Sentencia 2001-00847 de julio 2 de 2010

 

Sentencia 2001-00847 de julio 2 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 11001-3103-032-2001-00847-01

Magistrado Ponente:

Dr. William Namén Vargas

Discutida y aprobada en Sala de ocho de marzo de 2010

Bogotá, D.C., dos de julio de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Se decide el recurso de casación interpuesto por la sociedad Instrumentación Ltda., respecto de la sentencia de 16 de julio de 2008, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario de la recurrente contra Hewlett Packard Company (HP) y Agilent Technologies Inc. (AT).

Antecedentes

1. La demandante solicitó declarar la existencia de un contrato de agencia comercial celebrado con Hewlett Packard Company, entre el 8 de julio de 1965 y el 8 de junio de 2000 fecha de su terminación por justa causa imputable a las demandadas, el derecho a la prestación consistente en la doceava parte del promedio de la utilidad recibida en los tres últimos años, por cada uno de los 34 años y 11 meses de su duración, equivalentes a US$ 1.531.747 y la indemnización retributiva por acreditación de la marca y líneas de productos, en la cuantía determinada mediante dictamen, estimada inicialmente en US$ 1.900.000, sumas todas indexadas.

2. El petitum, se fundamentó, en síntesis, así:

a) A partir de julio de 1965, las partes celebraron bajo diferentes denominaciones, varios contratos de agencia sin pacto de exclusividad, todos inscritos en el registro mercantil, respecto de los productos detallados en su texto, Colombia como territorio, con una duración de un año renovable, modificación y terminación según aviso registrado “con 90 días de anticipación en la Cámara de Comercio de Bogotá”, y también, sin afectarlos, firmaron distribución en noviembre de 1979.

b) Se presentaron inconvenientes desde agosto de 1995, cuando Hewlett Packard Company, envió un proyecto de “terminación del contrato” por común acuerdo, declarándose a paz y salvo, el cual rechazó la actora.

c) Después, esa compañía, en octubre de 1998, mencionó su designio de dividir la plaza para la distribución con varios agentes, designando en febrero de 1999 como distribuidor de productos médicos en Colombia a Intelnet Médica Ltda. con facultades y responsabilidades de agente.

d) Con posterioridad, en febrero de 1999, planteó la posibilidad de repartir el territorio entre la demandante e Intelnet Médica Ltda., sin llegar a ningún acuerdo.

e) En marzo de 1999, la actora informó a la empresaria, su inconformidad con la repartición geográfica por inequitativa y adolecer de objeto ilícito al restringir la libre competencia, objeción aceptada por la misma.

f) El 28 de octubre de 1999, la señalada sociedad, notificó la reorganización de sus negocios en dos compañías independientes, y asignó los de medición a Agilent Technologies Inc., integrada por sus organizaciones para pruebas y medidas, grupo de soluciones de cuidado para la salud, semiconductores y análisis químicos, con quien continuaría el contrato de distribución 18335 del 1º de noviembre de 1998.

g) La agente expresó a Hewlett Packard Company, sus preocupaciones e inconformidades según comunicaciones de 3 y 11 de febrero de 2000, ante cuyo silencio, con la de 9 de marzo de 2000, le manifestó dar “por terminado por justa (sic) el contrato de agencia en los términos del artículo 1325 del Código de Comercio”, ante su reiterado incumplimiento, al forzarla a modificar la exclusividad y el territorio con prácticas restrictivas, desmejora en las condiciones pactadas, sustracción de personal de confianza, violación de información confidencial, y le precisó como fecha de terminación “el nonagésimo día contado a partir de aquel en que se surtiera el registro de la comunicación en la Cámara de Comercio de Bogotá”, registro remitido el 15 de marzo de 2000.

h) La empresaria demandada negó la agencia comercial y calificó de injustificada la terminación del contrato de distribución.

3. Trabada la relación jurídica procesal, Agilent Technologies Inc., se opuso a las pretensiones e interpuso las excepciones nominadas de falta de legitimación en la causa por pasiva y activa, ausencia de solidaridad e inexistencia del contrato de agencia, incumplimiento, cobro de lo no debido, justa terminación y prescripción; y Hewlett Packard Company, al resistir el petitum, propuso las denominadas excepciones de inexistencia, falta de causa y simulación del contrato de agencia, nulidad absoluta y relativa, falta de legitimación por pasiva, incumplimiento, ausencia de solidaridad y prescripción.

