Sentencia 2001-00946 de abril 30 de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Radicación: 230012331000200100946-01 (36417)

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Jaime Alberto Aruachán Eljach

Demandado: Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho - Fiscalía General de la Nación

Asunto: Reparación directa

Bogotá, D.C., treinta de abril de dos mil catorce.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida el día 11 de noviembre de 2008 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Segunda de Decisión, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. Las pretensiones(1). 

El señor Jaime Alberto Aruachán Eljach, por intermedio de mandatario judicial debidamente constituido y en ejercicio de la acción de reparación directa enderezada en contra de la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho - Fiscalía General de la Nación, a las que señaló como parte demandada, mediante libelo presentado el día 29 de noviembre de 2001(2) solicitó que, previos los trámites de ley, con citación y audiencia de las demandadas y del señor agente del Ministerio Público, se declare la responsabilidad administrativa de aquellas por la totalidad de los daños y perjuicios que les fueron causados con motivo de la privación injusta de la libertad a la que fue sometido.

Solicitó el demandante, consecuencialmente, a título de indemnización, se reconocieran los siguientes valores:

Por concepto de perjuicios morales, la suma global de sesenta millones de pesos ($ 60.000.000).

Por concepto de perjuicios materiales, la suma global de ochenta millones de pesos ($ 80.000.000).

Como fundamentos de hecho de las pretensiones, narró la demanda lo siguiente:

— Que la Fiscalía General de la Nación, unidad de delitos contra la administración pública, inició una investigación contra el demandante por los punibles de interés ilícito en la celebración de contratos, falsedad en documento público y en documento privado, cuando se desempeñaba como alcalde del municipio de San Carlos - Córdoba.

— Que por existir en contra del actor detención preventiva, fue separado de su cargo de alcalde municipal, mediante resolución del gobernador de 15 de julio de 1996, fecha en la que se definió su situación jurídica.

— Que el Juzgado Penal del Circuito de Cereté en providencia de 15 de febrero de 2000, decretó la nulidad parcial de la resolución de 23 de junio de 1999, por medio de la cual la fiscalía décima delegada ante los jueces penales del circuito de Montería calificó el mérito del sumario en el proceso penal.

— Que mediante sentencia de 31 de julio de 2001, el Juzgado Penal del Circuito de Cereté, absolvió de todos los cargos al demandante, aclarando que estuvo en detención preventiva domiciliaria durante 15 meses.

El actor manifestó que de la privación de la libertad de la que fue objeto, se derivaron las siguientes consecuencias: i) el retiro de su cargo de Alcalde Municipal de San Carlos, cuando contabilizaba 13 meses de los 36 para los que había sido elegido, ii) el pago de honorarios a dos profesionales del derecho y, iii) el sufrimiento y el dolor padecido en el tiempo de la detención preventiva.

2. Trámite en primera instancia.

La demanda así presentada fue admitida mediante auto de 22 de enero de 2002(3) y se ordenó su notificación, a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura, excluyendo al Ministerio de Justicia y del Derecho.

La dirección ejecutiva de administración judicial contestó la demanda y se opuso a todas y cada una de las pretensiones(4). Indicó, en síntesis, que lo alegado en la demanda no se ajusta a los presupuestos exigidos para que se configure la responsabilidad de esa entidad por falla de la administración judicial, por error judicial, puesto que dentro del proceso penal es necesario agotar tanto la etapa investigativa del presunto punible, así como la del juicio, si del acervo probatorio confluyen serios motivos de apunten a la responsabilidad del investigado, tal como ocurrió en el proceso penal adelantado contra el aquí demandante.

Propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva y falta de causa para demandar. Respecto de la primera manifestó que la entidad llamada a responder era la Fiscalía General de la Nación, pues fue ella quien ordenó la privación de la libertad del señor Aruachán Eljach y, además, explicó que la fiscalía, pese a ser parte de la Rama Judicial, ostentaba autonomía patrimonial para asumir la eventual condena. En relación con la falta de causa para demandar consideró que la actuación de la Fiscalía General de la Nación dentro de la investigación seguida contra el actor estuvo ajustada a derecho.

La dirección ejecutiva de administración judicial llamó en garantía(5) a los señores Davis Darío Negrete Lara y Víctor Ramón Díaz Castro, funcionarios que conocieron de la investigación penal contra el demandante.

La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda y se opuso a las pretensiones de la demanda(6) al considerar que la privación de la libertad de que fue objeto el demandante no puede tildarse de injusta, pues dicha medida estuvo fundada en pruebas serias que fueron legalmente aportadas a la investigación, y con ella no se vulneró ningún derecho fundamental, ajustándose la providencia que la determinó a las exigencias tanto de fondo como de forma que prevé la ley penal, comoquiera que se encontraba plenamente acreditada la materialidad del hecho y existía por lo menos un indicio grave de responsabilidad del sindicado.

Los llamados en garantía, en un único escrito, contestaron la demanda(7), en el sentido de manifestar que no actuaron en forma dolosa o gravemente culposa, por lo que no están llamados a responder por un eventual daño antijurídico que en contra de la entidad demandada se demuestre.

Mediante auto de 1º de diciembre de 2003(8), el Tribunal Administrativo de Córdoba abrió el proceso a pruebas y ordenó la práctica de ellas. Concluido el período probatorio, mediante providencia de 27 de abril de 2006 se corrió traslado para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo(9), oportunidad procesal que utilizaron la parte actora y las entidades demandadas para reiterar lo expuesto a lo largo del proceso(10).

El señor Víctor Ramón Díaz Castro, uno de los funcionarios llamados en garantía, se pronunció frente al llamamiento en garantía, manifestando que cuando profirió la medida de aseguramiento contra el señor Aruachán Eljach, lo hizo de conformidad con el Código de Procedimiento Penal vigente —D. 2700/91—, luego entonces no se puede pregonar en este caso privación injusta de la libertad, dado que existía en el proceso la demostración del hecho, indicios graves, así como prueba testimonial y documental acerca de la responsabilidad del acusado(11).

3. La sentencia apelada(12). 

Después de realizar la correspondiente valoración probatoria, el Tribunal Administrativo de Córdoba negó las pretensiones de la demanda.

Para fundamentar su decisión, el a quo sostuvo que si bien el juez que absolvió de toda responsabilidad al ahora demandante encontró que no reunía los requisitos exigidos por la norma procesal para dictar una sentencia condenatoria, cuando la Fiscalía General de la Nación definió la situación jurídica del actor tuvo la convicción de que se reunían los requisitos para dictar la medida de detención preventiva, pues de las pruebas practicadas se deducían indicios que permitían concluir que se cumplían las exigencias de los artículos 338 y 441 del Código de Procedimiento Penal.

De igual manera explicó que en la investigación de los hechos en el proceso penal, aunque no se demostró quien fue la persona que firmó el contrato con el alcalde, ni las cuentas de cobro presentadas, ni el poder para recibir el pago, se observa la forma irregular como se llevaba a cabo la contratación por parte del señor Jaime Alberto Aruachán Eljach en su condición de alcalde municipal, así mismo, tampoco pudo dar explicaciones a la fiscalía sobre la persona con quien contrató, pues a pesar de haber firmado un contrato principal y una adición al mismo, en la indagatoria manifestó que no recuerda si lo firmaron mutuamente o si se lo llevaron firmado, hechos estos, que crearon dudas sobre la actuación del actor y permitieron al fiscal inferir que existían indicios suficientes para deducir que se reunían los requisitos para decretar la medida de detención preventiva.

Con base en los anteriores argumentos, el Tribunal Administrativo de Córdoba concluyó que fueron las anteriores circunstancias las que determinaron la decisión de la fiscalía, constituyéndose entonces en el presente caso la causal de culpa de la víctima a que se refiere el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, exonerativa de responsabilidad.

