Sentencia 2001-00891 de diciembre 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA–SUBSECCIÓN B

Rad.: 19001-23-31-000-2001-00891-01 (34443)

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actor: Manuel Ignacio González y otros

Demandados: Nación-Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional

Asunto: Acción de reparación directa (apelación)

Bogotá, D.C., doce de diciembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones.

A. Presupuestos procesales de la acción

7. Previo a analizar el fondo del presente asunto, resulta pertinente pronunciarse sobre la jurisdicción y competencia de esta corporación, la procedencia y caducidad de la acción, y la legitimación en la causa.

7.1. Por ser la demandada una entidad estatal, el asunto es de conocimiento de esta jurisdicción (CCA., art. 82). Además, el Consejo de Estado es competente para conocer del presente caso, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante(1) contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, el día 22 de mayo del 2007 en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos de la Ley 954 del 2005, teniendo en consideración, que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, supera el monto de los 500 SMLMV para la época de la presentación de la demanda(2).

7.2. Considera la Sala que la acción de reparación directa instaurada (CCA., art. 86,) es la procedente, toda vez que, por esta vía se pretende el resarcimiento patrimonial del daño inferido a la parte actora, consistente en las lesiones padecidas por el señor John Jairo González Mina, ocurridas el día 27 de julio del 2000, en el municipio de Puerto Tejada, Cauca, y que, en principio, se le imputa a la entidad demandada.

7.3 La legitimación en la causa aparece demostrada en el plenario, por una parte, porque la parte actora es la directamente afectada con las lesiones del señor John Jairo González Mina y, por la otra, porque es la Nación-Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, la entidad a la que, en principio(3), se le imputa el daño sufrido por el lesionado y sus familiares.

7.4. El ordenamiento jurídico consagra la figura de la caducidad como una sanción por el no ejercicio oportuno de las acciones judiciales, para lo cual, la ley establece taxativamente unos términos dentro de los cuales el interesado tendrá la carga de promover el litigio a través de demanda. Si el recurso judicial se ejerce por fuera de este lapso temporal, aquel perderá la posibilidad de hacer efectivo el derecho sustancial que intenta deprecar ante la administración de justicia.

7.5. En ese orden de ideas, el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, en lo relativo a la acción de reparación directa, instituye un término de dos años para que sea impetrada, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia del daño (hecho, omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente), vencido el cual ya no será posible solicitar que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado.

7.6. Así pues, en el presente caso, la demanda fue presentada el 7 de junio del 2001 (fl. 25, c.1) y los hechos datan del día 27 de julio del 2000, por ende, se concluye que no operó el fenómeno de la caducidad, ya que el demandante pudo haberlo hecho hasta el 28 de julio del 2002.

B. Hechos probados:

8. Con base en las pruebas recaudadas en el presente proceso y una vez valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

8.1. El señor John Jairo González Mina (lesionado) nació el 4 de febrero de 1980 en Puerto Tejada, Cauca; es hijo de los señores Manuel Ignacio González y Tulia Mina(4); y, hermano de los señores Ignacio, María Justina, Virginia, Fabio, Martha Cecilia, Tulio Enrique González Mina y María Enit Mina(5).

8.2. El señor John Jairo González Mina trabajaba con sus padres en actividades de venta de hortalizas y frutas en la plaza de mercado del municipio de Puerto Tejada. Esto se desprende de las declaraciones rendidas y vertidas en el curso de este proceso por los testigos, Julio Marcial Ordóñez(6), Luz Melba Jiménez Valencia(7), Samaris Mina Carbonero(8), Alba Marina Ceballos(9), José Manuel Aguirre(10), Marleny Lerma(11) y Edraisi Medina Micolta(12). Al respecto, este último testigo señaló:

John Jairo antes de la lesión estudiaba y laboraba en un puesto que tiene la mamá en la galería, donde venden legumbres, papa y otras cosas, no sé cuánto devengaba mensualmente, pero con lo que se ganaba le colaboraba para la enfermedad de su padre.

8.3. El 27 de julio del año 2000, la columna móvil "Jacobo Arenas" del grupo armado organizado al margen de la ley – FARC, incursionó en la población de Puerto Tejada - Cauca, atacaron la estación de policía, destruyeron la cárcel municipal y asaltaron el municipio (Oficio 130 A BR3-BIPIC-S3-375 del 4 de junio del 2002, allegado al plenario por el Teniente Coronel Tonny Alberto Vargas Petecua –fl. 18, cdno. 2). Esta novedad fue relatada por el Comandante de la Unidad Militar Batallón de Infantería Nº 8 “Batallón de Pichincha", en los siguientes términos:

Revisados los archivos de esta unidad, mencionados hechos ocurrieron el día 27 de julio del año 2000 en Puerto Tejada Cauca, cuando bandoleros integrantes de la Columna Móvil Jacobo Arenas de las FARC, asaltaron el municipio en mención, saqueándolo, destruyendo la cárcel municipal y atacando el puesto de policía, dejando como resultado tres personas heridas y un agente de policía. // Así mismo para la época en mención Tropas de esta Unidad no se encontraban cerca al lugar, por tal motivo pedimos dirigirse a la Estación de Policía de Puerto Tejada o Policía Cauca.

8.4. El joven John Jairo González Mina, para el momento del enfrentamiento armado entre integrantes de la fuerza pública y subversivos, se encontraba transitando cerca de la zona de combate, por lo que recibió un impacto de proyectil de arma de fuego en la región lumbar. Este hecho se confirma con las declaraciones vertidas al plenario y la historia clínica del Hospital de Puerto Tejada - Cauca, y del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”, instituciones a las que fue llevado el lesionado.

8.4.1. Carlos Alberto González Marulanda, testigo directo del desenlace fáctico, relató lo siguiente (declaración rendida el 19 de julio del 2002 –fl. 71, cdno. 2):

Yo venía del Barrio el Triunfo de esta localidad, cuando me encontré con mi primo Edwin Fernando, bajando el puente metálico, allí nos pusimos a conversar y al ratico nos encontramos al herido John Jairo y él nos dijo que qué pasaba y nosotros le dijimos que se había entrado la guerrilla, hago la claridad que en ese momento John Jairo no estaba herido, y le dijimos que nos fuéramos para la casa, nosotros salimos por la orilla del rio bajando por los bomberos y cruzamos por la calle 18, cuando en eso escuchamos unos tiros y el otro muchacho John se extendió corrijo se escondió, nosotros seguimos con mi primo, cuando en eso Edwin le dice “John salí”, él salió y todos corrimos, dimos la vuelta por la pizzería y cruzamos por la droguería que hay sobre la carrera 20, John venía detrás de nosotros más o menos a media cuadra y llegamos después a la casa, preocupados por John que se había quedado atrás, nos preguntaron en la casa de John que él donde estaba y le contamos que ya venía, al rato arrimó una muchacha y nos contó que John estaba herido, nosotros pegamos hacia el hospital y nos dijeron que estaba herido con un disparo en la espalda, y de ahí lo remitieron a Cali.

8.4.2. Julio Marcial Ordóñez, vecino de los familiares del lesionado relató (declaración recibida el 25 de junio del 2002 – fl. 48 a 49, cdno. 2):

[E]se día este muchacho John Jairo se presentó al cuartel, por la tarde que salió del cuartel lo mandaron para su casa, él se dio cuenta que en el parque había un robo de las prenderías por cuestión de la guerrilla y el por cuestión de la novelería se pasó por allá y el impacto de la bala le pegó a él (…).

8.4.3. El 27 de julio del 2000, el doctor Víctor Villamil, médico del Hospital de Puerto Tejada -Cauca, remitió al joven John Jairo González Mina al Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”, con la siguiente información reportada en la historia clínica: “paciente con herida por proyectil de arma de fuego en región lumbar izquierda (…), dorso herida, perforación en región lumbar izquierdo (...) se remite a Cali” (historia clínica – remisión de paciente - fl. 19 a 23, c.2).

8.4.4. John Jairo González Mina fue recluido en el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” el 27 de julio del 2000 a las 11:40 p.m. donde se le prestó la asistencia médica y se le practicaron varias cirugías, hasta el día 6 de septiembre del 2000, fecha en la que fue dado de alta, con la siguiente consigna: “hay revista con dr. Fernando, se considera que por permanecer asintomático últimos 12 días (no ha sangrado) y encontrarse clínicamente bien se decide dar salida sin más estudios, con estrictas recomendaciones y vigilancia, reposo; se cita a consulta externa” (historia clínica –fl. 76 a 94, cdno. 2).

8.5. La Junta de Calificación de Invalidez Regional Cauca, estableció el porcentaje de disminución de la capacidad laboral de John Jairo González Mina, en cero (0%). En el Dictamen Médico Laboral se consignó la siguiente información (oficio JCI-540 del 15 de julio del 2003 – fl. 102 a 103, cdno. 2):

En relación con el caso médico laboral referido, comunico a Usted el dictamen Nº 115-2003 emitido en Audiencia Privada de la Junta de fecha 11 de julio del 2003, respecto a la disminución de la capacidad laboral, el cual obtuvo un porcentaje correspondiente a Cero (0). // Al respecto, el Manual Único de Calificación de Invalidez (Decreto 917 de mayo 28 de 1999) manifiesta en el parágrafo 1º del artículo 8 respecto a “Distribución porcentual de los criterios para la Calificación total de invalidez” lo siguiente: “Cuando no exista Deficiencia o su valor sea Cero (0) no podrá calificarse la Discapacidad ni la Minusvalía. Por tanto, la pérdida de la capacidad laboral resultante se reportara con un valor de Cero (0).