4. El a quo pronunció sentencia desestimatoria, confirmada por el superior al desatar la apelación.

La sentencia impugnada

1. El tribunal, tras compendiar el litigio, verificó la ausencia de “defecto formal o material del proceso que impida sentencia de mérito”, reseñó la normatividad reguladora de la controversia, delimitó su competencia y excluyó los aspectos no censurados por las demandadas, dentro de estos, la declaración de existencia entre las partes de “un contrato de agencia mercantil a partir de la entrada en vigencia del Código de Comercio y hasta el mes de febrero de 1993, y que a partir de esta fecha tal relación mudó a contrato de distribución, el cual fue cedido por Hewlett Packard a Agilent Technologies”, estando relevado de estudiar la existencia del contrato entre esas fechas, y las excepciones de inexistencia y falta de legitimación en la causa pasiva interpuestas por Hewlett Packard Company, so pena de afectar el principio de la no reformatio in pejus.

2. En lo relativo a la cuestionada consideración del a quo, sobre la imposibilidad de configurar la agencia comercial con antelación al Código de Comercio, el ad quem memoró su expedición por Decreto 471 de 27 de marzo de 1971, publicado el 16 de junio de ese año y vigente desde el 1º de enero de 1972, exceptuándose, por mandato del artículo 2038, “el artículo 821, el capítulo V del título XIII del libro IV que regula, precisamente, el contrato de agencia mercantil y el libro VI los cuales entrarían a regir inmediatamente”, para puntualizar su tipificación legal a partir del 16 de junio de 1971 y no desde el 17 de agosto de 1970 como lo pretende la actora, por cuanto el artículo 1331 ejusdem, a cuyo tenor “a la agencia de hecho se le aplicarán las normas del presente capítulo”, nada indicó respecto de la aplicación en el tiempo del capítulo V, título XIII, libro IV del estatuto mercantil, y se orienta a proteger la actividad del agente en presencia de los elementos estructurales del contrato cuando no se conviene por escrito registrado conforme al artículo 1320, ibídem.

3. Enseguida, el juzgador, consideró acertada la argumentación del recurrente sobre la ausencia de terminación en febrero de 1993 del contrato de agencia, por no constar en las pruebas valoradas por el juzgador, en tanto:

a) Las certificaciones auténticas de folios 8 al 38 conciernen a la celebración del convenio y forma preestablecida para su terminación, no al cumplimiento de tales formalidades.

b) Las declaraciones rendidas por Arango Sánchez, Fierro Herrera, Rivero, Buidas y Chávez, no revelan la terminación o mutación de la relación en la fecha anotada, sino que el contrato celebrado por Instrumentación y Hewlett Packard Company fue de distribución y no de agencia, así como su terminación en junio de 2000 con la notificación de la demandante.

c) Los documentos de 23 de agosto de 1995 (fls. 42 a 44, cdno. 1), con los cuales propone Hewlett Packard Company terminar el contrato de agencia comercial, desvirtúan su terminación en febrero de 1993 y evidencian la incoherencia del juzgador a propósito.

d) La notificación realizada por Hewlett Packard Company a Instrumentación sobre su reestructuración y la cesión del contrato de distribución 18335 a Agilent Technologies Inc., nada dicen sobre la terminación de la agencia en febrero de 1993 y tampoco la grabación de las conversaciones telefónicas de los dependientes de ambas partes.

En consecuencia, ultimó el fallador, el finiquito del “contrato de agencia comercial que encontró demostrado el fallador de primer grado —lo que no fue cuestionado por la parte demandada y por ende se torna inmodificable para el tribunal—”, no aconteció en febrero de 1993 sino el 8 de junio de 2000, noventa días después del registro en la cámara de comercio de la decisión unilateral de la agente en tal sentido, según demuestra la certificación auténtica visible a folios 123 a 127 del cuaderno principal.