4. El recurso de apelación(13). 

Inconforme con la anterior providencia, la parte actora interpuso recurso de alzada al considerar que la causal de culpa de la víctima contemplada en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, tomada como argumento final por el a quo para desatar en contra del actor las pretensiones de la demanda, solo tienen como soporte probatorio los argumentos que en su momento esgrimió el fiscal cuando dictó la medida de aseguramiento, olvidando por completo que esos argumentos fueron rebasados por la sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito de Cereté, precisamente porque dichos soportes probatorios no condujeron a demostrar algún tipo de responsabilidad penal del señor Aruachán Eljach, por el contrario a la postre impregnaron la investigación con un manto de duda, que dio lugar a que el juez de conocimiento determinara que no se reunían los requisitos exigidos por la norma procesal para proferir una sentencia condenatoria.

5. Trámite en segunda instancia.

El recurso de apelación se admitió mediante auto de 24 de marzo de 2009(14). Posteriormente se ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión(15), oportunidad procesal que la fiscalía utilizó para manifestar su conformidad con la decisión proferida por el tribunal a quo en la sentencia apelada(16).

El Ministerio Público emitió concepto de fondo(17), en el sentido de solicitar que se modifique el fallo de primera instancia y en su lugar se acceda a las súplicas de la demanda, pues a su juicio, se configuró uno de los presupuestos que sirven de premisa para predicar la responsabilidad objetiva, comoquiera que se advierte que el demandante fue privado de la libertad y absuelto, porque, en últimas, la prueba existente no tenía la contundencia que se le atribuyó para inferir la existencia del hecho punible, debiendo concluir que la detención de que fue víctima Jaime Aruachán Eljach fue injusta.

Adicionalmente, sostuvo que resulta evidente que se dio por el instructor la connotación de indicios graves a circunstancias no relevantes, lo que le permitía concluir que se radicalizó en sostener durante toda la etapa instructiva que sí existían los presupuestos exigidos en la ley para proferir la medida de aseguramiento, a pesar de los contrarios argumentos y análisis tanto del juez de control de legalidad, como del fiscal de la unidad delegada ante el tribunal, por lo que indudablemente se generó un daño que va más allá de los normal y razonable que una persona tendría que soportar.

En cuanto a los entonces fiscales David Darío Negrete Lara y Víctor Ramón Díaz Castro, concluyó que incurrieron en culpa grave al decretar la detención del hoy demandante y, por consiguiente, consideró que deben ser condenados a responder solidariamente por la indemnización que se decrete a favor del señor Jaime Aruachán Eljach.

La parte demandante y la demandada, dirección ejecutiva de administración judicial, guardaron silencio en esta etapa procesal.

II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Segunda de Decisión, el 11 de noviembre de 2008, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado(18), sin tener en cuenta la cuantía del proceso.

2. El ejercicio oportuno de la acción.

De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente “del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos”.

En cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que el daño por cuya indemnización se demanda —según se indicó— devino de la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el demandante dentro de un proceso penal adelantado en su contra.

Ahora bien, para determinar el momento en el cual ha de efectuarse el computo del término de caducidad de la acción de reparación directa para el caso concreto, la Sala tendrá como punto de referencia el día siguiente al de la fecha de ejecutoria de la providencia de fecha 31 de julio de 2001, a través de la cual el Juzgado Penal del Circuito de Cereté decidió absolver al señor Jaime Alberto Aruachán Eljach(19) respecto de los delitos por los cuales fue investigado, esto es 3 de agosto de 2001(20), razón por la cual, por haberse interpuesto la demanda el 29 de noviembre siguiente, se impone concluir que la misma se interpuso dentro de los 2 años que establece el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

3. La entidad demandada. La Fiscalía General de la Nación, si bien hace parte de la Rama Judicial, tiene capacidad para comparecer por sí misma al proceso.

Previo a decidir el fondo del sub examine, la Sala considera pertinente hacer la siguiente precisión:

Según se dejó indicado en los antecedentes de esta providencia, el libelo introductorio se dirigió contra la Fiscalía General de la Nación y la dirección ejecutiva de administración judicial; asimismo, se tiene que en la contestación de la demanda la dirección ejecutiva de administración judicial solicitó que la condena se hiciese en contra de la fiscalía, pues partió de afirmar que el hecho dañoso demandado se habría ocasionado en virtud de unas decisiones proferidas por el ente investigador y, en consecuencia, dicha entidad era la única llamada a responder por la legalidad de dichas actuaciones.

Sobre el particular, la Sala estima necesario precisar que si bien cada una de las entidades demandadas ostentan la representación de la Nación en casos en los cuales se discute la responsabilidad del Estado por hechos imputables a la administración de justicia (inciso segundo del art. 49 de la L. 446/98(21) y num. 8º del art. 99 de la L. 270/96(22)), lo cierto es que las decisiones que se discuten en el presente litigio y que habrían ocasionado el daño por cuya indemnización se reclama, fueron proferidas por la Fiscalía General de la Nación, razón por la cual, una vez efectuado el recuento probatorio, se concretará si el aludido daño antijurídico reclamado se encuentra acreditado y, de estarlo, se establecerá si el mismo le resulta imputable a la Fiscalía General de la Nación (la cual fue debidamente notificada y representada), o, por el contrario, hay lugar a confirmar la decisión apelada(23).

4. Responsabilidad extracontractual del Estado derivada de la privación de la libertad.

Previo al examen de los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, resulta necesario precisar que la demanda de la referencia tiene por objeto la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado por razón de la privación injusta de la libertad a la cual fue sometido el señor Jaime Aruachán Eljach, en proceso penal que terminó con su absolución de los punibles de interés ilícito en la celebración de contrato, falsedad en documento público y falsedad en documento privado dictada el día 31 de julio de 2001, es decir cuando ya se encontraba vigente la ley estatutaria de administración de justicia. En este sentido, procede comenzar por la alusión al artículo 65 de la Ley 270, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ART. 65.—De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad”.

Respecto de la norma legal transcrita, la Sala ha considerado que su interpretación no se agota con la declaración de la responsabilidad del Estado por detención injusta, cuando esta sea ilegal o arbitraria. En reiterada jurisprudencia(24), se ha determinado que las hipótesis de responsabilidad objetiva, también por detención injusta, mantienen vigencia para resolver, de la misma forma, la responsabilidad del Estado derivada de privaciones de la libertad, es decir que después de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta, se configura un evento de detención injusta. Lo anterior en virtud de la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado prevista en el artículo 90 de la Constitución Política; en ese sentido, la Sala mediante sentencia del 2 de mayo de 2007, precisó:

“Como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hipótesis precisada por el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en la cual procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado por detención injusta, en los términos en que dicho carácter injusto ha sido también concretado por la Corte Constitucional en el aparte de la Sentencia C-03[7] de 1996 en el que se analiza la exequibilidad del proyecto del aludido artículo 68 —y que se traduce en una de las diversas modalidades o eventualidades que pueden generar responsabilidad del Estado por falla del servicio de administración de justicia—, esa hipótesis así precisada no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los que el Estado deba ser declarado responsable por el hecho de haber dispuesto la privación de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigación penal, siempre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

“Tal es la interpretación a la que conducen no solo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-03[7] de 1997, mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la ley estatutaria de la administración de justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado —a la que se hizo referencia en apartado precedente— ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la administración de justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996”(25).

Ahora bien, la Sala, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas dispuesta como medida dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y aplicar el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal(26). En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado en cuatro distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente(27).

En una primera etapa la Sala sostuvo que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamentaba en el error judicial que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene toda autoridad judicial de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso y sin que resultare relevante el estudio de la conducta del juez o magistrado a efecto de establecer si la misma estuvo caracterizada por la culpa o el dolo(28). Bajo este criterio, la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva se tenía como una carga que todas las personas tenían el deber de soportar(29).

Más adelante, en una segunda dirección, se indicó que la carga procesal de demostrar el carácter injusto de la detención con el fin de obtener la indemnización de los correspondientes perjuicios —carga consistente en la necesidad de probar la existencia de un error de la autoridad jurisdiccional al ordenar la medida privativa de la libertad— fue reducida solamente a aquellos casos diferentes de los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal(30), pues en relación con los tres eventos señalados en esa norma legal se estimó que la ley había calificado de antemano que se estaba en presencia de una detención injusta(31), lo cual se equiparaba a un tipo de responsabilidad objetiva, en la medida en que no era necesario acreditar la existencia de una falla del servicio(32).

