Sentencia 2001-00931 de abril 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Expediente: 20.611

Radicación: 250002326000200100931-02

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Hassan Mohammad Zadeh Lati y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Relaciones Exteriores y del Interior-Congreso de la República

Referencia: Reparación directa

Bogotá, D.C., diez de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

7. El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, supera la exigida por la norma para el efecto(2).

II. Hechos probados

8. De conformidad con las pruebas válida y oportunamente allegadas al proceso, se tienen por probados los siguientes hechos relevantes:

8.1. Hacia las 18:30 horas del 4 de noviembre de 1999 y a la altura de la calle 51 sobre la avenida Caracas, el señor Hassan Mohammad Zadeh Lati fue atropellado por el vehículo de placas CDO 746, conducido por el señor José Salatiel Garzón Alfonso y de propiedad de la Embajada Americana en Colombia (copia auténtica del informe de accidente realizado por la dirección general de transporte y tránsito terrestre automotor, fls. 47-49, cdno. 2).

8.2. El 18 de febrero de 2000, el señor Mohammad Zadeh Lati Hassan interpuso demanda de constitución de parte civil dentro del proceso penal adelantado por el delito de lesiones personales en accidente de tránsito en contra del señor José Salatiel Garzón Alfonso. En la demanda señaló como tercero civilmente responsable a la Embajada de los Estados Unidos de América y solicitó la indemnización de: i) los gastos médicos cancelados a la Fundación Santafé, los cuales ascienden a cuarenta millones de pesos ($ 40.000.000), ii) los demás perjuicios materiales estimados en ($ 120.000.000), por los ingresos dejados de percibir como consecuencia del accidente, y iii) los perjuicios morales que estima en una suma equivalente a cuatro mil gramos de oro fino (copia auténtica de la demanda presentada a la fiscalía 293 local de Santafé de Bogotá, fls. 153-158, cdno. 2).

8.3. En varios oficios de finales de marzo y comienzos de abril de 2000, la fiscalía local 293 de Bogotá solicitó tanto a la oficina general de protocolo de la Cancillería de Colombia como a la jefe de la oficina de asuntos internacionales de la misma fiscalía que le informaran si el privilegio de que tratan los artículos 31 y 38 de la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas “implica la acción aquiliana o la vinculación del tercero civilmente responsable dentro del proceso penal, y en el caso concreto si dicha figura tiene aplicación para el caso concreto de la Embajada de los Estados Unidos de América”, sin que obre constancia de respuesta alguna (copias auténticas de los oficios, fls. 183-190, cdno. 4).

8.4. El 13 de abril de 2000, la fiscalía local 293 de Santafé de Bogotá decidió abrir formalmente la investigación penal, en contra del señor Garzón Alfonso por el delito de lesiones personales culposas y admitir la demanda de constitución de parte civil presentada por el señor Mohammad Zadeh Leti. En el numeral 4º del auto admisorio dispuso: “Con relación a la petición de vinculación como tercero civilmente responsable a la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, el despacho se abstiene por ahora de hacer pronunciamiento hasta tanto se obtenga la respuesta a la información contenida en el oficio 4315 de 23 de marzo del año en curso” (copias auténticas de las resoluciones, fls. 193 y 200-201, cdno. 2).

8.5. El 2 de marzo de 2001, la fiscalía local 293 de Bogotá profirió resolución de acusación en contra del señor Garzón Alfonso y denegó la petición de vinculación de la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica como tercero civilmente responsable pues:

... comoquiera que no se trate de una persona natural o jurídica sujeta al derecho privado, sino de un país con representación diplomática y acreditada de acuerdo a la Convención de Viena; por lo tanto, sin mayores elucubraciones se colige que cualquier acción a instaurar para obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios que puedan recaer en cabeza de la persona jurídica de derecho internacional involucrada debe intentarse ante la jurisdicción contencioso administrativa por tratarse de un conflicto que atañe a personas de derecho público (copia auténtica de la providencia, fls. 313-322, cdno. 2).

