Sentencia 2001-00977/33269 de noviembre 13 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Expediente: 33269

Radicación: 050012331000200100977 01

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Pazos Guerrero

Actor: Rocío del Socorro Zapata de Giraldo y otros

Demandados: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional-Ejército Nacional

Naturaleza: Reparación directa

Bogotá, D.C., trece de noviembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Presupuestos procesales de la acción

Por ser la demandada una entidad estatal, el presente asunto es de conocimiento de esta jurisdicción, de acuerdo con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo.

La corporación tiene competencia para conocer del asunto en razón del recurso de apelación presentado por la parte actora, en un proceso con vocación de segunda instancia, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, supera la exigida por la norma para tal efecto.

En efecto, a la fecha de interposición del recurso de apelación, es decir, el 8 de mayo de 2006, se encontraba vigente el artículo 1º de la Ley 954 de 2005(1), que modificó el parágrafo del artículo 164 de la Ley 446 de 1998. Esta norma estableció que los tribunales administrativos continuarían con el ejercicio de las competencias de que tratan los artículos 39 y 40 de la Ley 446 de 1998, entre estas el conocimiento en primera instancia de los procesos de reparación directa cuando la cuantía excediera los 500 salarios mínimos legales mensuales.

En la demanda presentada el 26 de marzo de 2001, la pretensión de mayor valor, correspondiente a la solicitud de reparación de perjuicios materiales a favor de los actores, fue estimada en $ 250.000.000 (fl. 33, cdno. 1), suma superior a los 500 smlmv que exige la norma, que en 2001 correspondían a $ 143.000.000.

La acción de reparación directa instaurada (CCA, art. 86) es la procedente, por cuanto las pretensiones de la demanda están encaminadas a la declaratoria de responsabilidad patrimonial de las entidades demandadas por los daños ocasionados por la presunta falla del servicio, que se traduce en la ausencia de protección al señor Humberto de Jesús Giraldo Muñoz.

En lo que respecta a la legitimación en la causa, constata la Sala que los demandantes acreditaron ser la cónyuge e hijos del occiso (fls. 6-9, cdno. 1), de donde se concluye que tienen un interés para solicitar que se declare la responsabilidad por el daño invocado en la demanda.

Finalmente, en lo atinente a la caducidad de la acción, la Sala comprueba que en el presente caso no opera tal fenómeno, dado que el hecho dañino que se invoca —la muerte del señor Giraldo Muñoz— aconteció el 27 de marzo de 1999, de manera que dicho término fenecía el 28 de marzo de 2001. Al haberse presentado la demanda el 26 de marzo de 2001, se concluye que se respetó el término legal de dos años previsto para tal efecto(2).

II. Problema jurídico

De acuerdo con los hechos y las pretensiones de la demanda, así como con las consideraciones hechas por el a quo y los argumentos expuestos en el recurso de apelación de la parte demandante, la Sala deberá determinar si la muerte del señor Humberto de Jesús Giraldo Muñoz, le resulta imputable a la entidad demandada, o por el contrario si se encuentran configurados los elementos para que opere una causal eximente de responsabilidad consistente en el hecho exclusivo y determinante de un tercero.

III. Hechos probados

De conformidad con las pruebas incorporadas al expediente, están debidamente acreditados en el proceso los siguientes hechos:

(i) El señor Humberto de Jesús Giraldo Muñoz era: (i) cónyuge de Rocío del Socorro Zapata (certificación expedida por la Notaría Primera del Circulo Notarial de Medellín - fl. 5, cdno. 1) y (ii) padre de Juan David, Andrés Felipe y Ana María Giraldo Zapata (certificaciones expedidas por las notarías Primera, Cuarta y Tercera, respectivamente, del Circulo Notarial de Medellín - fls. 7, 8 y 9, cdno. 1).