En una tercera línea, tras reiterar el carácter injusto atribuido por la ley a aquellos casos enmarcados dentro de los tres supuestos previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, la Sala añadió la precisión de acuerdo con la cual el fundamento del compromiso para la responsabilidad del Estado en estos tres supuestos no es la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que esta no tiene la obligación jurídica de soportarlo(33), reiterando que ello es así independientemente de la legalidad o ilegalidad del acto o de la actuación estatal o de que la conducta del agente del Estado causante del daño hubiere sido dolosa o culposa(34).

Finalmente, y en un cuarto momento, la Sala amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio in dubio pro reo, de manera tal que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso al reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos —cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera en su contra la medida de aseguramiento(35)—.

Estas últimas tesis han estado fundadas en la primacía de los derechos fundamentales, en la consecuente obligación estatal de garantizar el amparo efectivo de los mismos y en la inviolabilidad de los derechos de los ciudadanos entre los cuales se cuenta, con sumo grado de importancia, el derecho a la libertad. En relación con estos aspectos, la Sala, en sentencia proferida el 4 de diciembre de 2006, precisó:

“Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado social y democrático de derecho la persona —junto con todo lo que a ella es inherente— ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquel y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas...

“Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia del interés general constituye uno de los principios fundantes del Estado —a voces del artículo 1º in fine de la Constitución Política—, no lo es menos que el artículo 2º de la propia Carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la protección de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización del interés general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que la salvaguarda de estas forma parte, igualmente, del contenido teleológico esencial con el que la Norma Fundamental programa y limita la actividad de los distintos órganos del Estado, esa protección de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte del interés general...

“De ahí que los derechos fundamentales se configurasen como límites al poder(36) y que, actualmente, se sostenga sin dubitación que el papel principal del Estado frente a los coasociados se contrae al reconocimiento de los derechos y libertades que les son inherentes y a ofrecer la protección requerida para su preservación y respeto(37). No en vano ya desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1798(38), en su artículo 2º, con toda rotundidad, se dejó consignado:

““ART. 2º—El fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”...

“Después de la vida, el derecho a la libertad constituye fundamento y presupuesto indispensable para que sea posible el ejercicio de los demás derechos y garantías de los que es titular el individuo. No es gratuito que, en el catálogo de derechos fundamentales contenido en el capítulo 1 del título II de la Constitución Política, inmediatamente después de consagrar el derecho a la vida —arts. 11 y 12— se plasme el derecho a la libertad. La garantía de la libertad es, a no dudarlo, el principal rasgo distintivo entre las formas de Estado absolutistas, totalitarias y el Estado de derecho.

“Todo lo expuesto impone, ineludiblemente, la máxima cautela antes de calificar cualquier limitación a la libertad, como una mera carga pública que los individuos deben soportar por el hecho de vivir en comunidad”.

Así las cosas, se tiene que el ordenamiento jurídico colombiano, orientado por la necesidad de garantizar de manera real y efectiva los derechos fundamentales de los ciudadanos, no puede escatimar esfuerzos que conlleven al aseguramiento y disfrute de esos derechos. Es por lo anterior que no se puede entender que los administrados estén obligados a soportar como una carga pública la privación de la libertad y que, en consecuencia, estén obligados a aceptar como un beneficio o una gracia que posteriormente la medida sea revocada. No, en los eventos en que ello ocurra y se configuren causales como las previstas en el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Civil, o incluso cuando se absuelva al detenido por in dubio pro reo, el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo hubiere privado del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues esa es una carga que ningún ciudadano está obligado a soportar por el solo hecho de vivir en sociedad.

5. Valoración probatoria. El señor Jaime Aruachán Eljach fue absuelto de la responsabilidad penal que se le endilgaba al no haberse encontrado pruebas que comprometieran su responsabilidad.

La Sala entrará a analizar las pruebas aportadas debidamente al proceso y, por ende, susceptibles de valoración.

— Proveído del 15 de julio de 1996(39), mediante el cual la fiscalía once de la unidad primera de los delitos contra el patrimonio económico y otros resolvió la situación jurídica del sindicado con medida de aseguramiento consistente en detención preventivas, por los punibles de interés ilícito en la celebración de contrato, falsedad en documento público y falsedad en documento privado. La anterior decisión se originó en los siguientes hechos y consideraciones:

“(...).

“En verdad, la defensa no toca los puntos clave de la acusación hecha por un anónimo, pero una vez la fiscalía tiene conocimiento y, si hay elementos de juicio serios, aunque sean aportados por un anónimo, está en la obligación de investigar si de allí se presume que pudo violarse la ley penal y, cuando se aportan unos documentos entre ellos un contrato firmado por el contratista Fredy Polo y el Alcalde de San Carlos, pero también adjuntan una fotocopia en la que consta una declaración extraproceso ante el Notario Primero de Montería, suscrita por el contratista Fredy Polo, manifestando que en ningún momento ha contratado con el municipio de San Carlos, que no ha hecho ninguna clase de obra en el referido municipio, de bulto, sin hacer ningún esfuerzo mental, a la mente de un lego, aparece algo anormal y para el medianamente entendido en el derecho penal, se evidencia una falsedad documental. También se cuestiona en la denuncia si el contrato donde se estipula la cláusula “otrosí”, era legal, esto es, a nuestro juicio, si se lee la cláusula (otrosí) era solo una prevención para dar el paso legal en la eventualidad que fuese necesario el reajuste, así se deduce de la lectura a folio 181, no obstante no sabemos porque dicha fotocopia del contrato que contiene el “otrosí” fue sustraído del expediente que lleva esta fiscalía y que obligó a formular la respectiva denuncia que cursa en la fiscalía 20 seccional, y que constituyó en indicio que avala la prueba que afecta a los inculpados”.

“(...).

“Sería viable analizar la liberación provisional de los encartados con fundamento en los normado en el numeral primero del artículo 415 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 68 del Código Penal, lo que no tiene cabida para los sindicados Jaime Aruachán Eljach, ni para Orlando Blanco Parra, habida consideración que se les imputa el hecho punible de falsedad material de empleado oficial en documento público, sancionado con prisión de 3 a 10 años, en concurso con los punibles de interés ilícito en la celebración del contrato, falsedad en documento privado y peculado por aplicación oficial diferente y que al dosificarse anticipadamente la punibilidad, en el evento de condena, ella sería superior a 3 años de prisión de conformidad con lo normado en el artículo 26 del Código Penal, razón por la cual no se satisface el primer requisito de orden objetivo que reclama el numeral 1º del artículo 68 del Código Penal, y por lo tanto no se hace viable la excarcelación para los inculpados, sin embargo por tratarse de funcionarios públicos o servidores públicos, es necesario esperar la ejecutoria de esta providencia, para así solicitar la suspensión del alcalde a fin de hacer efectiva la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva”.

— Providencia de fecha 11 de septiembre de 1996(40), a través de la cual la fiscalía segunda delegada ante el tribunal decidió sustituir la medida de aseguramiento de detención preventiva por detención domiciliaria, haciendo efectiva dicha medida el 23 de septiembre siguiente, con la suscripción de la respectiva diligencia de compromiso(41).

Proveído del 3 de marzo de 1997(42), mediante el cual la fiscalía decima de la unidad primera de los delitos contra el patrimonio económico y otros resolvió con fundamento en el numeral 4º del artículo 415 del Código de Procedimiento Penal otorgó la libertad provisional al sindicado Jaime Aruachán Eljach, por vencimiento de los 120 días de privación efectiva de la libertad, sin que se hubiese calificado en el mérito del sumario, haciendo efectiva la liberación el 4 de marzo siguiente, con la suscripción de la correspondiente diligencia de compromiso.

— Providencia de fecha 25 de agosto de 1997(43), a través de la cual el Juzgado Penal del Circuito de Cereté decidió decretar la nulidad de la medida de aseguramiento y en consecuencia ordenó la libertad inmediata e incondicional del señor Jaime Aruachán Eljach, libertad de la que ya gozaba en virtud de la libertad provisional decretada en la providencia antes aludida.

