Sentencia 2001-00851 de julio 11 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 25000-23-26-000-2001-00851-01(28047)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Actor: Jhon Fredy Castro García y otros

Demandado: Aeronáutica Civil y ACES S.A.

Referencia: reparación directa

Bogotá, D. C., once de julio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Esta Sala es competente de conformidad con lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 del Consejo de Estado para decidir el recurso de apelación formulado por la parte demandante, contra la sentencia proferida por Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 15 de abril de 2004, en proceso con vocación de segunda instancia ante esta corporación, por razón de la cuantía(1).

El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Esta norma, que se erige como el punto de partida en la estructura de la responsabilidad estatal en Colombia, afinca sus raíces en los pilares fundamentales de la conformación del Estado colombiano, contenidos en el artículo 1º superior, a saber, la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

La responsabilidad del Estado se hace patente cuando se configura un daño, el cual deriva su calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, tal como ha sido definido por la jurisprudencia de esta corporación(2).

Los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración entendiendo por tal, el componente que “permite atribuir jurídicamente un daño a un sujeto determinado. En la responsabilidad del Estado, la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o jurídicos. Una vez se define que se está frente a una obligación que incumbe al Estado, se determina el título en razón del cual se atribuye el daño causado por el agente a la entidad a la cual pertenece, esto es, se define el factor de atribución (la falla del servicio, el riesgo creado, la igualdad de las personas frente a las cargas públicas). Atribuir el daño causado por un agente al servicio del Estado significa que éste se hace responsable de su reparación, pero esta atribución sólo es posible cuando el daño ha tenido vínculo con el servicio. Es decir, que las actuaciones de los funcionarios sólo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público”(3).

En primer lugar es conveniente precisar que como sólo una de las partes impugnó la decisión, se dará aplicación al artículo 357 del Código de Procedimiento Civil según el cual, la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y, por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella.

Así lo ha dicho la Sala:

“De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso.

De esta manera se limitará la Sala al análisis de los motivos de inconformidad expuestos por la parte demandante.

2.1. El caso concreto.

Los demandantes compraron tiquetes aéreos a la compañía ACES S.A. para viajar el 31 de octubre de 1999 en el vuelo 500VX Bogotá Miami-Milán pero al llegar a Miami, este fue interrumpido porque la supervisora del vuelo no le entregó a la señora Bibiana Marín su pasaporte, el cual al parecer la azafata lo dejó olvidado en Bogotá, por tal razón, el grupo, cuyo destino final era la ciudad de Milán fue obligado dividirse, continuando unos el viaje hacia Italia, mientras los otros tuvieron que esperar en Miami la llegada del documento para poder proseguir su itinerario.

Cuando el grupo que pudo culminar el viaje hasta la ciudad de Milán llegó al aeropuerto, se le negó la entrada al país, aduciendo que los documentos no justificaban suficientemente los motivos de ingreso y que no contaban con los recursos económicos necesarios para su estadía, motivo por el cual fueron devueltos a la ciudad de Miami.

Por otra parte, el señor John Fredy García y su esposa, quienes se quedaron en la ciudad de Miami, con orden de restricción por no contar con pasaporte, al día siguiente cuando recibieron el documento, decidieron no continuar el viaje hasta Milán ya que al resto del grupo le negaron la entrada y por ello se devolvieron a Bogotá, donde permanecieron varios días mientras solucionaban los reclamos a la aerolínea y finalmente se trasladaron a su ciudad de origen.

2.2. Pruebas obrantes en el proceso.

1. Copia del Auto Nº 541 del 13 de diciembre del 2000, por medio del cual la Aeronáutica Civil formuló pliego de cargos a la empresa ACES S.A., por las quejas presentadas por los usuarios en el periodo mayo agosto de 2000, entre las cuales se encuentra la interpuesta por el señor John Freddy García y/o Julio Alberto Giraldo Montoya, cuyos hechos son relacionados en el documento así:

“Lo (sic) usuarios informan que adquirieron tiquetes para viajar el 31 de octubre de 1999 en el vuelo 500VX BOGOTA MIAMI-MILAN para las 09:30, el cual fue interrumpido en Miami porque la Supervisora no le entregó a la esposa del usuario el pasaporte, el cual había regresado a Bogotá, obligando a la familia a distribuirse en dos grupos uno siguiendo a Milán y los otros esperando en Miami la llegada de esos documentos. ACES no contestó.