4. El juez de segundo grado, no encontró probado el incumplimiento culposo de la demandada, segundo elemento axiológico de la responsabilidad pretendida, ni la inejecución o la ejecución retrasada o defectuosa de una obligación, ya legal, ora convencional, señaló la presunción de culpa en el demandado por el simple incumplimiento del contrato (sentencia de casación de 7 de junio de 1951, LXIX, pág. 688), destacó la facultad convenida de las partes para modificar la exclusividad conforme al artículo 1318 del Código de Comercio, la coincidencia de los testigos Rivero, Buigas y Chávez en cuanto la empresaria no la otorgaba a ninguno de sus distribuidores, de donde, la división del territorio tampoco implicó inobservancia del contrato por no concertarse en la agencia, sin existir prueba de la sustracción de personal de confianza, o de la violación de información confidencial, ni del patrocinio de conductas en los competidores de la agente constitutivas de competencia desleal, aspectos todos regidos por el principio de la carga de la prueba.

5. A continuación, por la laguna probativa del incumplimiento culposo de las demandadas, el juzgador encontró un obstáculo para aplicar la indemnización prevista en el artículo 1324 del Código de Comercio, “en la medida que el artículo 1327 de la misma obra señala que ‘Cuando el agente termine el contrato por justa causa provocada por el empresario, este deberá pagar a aquel la indemnización prevista en el artículo 1324’”, y la terminación unilateral de la agencia por la actora “no tuvo justa causa provocada por su contraparte y, por ende, no se hace exigible el pago de la cesantía y la indemnización deprecada en el libelo, con base en el mandato contenido en el artículo 1324 del estatuto de los comerciantes”.

6. Por lo anterior, el superior concluyó el fracaso de la acción al no concurrir sus presupuestos axiológicos, confirmó la sentencia recurrida, modificándola en el sentido “que ello se hace con base en las motivaciones precedentes y no en las del a quo”.

La demanda de casación

(...).

Cargo primero

1. Denuncia la violación directa del artículo 1324 [inc. 1º] del Código de Comercio, en cuyo entendimiento erró el juzgador respecto de la naturaleza y caracteres del derecho a la prestación que regula, sujetándola además a la noción de causa, justa o injusta de la terminación del contrato y al incumplimiento culposo, cuando su sentido precisa su carácter negocial, retributivo y exigibilidad por la simple expiración del negocio jurídico, aún por mutuo acuerdo, el tenor literal de la norma y el precepto hermenéutico según el cual donde la ley no distingue no le es dado hacerlo al intérprete, lleva forzosamente a esta última conclusión, apoyado también en la trascripción de apartes de la jurisprudencia patria, diferenciándola uniformemente de la indemnización equitativa, para denotar el yerro con la exigencia de una condición no prevista en la ley, en tanto el agente tiene derecho al finalizar el contrato, a una prestación emanada del pacto y no de su incumplimiento, al no buscar un resarcimiento indemnizatorio.

De acuerdo con el inciso primero del artículo 1324 del Código de Comercio, dice la censura, son causas para terminar el contrato de agencia “las mismas que la ley contempla para el (...) mandato” y como consecuencia de dicho finiquito “el agente adquiere derecho al pago de la prestación”, cuantificada “del promedio mensual de ingreso del agente en los tres últimos años, désele cual fuere la denominación, y se multiplica por la duración del contrato, a razón de un mes por año y proporcionalmente por fracción”.

2. Sentado lo anterior, agrega, al tener el tribunal probado el contrato de agencia, su vigencia y terminación, el promedio mensual legal con prueba pericial en firme por falta de objeción, debiendo solo ajustarse en relación con la fecha de inicio señalada por el ad quem, era inevitable la consecuencia establecida en el segundo elemento del primer inciso del artículo 1324, pues si hubo contrato de agencia, con una remuneración comprobada y este terminó, necesariamente resultaba el pago de la prestación, lo cual no ocurrió al sujetarla el juzgador a la noción de causa justa o injusta, exigiendo probar incumplimiento culposo de las demandadas, cuando la norma en parte alguna condiciona la obligación a la presencia o ausencia de la justa causa, contemplando en sus dos incisos obligaciones distintas y separadas, diferenciadas por sus nombres, requisitos y condiciones de causación.

