Sentencia 2001-00932 de mayo 2 de 2013

 

Sentencia 2001-00932 de mayo 2 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad. 250002326000-2001-00932 – 01 (26.829).

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Demandante: Álvaro Rodríguez Amazo y otros.

Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro.

Asunto: Apelación sentencia de reparación directa.

Bogotá, D.C., dos de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferida el 13 de enero de 2004, en la que se denegaron las pretensiones de la demanda.

1. Las pruebas aportadas al proceso.

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de la señora Ana Carolina Rodríguez Acuña, en el cual consta que nació el 8 de abril de 1988 y que sus padres son Ruth Jiménez Acuña y Álvaro Rodríguez Amazo (fl. 1 cdno. 2).

— Copia auténtica del folio de matrícula inmobiliaria número 50N-20076703, correspondiente al apartamento 103 del inmueble ubicado en la carrera 14 número 107-66, edificio “Le (sic) ville de Juliette”, emitido el 23 de enero de 1998, en el que aparecen como propietarios del bien los señores Silvia de Dios Iturrioz y Giovanni Vicenzo Papa (fl. 2- 3, cdno. 3).

— Copia auténtica del folio de matrícula inmobiliaria número 50N-20076703, correspondiente al apartamento 103 del inmueble ubicado en la carrera 14 número 107-66, edificio “Le (sic) ville de Juliette”, emitido el 18 de mayo de 1998, en el que aparecen como propietarios del bien los señores Silvia de Dios Iturrioz y Giovanni Vicenzo Papa (fl. 4 a 5 cdno. 3).

— Copia auténtica del folio de matrícula inmobiliaria número 50N-20076703, correspondiente al apartamento 103 del inmueble ubicado en la carrera 14 número 107-66, edificio “Le (sic) ville de Juliette”, emitido el 17 de julio de 1998, en el que aparecen como propietarios del bien los señores Silvia de Dios Iturrioz y Giovanni Vicenzo Papa (fl. 6 a 7 cdno. 3).

— Copia auténtica del folio de matrícula inmobiliaria número 50N-20076703, correspondiente al apartamento 103 del inmueble ubicado en la carrera 14 número 107-66, edificio “Le (sic) ville de Juliette”, emitido el 6 de agosto de 1998, en el que aparecen como propietarios del bien los señores Silvia de Dios Iturrioz y Giovanni Vicenzo Papa y aparece la anotación 9 mediante la cual se inscribió el embargo ejecutivo del inmueble ordenado por el Juzgado 20 Civil del Circuito a favor del señor Álvaro Rodríguez Amazo (fl. 8-9 cdno. 3).

— Copia auténtica del folio de matrícula inmobiliaria número 50N-20076703, correspondiente al apartamento 103 del inmueble ubicado en la carrera 14 número 107-66, edificio “Le (sic) ville de Juliette”, emitido el 12 de enero de 1999, en el que aparecen como propietarios del bien los señores Silvia de Dios Iturrioz y Giovanni Vicenzo Papa y aparece la anotación 9 mediante la cual se inscribió el embargo ejecutivo del inmueble ordenado por el Juzgado 20 Civil del Circuito a favor del señor Álvaro Rodríguez Amazo (fl. 10-11, cdno. 3).

— Copia auténtica del folio de matrícula inmobiliaria número 50N-20076703, correspondiente al apartamento 103 del inmueble ubicado en la carrera 14 número 107-66, edificio “Le (sic) ville de Juliette”, emitido el 28 de febrero de 1999, en el que aparece la anotación 9, sustitutiva de la anterior anotación Nº 9, mediante la cual se inscribió la adjudicación de liquidación de la sociedad conyugal de los señores Silvia de Dios Iturrioz y Giovanni Papa, se excluyó a este último de la propiedad del bien y se canceló la orden de embargo del bien a favor del señor Rodríguez Amazo (fl. 12-13, cdno. 3).

— Resolución 0374 del 23 de abril de 1999, emitida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte (fl. 14-16, cdno. 3); en el mencionado acto administrativo se dispuso:

“(...).

Revisados los folios de matrícula en comento tenemos que: El folio de matrícula 050-200776703 corresponde al apartamento 103 ubicado en la carrera 14 Nº 107-66 del edificio La ville de Juliette, propiedad de Iturrioz Silvia de Dios y Papa Acuña Giovanni Vicenzo adquirido por Escritura Pública 2004 del 2 de junio de 1995 de la Notaría 34 de Santafé de Bogotá, e inscrita en esta oficina el 9 de junio de 1995 con radicación 95-37920.

El folio de matrícula inmobiliaria 050-20076073 corresponde al depósito 16 del Conjunto Residencial San Pablo situado en la carrera 24A Nº 151-35, propiedad de Baquero Hernández María Cristina y Baquero Hernández Lucía Esperanza, según escritura 1792 del 22 de abril de 1992 de la Notaría 20 de Santafé de Bogotá, anotación 05; posteriormente en esta misma matrícula como anotación 09 se inscribió la escritura 870 del 7 de abril de 1998, contentiva del acto jurídico Adjudicación Liquidación de Sociedad Conyugal, de Iturrioz Silvia de Dios y Papa Acuña Giovanni Vicenzo, a Iturrioz Silvia de Dios.

Por error mecanográfico al momento de la transcripción de la Escritura 870 tantas veces citada en forma equivocada se inscribió en el folio de matrícula 050-20076073.

Así las cosas verificadas la tradición de los folios de matrícula en comento, como el contenido de la escritura 870 ya mencionada, encontramos claridad del predio adjudicado tanto por su descripción, área, linderos, como su identificación registral y citando el título adquisitivo correcto, este corresponde al folio de matrícula inmobiliaria 050-200776703, ya que como se dijo el folio de matrícula inmobiliaria 050-20076073 corresponde a diferentes propietarios e inmueble.

