Sentencia 2001-00861 de noviembre 22 de 2012

 

Sentencia 2001-00861 de noviembre 22 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Exp.: 26657

Rad.: 25000-23-26-000-2001-00861-03

Actor: Ricardo Rojas Parra

Demandados: Nación - Rama Judicial

Naturaleza: Reparación directa

Bogotá D.C., veintidós de noviembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia.

8. La Sala observa que es competente para resolver el asunto sub judice, iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en observancia de la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad y fijó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía(1).

II. Validez de los medios de prueba

9. Dado que la sentencia de primera instancia basó su decisión de negar las pretensiones en la falta de autenticación de los documentos traídos junto a la demanda para sustentar las pretensiones en ella contenidas, la Sala se referirá a la idoneidad de este material probatorio para acreditar los hechos de los que se derivaría la responsabilidad estatal alegada.

9.1. La parte demandante allegó al proceso varios documentos en copia simple, con el objeto de probar la existencia de una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación contra el demandante por su presunta participación en el homicidio de su hijo Gabriel Ricardo Rojas Cabra en la que se le cobijó con una medida de aseguramiento de detención preventiva. También se trajeron copias carentes de autenticación dirigidas a demostrar algunas calidades personales y profesionales del demandante, tales como su hoja de vida, recortes de prensa, certificados diplomas otorgados por diferentes entidades públicas y universidades, así como declaraciones de renta de los años 1998 a 2000.

9.2. Como se indicó en el párrafo 5.1., estos documentos fueron desestimados por el Tribunal de primera instancia por considerar que su condición desprovista de autenticación implica su carencia de valor probatorio en los términos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil(2). Sin embargo, la Sala les otorgará valor probatorio para resolver el caso concreto, en consideración a que fueron aportadas por la parte demandante sin que en la contestación o en alguna otra etapa procesal la parte demandada, contra quien se pretende hacer valer los documentos, se hubiese opuesto a su valoración o tachado de falso.

9.3. Cabe recordar que la Sección Tercera del Consejo de Estado en reciente sentencia tuvo oportunidad de pronunciarse sobre los documentos públicos traídos al proceso en copia simple, a los cuales se les ha dado valor probatorio en la medida en que la parte contra los que se pretende hacer valer su contenido no se opuso a su valoración(3):

La Sala observa que con la demanda la parte actora aportó en copia simple un documento que contiene la valoración de los daños ocasionados por la toma guerrillera al corregimiento de Tres Esquinas, realizado por el Comité Técnico para la Valoración de Daños, el cual fue suscrito por el alcalde municipal, el Secretario de Planeación, el Presidente de la Cruz Roja, el Secretario de Obras Públicas y el Promotor Comunitario. En dicho documento se incluyó el listado de las personas afectadas y el presupuesto establecido por el comité para el resarcimiento de los daños (...) En principio dicho documento carecería de valor probatorio al obrar en copia simple tal como la Sala lo ha explicado en numerosas providencias, comoquiera que no cumple con las reglas contenidas en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil (...). En consideración a lo anterior y a pesar de que no se cumplió con el requisito de autenticación de la copia previsto en el artículo 254 de la ley procesal civil, la Sala considera en esta oportunidad, en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y de la garantía del derecho de acceso a la justicia consagrado en los artículos 228 y 229 de la Constitución Política, que no pueden aplicarse las formas procesales con excesivo rigorismo y en forma restrictiva, con el fin de desconocer lo que las mismas partes no han hecho y ni siquiera han discutido durante el proceso, como lo es la autenticidad del documento aportado por la parte actora en copia simple, admitido como prueba por la Nación que, además, aceptó el hecho aducido con el mismo en la contestación de la demanda (...) resulta necesario recordar que en la contestación de la demanda la Nación, no solo aceptó el hecho que se pretendía probar con el documento aportado en copia simple, sino que además admitió a éste último como prueba, sin haber alegado en momento alguno que tal documento no se podía valorar, circunstancia que por demás, hubiere significado la trasgresión al principio constitucional de buena fe que protege la confianza que los particulares depositan al deber de coherencia en el actuar de quien tiene la carga de respetar y de someterse a una situación creada anteriormente por su propia conducta.

9.4. En el caso particular, es preciso anotar que la demandada Nación-Rama Judicial en su contestación de la demanda del 31 de julio del 2002 (fl. 45-56 cdno. 1) aceptó los hechos que se pretenden acreditar con los documentos aportados, además de haberse valido de su contenido para estructurar su defensa. En concreto, hizo referencia a las decisiones de la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación contra el demandante para señalar que la decisión de privarle de la libertad se encontraba justificada porque había suficientes indicios en su contra para tomar esa decisión. Así, por ejemplo, indicó:

Con el fin de hacer claridad en cuanto a la detención del señor Rojas Parra me permito hacer relación a la providencia que dictó medida de aseguramiento emitida por la Unidad Cuarta de Delitos contra la Vida Fiscalía Cuarenta y Nueve.

“es así que encuentra este despacho al señor Ricardo Rojas Parra, como posible responsable del fallecimiento de su hijo, pues su versión dada en la diligencia de indagatoria riñe con todo el haz probatorio recaudado hasta el momento, indicando haberse sentido el hombre más feliz al haberse enterado del embarazo de Doris, y haber hecho planes para la venida de su niño, como explica entonces que ni siquiera se enteró de cuál podía ser la fecha del parto siendo que Doris ya estaba avisada de los días que debería internarse, tampoco se enteró del nacimiento del niño hasta que los familiares de Doris le comunicaron, también otra circunstancia que deja mucho que desear es que a sabiendas que Doris era para él como una niña, respecto a su corta edad en relación a la suya, estudiante sin empleo, hija de familia de escasos recursos económicos, y él una persona mayor muy ilustre, acomodado económicamente no sitió el más mínimo reparo en observar cómo se iba perdiendo la vida de su hijo, y opuso resistencia para que fuera visto en las mejores clínicas pero ante la insistencia de la madre llegó a la Clínica Shaio”.

Como se puede ver existían más que indicios graves contra el sindicado.

9.5. Adicionalmente, resulta relevante que, tal como lo adujo el demandante en la sustentación de su recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia (ver supra párr. 6.1), en la demanda se advirtió que las copias que la acompañaron eran simples y se pidió tenerlas como prueba, aunque también se pidió solicitar a las autoridades correspondientes su arrimo en copia auténtica, en los siguientes términos:

— Pruebas.

Solicito que se tengan como tales, las siguientes documentales:

a) Las contenidas en las actuaciones penales a que se refieren los hechos descritos en la presente demanda y que se anexan en fotocopias informales, pero que el tribunal se servirá solicitar como antecedentes de la actuación que ha dado lugar a esta impugnación.

(...).

9.6. Adicionalmente, en el auto del 12 de septiembre del 2002 mediante el cual se decretaron algunas de las pruebas pedidas por las partes (fl. 58-59 cdno. 1), el tribunal a quo expresó lo siguiente respecto a las copias auténticas solicitadas como prueba:

Por haber sido solicitadas en tiempo se decreta la práctica de las siguientes pruebas:

I. Pedidas por la parte actora:

1. Désele el valor que la ley les otorgue a los documentos que acompañan la demanda.

2. En cuanto a la solicitud contenida en el literal a) del capítulo de pruebas de la demanda éstos antecedentes no se solicitarán toda vez que ya obran dentro de los documentos aportados con la demanda, ahora bien si el señor apoderado de la parte actora considera que hacen falta algunos de los mismos deberá aportarlos y contará hasta el vencimiento del término probatorio para ello.

