Sentencia 2001-00946 de septiembre 13 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2001-00946

Consejero Ponente:

Dr. Marco Antonio Velilla Moreno

Recurso de apelación contra la sentencia de 24 de julio de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Actora: Impsat S.A.

Bogotá, D.C., trece de septiembre de dos mil siete.

EXTRACTOS: «Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales contra la sentencia de 24 de julio de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1.1. Impsat S.A., por medio de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tendiente a que mediante sentencia, se hicieran las siguientes declaraciones:

Son nulas las resoluciones 03-064-216-655-10811 de 30 de mayo de 2000, 03-064-216-656-06-19973 de 25 de septiembre de 2000, expedidas por el jefe de la división de liquidación de la administración especial de aduanas de Bogotá; y 03-072-193-6202-18222 de 22 de junio de 2001, expedida por el jefe de la división jurídica aduanera, a través de las cuales se declaró el incumplimiento del régimen de importación temporal de largo plazo y se ordenó hacer efectiva la póliza de cumplimiento presentada por la actora.

Que, como consecuencia de la declaración anterior, se condene a la demandada a pagar las sumas que la demandante eventualmente sufrague o tenga que pagar con ocasión de los actos acusados: las costas judiciales, incluyendo las agencias en derecho.

(...).

V. Consideraciones de la Sala

Los actos acusados declararon el incumplimiento de la obligación aduanera de importación temporal a largo plazo, por parte de la actora, autorizada mediante declaración de importación 0704625064124-3 de 23 de febrero de 1998 y ordenaron la efectividad de la póliza de cumplimiento 0004481 de 23 de febrero de 1998, expedida por la compañía Seguros Alfa S.A. por un valor asegurado de $ 76''607.374 (fl. 19).

La anterior decisión tuvo como fundamento que la actora pagó extemporáneamente las cuotas 1 a 6 y no aparece acreditado el pago de las cuotas 7, 8 y 9 de septiembre y diciembre de 1999 y marzo de 2000; además de que solo se liquidaron y cancelaron los interés correspondientes a la cuota 2 (fls. 47 y 51).

Tuvo en cuenta la DIAN que en el formulario 16 diligenciado en el Banco de la República se establecen como fechas de amortización abril, julio y octubre de 1998; enero, abril, julio y octubre de 1999, 2000, 2001 hasta enero de 2003; que la factura 52359 es de 14 de enero de 1998 y según el contrato de leasing es a partir del día hábil siguiente a esta fecha que se efectúan los pagos del canon en forma trimestral (fl. 50).

Que, conforme a lo anterior, la importación temporal leasing terminaría el régimen el día 15 de enero de 2003 (fl. 51).

Que comoquiera que no se liquidaron ni pagaron intereses de las cuotas 1, 3, 5, 6, 7, 8 y 9, ni tampoco se allegaron con los recursos los comprobantes de pago, no se puede dar aplicación al principio de favorabilidad previsto en el artículo 323 del Decreto 2666 de 1984, ni al concepto 104 de 28 de junio de 2000, pues respecto de tales cuotas si bien se pagaron dentro de los tres meses allí previstos, no se liquidaron ni pagaron los intereses de mora dentro del mismo término (fl. 51).

De lo que ha quedado reseñado estima la Sala que la controversia gira en torno de establecer si la actora cumplió o no con el régimen de la importación temporal a largo plazo modalidad leasing que le había sido autorizada frente a la mercancía consistente en equipos de telecomunicaciones (transceiver), y sus accesorios.

En orden a dilucidarla, se tiene en cuenta lo siguiente:

El artículo 39 del Decreto 1909 de 1992, es del siguiente tenor:

“Importación temporal: Es la importación al territorio nacional, con suspensión de tributos aduaneros, de determinadas mercancías destinadas a la reexportación en un plazo señalado, sin haber experimentado modificación alguna, que de ellas se haga, y con base en la cual su disposición quedará restringida”.

Por su parte, el artículo 40, ibídem, consagra:

“Clases de importación temporal: Las importaciones temporales podrán ser:

a) De corto plazo...

b) De largo plazo...”.

Respecto de la importación temporal a largo plazo, la norma en estudio consagra que esta se da cuando se trata de bienes de capital, representados por máquinas, equipos, material de transporte y sus accesorios, partes y repuestos que vengan en el mismo embarque y cuyo plazo máximo de importación es de cinco años.

El artículo 41, ibídem, establece que en la declaración de importación temporal de largo plazo, deberán liquidarse los tributos en dólares de los Estados Unidos de Norte América, los cuales se distribuirán en cuotas semestrales iguales por el término de duración de la importación.

El artículo 42 del mismo decreto prevé que con el objeto de responder por la finalización de la importación temporal en los plazos señalados en la declaración y por el pago oportuno de los tributos aduaneros se otorgue la constitución de una garantía a favor de la Nación, hasta por el 100% de dichos tributos, en las condiciones, modalidades y plazos señalados por la DIAN.

Conforme se aduce en los hechos de la demanda y se corrobora con los documentos que obran en el expediente, el 2 de febrero de 1998, la actora y el Banco Industrial Colombiano de Panamá S.A. suscribieron contrato de leasing internacional, por medio del cual el banco le dio en arrendamiento equipos de telecomunicaciones, para ser destinados a la explotación de actividades económicas de aquella (fls. 55 a 70).

En virtud de dicho contrato se obligó a pagar el canon de arrendamiento pactado en la cláusula sexta, en forma trimestral, señalando al efecto las respectivas fechas de pago para los días 16 de los meses allí señalados.