Evaluación: La documentación de la queja muestra deficiencia de la aerolínea en la atención al pasajero al no entregarle oportunamente su pasaporte” (fls. 56 a 63).

2. Resolución 02389 del 28 de junio de 2001, mediante la cual la Aeronáutica Civil sancionó a la empresa ACES S.A. con multa de 18 salarios mínimos mensuales vigentes, entre otros, por los hechos contenidos en la queja presentada por el demandante (fls. 66 a 71).

3. Certificación expedida por ACES en la que consta:

“que en el vuelo 7211 en la ruta Pereira Bogotá el día 30 de octubre de 1999 y en el vuelo 500 en la ruta Bogotá Miami del día 31 de octubre de 1999 aparecen viajando John Fredy Castro, Alejandro Castro, Nelson Castro, Viviana Marín, con tiquetes # 0552573402251-0552573402253-0552573402255-0552573402257 pertenecientes a la aerolínea Alitalia los cuales se facturaron así:

TiqueteRutaValor
0552573402251Pereira-BogotáUsd19.14
0552573402251Bogotá- MiamiUsd 119.05
0552573402253Pereira-BogotáUsd19.14
0552573402253Bogotá- MiamiUsd 119.05
0552573402255Pereira-BogotáUsd19.14
0552573402255Bogotá- MiamiUsd 119.05
0552573402257Pereira-BogotáUsd14.34
0552573402257Bogotá- MiamiUsd89,18” (fl. 96).

 

4. Copia de la queja presentada por el señor Jhon Fredy Castro García, por los hechos aquí debatidos, se resalta que según el quejoso, por todos los inconvenientes causados, “no se pudo cumplir la cita de negocios que tenía proyectados en la ciudad de destino”.

5. Copia autenticada de los recibos de lo pagado por ACES a los demandantes por concepto de alimentación y alojamiento en la ciudad de Miami (fls. 104 a 108).

6. Copia autenticada de los pasaportes de John Fredy Castro García, Bibiana Marín Díaz, Nelson Raúl Castro García, Alejandro Castro Rozo, Ruth Mery Rozo Osorio (fls. 1 a 9, c. pruebas).

7. Copia de los itinerarios de vuelo de los demandantes en la ruta Pereira - Bogotá, Bogotá - Miami - Miami - Milán, los pasabordos y el registro de los datos en el tiquete de cada uno de los demandantes (fls. 10 a 20, 22 a 24 y 26 a 29 c. pruebas).

8. Documento de rechazo en la frontera, emitido por el Ministerio Dell´interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Malpensa (VA), respecto de los señores Néstor Raúl Castro y su hijo y la señora Ruth Rozo Osorio, donde consta que son rechazados por las siguientes causales:

“carece de adecuada documentación comprobante el motivo y las condiciones concernientes a su estancia” y “carese (sic) de suficientes medios de subsistencia relativamente al periodo de su estancia” (fls. 21 y 25).

9. Certificación suscrita por la jefe de la unidad especial de Ley 30 de 1986 y otros delitos de la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Pereira, donde consta que la Fiscalía 10 de esa unidad adelanta investigación previa Radicado 35.587, contra sindicados en averiguación por constreñimiento ilegal, donde figuran como ofendidos los señores Jhon Fredy Castro y Nelson Raúl Castro García, iniciada por denuncia de Jhon Fredy Castro (fl. 30).

10. Constancia expedida por la Fiscalía, Sala de Denuncias de Pereira, donde se registra que el señor Jhon Fredy Castro García, el 12 de octubre de 1999, formuló denuncia Radicada al número 1179, por haber sido víctima de amenazas (fls. 31 y 32, c. pruebas).