8.6. El 30 de abril de 2002, el Juzgado 55 Penal Municipal de Bogotá declaró responsable al señor José Salatiel Garzón Alfonso, por el delito de lesiones personales culposas causadas al señor Hassan Mohammad Zadeh Lati, con ocasión del accidente ocurrido el 4 de noviembre de 1999, y lo condenó, entre otros, a pagar a este último, por concepto de perjuicios materiales, una suma equivalente a ciento once (111) salarios mínimos legales mensuales vigentes y, por perjuicios morales, una equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para efectos de la liquidación de perjuicios consideró:

... tenemos que los daños materiales en el delito de lesiones personales culposas, comprenden el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente son los gastos en los que con motivo de la lesión tuvo que incurrir el ofendido, quien fue atendido en la Fundación Santa Fe de Bogotá (...), donde canceló la suma de $ 28.392.605, suma que fuera cancelada por el lesionado, que equivale a 92 salarios mínimos mensuales vigentes.

En cuanto al lucro cesante, está definido como la ganancia o provecho que deja de reportarse para la víctima a consecuencia del insuceso. Teniendo en cuenta que al momento del accidente la víctima bajo la gravedad de juramento dijo desempeñarse atendiendo una fotocopiadora de su propiedad, percibiendo un ingreso mensual de $ 2.000.000, se tomará en equidad como base dicho salario; es decir, que percibía un ingreso diario de $ 66.667, el cual debe multiplicarse por 40 días de su incapacidad, arrojando un total de $ 2.666.680, que equivale a 9 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En el dictamen médico-legal visto a folio 169, c.o. se consigna: “ratificó incapacidad médico-legal de cuarenta (40) días como definitiva. Como secuelas médico-legales: 1) Deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente, 2) Deformidad física que afecta el rostro de carácter permanente, 3) Perturbación funcional del sistema nervioso central de carácter permanente, 4) Perturbación funcional del órgano de la marcha expresada por marcha hemiparética izquierda”, para las anteriores secuelas el despacho acudiendo a las tablas del artículo 209 del Código Sustantivo del Trabajo y a lo previsto en la parte sustantiva penal, fija como monto indemnizatorio de tales conceptos suma equivalente a diez salarios mínimos mensuales legales vigentes.

De otra parte y como daños morales teniendo en cuenta la repercusión psicológica del daño, la edad del ofendido y la parte corpórea afectada, se señala suma equivalente a diez salarios mínimos mensuales legales (copia auténtica de la providencia, fls. 422-446, cdno. 3).

8.7. El 24 de junio de 2002, el Juzgado 12 Penal del Circuito de Bogotá confirmó en sede de apelación la decisión anterior y modificó la condena por perjuicios materiales de 111 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la suma de $ 31.059.285, por ser esta la suma realmente acreditada. La sentencia quedó ejecutoriada el 8 de julio de 2002 (copia auténtica de la providencia y de la constancia de ejecutoria, fls. 75-94, cdno. 3).

8.8. El monto total de la indemnización fue cancelada mediante depósitos realizados a órdenes del Juzgado 55 Penal Municipal de Bogotá y del Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, así: 1) el 26 de agosto de 2002, Mapfre consignó la suma de $ 20.000.000, 2) el 6 de enero de 2003 y el 14 de marzo de 2003, el señor José Salatiel Garzón Alfonso consignó $ 100.000 y $ 14.049.285, respectivamente. Los juzgados ordenaron al jefe de depósitos judiciales del Banco Agrario que pagara dichos títulos al señor Hassan Mohammad Zadeh Lati (copias auténticas de los depósitos judiciales, de las certificaciones expedidas por el Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad el 27 de mayo y el 3 de junio de 2003 y de las órdenes de pago de los títulos, fls. 125-127 cdno. 2 y fls. 24, 38, 41 y 101, cdno. 3).