(ii) Para la época de los hechos, el señor Giraldo Muñoz laboraba en el departamento de Antioquia como profesional universitario adscrito a la dirección de apoyo institucional y seguridad ciudadana de la secretaría de gobierno y apoyo ciudadano, con una asignación salarial mensual equivalente a un millón cuatrocientos treinta mil ochocientos diecisiete pesos ($ 1.430.817) (respuesta al exhorto 1591, expedida por la dirección de personal de la secretaría de recurso humano del departamento de Antioquia - fl. 39, cdno. 2). Así mismo, se tiene que entre el periodo comprendido entre el 4 de diciembre de 1998 y el 26 de marzo de 1999, el occiso fue designado como alcalde encargado del municipio de San Francisco (Antioquia) (D. 2021, dic. 1º/98 - fl. 11, cdno. 1; diligencia de posesión – fl. 10, cdno. 1).

(iii) El 27 de marzo de 1999, el señor Humberto de Jesús Giraldo Muñoz recibió impactos de proyectil de arma de fuego ocasionado por terceros, acción violenta que terminó inminentemente con su vida (certificación de registro civil de defunción, expedida por la Notaría Única del Circulo de Corconá - fl. 5, cdno. 1). Además, se destaca que la causa de la muerte fue la “insuficiencia respiratoria aguda secundaria al shock medular por herida de proyectil de arma de fuego” (copia de necropsia 9, mar. 27/99 realizada por la ESE San Juan de Dios del municipio de Corconá Antioquia - fls. 95-97, cdno. 2).

IV. Análisis de la Sala

1. En el asunto sub examine, la Sala encuentra que el daño antijurídico sufrido por los actores, esto es, la muerte violenta del señor Humberto de Jesús Giraldo Muñoz, es un hecho que está plenamente acreditado dentro del proceso. En ese orden, una vez constatada la existencia de un daño antijurídico, procederá la Sala a establecer si conforme a las pruebas obrantes en el proceso hay lugar a endilgar este a las entidades demandadas (Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Policía Nacional).

2. De acuerdo con el criterio de esta Sala, reiterado recientemente en sentencia de 29 de julio de 2013(3), cuyas consideraciones serán retomadas ampliamente por haber resuelto un caso similar al que aquí nos ocupa, la vida es el más preciado de los bienes humanos y un derecho esencial cuyo goce pleno es una condición ineludible para el disfrute de todos los demás derechos. En ese orden, frente al derecho a la vida, el Estado tiene una obligación de doble naturaleza: por una parte, el deber de no privar arbitrariamente de la vida a ninguna persona (obligación negativa); y de otro lado, a la luz de su deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, la adopción de medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva)(4).

3. La obligación positiva con respecto al derecho a la vida, llamada deber de garantía, demanda del Estado una actividad de prevención y salvaguarda del individuo respecto de los actos de terceras personas, teniendo en cuenta las necesidades particulares de protección, así como la investigación seria, imparcial y efectiva de estas situaciones(5):

Esta obligación implica el deber de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como parte de dicha obligación, el Estado está en el deber jurídico de “prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”.

4. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos —siguiendo lo dispuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos(6)— ha establecido que la responsabilidad del Estado frente a cualquier hecho de particulares se encuentra condicionada al conocimiento cierto de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades reales o razonables de prevenir o evitar ese riesgo(7). En armonía con la jurisprudencia interamericana, esta corporación ha dicho recientemente:

No se trata, no obstante, de radicar en el Estado una responsabilidad ilimitada frente a cualquier acto o hecho de los particulares (hecho de un tercero), pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo que es achacable directamente al Estado como garante principal(8).

