Sentencia 2001-00855 de octubre 14 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 11001-3101-003-2001-00855-01

Magistrado Ponente:

Dr. William Namén Vargas

Discutido y aprobado en Sala de seis de junio de dos mil diez

Bogotá, D.C., catorce de octubre de dos mil diez.

Decídese el recurso de casación interpuesto por Oscar Gonzalo Salamanca Fernández respecto de la sentencia proferida el 3 de junio de 2008, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario del recurrente contra Luz Stella Buitrago Moreno, Ernesto Pedraza Galeano, Diana Lucía Pedraza Buitrago, Pedraza Buitrago y Cía. Sociedad en Comandita y Fumigación Aérea del Oriente ‘Faro Ltda.’.

EXTRACTOS: «La demanda de casación

Los tres cargos formulados por la vía indirecta, todos replicados, serán decididos en conjunto, al servirse de unas mismas consideraciones.

Cargo primero

1. Al amparo de la causal primera prevista en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, acusa quebranto indirecto por falta de aplicación de los artículos 15, 1502, 1527, 1618, 1742, 1775, 2142, 2143, 2144, 2146, 2149, 2150, 2156, 2160, 2184 y 2488 del Código Civil, 1766 y 2491 ibídem al aplicarse indebidamente, y la violación medio por inaplicación de los artículos 175, 185, 187, 194, 196, 248, 249, 250, 252, 253, 254, 258, 264 y 267 del Código de Procedimiento Civil, a consecuencia de error manifiesto de hecho en la apreciación de una prueba.

2. Luego de transcribir la consideración del fallador en torno a la falta de acreditación del eventus damni por no ostentar el demandante el carácter de acreedor cierto y actual de la demandada al otorgarse la escritura pública 4300, ni existir evidencias de la carencia de otros recursos para pagar el crédito, el recurrente la estima contraevidente a causa de error de hecho al no tener probado el evento dañoso, desfigurando el contenido del instrumento público, en cuyo capítulo II, “transacción, está la prueba del desistimiento de las acciones, la renuncia a los gananciales sobre la fracción de bienes sociales más valiosa, distraída dolosamente con la donación irrevocable realizada por

Ernesto Pedraza en beneficio exclusivo de sus hijas según escritura pública 2417 de 1994 de la Notaría 44 de Bogotá, respecto de la cual tenía derecho a honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios en una cuota litis sobre el valor comercial de los bienes que le pudieren corresponder en la división de gananciales de la sociedad conyugal, quien no podía disponer libremente por lesionar sus intereses previos de acreedor, además es contraevidente la conclusión sobre inexistencia de otras pruebas acerca de la insuficiencia de recursos para atender su acreencia, porque el capítulo III de la escritura pública 4300 de 1998, describe el inventario y avalúo de los bienes sociales, y se le adjudican bienes por $ 32.249.000 cuando su acreencia de abogado supera los $ 300.000.000.

3. Las conclusiones del tribunal, agrega el censor, ignoran cercenando el contenido real de la escritura pública 4300 de 1998, demostrativa de las maniobras fraudulentas, coludidas y simuladas de ambos consortes para defraudar su derecho, incurriendo en yerro manifiesto, pues de apreciar su dimensión, no habría concluido la falta de acreditación del eventus damni, ni de otros elementos expresivos de la insuficiencia de recursos para atender su acreencia.

Cargo segundo

1. Por idéntica causal, vía y concepto denuncia la transgresión indirecta de iguales normas a las del cargo anterior, por error de hecho probatorio.

2. Para el censor, el ad quem, ignoró las siguientes pruebas trasladadas, de los actos ilegales, fraudulentos, coludidos y simulados contenidos en la escritura pública 3400 de 1998:

a) Las sentencias condenatorias proferidas en primera y segunda instancia contra Ernesto Pedraza Galeano, por fraude procesal en virtud de la donación plasmada en la escritura pública 2417 de 1994 de la notaría 44, su cancelación y la de sus registros, trasladada de la causa 055 de 1999 por el Juzgado 25 Penal del Circuito de Bogotá, acreditando la inminencia de la resolución de acusación y la expresada supresión de la donación, el retorno efectivo al patrimonio personal del citado señor de los bienes otrora dispuestos dolosamente, no obstante la transacción.

b) La sentencia de primera instancia pronunciada en el ordinario de nulidad absoluta por ilicitud del objeto de la donación consignada en la escritura pública 2417 de 1994 de la notaría 44, y del cuaderno de segunda instancia la terminación del proceso por transacción y el recurso de súplica interpuestos, trasladadas por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá, probando la causal de nulidad invocada, las razones de su denegación en primera instancia, los argumentos de la apelación, la elusión fraudulenta e ilegal de la inminente sentencia de segunda instancia por la manifiesta ilegalidad de la transacción, y los móviles del instrumento público.

c) El proceso de separación de bienes de los consortes, la liquidación de la sociedad conyugal para 1988, compulsado por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Villavicencio, acreditando el trámite entonces de la liquidación judicial, su elusión y el valor superior a $ 1.000.000.000 de los bienes.