11. Documentos relacionados con la propiedad del periódico El Eje Cafetero, del señor Luis Helmer Castro Eussey comunicaciones que dan cuenta de la actividad proselitista de este, así mismo se allegó comunicación suscrita por el señor Castro Eusse en la cual manifiesta que los señores Castro García son sus sobrinos y que han recibido amenazas contra su vida por acompañarlo en sus aspiraciones políticas (fls. 33 a 47, c. pruebas).

12. Recibos de pago por concepto de hospedaje, alimentación y transportes (fls. 56 a 66, c. pruebas).

13. Certificación suscrita por el gerente de Drogas Caldas S. A. donde consta que el señor Nelson Raúl Castro García laboró en dicha empresa durante 14 años, hasta el 25 de octubre de 1999, en el cargo de representante de ventas, con un salario promedio mensual de $1.036.493 (fl. 67, c. pruebas).

14. Copia de las facturas cambiarias de compraventa Nos. 030503 y 0305404 expedidas por Realturs por concepto de pasajes, por valores de $7.013.928 y $1.574.762, respectivamente (fls. 67 y 68, c. pruebas).

15. Copia de la reclamación efectuada por el señor Jhon Fredy Castro García a la empresa aérea ACES S.A., por los mismos hechos consignados en la demanda (fls. 69 a 71, c. pruebas).

16. Comunicación suscrita por la coordinadora del centro de relaciones con el cliente de ACES, mediante la cual se responde la reclamación presentada por el señor Castro García, en donde se consignó:

“Usted llegó con su esposa a Miami el día domingo 31 de octubre. Por un error de la supervisora de vuelo, que debió entregarle a su esposa el pasaporte, olvidó hacerlo. Con toda razón, usted decidió no viajar a Italia y quedarse con ella en el aeropuerto de Miami.

Los vuelos para Italia al día siguiente estaban completamente llenos y hasta sobrevendidos situación que se les informó pues era probable que tuviesen que regresarse para Colombia nuevamente.

Aces les dio alojamiento y alimentación para ese mismo día y se lograron conseguir cupos para ustedes al día siguiente con Alitalia. Sin embargo, después de haber sido atendidos en el counter de Alitalia el día 1º de noviembre, ustedes decidieron devolverse para Colombia vía Avianca. Lamentablemente el equipaje ya había sido enviado a Milán.

En Aces reconocemos que inicialmente cometimos un error con el pasaporte de su esposa Viviana Marín, sin embargo hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para organizar su viaje hasta su destino final, como lo fue la coordinación del hotel, la alimentación y los cupos en Alitalia para el día siguiente. Aunque también es cierto que los impuestos de salida no los hubieran asumido si nosotros no nos equivocamos por eso con una copia del recibo con el que pagaron dichos impuestos les haremos el respectivo reembolso” (fl. 72, c. pruebas).

17. Derecho de petición presentado el 29 de junio de 2000, a la Aeronáutica Civil, por el apoderado del señor Jhon Fredy García, solicitando informe sobre las investigaciones iniciadas con base en la reclamación efectuada a ACES y respuesta dada por la entidad (fls. 73 a 77, c. pruebas).

18. Copia del Oficio 063-1092 del 11 de julio de 2000, mediante la cual la Aeronáutica Civil informa a ACES que con Auto Nº 253 de esa misma fecha se abrió investigación contra la empresa por queja presentada por el señor Castro García (fl. 78, c. pruebas).

19. Declaración del señor Luis Alfonso Zapata Gallego, quien es cuñado de los señores Jhon Fredy y Nelson Raúl Castro García, y manifestó que los perjuicios morales se presentaron desde el mismo momento en que fueron separados en el aeropuerto de Miami y se les obligó a viajar en dos grupos diferentes, ya que fueron recibidos en Italia no como refugiados políticos, sino tratados como simple delincuentes y sometidos a maltrato y vejámenes. Posteriormente al tener que devolverse a Colombia, estuvieron un tiempo desubicados y en zozobra, permaneciendo retirados de la vida social porque temen por su seguridad (fls. 106 a 108, c. pruebas).