(...) (resaltado fuera de texto).

9.7. Como se observa, el tribunal de primera instancia, al determinar mediante dicha providencia los elementos que conformarían el acervo probatorio del proceso, consideró que no era necesario traer la investigación adelantada por la fiscalía por cuanto esta ya estaba en el expediente, por lo que se abstuvo de solicitar su expedición en copia auténtica por parte de la Fiscalía General de la Nación. Esto quiere decir que en esa providencia se otorgó valor probatorio a los documentos traídos en copia simple, lo cual sin duda generó una confianza legítima en aquella circunstancia para la parte demandante.

9.8. Por las razones expuestas, se otorgará valor probatorio a las copias simples de los documentos allegados junto a la demanda por el demandante.

Hechos probados

10. De conformidad con las pruebas válidamente allegadas al proceso, a las cuales se hizo referencia en el aparte anterior, se tienen por probados los siguientes hechos relevantes:

10.1. El 19 de agosto de 1993 la señora María Adorance Caicedo de Cabra concurrió a la Unidad Especial de Permanencia de la Fiscalía General de la Nación, con el objeto de presentar una denuncia penal en contra del señor Ricardo Rojas Parra y los profesionales de la salud que asistieron el parto de su hija el 4 de agosto de 1993, por el delito de tentativa de homicidio (denuncia por tentativa de homicidio presentada el 19 de agosto de 1993 por la señora María Adorance Caicedo de Cabra contra el señor Ricardo Rojas Parra y otros —fl. 15-25 cdno. 2—).

10.2. En síntesis, en la denuncia se indicó que el 4 de agosto de 1993 nació en la Clínica Social de la ciudad de Bogotá el menor Gabriel Ricardo Rojas Cabra, como producto de la relación sostenida por el señor Ricardo Rojas Parra y la señora Doris Angélica Cabra Caicedo, hija de la denunciante. El menor tendría que ser atendido tres días después en la clínica Shaio, donde sufrió dos paros cardiorrespiratorios causados por un objeto plástico encontrado por los médicos tratantes en la garganta del menor. Señaló la denunciante que esto habría sido un plan orquestado por el señor Rojas Parra para deshacerse de su hijo no deseado (denuncia por tentativa de homicidio presentada el 19 de agosto de 1993 por la señora María Adorance Caicedo de Cabra contra el señor Ricardo Rojas Parra y Otros —fl. 15-25 cdno. 2—).

10.3. Luego de la práctica de varias pruebas ordenadas en la misma fecha de la presentación de la denuncia, El Juzgado 81 Penal Municipal en auto del 13 de julio de 1994, en el que resolvió la situación jurídica del señor Ricardo Rojas Parra y los demás procesados por el delito de lesiones personales, tuvo por acreditadas las circunstancias de hechos descritas por la denunciante en cuanto al nacimiento del menor, sus problemas de salud, y el hallazgo de un objeto extraño de plástico en su garganta, pero consideró el material probatorio obrante insuficiente para cobijar a dichas personas con medida de aseguramiento, aunque ordenó la continuación de la investigación y la práctica de nuevas pruebas (Auto, ago. 19/93 de la Unidad Especial de Permanencia de la Fiscalía General de la Nación —fl. 20-21 cdno. 2.—, acta de inspección judicial sobre la historia clínica del menor Gabriel Ricardo Rojas Cabra en la Clínica Shaio del 19 de agosto de 1993 —fl. 22 cdno. 2—, auto del 13 de julio de 1994 del Juzgado 81 Penal municipal de Bogotá en el que se resolvió la situación jurídica del señor Rojas Parra y los demás procesados por el delito de lesiones personales en la persona del menor Gabriel Ricardo Rojas Cabra —fl. 26-30 cdno. 2—).

10.4. El 20 de octubre de 1994 falleció el menor Gabriel Ricardo Rojas Cabra, en momentos en los que se encontraba hospitalizado en el Hospital Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá. La causa de la muerte fue una encefalopatía hipóxica, retraso D.S.M., bronco aspiración S.D. convulsivo (Informe de la investigadora Judicial del CTI Edith Díaz Gómez, dirigido a la Fiscalía 49 de la Unidad de Vida de la Fiscalía General de la Nación de feb. 21/95).

10.5. Luego de avocar conocimiento de la investigación el 29 de junio de 1995, la Fiscalía 49 de la Unidad de Vida de la Fiscalía General de la Nación en decisión del 14 de septiembre de 1995 profirió resolución inhibitoria en la investigación preliminar por considerar que el hecho punible de homicidio no existió. Esta conclusión la basó en el protocolo de necropsia adelantado con ocasión de la muerte del menor Gabriel Ricardo Rojas Cabra, confirmó que este tuvo un antecedente de encefalopatía hipóxica y falleció “por cuadro de insuficiencia respiratoria aguda secundario a proceso infeccioso broncopulmonar (bronconeumonía). – Manera de la muerte: natural” (copia simple de la resolución inhibitoria de la Fiscalía 49 de la Unidad de Vida del 14 de septiembre de 1995 —fl. 39-43 cdno. 2—).

10.6. El 26 de julio de 1996 la misma Fiscalía 49 decretó la nulidad de lo actuado a partir de la anterior actuación, ya que la resolución inhibitoria no era procedente porque la actuación no era preliminar como en ella se indicó, sino sumarial (copia simple del auto de jul. 26/96 de la Fiscalía 49 de la Unidad de Vida —fl. 44-45 cdno. 2—).

10.7. Reiniciado el trámite procesal, el 15 de agosto de 1997 la Fiscalía 49 de la Unidad de Vida volvió a resolver sobre la situación jurídica del señor Rojas Parra y los demás encartados. En esta oportunidad, dictó medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de libertad condicional contra el aquí demandante. Para sustentar la decisión expuso lo siguiente:

En estas condiciones se hace necesario que la Fiscalía considera la necesidad de emitir medida de aseguramiento consistente en detención preventica (sic), contra quienes se ha indagado por el deceso del menor conforme al contenido del artículo 388 del Código de Procedimiento Penal y a la calificación jurídica penal al estudiar el tipo de delito que interesa a la investigación, pues como se puede observar en la conducta de los sumariados vemos que existe como forma de culpabilidad el dolo, como lo afirma Doris Angélica y es la sana crítica la que nos lleva a ésta conclusión, ya que es casi imposible un accidente de esta magnitud y mucho menos de un elemento que nada tuvo que ver con los utensilios médicos empleados para el momento referido y la necesidad de una mano especializada para poder alojarlo allí, aunado a la inmensa recomendación de que había sido objeto Doris. No daba para que se presentara este accidente, máxime cuando estaban tantos profesionales de la medicina pendientes única y exclusivamente de aquel procedimiento médico, quedando totalmente sin fundamento jurídico cualquier posibilidad culposa y no encontrándose entonces ninguna causal que justifique tal hecho ni que lo exima de responsabilidad, sino por el contrario se agrava la conducta de los indagados. En cuanto Ricardo Rojas nos atreveríamos a concluir que puede ser posiblemente el autor determinador en cegarle la vida a su propio hijo como lo señala el numeral primero del artículo 324 del C.P. (...).