d) Las versiones libres e indagatorias de Ernesto Pedraza Galeano, Luz Stella Buitrago Moreno rendidas ante la fiscalía seccional 145 de la unidad quinta de delitos contra el patrimonio económico y fe pública, probativas del fraude y el consilium fraudis o colusión de los consortes y abogados asesores al contradecirse sobre la no intervención en la transacción.

e) El testimonio rendido por Diana Lucía Pedraza Buitrago el 4 de diciembre de 2002 (fls. 62-63, cdno. 3), ratificando la ficticia escritura pública 3400 de 1998 por los indicios dé la coyuntura judicial presente en julio de 1998, la verdadera voluntad de las partes con el pacto oculto y la reincidencia del carácter fraudulento y simulatorio del consorte.

3. Tales pruebas, añade el recurrente, contienen indicios del ánimo fraudulento de las partes con el contrato de transacción, la causa de la simulación, y el perjuicio causado al demandante con el negocio, ponen de presente el yerro fáctico y las contraevidentes conclusiones del fallador, a propósito de su carencia de legitimación en la causa, por falta de probanza del perjuicio y del fraude, del menoscabo de la prenda general, de la insuficiencia de recursos para cancelar la eventual acreencia, del eventus damni, y del perjuicio con el negocio, pero que de haberlas apreciado acreditan lo contrario.

Cargo tercero

1. Invocando igual causal, vía indirecta y concepto, acusa la violación de idénticas normas á las señaladas en los dos primeros cargos, a consecuencia de error fáctico en la apreciación del contrato de prestación de servicios profesionales, desfigurado por el juzgador al cercenar su contenido real.

2. A juicio, del censor, la sentencia del tribunal es contraevidente, por tener no probada su condición de acreedor anterior al acto simulado, pese a constar desde diciembre de 1994 en el contrato de prestación de servicios profesionales su derecho a los honorarios en el 20% —aumentado al 30%— del valor comercial de los bienes que le pudieren corresponder a título de gananciales en la sociedad conyugal a Luz Stella Buitrago, y la obligación correlativa de esta, confundiendo tal relación subyacente, originaria o fundamental con la cambiarla emanada de un título valor en garantía suscrito con espacios en blanco para completarlo conforme a las precisas instrucciones impartidas, o sea, caucionando el pago efectivo de la obligación principal pactada en la cláusula segunda del contrato de pagar honorarios, también con la accesoria y accidental convenida en la sexta respecto de la penal pecuniaria en caso de terminación unilateral anticipada sin justa causa por la revocatoria de la ejecución en segunda instancia, y con la cuantificación de los honorarios, para sostener erradamente la falta de legitimación merced a la distorsión del contrato y del real contenido de la escritura pública 4300 de 1998 según ya se explicó, por lo cual, probado su interés preexistente al acto fraudulento, o simulado, debía prosperar el petitum.

Consideraciones

1. El juzgador desestimó la revocación por fraude o, en su defecto, la simulación del contrato de transacción celebrado por los demandados, porque el actor no probó la condición de acreedor cierto y actual, la celebración fraudulenta del acto, el perjuicio, ni las alternativas del pacto de prestación de servicios profesionales para concretar tal calidad, y aún admitida en gracia de discusión la acreencia, por no estar probada la insuficiencia de otros bienes de la demandada para atender la prestación.

De su lado, el recurrente censura al ad quem por incurrir en yerros fácticos probatorios al distorsionar el sentido genuino de las cláusulas segunda y séptima del contrato de prestación de servicios, en las cuales se acordó a título de. honorarios una cuota litis en un porcentaje del valor comercial de los bienes que pudieren corresponder a la demandada como gananciales, suscribir en garantía una letra de cambio con espacios en blanco para completarla según las instrucciones impartidas y la pena en caso de terminación anticipada unilateral, confundiendo las prestaciones (cargo tercero), ora el contenido de la escritura pública 4300 otorgada el 28 de julio de 1998, cuyo capítulo segundo, “transacción” demuestra el fraude, colusión y simulación con la renuncia a la porción más valiosa sobre los bienes donados a las hijas menores según escritura pública 2417 de 1994 de la Notaría 44 de Bogotá, el desistimiento de las acciones judiciales, la afectación de sus honorarios y la adjudicación de bienes a su mandataria por un valor insuficiente para pagarle su acreencia (cargo primero), bien por ignorar pruebas trasladadas de los procesos civiles y penales, todas probativas del fraude y el perjuicio (cargo segundo).

2. Planteada la cuestión central de la censura, la segunda cláusula del contrato suscrito en diciembre de 1994, estipula “como honorarios profesionales la cuota litis equivalente al veinte por ciento (20%) del valor comercial de los bienes que le pudieren corresponder a la cliente de la división de los gananciales que conforman esa sociedad conyugal. El valor de los honorarios será el mismo sea que culmine la actuación judicialmente, o en su caso, se produzca arreglo extrajudicial que finiquite tal sociedad conyugal”, estipulación modificada para aumentar el porcentaje “al treinta por ciento (30%), en lugar del veinte por ciento (20%) inicialmente estipulado” (fls. 16 y 17 del cdno. ppal.).