Luego, el 10 de marzo de 1998, las partes de común acuerdo, modificaron la cláusula sexta del contrato, para aclarar el término del mismo y los días de pagos (fl. 85), por lo que las fechas de pago de los cánones quedaron fijadas para los días 30 de los meses de junio, septiembre y diciembre de 1998 y, de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de 1999, 2000, 2001 y 2002, y del mes de marzo de 2003.

Según consta a folio 87, el 14 de julio de 1998, nuevamente las partes modificaron la cláusula sexta del contrato, para pactar otro valor de los cánones y otras fechas de pago, que quedaron fijadas para los días 15 de los meses de julio y octubre de 1998 y, de los meses de enero, abril, julio y octubre de 1999, 2000, 2001, y 2002, y del mes de enero de 2003.

El artículo 222 del Decreto 2666 de 1984, prevé en su inciso 3º que la liquidación total de los derechos de importación a que haya lugar se dividirá en tantas cuotas como haya sido pactado el arrendamiento o el leasing y su pago se realizará 15 días antes de que deban remesarse al extranjero los pagos de arrendamiento.

En consecuencia, no cabe duda alguna a la Sala en cuanto a que al haberse modificado las fechas de pago de los cánones de arrendamiento, de suyo se modificaron los plazos previstos para el pago de los tributos aduaneros, ya que el artículo 222 del Decreto 2666 de 1984 condiciona la fecha de dicho pago al de los cánones.

Siendo ello así, resulta lógico concluir que para efecto de las obligaciones aduaneras contraídas entre la actora y la DIAN, era menester que la entidad estuviera enterada de las modificaciones efectuadas al contrato de leasing, no solamente porque la póliza otorgada por aquella pretendía garantizar la finalización del régimen de importación temporal a largo plazo, autorizado por la declaración 0704625064124-3, sino también el pago oportuno de los tributos aduaneros.

En relación con el otorgamiento de garantía para el pago oportuno de los tributos aduaneros, esta corporación, en sentencia de 4 de febrero de 1999 (Exp. 4935, C.P. Ernesto Rafael Ariza Muñoz), al estudiar la demanda de nulidad del Concepto 0073 de 2 de septiembre de 1996, expedido por la división de doctrina de la subdirección jurídica de la DIAN, precisó:

“El artículo 40 del Decreto 1909 de 1992 consagra dos clases de importación temporal: a corto y a largo plazo.

El artículo 41, inciso 2º, ibídem prevé que para la importación temporal a largo plazo se liquiden tributos aduaneros en dólares de los Estados Unidos de Norte América que se distribuirán en cuotas semestrales iguales por el término de duración de la importación.

El artículo 42 ibídem prevé que con el objeto de responder por la finalización de la importación temporal en los plazos señalados en la declaración y por el pago oportuno de los tributos se constituya garantía a favor de la Nación.

Los artículos 43, 44 y 45 ibídem prevén, que en caso de prórroga del término de importación se modifique la declaración reliquidando el saldo de los tributos aduaneros teniendo en cuenta las nuevas cuotas que se generen y se amplíen las garantías inicialmente otorgadas; que en el evento de sustitución del importador en ningún caso la sustitución conlleva a prórroga del plazo o modificación de las cuotas; y que en caso de modificación de la modalidad de importación deben liquidarse y pagarse los tributos aduaneros correspondientes y cancelarse las cuotas que se encuentren vencidas.

Del contenido de las disposiciones antes reseñadas se deduce que uno de los aspectos más importantes en el trámite de la importación lo constituye el pago oportuno de los tributos aduaneros, lo cual se justifica en la medida de que estos son una de las principales fuentes para la financiación de los gastos e inversiones del Estado y que es un deber de todo colombiano contribuir con tal financiación, conforme lo ordena el artículo 95, numeral 9º, de la Carta Política, y lo destaca el agente del Ministerio Público.

Por tal razón, al exigir el artículo 42 del citado Decreto 1909 que se constituya una garantía, no solo la está refiriendo al simple pago de los tributos sino al pago oportuno de los mismos, lo cual quiere significar que dicha garantía se hace exigible por el mero hecho de la mora en el pago...”.

Concluye, pues, la Sala, que al no haber enterado la actora a la DIAN de las modificaciones que se le hicieron al contrato de leasing y que incidían en el pago oportuno de los tributos aduaneros cuya obligación contrajo con ella, se colocó en el incumplimiento que le endilgó la demandada, en este caso mora en el pago, y, por ende, era menester declararlo así y hacer efectiva la garantía constituida para tal fin.

Es de resaltar que no se trata de desconocer la autonomía de la voluntad de las partes plasmada en el contrato de leasing, sino de reconocer que si un contrato celebrado entre particulares lleva implícito el cumplimiento de obligaciones con el Estado, las modificaciones que libremente pueden establecer los contratantes, pero que afecten el término para el cumplimiento de las obligaciones contraídas con este, deben ser puestas en su conocimiento, máxime si, como en este caso, y, concretamente, en lo que al otorgamiento de garantías se refiere, las condiciones, modalidades y plazos siempre son señalados por la DIAN, como se desprende del texto del artículo 43 del Decreto 1909 de 1992.

Resulta oportuno resaltar que la situación objeto de estudio para la Sala difiere de la analizada en sentencia de 9 de febrero de 2006 (Expediente 2001-00622, actora: Impsat S.A., C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta), como quiera que en este último proceso se acreditó que la actora cumplió con el régimen de la importación temporal en cuanto demostró haber hecho los pagos en forma anticipada y haber comunicado las modificaciones efectuadas al contrato de leasing.

Consecuente con lo anterior, debe la Sala revocar la sentencia apelada, para disponer, en su lugar, la denegatoria de las pretensiones de la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia apelada y, en su lugar, se dispone: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

____________________________________________