8.6. De conformidad con los testimonios practicados dentro del proceso, la lesión de la víctima implicó para sus familiares una situación de gran tristeza y dolor. Al respecto, en la declaración juramentada del testigo Alba Marina Ceballos se demuestra la cercana relación de afecto que existía entre John Jairo González Mina y sus familiares (padres y hermanos). En esa ocasión se dijo lo siguiente (declaración rendida el 26 de junio del 2002 –fl. 55 a 56, cdno. 2.):

Ellos estuvieron muy deprimidos, porque ellos no concebían que le hubiera pasado eso a su hijo, porque su hijo no salía de la casa, solo hasta su estudio y de allí a ayudarles a la galería a ellos, ellos son muy unidos y religiosos, él vive allí mismo en la casa, el permanece con sus padres y hermanos, ellos viven ahí juntos

8.6.1. Igualmente, de acuerdo con el testimonio entregado por la señora Samaris Mina Carbonero, se pudo confirmar que la lesión del señor John Jairo González Mina causó congoja y aflicción en los familiares. Del testimonio juramentado se tiene lo siguiente (declaración recibida el 25 de junio del 2002 –fl. 53 y 54, c.2):

Hubo mucha consternación en la familia y vecinos, porque ellos son muy unidos; las relaciones son de afecto y son muy cordiales entre ellos, el papá se encontraba muy delicado de salud y a raíz de eso tuvo una recaída; el comportamiento fue de ayudar tratar de llevarlo al médico y buscar los medios para salvarle la vida a él, fue muy impactante ese momento.

C. Problema Jurídico

9. Previa acreditación de la existencia del daño que alegan los demandantes, es indispensable establecer, si existió o no, una acción u omisión imputable fáctica y jurídicamente a la entidad demandada, que pueda tenerse como base constitutiva del juicio de responsabilidad por los daños ocasionados a los demandantes derivados de las lesiones producidas al señor John Jairo González Mina, durante el enfrentamiento entre la fuerza pública y grupos armados al margen de la ley en el municipio de Puerto Tejada, Cauca, el 27 de julio del 2000; o si, por el contrario, se presenta en este caso una causal de exoneración de responsabilidad, consistente en el hecho exclusivo de un tercero.

10. A propósito del caso sub examine, el daño padecido por los demandantes se encuentra acreditado así:

10.1. El día 27 de julio del 2000 se presentó una incursión guerrillera en el municipio de Puerto Tejada - Cauca, que produjo un enfrentamiento armado entre los subversivos y uniformados de la fuerza pública; como consecuencia del cruce de fuego, resultó lesionado el joven John Jairo González Mina habitante de dicho municipio, quien transitaba en ese momento por el lugar de la reyerta militar, situación que obligó a sus familiares a conducirlo al Hospital de Puerto Tejada y luego, al Hospital Universitario del Valle, en Cali. Este daño tiene el carácter de antijurídico pues es evidente que el referido joven González Mina no tenía la obligación de soportar las consecuencias desatadas por la toma guerrillera del municipio.

D. Análisis de la Sala

11. Una vez acreditado el daño antijurídico, la Sala entrará a analizar: en primer lugar, los aspectos relativos a la declaración oficiosa de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, señalados por el a-quo en la sentencia de primer grado; en segundo lugar, el régimen de responsabilidad estatal por los daños causados por actos violentos de terceros; y, en tercer lugar, la adecuación de estos presupuestos al caso concreto y la procedencia de la reparación de los perjuicios que se le endilgan a la entidad demandada.

12. Aspectos concernientes a la declaración oficiosa de falta de legitimación en la causa por pasiva

12.1. Previo a decidir el fondo del asunto debe resolverse lo relativo a la declaración oficiosa de falta de legitimación en la causa por pasiva por parte del Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca en la sentencia del 22 de mayo del 2007 (fl. 88, cdno. ppal.).

12.2. Al respecto, la referida sentencia de primer grado tuvo en cuenta las siguientes consideraciones:

12.2.1. Que según oficio distinguido con el Nº 1388 BR-BILOP-S3-375 recibido en la corporación el 4 de junio del 2002, el señor Comandante del Batallón José Hilario López de la ciudad de Popayán, informó que esa unidad táctica no pertenecía a su jurisdicción y que su radio de acción correspondía al Batallón de Infantería Nº 8 “Batallón de Pichincha” de la ciudad de Cali.

12.2.2. Que el Batallón de infantería Nº 8 “Batallón de Pichincha”, mediante Oficio 1304 del 19 de junio del 2002 informó que para la época de los hechos, tropas de esa unidad no se encontraban cerca al lugar, por lo que solicitó que la información requerida por el operador judicial se dirigiera a la Estación de Policía de Puerto Tejada o Policía de Cauca.

12.2.3 Que el subdirector de personal del Ejército Nacional ratificó este hecho mediante oficio visible a folio 73 del cuaderno de pruebas. Al respecto se indica: “según información suministrada por el Comando de la Tercera Brigada, para el día 27 de julio del 2000 en la población de Puerto Tejada-Cauca no había tropa en ese sector”.

12.2.4. Que de acuerdo a los documentos anteriormente relacionados, se desprende que para la época en que resultó herido el señor John Jairo González Mina, el Ejército Nacional no se encontraba en la localidad de Puerto Tejada.

12.2.5. Que en conclusión la demanda debió dirigirse en contra de la Nación-Ministerio de Defensa – Policía Nacional y no contra el Ejército Nacional, pues, según se demostró, dicha entidad no se encontraba en esa zona para el momento del ataque guerrillero a la estación de policía de Puerto Tejada -Cauca.

12.3. Ahora bien, la Sala considera que la legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal esencial para un pronunciamiento de fondo, en la medida en que, si no se establece claramente su configuración imposibilitaría al juez de la reparación para que pueda estudiar de fondo las súplicas del libelo petitorio. Al respecto, la Sala ha precisado lo siguiente:

La legitimación en la causa —legitimatio ad causam— se refiere a la posición sustancial que tiene uno de los sujetos en la situación fáctica o relación jurídica de la que surge la controversia o litigio que se plantea en el proceso y de la cual según la ley se desprenden o no derechos u obligaciones o se les desconocen los primeros o se les exonera de las segundas. Es decir, tener legitimación en la causa consiste en ser la persona que, de conformidad con la ley sustancial, se encuentra autorizada para intervenir en el proceso y formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda por ser sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial debatida objeto de la decisión del juez, en el supuesto de que aquélla exista. Es un elemento de mérito de la litis y no un presupuesto procesal(13).

12.4. De conformidad con lo anterior, la legitimación en la causa, según lo sostenido por la Sección Tercera(14), es un presupuesto procesal para obtener sentencia de mérito favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo tanto, desde el extremo activo significa ser la persona titular del derecho o interés legítimo que se debate en el proceso, mientras que, desde la perspectiva pasiva de la relación jurídico – procesal, supone ser el sujeto llamado a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés que es objeto de queja(15).

12.5. En ese orden de ideas, la legitimación en la causa por activa supone la verificación de que quien demanda tenga la aptitud para reclamar el derecho o interés legítimo objeto de la controversia judicial constitutivo de daño, al margen de si son o no procedentes las pretensiones elevadas en el libelo de la demanda y por pasiva, de que a quien se le endilguen los daños, tenga la aptitud (capacidad, idoneidad y competencia) de asumirlos y repararlos. En consecuencia, si bien es cierto que la legitimación en la causa se identifica con la titularidad del derecho sustancial o interés legítimo, también lo es que debe ser la persona que por activa o por pasiva tiene la vocación para discutir y participar en las instancias procesales pertinentes(16).

12.6. El artículo 49 de la ley 446 de 1998, modificatorio del artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, es la norma que regula el tema de la representación judicial de la Nación. El precepto establece lo siguiente:

Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas podrán obrar como demandantes, demandadas o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados. Ellas podrán incoar todas las acciones previstas en este código si las circunstancias lo ameritan.

En los procesos contencioso administrativos la Nación estará representada por el Ministro, Director General de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General, Procurador o Contralor o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho.

El presidente del Senado representa a la Nación en cuanto se relacione con el Congreso. La Nación - Rama Judicial estará representada por el Director Ejecutivo de Administración Judicial. En los procesos sobre impuestos, tasas o contribuciones, la representación de las entidades públicas la tendrán el Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales en lo de su competencia, o el funcionario que expidió el acto.

PAR. 1º—En materia contractual, intervendrá en representación de las dependencias a que se refiere el artículo 2º, numeral 1º, literal b) de la Ley 80 de 1993, el servidor público de mayor jerarquía en éstas.

PAR. 2º—Cuando el contrato haya sido suscrito directamente por el Presidente de la República en nombre de la Nación, la representación de esta se ejerce por él o por su delegado. (Destaca la Sala.)