(...).

RESUELVE:

Artículo primero. Excluir del folio de matrícula inmobiliaria 050-20076073 la anotación 09 por corresponder al folio 050-20076703.

Artículo segundo. Incluir en el folio de matrícula inmobiliaria 050-20076703, como anotación 09 la escritura pública 870 que quedará así:

Anotación 09: 29-04-1998 escritura 870 del 07-04-1998 Notaría 47 de Santafé de Bogotá, en especificación adjudicación, Código 106, en comentario: liquidación sociedad conyugal; en Radicación: 98-29547, en nombres, De Iturrioz Silvia de Dios, C.C. 39.694.469 y Papa Acuña Giovanni Vicenzo C.C. 79.271.225, A Iturrioz Silvia de Dios C.C. 39.694.469.

Artículo tercero: En la anotación 09 que quedará como anotación 10 quitar la X de propietario a Papa Acuña Giovanni Vicenzo.

(...).

Artículo sexto: Remitir copia de esta Resolución al Juzgado 20 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, para que obre dentro del proceso ejecutivo de Álvaro Rodríguez Amazo contra Giovanni Vicenzo Papa Acuña”.

— Resolución 0650 del 12 de julio de 1999, mediante la cual la oficina de instrumentos públicos de Bogotá, zona norte, desató desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto por el señor Rodríguez Amazo contra la Resolución 0374 de 1999 (fl. 17-21, cdno. 3); en el mencionado acto administrativo se indicó:

“(...).

Para el caso en estudio se observa que se hizo una anotación indebida que consiste en: (sic)

‘No es una anotación ilegal, todo lo ilegal es indebido, pero no todo lo indebido es ilegal. Estamos viendo la anotación indebida que es aquella que es legal pero que no ha debido efectuarse de esa manera por ejemplo la anotación hecha en un folio que no corresponde o la apertura de un folio cuando ya existe otro.

Ahora bien, tenemos que una vez producido el error, este se puede corregir oficiosamente, o a petición de parte interesada, o por iniciativa del órgano de la administración con fundamento en el Decreto-Ley 1250 de 1970 analizándose previamente que si se afectan derechos de terceros se debe llevar a cabo el trámite de la actuación administrativa tal como se hizo en el caso recurrido.

(...).

RESUELVE:

Artículo primero: Confirmar lo decidido en la Resolución 374 del 23 de abril de 1999”.

— Copia auténtica del proceso ejecutivo Nº 7105, el cual cursó ante el Juzgado 20 Civil del Circuito, del señor Álvaro Rodríguez Amazo contra el señor Giovanni Vicenzo Papa (fl. 22-230, cdno. 1); entre los documentos aportados se encuentran las siguientes piezas procesales:

1. Memorial del 18 de junio de 1998, mediante el cual el señor Álvaro Rodríguez Amazo inició proceso ejecutivo singular de mayor cuantía contra el señor Giovanni Vicenzo Papa Acuña por la suma de $ 49.000.000, más los intereses moratorios y las sanciones causadas por el retardo en el pago de los cheques número 3333750 del Banco de Bogotá y 5697106 del Banco Interbanco (fl. 37 a 40 c 2);

2. Auto del 8 de julio de 1998, emitido por el Juzgado 20 Civil del Circuito, mediante el cual se admitió la demanda instaurada por el señor Rodríguez Amazo contra el señor Papa Acuña y se libró mandamiento de pago (fl. 47-48, cdno. 2);

3. Sentencia del 20 de enero de 1999, emitida por el Juzgado 20 Civil del Circuito, mediante la cual se ordenó seguir adelante con la ejecución y el “remate y avalúo de los bienes embargados y secuestrados, y de los que posteriormente resultaren” (fl. 58-59, cdno. 2);

4. Memorial del 15 de febrero de 1999, mediante el cual el señor Rodríguez Amazo liquidó el crédito debido por el señor Papa Acuña, por un monto de $ 67.600.000 al 8 de febrero de 1999, incluyendo los intereses y la sanción comercial del 20% por la omisión en el pago de los cheques (fl. 61, cdno. 1);

5. Liquidación de costas en el proceso Nº 7105, realizada por el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá, la cual arrojó un resultado de $ 6.712.000. (fl. 66, cdno. 1);

6. Memorial del señor Álvaro Rodríguez Amazo (fl. 76-77, cdno. 2), sin fecha aparente, mediante el cual le solicitó al Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá la práctica de las siguientes medidas cautelares:

“a. Que se decrete el embargo y secuestro del derecho o cuota parte que el demandado señor Giovanni Vicenzo Papa Acuña, tiene y posee sobre el apartamento 103 de la carrera catorce (14) número ciento siete sesenta y seis (107-66) de esta ciudad de Santafé de Bogotá, el cual se distingue con la matrícula 20076703.

b. Que se decrete el embargo y secuestro de todos los bienes muebles que de propiedad (sic) demandado tenga y posea en la carrera 14 Nº 107-66 apartamento 103 de esta ciudad de Santafé de Bogotá, o en el lugar que se indique en el momento de practicarse la diligencia.

Solicito se libre el despacho correspondiente.

d. Que se decrete el embargo y el secuestro de la parte de salario que pueda ser objeto de tal medida y que devenga el demandado señor Giovanni Vicenzo Papa Acuña en la empresa Tapón Corona de Colombia S.A.

Ruego librar el oficio correspondiente”.

