados en la pregunta anterior, de donde se originaban los balances a que usted hace mención. Contestó: libros yo no tengo ninguno, puesto que los libros deben reposar en la oficina del negocio y que esos fueron quemados totalmente, allí no quedó ninguna información (...). Preguntado: sírvase decir al despacho si el testigo llevaba los libros de comercio del mencionado establecimiento de comercio y si los libros se encontraban debidamente inscritos en la Cámara de Comercio de su competencia. Contestó: Yo los llevaba, ese trámite de Cámara de Comercio creo que no se alcanzó a dar, no sé porque allí había problemas por la cuestión de la zona, yo nunca fui a hacer diligencias de eso, le correspondía a la dueña, pero exactamente no sé si los alcanzó a registrar en Cámara de Comercio.

42. La Sala considera que las afirmaciones hechas por el testigo resultan insuficientes para conferirle total credibilidad a los documentos, ya que como se dijo, estos fueron elaborados a instancias y por solicitud de la parte demandante, sin darle la posibilidad a la entidad demandada de conocer y contrastar las cifras en las cuales se sustenta el balance general del establecimiento y su estado de ganancias y pérdidas.

43. La parte demandante tenía la carga de probar el valor de lo pretendido por concepto de daño emergente y de lucro cesante, por lo cual debió aportar otros elementos de juicio que permitieran llegar a la Sala al convencimiento de que la información que reposa en balance y en el estado de ganancias y pérdidas presentados por el contador se ajusta a la realidad del restaurante al momento del incendio. Aun cuando sea cierto que los libros de contabilidad se perdieron y que ellos no fueron registrados en la Cámara de Comercio —hecho del cual no se tiene total certeza—, la actora podía recurrir a otros medios de prueba, tales como facturas de compra, inventarios, comprobantes de pago de impuestos, extractos bancarios, contratos o testimonios de proveedores, clientes o trabajadores para dar solidez y confiabilidad a la información contenida en los mencionados documentos.

44. Así, habiendo certeza sobre la existencia de los perjuicios, más no sobre su cuantía, lo procedente es proferir una condena en abstracto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 172 del Código de lo Contencioso Administrativo Ello con el fin de que el monto de la indemnización se fije mediante trámite incidental, que deberá promoverse por la demandante conforme a lo previsto en los artículos 178 del Código de lo Contencioso Administrativo y 137 del Código de Procedimiento Civil, dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia.

45. Para el cálculo del daño emergente y del lucro cesante deberá tenerse en cuenta que, por ser propietario de un establecimiento de comercio, se presume que el actor ostenta la calidad de comerciante (C.Co., art. 13, núm. 2), por lo cual se encuentra legalmente obligado a conformar inventarios, registros contables, balances y estados financieros (C.Co., artículo 48). Ahora bien, en el evento de que estos documentos se hayan perdido en el incendio, el valor del daño emergente deberá calcularse con fundamento en cualquier otro medio de prueba que resulte pertinente, creíble y relevante para el efecto, como a los que ya se hizo referencia.

46. En cualquier caso, deberá tenerse en cuenta que para el cálculo del lucro cesante no solo resulta relevante el valor de los ingresos, sino también de los egresos derivados del pago de servicios públicos, salarios y prestaciones de los trabajadores, impuestos, abastecimiento de alimentos y bebidas, etc.

47. El valor obtenido por concepto de daño emergente y lucro cesante, deberá actualizarse con fundamento en la siguiente fórmula:

pong1
 

Donde,

Ra = Renta actualizada

Rh = Renta histórica

Índice final = IPC certificado por el DANE, para el mes anterior al de la providencia que resuelva el incidente de liquidación de la condena.

Índice inicial = IPC certificado por el DANE para el mes en que se produjo el incendio (septiembre de 1999).

48. Para establecer el periodo por el cual se reconocerá la indemnización por concepto de lucro cesante, la Sala no dispone de elementos probatorios que le indiquen el tiempo durante el cual el restaurante “Puerto Bello” permaneció cerrado al público. Sin embargo, esta circunstancia no es óbice para que se limite el periodo de tiempo durante el cual procede el pago de la indemnización. Se reitera en este punto el criterio sostenido en anteriores oportunidades(26), con apoyo de la doctrina, según el cual la liquidación en este tipo de eventos deber abarcar un término definido y razonable, puesto que “es imposible aceptar su prolongación hasta el infinito”(27), además de que es deber de la víctima buscar soluciones económicas diferentes para compensar la pérdida que sufrió.

49. Así, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, y las condiciones en las cuales quedó el establecimiento de comercio a consecuencia del incendio, el perjuicio se reconocerá por el término de seis (6) meses contados desde el 21 de septiembre de 1999, fecha de los hechos.