Como fundamento de dicha decisión se expusieron los siguientes argumentos:

“Leída como fue la actuación procesal que en fotocopias remitiera la fiscalía de la instrucción, observamos que en el folio primero (1º) del primer cuaderno del proceso aparece la Resolución 18 de fecha primero (1º) de marzo de 1996, por medio de la cual se asignó esta investigación a la fiscalía once (11) de la unidad especializada de Montería, en la que puede leerse en los considerandos que en esa dirección seccional se recibió un escrito presentado por el señor Juan Carlos Álvarez, identificado con la cédula de ciudadanía 11.152.460 contentiva de la denuncia que iniciara el proceso que nos ocupa. Al mencionado escrito fueron anexados varios documentos en fotocopia sin autenticar, con los que se respaldan los hechos enunciados.

El escrito en comento adolece de nota de presentación, es decir no fue identificada la persona que lo presentó y tampoco se informó la manera cómo llegó este documento a la dirección seccional de fiscalías.

Notadas las anteriores fallas que presentaba la denuncia, como sus anexos, de manera respetuosa considera el despacho que el señor fiscal de instrucción no contaba en aquellos momentos con los suficientes elementos de confianza para proferir resolución de apertura de investigación, la que solo tiene procedencia desde el instante en que el funcionario judicial adquiere convicción sobre la existencia de méritos para el ejercicio de la acción penal en contra de determinada persona.

“(...).

“Es de anotar que durante la práctica de una de estas diligencias el señor Jaime Alberto Aruachán Eljach solicitó se le recibiera la indagatoria, sin que tal petición hubiese tenido eco en la fiscalía de la instrucción. Como es de fácil observancia durante la práctica de todas las pruebas previas a la recepción de la indagatoria el imputado Jaime Alberto Aruachán Eljach no podía considerarse sujeto procesal, porque hasta ese momento no se le había dado aplicación al artículo 136 del Código de Procedimiento Penal, ya fuera escuchado en indagatoria o declarándolo persona ausente que le permitiera tener tal calidad.

Esta sola comunicación no nos indica que al imputado se le estuvieren dando todas las garantías constitucionales establecidas en el artículo 29 de la Constitución Nacional, por el contrario, el silencio de la fiscalía instructora para escuchar en indagatoria y darle posesión al defensor del imputado constituye flagrante violación al debido proceso, porque si bien el fiscal instructor le comunicó de la existencia del mismo caso, no es menos cierto que con su silencio para escucharlo en indagatoria y admitir y posesionar a su defensor se le negó el derecho de intervenir y controvertir las pruebas que se practicaron antes de la indagatoria, violándose el derecho de defensa.

“(...).

“Este despacho revisó las indagatorias de Jaime Alberto Aruachán Eljach y Orlando Blanco Parra, encontrando que efectivamente, a estos sindicados no se les interrogó por el delito de peculado por aplicación oficial diferente, porque respecto de las otras dos conductas relacionadas, el fiscal instructor se centró más que todo en la falsedad documental y tocó muy sutilmente el interés ilícito en la celebración de contrato, pero sin embargo cuestionó a los procesados en estos aspectos. El interrogatorio acerca del delito de peculado por aplicación oficial diferente fue totalmente nulo, hasta el punto de que el agente del Ministerio Público que viene actuando en este proceso, en uno de sus memoriales, más precisamente el que obra a folio 67 del segundo cuaderno de copias, resaltó esta falencia.

Es claro que a nadie se le puede atribuir un delito, habiendo rendido indagatoria sino se le ha interrogado sobre dicho delito, y la consecuencia de esa falla es la nulidad por violación del debido proceso, porque ella equivale a sorprender al sindicado atribuyéndole conducta delictual de la que no se le ha pedido explicación”.

Proveído del 31 de julio de 1998(44), mediante el cual la fiscalía décima delegada ante los jueces penales del circuito de Montería resolvió nuevamente la situación jurídica del señor Jaime Aruachán Eljach, profiriendo en su contra medida de aseguramiento de detención preventiva, sin beneficio de excarcelación, sustituida por detención domiciliaria.

— Providencia del 6 de noviembre de 1998(45), mediante el cual la unidad delegada ante el tribunal superior del distrito judicial revoca en todas sus partes la medida de aseguramiento proferida contra Jaime Alberto Aruachán Eljach, con fundamento en las siguientes consideraciones:

“Por octava vez, conocemos de este proceso, la investigación continúa en pañales y mucho debe ser el celo que el funcionario instructor debe poner, para encontrar la verdadera verdad sobre la ocurrencia del hecho y quién o quiénes los responsables en calidad de autor, coautor o partícipe, porque al respecto aún persiste la duda sobre estos aspectos y necesario como obligado es por parte de la justicia eliminarla o borrarla para poder en otra oportunidad entrar a hacer probable responsabilidad y entonces así tomar la decisión acertada y ajustada a derecho.

“(...).

“Pero resulta que la nueva prueba aunque no desvirtúa a la que anteriormente se había allegado a la investigación en su totalidad, sí se muestra un poco más clara, precisa y contundente hasta el punto que merece una credibilidad, u hace que resalte más la duda sobre la responsabilidad que se le ha venido endilgando a los sindicados, porque parece ser que estos han venido diciendo la verdad a través de la investigación.

“(...).

“Entonces, si las cosas se muestran así, como hemos querido resaltarlas la duda como decíamos persiste en cuanto a la autoría de los hechos ilícitos aquí averiguados que pudieran darse, para hacer posible una obra pública que en efecto se realizó para bien de aquella comunidad, y si la duda persiste ya hemos sostenido en esta unidad de fiscalía en forma reiterada de que aconsejable, procedente y saludable es para la administración de justicia aplicarla —la duda— a favor del sindicado, en cambio sí agotar el espacio de tiempo que da el término instructivo, para arrimar la prueba necesaria y suficiente, que de claridad y convencimiento a la justicia sobre la responsabilidad que le pueda caber al autor, coautor o participa del hecho ilícito.

“(...).

“Mientras eso no suceda, no podemos aplicar medida de aseguramiento alguna a los aquí sindicados Aruachán Eljach y Blanco Parra, por los punibles a que hace referencia la medida de aseguramiento, atacada, sino que obligado es dentro de una buena administración de justicia, proseguir la investigación, para encontrar como ya lo hemos dicho la verdad real de lo que pudo acaecer”.

— Providencia de fecha 31 de julio de 2001, a través de la cual el Juzgado Penal del Circuito de Cereté, absuelve al señor Jaime Alberto Aruachán Eljach de los punibles de interés ilícito en la celebración de contrato, falsedad en documento público y falsedad en documento privado, por los que fue acusado y respondió en juicio criminal.

Como fundamento de dicha decisión se expusieron los siguientes argumentos:

“Respecto de los punibles de interés ilícito en la celebración de contrato, falsedad en documento público y falsedad en documento privado por los que se procede, imperan vacíos probatorios que impiden tener la certeza plena de sus comisiones.

“(...).

“El fiscal instructor, a regañadientes, aceptó la decisión tomada por este despacho judicial dentro del control de legalidad dispuesto sobre las iniciales medidas de aseguramiento proferidas contras los sindicados, y prefirió inintelegir (sic) que todas las probanzas que basaron esa decisión eran nulas, por haber sido aportadas a espaldas de los procesados con violación flagrante del debido proceso al no guardar el marco constitucional que debe rodear a toda persona que es investigada en un Estado social de derecho, e insistió en la acusación para con vida artificial un proceso que en verdad, por sí solo, no podía mantenerse en pie, debido a las falencias probatorias que nunca fueron superadas en este expediente.

“Las inconsistencias en la búsqueda de los elementos probatorios constitutivos de la tipicidad del hecho y de la responsabilidad de los procesados fueron observadas por la fiscalía segunda delegada ante el Tribunal Superior de Justicia de Montería, quien las dio a conocer en el auto de fecha noviembre seis (6) de 1998 que dispusiera la revocatoria de las medidas de aseguramiento proferidas después del control de legalidad, contra Jaime Aruachán Eljach y Orlando Blanco Parra, providencia que resolvió el recurso de apelación que atacara la resolución que las emitiera, en la que dicha superioridad, con serios análisis probatorios de todos los elementos demostrativos allegados, consideró que ninguno de ellos tenía solidez para cimentar estas medidas restrictivas de la libertad e indicó el camino a seguir para que la pesquisa consiguiera conforme a derecho este objetivo primordial del ente investigador, quien con sano criterio sirvió de adalid para la defensa de la investigación integral tan ansiada por los apoderados de los procesados.