7. Póliza Judicial 1144142, emitida por la compañía aseguradora Cóndor S.A., por un valor de $ 347.254, mediante la cual se prestó caución en el proceso ejecutivo Nº 7105 (fl. 78, cdno. 2);

8. Auto del 8 de julio de 1998 (fl. 80, cdno. 2), mediante el cual el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá decretó:

“1. El embargo de la cuota parte o derecho de propiedad del demandado Giovanni Vicenzo Papa Acuña que tenga en el inmueble ubicado en la carrera 14 Nº 107-66, apartamento 103, de esta ciudad, matrícula inmobiliaria Nº 50N-20076703. Sobre el secuestro se resolverá una vez se allegue el certificado de tradición donde aparezca registrado el presente embargo. Líbrese oficio a la oficina de registro respectiva.

2. El embargo de los bienes muebles y demás enseres de propiedad del demandado que se encuentren ubicados en la carrera 14 Nº 107-66, apto. 103, de esta ciudad o en el sitio en que se indique al momento de la diligencia. Para tal fin comisionar al señor inspector distrital de policía de la zona respectiva con todas las facultades del caso, excepto de secuestra (sic) vehículos automotores y fijar honorarios provisionales al secuestre. Líbrese despacho comisorio con todos los insertos respectivos. Limítese la medida a la suma de $ 99.450.000.

3. El embargo y retención de la quinta parte del sueldo que exceda del salario mensual mínimo legal que el demandado Giovanni Vicenzo Papa Acuña devenga en Tapón Corona de Colombia S.A. Para tal fin se ordena oficiar al señor pagador de dicha entidad. Limítese la medida la suma de $ 99.450.000”.

9. Constancia de inscripción, emitida por la Superintendencia de Notariado y Registro el 21 de julio de 1998, mediante la cual se certificó que se inscribió (anotación Nº 9) la medida de embargo decretada por el Juzgado 20 Civil del Circuito en el folio de matrícula inmobiliaria Nº 20076703 (fl. 83, cdno. 2);

10. Auto del 3 de agosto de 1998, emitido por el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá, mediante el cual se decretó: “El secuestro de la cuota parte del inmueble de propiedad del demandado que se encuentra ubicado en la carrera 14 Nº 107-66, apartamento 103, de esta ciudad, matrícula mercantil (sic) Nº 50N-20076703. Para tal fin se comisiona al señor inspector distrital de policía de la zona respectiva con todas las facultades del caso, excepto la de señalar honorarios provisionales al secuestre. Líbrese despacho comisorio con todos los insertos respectivos” (fl. 86 cdno. 2).

11. Oficio IN-178 del 1º de marzo de 1999, emitido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, dirigido al Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá, mediante el cual se le puso de presente la existencia de una actuación administrativa tendiente a establecer la “real situación jurídica” del inmueble distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria Nº 50N-20076703 (fl. 12-14, cdno. 2);

12. Despacho comisorio Nº 458, emitido por el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá, del 21 de agosto de 1998, mediante el cual se comisionó el secuestro del bien inmueble ubicado en la carrera 14 Nº 107-66, apartamento 103, de la ciudad de Bogotá (fl. 91, cdno. 2);

13. Diligencia de secuestro de cuota parte, practicada por la Inspección 1D Distrital de Policía, el 19 de abril de 1999 (fl. 38, cdno. 2); en la diligencia aparece la oposición que elevó la señora Silvia de Dios Iturrioz, por cuanto consideró ser la legítima propietaria del bien, oposición que fue desestimada por cuanto el “certificado no hace referencia al bien inmueble en el cual practicamos la diligencia ya que difiere tanto el número de matrícula inmobiliaria como también difiere la dirección del inmueble sujeto a diligencia”.

14. Memorial del 2 de septiembre de 1999, mediante el cual la señora Silvia de Dios Iturrioz, actuando como tercero interviniente en el proceso Nº 7105, solicitó al Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá el levantamiento de la medida de embargo y secuestro respecto del bien identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50N-20076703, en vista de la corrección realizada a dicho folio por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, mediante Resolución 374 del 23 de abril de 1999, en el sentido de inscribir la adjudicación del bien a la señora Iturrioz (fl. 172-175, cdno. 2);

15. Auto del 1º de octubre de 1999, emitido por el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá (fl. 180, cdno. 2), mediante el cual se dispuso:

“Teniendo en cuenta la comunicación que precede, proveniente de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Norte de esta ciudad, mediante la cual hace correcciones al folio de matrícula Nº 50N-20076703, en el sentido de indicar que quien aparece como titular del inmueble a que hace referencia el citado folio, es la señora Silvia de Dios Iturrioz, se dispone:

‘De conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 681 del Código de Procedimiento Civil, y dado que el inmueble distinguido con la matrícula inmobiliaria Nº 50N-20076703, no pertenece al demandado Giovanni Vicenzo Papa Acuña, se decreta el levantamiento de las medidas de embargo y secuestro que pesan sobre el citado inmueble. Ofíciese en tal sentido a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos respectiva, y al secuestre, a fin de que este proceda a hacer la entrega del inmueble a quien lo ostentaba en el momento de la diligencia de secuestro’”.

16. Memorial contentivo de los recursos de reposición y en subsidio de apelación interpuestos contra el auto del 1º de octubre de 1999, por parte del señor Rodríguez Amazo, mediante el cual se solicitó la revocatoria del levantamiento de la medida de embargo y secuestro respecto del bien identificado con la matrícula inmobiliaria Nº 50N-20076703 (fl. 196- 200, cdno. 2); en el libelo, el señor Rodríguez Amazo puso de presente el hecho de que en el proceso ejecutivo no se practicó medida cautelar alguna respecto de otros inmuebles de propiedad del demandado y que este se insolventó con posterioridad a la demanda.