12.7. De esta disposición normativa es posible advertir, según lo sostenido por esta Corporación, que la Nación, como persona jurídica, tiene diferentes representantes judiciales, en función de las diferentes situaciones fácticas que se presenten en los debates judiciales. En este sentido, por regla general, la representación judicial de la Nación la tiene la autoridad pública de mayor jerarquía de la entidad que se demandada, de tal forma que, puede ser un Ministro de despacho, un Director General de Departamento Administrativo, un Superintendente en el caso de las superintendencias que carezcan de personería jurídica, el Registrador Nacional del Estado Civil, el Fiscal General, el Procurador o el Contralor. De igual manera, el Presidente del Senado es el representante de la Nación, cuando se trate de hechos que se le imputan al Congreso de la República.

12.8. Las autoridades públicas mencionadas por la norma, participan en los procesos contenciosos en calidad de representantes de las entidades que presiden, sin embargo, la Nación, que es quien tiene la capacidad para ser parte y comparecer al proceso, lo hace a través de sus representantes, que como queda expuesto, varían según el órgano causante del daño. Al respecto, la posición reiterada por la jurisprudencia del Consejo de Estado, señaló:

De acuerdo con ello, resulta ilustrativo referir lo afirmado por la Sala en sentencia proferida el 30 de octubre de 1997, en la que precisó que el centro genérico de imputación —Nación— era una persona jurídica unitaria y como tal, para efectos procesales, era considerada como parte, sólo que en cuanto a su representación esa imputación se particularizaba teniendo en cuenta la rama, dependencia u órgano al que, específicamente para los efectos de la responsabilidad extracontractual del Estado, se le atribuyera el hecho, la omisión, la operación administrativa o la ocupación causante del daño indemnizable (CCA., art. 86).

Se precisó también en esa sentencia que en el evento de proferirse una condena, ésta debía ser impuesta a la dependencia de la Nación que le fuera imputable el hecho u omisión que produjo el daño antijurídico, quien legalmente debía asumir el pago de la condena.

Sobre el particular, la Corporación mediante providencia de 13 de diciembre de 2001 señaló que, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 446 de 1998, que modificó el 149 del Código Contencioso Administrativo, establece que “en los procesos contencioso administrativos la Nación estará representada por el Ministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General, Procurador o Contralor o la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho”. Esa disposición no contraviene lo prescrito en el artículo 99 de la Ley 270 de 1996 y ni siquiera puede considerarse una reforma a la misma.

Debe darse a estas disposiciones una interpretación integral para entender que tanto el Director Ejecutivo de Administración Judicial como el Fiscal General de la Nación pueden representar judicialmente a la Nación(Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 13 de diciembre de 2001, M.P. dr. Ricardo Hoyos Duque, Exp. 12787, Actor: Elvira Ortega de Salcedo y otros).

En oportunidades anteriores, la Sala ha considerado que no se configura ninguna causal de nulidad cuando la Nación, que es el centro de imputación procesal demandado, ha estado representada por autoridad diferente al funcionario de mayor jerarquía dentro de la entidad que causó el hecho dañoso, pues en todo caso sería aquélla la llamada a asumir la condena que pudiera proferirse en su contra, es decir, que en esos eventos, no había falta de legitimación en la causa ni indebida representación, pues de conformidad con lo establecido en el numeral 7 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, esta causal de nulidad solo se configura por carencia total de poder para el respectivo proceso(17).

12.9. Hasta este momento, la jurisprudencia ha abordado un problema similar en torno a la representación de la Nación-Rama Judicial, sin embargo, las consideraciones hechas en relación a este problema jurídico son extensivas al asunto planteado, comoquiera que la persona jurídica demandada es la Nación; no obstante, la Sección Segunda de esta Corporación, en análisis de la representación judicial de la Nación —Ministerio de Defensa—, en asunto similar al del sub judice, expresó lo siguiente:

Ahora, en cuanto a la primera inquietud planteada que más bien se concreta en la falta de legitimación en la causa del Ministerio de Defensa Nacional en el sub examine, observa la Sala que contrario a lo expresado dentro del recurso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 4222 del 23 de noviembre de 2006, el Gobierno Nacional determinó que la representación judicial y administrativa de la Policía Nacional quedaría a cargo del Secretario General de dicha Institución previa delegación del Ministro de Defensa Nacional, de donde resulta que la representación judicial en principio se encuentra radicada en cabeza del Ministro, y que por delegación, de conformidad con lo previsto en la Ley 489 de 1998 y en el Decreto señalado, la ejerce el Secretario General de la Policía Nacional, razón por la que resultaba acertada la delimitación de la parte demandada en la forma como fue propuesta por la demandante, tornándose inanes las alegaciones expuestas por la recurrente en tal sentido(18).

12.10. En el caso sub judice, la sentencia de primer grado sostuvo que la demanda debió dirigirse en contra de la Nación –Ministerio de Defensa– Policía Nacional y no contra el Ejército Nacional, pues dicha entidad no se encontraba en el lugar de los hechos para el momento de la reyerta militar, sin embargo, la Sala no comparte su argumento, por cuanto en la demanda se señala por pasiva a la Nación, centro unitario de imputación de responsabilidad, quien acude al proceso, en este caso, a través del Ministerio de Defensa, que la representa judicialmente en los términos del artículo 149 del Código Contencioso Administrativo. Así pues, desde el punto de vista de la estructura orgánica de la administración, la Policía Nacional y el Ejército Nacional hacen parte de la misma cartera de defensa, en virtud del artículo 1º del Decreto 049 de 2003, que dispone:

ART. 1º—La estructura del Ministerio de Defensa Nacional será la siguiente:

6. Fuerzas Militares 

6.1.Comando General

6.1.1. Dirección General de Sanidad Militar

6.1.2. Federación Colombiana Deportiva Militar

6.2.Ejército

6.3.Armada Nacional

6.4.Fuerza Aérea

7. Dirección General de la Policía Nacional de Colombia.

12.11. De otra parte, el Decreto 4222 de 2006, mediante el cual se modificó la estructura del Ministerio de Defensa, en su artículo 20, establece que una de las funciones de la Secretaría General de la Policía Nacional es la de representar judicialmente a la institución, pero, con la delegación previa del Ministro. Veamos:

ART. 20.—Funciones de la Secretaría General. La Secretaria General tendrá las siguientes funciones: (…)2. Representar judicial y administrativamente a la Policía Nacional previa delegación del Ministro de Defensa Nacional de conformidad con las normas vigentes.

12.12. De la normativa transcrita se concluye que la titularidad de la función de representar judicialmente a la Nación en temas de defensa reposa exclusivamente en cabeza del Ministro de esa cartera, independientemente si este decide investir de competencia, a través de la delegación, al funcionario de la oficina de asuntos legales del Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea o la Armada Nacional, ya que todos hacen parte de su estructura orgánica y la eventual condena se imputa a un solo presupuesto, esto es, el de la Nación.

12.13. Así las cosas, para la Sala no se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la Nación estuvo debidamente representada por el Ministerio de Defensa, función que se ejerció a través de varios apoderados que se constituyeron en el presente proceso, a saber: el Comandante del Batallón José Hilario López, de conformidad con la Resolución 0522 del 29 de junio del 2001 y la Resolución 1927 del 12 diciembre del 2000, para la contestación de la demanda y alegatos de conclusión en primera instancia; y el Director de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa, en esta instancia, según Resolución 3630 del 2007.

12.14. En ese sentido, se itera, que la Nación, como persona jurídica demandada, ejerció su derecho de defensa y contradicción, por lo que no es posible afirmar que se le vulneró el debido proceso, ya que durante el trámite del mismo su apoderado judicial hizo uso de los distintos mecanismos procesales con miras a ejercer debidamente su defensa técnica, en las oportunidades legales establecidas.

12.15. Por lo anterior, la excepción de falta de legitimación en la causa declarada oficiosamente por el a quo no se configuró y se acogen los argumentos del recurrente cuando en el recurso de apelación manifestó que “al quedar establecido que John Jairo González Mina fue lesionado cuando transitaba normalmente por una calle de Puerto Tejada, y que dicha lesión se suscitó como producto del enfrentamiento armado entre miembros de la fuerza pública y antisociales, independientemente de que (o) quien resulte involucrado sea el Ejército Nacional o la Policía Nacional, se entiende que al tenerse como demandada principal y agente vinculante a la Nación-Ministerio de Defensa, entidades estas dentro de las cuales se contabiliza tanto la Policía como el Ejército” (fl. 98, cdno. 2).

12.16. En conclusión, los hechos que se debaten en este proceso y que ocurrieron el 27 de julio del 2000 en el municipio de Puerto Tejada-Cauca, se le imputaran por pasiva a la Nación —Ministerio de Defensa— Policía Nacional.

13. El régimen de responsabilidad estatal por daños ocasionados por actos violentos de terceros

13.1. Los daños ocasionados por actos violentos de terceros no alcanzan, en principio, a comprometer desde un punto de vista ontológico la responsabilidad del Estado, por cuanto no existe por parte de este ninguna participación fáctica en el desarrollo causal; así pues, es indispensable interrogarse por qué razón debe responder el Estado por los actos violentos de un tercero en el contexto de un conflicto armado.