“(...).

“De la lectura de los dieciséis cuadernos que en originales y copias conforman el expediente, dentro de los que se cuentan los de segunda instancia; se tiene que, las pruebas que en su momento fueron sopesadas, analizadas y valoradas por los diferentes funcionarios que tuvieron a cargo la investigación, son las mismas con las que hoy ha de proferirse la decisión que ponga fin al proceso.

La conducta por la que fueron acusados los procesados, no se puede probar con los resultados arrojados por esta diligencia, en virtud de que al norte que ellas tenían, estaba dirigido hacia la demostración de un peculado por apropiación, conducta que fue descartada por el ente acusador al probarse con certeza que los dineros del Estado no sufrieron menoscabo en este caso, en razón de que la obra de la controversia fue culminada.

“(...).

“Fue por las falencias probatorias, que el señor fiscal que intervino en la diligencia de audiencia pública, respaldando el criterio expuesto por su superior jerárquico en la providencia de fecha noviembre 6 de 1998 aquí aludida, decidió apartarse de los argumentos esgrimidos para acusar a los procesados, y no tuvo otra alternativa que solicitar sus absoluciones, conforme corresponde con la realidad procesal aquí presentada, en clara disertación que, acorde en lo pertinente con la posición de los defensores es ahora compartida por este despacho, tal y como se desprende del análisis probatorio aquí vertido estudio que solo permitirá concluir que por falta de tipicidad del hecho y de la responsabilidad de los procesados, se impone absolverlos”.

En el caso sub examine, con las pruebas aportadas al proceso se puede establecer, básicamente, que mediante providencia de fecha 15 de julio de 1996 se impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del señor Jaime Alberto Aruachán Eljach por los delitos de interés ilícito en la celebración de contrato, falsedad en documento público y falsedad en documento privado, medida de aseguramiento que, mediante providencia de fecha 11 de septiembre de 1996, fue sustituida por detención domiciliaria, que se hizo efectiva el 23 de septiembre siguiente.

Que a través de providencia de 3 de marzo de 1997, la fiscalía decima de la unidad primera de los delitos contra el patrimonio económico y otros otorgó la libertad provisional al sindicado Jaime Aruachán Eljach, por vencimiento de los 120 días de privación efectiva de la libertad, sin que se hubiese calificado en el mérito del sumario, haciendo efectiva la liberación el 4 de marzo siguiente, con la suscripción de la correspondiente diligencia de compromiso, es decir, el sindicado permaneció privado de su libertad física por un período de 7 meses y 18 días.

Que por providencia de fecha 31 de julio de 1998, la fiscalía décima delegada ante los jueces penales del Circuito de Montería resolvió nuevamente la situación jurídica del señor Jaime Aruachán Eljach, profiriendo en su contra medida de aseguramiento de detención preventiva, sin beneficio de excarcelación, sustituida por detención domiciliaria, decisión que fue revocada por la unidad delegada ante el tribunal superior del distrito judicial mediante providencia del 6 de noviembre de 1998.

Que a través de providencia de fecha 31 de julio de 2001, el Juzgado Penal del Circuito de Cereté, absolvió al señor Jaime Alberto Aruachán Eljach de los punibles de interés ilícito en la celebración de contrato, falsedad en documento público y falsedad en documento privado, por los que fue acusado.

Así las cosas, la Sala encuentra demostrado que el señor Jaime Aruachán Eljach fue objeto de privación de su libertad por supuestamente haber cometido los delitos de interés ilícito en la celebración de contrato, falsedad en documento público y falsedad en documento privado, así como también que dicha detención finalmente devino en injusta puesto que se absolvió de toda responsabilidad penal en su contra al no encontrarse pruebas suficientes sobre la responsabilidad penal por la comisión de dichos ilícitos o, lo que es lo mismo, que no se logró demostrar que este cometió los delitos por los que fue investigado, hipótesis prevista en el artículo 414 del ya derogado Decreto-Ley 2700 de 1991, referida a que el sindicado no cometió el delito, evento que compromete la responsabilidad de la administración de forma objetiva en tanto no se juzga la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, sino por el entendido de que esta no se hallaba en la obligación de soportarlo.

Bajo las circunstancias anteriores, resulta desde todo punto de vista desproporcionado pretender que se le pueda exigir al hoy demandante que asuma de forma impasible y como si se tratase de una carga pública que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad la privación jurídica de su derecho a la libertad, en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones del Estado. Por el contrario, lo que resulta compatible con el marco constitucional vigente es concluir que dicha circunstancia limitativa del derecho a la libertad se ha de entender como configurativa de un daño antijurídico que determina la consecuente obligación para la administración de resarcir al demandante.

Debe precisar la Sala que en casos como este no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, pues fue una decisión de la entidad demandada la que determinó que el señor Jaime Aruachán Eljach tuviera que padecer la limitación a su libertad hasta cuando se lo absolvió de las acusaciones que le fueron hechas por el Estado, absolución que se correspondió con la circunstancia de que él no había cometido los delitos por los cuales fue investigado.

Resalta la Sala que la privación de la libertad del hoy actor no se produjo entonces como consecuencia de un hecho que fuere atribuible al sindicado, pues no se acreditó en este asunto causa alguna que permita establecer que la decisión se hubiere adoptado con fundamento en una actuación directa y exclusiva de aquel.

Teniendo en cuenta las circunstancias fácticas descritas se impone concluir que no estaba el señor Jaime Aruachán Eljach en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó y que, por tanto, debe calificarse como antijurídico, calificación que determina la consecuente obligación para la administración de resarcir al demandante.

Sobre el particular, debe decirse que en casos como este no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, pues una decisión de la administración de justicia, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, determinó que el señor Jaime Aruachán Eljach tuviere que padecer de la limitación a su libertad hasta que se lo absolvió de la responsabilidad, por cuanto no cometió el delito por el cual se lo investigaba.

En cambio, es a la entidad demandada a quien correspondía demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se había dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiera entenderse configurada una causal de exoneración, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima y ocurre que ninguna de estas eximentes ha sido acreditada en el plenario(46).

Por todo lo anterior, se impone la revocatoria de la sentencia de instancia, para, en su lugar, declarar la responsabilidad de la entidad demandada por los perjuicios causados al señor Jaime Aruachán Eljach derivados de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto.

6. Valoración y tasación de perjuicios.

Perjuicios inmateriales. Perjuicios morales.

La parte actora solicitó que por concepto de perjuicios morales se condenara al pago de sesenta millones de pesos ($ 60.000.000), derivados de la aflicción y el intenso dolor que le ocasionó el hecho de haber sido privado de la libertad y de no poder continuar con su curso de inseminación artificial de ganado.

En cuanto al criterio para liquidar dicho perjuicio por razón de la privación injusta de la libertad, se debe precisar que con base en las máximas de la experiencia y en las pruebas recaudadas, puede inferirse que el señor Jaime Aruachán Eljach padeció el perjuicio moral por cuya reparación demandó, comoquiera que es propio de la naturaleza humana que toda persona privada injustamente de la libertad, experimente un profundo sufrimiento de angustia, temor, impotencia e inseguridad por causa de dicha situación(47).

La Sala considera necesario advertir que la restricción de la libertad a la cual fue sometido el señor Jaime Aruachán Eljach no fue totalmente intramuros, pues —bueno es reiterarlo—, esta medida fue sustituida por detención domiciliaria, lo cual sin duda reduce las condiciones de severidad de una medida de esa naturaleza; no obstante, la sola circunstancia de estar privado del goce de un derecho fundamental como lo es la libertad en el plano jurídico (libertad de circulación, libertad de fijación de residencia, libertad de escoger profesión u oficio etc.), además de haber sido suspendido de su empleo, sí causa, como en efecto ocurrió en este caso, con base en las máximas de la experiencia, una afección moral que debe ser indemnizada.