17. Auto del 16 de diciembre de 1999, emitido por el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá, mediante el cual se desató negativamente el recurso de reposición incoado por el señor Rodríguez Amazo, por cuanto el levantamiento de las medidas cautelares se ajustó a la legalidad por existir disparidad entre el titular del inmueble embargado y secuestrado y el demandado en el proceso ejecutivo (fl. 203-205, cdno. 2).

18. Auto del 17 de noviembre de 2000, emitido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, mediante el cual se decidió desfavorablemente el recurso de apelación interpuesto por el señor Rodríguez Amazo, en atención a que “siguiendo el orden de radicación de los actos mencionados, la anotación de la escritura de adjudicación precedió al oficio de embargo, ante lo cual, no otro camino podía tomar el juzgado de conocimiento que ordenar el levantamiento de la medida, con fundamento en lo previsto en el artículo 681-1 [del Código de Procedimiento Civil]” (fl. 223-227, cdno. 2).

19. Liquidación de costas en la instancia, realizada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por un monto del $ 320.000 (fl. 229, cdno. 2).

2. Lo que se debate.

El señor Rodríguez Amazo demandó en proceso ejecutivo de mayor cuantía al señor Giovanni Papa Amazo, proceso en cuyo desarrollo le solicitó al Juez 20 Civil del Circuito de Bogotá que ordenara la práctica de las medidas cautelares de embargo y secuestro del bien ubicado en el apartamento 103 de la carrera 14 Nº 107-66, identificado con la matrícula inmobiliaria Nº 50N-20076703; el juez, en vista de que en el certificado de libertad y tradición correspondiente aparecía el demandado como propietario del inmueble en cuestión, procedió a ordenar la práctica de las medidas cautelares solicitadas por el señor Rodríguez Amazo; el embargo se inscribió en el folio de matrícula inmobiliaria el día 17 de julio de 1998 y el secuestro se efectuó el 19 de abril de 1999.

Sin embargo, como resultado de la actuación administrativa adelantada por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, se identificó que el folio de matrícula inmobiliaria Nº 50N-20076703 no reflejaba la situación real del inmueble; en efecto, se encontró que el inmueble había sido adjudicado previamente (abr. 24/98), en virtud de la liquidación de la correspondiente sociedad conyugal, a la señora Silvia de Dios Iturrioz y que, por un error mecanográfico, la respectiva escritura pública de la liquidación de ajudicación[sic] de sociedad conyugal y adjudicación de bienes se inscribió en el folio de matrícula inmobiliaria Nº 50N-20076073 y no en el que correspondía realmente al bien que se adjudicó, esto es al identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nº 50N-2006703. La situación fue corregida mediante Resolución 374 del 23 de abril de 1999, emitida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona norte, y confirmada en Resolución 650 del 12 de julio de 1999, emitida por la misma entidad pública.

Ante esta situación, el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá ordenó el levantamiento de las medidas de embargo y secuestro, por cuanto el inmueble que constituyó su objeto no pertenecía al demandado al momento de su decreto, levantamiento que fue confirmado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en auto del 17 de noviembre de 2000.

En criterio de la parte actora, el error mecanográfico que generó la indebida anotación constituye una falla del servicio público registral; aseveró que el daño antijurídico que se le causó se configuró por la imposibilidad de perseguir otros bienes del señor Giovanni Papa Acuña, ya que limitó su solicitud al inmueble que aparecía en el registro de instrumentos públicos como de propiedad del deudor y que, con posterioridad a la presentación de la demanda ejecutiva, este se insolventó.

Como consecuencia de lo anterior, el señor Rodríguez Amazo solicitó a su favor el reconocimiento de perjuicios materiales y morales, mientras que los demás demandantes, las señoras Ruth Acuña Jiménez y Carolina Rodríguez Acuña solicitaron que se condenara a la entidad pública demandada al pago, a su favor, de los perjuicios morales que les fueron causados como consecuencia de la conducta de la Superintendencia de Notariado y Registro.

3. La conducta de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Esta Sala ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse(1) acerca de la importancia de la veracidad y adecuación a la realidad de los certificados de libertad y tradición:

“Como es bien sabido, la tradición de dominio de los bienes inmuebles se lleva a cabo por la inscripción del título en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, al tenor de lo preceptuado en el artículo 756 del Código Civil(2).

En consonancia con este precepto el Decreto-Ley 1250 de 1970(3), por el cual se expide el estatuto del registro de instrumentos públicos, en su artículo 2º numeral 1º, prevé que está sujeto a registro ‘[t]odo acto, contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre bienes raíces, salvo la cesión de crédito hipotecario o prendario’ y en el numeral 4º ‘[l]os actos, contratos y providencias que dispongan la cancelación de las anteriores inscripciones’; a su vez, el artículo 44 ibídem prescribe que ‘[p]or regla general ningún título o instrumento sujeto a registro o inscripción surtirá efectos respecto a terceros, sino desde la fecha de aquel’.

De conformidad con lo anterior, se ha señalado que uno de los fines más importantes del servicio público registral es que sirve justamente de publicidad(4), en tanto da a conocer a terceros quién es el propietario del bien y, en consecuencia, quién puede disponer de él, así como la real situación jurídica del mismo, lo cual, otorga a los usuarios de dicho servicio seguridad jurídica respecto de sus actuaciones sobre bienes inmuebles, cuando estas se fundamentan en los registros que lleva la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, de ahí que las inscripciones deben adelantarse en forma cuidadosa respetando el antiguo principio de los derechos reales de conformidad con el cual el primero en el tiempo ha de prevalecer en el derecho —prius in tempore, potior iure—.