VI. Costas

50. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de los intervinientes dentro del presente trámite, razón por la cual no se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVOCAR la sentencia apelada, esto es, la proferida el 14 de diciembre de 2004, por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

2. DECLARAR administrativamente responsable a la Nación- Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Ejército Nacional por los perjuicios ocasionados a la señora Zamira Esther Manzur Jarma con motivo de la destrucción del restaurante “Puerto Bello”, de su propiedad, ocurrida el 21 de septiembre de 1999.

3. en abstracto a la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Ejército Nacional al pago del daño emergente y del lucro cesante causados a favor de la señora Zamira Esther Manzur Jarma, los cuales deberán liquidarse mediante trámite incidental y promoverse por la actora dentro del término de sesenta (60) días contados desde la ejecutoria de esta sentencia y resolverse con sujeción a las pautas indicadas en la parte motiva del fallo.

4. Denegar las demás pretensiones de la demanda.

5. Sin condena en costas.

6. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

8. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) En la demanda, presentada el 30 de mayo de 2001, la pretensión mayor fue estimada en $60 000 000. Por estar vigente al momento de la interposición del recurso de apelación que motiva esta sentencia, se aplica en este punto el artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modifica el numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que dispone que la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en 2001 fuera de doble instancia, debe ser superior a $26 390 000.

(2) En reiteradas oportunidades esta corporación ha señalado que las fotografías carecen de mérito probatorio si no es posible determinar su origen ni el lugar o la época en la que fueron tomadas. Al respecto, véanse, entre otras, las siguientes sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: 5 de diciembre de 2006, Exp. 28.459, C.P. Ruth Stella Correa; 28 de julio de 2005, Exp. 14.998, C.P. María Elena Giraldo; 3 de febrero de 2010, Exp. 18034, C.P. Enrique Gil Botero.

(3) Se trata de un documento declarativo, privado y emanado de un tercero, cuya ratificación no fue solicitada por la demandada, que puede ser valorado conforme a lo establecido en el numeral 2º, artículo 10 de la Ley 446 de 1998.

(4) Exp. 110010315000201101378-00, C.P. Susana Buitrago Valencia.

(5) Cabe señalar que este planteamiento acerca del valor indiciario de los recortes de prensa fue objeto de una aclaración de voto expresada en los siguientes términos por los magistrados Stella Conto Díaz del Castillo y Danilo Rojas Betancourth: “Centralmente debe advertirse que, en determinados eventos, atendiendo, verbi gratia, la naturaleza de la noticia, el espectro de difusión y la calidad de los medios que la comunicaron, puede el juez considerar que se trata de un hecho notorio que no requiere prueba adicional, pues las notas periodísticas otorgan esa naturaleza.// Es que, por ejemplo, casos como desastres naturales de repercusión nacional que son registrados en detalle por todos los medios de comunicación no podrían recibir el mismo trato, ni tampoco debería aplicarse la jurisprudencia vigente para hechos que impactan al colectivo en general y por lo mismo son registrados por la opinión pública hasta convertirse en temas de discusión en cualquier foro social.// Por tanto, el llamado de la presente aclaración tiene por objeto morigerar el precedente vigente para que en cada caso el juez, orientado por su sana crítica, pueda darle a las notas e informaciones periodísticas un alcance superior al de la simple veracidad de su sola difusión y pueda, dependiendo del sub júdice, tener el hecho como notorio y por lo mismo relevarlo de cualquier exigencia de prueba adicional, estimando entonces cierto el contenido que a nivel nacional registren los medios de comunicación, atendiendo también a su grado de credibilidad social.// Además, no puede desconocerse que la publicación de determinada información, puede tenerse como un indicio que, apoyado con otras pruebas, permita alcanzar un grado de convencimiento sobre la certeza del hecho noticioso, esto a partir de su confiabilidad”.

(6) Véanse las siguientes sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: 9 de junio de 2010, Exp. 18.536, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; 11 de agosto de 2010, Exp. 18.826, C.P. Enrique Gil Botero; y 4 de junio de 2012, Exp. 22.772, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(7) Por sus características geográficas la región se divide en tres zonas: 1) la troncal del río Magdalena, al costado oriental de la serranía de San Jerónimo, de la cual hacen parte los municipios de El Guamo, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Zambrano y Córdoba, caracterizada por ser una zona ladera y planicie apta para la ganadería extensiva y la explotación maderera; 2) la zona de montaña, conformada por los municipios de Chalán, Colosó, Morroa, Ovejas y Los Palmitos, donde prevalece la economía agrícola y campesina; y 3) el piedemonte occidental, litoral del golfo de Morrosquillo, donde se ubican los municipios de María la Baja, San Onofre, Toluviejo y San Antonio de Palmito, reconocido por sus llanuras favorables para el hato ganadero y sus abundantes manglares. Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA), Montes de María: Entre la consolidación del territorio y el acaparamiento de tierras, Bogotá, 2012, disponible en: http://ilsa.org.co:81/biblioteca/dwnlds/otras/montes1/informe.pdf

(8) [78] Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (2003), Panorama actual de los Montes de María y su entorno.