Teniendo en cuenta que la valoración de dichos perjuicios debe ser hecha por el juzgador, en cada caso concreto, según su prudente juicio en el presente asunto se considera que el señor Jaime Aruachán Eljach permaneció privado de su derecho a la libertad 7 meses y 18 días y permaneció 5 años y 16 días vinculado al proceso penal, el cual terminó con la decisión que lo absolvió de las acusaciones que le fueron hechas por la Fiscalía General de la Nación, razón por la cual la Sala impondrá por daño moral, a favor del señor Jaime Aruachán Eljach, la suma equivalente en pesos a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Perjuicios materiales. Daño emergente.

En cuanto a los perjuicios materiales ocasionados, se solicitó en la demanda que se condenara al pago de ochenta millones de pesos ($ 80.000.000), por concepto de honorarios profesionales para atender tanto el proceso penal por el cual fue investigado.

En estas condiciones, no le cabe duda a la Sala que los gastos de honorarios profesionales en que se haya incurrido para la defensa legal de quien estuvo privado de la libertad injustamente, constituyen un daño emergente que debe ser reparado en la medida que se compruebe su pago por parte del solicitante(48).

Al respecto, la Subsección estima procedente la indemnización, dado que si bien en el expediente no existe información que permita establecer su cuantificación, esto es el monto de las sumas específicas de dinero que debió cancelar el actor a su(s) representante(s) judicial(es) dentro de la investigación penal, no es menos cierto que de las diferentes decisiones que se adoptaron en dicho proceso —allegadas en debida forma a este proceso— es posible determinar que el señor Jaime Aruachán Eljach, sí contó con una defensa técnica y, por consiguiente, que sí se configuró el daño material deprecado.

Ahora bien, la circunstancia de que en el expediente no exista constancia del quantum al cual debe ascender la indemnización por concepto del daño emergente, no constituye óbice para que la Sala proceda a la liquidación de dicho perjuicio, teniendo en cuenta que en el ordenamiento existen parámetros objetivos que el juez puede y debe aplicar en aquellos eventos en que, como el presente, resultan indispensables para definir de manera concreta e inmediata —sin mayores dilaciones— los extremos del proceso sometido a conocimiento del operador judicial.

En este sentido, tanto el Código Contencioso Administrativo, como el Código de Procedimiento Civil, prevén la posibilidad de condenar a la parte vencida en el proceso al pago de las expensas judiciales y las agencias en derecho causadas durante el trámite de la litis.

Las agencias en derecho pueden definirse como “la compensación por los gastos de apoderamiento en que incurrió la parte vencedora, aun cuando pueden fijarse sin que necesariamente hubiere mediado la intervención directa de un profesional del derecho. No obstante, como lo señalan los intervinientes y lo ha explicado la propia Corte, esos valores son decretados a favor de la parte y no de su representante judicial, sin que deban coincidir con los honorarios pactados entra esta y aquel(49)(50).

Los numerales 3º y 4º del artículo 393 del Código de Procedimiento Civil, disponen que el Magistrado Ponente fijará las agencias en derecho con aplicación de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura.

En cualquier caso, ante la existencia de tarifas mínimas y máximas, el juez deberá tener en cuenta i) la naturaleza, ii) calidad y iii) duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente. Los mencionados supuestos deben valorarse por el juez de la causa, con el fin de decidir el monto de la tarifa dentro de los límites correspondientes.

El Consejo Superior de la Judicatura —Sala Administrativa— mediante Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003, estableció las tarifas correspondientes a las agencias en derecho aplicables a los procesos judiciales y señaló los siguientes criterios para su liquidación:

ART. 3º—Criterios. El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones.

PAR.—En la aplicación anterior, además, se tendrán en cuenta las normas legales que en particular regulen la materia.

Con todo, al revisar el citado acuerdo, se encuentra que allí no se regularon las tarifas mínimas y máximas, para efectos de liquidar las agencias en derecho causadas en un proceso penal. Lo anterior encuentra justificación en la sencilla pero potísima razón de que en los procesos de naturaleza penal, salvo casos específicos, en los eventos en los cuales el proceso termina por preclusión o fallo absolutorio, no hay lugar fijar agencias en derecho(51).

Lo anterior adquiere relevancia en la medida en que el Acuerdo 1887, para efectos de fijar las tarifas de las agencias en derecho, se fundamenta, principalmente en el monto de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia correspondiente, circunstancia que al momento de pretender aplicarse en un proceso penal, por obvias razones, encuentra dificultades, en la medida en que, en estricto sentido, el ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía General de la Nación no se fundamenta, generalmente, en la formulación de pretensiones de índole económica.

No obstante lo anterior, el parágrafo del artículo 4º del mencionado Acuerdo 1887, fija un parámetro que bien puede ser de utilidad en casos como el presente en los cuales se pretende calcular, de nuevo, de manera objetiva, razonable y proporcional, los gastos generados por concepto de la defensa judicial en un proceso penal.

Dice el aludido parágrafo:

“ART. 4º—Fijación de tarifas. Las tarifas máximas de agencias en derecho se establecen en salarios mínimos mensuales legales vigentes, o en porcentajes relativos al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o negadas en la sentencia.

PAR.—En los eventos de terminación del proceso sin haberse proferido sentencia, oestaseasolamentedeclarativa, se tendrán en cuenta los criterios previstos en el artículotercero, sin que en ningún caso la tarifa fijada supere el equivalente a veinte (20)salariosmínimosmensualeslegalesvigentes” (se resalta y subraya).

Así las cosas, para liquidar las agencias en derecho tratándose de los procesos judiciales que terminen con sentencia solo declarativa, deberán tenerse en cuenta los criterios previstos en el artículo 3º de ese acuerdo y en ningún caso deberá superar el monto equivalente a 20 SMLMV.

En la misma dirección, la Sala considera pertinente tener en cuenta, como criterio auxiliar, las tarifas que por concepto de honorarios profesionales para el ejercicio de la profesión de abogado han sido fijadas por la Corporación Colegio Nacional de Abogados, Conalbos, en la medida en que allí se hace una discriminación detallada acerca del monto al cual podrían ascender los honorarios de un profesional del derecho que ejerza la representación en un proceso penal, dependiendo de las actuaciones que este realice.

En este sentido, según la mencionada corporación, las siguientes son las tarifas que por concepto de honorarios corresponderían a un abogado que ejerza la representación judicial en un proceso penal:

“18. Derecho penal.

18.1. Consulta oral. Un salario mínimo legal vigente.

18.2. Consulta escrita. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.3. Presentación de denuncia. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.4. Visita a la cárcel y estudio de documentos. Un salario mínimo legal vigente.

18.5. Asistencia en actuaciones preliminares, si es el caso. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.6. Asistencia a indagatoria.

18.6.1. Ante juez penal municipal. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.6.2. Ante fiscal local. Dos salarios mínimos legales vigentes.

18.6.3. Ante fiscal seccional. Tres salarios mínimos legales vigentes.

Si se trata de versión libre: se cobrará el honorario respectivo disminuido en un 50%

18.7 Etapa instructiva.

18.7.1. Ante fiscal local. Diez salarios mínimos legales vigentes.

18.7.2. Ante fiscal seccional. Diez salarios mínimos legales vigentes.

18.7.3. Ante fiscal especializado. Veinte salarios mínimos legales vigentes.

18.7.4. Ante fiscal delegado ante tribunal. Veinte salarios mínimos legales vigentes.

18.7.5. Ante Magistrado Sala Penal de la Corte. Cuarenta salarios mínimos legales vigentes.

18.8. Etapa de juicio.

18.8.1. Ante los juzgados penales municipales. Diez salarios mínimos legales vigentes.

18.8.2. Ante los juzgados del circuito. Diez salarios mínimos legales vigentes.

18.8.3. Ante los juzgados del circuito especializados. Veinte salarios mínimos legales vigentes.

18.8.4. Ante los tribunales superiores. Veinte salarios mínimos legales vigentes.

18.8.5. Ante la Corte Suprema de Justicia. Cuarenta salarios mínimos legales vigentes.

18.9. Constitución de la parte civil dentro del proceso penal. Diez salarios mínimos legales vigentes.

(...).