Sostuvo la Sala(5):

‘No debe perderse de vista que precisamente el sistema de registro de la propiedad inmobiliaria es un servicio público a cargo del Estado cuyo propósito consiste precisamente en otorgar seguridad jurídica para la comercialización y disposición de esta clase de bienes, a efectos de lo cual resulta fundamental la publicidad de todas aquellas situaciones que puedan incidir en el efectivo ejercicio de los derechos reales que sobre estos recaigan, pues solo de este modo resulta verdaderamente eficaz dicha institución. De allí que por virtud de dicho sistema la doctrina ha elaborado el principio de la ‘fe pública registral’, en desarrollo del cual:

el registro se reputa siempre exacto en beneficio del adquirente que contrató confiado en el contenido de los asientos, y lo protege de manera absoluta en su adquisición, siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos en la ley.

(...).

Con arreglo al principio de la fe pública, la ley transforma la autenticidad de los asientos en una verdad casi incontrovertible cuando se trata de asegurar a los terceros que contratan confiados en lo que refleja el registro. La fe pública registral es la seguridad absoluta dada a todo aquel que adquiere el dominio o un derecho real del titular inscrito, de que su transferente era dueño o titular de los derechos correspondientes en los mismos términos que resulten de los asientos y subsana o convalida los defectos de titularidad, en caso de que por inexactitud del registro no lo fuera verdaderamente o tuviera su derecho limitado por causas que no resulten del mismo registro’(6).

De igual manera, se ha entendido que la inscripción resulta determinante para el efectivo cumplimiento de los propósitos del sistema de registro:

‘La inscripción proporciona una protección al titular inscrito y unas garantías que son impensables fuera del registro de la propiedad. Al efecto declarativo de la inscripción y al efecto probatorio, se añade toda la eficacia defensiva procedente de la publicidad registral. Esta eficacia derivada de la publicidad registral se crea por el Estado en orden a garantizar el interés general, tanto en la seguridad jurídica (en sentido subjetivo, o seguridad de las situaciones jurídico-subjetivas) como en la seguridad del tráfico jurídico’(7).

‘Es así cómo cada folio de matrícula inmobiliaria, asignado a un bien inmueble determinado, que se distingue “con un código o complejo numeral indicativo del orden interno de cada oficina y de la sucesión en que se vaya sentando”, según lo establece el artículo 5º del Decreto-Ley 1250 de 1970, se gobierna por el principio de legalidad o calificación registral(8), según el cual el registrador tiene la función de confrontar los títulos con el ordenamiento jurídico y si advierte disconformidad, no puede autorizar su otorgamiento e inscripción —artículos 24 y 37 Decreto-Ley 1250 de 1970—. Es por ello que “el certificado del registrador es el único medio de que disponen los usuarios del servicio para conocer la situación jurídica de un inmueble; y, confían en que el certificado que les expide la oficina de registro corresponde a la realidad’(9).

“Además, al tenor de lo dispuesto por el artículo 27 Ibídem, la inscripción debe hacerse ‘siguiendo con todo rigor el orden de radicación, con anotación en el folio, en las correspondientes secciones o columnas, distinguida con el número que al título le haya correspondido en el orden del Diario Radicador y la indicación del año con sus dos cifras terminales. En seguida se anotará la fecha de la inscripción, la naturaleza del título: escritura, sentencia, oficio, resolución, etc., su número distintivo, si lo tuviere, su fecha, oficina de origen, y partes interesadas, todo en forma breve y clara, y en caracteres de fácil lectura y perdurables’”.

“De manera que, la existencia de una deficiente anotación en cuanto atañe a la descripción del predio, como su cabida y linderos, así como la concurrencia con otro folio simultáneo sobre el mismo predio (doble foliatura) o, en general, cualquier anomalía que se presente en este punto y que lleve a generar confusiones en terceros de buena fe, configura evidentemente una actuación irregular, que puede ser constitutiva de una falla del servicio(10).

‘Con esta perspectiva la Sala ha considerado:

“El registro de instrumentos públicos es la institución a través de la cual se realiza la tradición de los derechos reales que recaen sobre bienes inmuebles, mediante la inscripción del título documental en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria(11) (C.C. art. 756). Está concebido también para darle publicidad a los actos jurídicos que se produzcan respecto de los bienes inmuebles y para que los mismos sean oponibles frente a terceros (D.L. 1250/70, arts. 2º y 44). Para informar respecto de la situación jurídica de un bien inmueble, la autoridad encargada del registro de instrumentos públicos tiene también la función de expedir los correspondientes certificados que deben reflejar el estado real del inmueble de que se trata (D.L. 1250/70, art. 54)”(12).

Sin embargo, es importante precisar —como lo ha hecho la Sala reiteradamente— que el actor debe acreditar la diligencia, previsión y cuidado que ha debido observar con anterioridad a la celebración de negocios jurídicos ‘mediante una prudente constatación del estado jurídico’(13) del inmueble que pretendió adquirir, hipotecar, embargar, etc., de modo que exista certeza de que el daño surgió, precisamente, de la información errónea proporcionada al usuario a través de los certificados que sobre los bienes raíces expide la correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

En efecto, a juicio de la Sala para que se configure la responsabilidad del Estado no es suficiente con acreditar la falla en la prestación del servicio público registral, sino que es necesario, además, demostrar que el daño alegado tuvo origen en una conducta —activa o de omisión— de la administración; en otras palabras, ‘la obligación indemnizatoria no surge del manejo irregular de los folios en el registro, sino de la información equivocada suministrada mediante la expedición de certificaciones sobre dichos folios’ y, ‘por tal motivo, el comportamiento omisivo o negligente del usuario del servicio público registral determinante del daño, aún en presencia de una falla del servicio, impide la declaratoria de responsabilidad de la administración’”(14).