(copia simple de la providencia del 15 de agosto de 1997 de la Fiscalía 49 de la Unidad de Vida —fl. 48-65 cdno. 2—).

10.8. Finalmente, la Fiscalía 49 de la Unidad de Vida ordenó la preclusión de la investigación, argumentando que no había nexo de causalidad entre las conductas desplegadas por el señor Rojas Parra y los demás procesados y la muerte del menor Gabriel Ricardo Rojas Cabra. Sobre el particular precisó:

En síntesis, nosotros consideramos que en el nuevo ordenamiento jurídico Penal colombiano, para poder atribuir a un sujeto un resultado, como causa material, es indispensable: a) que el autor haya puesto un antecedente calificado del resultado en el sentido de que éste sea idóneo para producirlo; b) que el antecedente o condición puesto por el sujeto se desprenda la relevante posibilidad de ocurrencia del resultado típico osea (sic), que se tema su producción; c) Que esta probabilidad e idoneidad de producir el resultado sea concreto, considerado en el momento en que la conducta se desarrolla (no después de cumplida), y en relación con las capacidades del hombre medio y las especialidades de la gente. Resulta que ninguna de las condiciones previamente anotadas se presentan en el accionar de todos y cada uno de los sumariados a quienes se les presentó cargo por el delito de homicidio en los hechos en que aparece como supuesta víctima el menor Gabriel Ricardo Rojas Cabra, en primer lugar porque la bacterióloga ni el médico ni el padre de menor pusieron antecedentes calificados como de idóneos para producir su muerte; en segundo lugar porque el resultado de la supuesta muerte mirada como injusto típico no fue producto de una posible condición de los investigados, pues esta se presentó catorce (14) meses después y en tercer lugar porque para la fecha de la muerte, ni la bacterióloga ni el médico, ni el padre del menor estaban desarrollando conductas concretas para producir un violento deceso de éste niño fallecido, todo en razón que los cargos presentados en cada una de éstas personas hacen referencia a 14 meses antes del deceso de la criatura producto de la concepción entre Doris Angélica Cabra Caicedo y Ricardo Rojas Cabra por el contrario, 14 meses después que le fue encontrado un cuerpo extraño en su garganta, cuando ya había sido considerado fuera de peligro y gozaba de buena salud, el infante ya con aproximadamente un año y medio de vida, sufrió un quebranto de salud que le produjo bronconeumonía y que fue la verdadera causa de la terminación de su vida. En tal sentido y con fundamento en el estudio científico del grupo de patología forense regional de Bogotá, la fiscalía delegada sostiene que la muerte por bronconeumonía del menor Gabriel Ricardo Rojas Cabra, nada tiene que ver la conducta de los aquí investigados (Providencia, feb. 12/99 de la Fiscalía 49 de la Unidad de Vida —fl. 66-83 cdno. 2—).

10.9. Sobre la materialización de la medida de aseguramiento privativa de la libertad no obran elementos probatorios en el plenario. Como se explicó en el párrafo 10.7, el demandante fue cobijado con medida de aseguramiento de tal naturaleza en decisión del 15 de agosto de 1997 de la Fiscalía 49 de la Unidad de Vida. Sin embargo, no aparece ningún documento en el que conste que el señor Rojas Parra fue efectivamente privado de su libertad, o en durante qué fechas se produjo tal circunstancia. Únicamente aparece en la aludida providencia del 12 de febrero de 1999, que esta medida fue revocada por la misma Fiscalía 49 al conocer de un recurso de reposición interpuesto contra la decisión del 15 de agosto de 1997, sin que siquiera se haga referencia a la fecha de ese auto. La única anotación que allí se hace sobre este hecho, indica:

Como última circunstancia dentro de estos hechos anotemos que la bacterióloga Sandra Viviana Dager Nieto, el médico Rafael Esteban Triana y el señor Ricardo Rojas Parra, fueron sometidos a Detención Preventiva sin Beneficio de Libertad Provisional como probables coautores los dos primeros y determinador el último, del delito doloso de homicidio. Esta decisión fue revocada posteriormente al conocer recurso de reposición (providencia del 12 de febrero de 1999 de la Fiscalía 49 de la Unidad de Vida —fl. 66-83 cdno. 2—).

III. Problema jurídico

11. De acuerdo con los hechos señalados en aparte anterior y en atención a los argumentos esgrimidos por el recurrente en su apelación, la Sala debe determinar si en el presente caso se reúnen los requisitos necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial de la parte demandada en la forma solicitada en la demanda y su consecuente condena a la indemnización de perjuicios, para lo cual se debe establecer si resulta imputable al Estado el daño ocasionado al demandante por la privación de la libertad a la que fue sometido, teniendo en cuenta la época en la que sucedieron los hechos y la normatividad vigente en materia penal para entonces.

IV. Análisis de la Sala

12. Previo a decidir de fondo, la Sala resolverá sobre la actuación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en este proceso, asunto que considera de cardinal importancia en cuanto se relaciona con la validez de lo actuado.

12.1. Según se indicó en el párrafo 1 de esta decisión, la demanda originaria de la controversia bajo estudio fue presentada por el actor el 24 de abril del 2001 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y en ella se indicó que la misma estaba dirigida contra La Nación-Rama Judicial.

12.2. También se estableció que una vez admitida la demanda, esta fue notificada a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, quien la contestó oponiéndose a las pretensiones y argumentando que la decisión de la Fiscalía 49 de la Unidad de Vida de Bogotá fue justificada de acuerdo a las normas penales vigentes para ese momento. También solicitó que en caso de que se decidiera declarar la responsabilidad del Estado en este caso, la condena debería ser impuesta en cabeza únicamente de la Fiscalía General de la Nación —aunque no formuló ninguna excepción relativa a su falta de legitimación en la causa— en el entendido de que esta entidad goza de autonomía administrativa y presupuestal (ver supra párr. 4 y 4.1).

12.3. Así las cosas, la Sala aclara que le asiste razón a la demandada en cuanto a la autonomía presupuestal y administrativa de la Fiscalía General de la Nación y advierte que en ningún momento dicha entidad —que de acuerdo a lo indicado en las párrafos 10.1 a 10.8 de la providencia fue la única autoridad que profirió las decisiones judiciales por las que se mantuvo privado de la libertad al demandante— fue vinculada al proceso, o notificada de las decisiones que en su desarrollo se tomaron.

12.4. No escapa a la Sala que en la presente litis se configuró una irregularidad procesal consistente en la indebida representación de la Nación, teniendo en cuenta que para el momento de la presentación de la demanda, esto es, el 24 de abril de 2001, la representación judicial en los procesos contenciosos administrativos iniciados por actos o hechos de la Fiscalía General de la Nación se había radicado en cabeza del Fiscal General de la Nación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49(4) de la Ley 446 de 1998 —de manera previa a la norma en mención, la Ley 270 de 1996 estableció de manera general que la representación correspondiente se efectuaría por intermedio del Director Ejecutivo de Administración Judicial—, razón por la cual, la parte demandada debió haber actuado por intermedio de éste en las respectivas actuaciones del proceso y no, mediante el Director Ejecutivo de Administración Judicial, a quien se le notificó del auto admisiorio de la demanda y actuó en las etapas procesales respectivas.