20. Declaración del señor Luis Elmer Castro Eusse, tío de los señores Castro García, quien manifestó que por este viaje sus hogares quedaron destruidos porque llegaron nuevamente a Pereira sin empleo, llenos de deudas y las esposas en sus hogares paternos, prácticamente los dejaron a un lado por la difícil situación económica ya que tuvieron que vender todos sus bienes y enseres para el viaje. Afirmó también que el viaje era para solicitar asilo político en otro país y después de todos los trámites, por culpa de lo ocurrido con los documentos tuvieron que regresar al país convertidos en mendigos (fls. 109 a 110, c. pruebas).

2.4. (Sic) El fuero de atracción.

Se aplica la figura del fuero de atracción, en los casos en que un daño pudo haber sido causado o puede resultar imputable a una entidad pública y a uno o varios particulares que cumplen funciones públicas, y por ello se demanda de forma concurrente contra una entidad estatal, cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y a otra entidad, o a un particular, cuya competencia está asignada a la jurisdicción ordinaria, circunstancia en la cual la jurisdicción contenciosa asume en forma preferencial el conocimiento del litigio, independiente de que se prediquen otras causas atribuibles a los particulares demandados, cuyo juzgamiento, en principio, correspondería a la jurisdicción ordinaria.

Actualmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo —modificado por la Ley 1107 de 2006—, para definir si una controversia es de competencia de esta jurisdicción especial, se tiene en cuenta el criterio orgánico, de forma que debe verificarse si la demanda se dirige en contra de una entidad pública o una sociedad de economía mixta con capital público superior al 50 %; o si cumple funciones propias de los órganos del Estado y si el litigio se deriva del ejercicio de tales funciones.

En anteriores oportunidades esta Sala ha considerado que para que opere el fuero de atracción no es suficiente con que en la demanda se haga una simple imputación de responsabilidad a una entidad pública, sino que es deber del juez, en cada caso examinar que la fuente del perjuicio esté relacionada en forma eficiente con las conductas que son de conocimiento del juez especializado, sin perjuicio de que en la sentencia se absuelva o se condene solamente al ente oficial.

En la providencia objeto de apelación así lo manifestó el fallador de la instancia, quien consideró que no se acreditó debidamente los fundamentos que justifican la aplicación del mencionado fuero de atracción.

Sin embargo al analizar los argumentos planteados por los demandantes se evidencia que la imputación hecha a la Aeronáutica Civil por la parte demandante es precisamente la omisión de ejercer el control de tutela sobre la actividad desplegada por la aerolínea, que ocasionó un daño a los accionantes que ellos no estaban en obligación de soportar.

Ahora bien, al respecto conviene recordar que si bien la prestación del servicio público de transporte aéreo no está a cargo de la Aeronáutica Civil, sino de particulares a quienes se les otorga un permiso de operación, dicha entidad conserva la función de vigilancia e inspección en la prestación del servicio de transporte, en salvaguarda del interés general, teniendo en cuenta que al tenor de lo dispuesto en los artículos 1.774 y 1.776 del Código de Comercio, la Aeronáutica Civil, entendida como el conjunto de actividades vinculadas al empleo de aeronaves civiles es declarada de utilidad pública, circunstancia que en principio lo coloca en situación de ser convocado al proceso, lo cual resultará diferente de si efectivamente la entidad incurrió en una falla del servicio que de lugar a atribuirle responsabilidad.

Así las cosas, deberá efectuarse el análisis de fondo del presente asunto en punto a decidir sobre las pretensiones de los accionantes.

2.5. El daño antijurídico.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 superior al que antes se hizo referencia, el Estado debe responder por todo daño antijurídico que le sea imputable, causado por la acción u omisión de las autoridades públicas, de manera que lo exigido en la norma no es solo la existencia de un daño, entendido este como un menoscabo, afectación o lesión de un bien, sino que además se requiere que este sea antijurídico, es decir, aquel que no se tiene la obligación de padecer y que es contrario a derecho, que vulnera el ordenamiento jurídico y con ello lesiona los bienes e intereses jurídicamente protegidos.

Sobre el daño ha dicho la Corte Constitucional en Sentencia C-333 del 1º de agosto de 1996:

El daño antijurídico no tiene una definición constitucional expresa, por lo cual es un concepto constitucional parcialmente indeterminado, cuyos alcances pueden ser desarrollados, dentro de ciertos límites, por el legislador. Sin embargo una interpretación sistemática de la Carta y de los antecedentes de la norma permiten determinar los elementos centrales de este concepto.