En el mismo sentido, esta Sala afirmó que:

“... el certificado del registrador es el único medio de que disponen los usuarios del servicio para conocer la situación jurídica de un inmueble; y, confían en que el certificado que les expide la oficina de registro corresponde a la realidad”(15).

Por lo tanto, para la Sala no son de recibo las afirmaciones de la entidad demandada en el sentido de minimizar la importancia de sus funciones al querer trasladar la responsabilidad de sus actuaciones a los particulares, dado que la función registral resulta imprescindible para el cabal desarrollo del tráfico jurídico. Es necesario, sin embargo, recalcar que las personas interesadas deben actuar con prudencia y diligencia al momento de analizar los documentos y certificaciones que le permiten identificar con certeza la situación jurídica del inmueble, lo cual no exime a las autoridades administrativas encargadas de llevar el registro de su obligación de dar una información veraz, completa y adecuada a la realidad, a todo aquel que la requiera.

En este sentido, para retomar la expresión utilizada por la entidad pública demandada, si bien es cierto que las anotaciones indebidas no constituyen per se una conducta ilegal, no es menos cierto que estas pueden llegar a constituir daños antijurídicos en la medida en que un tercero haya basado su conducta en la información consignada en el folio de matrícula inmobiliaria, por ello la Sala ha afirmado de manera reiterada que “la obligación indemnizatoria no surge del manejo irregular de los folios en el registro, sino de la información equivocada suministrada mediante la expedición de certificaciones sobre dichos folios”(16).

Por otro lado, en el caso que ahora se decide en segunda instancia, no se evidencia actuación omisiva o negligente por parte del demandante en la verificación de la situación real del inmueble respecto del cual solicitó las medidas de embargo y de secuestro ante el juez civil competente, razón por la cual la Sala revocará la sentencia de primera instancia para, en su lugar, declarar la responsabilidad de la entidad pública demandada por la falla del servicio registral en la que incurrió al haber omitido, por un error mecanográfico, la inscripción de la adjudicación del bien inmueble a favor de la señora Silvia de Dios Iturrioz en el folio de matrícula inmobiliaria Nº 50N-20076703.

Ahora bien, en cuanto a los perjuicios solicitados por la parte actora, la Sala encuentra que la imposibilidad de obtener el pago de sus acreencias con el inmueble objeto de la controversia no provino específicamente de la información incorrecta consignada en el folio de matrícula inmobiliaria Nº 50N-20076703, sino del hecho de que el bien ya no hacía parte del patrimonio del demandado en el proceso ejecutivo, señor Giovanni Papa Acuña, al momento en que se practicaron las medidas cautelares; en otras palabras, aún en ausencia de la conducta irregular de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, el señor Rodríguez Amazo no hubiera podido perseguir el inmueble en cuestión por cuanto este no era de propiedad del deudor ejecutado.

En un caso similar al que ahora se decide en segunda instancia, la Sala consideró que:

“Por otra parte, también tiene la Sala por acreditado que el señor Jorge Antonio Blanco Gómez sufrió un detrimento patrimonial, materializado en la imposibilidad jurídica y física de satisfacer los créditos de los cuales él era acreedor, respecto de la sociedad Tecnivivienda Ltda., cuyos montos pretendía recuperar a través del proceso de quiebra Nº 1871 adelantado en contra de dicha sociedad, ante el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, D.C.; así mismo, se observa que el proceso judicial en comento tuvo una duración de más de 11 años, tiempo durante el cual el ahora actor invirtió su capacidad laboral, dinero y expectativas finalmente truncadas; es decir, que padeció un daño que no tenía el deber jurídico de soportar.

(...).

No obstante lo anterior, observa la Sala que la causa de que el inmueble identificado con la nomenclatura urbana calle 123A Nº 37A-37 de Bogotá, D.C., no pudiera ser tenido como prenda de los acreedores de la sociedad Tecnivivienda Ltda., y, por tanto, no pudiera ser empleado para satisfacer las acreencias que dicha sociedad tenía para con el señor Blanco Gómez, no radica en el error registral cometido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C., - zona norte, sino en el hecho de que con anterioridad a que el bien en comento fuera embargado dentro del proceso de quiebra que se adelantaba en contra de la Sociedad Tecnivivienda Ltda., el mismo ya había salido del patrimonio de esta compañía.

En efecto, en el hipotético caso en el cual la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C., - zona norte no hubiere abierto dos folios de matrícula inmobiliaria para el bien ubicado en la calle 123A Nº 37A-37 de Bogotá, D.C., y con la debida diligencia hubiere registrado en un único folio, en estricto orden cronológico, los distintos actos jurídicos relacionados con el mismo, tampoco hubiere sido posible que el bien en comento sirviera como garantía de las deudas que la sociedad Tecnivivienda Ltda., tenía para con el señor Blanco Gómez y que fueron reconocidas como tales en el proceso de quiebra Nº 1871, tramitado ante el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, D.C., en tanto que con anterioridad a que dicho proceso iniciara —la demanda fue presentada el 30 de julio de 1985— dicho inmueble ya no pertenecía a la Sociedad Tecnivivienda Ltda., pues el contrato de compraventa respecto del aludido inmueble, celebrado entre esta y la señora Elvia María Mejía Fernández mediante escritura pública Nº 4402 de diciembre 18 de 1984, fue registrado el 19 de marzo de 1985”(17).

En este orden de ideas, para la Sala el error cometido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos no constituyó la causa de los perjuicios reclamados por la parte actora en cuanto a la totalidad de la acreencia cuyo pago perseguía obtener con un bien inmueble que, al momento de la inscripción del embargo judicial, no hacía parte del patrimonio del demandado en el proceso ejecutivo, por cuanto de haberse llevado adecuadamente el registro de las inscripciones en el folio de matrícula inmobiliaria por parte de la entidad pública demandada el señor Rodríguez Amazo no hubiera, en todo caso, podido perseguir el pago de sus acreencias con el remate del inmueble en cuestión.