12.5. Ahora, a pesar de que la anomalía expuesta se constituye en la causal de nulidad prevista en el numeral 7 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, disposición aplicable al caso concreto por remisión expresa del artículo 165 del Código Contencioso Administrativo, la Sala observa que la misma no tiene la potencialidad de invalidar actuación alguna en el trámite del sub judice y por ende, resulta factible pronunciarse sobre el fondo del asunto en estudio, por cuanto dicha nulidad es de carácter saneable y en ningún momento fue aducida por la persona indebidamente representada, es decir, por la Nación. En casos similares, al momento de proferir sentencia la Sala se ha manifestado en el siguiente sentido:

En relación con la representación de la Nación-Rama Judicial para los eventos en que se demande su responsabilidad por actuaciones imputables a la Fiscalía, ha reiterado la Sala que conforme a lo previsto en los artículos 1º, 22, 27 y 187 del Decreto 2699 de 1991 y desde la vigencia del mismo, el Fiscal General de la Nación tenía la representación de la entidad frente a las autoridades del poder público y la oficina jurídica tenía dentro de sus funciones, la representación de la Fiscalía mediante poder conferido por el Fiscal General, en los procesos en que ésta fuera demandada, decreto cuya vigencia se prolongó hasta la expedición de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (270/96)(5), en cuyo artículo 99-8, de manera genérica, se atribuyó al Director Ejecutivo de Administración Judicial la función de representar a la Nación-Rama Judicial en los procesos judiciales, norma en vigencia de la cual, fue este funcionario el encargado de representar a la rama judicial en los procesos judiciales instaurados tanto por los actos de los jueces como de los fiscales, situación que cambió con ocasión de la expedición de la Ley 446 de 1998, que nuevamente estableció una representación separada para los actos de la Fiscalía, concretamente a cargo del Fiscal General, conforme lo concluyó esta corporación en sentencia de 13 de diciembre de 2001, expediente 12.787(6).

En el sub examine la demanda fue presentada el 21 de enero de 1999, esto es en vigencia de la Ley 446 de 1998 y el auto admisorio se notificó, así: al Director Seccional de la Administración Judicial el 6 de abril de 1999 y al Ministerio de Defensa Nacional el 15 de marzo del mismo año, es decir, que no fue notificado al señor Fiscal General de la Nación, presentándose así una irregularidad que eventualmente se erige en la causal de nulidad establecida en el numeral 7 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, por indebida representación, dado que en los términos del artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, cuando la demanda se dirige en contra de la Nación, ésta debe estar representada por el organismo que expidió el acto o produjo el hecho.

No obstante, no hay lugar a decretar la nulidad por cuanto, de un lado, no tiene el carácter de insaneable y por tanto no es declarable de oficio, y de otro lado, la indebidamente representada que lo es la Nación, ha actuado en el proceso desde su inicio, sin haber reprochado tal irregularidad, con lo cual ha convalidado lo actuado en los términos del artículo 143-6 del Código de Procedimiento Civil(7).

12.6. Igualmente, se ha señalado que no se configura una ausencia de legitimación en la causa por pasiva con motivo del cambió de representación de la Nación por los actos de la Fiscalía General de la Nación, lo cual se ha sostenido así:

Más aún, la Sala considera importante anotar que a pesar de que a partir de la Ley 446 de 1998 la representación litigiosa de la Fiscalía General de la Nación está a cargo del Fiscal General, también es claro que la legitimación en la causa por pasiva siempre estará en cabeza de la Nación, independientemente de contra quien se haya dirigido la demanda, máxime cuando a pesar que se hayan presentado los referidos cambios en lo relativo a la representación de la Fiscalía, esta sigue siendo por previsión constitucional parte de la Rama Judicial del poder público, tal como lo aclaró la Corte Constitucional en su Sentencia C-532 del 10 de junio del 2002(8)(9).

12.7. Por consiguiente, la Sala considera viable resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y realizar el respectivo estudio de responsabilidad del Estado, para lo cual advierte que en caso de que ésta se encuentre demostrada, la condena se realizará a cargo del presupuesto de la Nación-Rama Judicial.

13. Entrando al fondo del asunto, la Sala advierte que la sentencia de primera instancia será revocada en cuanto a negar las pretensiones del demandante, de acuerdo con las siguientes consideraciones.

14. En estricta sujeción al artículo 90 de la Constitución Política en materia de responsabilidad estatal, se deduce que ésta solo podrá declararse cuando se acredite de manera suficiente la ocurrencia de un daño antijurídico, entendido como aquél que sufre una persona que no se encuentre en el deber legal de soportarlo(10). Esto implica que debe acreditarse plenamente la existencia de un daño indemnizable, de modo que en caso de que ello no se compruebe, la pretensión dirigida a la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado está llamada a fracasar.

15. Es decir, que cuando no es posible establecer un daño indemnizable personal, directo, concreto y cierto, no es útil examinar la existencia del deber jurídico de quien lo sufre de soportarlo, o lo que es lo mismo, no es posible saber si el daño es o no de carácter antijurídico pues para que se obtenga tal calificación del daño, es necesario que se establezca primero la existencia misma de la lesión(11).

16. En otras palabras, para la declaración de responsabilidad estatal no es suficiente que se pruebe la ocurrencia de un evento abstracto que tenga la capacidad de producir una lesión a un ciudadano, sino que debe demostrarse como tal la lesión, o lo que es los mismo, el daño como la lesión indemnizable, cuantificable y cierta.

17. Así las cosas, la Sala advierte que en el presente caso, aunque se probó que el demandante fue cobijado por una medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de libertad condicional mediante una providencia del 15 de agosto de 1997, la parte demandante falló en demostrar que la misma hubiera sido efectivizada por parte de las autoridades correspondientes, es decir, que el señor Ricardo Rojas Parra, una vez se le cobijó con la medida preventiva de aseguramiento, hubiese sido detenido y recluido en algún centro penitenciario.

18. En efecto, no obra en el plenario ningún tipo de documento en este sentido, como una boleta de encarcelamiento o algún tipo de certificación que indique la efectiva detención. Además, como se expuso con anterioridad, la parte demandante solo trajo la providencia de la Fiscalía que da cuenta de la imposición de la medida, así como otra en la que se hace una mera referencia a su levantamiento con ocasión de la resolución de un recurso de reposición (ver supra párr. 10.9), pero no se arrimó la providencia en la que se tomó esa determinación, por lo que, incluso si se aceptara que se puede presumir la detención del demandante solo con la orden que en ese sentido dio la Fiscalía 49 de la Unidad de Vida de Bogotá, no se puede determinar el tiempo en que el señor Rojas Parra estuvo efectivamente privado de su libertad.

19. Todo lo anterior hace concluir a la Sala que en el presente asunto, aunque se haya probado el hecho objetivo de la vinculación del demandante a un proceso penal y su posterior absolución mediante resolución de preclusión que indicó que no cometió el ilícito que se le endilgaba, no se ha logrado probar de manera suficiente la existencia del daño entendido como la efectiva privación injusta de la libertad, cuya ocurrencia al tenor del material probatorio aportado se torna simplemente hipotética y falta de certeza, lo que impide que se declare la responsabilidad del Estado por esta causa(12).