La “cuota litis” para retribuir la prestación de servicios profesionales de un abogado, es pacto por cuya inteligencia se conviene la remuneración tomando por referente o parámetro una cuota parte o porcentaje de la suma obtenida al concluir un litigio, es decir, condicionada a un resultado definitivo contingente e incierto, tanto en lo que respecta al éxito de la gestión, cuanto en lo atañedero al valor.

En general, “la gestión profesional a cuota litis indica de entrada para la Corte que los contratantes colocan de por medio la eventualidad de un resultado económico concreto y estimable, que de darse será el parámetro único para establecer el valor de los honorarios que se generan a favor de quien ha puesto al servicio del mandante su gestión, su diligencia y sus conocimientos.(…) que condicionó la percepción de cualquier remuneración a la eventualidad, o al azar si se quiere, del resultado exitoso y con contenido económico a favor del mandante reflejado en la sentencia definitiva que se profiera” (Sala de Casación Civil, sent. mar. 21/2001, Exp. 11001-22-03-000-2001-00010-01), o en la terminación de la litis.

En sentido exacto, los honorarios por los servicios profesionales del abogado, fueron pactados “cuota litis” en un porcentaje sobre el valor comercial de los bienes “que le pudieren .corresponder” a la cónyuge en la “división de los gananciales” de su sociedad conyugal, esto es, el crédito resultante y su monto penderían de las expectativas de la consorte, el éxito de la causa y la solución definitiva de la cuestión litigiosa, ya judicial, ora “extra-judicial”.

Por lo tanto, la obligación quedó supeditada a un resultado económico favorable, futuro y contingente, concretado a la finalización del litigio, es decir, a una condición en los términos del artículo 1536 del Código Civil.

A dicho propósito, las partes en ejercicio de su autonomía privada, libertad contractual o de contratación, podrán alterar los efectos finales o definitivos de un acto dispositivo de intereses según su definición legis y disciplina normativa, en atención a los fines a alcanzar, sus designios o conveniencia práctica, con la agregación de concretas modalidades atañederas a la condición, el término y el modo.

En tales casos, el negocio jurídico perfecto, completo, y existente por acatar todos sus elementos constitutivos, genera el efecto primario o inicial consistente en el deber de cumplimiento en un todo al tenor de lo pactado, pero sus efectos definitivos se alteran con específicas modalidades agregadas a propósito, bien para suspenderlos, ya extinguirlos, ora señalar determinada finalidad práctica o económica social a la atribución dispositiva (modus).

En la disciplina de estas modalidades, la condición supedita la eficacia final del acto a un evento futuro e incierto, de cuya ocurrencia pende la producción de sus efectos finales (condición suspensiva) o la cesación, desaparición o conclusión de los producidos (condición resolutoria). El acontecimiento incierto y futuro, por lo mismo, subordina a su verificación la generación de los efectos definitivos del negocio jurídico.

Para la Sala las “modalidades” del negocio jurídico son cláusulas accidentales, estipuladas expressis verbis “de las que pueden llegar a depender la existencia, la duración o la estabilidad de los efectos que a dicho negocio le son inherentes”, verbi gratia, la condición conformada por “circunstancias objetivamente inciertas, previstas como de realización hipotética por los contratantes e investidas también por ellos de la función de decidir acerca ... del nacimiento en todo o en parte de los efectos a cuya creación tiende dicho negocio, sea que se trate de la adquisición de derechos o ya de la asunción de obligaciones, todo esto debido a que no obstante encontrarse la condición en estado de pendencia, la verdad es que el acto en cuestión quedó completo al concertarse, desde este momento se formó válidamente pero hasta tanto la condición no se cumpla sus efectos normales no se producen, razón por la cual se ha sostenido con evidente acierto por la doctrina que en los eventos de modalidades suspensivas de los que viene haciéndose mérito, es el acuerdo válido de las partes el que establece, al paso que es su cabal cumplimiento el elemento fáctico que le imprime vigencia definitiva a la relación obligatoria que en dicho acuerdo tiene su título, luego si falta ese elemento y llega a ser cierto que el acontecimiento previsto no podrá ocurrir, el negocio sin embargo existe, es por lo demás válido y lo menos produjo un efecto, el que por voluntad explícitita de quienes lo celebraron no hay obligaciones que en él puedan tomar causa legítima”. (Cas. Civ. sent. jun.28/93 Exp. 3680, - CCXXII, 2461, págs. 600 y s.s.).

En la cuestión controvertida, la condición se verificó cuando Luz Stella Buitrago Moreno y Ernesto Pedraza Galeano acordaron el “arreglo extra-judicial” consignado en la escritura pública 4300 de 28 de julio de 1998.