Por otra parte, del acervo probatorio allegado al expediente se desprende con claridad que el señor Rodríguez Amazo persiguió y obtuvo, a más del embargo y del secuestro del inmueble en cuestión, “el embargo y retención de la quinta parte del sueldo que exceda el salario mensual mínimo legal que el demandado Giovanni Vicenzo Papa Acuña devenga en Tapón Corona de Colombia S.A.”, tal y como se desprende del auto del 8 de julio de 1998, emitido por el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá (fl. 80 cdno. 1), razón por la cual, no es dable afirmar que el señor Rodríguez Amazo hubiere perdido definitivamente, por la conducta de la entidad pública demandada, la oportunidad de obtener el pago de sus acreencias y/o que la única vía para alcanzar dicho cometido fuere la del embargo y secuestro del inmueble denunciado.

Sin embargo, en el expediente se encuentra acreditado que el señor Rodríguez Amazo interpuso demanda ejecutiva contra el señor Giovanni Papa Acuña bajo el supuesto de que el bien inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria Nº 50N-20076703 era propiedad del deudor y que dicha actuación procesal le generó unos gastos, estas erogaciones corresponden, como se verá a continuación, al costo de las agencias en derecho correspondientes exclusivamente a la solicitud de embargo y secuestro del inmueble objeto de las medidas, al valor de la póliza judicial que hubo de presentar ante el juzgado a título de caución y las costas reconocidas en la segunda instancia por la apelación del auto que ordenó el levantamiento de las medidas de embargo y secuestro del inmueble distinguido con la matrícula inmobiliaria Nº 50N-20076703, daño emergente cuya causación se derivó exclusivamente de la conducta irregular de la entidad pública demandada.

4. La liquidación de los perjuicios.

4.1. Los perjuicios materiales.

En el expediente se encuentra copia auténtica de la liquidación de costas efectuada en el proceso Nº 7105, realizada por el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá el 29 de junio de 1999, la cual arrojó un resultado de $ 6.712.000 (fl. 66, cdno. 1), suma que integra el valor de las agencias en derecho ($ 6.700.000) y el valor de las notificaciones del mandamiento de pago emitido por el Juez 20 Civil del Circuito ($ 12.000).

Encuentra la Sala, sin embargo, que la liquidación de las costas que realizó el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá, el 29 de junio de 1999, corresponde, por una parte, a los costos de las notificaciones y, por otra, a los honorarios profesionales del abogado que presentó la demanda que dio inicio al proceso ejecutivo a nombre del señor Álvaro Rodríguez Amazo y la correspondiente a la solicitud del embargo y secuestro de los bienes que allí se identifican como de propiedad del deudor ejecutivo.

Es decir, en el proceso ejecutivo que inició el señor Rodríguez Amazo contra el señor Papa Acuña, como lo indica el artículo 513 del Código de Procedimiento Civil, se interpuso demanda con el fin de que se librara mandamiento de pago en contra del señor Papa Acuña (fl. 29-33, cdno. 1) y en escrito separado se solicitaron las medidas de embargo y secuestro del bien inmueble ubicado en la carrera 14 Nº 107-66, apartamento 103, de la ciudad de Bogotá, de los bienes muebles que se encontraran en el referido inmueble y de la “parte del salario que pueda ser objeto de tal medida y que devenga el demandado” (fl. 76-77, cdno. 1). En consecuencia, dado que, independientemente del bien o bienes que el señor Rodríguez Amazo perseguía embargar y secuestrar, para obtener el pago de sus acreencias, se debía iniciar el proceso ejecutivo, por lo cual resulta necesario deslindar las agencias en derecho y las actuaciones procesales que se destinaron exclusivamente a la persecución del bien inmueble que aparecía indebidamente registrado en el folio de matrícula inmobiliaria a nombre del señor Papa Acuña, de aquellas actuaciones y erogaciones que se causaron con la finalidad de obtener que el Juzgado 20 Civil librara mandamiento de pago en contra del demandado en el proceso ejecutivo, puesto que en nada pudo haber influido el hecho de que un determinado bien apareciera a nombre del señor Papa Acuña con la decisión del señor Rodríguez Amazo de iniciar el tantas veces referido proceso ejecutivo.

Así las cosas, para determinar el valor de las agencias en derecho correspondientes a la presentación del memorial mediante el cual el señor Rodríguez Amazo solicitó la medida de embargo y secuestro de los bienes objeto de esa controversia, la Sala descontará al valor de las costas que fue liquidado por el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá mediante auto del 29 de junio de 1999, el 50%, correspondiente a las agencias en derecho derivadas de la presentación de la demanda ejecutiva, así como el costo de la totalidad de las notificaciones del mandamiento de pago, lo cual arroja como resultado la suma dineraria de $ 3.350.000.

Por otro lado, se encuentra en el expediente copia auténtica de la liquidación de costas en la instancia, realizada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por un monto del $ 320.000 (fl. 229, cdno. 2), correspondiente a los gastos procesales derivados del recurso de apelación interpuesto contra el auto del Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá que ordenó el levantamiento de las medidas de embargo y secuestro respecto del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria Nº 50N-20076703.

Finalmente, en el expediente reposa la copia auténtica de la Póliza Judicial Nº 1144142, emitida por la compañía aseguradora Cóndor S.A., por un valor de $ 347.254, mediante la cual se prestó caución en el proceso ejecutivo Nº 7105, con el fin de que el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá la aceptara y decretara el embargo y secuestro de los bienes de propiedad del señor Papa Acuña (fl. 78, cdno. 2).