5. Además, la corporación ha examinado en varias oportunidades la responsabilidad del Estado por hechos de terceros, en casos en los que si bien los agentes estatales no causaron el daño de forma directa, infringieron estándares normativos de orden legal, constitucional y convencional. Estas situaciones se presentan cuando una persona que está amenazada hace el respectivo aviso de las amenazas a las autoridades y, a pesar de ello, estas no la protegen(9) o adoptan unas medidas de protección precarias e insuficientes(10), o cuando, si bien la persona no comunicó la situación de riesgo a la autoridad, la notoriedad y el público conocimiento del peligro que afrontaba hacían imperativa la intervención estatal para protegerla(11). Al respecto, esta Subsección ha señalado(12):

La jurisprudencia de la Sala ha admitido que el incumplimiento del deber especial de protección a cargo de las autoridades compromete la responsabilidad patrimonial del Estado. Con base en este criterio, ha indicado que cuando el daño es causado por un agente no estatal, la administración será obligada a reparar si existe prueba de que la víctima o la persona contra la cual estaba dirigido el atentado solicitó protección a las autoridades y que estas la retardaron, la omitieron o la prestaron de forma ineficiente(13).

Ahora, si el daño es previsible, dadas las circunstancias políticas y sociales del momento, no es necesario que la víctima solicite expresamente que se preserve su vida o su integridad personal para que surja a cargo del Estado la obligación de adoptar medidas especiales de protección y prevención. Basta con demostrar que las autoridades tenían conocimiento de las amenazas o del peligro que enfrentaba la persona(14) (se resalta).

6. En vista de ello, es preciso analizar si las entidades demandadas —Policía Nacional y Ejército Nacional— incurrieron en alguna de las conductas señaladas anteriormente, es decir, si a pesar de tener conocimiento de una situación de riesgo cierto e inmediato de la integridad física del señor Giraldo Muñoz y de contar con posibilidades reales de evitar que dicho riesgo se concretara en un daño, omitieron prestar medidas de seguridad a su favor o las brindaron de forma inadecuada; así mismo, se analizará si el peligro que afrontaba el exalcalde era de conocimiento público y amplia notoriedad, de manera que se hacía necesario adoptar medidas de seguridad, aun en ausencia de una solicitud expresa.

7. Sea lo primero señalar que la lectura del plenario no permite concluir que alguna autoridad haya provocado directamente la muerte del antes mencionado, pues no se tiene prueba alguna de que miembros de la policía o del ejército hayan participado en el ataque del cual fue víctima. Este hecho permitiría, en principio, eximir de responsabilidad a las entidades, dado que ninguno de sus agentes estuvo involucrado en dicho atentado.

8. Sin embargo, en vista de que la responsabilidad del Estado puede surgir frente a hechos de terceros cuando es precisamente la infracción a un deber funcional el que contribuyó en la producción del daño antijurídico. Debe establecerse, se reitera, si la muerte del alcalde le es imputable a las entidades demandadas por no haber protegido su vida e integridad física.

9. Este propósito exige esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Gilberto de Jesús Giraldo Muñoz, la situación de orden público en la zona, la naturaleza de las amenazas en su contra, el conocimiento que las entidades demandadas tenían de dicho riesgo y, en especial, las medidas que estas adoptaron para evitar que la situación riesgosa se concretara en un resultado fatal.

10. En primer lugar, se debe recordar que la muerte del señor Giraldo ocurrió el 27 de marzo de 1999, un día después de que el mismo culminara su encargo como alcalde del municipio de San Francisco. Sobre las circunstancias en que ello ocurrió, se tienen las declaraciones rendidas por los señores Fran León Rueda Cardona y Luis Alberto Pérez Boder, empleados del mencionado municipio, quienes acompañaban al occiso en el momento de los hechos. Declaró el primero de los nombrados (fls. 101-106, cdno. 2):