3. La legitimación en la causa, o sea, el interés directo, legítimo y actual del “titular de una determinada relación jurídica o estado jurídico” (U. Rocco, Tratado de derecho procesal civil, T. 1, parte gral., 2ª reimpresión, Temis-Depalma, Bogotá, Buenos Aires, 1983, pág. 360), tiene sentado la reiterada jurisprudencia de la Sala, “es cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal, por cuanto alude a la pretensión debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integración y desarrollo válido de este” (Cas. Civ. sent. ago. 14/95, Exp. 4268), en tanto, “según concepto de Chiovenda, acogido por la Corte, la ‘legitimatio ad causam’ consiste en la identidad de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acción (legitimación activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acción (legitimación pasiva). (Instituciones de derecho procesal civil, I, 185) ”(CXXXVIII, 364/65), por lo cual “el juzgador debe verificar la legitimatio ad causam con independencia: de la actividad de las partes y sujetos procesales al constituir una exigencia de la sentencia estimatoria o desestimatoria, según quien pretende y frente a quien se reclama el derecho sea o no su titular” (Cas. Civ. Sent. jul.1º/2008, [SC-061-2008], Exp. 11001-3103-033-2001-06291- 01).

Referente a la acción revocatoria por fraude al derecho de crédito, de antaño el criterio jurisprudencial tradicional restringe la legitimación en la causa para promoverla a “los acreedores”, pero “no cualquier clase de acreedor, sino el que tenga un crédito preexistente..., Por consiguiente, la relación jurídica entre acreedor y deudor debe existir cuando tiene nacimiento el acto cuya revocatoria se pretende” (Cas. Civ. sent. mar. 14/84, G. J. CLXXVI, págs. 85 y s.s.), o sea, sólo “puede ser ejercida por los ‘acreedores anteriores al acto nocivo’ que produjo o que agravó la insolvencia del deudor, y respecto de los actos `reales y perfectos en sí mismos’.” (LXXXII, 226), por responder a una finalidad protectora del derecho de crédito dirigida a preservar la integridad de la garantía genérica otorgada al acreedor “sobre los bienes presentes y futuros del deudor, pero no sobre los bienes pasados, que ya habían salido del patrimonio del deudor antes de contraer la obligación u obligaciones así garantizadas” (Guillermo Ospina Fernández, Régimen general de las obligaciones, 2ª. ed. Editorial Temis, Bogotá, 1978, pág. 189), en cuyo caso, en esta opinión, la garantía patrimonial no se disminuye, deteriora o afecta al integrarse con los bienes presentes, actuales o futuros, y no con los anteriores.

Empece lo anterior, de antiguo la jurisprudencia la admite “en aquellos eventos en que, no obstante ser anteriores a la acreencia, es viable la impugnación por fraude de actos concebidos y ejecutados precisamente en atención al crédito futuro, por lo común de origen legal, y con el fin doloso de privar por adelantado al acreedor de las garantías con que hubiere podido contar” (CCVI I I, 549).

A contrario sensu, la orientación contemporánea reconoce legitimación para ejercer la acción revocatoria a todo. acreedor, sea quirografario, ora real, ya condicional, bien a plazo, anterior o posterior al acto, incluso litigioso, aún con la simple reclamación fundada del derecho, en presencia de una lesión actual o potencial del interés tutelado, y sanciona la ineficacia del acto fraudulento con su inoponibilidad a quien la ejerce hasta concurrencia del perjuicio (Gen i Bigliazzi, Revocatoria (azione),. in Enc. giur., vol. XXVII, Roma, 1991; Luigi Cosattini, La revoca degli atti fraudolenti Padova, Cedam, 2ª ed. 1950; Gaetano Dimartino (a cura), Voce Revocatoria (azione), Postilla di aggiornamento, in Enc. Giur. Treccani, vol. XXVII, Roma, 2006; Ugo Natoli, y Bigliazzi Gen, I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, Milano, 1974, pág. 161- 163; U. Natoli, Azione Revocatdria, in Enc. Dir., IV, Milano, 1959, 888 s.s.; Nicoló, Dell’azione revocatoria, in Commentario del codice civile, a cura di Scialoja e Branca, Bologna, 1953, pág. 260).