13.2. En reciente pronunciamiento de unificación, la Sección Tercera del Consejo de Estado, estudió la responsabilidad estatal por actos violentos de terceros y señaló, que así como la Constitución de 1991 no privilegió ningún título de imputación, el juez contencioso administrativo tampoco puede escoger un único régimen de imputación por los daños ocasionados por actos violentos de terceros, tales como, los producidos en ataques de grupos armados organizados al margen de la ley contra personas, bienes o instalaciones del Estado, toda vez que, en función de la situación fáctica probada dentro del proceso, los escenarios pueden variar:

En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar.

Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia(19).

13.3. En aras de respetar el precedente de unificación en esta materia, se debe aclarar que, si bien, esta decisión enmarca el desarrollo de la situación fáctica en el título jurídico de imputación por daño especial, no por ello todos los casos de responsabilidad del Estado por hechos violentos de terceros, en el contexto del conflicto armado interno, se deben encauzar bajo el mismo título de imputación, máxime cuando la sentencia dejó en la órbita de la autonomía del juez su configuración, de acuerdo a las diferentes variables fácticas y jurídicas que pueden presentarse en cada caso.

13.4. La Corporación ha considerado que el fundamento para declarar la responsabilidad del Estado por actos violentos de terceros radica en i) la falla del servicio (defecto de negligencia o defecto de cuidado(20); defecto de retardo, omisión o prestación defectuosa(21); defecto de previsión ante circunstancias inminentes o especiales(22); y defecto de atención del riesgo creado por el Estado(23)), ii) el riesgo excepcional(24) y iii) el daño especial(25), aplicados de manera convergente, excluyente o alternativa(26); sin embargo, teniendo en cuenta el contexto del conflicto armado interno y las obligaciones internacionales que se desprenden del Ius ad Bellum, es menester en el régimen de responsabilidad del Estado por actos violentos de terceros analizar, en primer término, la existencia de una falla del servicio anclada al régimen subjetivo de responsabilidad donde se determine si en la producción del daño intervino un comportamiento reprochable o ilícito de la administración, contrario a los estándares funcionales de orden convencional, constitucional o legal, esto es, una clásica falla en el servicio, base constitutiva por antonomasia del deber de reparación integral.

13.5. De lo anterior, podría afirmarse, que si existe una falla en el servicio, los títulos de imputación enmarcados dentro del régimen de responsabilidad objetiva se hacen inoperantes y no pueden, en principio, llegar a constituir el fundamento de la responsabilidad, por cuanto estos últimos se edifican sobre conductas de origen lícito y legítimo.

13.6. En tal virtud, el régimen subjetivo de responsabilidad no puede cohabitar conceptualmente con los regímenes objetivos de responsabilidad del Estado cuando se revela del plenario la existencia de una falla ostensible y clara a cargo de la entidad demandada; por lo tanto, la aplicación de estos regímenes siempre será subsidiaria respecto del régimen de responsabilidad subjetiva. Lo anterior no significa que si no se demuestra una falla del servicio, necesariamente debe negarse la responsabilidad del Estado; por el contrario, a partir de este presupuesto, habría que analizar el caso concreto a la luz de la responsabilidad objetiva, en orden a garantizar el derecho fundamental a la reparación integral(27).

13.7. A este tenor, siguiendo el precedente de unificación sentado en la materia(28), según el cual se deja en libertad al juez contencioso administrativo de configurar libremente el régimen de imputación de responsabilidad, y de acuerdo con algunas consideraciones de la doctrina nacional(29), podemos decir que, frente a los fundamentos que estructuran la responsabilidad del Estado por daños producidos por actos violentos de terceros, (i) si la acción u omisión del Estado es ilegítima y el daño ocasionado tiene vocación de ser atribuido a este, el fundamento de la imputación será la falla del servicio; (ii) si la actividad del Estado es, por el contrario, legítima y, además riesgosa, y el daño es producto de la concreción del riesgo excesivo que él consciente y objetivamente crea para el cumplimiento de ciertos deberes legales y constitucionales asignados, el fundamento de la imputación será a título de riesgo excepcional, teniendo en consideración algunas evoluciones jurisprudenciales(30); y (iii) si la acción del Estado es legítima y no es riesgosa y se ha desarrollado en cumplimiento de un encargo o mandato legal, en beneficio del interés general, pero con ella se ha producido un perjuicio concreto, grave y especial a un particular o a un grupo de particulares, imputable al Estado, el fundamento de la imputación será a título de daño especial, aunque desde un punto de vista teórico su configuración no es fácil y manifiesta serios obstáculos.

14. La imputación del caso concreto

14.1. En el caso de autos, la parte demandante alega que los daños causados son imputables al Estado a título de daño especial y falla del servicio: “tales hechos son constitutivos de falla evidente, presunta y probada en el servicio, o configuran un daño especial en razón de que el joven John Jairo González Mina fue sometido como ciudadano común y corriente, puesto que el ataque iba dirigido contra el Ejército Nacional, institución armada de la Nación, y dentro del mismo resultó lesionado un civil ajeno al conflicto, hechos que configuran la responsabilidad objetiva (…) sin importar si el disparo que ocasionó la lesión provino de un arma oficial o de un arma de los asaltantes” (fl. 18, cdno. 1).

14.2. Al respecto, la Sala observa que no existe prueba dentro del expediente que permita concluir que las lesiones del joven González Mina se hayan producido como consecuencia de una falla en el servicio; en este sentido, ni los testimonios recogidos, ni las pruebas documentales aportadas y practicadas, permiten sostener que los integrantes de la fuerza pública hayan incurrido en una omisión, insuficiencia o defecto del servicio, por no haber adoptado las medidas preventivas necesarias para contrarrestar esta toma guerrillera, así como tampoco, que hubiere sido informada previamente del ataque, ni existe prueba en el proceso que señale de alguna circunstancia tipificadora de un hecho notorio o previsible. Además, se tiene por acreditado que no hubo solicitud de medidas de protección por parte de las víctimas y que el hecho fue intempestivo, razón por la que resultaba imposible para la fuerza pública anticiparse a la incursión guerrillera, máxime cuando lo singular de las operaciones bélicas es su factor sorpresa por lo representativo de la ventaja militar.

14.3. Con base en las consideraciones precedentes, la Sala encuentra que no se configura una falla del servicio, toda vez que los integrantes de la fuerza pública cumplieron adecuadamente sus funciones constitucional y legalmente asignadas.

14.4. Ahora bien, dado que la parte actora también erige su demanda en la teoría del daño especial, es necesario analizar si hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado con fundamento en ese título de imputación; en ese sentido, teniendo en cuenta las particularidades del caso, la Sala, tampoco encuentra aplicable dicha teoría del daño especial, por cuanto no está probado que el daño fuera producido fáctica y jurídicamente por el actuar de los integrantes de la fuerza pública, el cual haya menoscabado el principio de igualdad de la víctima frente a las cargas públicas, es decir, que el daño no provino de una actividad legítima, lícita y no riesgosa desplegada por el Estado.

14.5. En este orden, debe ponerse de presente que el régimen de responsabilidad del Estado por actos violentos de terceros aplicable para el análisis del caso de autos es el de riesgo excepcional(31). Para ello, es indispensable explicar las razones por las cuales, aunque el daño fue producido por el cruce de balas en un enfrentamiento sostenido entre la fuerza pública e integrantes la guerrilla de las FARC, pertenecientes a la columna Jacobo Arenas, es imputable al Estado.

14.6. Justamente, el ataque violento intempestivo de la guerrilla de las FARC contra la estación de policía de Puerto Tejada-Cauca, produjo la reacción legítima de la fuerza pública de contrarrestar el hostigamiento, sin embargo, al hacer uso de las armas de fuego, la Policía creó conscientemente y ajustado a derecho, una situación de riesgo cierto para la población civil, el cual se concretó en la lesión ocasionada a John Jairo González Mina, demandante.

14.7. De lo dicho podría pensarse erróneamente que el Estado ha creado el riesgo del acto violento del tercero por el simple hecho de existir o por la simple presencia de la estación de policía en el municipio; sin embargo, esa no es la razón correcta, pues lo que conduce a imputarle al Estado la responsabilidad a título de riesgo excepcional por los daños ocasionados por ataques guerrilleros, es que el Estado crea de manera objetiva y cierta un riesgo para que un tercero lo cauce; en otras palabras, el Estado responde con fundamento en este régimen de responsabilidad, no por cualquier daño ocasionado por actos violentos de terceros en la medida que estaríamos en la órbita de una causal de exoneración de responsabilidad de causa extraña, sino de los daños concretados por un riesgo creado conscientemente por el mismo Estado en el contexto del conflicto armado.

14.8. Esta situación se configura cuando se produce un enfrentamiento entre la fuerza pública y grupos organizados armados al margen de la ley, que como consecuencia de la contención resultan afectados o vulnerados bienes o personas que no participan directa o indirectamente en las hostilidades. En efecto, si bien la fuerza pública actuó licita y legalmente cuando repelió el ataque de los actores violentos, suscitó una situación clara de riesgo para las personas y bienes que no tienen la condición de combatientes y no participan en la conducción de las hostilidades.