(...) El día 27 de marzo nos dirigíamos del municipio de San Francisco hacia la ciudad de Medellín, el señor Humberto Giraldo, el señor Alberto Pérez, el señor jefe de planeación de la localidad y el conductor de nombre Wilmar, el viaje transcurría normalmente hasta pasar por el sitio Pailania, cuando nos interceptaron tres individuos, uno de ellos con una pistola, los otros dos con fusiles o armas de largo alcance, quienes nos bajaron a todos del carro nos requisaron y nos dijeron que necesitaban conversar con el doctor Humberto que en un tiempo de más o menos quince minutos lo regresaban a él como al vehículo, que si necesitábamos bajar nuestras pertenencias lo podíamos hacer, hicieron subir al señor Humberto al carro y que nosotros nos devolviéramos hasta Pailania que ahí nos alcanzaban y nos devolvían al vehículo y al señor Humberto Giraldo, nosotros nos quedamos en ese mismo sitio unos minutos. Luego algunos de los que habíamos ahí sugirió que nos devolviéramos unos 50 metros hasta una casa que había al lado de la vía, estando allí, escuchamos primero dos disparos, con intervalo de unos 3 minutos escuchamos un tercer disparo, inmediatamente intuimos que lo habían asesinado, tomamos la decisión de devolvernos hasta unos negocios que hay en Pailania, cuando íbamos llegando a este lugar, sentimos el carro que venía pero ya no venía Humberto solamente estaban los tres individuos que se habían llevado a Humberto, nos dijeron que los invitáramos a fresco, entramos a una casita donde una señora que vende gaseosas y pidieron las gaseosas, salieron y se situaron en uno de los extremos de la casa y llamaron al conductor, conversaron con él brevemente y luego nos llamaron a nosotros y nos dijeron “matamos al viejito porque nosotros teníamos un compromiso con él y la respuesta que él nos dio fue que nos echó el ejército y casi nos hace matar un poco de gente, somos el ELN, nosotros no hacemos nada a la escondida, no lo matamos delante de ustedes, por no comprometerlos” (se resalta).

11. En un mismo sentido declaró el señor Alberto Pérez Boder. En relación a lo que dijeron los homicidas respondió (fls. 115-116, cdno. 2):

(...) Nos dijeron que ellos eran del ELN y que el viejito, refiriéndose al doctor Humberto de Jesús Giraldo, estaba endeudado con ellos, porque le habían solicitado que para el día catorce de ese mismo mes y año, fecha en la cual se celebraban las elecciones para elegir alcalde en San Francisco, que no pidiera ejército, pero que ese señor les había tirado de una el ejército, que por eso estaba endeudado y le había cobrado de una, luego ya esos señores nos entregaron el carro con todas las pertenencias que en él portábamos y se fueron por la carretera con dirección hacia San Francisco y luego a los pocos momentos igualmente nosotros nos regresamos hacia San Francisco para dar aviso de la muerte de nuestro compañero (...).

12. También obra en el plenario el informe realizado al efecto por el coordinador de la unidad de apoyo a fiscales especializados de Medellín, en el que se consignó (fls. 53-66, cdno. 2):

(...) En el oriente antioqueño específicamente en los municipios de San Francisco, Cocorná, Granada, San Rafael, Carmen de Viboral, La Unión, Sonsón, La Ceja, Guarne, Concepción, El Peñol, San Vicente, San Carlos, Marinilla, El Santuario, Argelia, Rionegro y San Luis, se tiene conocimiento que delinquen las siguientes comisiones: comisión Raúl Álvarez Mazo, comisión Darío Ramírez Castro, comisión Bernardo López Arroyave, comisión Carlos Adolfo N. y una escuadra de asalto, quienes en su totalidad conforman el frente Carlos Alirio Buitrago UC-ELN; como es bien sabido en los anteriores municipios el alcalde que no esté de acuerdo o no cumpla las órdenes o exigencias de este frente guerrillero es asesinado, como se puede corroborar a través de los artículos de prensa que se anexan, con las publicaciones de los alcaldes asesinados en el departamento de Antioquia a partir del año de 1985 a la fecha, donde se puede ver los asesinatos de tres exalcaldes del municipio del Peñol, tres exalcaldes en el municipio de San Carlos y a los exalcaldes de la Unión, Santo Domingo, San Rafael y San Francisco. Igualmente se observa la entrega de los alcaldes de San Francisco, San Luis y Argelia, quienes estuvieron 12 días en poder del frente Carlos Alirio Buitrago del ELN. Así mismo se puede ver en las publicaciones del 30 y 31 de mayo de 1999 del periódico El Colombiano la entrevista realizada al comandante Timoleón integrante de la dirección del frente Carlos Alirio Buitrago UC-ELN, donde confirma la autoría del asesinato del exalcalde de San Francisco por sus nexos con el ejército.