18.11. Recursos.

18.11.1. Extraordinarios.

18.11.1.1. Casación. Veinte salarios mínimos legales vigentes.

18.11.1.2. Revisión. Quince salarios mínimos legales vigentes.

18.11.2. Ordinarios.

18.11.2.1. Ante juzgados penales municipales. Cinco salarios mínimos legales vigentes.

18.11.2.2. Ante juzgados penales del circuito. Cinco salarios mínimos legales vigentes.

18.11.2.3. Ante juzgados penales del circuito especializado. Cinco salarios mínimos legales vigentes.

(...)”(52).

En consecuencia, la Sala, para liquidar el daño emergente, por concepto de los honorarios de abogado solicitados en la demanda, tendrá en cuenta los siguientes parámetros:

— La naturaleza, la calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente.

— El parágrafo del artículo 4º del Decreto 1887 de 2003.

— Las tarifas fijadas por la Corporación Colegio Nacional de Abogados.

Así las cosas, una vez revisadas las actuaciones surtidas en el proceso penal que obra en el presente encuadernamiento, hay constancia de que después de su captura, el señor Jaime Aruachán Eljach contó con la asistencia de un profesional del derecho, labor de defensa que se extendió hasta la fecha en la cual se dictó la providencia del Juzgado Penal del Circuito de Cereté en la cual se decidió absolver de toda responsabilidad penal al señor Aruachán Eljach.

En cuanto a la calidad de la gestión, se encuentra que en términos generales, la labor de defensa resultó adecuada para los intereses del defendido, en la medida en que obran en el expediente diferentes actuaciones por medio de las cuales se pretendió hacer cesar la acción penal en contra del sindicado, esto es, hubo diferentes peticiones con el fin de que se ordenara su libertad, se interpusieron recursos de reposición y apelación contra la resolución mediante la cual se dictó medida de aseguramiento en su contra, e, incluso, se contó con la asistencia del profesional del derecho a varias audiencias.

A partir de lo expuesto y teniendo en cuenta la duración de su gestión y la naturaleza del proceso, se fijará, por concepto de daño emergente, un monto equivalente a 20 SMLMV(53) en contra de la Fiscalía General de la Nación y a favor del señor Jaime Aruachán Eljach.

Perjuicios materiales. Lucro cesante.

Se solicitó en la demanda la suma de cuarenta y seis millones ciento noventa y ocho mil setecientos noventa y seis pesos ($ 46.198.796) por concepto de los valores dinerarios dejados de percibir a partir del 15 de julio de 1996, fecha en la que se produjo su detención y hasta el 31 de julio de 2001, fecha de la sentencia absolutoria y hasta el 31 de diciembre de 1997, fecha en la cual terminó su periodo como alcalde del municipio de San Carlos - Córdoba.

Sin embargo, en el acervo probatorio no obra prueba alguna que permita demostrar la cuantía de los ingresos que percibía como alcalde municipal el señor Jaime Aruachán Eljach. Pese a lo anterior, y dando continuidad al precedente reciente de la sección, “en aplicación del principio de reparación integral, establecido en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, se reconocerá el lucro cesante solicitado pues la negación del reconocimiento del daño porque no se ha determinado el nivel de ingresos del afectado, resulta abiertamente contraria a la equidad, cuando está plenamente probado que el lesionado ejercía una actividad lucrativa lícita. En esa línea de pensamiento, la equidad constituye un instrumento útil para determinar la proporción o valoración de un daño cuando resultan insuficientes los datos que integran el proceso, sin que tenga la obligación el juez de arribar a conclusiones matemáticas específicas, ya que, son la sana crítica y el sentido común, articulados con la equidad como principio general del derecho, los instrumentos que permiten determinar o establecer resultados fundamentados en la experiencia, a efectos de, so pena de aplicar la ley, imponer conclusiones o decisiones injustas que no se acompasan con los principios y valores constitucionales(54)(55).

La Sala al no encontrar en el proceso prueba alguna que permita la cuantificación del perjuicio material, por concepto de lucro cesante pedido, condenará en abstracto, y ordenará que el mismo sea liquidado por medio del incidente de liquidación de tales perjuicios, acorde con lo consagrado en el Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, y atendiendo a los ingresos que se acredite percibía la víctima para la fecha de los hechos.

Advierte la Sala que no se liquidará la totalidad del periodo que estuvo vinculado al proceso sino, únicamente el lapso que permaneció detenido o en restricción de su derecho a la libertad, esto es desde el 15 de julio de 1996 y el 3 de marzo de 1997, comoquiera que el señor Jaime Aruachán Eljach obtuvo la libertad efectiva el día 4 de marzo de 1997.

La liquidación comprenderá no solo el periodo en que estuvo efectivamente privado de la libertad, sino también el lapso que, según las estadísticas, una persona requiere en Colombia para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad, o acondicionarse a una actividad laboral.

Al respecto, acerca del periodo a liquidar en eventos de privación injusta de la libertad, la Sala ha sostenido:

“En cuanto al tiempo que, en promedio suele tardar una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, la Sala se valdrá de la información ofrecida por el observatorio laboral y ocupacional colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, de acuerdo con la cual dicho periodo equivale a 35 semanas (8.75 meses)(56)(57).

En el mencionado incidente deberán ser allegadas las pruebas idóneas que den cuentan del quantum exacto de los ingresos percibidos por el señor Jaime Aruachán Eljach en su condición de Alcalde Municipal de San Carlos - Córdoba, tales como los actos de nombramiento y posesión, así como las certificaciones de tiempo de servicios, salarios, factores de salario y demás emolumentos percibidos por el actor durante el 15 de julio de 1996 y el 3 de marzo de 1997.

7. Respecto de la responsabilidad del llamado en garantía.

En el presente caso, los hechos o actuaciones que dieron lugar al llamamiento en garantía fueron anteriores a la expedición de la Ley 678 de 2001, por manera que las normas sustanciales aplicables para dilucidar si los llamados actuaron con culpa grave o dolo, serán las vigentes al tiempo de la comisión de la conducta del agente público, que es la que constituye la fuente de su responsabilidad patrimonial frente al Estado, casos en los cuales resulta necesario remitirse directamente al criterio de culpa grave y dolo que recoge el Código Civil:

“ART. 63 C.C.—Clases de culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

Culpagrave,negligenciagrave,culpalata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo. 

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpas se opone a la suma diligencia o cuidado.

Eldolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro” (se destaca).

Frente a estos conceptos, el Consejo de Estado(58) ha señalado que para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Así mismo, es necesario tener en cuenta otros conceptos como los de buena y mala fe que están contenidos en la Constitución Política(59) y en la ley, a propósito de algunas instituciones como por ejemplo contratos, bienes y familia.

En consideración a lo anterior, la Sala(60) ha explicado que para determinar la responsabilidad personal de los agentes, exagentes estatales o particulares investidos de funciones públicas, el análisis de sus actuaciones dolosas o gravemente culposas comporta, necesariamente, el estudio de las funciones a su cargo y si respecto de ellas se presentó un incumplimientograve. Igualmente, se requiere establecer si dicho incumplimiento fue debido a una actuación consciente y voluntaria del agente, es decir, con conocimiento de la irregularidad de su comportamiento y con la intención de producir las consecuencias nocivas —actuación dolosa—, o si al actuar pudo prever la irregularidad en la cual incurriría y el daño que podría ocasionar y aun así no lo hizo o confió imprudentemente en poder evitarlo —actuación gravemente culposa—.

Es claro entonces que se trata de establecer una responsabilidad subjetiva cualificada, en la cual juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente; por ello, no cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, nocualquieractuaciónquedesconozcaelordenamientojurídico permitirá deducir la responsabilidad del agente, exagente estatal o particular en ejercicio de funciones públicas y, por ello, resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta.