Ad exemplum, al tenor del artículo 195 del Código Civil Peruano de 1984 —análogo al artículo 2901 del Codice Civile it— “[e]l acreedor, aunque el crédito esté sujeto a condición o a plazo, puede pedir que se declaren ineficaces respecto de él los actos gratuitos del deudor por los que renuncie a derechos o con los que disminuya su patrimonio conocido y perjudiquen el cobro del crédito. Se presume la existencia de perjuicio cuando del acto del deudor resulta la imposibilidad de pagar íntegramente la prestación debida, o se dificulta la posibilidad de cobro. Tratándose de acto a título oneroso deben concurrir, además, los siguientes requisitos: 1. Si el crédito es anterior al acto de disminución patrimonial, que el tercero haya tenido conocimiento del perjuicio a los derechos del acreedor o que, según las circunstancias, haya estado en razonable situación de conocer o de no ignorarlos y el perjuicio eventual de los mismos. 2. Si el acto cuya ineficacia se solicita fuera anterior al surgimiento del crédito, que el deudor y el tercero lo hubiesen celebrado con el propósito de perjudicar la satisfacción del crédito del futuro acreedor. Se presume dicha intención en el deudor cuando ha dispuesto de bienes de cuya existencia había informado por escrito al futuro acreedor. Se presume la intención del tercero cuando conocía o estaba en aptitud de conocer el futuro crédito y que el deudor carece de otros bienes registrados. Incumbe al acreedor la prueba sobre la existencia del crédito y, en su caso, la concurrencia de los requisitos indicados en los incisos 1º y 2º de este artículo. Corresponde al deudor y al tercero la carga de la prueba sobre la inexistencia del perjuicio, o sobre la existencia de bienes libres suficientes para garantizar la satisfacción del crédito” (Cfr. arts. 196-200).

En general, los comentaristas patrios, son uniformes en la exigencia del título anterior al fraude pauliano, la certeza, exigibilidad y liquidez del crédito al instante del ejercicio de la acción, la legitimación de los acreedores a plazo, mas no bajo condición suspensiva.

Tratándose de obligaciones a plazo, por lo común, el término no suspende su nacimiento o constitución, y la insolvencia debitoris comporta su exigibilidad (C.C., arts. 1551 y 1553). Tocante a las obligaciones condicionales, se distingue la condición suspensiva y resolutoria; en la primera, el derecho está en pendencia y subordinado a la verificación de la condición; en cambio, en la última, el crédito existe, es exigible y se resuelve cuando acontezca (C.C. art. 1536).

Más precisamente, la condición suspensiva, como expresa su nomen, suspende el efecto definitivo, normal, usual e inherente al acto, sujetándolo a un evento objetivamente incierto en cuanto futuro, susceptible de ocurrir o no, cuya incertidumbre respecto de su realización ulterior, hace incierta la relación al someter su eficacia a su verificación oportuna e íntegra. Se crea, por lo tanto, una relación jurídica pendiente generatriz de los efectos jurídicos primarios característicos del acto dispositivo y propios de su celebración, como también de un interés tutelado por el ordenamiento.

De este modo, pendiente la condición el contrato existente naturalmente genera su efecto vinculante, pero en el estado de pendencia no es exigible su cumplimiento, ni los derechos y obligaciones dimanadas, sino una vez verificada. Tampoco el sujeto pasivo está obligado a cumplirla, y de hacerlo, podrá solicitar la restitución. Igualmente, la obligación no exigible, descarta la compensación e impide la iniciación del cómputo de prescripción (C.C. arts. 1542, 171.5, 2535). La incertidumbre se resuelve con la verificación o falta de ocurrencia del acontecimiento futuro, y su consecuencia, es la producción ausencia definitiva del efecto. Verificado, en línea de principio, el efecto se retrotrae al instante de la celebración del contrato.

En particular, el titular condicional está legitimado para proteger, preservar y conservar su interés, en función de la posterior ocurrencia del acontecimiento y su consolidación futura, imponiéndose en el estado de pendencia a su contraparte el deber de actuar con buena fe, lealtad, corrección y de abstenerse de conductas contrarias impeditivas de la verificación de la condición o, más ampliamente, lesivas de este interés. Al efecto, puede impetrar las acciones conservativas necesarias (C.C. arts. 1549, 1550 y 1136), comprensivas para algunos expositores, de la acción revocatoria por fraude. Fúndase, esta opinión en la finalidad protectora de la prenda general de los acreedores sobre el patrimonio del deudor, la buena fe y la represión del fraude con efecto ético, moralizador y tutelar del tráfico jurídico, a más que, el eventus damni, comprendería no sólo la pérdida o afectación efectiva, sino el riesgo de daño al crédito, incluso la dificultad importante para obtener la solución de la prestación. Por esto, se dice que, en la condición suspensiva hay acreedor con título no consolidado ni definido a plenitud, cuya tutela está amparada con medidas cautelares y una vez consolidada con las persecutorias.

En esta perspectiva doctrinaria, estaría legitimado para ejercer la acción cuando el fraude afecta la consolidación del derecho crediticio, asimilándose a una medida o providencia conservatoria, y si en el proceso la incertidumbre se define a su favor, deviene inexpugnable. Al respecto, se considera suficiente un derecho de crédito simplemente posible, también una mera expectativa de derecho, o una reclamación sub judice, y se indica que, el fraude pone en riesgo actual o potencia el interés del titular condicional.

La jurisprudencia excluye al acreedor cuyo crédito está sujeto a condición suspensiva en pendencia (Cas. Civ. sent. ago.22/67, G.J. CXIX, pág. 191 y s.s., de 13 de noviembre de 1968, G.J. CXX1V, pág. 375 de mar. 14 /84, G.J. CLXXVI, pág. 85 y s.s., entre otras), por cuanto ex artículo 1536 del Código Civil, suspende la adquisición del derecho, o sea, no se adquiere mientras esté pendiente sino una vez verificada la condición (Cas. Civ. sent. ago. 8/74, G.J. CXLVIII, pág. 192 y s.s.).