Por lo expuesto anteriormente y por las declaraciones juradas recibidas de los compañeros de viaje del hoy occiso se confirma que las circunstancias que rodearon la muerte del exalcalde Humberto de Jesús Giraldo Muñoz, fue no haber obedecido la orden de no enviar ejército el día de las elecciones al municipio de San Francisco Antioquia.

Para resumir el problema existente en la presente investigación, es de carácter político en un territorio donde tradicionalmente ha sido del frente Carlos Alirio Buitrago UC-ELN donde el que incumple las órdenes impartidas por este frente se convierte en un enemigo político y a su vez en un objetivo militar; este status es el que le da a este grupo subversivo la “aprobación” para asesinar y luego justificar el hecho (se resalta).

13. De otro lado, vale anotar que, previas consideraciones relativas a “situaciones de orden público presentadas en la jurisdicción del municipio de San Francisco, es deber del señor gobernador encargar del despacho de la alcaldía de la localidad mencionada, a un funcionario adscrito a la administración departamental”, mediante Decreto 2021 del 1º de diciembre de 1998, el Gobernador de Antioquia resolvió (fl. 13, cdno. 1):

(...) Nombrar en calidad de alcalde encargado para el municipio de San Francisco, Antioquia, al doctor Humberto Giraldo Muñoz, visitador administrativo adscrito a la secretaría de gobierno y apoyo ciudadano, dirección de apoyo institucional y seguridad ciudadana.

14. En ese orden, si bien es cierto que se encuentra acreditado en el plenario que el señor Giraldo Muñoz no solicitó previamente medidas especiales de protección(15), también lo es que las circunstancias en las que el mismo asumió el encargo del despacho de la Alcaldía Municipal de San Francisco, esto es, dentro de un contexto de alteración del orden público que había cobrado la vida de varios alcaldes del municipio y de la región, permiten afirmar a esta Sala, conforme al criterio jurisprudencial antes reseñado, que la vida del señor Humberto de Jesús Giraldo Muñoz debió ser especialmente protegida por el Estado, por intermedio de las entidades aquí accionadas, ello, pese a que la propia víctima no lo haya manifestado. Luego, al estar acreditada la renuncia voluntaria de estándares funcionales, que se traduce en un incumplimiento obligacional de protección a quien por su posición o cargo fue objeto de amenazas en su integridad personal y su propia vida, es evidente la responsabilidad estatal por el daño alegado en la demanda, en los términos del artículo 90 superior.

V. Liquidación de perjuicios

Perjuicios morales

Como se advirtió en el acápite correspondiente a la legitimación en la causa, se tiene acreditado que el señor Giraldo Muñoz era: cónyuge de Rocío del Socorro Zapata y padre de Juan David, Andrés Felipe y Ana María Giraldo Zapata, acorde con los registros civiles allegados a la actuación, así, por aplicación de las máximas de la experiencia, puede inferirse razonablemente que los demandantes padecieron una afección de orden moral por la muerte de su esposo y padre.