(9) [79] “Se entiende por acciones bélicas aquellas acciones ejecutadas por los actores armados de un conflicto armado de carácter no internacional y que, por acomodarse a las normas del ius in bellis son acciones legítimas de guerra. En esta categoría se clasifican los combates, las emboscadas, los bombardeos, los ametrallamientos que no afectan a la población civil, los ataques a los objetivos militares y las incursiones. En cambio las acciones contra la población civil son violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, González, Fernán, Vásquez, Teófilo y Bolívar, Íngrid (2002), Violencia política en Colombia: de la nación fragmentada a la construcción del Estado, Bogotá: Cinep, p. 98.

(10) [80] Grupo de Memoria Histórica (2009), op. cit., p. 229.

(11) [81] Garzón, Juan Carlos (2005), Desmovilización del Bloque Héroes de Montes de María de las AUC, Bogotá: Fundación Seguridad y Democracia. [consultado en: www.erta-tcrg. org/cri62247/2008/paramilitaires/pdf/bloquemontesdemaria.pdf].

(12) [82] Grupo de Memoria Histórica (2009), op. cit., p. 233.

(13) [83] verdadabierta.com. Un pulso a las verdades en los Montes de María [Consultado:http://www.verdad.abierta.com/gran_especial/montes_de_maria/montes_de_maria].

(14) Grupo de Memoria Histórica, Mujeres y guerra: víctimas y resistentes en el caribe colombiano, Bogotá, 2001, p. 75 y ss. Disponible en: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/documentos/informes/informes2011/mujeres-guerra.pdf

(15) [5] CERAC. Estudio de impacto de MAP (minas antipersonales) y MUSE (munición sin explotar) en Colombia. Región de los Montes de María. Reporte de seguridad regional y análisis del riesgo. 2009

(16) [6] Ibídem.

(17) Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA), Op. Cit., p. 14, 15.

(18) “ART.1—Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social (...)”.

(19) Sentencias de 31 de enero de 2006, caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, párr. 123 a 141; de 1º de julio de 2006, caso de las masacres de Ituango vs. Colombia, párr. 126 a 138; y de 20 de noviembre de 2013, caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica (operación Génesis) vs. Colombia, párr. 224.

(20) “(...) recibí la llamada en la que me informaba de la quema del negocio, inclusive cuando yo le envié las cartas de las compañías que le comenté a ella si había hecho algún diligenciamiento con la policía o con ejército o con cualquiera de las autoridades competentes para que hicieran rondas y estuvieran pendientes de los negocios de ella y de otros que habían en la zona porque no solamente era el de ella. Ella me dijo que estaba haciendo vueltas de eso precisamente” (fl. 68-69, cdno. 1).

(21) Sentencia de 2 de mayo de 2013, Exp. 27376, C.P. Carlos Alberto Zambrano. En similar sentido, véanse las sentencias de 20 de junio de 2013, Exp. 23.603, C.P. Jaime Orlando Santofimio, de 15 de febrero de 2012, Exp. 21.277, C.P. Enrique Gil Botero, de 18 de febrero de 2010, Exp. 18.274, C.P. Enrique Gil Botero, entre otras.

(22) “En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones:// 1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo.// A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas:// a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios;// b) la toma de rehenes;// c) los atenta dos contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;// d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados (...)”.

(23) Sentencia SU-1184 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(24) Sentencia del 24 de septiembre de 1987, Exp. 4039, citada por la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de 18 de marzo de 2004. Exp. 14.589, C. P. Ricardo Hoyos Duque. En el mismo sentido, véanse las sentencias de 11 de febrero de 2009, Exp. 16.980, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, de 10 de agosto de 2005, Exp. 15.338, C.P. Ruth Stella Correa y de 19 de junio de 2013, Exp. 27.129, C.P. Danilo Rojas Betancourth, entre otras.

(25) Véase: Javier Tamayo Jaramillo, Tratado de responsabilidad civil, tomo II, editorial Legis, Bogotá, p. 496 y ss. Con similares argumentos se expresa Guillermo Ospina Fernández, Régimen general de las obligaciones, editorial Temis, Bogotá, 2001, p. 118 y ss.

(26) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 29 de octubre de 2012, Exp. 18.472, C.P. Danilo Rojas Betancourth; de 31 de agosto de 2006, Exp. 19.432, C.P. Ruth Stella Correa; de 25 de febrero de 1999, Exp. 14.655, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(27) Juan Carlos Henao, El daño, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007, p. 155.