8.9. En oficio de 26 de marzo de 2003, el encargado de las funciones de la dirección de protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores informó al a quo que el señor José Salatiel Garzón no se encontraba registrado ante dicha dirección como miembro del personal de la Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia, “pues al parecer es colombiano y como tal no gozaría de inmunidad alguna”. En información remitida por la Registraduría Nacional del Estado Civil aparece que el señor Garzón Alfonso nació en Gachetá (Cundinamarca) (original de los oficios, fls. 41 y 129-130, cdno. 2).

III. Problema jurídico

9. Compete a la Sala determinar si, en el caso bajo análisis, hay lugar a declarar la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación-Congreso de la República-Ministerio de Relaciones Exteriores por la expedición de la Ley 6ª de 1972 “Por la cual se aprueba la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas hecha en Viena el 18 de abril de 1961”. Para ello es necesario determinar cuáles son los supuestos en los que se admite la responsabilidad del Estado por la inmunidad de jurisdicción consagrada por dicha norma y si se configuran o no en el sub examine.

IV. Análisis de la Sala

10. A propósito de la responsabilidad del Estado por la inmunidad de agentes diplomáticos consagrada en la Ley 6ª de 1972, la Sala advierte que, de acuerdo con el artículo 31 de la Convención de Viena, aprobada e integrada a la legislación interna por la Ley 6ª de 1972:

El agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor. Gozará también de inmunidad su jurisdicción civil y administrativa (...) 2. El agente diplomático no está obligado a testificar. 3. El agente diplomático no podrá ser objeto de ninguna medida de ejecución, salvo en los casos previstos en los incisos a), b) y c) del párrafo 1º de este artículo y con tal de que no sufra menoscabo la inviolabilidad de su persona o de su residencia. // 4. La inmunidad de jurisdicción de un agente diplomático en el Estado receptor no lo exime de la jurisdicción del Estado acreditante.

10.1. Dicha disposición que propende por garantizar la soberanía, independencia e igualdad de los Estados en sus relaciones diplomáticas, de manera tal que estas últimas no se vean afectadas por los procesos jurisdiccionales que puedan adelantarse contra los agentes diplomáticos en misión en el país receptor(3), tiene por efecto directo el privar a los habitantes de este último de acudir a la jurisdicción natural, esto es, la del país en el cual habitan, con miras a obtener la protección o satisfacción pretendida en contra de dichos agentes.

10.2. Al respecto esta corporación(4) ha sostenido en varias oportunidades que aunque el Estado es soberano en el manejo de las relaciones internacionales y, por ende, tenía la posibilidad de negociar y conceder privilegios como el de la inmunidad de jurisdicción de agentes diplomáticos de que trata la Convención de Viena de 1961, ello no obsta para que el mismo Estado sea declarado responsable si un particular se ve privado de la posibilidad de acceder a la administración de justicia para resolver un litigio que lo enfrentaría a un beneficiario del mencionado privilegio. Este criterio fue compartido expresamente por la Corte Constitucional quien, en la Sentencia C-315 de 2004, sostuvo(5):

... podría argumentarse que la inmunidad de jurisdicción podría afectar gravemente en determinados casos el derecho de acceso a la justicia, pues impediría a los nacionales demandar a los miembros de las misiones diplomáticas que les hubieren podido ocasionar un daño. Sin embargo, la Corte considera que ese reparo no se encuentra justificado, no solo porque esa inmunidad es un elemento esencial del derecho diplomático sino además por cuanto, en esos eventos, la persona puede obtener una reparación del Estado colombiano, ya que habría sido víctima de un daño antijurídico (C.P., art. 90).