En igual sentido, ha expresado que la acción pauliana procura remediar la insolvencia del deudor al disponer un bien o derecho en perjuicio del acreedor, su finalidad además de moralizadora y represiva del fraude al crédito, es la restauración del patrimonio debitoris, con la persecución y recuperación de un bien que ya salió del mismo en orden a preservar la garantía general de sus acreedores (C.C. art 2488) para devolverlo a las condiciones preexistentes a la celebración del acto fraudulento, como si nunca se hubiera celebrado, y mientras un derecho esté sujeto a cualquier contingencia, futura e incierta, ningún perjuicio podría experimentarse. Asimismo, como la acción procura la inoponibilidad del acto fraudulento y perjudicial hasta concurrencia del detrimento al acreedor conservando efectos en el exceso, es personal, subordinada y procede cuando se frustra la principal, sólo el acreedor está legitimado para instaurarla, y por tanto, quien tiene un título crediticio claro, cierto o consolidado.

La doctrina mayoritaria, afirma que la acción por fraude al crédito no es medida conservativa, tampoco ejecutiva y sólo el perjuicio a un derecho crediticio indiscutible legitima su ejercicio, pues el ordenamiento la reserva al acreedor, es decir, presupone la calidad y titularidad cierta del crédito, no la simple expectativa, aún de derecho.

Al margen de los anteriores criterios, en estrictez, un acreedor no está legitimado para ejercer la acción pauliana contra el acto genético de su crédito, en cuanto la revocatoria dejaría sin efectos el acto fraudulento, asimismo el crédito del demandante y ella llevaría a un contrasentido mayúsculo, pues se aniquilaría el derecho crediticio cuya protección en principio se busca y que lo legitima para instaurar la acción.

Por idéntica razón, tampoco tiene legitimación cuando se trata de revocar, cesar o extinguir la verificación de la condición, esto es, el acontecimiento futuro e incierto de cuya ocurrencia pende su derecho.

4. Sentadas las directrices precedentes, frente a la acusación formulada, resulta evidente que el simple contrato de prestación de servicios de diciembre de 1994 no demuestra la legitimación del demandante para incoar la acción pauliana contra la transacción de 28 de julio de 1998, tanto cuanto más que lo pactado fue una cuota litis sujeta a la solución judicial o extrajudicial favorable.

En efecto, el contrato estipula honorarios “cuota litis” en un porcentaje inicial del 20% aumentado al 30% sobre el valor comercial de los bienes “que le pudieren corresponder” a la cónyuge en la “división de los gananciales” de su sociedad conyugal, sea por decisión judicial, ora por arreglo extrajudicial.

En consecuencia, el crédito y su valor se sujetaron a las expectativas de la consorte, el éxito de la causa y la definitiva solución de las controversias, esto es, a la eventualidad de un resultado económico estimable a la definición de las diferencias, ya por decisión judicial, bien de las mismas partes involucradas. Fluye de lo anterior, la previsión de una u otra forma de solución del litigio, y en particular, la hipótesis concreta de un “arreglo extrajudicial”, desde luego que, los titulares del derecho controvertido están facultados para transigir la litis, y disponer de los derechos controvertidos, sin que tal circunstancia, por sí, de suyo y ante sí comporte un fraude, el cual debe acreditarse a plenitud con elementos probatorios idóneos. En análogo sentido, la transacción celebrada por los consortes, constituye la verificación del suceso futuro e incierto, o lo que es igual, la terminación de la litis, la solución de las controversias y la adjudicación de bienes a la consorte a, título de gananciales, en cuyo, se pactó la cuota litis sobre el valor comercial de los bienes adjudicados.

Frente a la glosa del censor, acerca de la confusión por el ad quem de la prestación principal inherente a los estipendios con la prestación cambiaria, la relación subyacente o fundamental con esta, y la relativa a la penal pecuniaria, no luce disonante la hermenéutica del juzgador a las cláusulas segunda y sexta del contrato de prestación de servicios, por cuanto claro estuvo a propósito de la obligación primaria relativa a los honorarios pactados cuota litis, el título valor para completarlo conforme a las instrucciones impartidas, así como de la pena en caso de terminación unilateral injustificada, alternativas de cuyo ejercicio, consideró que podía determinarse una acreencia cierta, actual y por su valor, hallando empero probada la frustración de la ejecución forzada de la pena, ausente la probanza del ejercicio de la acción cambiaria inherente al título valor y, demostrada la solicitud para fijar el valor comercial de los bienes referidos en la escritura pública 2417 de 1994 de la Notaría 44 de Bogotá con miras a cuantificar el valor de los honorarios con base en el porcentaje acordado.