La adición de los anteriores rubros, correspondientes al daño emergente, arroja como resultado la suma de $ 4.017.254, valor que se tendrá como renta histórica para efectos de su actualización mediante la utilización de la siguiente fórmula matemática:

Ra = Rh ($ 4.017.254) x índice final – febrero/13 (112.64)

índice inicial – junio/99 (55.6)

Ra= $ 8.138.552.

4.2. Los perjuicios morales.

En cuanto a los perjuicios morales solicitados por la parte actora, es importante resaltar que esta corporación ha encontrado posible derivar perjuicios morales por situaciones diferentes a la pérdida de seres queridos o por lesiones personales(18), por ejemplo, por pérdida de bienes, por incumplimiento de obligaciones o por mal funcionamiento de la administración de justicia, entre otros eventos, siempre y cuando en el expediente obre prueba que los acredite fehacientemente en tanto no se presumen; así lo manifestó en sentencia del cinco de octubre de 1989:

“Es cierto que dentro de los perjuicios indemnizables se comprenden los morales, entendiendo por estos el dolor y la tristeza que el hecho dañoso ocasiona a quien sufre el daño, pero también aquí tanto la jurisprudencia como la doctrina están acordes en que tratándose de daño a las cosas ese dolor o tristeza debe tener envergadura suficiente como para justificarse su reparación y que en todo caso debe ser demostrado, pues no se presume”(19).

De igual forma se reiteró en sentencia del 13 de abril de 2000 y posteriormente en sentencia del 7 de junio de 2006(20):

“El desarrollo del tema en la jurisprudencia nacional ha ido en evolución, al punto que hoy se admite inclusive la posibilidad de reclamar indemnización por los perjuicios morales causados por el daño o pérdida de las cosas, a condición de demostrar plenamente su existencia, pues tal perjuicio no se presume(21)(22).

Sin embargo ocurre que en el expediente que se examina no obra prueba alguna de la ocurrencia del mencionado perjuicio moral cuya reparación solicitan los demandantes, razón por la cual la Sala no decretará su pago.

5. Condena en costas.

Habida cuenta que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revócase la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, el día 13 de enero de 2004 y, en su lugar, dispónese lo siguiente:

“Primero. Declárase administrativamente responsable a la Superintendencia de Notariado y Registro, por los perjuicios ocasionados a la parte actora en los términos de la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Como consecuencia de la declaración anterior, condénase a la Superintendencia de Notariado y Registro a pagar a la señora Ana Carolina Rodríguez Acuña, en su calidad de sucesora procesal del señor Álvaro Rodríguez Amazo, la suma de ocho millones ciento treinta y ocho mil quinientos cincuenta y dos pesos ($ 8.138.552), por concepto perjuicios materiales a título de daño emergente.

Tercero. Deniéguense las demás pretensiones de la demanda.

Cuarto. Sin condena en costas”.

2. Expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

3. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen».

(1) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2010, Exp. 16.744. Las referencias jurisprudenciales y bibliográficas que siguen son tomadas de la sentencia citada.

(2) Así lo ha reiterado de tiempo atrás la Corte Suprema de Justicia: “La tradición del dominio de un inmueble no puede verificarse sino a favor de la persona que como adquirente figura en el título y en el registro del mismo”, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 30 de septiembre de 1919, G.J. XXVII, 311; sentencia citada en: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, Exp. 16055, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(3) Diario Oficial 33139 de 4 de septiembre de 1970.

(4) Velásquez Jaramillo, Luis Guillermo; Bienes, Editorial Temis, Bogotá, Novena edición, 2004, pág. 309.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre de 2009, Exp. 17119.

(6) Caicedo Escobar, Eduardo. “Derecho Inmobiliario Registral”. Segunda Edición. Editorial Temis. Bogotá. 2002, págs. 60, 61.

(7) Jerez Delgado, Carmen. “Tradición y Registro”. Colección Cuadernos de Derecho Registral. Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España. Madrid. 2004, págs. 280, 281.

(8) Velásquez., op. CIT, pág. 318.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de febrero de 1996, Exp. 11246, C.P. Daniel Suárez Hernández.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, Exp. 16055, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(11) Sin perjuicio de lo relativo a la entrega material del inmueble.

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de septiembre de 2003, Exp. 14438, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de agosto de 2006, Exp. 15704, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 18 de 2002, Exp. 13932, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(15) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de diciembre de 2005, Exp. 14518, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(16) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 18 de 2002, Exp. 13932, C.P. Ricardo Hoyos Duque; en el mismo sentido, las sentencias de esta Sala del 2 de octubre de 1997, Exp. 11720, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; sentencia del 30 de noviembre de 2000, Exp. 11895, C.P. Alier Hernández; sentencia del 7 de diciembre de 2005, Exp. 14518, C.P. Ramiro Saavedra Becerra y sentencia del 3 de agosto de 2006, Exp. 14435.

(17) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2010, Exp. 16744.

(18) Se reiteran los planteamientos esgrimidos al respecto en: Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de noviembre 11 de 2009, Exp. 17119.

(19) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de octubre 5 de 1989, Exp. 5320, C.P. Gustavo de Greiff Restrepo.

(20) Expediente AG- 001, C.P. Alier Hernández Enríquez. Criterio reiterado en sentencia junio 5 de 2008, Exp. 14526.

(21) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de octubre 5 de 1989, Exp. 5320; de noviembre 9 de 1994, Exp. 9367, C.P. Carlos Betancur Jaramillo y de noviembre 11 de 1999, Exp. 12652, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.

(22) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 13 de 2000, Exp. 11892, C.P. Ricardo Hoyos Duque.