10.3. De acuerdo con la jurisprudencia, el fundamento para declarar la responsabilidad del Estado no es otro que el de la ruptura del principio de igualdad frente a las cargas públicas pues, en estos eventos, el particular que se ve en la imposibilidad de acceder a la administración de justicia con miras a satisfacer sus pretensiones estaría asumiendo, con mayor intensidad que el resto de la colectividad, las consecuencias de una negociación realizada a favor de la Nación. En palabras de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo(6):

La aplicación del texto normativo en el sentido de conferir la inmunidad conduce a un enfrentamiento de derechos reconocidos por el ordenamiento colombiano; de un lado la condición del diplomático que goza de la inmunidad para ante los jueces colombianos y de otro lado el derecho que tienen todos los residentes en Colombia para accionar ante sus jueces naturales para que se respeten sus derechos, se les proteja o se les garantice conforme al derecho positivo vigente, y demandar y ser demandados. Si excepcionalmente como en este caso y por un tratamiento de privilegio conferido por el Estado a una persona, atendidas sus calidades, se produce un desequilibrio en su favor y en contra de otro que resulta damnificado y sin la posibilidad de demandar con fundamento en el hecho dañino ante su juez natural, es claro que hay un desequilibrio de las cargas públicas y que por ello el particular está habilitado para demandar al Estado en reparación con fundamento en su actuar complejo como ya se dijo.

10.4. Es de anotar que aunque la inmunidad de jurisdicción ha sido aplicada de manera cada vez más restringida y circunscrita a los aspectos en los cuales existe un lazo directo entre los hechos materia del litigio y la actividad diplomática desarrollada por el agente, como se relata en sentencia de esta Subsección de 28 de septiembre de 2012(7), en los casos en que la jurisdicción competente se ha abstenido de avocar o continuar con el conocimiento de un asunto con fundamento en dicho privilegio, esta corporación ha sido clara en afirmar que hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por el daño especial causado al particular y consistente, precisamente, en la imposibilidad de acceder a la jurisdicción para efectos de hacer valer sus pretensiones.

10.5. En estos términos, dos son las condiciones para que proceda la declaratoria de responsabilidad del Estado por la inmunidad de jurisdicción diplomática consagrada en la Ley 6ª de 1972. La primera, que el particular se haya visto privado de la posibilidad de acceder a la administración de justicia para reclamar la garantía del derecho que a su juicio, le asiste —daño—; y, la segunda, que dicha imposibilidad se derive directamente del beneficio de inmunidad de jurisdicción de los agentes diplomáticos —imputabilidad—.

11. A propósito de la primera, esto es, del daño, la Sala considera que si se tiene en cuenta que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el derecho al acceso a la administración de justicia se concreta, esquemáticamente, “no solo en la posibilidad de acudir al juez para que decida la situación jurídica planteada, sino en la emisión de una orden y su efectivo cumplimiento”(8), el particular que pretenda comprometer la responsabilidad del Estado por cuenta de la inmunidad de jurisdicción deberá demostrar, a título de daño causado por esta última, una de las siguientes situaciones: i) que habiendo acudido al juez natural para satisfacer sus pretensiones, estas no fueron estudiadas; o ii) que habiéndose fallado de manera favorable a las mismas, la decisión no pudo ejecutarse.

11.1. Lo anterior se explica porque, en primer lugar, la razón de ser del derecho al acceso a la administración de justicia es garantizar que las pretensiones de los particulares sean resueltas por los jueces(9), de manera tal que, cuando este ha sido el caso, es decir, cuando el juez ha estudiado el fondo del asunto, no puede hablarse de imposibilidad de acceder a la administración de justicia. En segundo, porque en el caso particular de la responsabilidad del Estado por el privilegio de inmunidad de jurisdicción, no basta con que el particular invoque como daño el no haber podido demandar a un agente diplomático —pues ese es el objeto mismo del privilegio—, sino que es necesario demostrar, además, que con ello se le causó un daño especial, concretamente, que se le privó de la posibilidad real de que sus pretensiones fueran satisfechas por vía jurisdiccional, lo cual no ocurre cuando, pese al privilegio, aquellas fueron resueltas por el juez del asunto y la decisión adoptada fue debidamente ejecutada.

11.2. En el caso bajo análisis la Sala encuentra que las pretensiones elevadas por el señor Mohammad Zadeh Lati en el marco de la demanda de constitución de parte civil en el proceso penal, no solo fueron estudiadas integralmente, sino que fueron acogidas parcialmente en sede judicial y, además, se garantizó el pago de la indemnización reconocida a su favor. Así pues, no es posible concluir que el señor Mohammad Zadeh Lati se vio privado de la posibilidad de acceder a la administración de justicia para efectos de obtener la satisfacción de sus pretensiones.