Cumple memorar, por contera, que la interpretación de un contrato está confiada a la discreta autonomía de los juzgadores de instancia, y no puede “modificarse en casación, sino a través de la demostración de un evidente error de hecho que ponga de manifiesto, palmaria u ostensiblemente, que ella es de tal alcance que contradice la evidencia”, ya porque “supone estipulaciones que no contiene, ora porque ignore las que ciertamente expresa, o ya porque sacrifique el verdadero sentido de sus cláusulas con deducciones que contradice la evidencia que ellas demuestran” (cas. civ. sent. jun.16/72, CXLII, 218 y 219), “...desnaturaliza abiertamente las convenciones de las partes contratantes, o pretermite al aplicar el contrato alguna estipulación terminante o la sustituye por otra de su invención” (XXV, 429), en forma que “la exégesis de la cláusula contractual propuesta por el casacionista sea la única admisible a la luz de las circunstancias particulares, y se muestre, consecuentemente, como un planteamiento tan sólido y persuasivo que, por su propio peso, sea capaz de revelar la contraevidencia en la comprensión del tribunal” (S-226-2004 [7356], dic. 13/2004), “de modo que mientras la adoptada por el tribunal no desnaturalice los términos claros y no ambiguos de la convención rompiendo su armonía, desconociendo sus fines o la naturaleza específica del contrato, debe ser respetada por la Corte” (LV, 298), pues las interpretaciones “conformes al haz probatorio y que no sean absurdas o carentes de sindéresis y lógica, impiden la constitución de un error de hecho evidente, alegable en casación, por lo que dicha interpretación, en esas condiciones, queda cerrada en las instancias y resulta inimpugnable mediante el recurso extraordinario de casación, así la hermenéutica que efectuó el censor devenga respetable y, por ende, luzca coherente, lo cual no es suficiente para quebrar un fallo judicial, por lo demás cobijado por una presunción de acierto que es menester derruir” (Sent. Sala Civil, Exp. 7560) y, “ si el juez, tras examinar y aplicar las diversas reglas de hermenéutica establecidas en la ley, opta por uno de los varios sentidos plausibles de una determinada estipulación contractual, esa elección, en sí misma considerada, no puede ser enjuiciada ante la Corte, so pretexto de una construcción más elaborada que pueda presentar el demandante en casación, en la medida en que, en esa hipótesis, la decisión judicial no proviene de un error evidente de hecho en la apreciación de las pruebas, sino que es el resultado del ejercicio de la discreta autonomía con que cuenta el juzgador de instancia para la interpretación del contrato’ (SC-040-2006 [75004]” (cas. civ. sent. feb. 7/2008; [SC-007 2008], Exp. 2001-06915-01).

Bajo este entendimiento, la Sala no encuentra acreditado el error de hecho alegado frente a este aspecto de la decisión del tribunal, tanto más por la autonomía del fallador en la valoración de las probanzas conforme a la sana crítica, la presunción de legalidad y acierto de toda providencia judicial, y la exigencia al casacionista cuando invoca los errores fácticos probatorios de demostrar en forma contundente el dislate en la contemplación material u objetiva de las pruebas, el yerro prístino definitorio de una contraevidencia de tal magnitud que haga insostenible el fallo, por contravenir “la lógica o el buen sentido común” (CCXXXI, 644), pues la “(...) la discreta autonomía de que se encuentran dotados los juzgadores para el desarrollo de su compleja misión, apareja que el debate alrededor de la apreciación y valoración de las pruebas quede, en línea de principio, cerrado definitivamente en las instancias, sin que, por ende, sea posible reabrirlo con ocasión de un recurso extraordinario, a menos que, en casos excepcionales, los yerros denunciados, a más de trascendentes, puedan ser calificados de notorios, palmarios o manifiestos, es decir, que su individualización y prueba aflore sin mayores esfuerzos, raciocinios o elucubraciones, al punto que resulte francamente inocultable para cualquiera e imponga el quiebre de una decisión judicial” (Exp. 1997-09327), a punto que “sólo cuando la tesis que expone la censura es la única admisible es procedente abrirle paso al recurso” (Cas. Civ. sent. ene. 31/2005, Exp. 7872; se resalta), sin bastar la exposición de un parecer que, aunque razonable no acredite el error, a punto que la decisión a simple vista sería otra diferente.

5. La acción de simulación, por su parte, persigue develar la realidad inmersa en la apariencia de un acto dispositivo inexistente (simulación absoluta) o diferente (simulación relativa).