20. Sin perjuicio de esto, la Sala considera que en el presente caso, aunque no se haya probado con certeza el daño relativo a la privación injusta de la libertad del señor Rojas Parra, de acuerdo con lo que se deprecó en las pretensiones de la demanda a las que se hizo referencia en el párrafo 1 de la presente decisión —en las que se solicitó el resarcimiento de los perjuicios causados no solo por la privación de la libertad del señor Rojas Parra, sino por el “anormal funcionamiento de la administración de justicia al vincularlo, procesarlo y dictarle medida de aseguramiento privativa de la libertad en forma irregular, como autor determinante de un delito de Homicidio que nunca cometió”—, en virtud del principio de iura novit curia es procedente estudiar si existen en el plenario las pruebas suficientes para entender que en el proceso penal que se adelantó en su contra se incurrió en un error jurisdiccional. Recuérdese que “(…) en los escenarios en que se discute la responsabilidad patrimonial del Estado se debe dar aplicación al principio iura novit curia, lo cual implica que frente a los hechos alegados y probados por la parte demandante, corresponde al juez definir la norma o la motivación de la imputación aplicable al caso, potestad del juez que no debe confundirse con la modificación de la causa petendi, esto es, los hechos que se enuncian en la demanda como fundamento de la pretensión”(13).

21. Por otra parte, la Sala ha expuesto en varias ocasiones que los presupuestos que deben reunirse en cada caso concreto para que pueda predicarse la existencia de un error jurisdiccional, se encuentran establecidos en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996:

ART. 67.—Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.

2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.

22. En relación con el primer presupuesto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha precisado, de una parte, que el error judicial solo se configura si el interesado ha ejercido los “recursos de ley” pues si no agota los medios de defensa judicial que tiene a su alcance el perjuicio sería ocasionado por su negligencia y no por el error judicial; “en estos eventos se presenta una culpa exclusiva de la víctima que excluye la responsabilidad del Estado”(14). Y de otra parte, que los “recursos de ley” deben entenderse como “los medios ordinarios de impugnación de las providencias, es decir, aquellos que no sólo permiten el examen limitado de la decisión con el objeto de corregir los errores de toda clase, tanto de hecho como jurídicos, sino que pueden interponerse sin sujeción a las rígidas causales que operan para los extraordinarios, los que adicionalmente requieren para su trámite la presentación de una demanda”(15).

23. En segundo término, la norma exige que el error se encuentre contenido en una providencia judicial que esté en firme, ya que si la misma todavía puede ser impugnada a través de los recursos ordinarios, no se configura el error judicial.

24. Finalmente, es necesario que la providencia sea contraria a derecho, lo cual no supone que la víctima de un daño causado por un error jurisdiccional tenga que demostrar que la misma es constitutiva de una vía de hecho por ser abiertamente grosera, ilegal o arbitraria, o que el agente jurisdiccional actuó con culpa o dolo(16), ya que el régimen que fundamenta la responsabilidad extracontractual del Estado es distinto al que fundamenta el de la responsabilidad personal del funcionario judicial(17). Basta, en estos casos, que la providencia judicial sea contraria a la ley, bien porque surja de una inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), de la falta de aplicación de la norma que corresponde al caso concreto o de la indebida aplicación de la misma (error de derecho)(18).

25. Con todo, determinar la existencia de un error judicial comporta en muchos casos un juicio difícil, pues si bien el parámetro para definir el error es la norma jurídica aplicable al caso, no siempre ésta arroja resultados hermenéuticos unificados, con lo cual distintos operadores jurídicos pueden aplicar la misma norma a partir de entendimientos diferentes, con resultados igualmente dispares. Y ello podría trivializar la idea de que existan errores judiciales, para decir que lo constatable son simplemente interpretaciones normativas o de hechos, de modo diferente, merced a distintos y válidos entendimientos de lo jurídico.

26. Este asunto de la banalización del error judicial adquiere un carácter superlativo si se tienen en cuenta no solo los distintos métodos de interpretación jurídica existentes –que llevan a juicios concretos distintos–, sino también la variedad de concepciones del derecho que circulan en el mundo académico y que tienen gran incidencia en cuestiones prácticas como las judiciales. Si según alguna versión del realismo jurídico el derecho es lo que diga el juez y para el iuspositivismo existen varias respuestas correctas en derecho, entonces la pregunta por el error judicial puede quedar en entredicho, pues en el primer caso no sería posible juzgar a quien estipula el derecho y en el segundo el intérprete siempre quedaría justificado porque básicamente escogió una de las posibilidades hermenéuticas de las varias que ofrece la norma.

27. Para darle sentido y justificación a una norma como el artículo 65 de la Ley 270 de 1996 que ve materializado el error judicial “a través de una providencia contraria a la ley”, la concepción del derecho que mejor explica el fenómeno es el iusnaturalismo en su versión moderna iusracionalista que apuesta por la corrección de las decisiones jurídicas sobre la base de una argumentación razonada. Como es sabido, la tesis de la única respuesta correcta desarrollada por la concepción iusracionalista del derecho, con Dworkin a la cabeza(19), tiene como su variante más influyente la propuesta de Alexy sobre la respuesta correcta como idea regulativa, la que a su turno es un desarrollo de su tesis filosófica sobre moral correcta(20). En palabras de Alexy:

En todo caso, está claro que en la realidad no existe ningún procedimiento que permita, con una seguridad intersubjetivamente necesaria llegar en cada caso a una única respuesta correcta. Esto último no obliga, sin embargo, a renunciar a la idea de única respuesta correcta sino que únicamente da ocasión para determinar su estatus con más precisión. El punto decisivo aquí es que los respectivos participantes en un discurso jurídico, si sus afirmaciones y fundamentaciones han de tener un pleno sentido, deben, independientemente de si existe o no una única respuesta correcta, elevar la pretensión de que su respuesta es la única correcta. Esto significa que deben presuponer la única respuesta correcta como idea regulativa. La idea regulativa de la única respuesta correcta no presupone que exista para cada caso una única respuesta correcta. Sólo presupone que en algunos casos se puede dar una única respuesta correcta y que no se sabe en qué casos es así, de manera que vale la pena procurar encontrar en cada caso la única respuesta correcta(21).

28. De modo que a diferencia de la corrección sustancial a la que sería capaz de llegar el juez Hércules de Dworkin, en Alexy se propone una corrección como idea regulativa y a la que es posible llegar en un escenario ideal de diálogo, a partir del cumplimiento de las reglas y formas de la argumentación jurídica, teniendo en cuenta que ésta no es más de un caso especial de la argumentación general, caracterizada por la racionalidad, esto es, por el uso de la razón práctica(22).

29. En suma, mejor que otras concepciones del derecho, la iusracionalista permite justificar la existencia y sentido de normas sobre el error judicial y explicar adecuadamente las propiedades mismas de éste fenómeno jurídico en el que eventualmente pueden incurrir las autoridades judiciales, independientemente de su nivel jerárquico.

30. La Sala resolverá si en el presente caso la actuación de la Fiscalía 49 de la Unidad de Vida al imponer al señor Ricardo Rojas Parra medida de aseguramiento privativa de la libertad incurrió en los elementos constitutivos de error jurisdiccional previstos en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, a los que se hizo referencia en los párrafos 21 a 24.

31. En este sentido, sea lo primero indicar que se cumple con los primeros dos requisitos señalados, pues en la providencia del 12 de febrero de 1999 mediante la cual se precluyó la investigación adelantada contra el señor Rojas Parra, se indicó que la resolución del 15 de agosto de 1997, por la que se le impuso a éste la medida de aseguramiento privativa de la libertad, fue objeto de recurso de reposición, el cual al ser resuelto por parte de la misma Fiscalía 49 de la Unidad de Vida determinó la revocatoria de la medida, lo que a su vez implica que para ese momento se encontraba en firme la aludida decisión(23).