11.3. En efecto, la demanda interpuesta el 18 de febrero de 2000, mediante la cual el señor Mohammad solicitó ser indemnizado por los perjuicios causados como consecuencia del accidente ocurrido el 4 de noviembre de 1999 —supra párr. 8.2— fue admitida —supra párr 8.4— y tramitada. Es así que, en sentencia de primera instancia de 30 de abril de 2002, el Juzgado 55 Penal Municipal de Bogotá estudió las pretensiones formuladas por el entonces actor, reconoció la causación de perjuicios morales y materiales y condenó al señor José Salatiel Garzón Alfonso —conductor del vehículo—, a que le cancelara el monto de la indemnización —supra párr. 8.6—, decisión que fue modificada en cuanto a este último aspecto por el Juzgado 12 Penal del Circuito de Bogotá —supra párr. 8.7—.

11.4. En estos términos, la decisión de la fiscalía local 293 de Bogotá respecto de la no vinculación de la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica, como tercero civilmente responsable —aun en el caso en que se admitiera que fue proferida en virtud del principio de inmunidad de jurisdicción, lo cual no es claro en el proceso(10)—, en nada obstaculizó el estudio de las pretensiones indemnizatorias del actor y, por lo tanto, respecto de este último, se garantizó plenamente el derecho de acceso a la administración de justicia en su primer aspecto, esto es, en el de la posibilidad de acudir a la jurisdicción para resolver una situación jurídica planteada.

11.5. A lo anterior se agrega que, tal como está probado en el expediente, el monto de la indemnización reconocida judicialmente a favor del señor Mohammad Zadeh Lati, como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente del 4 de noviembre de 1999, fue puesta a disposición de los juzgados encargados de tramitar el proceso, por el condenado a su pago, esto es, el señor Garzón Alfonso y por una compañía aseguradora —supra párr. 8.8—. Así pues, aunque no hay constancia de que el señor Mohammad Zadeh Lati haya recibido efectivamente la indemnización referida, sí está claro que dichos juzgados ordenaron que los títulos judiciales respectivos le fueran entregados, lo cual implica que el pago de la condena proferida a favor del señor Mohammad Zadeh Lati estaba garantizada.

11.6. Se observa pues que, tal como se señaló anteriormente, aun en el evento en que se considerara que la no vinculación de la Embajada de Estados Unidos de América como tercero civilmente responsable se produjo como consecuencia del privilegio de inmunidad de jurisdicción, dicha decisión tampoco fue impedimento para el acceso a la administración de justicia de la parte actora en lo relacionado con el segundo aspecto comprendido por este derecho, esto es, la posibilidad de hacer efectiva la condena judicial proferida a su favor.

11.7. Al respecto es importante señalar que, a falta de pretensiones indemnizatorias particulares en relación con la Embajada de los Estados Unidos de América, la solicitud de vincularla como tercero civilmente responsable solo tenía por objeto garantizar el pago de la indemnización reclamada en la demanda de parte civil, esto es, evitar que la posible insolvencia del conductor del vehículo se constituyera en obstáculo para obtener la reparación solicitada. Lo anterior en virtud de la solidaridad que la ley establece entre la persona que resulta responsable penalmente y aquella llamada a reparar el daño de acuerdo con la ley sustancial(11), solidaridad que, en los términos del artículo 1571 del Código Civil, implicaba que “[e]l acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios conjuntamente, o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que por este pueda oponérsele el beneficio de división”. No obstante, probado como está que el monto de la indemnización reconocido a su favor fue debidamente cancelado, la falta de vinculación de la embajada como tercero civilmente responsable, no tuvo ninguna consecuencia práctica para el entonces demandante como parte civil.