Los acreedores están legitimados para iniciar este tipo de acciones, cuando su deudor con la apariencia de un acto simulado, altera su patrimonio en desmedro de la garantía general de sus obligaciones (Cas. Civ. sent. ago. 30/24, G.J. XXXI, págs. 104-105; ago.10/43, G.J. LVI, págs. 38-41; y mar.8/56, G.J. LXXXII, págs. 229 y ss., entre otras), es decir, “ [p]uede afirmarse, ha dicho la Corte, que todo aquel que tenga un interés jurídico, protegido por la ley, (...) está habilitado para demandar la declaración de simulación. Ese interés puede existir lo mismo en las partes que en los terceros extraños al acto, de donde se sigue que tanto aquellas como estos están capacitados para ejercitar la acción...Mas para que en el actor surja el interés que lo habilite para demandar la simulación, es necesario que sea actualmente titular de un derecho cuyo ejercicio se halle impedido o perturbado por el acto ostensible, y que la conservación de ese acto le cause un perjuicio’ (G.J. CXIX, pág. 149), esto es, un menoscabo tangible de sus derechos”. (Sent. de Cas. C. oct. 30/98).

En tratándose de la acción de simulación absoluta, procúrase la prevalencia de la realidad sobre la apariencia y, por consiguiente, la ausencia del acto dispositivo aparente.

Desde luego, la declaración del acto simulado no debe extinguir el derecho crediticio, porque al hacerlo, se carece de crédito alguno cuya protección legitima el ejercicio de la acción de simulación.

Por lo tanto, cuando con la declaratoria de simulación absoluta deviene la inexistencia del crédito, resulta evidente la carencia de legitimación del acreedor aparente, por serio sólo en apariencia.

Las premisas sentadas no resuelven la legitimación de un acreedor para demandar la simulación relativa del acto que dio origen a su crédito o del cual pende su existencia.

Para despejar este interrogante, deben analizarse los elementos concretos de cada caso.

De suyo, la simulación relativa busca la prevalencia de un acto dispositivo diverso al de la realidad aparente u ostensible, para proteger el derecho del acreedor, y por elementales razones lógicas, la declaratoria de simulación no debe aniquilar el derecho de crédito que se busca proteger, tampoco la verificación de la condición.

En frente de una obligación condicional, cuando con el acto dispositivo real se verifica la condición de la que depende el derecho crediticio del demandante, estará legitimado para pedir la simulación. Más, si con el acto real se aniquila la condición de la cual pende el crédito, ninguna legitimación tendrá.

En el presente caso, el crédito del demandante según el contrato de prestación de servicios consistía en una cuota litis sobre el valor comercial de los bienes que a consecuencia de la solución definitiva de sus diferencias, sea en proceso judicial, sea por arreglo judicial, correspondiere a su representada a título de gananciales.

Desde esta perspectiva, con la transacción contenida en la escritura pública 4300 de 28 de julio de 1998, materializando el “arreglo extra-judicial” para concluir el pleito entre Luz Stella Buitrago Moreno y Ernesto Pedraza Galeano, se verificó la condición de la cual pendían los emolumentos.

Tal acto, para el actor es ficticio, porque el verdadero es donación, lo cual conduce a que la controversia no finalizaría, y por lo mismo, a la falta de verificación de la condición a la cual se subordinó la prestación de los honorarios de abogado, esto es, la solución definitiva del pleito, ya judicial, ora extrajudicial.

De esta manera, del simple contrato de prestación de servicios, no deriva la legitimación en la causa del actor para la acción de simulación relativa, porque en este pacto, las partes sujetaron la obligación a una condición y, la acción ejercida concluiría en su aniquilación. Distinta es la hipótesis tendiente a la verificación de la condición con la declaración del acto real.

Como la prueba supuestamente cercenada por el tribunal, no demuestra per se la legitimación del demandante, acertado estuvo al denegar el petitum, “pues es obvio que si se reclama un derecho por quien no es su titular o frente a quien no es el llamado a responder, debe negarse la pretensión del demandante en sentencia que tenga fuerza de cosa juzgada material, a fin de terminar definitivamente ese litigio, en lugar de dejar las puertas abiertas, mediante un fallo inhibitorio para que quien no es titular del derecho insista en reclamarlo indefinidamente, o para que siéndolo lo reclame nuevamente de quien no es persona obligada, haciéndose en esa forma nugatoria la función jurisdicción cuya característica más destacada es la de ser definitiva” (cas. jun.3/71, CXXXVIII, págs. 364 y s.).

No aparece el error fáctico probatorio invocado, y por lo tanto, no prospera el tercer cargo.

6. Por último, según, las dos últimas acusaciones, el tribunal dejó de apreciar una serie de pruebas, en su sentir probativas de los distintos elementos para el buen éxito de la acción pauliana y de la acción de simulación.

Sin embargo, al no estar probada la legitimación en la causa, cualquier eventual error fáctico probatorio respecto de los presupuestos objetivos del fraude o la simulación, sería inane e intrascendente, al no alcanzar el soporte medular, esencial o fundamental del fallo recurrido.

7. Los cargos no prosperan.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 3 de junio de 2008, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario de Oscar Gonzalo Salamanca Fernández contra Luz Stella Buitrago Moreno, Ernesto Pedraza Galeano, Diana Lucía Pedraza Buitrago, Pedraza Buitrago y Cía. S. En C. y Fumigación Aérea del Oriente ‘Faro Ltda.’

Las costas del recurso corren a cargo del recurrente.

Tásense.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo pertinente».