La del primer apartado, expresa, es prestación nacida de la sola terminación del contrato, calculada con una fórmula matemática, y la del segundo, es complementaria, llamada indemnización, originada en la terminación unilateral e injusta, se determina pericialmente por el valor de los esfuerzos para posicionar en el mercado al agenciado, de donde mientras la causa de la terminación del contrato es ajena a la causación de la denominada “cesantía comercial”, como prestación dimanada de la sola existencia del contrato concluido, mientras la indemnización está atada a la forma de finalización del pacto; el primer inciso no establece condicionamiento para el pago de “la cesantía”, en cambio el segundo dispone para la indemnización, la terminación del contrato por disposición injustificada del empresario.

3. Solicita se case la sentencia del tribunal y dictar dicte la sustitutiva que corresponda.

Consideraciones

1. El censor, en suma, imputa error al juzgador en torno a la recta inteligencia iuris del artículo 1324, inciso primero, del Código de Comercio, por condicionar el derecho a la prestación dispuesta en el precepto, a una causa, justa o injusta, y al incumplimiento culposo, confundiéndola con la indemnización establecida en el segundo inciso y desconociendo su sentido literal, naturaleza contractual, caracteres relevantes y exigibilidad por la simple terminación de la agencia comercial.

El tribunal, tras advertir la existencia del contrato de agencia conforme a la conclusión decisoria inmodificable del a quo, por falta de impugnación, en acatamiento del “principio de la no reformatio in pejus”, su “vigencia a partir del 16 de junio de 1971, cuando fue publicado el Decreto 471 de 1971 (...) mas no desde el 17 de agosto de 1970 como lo alega la actora”, y terminación “el 8 de junio de 2000, esto es, 90 días después de haberse inscrito en la cámara de comercio la decisión unilateral que en tal sentido realizó Instrumentación Ltda., según lo demuestra la certificación de folios 123 a 127 del cuaderno principal”, al pronunciarse sobre la procedencia y monto de la prestación reclamada por la culminación de la agencia, analizó lo llamado “segundo elemento de la responsabilidad investigada, es decir, el incumplimiento culposo de las demandadas, esto es, la inejecución o la ejecución retardada o defectuosa de una obligación que por mandato de la ley o por disposición convencional es parte integrante del ameritado vínculo” y al no hallarlo, dedujo la imposibilidad de conceder “la indemnización prevista en el artículo 1324 del Código de Comercio, en la medida que el artículo 1327 de la misma obra señala que ‘cuando el agente termine el contrato por justa causa provocada por el empresario, este deberá pagar a aquel la indemnización prevista en el artículo 1324”, por lo cual “no se hace exigible el pago de la cesantía y la indemnización deprecada en el libelo, con base en el mandato contenido en el citado artículo 1324”.

La simple confrontación entre el inciso primero del artículo 1324 del Código de Comercio y las consideraciones del tribunal ante citadas, permite constatar indubitablemente, el yerro hermenéutico reclamado con acierto por la censura.

2. Es pacífico, en la jurisprudencia vernácula y la doctrina, la consagración en el artículo 1324 del Código de Comercio de prestaciones diversas a cargo del empresario al momento de terminar la agencia, esto es, la relativa al pago de la doceava parte del promedio de la comisión, regalía o utilidad recibida en los tres últimos años, por cada uno de vigencia o del promedio de todo lo recogido, siendo inferior la duración del contrato, y la concerniente a la indemnización equitativa, cuando sin justa causa comprobada, lo revoca, termina unilateralmente u ocasiona su conclusión justificada por el agente.

Estas prestaciones se distinguen con absoluta nitidez, por su fuente, concepto, causa, factores de cálculo y extensión, conformemente a la disciplina normativa del contrato de agencia comercial, su tipología, estructura nocional, función práctica o económica social, contenido, efectos y directrices definitorias de su ratio legis, establecimiento y aplicación.

La prevista por el inciso primero del artículo 1324 del Código de Comercio, denominada en el lenguaje corriente, “cesantía comercial”, prestación “por clientela, ‘retributiva”’, “suplementaria”, “extraordinaria” o “diferida”, ostenta rango contractual, dimana del contrato de agencia comercial, es exigible a su terminación por cualquier causa, sea por consenso, ya por decisión unilateral, justificada o injustificada de una o ambas partes, con prescindencia del hecho que la determina, al margen del incumplimiento, y aún sin este.