32. Ahora bien, con el objeto de establecer si la decisión de imponer la medida de aseguramiento es contraria a derecho, último requisito necesario para predicar la existencia de un error jurisdiccional, deber hacerse una confrontación entre la providencia y la norma de carácter legal que debe regir a la autoridad que la profiere, en este caso, el artículo 388 del Decreto 2700 de 1991, Código de Procedimiento Penal vigente en la época de los hechos, el cual indica sobre la procedencia de las medidas de aseguramiento:

ART. 388.—Requisitos sustanciales. Son medidas de aseguramiento para los imputables, la conminación, la caución, la prohibición de salir del país, la detención domiciliaria y la detención preventiva, las cuales se aplicarán cuando contra del sindicado resultare por lo menos un indicio grave de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso.

En los delitos de competencia de los jueces regionales sólo procederá como medida de aseguramiento, la detención preventiva.

33. Así, se concluye que bajo el imperio de la norma legal vigente para el momento de los hechos y aplicable a la providencia analizada, para dictar una medida de aseguramiento era menester que la Fiscalía contara con, al menos, un indicio grave en contra del encartado.

34. Ahora bien, en la providencia del 15 de agosto de 1997 mediante la que se cobijó con la medida de aseguramiento privativa de la libertad al demandante, dicha decisión fue justificada por la Fiscalía 49 de la Unidad de Vida de la siguiente forma:

Es así que encuentra este Despacho al señor Ricardo Rojas Parra como probable responsable del fallecimiento de su hijo, pues su versión dada en la diligencia de indagatoria riñe con todo el haz probatorio recaudado hasta el momento, indicando haberse sentido el hombre más feliz al haberse enterado del embarazo de Doris, y haber hecho planes para la venida de su niño, pues cómo explica entonces que ni siquiera se enteró de cuál podía ser la fecha del parto siendo que Doris ya estaba avisada de los días que debería internarse, tampoco se enteró del nacimiento del niño hasta que los familiares de Doris le comunicaron, también otra circunstancia que deja mucho que desear es que a sabiendas que Doris era para él como una niña, respecto a su corta edad en relación a la suya, estudiante sin empleo, hija de familia de escasos recursos económicos, y él una persona mayor, muy ilustre, acomodado económicamente no sintió el más mínimo reparo en observar cómo se iba perdiendo la vida de su hijo, y opuso resistencia para que fuera visto en las mejores clínicas pero ante la instancia de la madre llegó a la Clínica Shaio, y para sacarlo se presentó una de las ya acostumbradas polémicas por el monto de la cuenta teniendo que Doris firmar letras para poder sacar a su pequeño, hecho que es aceptado por este indagado, entonces no se explica la Fiscalía cual era el tanto amor por su hijo y el apoyo moral y económico que dice se había propuesto brindarle con mayor proporción en el embarazo, si fue una persona que puso en duda desde el momento en que se enteró que Doris estaba embarazada la paternidad del niño, y que fue él el que permaneció atormentado por esta situación durante varios meses como bien lo afirma el Doctor Gustavo Corredor, que fue interrogado por esta persona a fin que le indicara el procedimiento para comprobar la paternidad diciéndole que la mamá no era una pera en dulce, y portándose descomedidamente durante todo el embarazo hasta el último momento, como lo afirmara en la diligencia de indagatoria el Doctor Esteban Triana, que da cuenta de las polémicas que se presentaban entre la pareja que al fin no se pudo enterar si era porque se quería llevar al niño o porque no quería reconocerlo y que al parecer lo que sintió afectado fue el aspecto económico según la manifestación que le hiciera a Patricia del Pilar Cabra, al decirle que estaban pensando que él era una persona rica y querían sacarle su dinero por intermedio del niño, también sospechosa para el despacho la actitud de haberla retirado de la Clínica Fundadores centro médico sólido y de conocida responsabilidad para llevarla a última hora a donde sus amigos, a quienes se la recomendó como efectivamente está comprobado, según Sandra Dager, que Ricardo la había recomendado especialmente a su padre y a ella, quedando duda para el despacho en qué términos se hizo la recomendación tantas veces aludida. Y teniendo en cuenta que el padre de Sandra, señor Enrique Dager, tenía pendiente una deuda con el Señor Ricardo por aquel entonces por algunos millones de pesos aunado al intento de aborto al llevar a Doris en los primeros meses de su embarazo a un sitio de esta categoría según aseveraciones hechas mediante la gravedad del juramento por la misma señora Doris.

35. Se concluye del aparte en cita que la decisión de la fiscalía de cobijar al señor Rojas Parra con medida de aseguramiento privativa de la libertad se encuentra justificada con ciertos hechos encontrados en el material probatorio a disposición de dicha autoridad, las cuales en su sentir serían contradicciones e incoherencias entre las afirmaciones del aquí demandante sobre sus sentimientos hacia su hijo y la madre de este y las intenciones que para ellos tenía. Estas incoherencias, de acuerdo con lo expuesto en la providencia, constituirían el indicio grave en contra del acusado.

36. Sin embargo, esta posición no es compartida por la Sala, que no encuentra que las razones expuestas por la fiscalía en la resolución que impuso la medida puedan ser tenidas como un indicio grave en contra del señor Rojas Parra, de acuerdo a las siguientes consideraciones.

37. Téngase en cuenta, en primer lugar, que el propio Decreto 2700 de 1991, a pesar de ser claro en su aludido artículo 388 en la necesidad de la existencia de un indicio grave para la procedencia de la medida de aseguramiento privativa de la libertad, no define qué debe ser considerado como tal.

38. Aunque tal indefinición implica de por sí que existe, bajo el imperio del Decreto 2700 de 1991, un margen para que el fiscal usara su criterio para definir que podía ser un indicio grave en contra del procesado, ello no quiere decir que esta decisión pueda ser tomada de forma arbitraria por parte de la autoridad judicial. En otras palabras, no cualquier indicio puede ser considerado como grave, solo porque le parezca a quien deba definir la situación judicial de una persona sujeta a un proceso judicial.

39. En este sentido, resulta relevante lo que esta Sección ha tenido la oportunidad de expresar con relación a los indicios y su clasificación, la cual ha sido establecida por la doctrina entre necesarios y contingentes, siendo estos últimos a su vez clasificables entre graves y leves, dependiendo de la relación lógica inmediata que exista o no entre el indicio y aquello que se pretenda demostrar(24):