14.9. En el caso sub judice, el Estado creó, en el contexto del conflicto armado interno, un riesgo objetivamente cierto para las personas no participantes en las hostilidades, cuando en cumplimiento de un deber lícito y legal los integrantes de la fuerza pública intentaron contener y repeler bélicamente el ataque subversivo, y empleó para ello armas de fuego que constituyen, por su propia naturaleza, instrumentos de alcance peligroso, con lo cual era un claro objetivo militar. Por tanto, aunque el daño pudo haber sido causado fácticamente por un tercero, el Estado creó el riesgo que se concretó en el daño sobre el cual se fundan los perjuicios que se reclaman en el libelo de la demanda.

14.10. En suma, está probado que el Estado en cumplimiento de sus deberes inmanentes, esto es, operaciones orientadas a cumplir sus deberes constitucionales, creó legítimamente una situación de riesgo para los pobladores, al haber desplegado su fuerza, a fin de contener una agresión armada; sin embargo, lamentablemente, se concretó dicho riesgo en un daño antijurídico personal y cierto. La imputación surge entonces no por el simple hecho de un daño ocasionado por un tercero, sino por la creación del riesgo de naturaleza excepcional, que supone la puesta en peligro de los derechos de un particular, como consecuencia del desarrollo de una actividad lícita. No se trata entonces de una acción u omisión ilícita reprochable a la entidad demandada, sino de un daño antijurídico, que aunque pudo haber sido producto de un acto violento de un tercero, se concretó por la configuración de un riesgo excepcional creado objetivamente por esta.

14.11. Así las cosas, corresponde a la entidad demandada reparar los daños sufridos por el señor González Mina con ocasión de la toma guerrillera que tuvo lugar el 27 de julio del 2000 en el municipio de Puerto Tejada, Cauca.

14.12. Con base en las anteriores consideraciones, la Sala revocará la sentencia de primer grado y, en su lugar, declarará probada la responsabilidad de la Nación —Ministerio de Defensa – Policía Nacional por los daños causados al señor John Jairo González Mina, como consecuencia del ataque guerrillero registrado el 27 de julio del 2000 en el municipio de Puerto Tejada, Cauca.

15. Indemnización de perjuicios

15.1. Perjuicios morales

15.1.1. En el presente caso los demandantes solicitaron, por concepto de perjuicios morales, el equivalente en pesos a mil (1.000) gramos oro fino para cada uno de los demandantes por el trauma psíquico al que fueron sometidos. No obstante, frente a esta pretensión, precisa la Sala que la jurisprudencia de esta Sección abandonó el criterio de remisión al oro, de manera que en la actualidad las indemnizaciones se fijan en moneda legal colombiana y su quantum se determina por el juzgador, de acuerdo a cada caso.

15.1.2. Cabe precisar, antes de proceder a su tasación, que la sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 28 de agosto del 2014(32) fijó los criterios para el reconocimiento de perjuicios morales en caso de lesiones, y sostuvo respecto a la persona que sufre o padece directamente el daño que “deberá verificarse la gravedad o levedad de la lesión causada a la víctima directa, la que determinará el monto indemnizatorio en salarios mínimos”. Mientras que respecto de las personas que padecen o sufren los efectos del daño de manera indirecta se dijo lo siguiente:

Para las víctimas indirectas se asignará un porcentaje de acuerdo con el nivel de relación en que estas se hallen respecto del lesionado, conforme al cuadro. La gravedad o levedad de la lesión y los correspondientes niveles se determinarán y motivarán de conformidad con lo probado en el proceso.

Nivel Nº 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno- filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes). Tendrán derecho al reconocimiento de 100 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 80 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 60 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 40 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 20 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 10 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.

Nivel Nº 2. Donde se ubica la relación afectiva, propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos) obtendrán el 50% del valor adjudicado al lesionado o víctima directa, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se describe: tendrán derecho al reconocimiento de 50 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 40 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 30 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 20 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 10 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 5 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.

Nivel Nº 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. Adquirirán el 35% de lo correspondiente a la víctima, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se indica: tendrán derecho al reconocimiento de 35 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 28 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 21 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 14 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 7 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 3,5 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.

Nivel Nº 4. Aquí́ se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. Se reconocerá́ el 25% de la indemnización tasada para el lesionado, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se señala: tendrán derecho al reconocimiento de 25 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 20 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 15 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 10 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 5 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 2,5 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior a 1% e inferior al 10%.

Nivel Nº 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). Se concederá́ el 15% del valor adjudicado al lesionado, de acuerdo con el porcentaje de gravedad de la lesión, como se presenta: tendrán derecho al reconocimiento de 15 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 50%; a 12 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 40% e inferior al 50%; a 9 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 30% e inferior al 40%; a 6 SMLMV si la gravedad de la lesión es igual o superior al 20% e inferior al 30%; a 3 SMLMV cuando la gravedad de la lesión sea igual o superior al 10% e inferior al 20% y, por último, a 1,5 SMLMV en los eventos en que la gravedad de la lesión sea igual o superior al 1% e inferior al 10%. Frente al perjuicio moral concedido a la víctima directa, este fue reconocido en cuantía equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por tanto, el monto concedido por el Tribunal de primera instancia, se acompasa a los parámetros anteriormente expuestos y no hay lugar a modificación. Ahora bien, en cuanto a la solicitud de aumentar la suma concedida a título de perjuicios morales para los padres, considera la Sala que dada la relación afectiva entre los padres y el hijo lesionado y la gravedad de la lesión de la víctima directa la cual es superior al 50%, aquellos tienen derecho al reconocimiento de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En relación con los perjuicios morales solicitados por los hermanos de la víctima, al estar acreditado esta condición (...) y dada la gravedad de la lesión sufrida por el soldado Cuellar Penagos, que le generó un 100% de incapacidad, se concederán perjuicios morales en cuantía de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno.

15.1.3. Así las cosas, para tasar los perjuicios morales provenientes de la lesión a la integridad psicofísica del afectado, es menester establecer la gravedad de aquella y, para el caso de autos, se tiene que el dictamen rendido por la Junta de Calificación de Invalidez Regional – Cauca cuantificó la disminución de la capacidad laboral en un porcentaje de cero (0%), sin embargo, no es correcto limitar y condicionar la tasación del daño moral al porcentaje fijado por la Junta de Calificación, ya que está probado que con ocasión del impacto de proyectil de arma de fuego el lesionado y sus familiares fueron afectados en su fuero interno, al tener que soportar la reclusión de John Jairo González Mina en el Hospital Universitario del Valle —“Evaristo García” lugar donde se le dispensó la atención médica— desde el 28 de julio hasta el 6 de septiembre del 2000. Bajo esta concepción, no es suficiente para cuantificar el daño moral, la consideración de la gravedad de la lesión fijada a través del porcentaje dado por la Junta de Calificación sino que es imperativo apreciar componentes cualitativos del daño moral mediante los cuales se puede establecer su tasación, a través de otros medios de prueba como lo es, en este caso, el documento de la historia clínica.

15.1.4. La Sala considera en el caso sub-judice que debido al nexo de parentesco que existe entre John Jairo González Mina (lesionado) con los demás accionantes, se infiere que las lesiones injustamente padecidas implicaron para para estos una grave aflicción, congoja y dolor, tal como quedó acreditado con los diferentes testimonios. Ello hace procedente que se reconozca a favor de los demandantes las siguientes indemnizaciones:

 

DEMANDANTERELACIÓN CON EL LESIONADO

SMLMV
John Jairo González MinaLesionado8
Manuel Ignacio González (nivel n.°1)Padre del lesionado 4
Tulia Mina de González (nivel n.°1)Madre del lesionado4
María Enit Mina (nivel n.°2)Hermana del lesionado 2
Ignacio González Mina (nivel n.°2)Hermano del lesionado 2
María Justina González Mina (nivel n.°2)Hermana del lesionado2
Virginia González Mina (nivel n.°2)Hermana del lesionado 2
Fabio González Mina (nivel n.°2)Hermano del lesionado2
Martha Cecilia González Mina(nivel n.°2)Hermana del lesionado2
Tulio Enrique González Mina (nivel n.º2)Hermano del lesionado2

 

15.2. Daño a la Salud  

15.2.1. En relación con el perjuicio fisiológico, hoy denominado daño a la salud, derivado de la lesión a la integridad psicofísica de John Jairo González Mina, solicitado en la demanda, la Sala aplicara rigurosamente lo contemplado en la sentencia de unificación del 28 de agosto del 2014(33) que fijó la regla de indemnización de 10 a 100 SMLMV —en casos en que la gravedad de la lesión oscile entre 1% y 50% (igual o superior)— y en casos de extrema gravedad y excepcionalidad, hasta 400 SMLMV.