Así lo tiene sentado la Corte, acentuado “(...) la naturaleza esencialmente contractual de la obligación que se regula en el artículo 1324 del Código de Comercio, pues si bien ella surge por la terminación del contrato de agencia, es este contrato y no un hecho ilícito el que le da nacimiento a la obligación. Es decir, la prestación a cargo del empresario de pagarle al agente una suma equivalente a la doceava parte del promedio de comisión, regalía o utilidad recibida en los últimos tres años, por cada uno de vigencia del contrato, o al promedio de todo lo recibido si el tiempo fuere menor, tiene venero en el contrato de agencia y no en su incumplimiento, como sí sucede con la obligación de que trata el inciso segundo del mismo artículo 1324 del Código de Comercio, en el que el hecho ilícito de no haber justa causa para terminar el contrato genera la obligación indemnizatoria que se proclama en ese inciso” (cas. civ. sentencia de 18 de marzo de 2003, [S-029-2003], exp. 6892).

La fuente del derecho del agente y deber obligatorio correlativo del empresario, es el contrato de agencia comercial, a cuya “terminación el agente tendrá derecho” a su pago (C. Co., art. 1324 [inc. 1º]), sin calificación ninguna de la causa, motivo o circunstancia de extinción del vínculo, ni condicionamiento adicional alguno.

Ni siquiera, es menester pacto expreso.

El derecho a la prestación estatuido en la norma (C. Co., art. 1324, inc. 1º), es elemento natural del contrato de agencia comercial, y por ende, se entiende incorporado por disposición legal, sin exigir estipulación a propósito.

A este respecto, cumple advertir que el contenido del negocio jurídico constituye un todo compacto, homogéneo y está integrado con todo cuanto le pertenece por definición (esentialia negotia), ley, uso, costumbre o equidad (naturalia negotia), y lo expresamente convenido (accidentalia negotia), incorporando per se las disposiciones legales consagratorias de sus efectos (C. Co., arts. 864 y 871; C.C., arts. 1501, 1602 y 1603), para el caso de la agencia comercial, las normas jurídicas que la regulan, incluida la del artículo 1324 del Código de Comercio.

Basta para el nacimiento, constitución o adquisición del derecho y el surgimiento de la obligación, la celebración y terminación de la agencia comercial.

El acreedor o titular del derecho de crédito, es el agente comercial y, el obligado a la prestación o deudor, el empresario agenciado, únicos sujetos interesados en la relación jurídica contractual de agencia comercial, de cuya existencia y terminación dimana.

El deber de conducta (praestare), se concreta en el pago a título de tradición (dar, dare rem) por el empresario al agente de una suma dineraria (rectius, prestación pecuniaria).

La prestación, por tanto tiene por objeto el pago de una suma dineraria, ab initio indeterminada al tiempo de celebración del contrato y determinable durante su ejecución o por tarde a su terminación, sobre bases por completo objetivas, equivale a la doceava parte del promedio de la comisión, utilidad o regalía recibida en los tres últimos años de duración o al promedio de todo lo recogido, cuando su vigencia es menor, y es exigible en la fecha de extinción de la agencia comercial por cualquier causa, “como suele acontecer de ordinario, pues, al fin y al cabo, es en ese momento en que puede cuantificarse, a ciencia cierta, el valor” (cas. civ. sentencia de 28 de febrero de 2005, [SC-040-2005], exp. 7504).

Como ha puesto de presente la Corte, la tipología y función práctica o económica social de la agencia comercial, “incidencias que en beneficio del agenciado presenta la conquista o reconquista de una clientela con efectos económicos que se prolongan en el tiempo con beneficio solo para el empresario agenciador”, especialmente, la actividad del agente “encaminada a crear, consolidar o recuperar un mercado, es decir, un flujo de clientela a favor de la marca o los productos del agenciado, [...] precisamente, explica de manera preponderante, las prestaciones previstas en el artículo 1324 del Código de Comercio” (cas. civ. sentencia de 22 de octubre de 2001[S-198-2001], exp. 5817), es decir, “el derecho a esa prestación de tipo económico se encuentra estrechamente ligado a la clientela que preserva el agenciado, aún después de terminar el contrato de agencia” (sentencia de 28 de febrero de 2005, exp. 7504).

Para la Corte, el derecho a la prestación instituido en el inciso primero del artículo 1324 del Código de Comercio, es la de un derecho subjetivo de crédito, estricto sensu patrimonial, de contenido singular, particular y concreto, originado en la celebración y terminación del contrato de agencia comercial, independientemente de la causa de su extinción, sea de consuno, ya por vencimiento del término pactado para su duración, ora por revocación justificada o injustificada, bien por incumplimiento de una o ambas partes o por cualquier otro motivo legal.