La doctrina española ha definido entonces el daño antijurídico no como aquel que es producto de una actividad ilícita del Estado sino como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo.

Esta concepción de daño antijurídico ha sido admitida por la jurisprudencia del Consejo de Estado en nuestro país. Así, en múltiples oportunidades ese tribunal ha definido el daño antijurídico como “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar”, por lo cual “se ha desplazado la antijuridicidad de la causa del daño al daño mismo”. Por consiguiente, concluye esa corporación, “el daño antijurídico puede ser el efecto de una causa ilícita, pero también de una causa lícita. Esta doble causa corresponde, en principio, a los regímenes de responsabilidad subjetiva y objetiva”[5].

Desde el punto de vista sistemático, la Corte considera que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación del Estado armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado social de derecho (C.P., art. 1º), pues al propio Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los particulares frente a la actividad de la administración. Así, la responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del Estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”.

Por ende, la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, por lo cual éste se reputa indemnizable. Esto significa obviamente que no todo perjuicio debe ser reparado porque puede no ser antijurídico, y para saberlo será suficiente acudir a los elementos del propio daño, que puede contener causales de justificación que hacen que la persona tenga que soportarlo”.

Para que el daño antijurídico pueda ser indemnizado debe ser cierto y estar plenamente acreditado, carga procesal que le incumbe a la parte demandante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

En el sub judice, el daño lo hacen consistir los demandantes en la imposibilidad de concretar su traslado a Italia en calidad de refugiados, lugar al cual se dirigían para tratar de huir de la amenazas de muerte que habían recibido en el país.

2.5. (Sic) La imputación.

Ahora bien, en relación con la imputación, corresponde determinar si el daño sufrido por los demandantes puede ser atribuido a las entidades demandadas.

En primer lugar, en relación con la atribución de responsabilidad a la Aeronáutica Civil, aspecto que no fue objeto de pronunciamiento por parte del apelante, considera la Sala que debe abordarse su estudio, por cuanto este constituye un aspecto relacionado con la imputación efectuada respecto de la empresa ACES S.A.

Cuando se trata de la responsabilidad que corresponde al transportador aéreo, este es responsable por los daños causados por muerte o lesión de pasajeros, y para ello basta acreditar que el hecho se produjo a bordo de la aeronave o durante cualquiera de las operaciones de embarque o desembarque, tal como lo ha dicho la Sala:

“… Sólo cuando aparezca demostrado que la acción u omisión de la autoridad aeronáutica constituyó la causa eficiente del accidente, puede imponérsele la obligación de reparar los daños causados, por cuanto la propia ley ha dispuesto que es el explotador de la aeronave quien debe responder en los casos en que no pueda determinarse cuál fue la causa del accionante, al no permitir que este se exonere de su responsabilidad demostrando la existencia de fuerza mayor. Puntualizado lo anterior, la Sala precisa que la entidad aeronáutica podrá también exonerarse de responsabilidad demostrando la ausencia de falla en su comportamiento, lo que se traduce en probar que cumplió adecuadamente y en forma razonable con sus funciones(4).

Por otra parte, en relación con los daños sufridos por los usuarios en el ámbito de la prestación del servicio de transporte aéreo, el régimen aplicable es el de la falla del servicio, ya sea porque este no se prestó, se prestó tardíamente, defectuosamente o equivocadamente.