Ahora bien, en la demanda se solicitó la indemnización de perjuicios morales a razón de 2.000 gramos de oro para cada uno; empero, de acuerdo con el criterio que ha sido adoptado por la Sala Plena de esta Sección —sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, Expediente 26.251—, cuando se demuestra el padecimiento de un perjuicio moral en su mayor grado —caso de muerte del padre, hijo, cónyuge o compañero sentimental—, se reconoce una indemnización equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Por lo anterior es procedente que la Sala fije en smlmv la indemnización de perjuicios de orden moral a favor de los peticionarios, con aplicación de la facultad discrecional que le asiste frente a estos casos(16), la cual está regida por los siguientes parámetros:

(i) La indemnización del perjuicio, que no se trata de restitución ni de reparación, se hace a título de compensación en cuanto “... la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia...”(17); (ii) la tasación del perjuicio, por razón de su naturaleza inmaterial, se establece con fundamento en el criterio de la equidad; (iii) la determinación del monto deberá sustentarse en los medios probatorios que obran en el proceso, relacionados con las características del perjuicio; y (iv) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad(18).

En ese orden, la Sala reitera lo que se ha decidido en casos similares al de autos, y determina una indemnización, equivalente en pesos, a cien (100) smlmv a favor de Rocío del Socorro Zapata, Juan David Giraldo Zapata, Andrés Felipe Giraldo Zapata y Ana María Giraldo Zapata, para cada uno de ellos.

Perjuicios materiales

Lucro cesante

Respecto de los perjuicios materiales, la parte actora solicitó en el escrito de demanda que se condenara a las entidades accionadas por los perjuicios materiales, específicamente por concepto de lucro cesante, a favor de la demandante señora Rocío del Socorro Zapata, constituido por el total de los ingresos salariales y demás emolumentos dejados de percibir por el señor Humberto de Jesús Giraldo Muñoz, desde la fecha de su muerte hasta la fecha de vida probable. Para la Sala es procedente la indemnización por este concepto, en virtud de que está debidamente acreditado que (i) para el momento de su muerte el señor Giraldo devengaba una asignación salarial mensual un millón cuatrocientos treinta mil ochocientos diecisiete pesos ($ 1.430.817) (respuesta al exhorto 1591, expedida por la dirección de personal de la secretaría de recurso humano del departamento de Antioquia - fl. 39, cdno. 2) y (ii) el occiso era quien tenía a cargo las obligaciones económicas del hogar(19). Al salario base de liquidación obtenido se le se adicionará un 25% por concepto de prestaciones sociales y, surtido dicho cálculo, se descontará el 25% que la víctima tendría que haber destinado a su propia subsistencia. El 75 por ciento restante se destinará para la indemnización que se reclama por la cónyuge; sobre el particular, vale precisar que en la demanda no se solicitó esta indemnización a favor de los hijos de la víctima(20).

La indemnización para Rocío del Socorro Zapata de Giraldo se dividirá en dos períodos, uno consolidado, comprendido entre el 27 de marzo de 1999 —fecha en que murió el señor Humberto de Jesús Giraldo Muñoz— y la fecha de la liquidación, y otro futuro, comprendido entre el día siguiente a la fecha de la liquidación y el último día de la vida probable del que moriría primero entre la víctima y su esposa. En relación con este punto, debe advertirse que no obran en el expediente los registros civiles de nacimiento u otros documentos que permitan a la Sala tener certeza de la edad de la víctima al momento de su deceso y de la actual edad de la señora Rocío del Socorro Zapata, luego, al no contar con dicha información, no es posible liquidar el lucro cesante, pues se ignora la vida probable de ambos.

Así las cosas, se procederá a condenar en abstracto en lo que atañe a la indemnización solicitada por lucro cesante a favor de Rocío del Socorro Zapata de Giraldo, con base en los siguientes parámetros:

(i) El salario base para la liquidación es un millón cuatrocientos treinta mil ochocientos diecisiete pesos ($ 1.430.817), suma que deberá actualizarse a la fecha de la providencia que resuelva el incidente de liquidación de perjuicios.