11.8. Ahora bien, en la medida en que nada obstaba para que los familiares del señor Mohammad Zadeh Lati se constituyeran también como parte civil dentro del proceso penal adelantado contra el señor Garzón Alfonso para efectos de obtener la indemnización de perjuicios que reclaman ahora por la vía de la acción de reparación directa y que, de hecho, nada en el expediente permite explicar las razones por las cuales no lo hicieron, no les asiste razón cuando, en su recurso de apelación afirman que fueron privados de la posibilidad de formular la acción respectiva ante la jurisdicción ordinaria.

11.9. En este orden de ideas es claro que la parte actora no sufrió ningún daño derivado de la inmunidad de jurisdicción diplomática consagrada en la Ley 6ª de 1972 que aprobó la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y, en todo caso, la indemnización que pretendió obtener inicialmente por la lesión padecida fue pagada por el conductor del vehículo de propiedad de la embajada, en consecuencia, sus pretensiones indemnizatorias en reparación directa resultaban injustificadas.

V. Costas

12. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFIRMAR la sentencia de 26 de enero de 2005, proferida por la Sección Tercera —Sala de Descongestión— del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En firme este proveído, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) En la demanda, presentada el 2 de mayo de 2001, la pretensión mayor, correspondiente a la indemnización por lucro cesante, fue estimada en $ 1.404.000.000. Por estar vigente al momento de la interposición del recurso de apelación que motiva esta sentencia, se aplica en este punto el artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modifica el numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que dispone que la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en 2001 fuera de doble instancia, debe ser superior a $ 26.390.000.

(3) Sobre el particular, la Corte Constitucional ha considerado “Del principio de soberanía, independencia e igualdad de los Estados se deriva una regla de derecho internacional público, reconocida por la costumbre y las convenciones internacionales en virtud de la cual los agentes y bienes de Estados extranjeros deben ser inmunes frente a la actuación coercitiva de las autoridades públicas de los Estados huéspedes”, Sentencia C-137 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(4) Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 25 de agosto de 1998, Exp. IJ-001, C.P. Jesús María Carrillo, reiterada luego en las sentencias de 28 de septiembre de 2012, Exp. 24.630, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo y de 9 de octubre de 2013, Exp. 30.286, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(5) Sentencia C-315 de 1º de abril de 2004, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(6) Op. cit. sentencia de 25 de agosto de 1998.

(7) Exp. 24630, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(8) Sentencia T-553 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(9) La Corte Constitucional ha considerado que la efectividad del derecho a la administración de justicia se logra “cuando, dentro de determinadas circunstancias y con arreglo a la ley, el juez garantiza igualdad a las partes, analiza las pruebas, llega a un libre convencimiento, aplica la Constitución y la ley y, si es el caso, proclama la vigencia y realización de los derechos amenazados o vulnerados. Es dentro de este marco que la Corte Constitucional no ha vacilado en calificar al derecho al que hace alusión la norma que se revisa —que está contenida en los arts. 29 y 229 de la C.P.— como uno de los derechos fundamentales, susceptible de protección jurídica inmediata a través de mecanismos como la acción de tutela prevista en el artículo 86 superior”, Sentencia C-1027 de 27 de noviembre de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. En una decisión más reciente, la Corte Constitucional sostuvo: “El derecho a la administración de justicia ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes”, Sentencia T-283 de 16 de mayo de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

(10) En efecto, aunque es evidente que el fiscal a cargo de la investigación tenía duda sobre la aplicación o no del principio de inmunidad de jurisdicción, razón por la cual consultó a varias autoridades —supra párr. 8.3 y 8.4—, la decisión de no vincular a la embajada como tercero civilmente responsable fue fundada en una consideración diferente —supra párr. 8.5—.

(11) Según el artículo 45 del Decreto 2700 de 1991 “Están solidariamente obligados a reparar el daño, resarcir los perjuicios causados por el hecho punible y restituir el enriquecimiento ilícito las personas que resulten responsables penalmente, quienes de acuerdo a la ley sustancial deban reparar el daño y aquellas que se hubieren beneficiado de dicho enriquecimiento”.