15.2.2. En el cuaderno de pruebas obra dictamen pericial Nº 115-2003 del 15 de julio del 2003 de la Junta de Calificación de Invalidez Regional Cauca (fl. 102 a 107, c.1)(34), que fijó la disminución de la capacidad laboral del señor John Jairo González Mina en un porcentaje de Cero (0). De este dictamen pericial rendido por la entidad oficial, se corrió traslado a las partes por el término de tres (3) días, contados desde el 23 de septiembre del 2003, para que se complemente o aclare, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. El actor solicitó con anterioridad, esto es, el 26 de agosto del 2003, lo siguiente: que sea “objetado el dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez Regional Cauca, porque no corresponde a la realidad, y solicitar a la Junta de Invalidez del Valle se haga una revaluación del estado de salud del señor John Jairo González Mina” (fl. 69, c. 1) (se subraya).

15.2.3. Al respecto, resulta indispensable, en cumplimiento de lo normado por el numeral 6º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, resolver las objeciones que, por error grave, se formularon contra el dictamen pericial, toda vez que el juez de primer grado se abstuvo de hacerlo con el argumento de que decretaba de oficio la falta de legitimación en la causa por pasiva.

15.2.4. La objeción formulada contra el dictamen pericial el 26 de agosto de 2003 (fl. 69, cdno.1) por parte del actor consistió en afirmar que el peritaje no coincide con la realidad.

15.2.5. Para el examen de la objeción propuesta resulta pertinente precisar que para que se configure el “error grave” en el dictamen pericial se requiere de la existencia de una equivocación grave por parte del perito, una falla que tenga entidad suficiente para llevarlo a conclusiones igualmente equivocadas, tal y como lo exigen los numerales 4º y 5º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia ha puesto el acento sobre lo siguiente(35):

(…) si se objeta un dictamen por error grave, los correspondientes reparos deben poner al descubierto que el peritazgo tiene bases equivocadas de tal entidad o magnitud que imponen como consecuencia necesaria la repetición de la diligencia con intervención de otros peritos…”2 pues lo que caracteriza desaciertos de ese linaje y permite diferenciarlos de otros defectos imputables a un peritaje, “…es el hecho de cambiar las cualidades propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras que no tiene; o tomar como objeto de observación y estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen, pues apreciando equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven.

15.2.6. En el caso en estudio, comoquiera que si bien el dictamen fue objetado por el actor con anterioridad a su traslado, este en el memorial de objeción se limitó a manifestar su inconformidad, sin que se precisara, según el artículo 238, numeral 5, los yerros, distorsiones o falencias y se pidieran las pruebas conducentes a desvirtuarlo.

15.2.7. Así las cosas, cabe concluir que el actor no comprobó la existencia de error grave en el dictamen pericial y, en realidad, se advierte por parte de este una falta de sustentación, en la medida en que se circunscribió a manifestar que no es armónico con la realidad, circunstancia que impide al juez restarle fuerza probatoria a la prueba pericial.

15.2.8. De todo lo anteriormente expuesto, y una vez conocidas las causales alegadas por error grave por el demandante, fuerza concluir que no se encuentra probada la objeción por error grave en el dictamen pericial rendido el 15 de julio del 2003 y, por lo tanto, el dictamen rendido tiene mérito para ser valorado como prueba que permita definir la controversia del asunto.

15.2.9. El Decreto Reglamentario 917 de 1999(36) o Manual Único de Calificación de Invalidez entiende por pérdida de la capacidad laboral, aquella que sufre una persona humana por la sumatoria de tres elementos, a saber: deficiencia, discapacidad y minusvalía.

15.2.10. Según el artículo 7° del Decreto 917 de 1999:

15.2.11. Deficiencia es “toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica, que pueden ser temporales o permanentes, entre las que se incluyen la existencia o aparición de una anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura del cuerpo humano, así como también los sistemas propios de la función mental. Representa la exteriorización de un estado patológico y en principio refleja perturbaciones a nivel del órgano”.

15.2.12. Discapacidad es “toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano, producida por una deficiencia, y se caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño y comportamiento en una actividad normal o rutinaria, los cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o irreversibles, y progresivos o regresivos. Representa la objetivación de la deficiencia y por tanto, refleja alteraciones al nivel de la persona”.

15.2.13. Minusvalía es “toda situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o una discapacidad que lo limita o impide para el desempeño de un rol, que es normal en su caso en función de la edad, sexo, factores sociales, culturales y ocupacionales. Se caracteriza por la diferencia entre el rendimiento y las expectativas del individuo mismo o del grupo al que pertenece. Representa la socialización de la deficiencia y su discapacidad por cuanto refleja las consecuencias culturales, sociales, económicas, ambientales y ocupacionales, que para el individuo se derivan de la presencia de las mismas y alteran su entorno”.

15.2.14. De lo anterior tenemos que, de conformidad con el régimen general de calificación, la deficiencia es la afectación en las estructuras y/o funciones de la persona humana, es decir, se trata del criterio esencial que debe estar presente en la calificación, puesto que si este falta no hay posibilidad de establecer la pérdida de capacidad laboral y, en consecuencia, tampoco el de invalidez. Así lo determina el parágrafo primero del artículo 8° del Decreto 917 de 1999 cuando establece que “cuando no exista deficiencia o su valor sea cero (0) no podrá calificarse la discapacidad ni la minusvalía”.

15.2.15. Por otra parte, la discapacidad es la limitación de las personas en atención a su grupo etario, se trata de las consecuencias producidas por las deficiencias. Finalmente, la minusvalía es la afectación en el rol social de la persona humana inscrito en un ámbito colectivo, pues hay una asimetría entre lo que la persona afectada piensa, hace y la perspectiva que espera su entorno de él.

15.2.16. Según el art. 8º del Decreto 917 de 1999, relativo a la distribución porcentual de los criterios para la calificación total de la invalidez, se otorga un puntaje a cada uno de los criterios descritos en el art. 7º (deficiencia, discapacidad, minusvalía), cuya sumatoria equivale al 100% del total de la pérdida de la capacidad laboral, dentro de los siguientes rangos máximos de puntaje: 50% deficiencia, 20% discapacidad, 30% minusvalía.

15.2.17. Además, la autoridad competente para establecer la calificación y el dictamen sobre el estado de invalidez, con la inclusión de estos componentes, según el artículo 6º del Decreto 917 de 1999, corresponde a las Juntas de Calificación de Invalidez, quienes conocerán de los siguientes asuntos: i) la calificación y revisión de la pérdida de la capacidad laboral y la incapacidad permanente parcial, en caso de controversia; ii) la calificación del origen, el grado, la fecha de estructuración y la revisión del estado de invalidez; iii) la calificación del origen del accidente y de la enfermedad, en caso de controversia; iv) la calificación del origen de la muerte en caso de controversia.

15.2.18. El dictamen pericial en el presente proceso es un medio de prueba idóneo para acreditar el asunto especifico de la hipótesis fáctica, en la medida que: (i) el perito informó de manera razonada sobre la petición, según sus conocimientos especializados; (ii) el dictamen contiene conceptos propios sobre las materias objeto de examen; (iii) el perito es el competente, es decir, un experto oficial para el desempeño del cargo encomendado; (iv) no existe un motivo serio para dudar de su imparcialidad; (v) no se probó en el curso del proceso una objeción por error grave; (vi) el dictamen está debidamente fundamentado y sus conclusiones son claras, firmes y consecuencia de las razones expuestas; (vii) sus conclusiones son conducentes en relación con el hecho a probar; (viii) se surtió la contradicción; (ix) no existió retracto del mismo por parte del perito; (x) otras pruebas del plenario no lo desvirtúan; (xi) es claro, preciso y detallado(37).

15.2.19. Por último, advierte la Sala que el dictamen pericial es consonante con otras pruebas que obran en el plenario, ya que la mayoría del conjunto de testimonios vertidos al presente proceso, coinciden en afirmar que el señor John Jairo González Mina, goza y disfruta en la actualidad de un buen estado de salud(38).

15.2.20. En atención a las anteriores consideraciones, no se le reconocerá al señor John Jairo González Mina ninguna indemnización por concepto de daño a la salud.

15.3. Perjuicios materiales

15.3.1. Lucro cesante

15.3.1.1. El apelante solicita en el numeral a) del libelo petitorio: [T]rescientos millones de pesos ($300.000.000.oo) por concepto de lucro cesante, que se liquidarán a favor del directamente lesionado John Jairo González Mina, correspondientes a las sumas que él mismo dejara de producir en razón de la grave merma laboral que le aqueja, y por todo el resto posible de vida que le queda en la actividad económica a que se dedicaba (comerciante), habida cuenta de su edad al momento del insuceso (20 años), y a la esperanza de vida calculada conforme a las tablas de mortalidad aprobadas por la Superintendencia Bancaria, suma que se incrementará en un 30% por concepto de prestaciones sociales (fl. 16, cdno. 1).

15.3.1.2. Respecto a esta petición, está acreditado que el señor John Jairo González Mina padeció perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, con ocasión de las lesiones producidas el 27 de julio del 2000 y, en consecuencia, se procederá al reconocimiento en su favor de la indemnización por tales perjuicios.

15.3.1.3. Renta: Por no encontrarse acreditado los ingresos que el señor John Jairo González Mina percibía mensualmente por labores propias de venta de hortalizas y frutas en la plaza de mercado del municipio de Puerto Tejada, Cauca, se tomará en cuenta para la liquidación del lucro cesante el valor de un salario mínimo legal mensual vigente, es decir $616.000 pesos m/cte., suma que se incrementará en un 25%, por concepto de prestaciones sociales, para un monto total de $770.000 pesos m/cte. Por lo tanto, la renta base para la liquidación del perjuicio padecido por la víctima será de $770.000 pesos m/cte.