Los indicios son medios de prueba indirectos y no representativos, como sí lo son el testimonio y la prueba documental, y no pueden ser observados directamente por el juez, como por ejemplo sucede en la inspección judicial. En la prueba indiciaria el juez tiene ante sí unos hechos probados a partir de los cuales debe establecer otros hechos, a través de la aplicación de reglas de la experiencia, o principios técnicos o científicos. En pocos términos, el indicio es una prueba que construye el juez con apoyo en la lógica, partiendo de la existencia de unos hechos debidamente acreditados en el proceso. Por eso, al margen de las controversias que se suscitan en la doctrina en relación con este aspecto, puede afirmarse que el indicio se integra con los siguientes elementos: — Los hechos indicadores, o indicantes: son los hechos conocidos: los rastros o huellas que se dejan al actuar, la motivación previa, etc., son las partes circunstanciales de un suceso, el cual debe estar debidamente probado en el proceso. — Una regla de experiencia, de la técnica o de la lógica, es el instrumento que se utiliza para la elaboración del razonamiento. -Una inferencia mental: el razonamiento, la operación mental, el juicio lógico crítico que hace el juzgador; la relación de causalidad entre el hecho indicador y el hecho desconocido que se pretende probar. — El hecho que aparece indicado, esto es, el resultado de esa operación mental. (...) Una vez construida la prueba indiciaria, el juez deberá valorarla teniendo en cuenta su gravedad, concordancia, convergencia y relación con los demás medios prueba que obren en el proceso. Para efecto de establecer su gravedad, la doctrina ha señalado algunos derroteros que pueden resultar de ayuda para el juez. Por ejemplo, ha clasificado los indicios en necesarios y contingentes, entendiendo como necesarios, aquellos que de manera infalible muestran la existencia o inexistencia de un hecho que se pretende demostrar, o revelan en forma cierta la existencia de una constante relación de causalidad entre el hecho que se conoce y aquel que se quiere demostrar y son, por lo tanto, sólo aquellos que se presentan en relación con ciertas leyes físicas, y como contingentes, los que revelan de modo más o menos probable cierta causa o cierto efecto. Estos últimos son clasificados como graves o leves, lo cual depende de si entre el hecho indicador y el que se pretende probar existe o no una relación lógica inmediata. La concordancia hace referencia a los hechos indicantes. Se predica esa característica cuando los mismos ensamblan o se coordinan entre sí; en tanto que la convergencia se refiere al razonamiento lógico que relaciona esos hechos para determinar si esas inferencias o deducciones confluyen en el mismo hecho que se pretende probar.

40. Así, para la Sala es claro que las circunstancias y hechos relacionados por la Fiscalía en la resolución mediante la que dictó medida de aseguramiento en contra del señor Ricardo Rojas Parra, a los que se hizo referencia en el párrafo 34 de la presente decisión, no resultan idóneos para justificar esa medida en los términos del artículo 388 del Decreto 2700 de 1991, debido a que en ellos se extraña una relación lógica inmediata con la muerte de su hijo.

41. En efecto, como se ha explicado con anterioridad, los hechos indicadores de los que se valió la autoridad judicial para privar de su libertad al demandante, apuntan a develar una supuesta incoherencia entre las afirmaciones hechas por el señor Rojas Parra sobre su reacción ante el embarazo Doris Angélica Cabra, dejando entrever que contrario a lo señalado por aquel, la gravidez de esta no era un estado deseado.

42. Entonces, para la Sala resulta claro que siendo que el delito del que se le acusaba al demandante era el de homicidio de su menor hijo, no resulta evidente que de su supuesta ausencia de afecto hacia él, o su falta de preocupación por su estado de salud, pueda surgir de forma necesaria una relación lógica inmediata con su presunta participación en la muerte del menor, máxime si dicho suceso ocurrió meses después y por causas que no tenían que ver con las conductas por las que se investigaba al señor Rojas Parra y a otras personas también investigadas en la misma causa (ver supra párr. 10.8).

43. En otros términos, los hechos indicadores de los que se valió la Fiscalía en su resolución de medida de aseguramiento no tienen una relación lógica evidente con la participación del demandante en el homicidio de su hijo, lo cual implica que existe una clara contraposición entre lo previsto por la norma en la que debía fundarse la providencia que privó de la libertad al señor Rojas Parra y dicha decisión.

44. De esta forma, se encuentra acreditada la concurrencia de la totalidad de los requisitos para la configuración de un error jurisdiccional en la providencia mediante la cual la Fiscalía 49 de la Unidad de Vida de la Fiscalía General de la Nación dictó el 15 de agosto de 1997 medida de aseguramiento en contra del señor Ricardo Rojas Parra.

45. Cabe resaltar que este error jurisdiccional implica la existencia de un daño reparable en cabeza del demandante que es independiente y autónomo del hecho de que no se haya probado fehacientemente su privación de la libertad, causado por su vinculación a un procedimiento penal, que se reveló injustificada en el momento en el que el 12 de febrero de 1999 se declaró la preclusión de la investigación por la clara falta de nexo causal entre la conducta del investigado y la muerte de su menor hijo. En este sentido, téngase en cuenta que esta Sección ha indicado que en los eventos de error judicial y de privación injusta de la libertad, el daño se hace evidente, o se concreta, al momento de la ejecutoria de la providencia judicial que establece la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la decisión o el procedimiento adelantado por la autoridad juridicial(25).

46. En este orden de ideas, se revocará la sentencia del 4 de diciembre del 2003 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en la cual se habían negado las pretensiones de la demanda, para en su lugar declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación-Rama Judicial por el error jurisdiccional en el que incurrió la Fiscalía 49 de la Unidad de Vida al dictar medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra del señor Ricardo Rojas Parra, el 15 de agosto de 1997.

V. Liquidación de perjuicios

Perjuicios materiales

47. Respecto a los perjuicios materiales solicitados en las pretensiones de la demanda, la Sala no los otorgará, al considerar que no se logró probar su existencia, ni en su modalidad de daño emergente ni la de lucro cesante. Vale recalcar que a pesar de que junto con la demanda se allegaron varios documentos relativos a la actividad profesional del demandante, así como declaraciones de renta de los años 1998 a 2000 cuyo valor probatorio ya se definió en los párrafos 9 a 9.8 de esta providencia—, no se allegó prueba de que el señor Rojas Parra hubiese tenido que incurrir en gastos derivados de su vinculación al proceso penal, su actividad económica y profesional se hubiese visto afectada, o su patrimonio hubiese sufrido un menoscabo como producto de los hechos estudiados en esta decisión.

Perjuicios morales

48. La Sala sí concederá indemnización al demandante por los perjuicios morales que sufrió. En este sentido, se reitera que a pesar de que en el curso del proceso no se logró demostrar la efectiva privación de la libertad del señor Rojas Parra, se evidencia que este fue sometido de forma injustificada a una medida de aseguramiento y en general a una investigación penal en la que finalmente fue absuelto.

49. En razón a lo anterior, para la Sala resulta evidente que el demandante estuvo sujeto a una aflicción afectiva que se deriva simplemente de su vinculación a un proceso penal en el que incluso se llegó a ordenar la conculcación de su derecho a la libertad, aunado a que en él se le llegó a acusar de ser responsable de la muerte de su propio hijo.

50. Ahora bien, teniendo en cuenta que desde que se definió su situación jurídica, cobijándolo con medida de aseguramiento privativa de la libertad el 15 de agosto de 1997, y la declaración de la preclusión de la investigación el 2 de febrero de 1999 transcurrieron más de 1 año y 4 meses, la Sala otorgará por concepto de indemnización de los perjuicios morales sufridos por el demandante, una suma equivalente a 20 salarios mínimos legales vigentes al momento de la ejecutoria de la presente providencia.

VI. Costas

51. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia del 4 de diciembre del 2003 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por las razones expuestas en la parte considerativa de la esta providencia.

2. En su lugar, DECLARAR administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación-Rama Judicial por el error jurisdiccional en el que incurrió la Fiscalía 49 de la Unidad de Vida al dictar medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra del señor Ricardo Rojas Parra, el 15 de agosto de 1997.

3. En consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la Nación - Rama Judicial a pagar a favor del señor Ricardo Rojas Parra, el equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de esta providencia, por concepto de perjuicios morales.

4. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. Lo dispuesto en esta providencia deberá cumplirse en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. En firme este fallo, devuélvase el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

(1) Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.

(2) ART. 254.—Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos:

1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficinal judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.

2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.

3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa.

(3) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de enero del 2012, expediente 19920, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Ver en el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de febrero del 2012, expediente 22244, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

(4) “El artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, quedará así:

“ART. 149.—Representación de las personas de derecho público. Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas podrán obrar como demandantes, demandadas o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados. Ellas podrán incoar todas las acciones previstas en este código si las circunstancias lo ameritan.

En los procesos contencioso administrativos la Nación estará representada por el ministro, director de departamento administrativo, superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General, procurador o contralor o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho (...)”.

(5) [2] La Ley Estatutaria de la Administración de Justicia entró a regir el 15 de marzo de 1996.

(6) [3] Otras decisiones en el mismo sentido, por ejemplo, sentencia de 23 de abril de 2008, exp. 16.271.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 11 de mayo de 2011, expediente 20052, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(8) [2] Corte Constitucional, Sentencia C-532 del 10 de junio del 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de septiembre de 2012, exp. 41001-23-31-000-1998-0369-01 (22253), actor: Óscar Agudelo Castellanos, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(d10) La Corte Constitucional en Sentencia C-333 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero consideró:

“El perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo. La Corte considera que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación del Estado armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado social de derecho, pues al propio Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los particulares frente a la actividad de la administración. Así, la responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del Estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización. Igualmente no basta que el daño sea antijurídico sino que éste debe ser además imputable al Estado, es decir, debe existir un título que permita su atribución a una actuación u omisión de una autoridad pública”.

En este sentido, Adriano De Cupis indica:

“La consideración de la antijuricidad (oposición al derecho) presupone un exacto conocimiento del concepto de derecho. La expresión “derecho” tiene diferentes significados, indicando tanto un conjunto de normas o reglas jurídicas (derecho objetivo), como una facultad de querer conformarla al derecho objetivo (derecho subjetivo) o, finalmente, como objeto del derecho correspondiente a un sujeto, dando de lado a los significados secundarios de ciencia o arte del derecho. Cuando se habla de antijuricidad, con ello se pretende referir al derecho entendido en los dos primeros significados, o sea, al derecho objetivo y al derecho subjetivo”. (El Daño, Ed. Bosch, Barcelona, 1975, pág. 84)

(11) En este sentido indicó esta Sección en sentencia del 3 de febrero de 2000, Ref.: 11457, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(12) Sobre la necesidad de que el daño alegado sea cierto y no eventual, hipotético o posible, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 19 de octubre de 2005, expediente 11988, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(13) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de mayo del 2012, expediente 22366, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, exp. 16594, C.P. Mauricio Fajardo. En el mismo sentido, véase sentencia de 22 de noviembre de 2001, exp. 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(15) Ibíd.

(16) No obstante, es posible que la decisión de la cual se predica el error constituya una vía de hecho en los términos en que ha sido definida por la Corte Constitucional, pero ello no siempre ocurre. En este sentido pueden consultarse los siguientes pronunciamientos de la Sala: sentencia del 28 de enero de 1999, exp. 14399, C.P. Daniel Suárez Hernández; sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 15576, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 5 de diciembre de 2007, exp. 15128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(17) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de enero de 1999, exp. 14399, C.P. Daniel Suárez Hernández. En el mismo sentido, véase la sentencia de 5 de diciembre de 2007, exp. 15128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(18) De cualquier forma será forzoso analizar con cuidado los argumentos esgrimidos por la parte actora, con el fin de detectar si lo que se cuestiona es, realmente, una actuación contraria a la ley o carente de justificación, o si el propósito del demandante es que se revise la decisión, como si el proceso en sede contencioso administrativa pudiera constituirse en una nueva instancia, desconociendo que “el juicio al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a las providencias judiciales a las cuales se endilga la causación de un daño antijurídico (...)”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, exp. 16.594, C.P. Mauricio Fajardo.

(19) En “Los casos difíciles”, Ronald Dworkin defendió la tesis de la única respuesta correcta, para lo cual creó al juez Hércules capaz de hallarla (en Los derechos en serio, págs. 147 a 208, trad. del inglés de Marta Gustavino, Barcelona, Ariel, 1984).

(20) En “validez del derecho”, una vez justificada la relación derecho y moral, Robert Alexy concluye afirmando la moral correcta como una idea regulativa (ver Concepto y validez del derecho, Barcelona, Ariel, 1994).

(21) Robert Alexy, Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica, traducción de Manuel Atienza, y Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 5, Alicante, 1988, cit., pág. 151 y ss.

(22) Robert Alexy, Teoría de la argumentación jurídica. La teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica, traducción de M. Atienza e I. Espejo, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989, págs. 302-303. Sobre el aporte de la teoría jurídica a la reflexión sobre el error judicial, la Sala ha dicho: “(...) el denominado “principio de unidad de respuesta correcta o de unidad de solución justa” de los enunciados jurídicos es, apenas, una aspiración de los mismos, la cual podrá, en veces, ser alcanzada, mientras que, en otras ocasiones, no acontecerá así. De ello se desprende que, ante un mismo caso, es jurídicamente posible la existencia de varias soluciones razonables —en cuanto correctamente justificadas- pero diferentes, incluso excluyentes o contradictorias. Tal consideración limita el ámbito dentro del cual puede estimarse que la decisión de un juez incurre en el multicitado error jurisdiccional, toda vez que la configuración de éste ha de tener en cuenta que en relación con un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de Derecho, todas jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces, sólo las decisiones carentes de este último elemento —una justificación o argumentación jurídicamente atendible— pueden considerarse incursas en error judicial (...). Por tanto, sólo las decisiones judiciales que —sin necesidad de que constituyan una vía de hecho, que determinaría la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales— resulten contrarias a Derecho por carecer de una justificación coherente, razonable, jurídicamente atendible, que las provea de aceptabilidad, pueden ser válidamente catalogadas como incursas en error jurisdiccional (...)”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 15576. En el mismo sentido véanse las sentencias de noviembre 30 de 2006, exp. 18059, C.P. Alier Eduardo Hernández; 11 de mayo de 2011, exp. 22322, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y 14 de agosto de 2008, exp. 16594, C.P. Mauricio Fajardo.

(23) Se concluye que la decisión por la que se resolvió el recurso de reposición contra resolución en la que se impuso medida de aseguramiento se encontraba en firme para el momento de la preclusión de la investigación, dada la inimpugnabilidad de las providencias que resuelven recursos de reposición, previsto en los artículos 199 a 201 del Decreto 2700 de 1991, Código de Procedimiento Penal vigente para el momento de la ocurrencia de los hechos.

(24) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de febrero de 2012, expediente 21521, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y sentencia del 29 de marzo de 2012, expediente 21380, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Ver en este mismo sentido sentencia del 12 de octubre de 2011, expediente 22158 y del 2 de mayo de 2007, expediente 15700, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(25) Ver en este sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de 13 de septiembre de 2001, expediente 13392, C.P. Ricardo Hoyos Duque; 14 de febrero de 2002, expediente 13622, C.P. María Elena Giraldo Gómez; 23 de junio de 2010, expediente 17493, C.P. (E) Mauricio Fajardo Gómez; 27 de enero de 2012, expediente 22205, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; 15 de noviembre de 2011, expediente 21410. C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.