La causa de terminación del pacto, por consiguiente, carece de relevancia, y el ordenamiento no sujeta, ata, condiciona o subordina el derecho a esta prestación, más que a la presencia y extinción de la relación jurídica contractual, naturalmente que brotan por su simple existencia y conclusión.

El reconocimiento del derecho a la prestación en caso de juicio, impone al demandante la carga probatoria del contrato de agencia comercial por demostración prístina e inequívoca de íntegros sus elementos esenciales, existenciales o constitutivos (C.C., art. 1501; C. Co., arts. 898 y 1317; cas. civ. sentencias de 2 de diciembre de 1980, CLXVI, n, 2407; 18 de marzo de 1982; 30 de octubre de 1987, 14 de diciembre de 1992, CCIX, 2458, 703, ss.; 31 de octubre de 1995, 2476, 1269 y ss.; 20 de octubre de 2000 [S-192-2000], exp. 5497; 22 de octubre de 2001 [S-198-2001], exp. 5817; 28 de febrero de 2005, exp. 7504; 4 de diciembre de 2005 [SC-328-2005], exp. 11001-3103-023-1997-24529-01; 14 de diciembre de 2005 [SC-328-2005], exp. 11001-3103-023-1997-24529-01; 15 de diciembre de 2006 [S-199-2005], exp. 76001 3103 009 1992 09211 01; 4 de abril de 2008 [SC-016-2008], exp. 0800131030061998-00171-01), su duración, fecha de terminación y la comisión, utilidad o regalía recibida durante los tres últimos años de vigencia o en el tiempo inferior, para determinar y cuantificar su valor mediante una simple operación matemática aplicando los factores señalados por la norma.

Las señaladas características, acentúan la naturaleza ex contractus estrictamente patrimonial o económica del derecho crediticio del agente y el deber de prestación del empresario, emanado de la celebración y terminación del contrato de agencia comercial, esto es, de una relación jurídica contractual de carácter particular y concreto.

De cuanto se ha dicho, para la Sala, a no dudarlo, las prestaciones consagradas en la mencionada disposición, no pueden confundirse.

En efecto, la prestación remuneratoria prevista en el inciso primero del artículo 1324 del Código de Comercio, según se precisó, es pertinente en todo caso y por cualquier causa de terminación del contrato de agencia. En cambio, la prestación indemnizatoria contemplada por el inciso segundo del precepto, se origina solo en la hipótesis de terminación unilateral e injustificada del contrato por el empresario, o con justa causa imputable a este por el agente, y es una indemnización “equitativa” y “retributiva”.

Justamente, la prestación indemnizatoria conforme al sentido genuino de su expresión, procura reparar un daño singular atribuible al agenciado, sin excluir otros perjuicios adicionales o suplementarios, considerando los esfuerzos para acreditar la marca, línea de productos o servicios, la extensión, importancia y volumen de los negocios desarrollados, en cuyo caso, como reza el precepto, además de esta prestación estará obligado al pago de la otra.

Por supuesto, si el contrato de agencia comercial termina por una causa imputable al agente y no al empresario, la prestación indemnizatoria es improcedente. Contrario sensu, en esta hipótesis, será obligado el agente a reparar los daños.

Por demás, la distinción entre estas prestaciones, ha sido reconocida por autorizada doctrina patria, pues, señala el profesor Gabriel Escobar Sanín, “(...) el comentado artículo 1324, además de consagrar esta indemnización equitativa en el inciso segundo, estableció la prestación automática de la ‘doceava’ o comisión acumulada en el inciso primero, expresando (...) que ‘si es el agente el que da lugar a la terminación unilateral del contrato por justa causa comprobada, no tendrá derecho a indemnización o pago alguno por este concepto’, y en cambio, siempre tendrá derecho a la comisión acumulada aunque la relación jurídica haya terminado por culpa o dolo suyo, o aunque haya tenido otra causa el empresario para terminarla unilateralmente, precisamente por acumularse paulatinamente dicha remuneración especial como efecto inmediato de un esfuerzo continuo del agente” (Negocios de sustitución, Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 1987, pág. 443).