15.3.1.4. Periodo comprendido: Este período será el comprendido, según la historia clínica que obra en el expediente, entre el 27 de julio del 2000 y el 6 de septiembre del mismo año, fechas durante la cuales el señor González Mina ingresó y fue dado de alta del Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E, es decir, se contabilizaran 39 días, cuya indemnización asciende a un millón un mil pesos moneda corriente ($1´001.000).

15.3.2. Daño emergente

15.3.2.1. Los demandantes solicitaron condenar a la entidad demandada a pagar por todos los daños y perjuicios materiales que les ocasionaron con las lesiones sufridas por el señor John Jairo González Mina, discriminados de la siguiente manera: “[D]años y perjuicios patrimoniales directos o daño emergente, por concepto de gastos médicos, quirúrgicos, hospitalarios, por drogas y, en fin, todos los gastos que se sobrevinieron en el futuro para lograr la recuperación y conservación de la salud del joven John Jairo González Mina, que se estiman en la suma de treinta millones de pesos ($30.000.000)” (fl. 16, cdno. 1).

15.3.2.2. Frente a esta pretensión, la Sala considera que si bien es cierto se encuentra acreditado el daño consistente en las lesiones padecidas por el señor González Mina, los demandantes no probaron en el curso del proceso con ningún medio probatorio la pérdida de bienes patrimoniales y erogaciones que se hubiesen realizado o se realizarían en el futuro para la recuperación y conservación de la salud del lesionado. En consecuencia, esta petición será denegada.

16. Costas

16.1. En lo relativo a las costas, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En este orden, la Sala no observa, comportamiento temerario en las actuaciones procesales de los intervinientes dentro del presente trámite, razón por la cual, no se condenará en costas.

16.2. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, el 22 de mayo del 2007, de conformidad con las consideraciones precedentes y, en su lugar, se dispone:

1. DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa - Policía Nacional, por las lesiones del señor John Jairo González Mina, en hechos sucedidos el 27 de julio del 2000, en el municipio de Puerto Tejada (Cauca), cuando la columna móvil "Jacobo Arenas" del grupo armado organizado al margen de la ley FARC, ingresó al municipio y sostuvo hostilidades con integrantes de la fuerza pública.

2. En consecuencia de lo anterior, CONDÉNASE a la Nación-Ministerio de Defensa – Policía Nacional a pagar a los demandantes, como indemnización de perjuicios, las sumas de dinero que se mencionan en los siguientes acápites

1. A título de indemnización de perjuicios inmateriales por daño moral, se ordena pagar a favor del señor John Jairo González Mina (lesionado) la suma equivalente a ocho (8) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) a la época de ejecutoria de la presente providencia.

2. A título de indemnización de perjuicios inmateriales por daño moral, se ordena pagar a favor del señor Manuel Ignacio González (padre del lesionado) la suma equivalente a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) a la época de ejecutoria de la presente providencia.

3. A título de indemnización de perjuicios inmateriales por daño moral, se ordena pagar a favor de la señora Tulia Mina de González (madre del lesionado) la suma equivalente a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) a la época de ejecutoria de la presente providencia.

4. A título de indemnización de perjuicios inmateriales por daño moral, se ordena pagar a favor de los señores María Enit Mina, Ignacio González Mina, María Justina González Mina, Virginia González Mina, Fabio González Mina, Martha Cecilia González Mina y Tulio Enrique González Mina (hermanos del lesionado) la suma equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno a la época de ejecutoria de la presente providencia.

5. A título de indemnización de perjuicios materiales por lucro cesante, se ordena pagar a favor del señor John Jairo González Mina (lesionado) la suma de un millón un mil pesos m/cte. ($1´001.000).

3. DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo y 115 del Código de Procedimiento Civil. Para el efecto, expídanse copias al apoderado de la parte demandante que ha venido actuando, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 del 22 de febrero de 1995.

4. Sin condena en costas

5. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

1 El recurso de apelación fue interpuesto el 30 de mayo del 2007 (fl. 93, c.p)

2 La pretensión de la demanda por concepto de lucro cesante en favor de John Jairo González Mina se estimó en $300.000.000, valor que supera la cuantía requerida para el año 2001 —500 SMLMV—, año de presentación de la demanda, requisito exigido para que un proceso adelantado en acción de reparación directa, fuera considerado de doble instancia.

3 El asunto relativo a la legitimación en la causa por pasiva en cabeza del Ejército Nacional será abordado en el párrafo Nº 12, p. 16, en la medida que se trata de unos de los puntos de valoración del fondo del asunto objeto de litigio.

4 Así consta en el registro civil de nacimiento que obra a folio 33 del cuaderno 2.

5 Véase los registros civiles que obran a folios 26 a 32 del cuaderno 2 del expediente.

6 Este testigo manifestó en relación con las actividades de venta de productos alimenticios a las que se dedicaba el señor John Jairo González Mina, lo siguiente: “él trabajaba con la mamá ayudándole a vender en la revueltería, a ella le colaboraban todos a trabajar, ellos no ganan o devengan salario porque la madre les siste (sic), todos trabajan unidos allí, lo que necesita cada uno ella les da” (fl. 48 a 49, cdno. 2).

7 En lo concerniente a la actividad que desarrollaban el lesionado, este testigo afirmó: “él estudiaba en el colegio José Hilario López, él le ayudaba a la mamá, el ayudaba en la casa, él trabajaba en la (sic) revueltería, a él le daban vestuario, ellos le daban para los gastos del colegio, no sé cuánto devengaba, pero ella si les da, porque él es un menor” (fl. 63 y 64, cdno. 2).

8 Este testigo que conoce hace mucho tiempo al lesionado, en su declaración dijo: “John Jairo se dedicaba a estudiar y a colaborar y trabajar con sus padres porque ellos tienen un pequeño lugar en la galería, él se dedicaba a colaborar con ellos, y los domingos también, los papás le han colocado un pequeño puesto al lado de ellos para trabajar los domingos, no sé cuánto devengaba, pero sí sé que ellos de eso subsisten y se pagaba el estudio y ayudaba en la casa porque allí vive” (fl. 53 y 54, cdno. 2).

9 Este testigo afirmó: “John Jairo estudiaba, y se dedicaba ayudarles a ellos en la galería en un puesto de revueltería (sic) lo que ganaba era lo que los padres le aportaban para comprar lo que el necesita personalmente” (fl. 55 y 56, cdno. 2).

10 Este testigo dijo: “En el momento de sufrir la lesión él se encontraba estudiando, terminando el bachillerato, se encontraba en el comercio en la galería, casi todos trabajan ahí, vendiendo revuelto y frutas, no sé cuánto devengaba porque hay días que las cosas están baratas y otros no, el con los dineros que ganaba los invertía en vestier, les daba buen uso” (fl. 57 y 58, cdno. 2).

11 Este testigo afirmó: “él trabajaba construcción y le ayuda a la mamá en la galería, el vende en la galería en un puestico que tiene, no sé cuánto ganaba él” (fl. 63 a 64, c.2).

12 Este testigo conocía al señor John Jairo González Mina desde su infancia, ya que era residente del sector. Al respecto véase los folios 59 a 60 del cuaderno N° 2 de este expediente.

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de abril de 2008, Rad. 16271, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

14 En asuntos similares la Sección Tercera, Subsección C, se ha pronunciado en idéntico sentido en asuntos referentes a los problemas de representación judicial de la Nación. Se remite a los siguientes fallos: sentencia del 26 de septiembre del 2012, rad. 24677, M.P. Enrique Gil Botero y sentencia del 22 de octubre del 2012, rad. 24788, M.P. Enrique Gil Botero.

15 “Con ella [se refiere a la legitimación en la causa] se expresa que, para que un juez estime la demanda, no basta con que considere existente el derecho, sino que es necesario que considere que éste corresponde precisamente a aquel que lo hace valer y contra aquel contra quien es hecho valer, o sea, considere la identidad de la persona del demandado con la persona contra quien se dirige la voluntad de la ley (legitimación pasiva)” CHIOVENDA, Giussepe “Curso de derecho procesal civil”, Ed. Oxford, p. 68, obra citada por la sentencia del 26 de septiembre del 2012, Rad. 24677, M.P. Enrique Gil Botero.

16 “[E]n los procesos contenciosos la legitimación en la causa consiste, respecto del demandante, en ser la persona que de conformidad con la ley sustancial está legitimada para que por sentencia de fondo o mérito se resuelva si existe o no el derecho o la relación jurídica sustancial pretendida en la demanda, y respecto del demandado, en ser la persona que conforme a la ley sustancial está legitimada para discutir u oponerse a dicha pretensión del demandante…” DEVIS Echandía, Hernando Teoría General del Proceso, Ed. Universidad, Buenos Aires, 2004, p. 260.

17 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo de 2006, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de abril de 2010, M.P. Gustavo Gómez Aranguren.