La falla del servicio puede presentarse por incumplimiento de las obligaciones del Estado por la omisión de la autoridad pública en el cumplimiento de sus deberes funcionales, de tal manera que es preciso para acreditar su existencia que se confronte el contenido obligacional fijado por las normas. Así lo ha dicho esta corporación:

“En efecto, frente a supuestos en los cuales se analiza si procede declarar la responsabilidad del Estado como consecuencia de la producción de daños en cuya ocurrencia ha sido determinante la omisión, por parte de una autoridad pública, en el cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha atribuido, la Sala ha señalado que es necesario efectuar el contraste entre el contenido obligacional que, en abstracto, las normas pertinentes fijan para el órgano administrativo implicado, de un lado, y el grado de cumplimiento u observancia del mismo por parte de la autoridad demandada en el caso concreto, de otro. Ahora bien, una vez se ha establecido que la entidad responsable no ha atendido —o lo ha hecho de forma deficiente o defectuosa— al referido contenido obligacional, esto es, se ha apartado —por omisión— del cabal cumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico le ha asignado, es menester precisar si dicha ausencia o falencia en su proceder tiene relevancia jurídica dentro del proceso causal de producción del daño atendiendo, de acuerdo con la postura que reiteradamente ha sostenido la Sala, a las exigencias derivadas de la aplicación de la teoría de la causalidad adecuada. En el mismo sentido hasta ahora referido, es decir, en el de sostener que se hace necesaria la concurrencia de dos factores para que proceda la declaratoria de responsabilidad del Estado en estos casos —la constatación de la ocurrencia de un incumplimiento omisivo al contenido obligacional impuesto normativamente a la administración, de un lado, y la relación causal adecuada entre dicha omisión y la producción del daño, de otro. En suma, son dos los elementos cuya concurrencia se precisa para que proceda la declaratoria de responsabilidad administrativa por omisión, como en el presente caso: en primer término, la existencia de una obligación normativamente atribuida a una entidad pública o que ejerza función administrativa y a la cual esta no haya atendido o no haya cumplido oportuna o satisfactoriamente; y, en segundo lugar, la virtualidad jurídica del eventual cumplimiento de dicha obligación, de haber interrumpido el proceso causal de producción del daño, daño que, no obstante no derivarse —temporalmente hablando— de manera inmediata de la omisión administrativa, regularmente no habría tenido lugar de no haberse evidenciado ésta”(5).

Partiendo de lo antes consignado, se tiene que de acuerdo con el artículo 1.856 del Código de Comercio, corresponde a la autoridad aeronáutica, de conformidad con lo determinado por los reglamentos, el otorgamiento del permiso de operación a las empresas que efectúen servicios aéreos comerciales, así como la vigilancia e inspección para la prestación adecuada de tales servicios y de conformidad con el artículo 1.860 ibídem, la autoridad aeronáutica reglamentará los servicios aéreos y señalará las condiciones para otorgar los permisos de operación para garantizar la prestación de servicios aéreos seguros, eficientes y económicos.

En la práctica, en los eventos de irregularidades de carácter administrativo o técnico, diferente de la ocurrencia de accidentes aéreos, estos deberes se concretan en la facultad de investigar las irregularidades en la prestación de los servicios aéreos y de imponer las multas correspondientes.

Corresponde a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, de conformidad con el artículo 55 de la Ley 105 de 1993 sancionar administrativamente a los particulares, personas naturales o jurídicas relacionadas con el sector por la violación de los reglamentos aeronáuticos y las demás normas que regulan las actividades aeronáuticas y fijar los criterios para la imposición de dichas sanciones, norma que fue reglamentada a través de la Resolución 04034 del 15 de octubre de 1999, en la cual se establece el régimen sancionatorio y el procedimiento para la imposición de las sanciones.

Pues bien, del análisis de las pruebas aportadas al proceso, es posible concluir que tan pronto como la entidad tuvo conocimiento de lo ocurrido, a través de la queja presentada por el señor Castro García, inició la investigación correspondiente, que concluyó con la Resolución 02389 del 28 de junio de 2001, mediante la cual se sancionó a la empresa ACES S.A. con multa de 18 SMMLV.

Así las cosas es claro que no puede predicarse la existencia de una falla del servicio imputable a la Aeronáutica Civil, ya que como antes se dijo, la entidad cumplió con sus obligaciones, en el marco señalado por la ley y el reglamento, razón por la cual no procede endilgarle responsabilidad alguna por estos hechos.