3. En este contexto, como lo afirma certeramente el casacionista, el ad quem, ató la viabilidad de las dos prestaciones contempladas en los incisos 1º y 2º del artículo 1324 del Código de Comercio, a la comprobación de la injusticia en la causa de terminación del contrato sin distinguir el derecho a la prestación remuneratoria y la indemnización equitativa, pues luego del análisis probatorio concluyendo la ausencia del incumplimiento convencional de la parte demandada, impeditivo “de la indemnización prevista en el artículo 1324 del Código de Comercio”, sin más, en el párrafo siguiente, aplicó idéntico rasero a la que impropiamente llamó “cesantía comercial”, homologando dos prestaciones diferenciadas claramente en su naturaleza, caracteres relevantes, contenido, extensión, efectos y causación: la una remuneratoria y la otra indemnizatoria, además en los requisitos para su reconocimiento.

En consecuencia, el cargo prospera, por cuanto el yerro del juzgador al interpretar la norma se presentó y de no haber incurrido en él, otra sería la decisión sobre la prestación surgida de la conclusión del contrato de agencia celebrado entre las partes.

Debe precisarse, empero que el quiebre del fallo tiene alcance parcial en cuanto concierne al punto sobre el cual versó la acusación, sin extenderse a la decisión del tribunal que al confirmar el proferido por el a quo, no accedió a la pretensión declarativa “que las demandadas al haber provocado la declaratoria de terminación unilateral por justa causa del contrato de agencia (...) deben pagar a esta la indemnización (...)”.

Por lo tanto, la prosperidad de la impugnación, como quedó dicho, se ciñe únicamente a la cuantificación de la prestación del inciso 1º del artículo 1324 del Código de Comercio, pues los presupuestos normativos para su procedencia quedaron plenamente configurados.

4. En esas circunstancias, el cargo, prospera.

Prueba de oficio

Por la prosperidad del cargo, antes de proferir la sentencia sustitutiva que corresponda en derecho, con fundamento en lo dispuesto por el inciso 2º del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, se ordenará oficiosamente la práctica de un dictamen pericial, para calcular el monto de la prestación disciplinada en el inciso primero del artículo 1324 del Código de Comercio entre la iniciación (jun. 16/71) y terminación de la agencia comercial (jun. 8/2000); dicho cálculo se hará en la moneda estipulada en el contrato y también en moneda legal colombiana en la última fecha (jun. 8/2000) debidamente actualizada para el día de rendición del peritaje; igualmente, establecerá el monto proporcional a las líneas de productos consignadas en el contrato de distribución 18335 del 1º de noviembre de 1998, desde entonces hasta el 8 de junio de 2000.

Para tal efecto, el perito tendrá en cuenta las pruebas del proceso.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA parcialmente la sentencia de 16 de julio de 2008, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario de Instrumentación Ltda. contra Hewlett Packard Company (HP) y Agilent Technologies Inc. (AT).

Sin costas en el recurso de casación por su prosperidad.

En sede de instancia, antes proferir la sentencia sustitutiva,

RESUELVE:

Se decreta de oficio la práctica de un dictamen pericial, así:

a) Establecer y calcular la “suma equivalente a la doceava parte del promedio de la comisión, regalía o utilidad recibida en los tres últimos años, por cada uno de vigencia del contrato” de agencia comercial, entre su iniciación (jun. 16/71) y terminación (jun. 8/2000).

b) El cálculo se hará en la moneda estipulada en el contrato y también en moneda legal colombiana en la última fecha (jun. 8/2000) debidamente actualizada desde entonces al día de rendición del peritaje.

c) El cálculo también comprenderá el monto proporcional a las líneas de productos consignadas en el contrato de distribución 18335 del 1º de noviembre de 1998, desde este día al 8 de junio de 2000.

Se designa como perito a Luis Humberto Puerta Gómez, integrante de la lista de auxiliares de la justicia; comuníquesele y si acepta tomará posesión el día diecinueve (19) de julio de 2010, a las 9.00 a. m.; el dictamen será rendido dentro de los diez (10) días siguientes a su posesión. El auxiliar tendrá en cuenta las pruebas del proceso. Las partes, tienen el deber legal de facilitarle toda la información que requiera para el buen suceso de la prueba.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».