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 19 de 2012, rad. 21515, M.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la sentencia de agosto 23 de 2012, rad. 23219, M.P. Hernán Andrade Rincón. Estas decisiones se refieren a los daños causados a inmuebles de propiedad de la población civil durante el ataque perpetrado por la guerrilla de las FARC a la estación de policía del municipio de Silvia (Cauca) el 19 de mayo de 1999.

20 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de julio de 1996, rad. 10822, M.P. Daniel Suárez Hernández. En esta decisión se condenó por falla del servicio estatal por la muerte del comandante de guardia de la cárcel del municipio Cañasgordas (Antioquia), cuando subversivos, beneficiados por las deficientes condiciones de seguridad del centro de reclusión, lograron su cometido.

21 Se remite a las sentencias en las que la Sección Tercera de esta Corporación declaró la responsabilidad estatal por los daños producidos a las víctimas de la toma del Palacio de Justicia: sentencia del 16 de febrero de 1995, rad. 9040, M.P. Juan de Dios Montes; del 27 de junio de 1995, rad. 9266, M.P. Juan de Dios Montes; del 3 de abril de 1995, rad. 9459, M.P. Juan de Dios Montes y del 29 de marzo de 1996, rad. 10920, M.P. Jesús María Carillo.

22 Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 1993, rad. 8233, M.P. Daniel Suárez Hernández. En esta decisión se condenó al Estado por los daños ocasionados a un vehículo de transporte público por parte de subversivos del E.L.N. El daño se imputó al Estado, porque si bien la empresa transportadora no solicitó medidas de protección, era un hecho notorio que en esta zona del país iba a tener lugar manifestaciones violentas por parte de guerrilleros en contra de las empresas transportadoras en razón al alza del servicio de transporte.

23 Esta variante de la falla del servicio ha sido adoptada por la Sección Tercera del Consejo de Estado en acciones de reparación suscitadas por ataques guerrilleros. Al respecto se remite a las siguientes decisiones:

i) Sentencia del 25 de mayo del 2011 de la Subsección C, que declaró la responsabilidad del Estado y lo condenó por la muerte de varios militares en el ataque guerrillero a la base militar de “Las Delicias”, que tuvo lugar el 30 de agosto de 1996 (Subsección C, sentencia del 25 de mayo del 2011, rad. 15838, 18075, 25212 (acumulados), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa).

ii) Sentencia del 7 de abril del 2011 que estudió la responsabilidad del Estado por el ataque guerrillero a la base militar del cerro de “Patascoy”, la cual tuvo lugar el 21 de diciembre de 1997 (Subsección A, sentencia del 7 de abril del 2011, rad. 19427, M.P. Gladys Agudelo Ordóñez).

iii) Sentencia del 26 de junio del 2014 que analizó la responsabilidad del Estado por los hechos ocurridos el 3 de marzo de 1998 en la vereda “El Billar” en zona rural del municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, en la que resultaron muertos, secuestrados y heridos muchos militares por fallas estructurales en las que incurrió el Ejército Nacional (Subsección B), sentencia del 26 de junio del 2014, rad. 24736, M.P. Danilo Rojas Betancourth y sentencia del 29 de agosto del 2014, rad. 31190, con ponencia de quien proyecta el presente fallo.

24 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de enero de 1996, rad. 10648. En esta decisión la Corporación conoció de una demanda presentada por los parientes de una persona que falleció como consecuencia de un ataque dinamitero instalado por un grupo armado al margen de la ley contra la fuerza pública en la localidad de Lebrija. En este fallo se declaró la responsabilidad del Estado por los perjuicios reclamados al considerar que el ciudadano fue sometido por parte de la administración a soportar un riesgo excepcional, el cual no estaba en la obligación de padecer, cuyo riesgo fue creado por la fuerza policial cuando intentaba controlar el orden público: “eventos como el estudiado encuadran en la teoría que admite la responsabilidad estatal sin culpa, la cual constituye uno de los fundamentos de la responsabilidad patrimonial de la administración, y que tiene plena aplicación cuando las instituciones en ejercicio de sus misiones, vale decir en el control de las organizaciones criminales, aunque actúen dentro de los cánones del buen servicio, si crean una situación anormal y excepcional para la población civil que le genere daño, es justo que el Estado repare el menoscabo patrimonial que le irrogó a los ciudadanos”.

25 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de julio de 1992, M.P. Julio Cesar Uribe. En esta sentencia se declaró la responsabilidad del Estado por los daños causados a un ciudadano, cuando explotó un carro-bomba, ubicado en cercanías el Comando de la Segunda División del Ejército en Bogotá.

26 Cfr. HENAO Juan Carlos, “Presentación General de la Responsabilidad Extracontractual del Estado en Colombia”, en: Jornadas colombo-venezolanas de derecho público, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1996, pp. 729 a 760. Se remite a las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 21 de febrero del 2002, M.P. Ricardo Hoyos Duque; Sección Tercera, sentencia de junio 9 de 2010, Rad. 18536, M.P. Ruth Stella Correa;

27 Corte Constitucional, sentencia C-715 del 13 de septiembre de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

28 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de abril de 2012, rad. 21515., M.P. Hernán Andrade Rincón.

29 Cfr. M´CAUSLAND, María Cecilia. “Responsabilidad del Estado por daños causados por actos violentos de terceros”, en La filosofía de la responsabilidad civil. Estudios sobre los fundamentos filosófico-jurídicos de la responsabilidad civil extracontractual, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2013, p. 529.

30 Esta Subsección precisó en una decisión relativamente reciente que “los casos que involucran daños derivados de ataques guerrilleros a bienes o instalaciones del Estado, plantean una nueva categoría de riesgo […] Esta categoría de riesgo, que podría denominarse riesgo-conflicto, surge del reconocimiento de que, dada la situación de conflicto armado, el cumplimiento de ciertos deberes legales y constitucionales genera para la población civil un riesgo de naturaleza excepcional en la medida en que la pone en peligro de sufrir los efectos de los ataques armados que los grupos guerrilleros dirigen contra los bienes e instalaciones que sirven como medio para el cumplimiento de esos deberes y el desarrollo de dichas actividades”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de octubre del 2012, Rad. 18472, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

31 Existen varias sentencias en las que se puede subsumir la misma situación fáctica del caso sub-examine y configurarla en el régimen de imputación objetivo de riesgo excepcional. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de diciembre 4 de 2006, rad. 15571, M.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de diciembre 5 de 2006, rad. 28459, M.P. Ruth Stella Correa; sentencia de junio 28 de 2006, Rad.16630, M.P. Ruth Stella Correa. En los casos anteriores, la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad extracontractual del Estado por los daños causados a la población civil con ocasión de los enfrentamientos armados entre actores del conflicto armado interno.

32 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, rad. 31172, M.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

33 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto del 2014, rad. 31170, M.P. Enrique Gil Botero.

34 Obra en el proceso dictamen pericial que estableció que el porcentaje de incapacidad de John Jairo González Mina es de Cero (0%). En efecto, la Junta de Calificación de Invalidez Regional-Cauca precisó: “[E]l Manual Único de Calificación de Invalidez (Decreto 917 de mayo 28 de 1999), en el parágrafo 1º del artículo 8 cuando no exista deficiencia o su valor sea Cero (0) no podrá calificarse la Discapacidad ni la Minusvalía. Por tanto, la junta llegó a la conclusión que la pérdida de la capacidad laboral resultante se reportara con un valor de Cero (0)”.

35 Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, auto de 8 de septiembre de 1993, Rad. 3446, M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss.

36 El Decreto 917 de 1999 reglamenta el artículo 41 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012 concerniente a la calificación del estado de invalidez.

37 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de febrero de 2013, rad. 27959, M.P. (E) Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 21 de marzo de 2012, rad. 24250, rad. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 16 de abril de 2007, rad. AG-250002325000200200025-02, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

38 En el presente proceso obran los siguientes testimonios: el señor Julio Marcial Ordoñez en declaración recibida el 25 de junio del 2002 sostuvo: "PREGUNTA d). si saben y les consta cuál ha sido la repercusión que para sus actividades normales como ser humanos ha tenido en el joven John Jairo González Mina la lesión sufrida, explicando su respuesta. CONTESTÓ: después de lo que ya se alivió de la herida, volvió donde la mamá a ayudarle a trabajar. Trabaja normalmente y ahí está con la mamá" (fl. 48 a 49, c.2). La señora Luz Melba Jiménez Valencia en declaración del 25 de junio del 2002 dijo al respecto: "PREGUNTA d). Si saben y les consta cuál ha sido la repercusión que para sus actividades normales como ser humano ha tenido en el joven John Jairo González Mina la lesión sufrida, explicando su respuesta. CONTESTÓ: él por lo menos la calle casi no le gusta andar, el día del accidente él había llegado de Palmira, yo vivo en el mismo barrio y me doy cuenta de cuando llega, es un muchacho de la casa, él ya acabó bachillerato" (fl. 51 a 52, c.2). La señor Samaris Mina Carbonero en su declaración vertida en la misma fecha al presente proceso sostuvo: "pues tuvo mucho tiempo incapacitado por esta lesión actualmente se encuentra aparentemente bien de salud" (fl. 53 a 54, cdno. 2).