Ahora bien, en cuanto tiene que ver con la responsabilidad de la empresa ACES S.A., debe precisarse que en el proceso se acreditó plenamente la existencia de una irregularidad consistente en que al momento de ingresar a los Estados Unidos, lugar en el que los viajeros hacían escala para abordar el vuelo con destino a Milán, la señora Bibiana Marín no pudo entrar al país porque la auxiliar de vuelo dejó olvidado su pasaporte en la ciudad de Bogotá, circunstancia que fue aceptada por la compañía aérea en la comunicación de respuesta a la queja presentada por el señor Castro.

No obstante lo anterior, el daño sobre el cual los demandantes solicitan reparación, no tiene relación con la falla en que incurrió la empresa aérea ya que la negativa del país Italiano a permitir el ingreso de los demandantes en calidad de refugiados no obedeció a la división del grupo por la circunstancias que impidieron la culminación del vuelo de los esposos Castro Marín, como lo planteó la parte actora, sino que de acuerdo con el documento de rechazo en la frontera, los viajeros no tenían los documentos necesarios para probar los motivos y las condiciones de su estancia y además no contaban con los medios de subsistencia para el tiempo que pensaban permanecer en el país.

Al respecto considera la Sala que la decisión de impedir el ingreso a Italia a los señores Néstor Raúl Castro, Ruth Rozo Osorio y su hijo, estaba sometida a las normas y políticas de inmigración que debían ser conocidas por los demandantes antes de iniciar el viaje, razón por la cual, resulta poco creíble que quienes si viajaron a Milán hayan dejado en poder del señor Jhon Fredy Castro los documentos que iban a necesitar para solicitar que les reconocieran la condición de refugiados.

En efecto, de acuerdo con la Convención sobre el estatuto de los refugiados adoptada en Ginebra en 1951 por la Conferencia de plenipotenciarios sobre el estatuto de los refugiados y de los apátridas (Naciones Unidas), convocada por la Asamblea General en su Resolución 429 (V), del 14 de diciembre de 1950, el término refugiado se aplica a toda persona:

“1) Que haya sido considerada como refugiada en virtud de los arreglos del 12 de mayo de 1926 y del 30 de junio de 1928, o de las convenciones del 28 de octubre de 1933 y del 10 de febrero de 1938, del Protocolo del 14 de septiembre de 1939 o de la Constitución de la Organización Internacional de Refugiados.

Las decisiones denegatorias adoptadas por la Organización Internacional de Refugiados durante el periodo de sus actividades, no impedirán que se reconozca la condición de refugiado a personas que reúnan las condiciones establecidas en el párrafo 2 de la presente sección.

2) Que como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1º de enero de 1951 y debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”.

Estas normas contemplan la posibilidad de que se considere un grupo de personas como refugiados, pero se trata de un caso especial, ya que la regla general indica que la evaluación de los factores necesarios para que se declare la condición de refugiados debe hacerse de manera individual, de modo que el argumento según el cual la división del grupo fue la causa para que se negara el ingreso al país, no tiene respaldo probatorio y por tanto no está llamada a prosperar.

Corolario de lo anterior resulta que en el sub judice no se probó que efectivamente, la irregularidad en que incurrió la auxiliar de vuelo vinculada a la compañía aérea fue lo que dio origen al daño sufrido por los actores, y en consecuencia, al no poderse establecer el vínculo entre la actuación de la empresa aérea y el daño causado a los demandantes, no procede la atribución de responsabilidad a la misma, lo que permite concluir que las pretensiones de los demandantes no están llamadas a prosperar y por ello lo que corresponde es la confirmación del fallo de primera instancia, pero por los motivos expuestos en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-Sección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confirmar la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 15 de abril de 2004, por medio de la cual negó las súplicas de la demanda, pero por las razones expuestas en las consideraciones de esta providencia.

2. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) La mayor pretensión es de $2021 gramos oro, equivalentes a 26.669.920, y para la época de la presentación de la demanda, la doble instancia era de $26.390.000.

(2) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 13 de agosto de 2008; Expediente 17042; C. P. Enrique Gil Botero.

(3) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 16 de septiembre de 1999; Expediente 10922, C. P. Ricardo Hoyos Duque.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de septiembre 12 de 1997, Radicado 11224. C. P. Carlos Betancur Jaramillo.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, Radicado 27434, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.