En el caso sub examine, estima la Sala que dentro del presente asunto los llamados en garantía, David Darío Negrete Lara y Víctor Ramón, en su calidad de servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, no actuaron con culpa grave y mucho menos en forma dolosa frente a la producción del daño antijurídico, pues si bien es cierto que la medida de aseguramiento contra el señor Jaime Alberto Aruachán Eljach fue revocada por el Juzgado Penal del Circuito de Cereté posteriormente, también lo es que esa sola circunstancia no hace presumir la ilegalidad de las actuaciones adelantadas por esos funcionarios, ni mucho que su comportamiento hubiere estado prevalido de la intención de producir consecuencias nocivas en contra del sindicado; ciertamente, el análisis de sus actuaciones reflejan que las mismas estuvieron fundamentadas en los requisitos legales que exigía la norma penal para la imposición de dicha medida de aseguramiento, esto es que con base en las pruebas aportadas al proceso “resultare por lo menos un indicio grave de responsabilidad”.

8. Costas.

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia de 11 de noviembre de 2008 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Segunda de Decisión y, en su lugar, se dispone.

1. Declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de que fue víctima el señor Jaime Aruachán Eljach.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la Fiscalía General de la Nación, a pagar las siguientes sumas:

*— Por concepto de perjuicios morales, una suma equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor del señor Jaime Aruachán Eljach.

*— Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, la suma de 20 SMLMV a favor del señor Jaime Aruachán Eljach.

*— Condenar en abstracto a la Fiscalía General de la Nación, a pagar, por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, irrogados al señor Jaime Aruachán Eljach, los cuales serán liquidados mediante incidente de conformidad con los parámetros establecidos para ello en la parte motiva de la presente providencia.

3. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

4. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

5. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

6. Sin costas (L. 446/98, art. 55).

Cópiese, notifíquese, cúmplase, publíquese y devuélvase.

Magistrados: Hernán Andrade Rincón—Mauricio Fajardo Gómez—Carlos Alberto Zambrano Barrera.

(1) Folios 1-10, cuaderno principal.

(2) Folio 10, cuaderno principal.

(3) Folio 126, cuaderno principal.

(4) Folios 131 a 138, cuaderno principal.

(5) Folios 139 a 140, cuaderno principal.

(6) Folios 167 a 178, cuaderno principal.

(7) Folios 195 a 196, cuaderno principal.

(8) Folios 198, cuaderno principal.

(9) Folio 237, cuaderno principal.

(10) Folios 253 a 265, 268 a 280 y 281 a 282, cuaderno principal.

(11) Folios 247 a 251, cuaderno principal.

(12) Folios 87 a 103, cuaderno principal.

(13) Folios 105 a 111, cuaderno principal.

(14) Folio 118, C. Consejo de Estado.

(15) Folio 120, C. Consejo de Estado.

(16) Folios 177 a 186, C. Consejo de Estado.

(17) Folios 129 a 155, C. Consejo de Estado.

(18) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 9 de septiembre de 2008, expediente 2008 00009, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(19) En el mismo sentido consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de septiembre de 2001, Exp. 13.392, M.P. Alier Hernández Enríquez, entre muchas otras.

(20) Toda vez que dicha providencia se notificó el 31 de julio de 2001 (fls. 36, cdno. ppal. y 137, cdno. 4), por lo cual quedó en firme tres días después de su notificación (art. 179 del C.P. entonces vigente).

(21) “En los procesos contencioso administrativos la Nación estará representada por el ministro, director de departamento administrativo, superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General, procurador o contralor o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho”.

(22) “(...) Son funciones del director ejecutivo de administración judicial:
“8. Representar a la Nación - Rama Judicial en los procesos judiciales para lo cual podrá constituir apoderados judiciales”.

(23) En ese mismo sentido, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado recientemente unificó su jurisprudencia en providencia de 25 de septiembre de 2013. Exp 20420, C.P. Enrique Gil Botero.

(24) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias proferidas el dos de mayo de 2007, expediente: 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros y el 26 de marzo de 2008, expediente 16.902, actor: Jorge Gabriel Morales y otros, ambas con ponencia del consejero Mauricio Fajardo Gómez.

(25) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del dos de mayo de 2001, expediente: 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(26) El tenor literal del precepto en cuestión es el siguiente: “ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

(27) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente: 13.168; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 15.463.

(28) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de junio de 1994, expediente 9734.

(29) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de julio de 1994, expediente 8.666.

(30) Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

(31) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de noviembre de 1995, expediente 10.056.

(32) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre de 1996, expediente 10.229.

(33) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de abril de 2002, expediente 13.606.

(34) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de septiembre de 2000, expediente 11.601.

(35) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del dos (2) de mayo de dos mil siete (2007); radicación 20001-23-31-000-3423-01; Expediente 15.463; actor: Adiela Molina Torres y otros; demandado: Nación-Rama Judicial.

(36) Sobre el punto, véase De Asís Roig, Agustín, Las paradojas de los derechos fundamentales como límites al poder, Debate, Madrid, 1992; Rodríguez-Toubes Muñiz, Joaquín, La razón de los derechos, Tecnos, Madrid, 1995.

(37) Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Introducción, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, D.C., 2003, p. 375.

(38) Se toma la cita de la trascripción que del texto de la declaración efectúa Fioravanti, Maurizio, Los derechos fundamentales..., cit., p. 139.

(39) Folios 95 a 123, cuaderno principal y 3 a 29, cuaderno 6.

(40) Folio 536, cuaderno 5.

(41) Folio 208, cuaderno 6.

(42) Folios 144 a 149, cuaderno 5.

(43) Folios 69 a 93, cuaderno principal y 55 a 80, cuaderno 3.

(44) Folios 425 a 440, cuaderno 5.

(45) Folios 5 a 17, cuaderno 3.

(46) Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, Exp. 17.517 y del 15 de abril de 2010, Exp. 18.284, entre otras.

(47) “Una razonable aspiración de la sociedad, es que —como retribución por su obediencia a las leyes, de su sometimiento pacífico a las decisiones jurisdiccionales, de su profundo respeto a la dignidad de quienes ejercen el apostolado de la justicia— se le garantice que sus derechos no podrán ser conculcados, ni por ignorancia, ni por negligencia, ni por arbitrariedad del poder público. Allí reposa el germen de la paz social, la suprema virtud de un ordenamiento jurídico. Y cuando estos principios se olvidan, empiezan los síntomas del despotismo y la tiranía”. Londoño Jiménez Hernando. “De la captura a la excarcelación”, Ed. Temis, págs. 196 y 197.

(48) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 2 de septiembre de 2013, Exp. 36.566.

(49) Corte Constitucional, Sentencia C-539 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En el mismo sentido cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto del 28 de junio de 1995, Exp. 4571, M.P. Héctor Marín Naranjo.

(50) Corte Constitucional. Sentencia C-089 del 13 de febrero de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(51) Al respecto ver: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 13 de abril de 2011. Expediente: 34145, M.P. Sigifredo Espinosa Pérez.

(52) http://conalbos.com/tarifas. Último ingreso: 6 de junio de 2013.

(53) En similares términos consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de junio de 2013, Exp. 31.033, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(54) “La equidad es justicia matizada; radica, pues, en una relación de justicia, cuyo deber atempera o cuyo derecho acomoda, en consideración a lo postulado por las circunstancias del caso, a causa del bien común o de las leyes generales que regulan las relaciones humanas. Lo equitativo es lo justo reforzado o atemperado. La equidad atempera el deber y acomoda el derecho”. Cf. Hervada, Javier “Introducción crítica al Derecho Natural”, Bogotá, Ed. Temis, 2000.

(55) Sentencia de 31 de enero de 2011. Exp.17842, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(56) Cfr. Uribe G., José Ignacio y Gómez R., Lina Maritza, (< Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003>), en Serie Documentos Laborales y Ocupacionales, Nº 3. Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA, dirección general de empleo y trabajo, Bogotá, junio de 2005, p. 2.

(57) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Exp. 13168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez

(58) Sección Tercera, sentencia de agosto 31 de 1999, Exp. 10865, reiterada en muchas otras decisiones.

(59) El artículo 83 constitucional reza: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”.

(60) Sección Tercera, sentencia de noviembre 27 de 2006, Exp. 23049.