(ii) La fórmula de actualización será la siguiente:

— Actualización de la renta:

S 2001 00977FOR1
 

La suma actualizada será adicionada en un 25% por concepto de prestaciones sociales, y a la misma se le descontará el 25%, por concepto de gastos personales de la víctima.

(iii) La fórmula aplicable para efectos de la liquidación por la indemnización consolidada, será:

S 2001 00977FOR2
 

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.

Ra = Es la renta o ingreso mensual.

i = Interés puro o técnico: 0.004867.

n = Número de meses que comprende el período indemnizable.

(iv) La fórmula aplicable para efectos de la liquidación por la indemnización futura, será:

S 2001 00977FOR3

Ahora bien, se deben sumar los valores de la indemnización consolidada y futura, por concepto de lucro cesante, para efectos de obtener el monto global de indemnización para Rocío del Socorro Zapata de Giraldo.

Daño emergente

En la demanda se solicitó indemnización por esta modalidad, no obstante, nada se probó en el plenario. Al respecto, vale recordar, en relación con la obligación que tienen las partes de demostrar los supuestos de hechos que alegan, que la Sección Tercera ha establecido:

(...).

Toda resolución en materia contenciosa administrativa debe fundarse en los hechos de la demanda y en las excepciones y descargos de la administración, si la existencia y verdad de unos y otros aparecen evidenciados de manera satisfactoria, según la ley, por alguno o algunos de los medios probatorios compatibles con la clase de controversia debatida.

Ninguna de las partes goza en el proceso colombiano del privilegio especial de que se tengan por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de estas deberá acreditar sus propias aseveraciones.

Lo enunciado atrás no es más que la traducción del principio de la carga de la prueba; principio que está contenido en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil y que no es más que la concreción o síntesis de la doctrina elaborada por los procesalistas a este respecto. Así, de acuerdo con el aludido texto “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellos persiguen”(21) (...).

Comoquiera que esta es una regla de conducta para las partes y una regla de juicio para el juez que le indica que debe fallar contra quien debía probar y no probó, en el caso bajo estudio se impone negar la indemnización, por daño emergente, solicitada en la demanda a favor de Rocío del Socorro Zapata de Giraldo.

VII. Costas

Como ya se explicó, la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de la parte demandante dentro del proceso, por lo que se abstendrá de condenar por ese concepto.

En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR, por las razones expuestas en la consideraciones de esta providencia, la sentencia del 2 de marzo de 2006 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

1. DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Policía Nacional de los perjuicios sufridos por los demandantes, con ocasión de la muerte del señor Humberto de Jesús Giraldo Muñoz.

3.(sic) CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Policía Nacional a pagar, por concepto de reparación de perjuicios morales, la suma equivalente en pesos a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de Rocío del Socorro Zapata de Giraldo, Juan David Giraldo Zapata, Andrés Felipe Giraldo Zapata y Ana María Giraldo Zapata, para cada uno.

4. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Policía Nacional a pagar, por concepto de reparación de los daños materiales en la modalidad de lucro cesante, a favor de Rocío del Socorro Zapata de Giraldo, lo que resulte probado en el trámite incidental que deberá promover la parte actora dentro de los 60 días siguientes a la ejecutoria de la presente sentencia, en los términos señalados en la parte motiva de la misma.

5. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese, devuélvase y cúmplase».

(1) La norma entró en vigencia el 28 de abril de 2005, según el artículo 7º de la misma.

(2) “ART. 136.—Caducidad de las acciones (...). 8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

(3) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, número interno 24.496, C.P. Danilo Rojas Betancourth (E).

(4) Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de los “Niños de la calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, sentencia de 19 de noviembre de 1999, serie C Nº 63, párr. 144; caso masacre de Santo Domingo vs. Colombia, sentencia de 30 de noviembre de 2012, serie C Nº 259, párrs. 188-190; caso masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, sentencia de 25 de octubre de 2012, serie C Nº 252, párr. 145.

(5) Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, sentencia de 29 de julio de 1988, serie C Nº 4, párr. 166; caso masacre de Santo Domingo vs. Colombia, cit., párr. 189; caso masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, cit., párr. 144.

(6) Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Osman vs. Reino Unido, demanda 87/1997/871/1083, sentencia de 28 de octubre de 1998, párrs. 115 y 116; caso Kiliç vs. Turquía, demanda 22492/93, sentencia de 28 de marzo de 2000, párrs. 62 y 63; caso Öneryildiz vs. Turquía, demanda 48939/99, sentencia de 30 de noviembre de 2004, párr. 93.

(7) Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006, serie C Nº 140, párrs. 123-124; caso Castillo González y otros vs. Venezuela, sentencia de 27 de noviembre de 2012, serie C Nº 256, párrs. 128-129; caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, sentencia de 27 de noviembre de 2008, serie C Nº 192, párr. 78.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de mayo de 2013, Exp. 30522, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 25 de mayo de 2011, Exp. 18747, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de noviembre de 2006, Exp. 16626, C.P. Alier Hernández Enríquez.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de junio de 1997, Exp. 11875, C.P. Daniel Suárez Hernández.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de octubre de 1997, Exp. 10958, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de febrero de 2012, Exp. 22373, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(13) [6] “Este fue el título de imputación a partir del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados a las víctimas de la toma del Palacio de Justicia. Al respecto, véanse, entre otras, las sentencias del 16 de febrero de 1995, Exp. 9040, C.P. Juan de Dios Montes; del 27 de junio de 1995, Exp. 9266, C.P. Juan de Dios Montes; del 3 de abril de 1995, Exp. 9459, C.P. Juan de Dios Montes; y del 29 de marzo de 1996, Exp. 10.920, C.P. Jesús María Carrillo”.

(14) [7] “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2007, Exp. 16.894, C.P. Enrique Gil Botero. En el mismo sentido, véanse las sentencias de 19 de junio de 1997, Exp. 11875, C.P. Daniel Suárez Hernández, de 27 de marzo de 2008, Exp. 16.234, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, de 25 de febrero de 2009, Exp. 18.106, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y de 1º de abril de 2009, Exp. 16.836, C.P. Ruth Stella Correa Palacio”.

(15) Así consta en las respuestas a los exhortos 1591, 1595 y 1597, en los que la Policía Nacional, el departamento de Antioquia y el Departamento Administrativo de Seguridad, seccional Medellín, aseguran que tales medidas no fueron solicitadas ni se recibió información sobre amenazas en la vida del señor Humberto de Jesús Giraldo Muñoz (fls. 1, 2 y 38, cdno. 2).

(16) Dicha facultad discrecional debe ser ejercida de acuerdo con los lineamientos de la jurisprudencia de la Sala, los cuales “... descartan toda fórmula mecánica o matemática y antes ilustran que esa decisión debe considerar las circunstancias que rodearon los hechos y enmarcarse por los principios de razonabilidad...” (sent. jun. 16/94, C.P. Juan de Dios Montes Hernández, rad. 7.445, actor: María Luisa Perdomo Lozada). Igualmente puede verse, entre otras, la sentencia del 11 de febrero de 2009, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, rad. 54001-23-31-000-1993-08025-01 (N.I. 14726), actor: Domingo Antonio Bermúdez, decisión que constituye uno de los muchos ejemplos de aplicación de la facultad discrecional en la tasación de perjuicios inmateriales.

(17) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, rad. 13232.

(18) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, radicación 16205.

(19) Declaraciones Gladys del Socorro Zapata Ariza y Stella del Socorro Giraldo Muñoz (fls. 65-67 y 68-71, cdno. 2).

(20) Al respecto se destaca que todos eran mayores de edad al momento de presentación de la demanda.

(21) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 4 de septiembre de 1984, C.P. Carlos Betancur Jaramillo.